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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00736-03

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00736-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará así: CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015). La prescripción no opera frente a las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR Y ADICIONAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, los cuales quedarán así: SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar al señor ÁLVARO SÁNCHEZ CARO las diferencias en las prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre el Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015), en razón de la prescripción declarada, y el Treinta (30) de junio de la misma anualidad, fecha de finalización de su vínculo como juez del circuito administrativo. 20 Número Interno: 1021-2026 Demandante: Álvaro Sánchez Caro Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ) Para tal efecto, la liquidación deberá tomar como base el Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica recompuesta, incluida la porción que fue tratada bajo la denominación de prima especial, sin adicionar esta última como factor salarial autónomo para efectos distintos de los pensionales. Deberán descontarse las sumas previamente pagadas por los mismos conceptos y observarse los topes fijados por el Gobierno nacional para cada anualidad. TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor ÁLVARO SÁNCHEZ CARO la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un valor adicional equivalente al Treinta por Ciento (30 %) del Ciento […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00736-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00736-03 (1021-2026)1
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda.2

1.1. Pretensiones.

1. El señor Álvaro Sánchez Caro, actuando en nombre propio, promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
propósito de obtener la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado por la falta
de respuesta a la petición presentada el Treinta (30) de enero de Dos Mil Dieciocho
(2018) ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.
En aquella solicitud reclamó el pago de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por el período durante el cual se desempeñó como juez

1
Expediente dígital.
2
Samai, actuaciones de Tribunal de origen, documento 001Demanda, páginas 14 a 17.

2

Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

del circuito administrativo, comprendido entre el Primero (1.º) de septiembre de Dos Mil
Nueve (2009) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó inaplicar por ilegales e
inconstitucionales los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, 194 de 2014 y 1105 de 2015, así como, los expedidos posteriormente para
fijar la remuneración de los funcionarios judiciales; condenar a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de la prima especial, equivalente
al Treinta por Ciento (30 %) del salario básico, por todo el período reclamado; reliquidar
las primas, bonificaciones, prestaciones sociales y cesantías sobre el Cien por Ciento
(100%) de la asignación básica; consignar en el Fondo Nacional del Ahorro las diferencias
por este último concepto; actualizar las sumas adeudadas y reconocer los intereses
moratorios correspondientes.

3. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

4. El demandante señaló que, prestó sus servicios a la Rama Judicial, de manera
ininterrumpida, como juez del circuito administrativo en San Gil, inicialmente en el
Juzgado Único Administrativo y luego en el Juzgado Primero Administrativo, desde el
Primero (1º) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009) hasta el Treinta (30) de junio de Dos
Mil Quince (2015), fecha de su retiro.

5. Afirmó que, durante ese lapso la entidad dejó de pagarle la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como una adición a su asignación básica. Expuso que
esa forma de liquidación también redujo las primas, bonificaciones, prestaciones sociales
y cesantías causadas durante la vinculación.

6. Indicó que, el Treinta (30) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018) presentó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga una petición
para obtener el reconocimiento y pago de la prima especial. Transcurridos más de Tres
(3) meses sin respuesta, consideró configurado el silencio administrativo negativo y
precisó que contra el acto ficto no interpuso recurso.

7. Relató que, formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación y que, al culminar el trámite sin acuerdo, obtuvo la constancia para

3

Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

acudir a esta jurisdicción. Añadió que la reclamación administrativa interrumpió la
prescripción trienal y que el término de la conciliación prejudicial suspendió los plazos
correspondientes.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 2, 13, 23, 25, 29, 53 y
150 de la Constitución Política; 14 de la Ley 4ª de 1992; 83 del CPACA; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; la Ley 270 de 1996; y los decretos salariales expedidos para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

9. Como concepto de violación, sostuvo que el Gobierno nacional interpretó de
manera indebida la Ley 4ª de 1992, porque incorporó dentro de la remuneración mensual
el porcentaje destinado a la prima especial, en vez de reconocerlo como un aumento
adicional. A su juicio, los decretos anuales reprodujeron una disminución salarial contraria
a los principios de progresividad, favorabilidad, igualdad y remuneración digna.

