Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01695-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01695-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01695-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Tres (3) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 25000-23-42-000-2018-01695-02 (1146-20231).
Demandante Diana Marcela García Pacheco
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra la sentencia del Treinta y Uno (31)
de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda, Sala Transitoria,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda2
1.1 Pretensiones
1. La señora Diana Marcela García Pacheco, por intermedio de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el propósito de obtener la nulidad de las resoluciones 4518
del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y 2811 del Dos (2) de marzo de
Dos Mil Dieciocho (2018), mediante la cuales, se negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios del Treinta por Ciento (30%) como remuneración de carácter
1
Expediente híbrido.
2
Expediente físico – Folios 46 a 62.
2
Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
salarial; así como, del acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta a la petición
presentada ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja –
Boyacá el Diez (10) de octubre de Dos Mil Once (2011), mediante la cual, solicitó la
reliquidación y el pago de sus prestaciones sociales con inclusión del Treinta por Ciento
(30 %) correspondiente a la prima especial de servicios.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió se ordene a la entidad demandada: (i)
reconocer, reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales, salariales y laborales, como
la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, las cesantías, la prima de
vacaciones, la bonificación por servicios prestados, los aportes a los sistemas de salud y
pensiones y los demás emolumentos laborales que se le cancelaron mientras desempeñó
el cargo de juez, tomando como base el Cien por Ciento (100%) de su asignación básica,
con inclusión del Treinta por Ciento (30%) que la administración había tratado como prima
especial; (ii) el pago de las diferencias salariales, laborales y prestacionales derivadas de
haber liquidado su remuneración sobre el Setenta por Ciento (70 %) de la asignación
básica; y (iii) reconocer y pagar el Treinta por Ciento (30%) de la asignación básica
mensual que consideró dejado de percibir por haber sido registrado como prima especial
pese a formar parte de su remuneración legal mensual.
3. Finalmente, pidió la actualización de las sumas reconocidas, el pago de los intereses
comerciales o moratorios correspondientes, el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 189 y 192 del CPACA y la condena en costas y agencias en
derecho.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. La demandante señaló que, prestó sus servicios a la Rama Judicial como juez
promiscuo municipal, juez penal municipal, juez penal del circuito y juez administrativo,
desde el primero (1º) de junio de Dos Mil Tres (2003) hasta el Primero (1º) de septiembre
de Dos Mil Dieciséis (2016).
5. Afirmó que, desde el inicio de su vinculación, la administración trató el Treinta por
Ciento (30 %) de su remuneración básica como prima especial de servicios y el Setenta
por Ciento (70 %) restante como asignación básica. Según indicó, esa forma de
liquidación impidió que sus prestaciones sociales fueran calculadas sobre el Ciento por
Ciento (100 %) de su remuneración básica mensual.
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
6. Señaló que, el Diez (10) de octubre de Dos Mil Once (2011) solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá la reliquidación de sus
prestaciones sociales con inclusión del Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a la
prima especial de servicios. Esta autoridad guardó silencio frente a la petición.
7. Relató que, también formuló reclamación ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá–Cundinamarca, con el propósito de obtener el
reconocimiento del Treinta por Ciento (30 %) de su remuneración como parte de la
asignación básica y la correspondiente reliquidación de sus prestaciones sociales.
Mediante la Resolución 4518 del veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
dicha Dirección negó lo solicitado.
8. Indicó que, contra esa determinación interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante la Resolución
2811 del Dos (2) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), que confirmó la decisión
recurrida.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
9. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25,
53, 55 y 58 de la Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; y 152, numeral 7,
de la Ley 270 de 1996.
10. Como concepto de violación, sostuvo en síntesis que, los actos administrativos
acusados desconocen la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen constitucional
y legal aplicable a la remuneración de los servidores judiciales, al negar el carácter
salarial de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y excluirla de
la base para liquidar el salario y las prestaciones sociales.
2. Contestación de la demanda3
11. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso
a todas las pretensiones y solicitó que fueran negadas. Como fundamento central de su
defensa, manifestó que la entidad se sujetó al cumplimiento de las disposiciones legales
3
Expediente físico – Folios 105 a 109.
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
que determinaron las sumas que debían pagarse a los funcionarios de la Rama Judicial
y que, por tanto, su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico.
12. Propuso las excepciones que denominó «integración del litisconsorcio necesario»,
«prescripción» e «innominada». En cuanto a la prescripción, señaló que la reclamación
fue presentada el Diez (10) de octubre de Dos Mil Once (2011), por lo cual estaban
prescritas las diferencias causadas antes del Diez (10) de octubre de Dos Mil Ocho
(2008).
3. Sentencia de primera instancia4
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de la siguiente
manera:
«PRIMERO. - Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente Nº 2007-0087-00. CP. Dra. MARIA
CAROLINA RODRÍGUEZ RUÍZ, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de
algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 e
inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en
el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento sino
una disminución y a la sentencia de Unificación –SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala
Plena de Conjueces – el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente: Carmen Anaya
de Castellanos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución
No. 4518 de 22 de mayo de 2017, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca y la Resolución N° 2811 de 2 de marzo de
2018, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y el acto ficto
presuntamente negativo producto de la falta de respuesta al derecho de petición
presentado el 10 de octubre de 2011, por medio de las cuales se negó al demandante los
derechos laborales reclamados, en razón a que tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico
más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido de que dichos salarios fueron liquidados
sobre el 70% de su salario básico, para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se
debe sumar al salario y en cuanto a las prestaciones sociales, deben ser liquidadas sobre
la base de todo salario básico, “sin lugar a detraer (sic) retrotraer de la misma el 30% de la
prima especial, por lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el
periodo supra relacionado.
4
Expediente físico – Folios 112-166.
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
TERCERO. - Condenase a la Nación – Rama Judicial a pagarle a la demandante Diana
Marcela García Pacheco, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos
mensuales, liquidados a partir del 10 de octubre de 2008 y hasta la fecha en que funja
o fungió en el cargo de Juez Municipal, Juez del Circuito u otro equivalente sobre la
base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de
servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario
básico, “sin lugar a detraer (sic) retrotraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo
cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra
relacionado. Siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta
sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo que ocupó la demandante en el periodo supra relacionado.
Precisándose, además, que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto
610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que
la prima especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial
para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para
aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
CUARTO. - Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
respecto a las sumas causadas antes del 10 de octubre de 2008 y sólo reconocerá el pago
por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante, como un
emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o asignación
básica, de aquellas sumas causadas a partir del 10 de octubre de 2008 y hasta la fecha en
que funja o fungió en el cargo de Juez de la República.
QUINTO. - Desestímense las demás excepciones planteadas por la entidad demandada.
SEXTO. - Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO. - Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
dan los supuestos de hecho y de derecho.
OCTAVO. -Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 ibidem., acatando la Sentencia C - 188 de 1999.
NOVENO. - Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta sentencia
con la constancia de su notificación y ejecutoria. (Art. 114 núm. 2 CGP).
DÉCIMO. - Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto
del depósito de despensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
DÉCIMO PRIMERO. - Sin condena en costas en esta instancia.»
14. Como fundamento de la decisión, explicó que el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 creó
la prima especial de servicios como un incremento de la remuneración de sus
beneficiarios. Señaló que el treinta por ciento (30 %) correspondiente a ese concepto
debía adicionarse al ciento por ciento (100 %) del salario básico, en lugar de sustraerse
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
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de este para considerar únicamente el setenta por ciento (70 %) restante como
asignación básica.
15. Señaló que el Consejo de Estado había declarado la nulidad parcial de varios decretos
salariales, porque estos permitieron interpretar que el treinta por ciento (30 %) del salario
básico correspondía a la prima especial y que únicamente el setenta por ciento (70 %)
restante constituía la asignación básica. Indicó que la interpretación acorde con los
principios de progresividad y favorabilidad consistía en tomar el treinta por ciento (30 %)
del salario básico para cuantificar la prima y adicionarla posteriormente a aquel.
16. Indicó que esa interpretación encontraba sustento en la sentencia del veintinueve (29)
de abril de dos mil catorce (2014), mediante la cual, el Consejo de Estado declaró la
nulidad parcial de algunos de los decretos salariales expedidos para reglamentar el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, así como, en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-016-
S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
17. Con fundamento en esa línea jurisprudencial, concluyó que la demandante tenía
derecho al reconocimiento y pago de sus ingresos mensuales sobre la base del ciento
por ciento (100 %) del salario básico, más un treinta por ciento (30 %) adicional por
concepto de prima especial de servicios. Asimismo, consideró procedente reliquidar sus
prestaciones sociales sobre el ciento por ciento (100 %) de la asignación básica, sin
detraer de esta el porcentaje que la administración había denominado prima especial.