10. Agregó que, todo pago recibido como contraprestación directa del servicio tiene
naturaleza salarial y que la sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014), mediante la cual el Consejo de Estado anuló parcialmente varias disposiciones
salariales, confirmó que la prima debía adicionarse a la asignación básica. Con
fundamento en esa interpretación, pidió extender los efectos de la nulidad a las
disposiciones aplicadas durante su vinculación.

1.3. Contestación de la demanda3

11. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
opuso a las pretensiones. Como cuestión previa, destacó que el señor Álvaro Sánchez
Caro se desvinculó definitivamente del servicio el Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince
(2015) y que, recibió la liquidación final de cesantías y prestaciones sociales sin formular
objeción ni interponer recursos. A partir de ello, sostuvo que, las obligaciones se
extinguieron y que la entidad no adeudaba suma alguna.

3
Samai, Tribunal de origen, índice 21.

4

Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

12. La demandada aceptó el período certificado de servicios y manifestó que los pagos
se efectuaron conforme a los decretos salariales vigentes. Señaló que la Dirección
Ejecutiva carece de competencia para crear o modificar el régimen salarial, pues, su
función consiste en ejecutar el presupuesto y aplicar las disposiciones expedidas por el
Gobierno nacional. Reconoció las reglas de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, pero
indicó que la prima especial carece de carácter salarial, salvo para efectos pensionales,
y que solo el Decreto 272 de 2021 reguló su pago como suma adicional con efectos
fiscales a partir del Primero (1º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021).

13. Propuso las excepciones que denominó «integración del litisconsorcio necesario»,
«inexistencia del demandado y falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«caducidad», «prescripción», «cobro de lo no debido» e «innominada». Solicitó vincular
a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento Administrativo de la Función Pública, por ser las autoridades competentes
para fijar el régimen salarial. Sostuvo que, la demanda controvertía realmente los
decretos generales y que las diferencias causadas antes del Treinta (30) de enero de
Dos Mil Quince (2015) estaban prescritas. Finalmente, alegó que carecía de apropiación
presupuestal para asumir pagos retroactivos anteriores a Dos Mil Veintiuno (2021), de
conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

1.4. La sentencia de primera instancia4

14. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, mediante
sentencia del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado por el
silencio administrativo frente a la reclamación presentada por el señor ÁLVARO SÁNCHEZ
CARO el 30 de enero de 2018 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial,
mediante la cual solicitó la reliquidación salarial y prestacional derivada de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales devengadas por ALVARO SANCHEZ CARO causadas desde el 30 de
enero de 2015– en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del
cargo tenga derecho, sobre el 100% de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta
para el efecto el 30% que en su momento se había descontado erróneamente del salario básico
a título de prima especial de servicios.

4
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 32.

5

Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación - Rama Judicial
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar en
favor de ALVARO SANCHEZ CARO causadas desde el 30 de enero de 2015– en virtud del
fenómeno prescriptivo- y hacia adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o asignación
básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de
pensión de jubilación.
CUARTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
salarial y prestacional, causadas con anterioridad al 30 de enero de 2015, de conformidad con
lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en esta
sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la fórmula
señalada en la parte motiva.
SEXTO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos que
establece el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011
SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda
OCTAVO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, EXPIDASE copias auténticas de la misma y/o
constancia para el cobro administrativo y ARCHIVESE las diligencias previas las anotaciones
del caso.
DÉCIMO: Efectúese el registro de esta actuación en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI |
Proceso Judicial (consejodeestado.gov.co) por intermedio de la Oficial Mayor-Conjueces».

15. Como fundamento de la decisión, el Tribunal explicó que la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un incremento adicional a la asignación
básica, según las reglas de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. Precisó que, la
asignación básica debe reconocerse en un Ciento por Ciento (100 %) y que, la prima
especial se adiciona en el porcentaje correspondiente, sin carácter salarial para efectos
distintos de la pensión de jubilación.