18. En el caso concreto, consideró que la demandante tenía derecho a que sus ingresos
mensuales fueran calculados sobre el salario básico más el treinta por ciento (30 %)
correspondiente a la prima especial de servicios. También estimó que sus prestaciones
sociales debían liquidarse sobre el ciento por ciento (100 %) de la asignación básica, sin
detraer el porcentaje que la administración había tratado como prima especial. Precisó
que, esta solamente tendría carácter salarial para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
19. De otra parte, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto
de las sumas causadas antes del diez (10) de octubre de dos mil ocho (2008), debido a
que la reclamación administrativa fue presentada el diez (10) de octubre de dos mil once
(2011). En consecuencia, limitó el reconocimiento de la prima especial, como un
emolumento adicional equivalente al treinta por ciento (30 %) del ciento por ciento (100
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
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%) del salario básico o asignación básica, al período posterior a aquella fecha y hasta
cuando la demandante ejerció como jueza de la República.
4. El recurso de apelación5
20. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso
recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
21. En primer lugar, destacó el carácter vinculante y reconoció las reglas de la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, en particular, que la prima especial de servicios constituye un
incremento de la asignación básica, que las prestaciones sociales deben liquidarse sobre
el Ciento por Ciento (100 %) de aquella y que la prima únicamente tiene carácter salarial
para efectos pensionales.
22. Explicó que, en cumplimiento de la referida sentencia de unificación y del Decreto 272
de 2021, el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, en sesión número 13 del trece (13) de abril de dos mil
veintiuno (2021), determinó que la entidad debía extender sus efectos para reconocer y
pagar las diferencias derivadas de la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
ciento por ciento (100 %) del salario básico mensual, así como el treinta por ciento (30
%) adicional por concepto de prima especial de servicios, sin carácter salarial. Agregó
que el Decreto 272 de 2021 estableció la prima especial con efectos fiscales a partir del
primero (1.º) de enero de dos mil veintiuno (2021) y que, desde abril de ese año, la
entidad comenzó a pagarla mensualmente por nómina como un valor adicional a la
asignación básica.
23. Sin embargo, sostuvo que resultaba presupuestalmente inviable presentar una
fórmula conciliatoria respecto de las obligaciones anteriores al primero (1.º) de enero de
dos mil veintiuno (2021), debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
había asignado los recursos necesarios para atender esos reconocimientos. En ese
sentido, invocó el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, según el cual los actos
administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deben contar previamente con
un certificado de disponibilidad presupuestal y ninguna autoridad puede asumir
obligaciones con cargo a apropiaciones inexistentes o insuficientes.
5
Expediente físico – Folios 175 al 177.
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
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24. Finalmente, insistió en la configuración de la prescripción trienal prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968. Explicó que la demandante presentó la reclamación
administrativa el diez (10) de octubre de dos mil once (2011), por lo que las sumas
causadas con anterioridad al diez (10) de octubre de dos mil ocho (2008) se encontraban
prescritas.
5. Trámite de segunda instancia
25. Mediante providencia del Once (11) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), los
integrantes de la Subsección B manifestaron impedimento para tramitar y decidir el
asunto, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código
General del Proceso, y remitieron el expediente a la Subsección A.6
26. Por auto del Seis (6) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), la Subsección A declaró
fundado el impedimento de los integrantes de la Subsección B. A su vez, sus miembros
manifestaron estar impedidos por la misma causal y ordenaron el sorteo de conjueces.
El Cuatro (4) de agosto siguiente se realizó el sorteo y, mediante providencia del Siete
(7) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), la Sala de Conjueces aceptó el
impedimento de la Subsección A.78
27. El Nueve (9) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), el conjuez ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del
Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022).9
28. Dentro de la oportunidad procesal, el Tres (3) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024),
la entidad demandada presentó alegatos de conclusión. Reiteró la naturaleza no salarial
de la prima, salvo para efectos pensionales; la aplicación de la prescripción trienal; y
solicitó negar las pretensiones. La parte demandante no presentó alegatos y el Ministerio
Público no rindió concepto.10
29. Mediante auto del Once (11) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), la conjuez
ponente remitió el expediente al despacho del consejero Jorge Edison Portocarrero
6
Samai, índice 4.
7
Samai, índices 9 y 12.
8
Samai, índice 14.
9
Samai, índice 18.
10
Samai, índices 20 y 21; constancia secretarial del índice 25.
9
Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Banguera, en atención a la modificación integral de la Sección Segunda y a lo dispuesto
en el artículo 116 del CPACA.11
30. Por auto del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), este despacho
avocó conocimiento del proceso y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia e
incorporados los documentos correspondientes, el expediente regresara para fallo. La
Secretaría lo remitió el Trece (13) de agosto de la misma anualidad12.
6. Alegatos de conclusión
31. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó
alegatos de conclusión. Reiteró que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
y la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, la prima especial de servicios
constituye un incremento equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica,
aunque solamente adquiere carácter salarial para efectos pensionales. Asimismo,
sostuvo que las prestaciones sociales deben liquidarse sobre el Ciento por Ciento (100
%) de la asignación básica, sin adicionar a esta el porcentaje correspondiente a la prima
especial, y con observancia del límite máximo de remuneración fijado anualmente por el
Gobierno nacional. En materia de prescripción, afirmó que el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales se encuentra sujeto al término trienal,
contabilizado retrospectivamente desde la presentación de la reclamación administrativa.
Con fundamento en esas consideraciones, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
32. La parte demandante se abstuvo de presentar alegatos y el Ministerio Público de
rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
33. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 13, el Juez de segunda
11
Samai, índice 27.
12
Samai, índices 31 y 34.
13
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
10
Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
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instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico.
34. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?
ii) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por la demandante?
35. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; 2.4) los hechos probados; 2.5.)
el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.
36. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.
37. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
38. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
39. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
2.3.1. De la prescripción
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Número Interno: 1146-2023
Demandante: Diana Marcela García Pacheco
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
40. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)14, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que15:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
41. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior16, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
42. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
43. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.
44. En suma, en relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado ha precisado que, la prescripción se cuenta
retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
13
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vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993. En contraste, la prescripción no
aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada
al derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e
igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su incumplimiento.
45. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.4. Hechos probados
46. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente y con los hechos de
vinculación aceptados por la entidad, para la solución de la controversia se encuentran
acreditadas las siguientes circunstancias relevantes:
46.1. Se encuentra probado que la señora Diana Marcela García Pacheco prestó sus
servicios a la Rama Judicial desde el Primero (1) de junio de Dos Mil Tres (2003) hasta
el Primero (1) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), fungiendo como juez en los
siguientes periodos17:
Cargo Desde Hasta
Juez municipal 01/06/2003 28/02/2005
Juez municipal 01/03/2005 20/09/2007
Juez municipal 21/09/2007 28/05/2008
Juez circuito 29/05/2008 15/09/2008
Juez municipal 16/09/2008 28/02/2009
Juez circuito 01/03/2016 01/09/2016
*Fuente: elaboración propia
46.2. Igualmente, se acreditó que el Diez (10) de octubre de Dos Mil Once (2011), la
demandante presentó reclamación ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja – Boyacá, y solicitó el reconocimiento del Treinta por
Ciento (30 %) que había sido sustraído de la asignación básica; el pago de la prima
especial como suma adicional; la reliquidación de las prestaciones sociales; y la
corrección de los aportes a seguridad social18.
46.3. Mediante las resoluciones 4518 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Diecisiete
17 Según certificación del 19 de mayo de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca. Expediente físico, folio 5.
18
Expediente físico, folio 29.
14
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(2017) y 2811 del Dos (2) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá negó y confirmó, respectivamente, la
petición radicada por la accionante el Quince (15) de mayo de Dos mil Diecisiete (2017),
mediante la cual pretendía el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios con
las consecuencias prestacionales19.
2.5. Caso concreto
47. Como punto de partida, la Sala recuerda que, la sentencia de unificación SUJ-016-
CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), precisó
que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
constituye un incremento de la asignación básica y no una fracción de esta.
48. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla de unificación que: «La
prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación ».
49. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el Treinta por
Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta.
50. Bajo ese contexto, la Sala observa que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el restablecimiento
del derecho, al concluir que, la demandante había visto disminuida indebidamente su
asignación básica mediante la aplicación de una interpretación contraria al artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado. De igual manera, dispuso
que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
reconociera el reajuste salarial correspondiente al Treinta por Ciento (30 %) de la
asignación básica, así como las consecuencias derivadas de dicha recomposición
salarial.
19
Expediente físico, folios 8-24.