16. En el caso concreto, tuvo por acreditado que, el señor Álvaro Sánchez Caro se
desempeñó como juez del circuito administrativo entre el Primero (1.º) de septiembre de
Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015). Asimismo,
valoró la certificación de pagos y concluyó que la remuneración fijada en los decretos 194
de 2014 y 1105 de 2015 fue distribuida entre los conceptos de sueldo básico y prima
especial, de manera que ambos agotaban la cuantía mensual señalada para el cargo,
con incidencia en las prestaciones sociales.

17. El A quo declaró la nulidad del acto ficto, desestimó las excepciones de caducidad
y falta de legitimación en la causa por pasiva, y declaró prescritas las diferencias
salariales y prestacionales causadas antes del Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince

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Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

(2015), debido a que la reclamación administrativa fue presentada el mismo día y mes de
Dos Mil Dieciocho (2018).

1.5. De los recursos de apelación

1.5.1. Parte demandante5

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo adicionó dentro de la
oportunidad procesal. Su inconformidad se limitó a la prescripción declarada por el
Tribunal. Solicitó reconocer las diferencias causadas durante todo el período
comprendido entre el Primero (1.º) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta
(30) de junio de Dos Mil Quince (2015).

19. Sostuvo que, la sentencia incurrió en contradicción, porque reconoció que las
disposiciones que fraccionaron la remuneración fueron anuladas con efectos retroactivos
y, al mismo tiempo, las utilizó para fijar el momento a partir del cual debía contarse la
prescripción. En su criterio, los decretos expulsados del ordenamiento carecían de aptitud
para hacer exigible el derecho y para sancionar la inactividad del trabajador.

20. Afirmó que el término prescriptivo solo podía iniciar cuando la administración negó
la petición o cuando se configuró el acto ficto, pues antes de esa actuación carecía de
una decisión individual susceptible de control. Añadió que la sentencia de unificación de
Dos Mil Diecinueve (2019) no podía imponer la carga de demandar normas generales ni
alterar el régimen de prescripción, y expresó que «la nada no se puede demandar».

21. Con fundamento en esos argumentos, pidió revocar el ordinal cuarto y reconocer
la totalidad de las acreencias reclamadas, junto con sus efectos salariales y
prestacionales.

1.5.2. Parte demandada6

22. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
también apeló y solicitó revocar la sentencia para negar las pretensiones o,

5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índices 35 y 38.
6
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 41.

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Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

subsidiariamente, mantener la prescripción, los límites salariales y la decisión sobre
costas.

23. En primer lugar, reiteró la falta de legitimación en la causa por pasiva y la
necesidad de integrar el contradictorio con la Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Explicó que la Dirección Ejecutiva se limita a efectuar los pagos y carece de competencia
para expedir, modificar o inaplicar los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional.

24. En segundo término, insistió en la caducidad. Señaló que, el actor controvirtió
materialmente los decretos salariales de carácter general y pretendió obtener un
restablecimiento automático derivado de su inaplicación, por lo que debió demandarlos
directamente dentro de la oportunidad legal. A su juicio, la referencia al acto ficto encubrió
una censura contra normas generales y convirtió una operación de ejecución en un acto
definitivo.

25. Añadió que, los pagos se realizaron con fundamento en disposiciones vigentes y
amparadas por la presunción de legalidad; que la liquidación definitiva fue recibida sin
objeciones; y que ninguna norma ordena incorporar todos los conceptos salariales a la
base de las prestaciones sociales. Por ello, formuló nuevamente la defensa de cobro de
lo no debido.

26. Finalmente, alegó que, antes del Decreto 272 de 2021 no existía regulación ni
apropiación presupuestal para reconocer la prima como un valor adicional, invocó la
prohibición del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y pidió observar los topes anuales
fijados por el Gobierno nacional. También solicitó confirmar la prescripción de las sumas
anteriores al Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015) y abstenerse de imponer
costas.