15
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51. En efecto, la señora Diana Marcela García Pacheco se desempeñó como jueza de la
República y, por tanto, era beneficiaria de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. La entidad apelante aceptó expresamente las reglas de
unificación y no desarrolló un reparo dirigido a desvirtuar la indebida recomposición de la
remuneración. Establecido lo anterior, continúa la Sala con la resolución de los aspectos
objeto del recurso de apelación.
2.5.1. De las limitaciones presupuestales
52. Frente al argumento por medio del cual, sustenta la accionada no tener disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por la demandante, lo que, a su
juicio, le impide dar cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, considera la Sala que,
tal reparo no tiene vocación de prosperidad; por cuanto, la tesis jurisprudencial de esta
Sección es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento de
derechos salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al
mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de realizar los aportes al sistema
de seguridad social integral y que deben ser garantizados por el Estado respetivamente.
53. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores20. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales21.
54. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley22.
55. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 23:
«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
20
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
21
Cfr. Sentencia T-716/00
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-2019).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
16
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sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».
56. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido a la demandante, pues, se reitera, las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales24.
2.4.3. De la prescripción
57. Sobre este punto, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es un fenómeno
jurídico procesal en virtud del cual, a pesar de ser titular de un derecho, se pierde por
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos
que la reclamación y/o demanda se haya interpuesto dentro de los términos legales.
58. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal
consagrado en el artículo 4125 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
59. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción,
fue definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, y fue clara en establecer que, desde la entrada en vigor
de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados podrían reclamar
los derechos que por prima especial de servicios consideraban les resultaba aplicable.
De igual manera, precisó que el término prescriptivo debe contarse retroactivamente
desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa.
60. Bajo este contexto, se observa que, la reclamación que interrumpió la prescripción
24
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02 (2857-2019), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; y sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 25000-23-42-000-2013-
05452-02 (6500-2019), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
25
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.».
17
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fue presentada el Diez (10) de octubre de Dos Mil Once (2011), por ello, el Tribunal
declaró prescritas las diferencias salariales y prestacionales causadas antes del Diez (10)
de octubre de Dos Mil Ocho (2008). Tal determinación se ajusta plenamente a la regla de
unificación fijada por el Consejo de Estado.
61. Ahora bien, la solicitud de la entidad coincide con ese límite temporal y no constituye
un motivo de disenso, en consecuencia, se mantendrá la prescripción de las diferencias
salariales y prestacionales respecto de las sumas causadas antes del Diez (10) de
octubre de Dos Mil Ocho (2008), tal como lo concluyó el a quo; sin embargo, será
necesario precisar que sus efectos se limitan a las acreencias salariales y prestacionales
sometidas al fenómeno extintivo, sin extenderse a las consecuencias pensionales
reguladas en la sentencia citada. Este punto está íntimamente ligado al reparo de la
prescripción y, además, deriva de la regla legal y jurisprudencial que atribuye carácter
salarial a la prima especial exclusivamente para efectos pensionales.
62. Lo anterior implica que, una vez se reconoce que la administración liquidó el salario
sobre una base inferior a la legalmente prevista, resulta ineludible que las cotizaciones
efectuadas durante la relación laboral deban ajustarse a la base salarial realmente
devengada. En ese sentido, la recomposición de la asignación básica produce efectos
sobre las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
63. No obstante, la Sala observa que, si bien el a quo reconoció la incidencia de la prima
para la pensión, omitió ser explicitó en la orden de reajuste de los aportes pensionales
teniendo en cuenta el incremento del 30% por prima especial de servicio sobre la
asignación básica que se ordena; por lo tanto, se adicionará la sentencia en ese sentido,
como medida necesaria para guardar congruencia entre la nulidad de los actos, la
motivación del fallo y el restablecimiento del derecho, respecto de una obligación legal,
irrenunciable e imprescriptible.
64. En virtud de lo anterior, la entidad deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, si no lo ha hecho, desde el
Primero (1) de junio de Dos Mil Tres (2003), fecha en que la demandante empezó a
desempeñarse como juez, y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial, sin aplicar el
fenómeno de la prescripción.
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65. Valga la pena recordar que el pago de aportes pensionales está ligado al derecho
pensional, el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene
decantado esta Subsección26.
66. Como todos los períodos reclamados y certificados por la actora son posteriores a la
entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, norma que regula la prima especial de servicios
como factor salarial para efectos de los aportes al sistema pensional, el ingreso base de
cotización debe considerar el Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica mensual
más el Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial.