1.6. Trámite de segunda instancia

27. Mediante providencia del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), el
despacho admitió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del Seis (6) de marzo de la misma anualidad.7

7
Samai, índice 4.

8

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Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

28. Dentro de la oportunidad procesal, la entidad demandada se pronunció sobre la
apelación de la parte actora. Reiteró que la prescripción debía contabilizarse
retroactivamente desde la reclamación administrativa, conforme a la sentencia SUJ-016-
CE-S2-2019; insistió en la competencia limitada de la Dirección Ejecutiva, en los topes
salariales y en la improcedencia de la condena en costas.8

29. La parte demandante no se pronunció y el Ministerio Público no rindió concepto.
Cumplidas las actuaciones previstas en el artículo 247 del CPACA, el expediente ingresó
al despacho para sentencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. A su vez, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por los apelantes, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio y de los puntos íntimamente relacionados con la
modificación.9

2.2. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿La falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para fijar o modificar el régimen salarial y la ausencia de vinculación de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, alegadas por la entidad
demandada, constituyen razones para negar al actor el reconocimiento de la

8
Samai, índices 7 y 9.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.»

9

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prima especial de servicios como adición y sus consecuencias prestacionales?

ii) ¿Se configuró la caducidad del medio de control porque la demandante solicitó
la inaplicación de los decretos salariales expedidos entre Dos Mil Nueve (2009)
y Dos Mil Quince (2015), pese a dirigir la demanda contra el acto ficto negativo
que resolvió su situación particular?

iii) ¿La prueba acredita que la prima especial de servicios fue tratada como una
fracción de la remuneración fijada para el cargo, de manera que el demandante
tiene derecho a la recomposición de la asignación básica, al pago de la prima
como adición y a las consecuencias prestacionales correspondientes?

iv) ¿Las limitaciones presupuestales invocadas por la entidad pueden condicionar
el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?

v) ¿Operó la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales
reclamadas, y cuál es su incidencia sobre las cotizaciones al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones?

32. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
aspectos: 2.3) marco normativo y jurisprudencial; 2.4) hechos probados; 2.5) caso
concreto; 2.6) condena en costas; y 2.7) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la prima especial de servicios

33. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento calculado sobre la asignación básica de sus beneficiarios, sin carácter
salarial. Posteriormente, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella tendría carácter salarial
exclusivamente para la conformación del ingreso base pensional.

34. Para decidir el asunto se atenderán las reglas fijadas por la Sala Plena de Conjueces

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Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019). En esa providencia se
precisó que la prima especial corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores
y que su aplicación no puede convertirse en un mecanismo para disminuir la asignación
básica.10

35. La decisión de unificación estableció los siguientes parámetros:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios. En consecuencia, tienen derecho
al reconocimiento y pago de las diferencias que resulten a su favor. La prima
especial solo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, entre ellos los funcionarios de la Rama Judicial, tienen
derecho a recibirla como incremento del salario básico y/o asignación básica, sin
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación
beneficiarios de la prima tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el Ciento por Ciento (100 %) de su salario básico y/o asignación
básica, con la inclusión del Treinta por Ciento (30 %) que había sido excluido bajo
aquella denominación.

4. Los demás beneficiarios que no estén sometidos al límite del Ochenta por Ciento
(80 %) tampoco pueden superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional.

5. Para contabilizar la prescripción se tendrá en cuenta la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y, a partir de ella, se reconocerán hasta Tres (3) años
hacia atrás, de conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), conjuez ponente Carmen Anaya
de Castellanos.

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Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

6. La bonificación por compensación de magistrados y cargos equivalentes no puede
superar el Ochenta por Ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte.

2.3.2. De la prescripción de los derechos laborales y la imprescriptibilidad de los
aportes pensionales

36. El artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 establece que las acciones derivadas de los
derechos laborales prescriben en Tres (3) años, contados desde que la obligación se
hace exigible, y que la reclamación escrita del empleado ante la autoridad competente
interrumpe el término por un lapso igual. La misma regla fue reiterada por el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969.11

37. En relación con la prima especial, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 explicó que el
derecho se hizo exigible con la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de
1993. La providencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), que anuló
parcialmente disposiciones salariales, tuvo naturaleza declarativa, de manera que su
ejecutoria no constituye el punto inicial del término prescriptivo.

«[…] el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo
exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4
de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde esa fecha los interesados podían
interrumpir la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir
la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»

38. La prescripción opera de forma distinta respecto de las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones. Estas constituyen una obligación de tracto
sucesivo vinculada al derecho fundamental a la seguridad social, a la irrenunciabilidad de
los derechos laborales y a la sostenibilidad del sistema. El transcurso del tiempo carece
de aptitud para convalidar la omisión del empleador en el pago de los aportes que
legalmente correspondían.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 19001-23-
33-000-2017-00402-02 (5187-2024), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 25000-23-42-000-2018-01701-02 (1114-2022), C. P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.

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Número Interno: 1021-2026
Demandante: Álvaro Sánchez Caro
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Juicial (DEAJ)

2.4. Hechos probados

39. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, para la solución de la
controversia se encuentran acreditadas las siguientes circunstancias relevantes:

40. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga certificó
que, el señor Álvaro Sánchez Caro, identificado con cédula de ciudadanía 17.183.876,
mantuvo una relación legal y reglamentaria con la Rama Judicial y se desempeñó en
propiedad como juez del circuito, grado 00, en el Juzgado Primero Administrativo de San
Gil, durante el siguiente período:12

Cargo Desde Hasta
Juez del Circuito – Juzgado Primero
01/09/2009 30/06/2015
Administrativo de San Gil
*Fuente: elaboración propia

41. El Treinta (30) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), el demandante radicó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga la reclamación
mediante la cual solicitó el pago de la prima especial como suma adicional, la
reliquidación de sus acreencias laborales y el ajuste de las cesantías13. La entidad guardó
silencio y se configuró el acto ficto negativo acusado.

42. El informe histórico de acumulados por concepto y empleado, expedido el Dieciocho
(18) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), registra durante Dos Mil Catorce (2014)
un «sueldo básico» mensual de Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil
Quinientos Setenta y Cinco pesos ($4.687.575) y, de manera separada, una «prima
especial servicios (2)» de Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Setenta y Tres
pesos ($1.406.273), equivalente al Treinta por Ciento (30 %) del primer valor. La suma
de ambos conceptos corresponde a Seis Millones Noventa y Tres Mil Ochocientos
Cuarenta y Ocho pesos ($6.093.848), cuantía fijada como remuneración mensual para el
cargo de juez del circuito en el Decreto 194 de 2014. El reporte reproduce esa
metodología durante los meses laborados de Dos Mil Quince (2015) y registra en junio
las diferencias retroactivas de sueldo y prima especial14.

12
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 22.
13
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 25.
14
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 23.

13

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2.5. Caso concreto

43. La Sala recuerda que la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 definió que, la prima
especial de servicios constituye un incremento de la asignación básica y no una porción
de esta. Por tanto, los funcionarios judiciales beneficiarios tienen derecho a recibir el
Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica fijada para el cargo y, sobre ese valor,
el porcentaje adicional correspondiente a la prima, con carácter salarial exclusivamente
para efectos pensionales.

44. El señor Álvaro Sánchez Caro se desempeñó como juez del circuito administrativo,
cargo incluido entre los beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Acreditada esa
condición, la Sala resolverá los reparos formulados por los apelantes.

2.5.1. De la legitimación en la causa por pasiva y el litisconsorcio necesario

45. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirma que, carece de competencia
para fijar el régimen salarial y que, por tal razón, la condena debería dirigirse contra las
autoridades que expidieron los decretos anuales. El reparo no prospera, toda vez que, la
controversia se originó en la aplicación concreta de esas disposiciones a la nómina del
demandante y en el acto ficto configurado ante la falta de respuesta a su reclamación.

46. La sentencia referida tuvo como objeto precisar el alcance del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y corregir la interpretación que convirtió la prima en una fracción de la
remuneración; no creó entonces una prestación nueva ni modificó el régimen salarial. Le
corresponde a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
como empleadora y pagadora, aplicar las reglas jurisprudenciales y asumir las
consecuencias económicas derivadas de la liquidación érronea efectuada durante los
periodos reclamados.

47. En materia de legitimación, la calidad de sujeto pasivo se determina por la relación
sustancial discutida y por la aptitud de la entidad para soportar los efectos del
restablecimiento. La circunstancia de que el Gobierno nacional fije el régimen salarial no
desplaza a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cuando esta administró la nómina, aplicó las disposiciones salariales y produjo, mediante

14

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su silencio, la decisión individual acusada.

48. De otra parte, el litisconsorcio necesario, previsto en el artículo 61 del CGP, surge
cuando la decisión debe adoptarse de manera uniforme respecto de varias personas o
cuando la relación jurídica sustancial impide resolver sin su comparecencia. Ese
supuesto no se configura si el litigio puede decidirse a partir del acto individual y la
condena se dirige a la entidad empleadora y pagadora, sin anular los decretos generales
ni imponer obligaciones directas a las autoridades que los expidieron. En ese entendido,
tampoco resulta indispensable vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ni al Departamento Administrativo de la Función Pública,
puesto que, la decisión puede adoptarse uniformemente respecto de la entidad
demandada. En consecuencia, se confirmará el rechazo de las excepciones de falta de
legitimación e integración del litisconsorcio necesario.

2.5.2. De la caducidad

49. De acuerdo con el literal d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, la demanda
puede presentarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos producto del silencio
administrativo. Esta regla se refiere al acto individual ficto y conserva su aplicación
aunque, para decidir su legalidad, el juez deba inaplicar una disposición general
incompatible con normas superiores. La excepción de ilegalidad o de inconstitucionalidad
produce efectos relativos al proceso y difiere del control directo orientado a retirar el acto
general del ordenamiento jurídico.

50. En este caso, la demanda se dirigió expresamente contra el acto ficto negativo
derivado del silencio frente a la petición del Treinta (30) de enero de Dos Mil Dieciocho
(2018); la nulidad de esa decisión individual, y no la expulsión de los decretos salariales
del ordenamiento, constituye el objeto principal del proceso.

51. Por ello, resulta aplicable el literal d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, según
el cual los actos producto del silencio administrativo pueden demandarse en cualquier
tiempo. La excepción de caducidad carece de fundamento y el cargo de apelación será
desestimado.

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2.5.3. Del derecho a la prima especial y el alcance del restablecimiento

52. La entidad sostiene que pagó conforme a los decretos vigentes y que la liquidación
definitiva fue recibida sin objeción. Sin embargo, la presunción de legalidad de las
disposiciones salariales no impide aplicar la interpretación vinculante fijada por el Consejo
de Estado, según la cual el porcentaje de la prima debía adicionarse a la asignación
básica y no detraerse de ella.

53. La prueba de nómina confirma la premisa acogida por el Tribunal. El reporte identificó
como sueldo básico la suma de Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil
Quinientos Setenta y Cinco pesos ($4.687.575) y registró como prima especial el Treinta
por Ciento (30 %) de ese valor. Como la suma de ambos conceptos coincide con la
remuneración mensual fijada para el cargo, se acredita que la entidad incluyó la prima
dentro de esa cuantía, en vez de reconocerla como una adición independiente al Ciento
por Ciento (100 %) de la asignación básica.

54. En consecuencia, el demandante tiene derecho a las diferencias resultantes de
recomponer su asignación básica en un Ciento por Ciento (100 %) y adicionar la prima
especial en el porcentaje previsto para el cargo. Asimismo, procede reliquidar las
prestaciones sociales sobre la asignación básica íntegra, sin sumar la prima como factor
salarial autónomo, pues el legislador reservó su carácter salarial para los efectos
pensionales.

55. El recibo de la liquidación definitiva tampoco extingue el derecho. En el expediente
no obra una conciliación, transacción o manifestación expresa mediante la cual el actor
hubiese dispuesto válidamente de la controversia. El pago de los valores calculados por
la administración no sanea una liquidación contraria a la regla legal ni implica renuncia a
derechos laborales mínimos e irrenunciables.

56. Con todo, considera la Sala que, la redacción de los ordinales segundo y tercero de
la sentencia apelada requieren una precisión, puesto que, el Tribunal extendió la condena
«hacia adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho», pese a que la certificación
acredita que el vínculo culminó el Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015), por
consiguiente, el restablecimiento del derecho ordenado se limitará hasta dicha fecha.

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57. También se aclarará que el Ciento por Ciento (100 %) corresponde a la asignación
básica recompuesta y que la prima especial se reconoce como un valor adicional. La
reliquidación observará los topes fijados por el Gobierno nacional para cada anualidad y
descontará las sumas pagadas por los mismos conceptos, con el propósito de evitar un
doble reconocimiento.

2.5.4. De las limitaciones presupuestales

58. La entidad invocó la ausencia de apropiación presupuestal y el artículo 71 del Decreto
111 de 1996 como impedimentos para asumir obligaciones anteriores al Decreto 272 de
2021. Esa circunstancia carece de aptitud para enervar un derecho salarial y prestacional
causado bajo la Ley 4ª de 1992.

59. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que las dificultades económicas, el
desorden administrativo o las falencias presupuestales no exoneran al empleador público
del cumplimiento de sus obligaciones laborales. De igual manera, esta Subsección ha
precisado que la entidad debe gestionar los recursos necesarios para atender la
obligación impuesta por la ley y por la decisión judicial15.

60. El parágrafo del artículo 334 de la Constitución impide invocar la sostenibilidad fiscal
para menoscabar derechos fundamentales y, en esa medida, la falta de una partida
disponible exige adelantar las operaciones presupuestales correspondientes, mas no
autoriza a desconocer la acreencia.

61. Por otra parte, debe indicarse que, el Decreto 272 de 2021 reguló el pago de la prima
especial como adición a la asignación básica a partir del Primero (1.º) de enero de Dos
Mil Veintiuno (2021), no obstante, esa disposición no extinguió las diferencias causadas
bajo el régimen anterior ni convirtió el precedente en una prestación de creación posterior.
El reparo presupuestal, por lo tanto, es desestimado.

2.5.5. De la prescripción y los aportes pensionales

62. La parte actora pretende que, la prescripción se compute desde la configuración del

15
Corte Constitucional, sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998 y T-716 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02 (6500-2019), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. En el mismo sentido, sentencia
del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02 (2857-2019).

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acto ficto o desde la sentencia que, declaró la nulidad parcial de los decretos salariales;
sin embargo, esa tesis fue examinada y descartada de manera expresa en la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019.

63. Desde la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y de su reglamentación inicial, los
beneficiarios conocían la forma en que, la administración liquidaba la prima y contaban
con instrumentos jurídicos para reclamar. La sentencia del Veintinueve (29) de abril de
Dos Mil Catorce (2014) declaró el alcance de un derecho preexistente; su efecto
retroactivo frente a las disposiciones anuladas no suprimió las reglas legales que
sancionan la inactividad del titular respecto de acreencias periódicas.

64. En el presente asunto, la reclamación administrativa fue presentada el Treinta (30)
de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), en consecuencia, están prescritas las diferencias
salariales y prestacionales causadas con anterioridad al Treinta (30) de enero de Dos Mil
Quince (2015), tal como lo concluyó el A quo. La apelación de la parte demandante no
prospera en este punto.

65. No obstante, deberá precisarse que la prescripción declarada se limita a las
acreencias salariales y prestacionales periódicas y sus efectos no se extienden a las
diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
dado su carácter irrenunciable e imprescriptible16.

66. Aunque la parte resolutiva indicó que, la prima especial constituye factor salarial para
la pensión de jubilación, omitió incorporar la orden necesaria para ajustar las
cotizaciones. Por lo tanto, la Sala adicionará la decisión en ese sentido, como
consecuencia jurídica de la recomposición de la asignación básica y del artículo 1.º de la
Ley 332 de 1996.

67. La entidad deberá revisar y, de ser el caso, corregir las cotizaciones correspondientes
a todo el período efectivamente servido como juez del circuito, entre el Primero (1.º) de
septiembre de Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015).
El ingreso base de cotización deberá comprender el Ciento por Ciento (100 %) de la
asignación básica mensual y, adicionalmente, el Treinta por Ciento (30 %)
correspondiente a la prima especial, con observancia de la Ley 332 de 1996.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Veinticuatro (24) de julio
de Dos Mil Veinticinco (2025), radicado interno 5561-2024, C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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68. Con el fin de evitar un doble pago, únicamente se liquidarán y trasladarán al fondo de
pensiones las diferencias entre las cotizaciones efectivamente realizadas y las que
legalmente correspondían. Cualquier aporte previamente satisfecho deberá ser
descontado.

69. Sumado a lo anterior, se precisará que, para el cumplimiento de esta sentencia, la
entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos, así como, los pagos que posiblemente haya
realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima
especial de servicios.

70. En síntesis, se mantendrá la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales
anteriores al Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015), se cerrará el extremo final
de la condena en el Treinta (30) de junio de esa anualidad y se adicionará la orden
relacionada con los aportes pensionales por todo el período de servicio acreditado.

2.6. Condena en costas

71. El artículo 188 del CPACA dispone que la sentencia decidirá sobre la condena en
costas. La jurisprudencia de esta Sección atiende a un criterio subjetivo, que exige valorar
la conducta procesal de las partes, la efectiva causación de los gastos y la eventual
presencia de temeridad o mala fe.

72. En esta instancia ambos recursos resultan infructuosos en sus planteamientos
principales y la decisión exige modificar la condena para precisar su alcance temporal y
pensional. La actuación de las partes correspondió al legítimo ejercicio de los derechos
de acción, defensa y contradicción, sin que se advierta una conducta contraria a la lealtad
procesal. En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

2.7. Conclusión

73. La Sala concluye que, el señor Álvaro Sánchez Caro, en su condición de juez del
circuito administrativo, tiene derecho a la recomposición de su asignación básica,
derivada del reconocimiento de la prima especial de servicios como una adición, y a la

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reliquidación de las prestaciones sociales sobre el Ciento por Ciento (100 %) de la dicha
asignación básica, sin atribuir a la prima carácter salarial para efectos distintos de los
pensionales. Los cargos de apelación, relativos a la falta de legitimación, integración del
litisconsorcio, caducidad, falta de competencia, imposibilidad presupuestal y prescripción,
carecen de vocación de prosperidad. En consecuencia, se confirmará la nulidad de los
actos demandados y el reconocimiento del derecho reclamado, pero se modificará para
precisar, por una parte, que la prescripción no cobija las cotizaciones pensionales, y por
otra, que la fecha del extremo final del reconocimiento económico se limitará al Treinta
(30) de junio de Dos Mil Quince (2015), fecha de retiro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Seis (6) de
marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Santander, el cual quedará así:

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al
Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015). La prescripción no opera frente a
las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR Y ADICIONAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia
del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Santander, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar al señor ÁLVARO
SÁNCHEZ CARO las diferencias en las prestaciones sociales causadas durante el
período comprendido entre el Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015), en razón
de la prescripción declarada, y el Treinta (30) de junio de la misma anualidad, fecha
de finalización de su vínculo como juez del circuito administrativo.

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Para tal efecto, la liquidación deberá tomar como base el Ciento por Ciento (100 %)
de la asignación básica recompuesta, incluida la porción que fue tratada bajo la
denominación de prima especial, sin adicionar esta última como factor salarial
autónomo para efectos distintos de los pensionales. Deberán descontarse las sumas
previamente pagadas por los mismos conceptos y observarse los topes fijados por el
Gobierno nacional para cada anualidad.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor ÁLVARO
SÁNCHEZ CARO la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, como un valor adicional equivalente al Treinta por Ciento (30 %) del Ciento
por Ciento (100 %) de la asignación básica mensual, durante el período comprendido
entre el Treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015) y el Treinta (30) de junio de la
misma anualidad. La prima especial solo constituye factor salarial para efectos
pensionales.

Asimismo, la entidad deberá revisar las cotizaciones efectuadas y, de ser el caso,
liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente las diferencias en los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones causadas entre el
Primero (1.º) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta (30) de junio de Dos
Mil Quince (2015). Para ello, el ingreso base de cotización deberá comprender el
Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica mensual y, adicionalmente, el
Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, en los
términos del artículo 1.º de la Ley 332 de 1996, siempre que dichas cotizaciones no
hubieren sido efectuadas previamente. Cualquier aporte ya satisfecho deberá
descontarse.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos, así como, los pagos que posiblemente haya realizado con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Seis (6) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

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QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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