67. Con el fin de evitar un doble pago, solo deberán liquidarse y trasladarse al fondo de
pensiones las diferencias que resulten entre las cotizaciones efectivamente realizadas y
las que legalmente debieron efectuarse, de modo que cualquier aporte ya satisfecho
deberá ser descontado.
68. El reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, junto con la reliquidación de los
aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad demandada dé
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, que reguló expresamente el pago
de la prima especial como un Treinta por Ciento (30 %) del salario básico, si para aquel
momento la demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedora de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.
69. De otra parte, debe advertirse que, la parte resolutiva de la sentencia atribuyó carácter
salarial a la prima especial de servicios para efectos de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Esta determinación requiere ser precisada, pues, la Ley
332 de 1996 circunscribió expresamente dicho carácter a la conformación del ingreso
base de cotización pensional, por ello, se modificará el ordinal tercero de la sentencia
para retirar la referencia a los aportes en salud.
70. Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada. Ello, en razón a
que, por un lado, no prosperan los argumentos formulados por la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial relativos a la falta de disponibilidad
presupuestal, y por otro, se declaró probada de manera parcial la excepción de
26
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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prescripción; sin embargo, la sentencia de primera instancia será precisada para
armonizar su fundamentación y su parte resolutiva con las reglas fijadas en la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, particularmente, en lo relacionado con los efectos de la
recomposición de la asignación básica sobre las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
2.6 Condena en costas
71. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena
en costas no opera de manera automática, sino que, corresponde al juez valorar su
procedencia a partir de las particularidades del caso concreto, para lo cual, debe verificar
la conducta procesal de las partes, la causación de las expensas y si la actuación de
quien resulta vencido estuvo inspirada en criterios de temeridad o mala fe.
72. En el presente asunto, si bien la sentencia de primera instancia, será modificada
parcialmente en los términos expuestos en esta providencia, la Sala no advierte que, la
actuación procesal desplegada por las partes haya desconocido los deberes de lealtad,
probidad o buena fe, sino que obedeció al legítimo ejercicio de los derechos de acción,
defensa y contradicción dentro de una controversia jurídica respecto de la aplicación del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7 Conclusiones
73. Le asiste el derecho a la demandante, en su calidad de juez de la República, al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. No prospera el argumento de la Rama Judicial relativo a la falta de
apropiación presupuestal, y se mantendrá la prescripción de las diferencias salariales y
prestacionales causadas antes del Diez (10) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), sin
extenderla a las cotizaciones pensionales, las cuales deberán corregirse por todos los
períodos acreditados, con observancia de la Ley 332 de 1996. En consecuencia, se
modificará y adicionará la sentencia apelada para precisar el alcance de la prescripción
y la forma de reconocer y liquidar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social; y se confirmará en lo demás.
20
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo
de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda, Sala Transitoria, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
TERCERO. CONDENAR a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Diana Marcela García Pacheco las
diferencias salariales derivadas de la indebida disminución de su asignación básica, al
haberse considerado como prima especial de servicios el Treinta por Ciento (30 %) de
dicha remuneración, desde el Diez (10) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), en razón de la
prescripción declarada, y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial.
En consecuencia, la entidad demandada deberá reliquidar las prestaciones sociales a que
haya lugar, exclusivamente respecto del período no prescrito, tomando como base la
recomposición de la asignación básica con el treinta por ciento (30 %) indebidamente
disminuido, es decir, teniendo en cuenta el cien por ciento (100%) de la asignación básica,
sin que ello implique reconocer la prima especial de servicios como factor salarial para
efectos distintos de los pensionales.
Asimismo, deberá efectuar las cotizaciones y, de ser el caso, trasladar al fondo de
pensiones correspondiente las diferencias en los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones causadas desde el Primero (1) de junio de Dos Mil Tres (2003) fecha
de vinculación de la demandante a la Rama Judicial como juez, y mientras permanezca o
haya permanecido vinculada a un cargo beneficiario del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Para ello, el ingreso base de cotización deberá comprender el Ciento por Ciento (100 %)
de la asignación básica mensual y, adicionalmente, el Treinta por Ciento (30 %)
correspondiente a la prima especial, en los términos del artículo 1º de la Ley 332 de 1996,
siempre que dichas cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.
En ningún caso la totalidad de los ingresos podrá superar el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno nacional para cada anualidad. El cumplimiento de la condena estará
condicionado a que la entidad no haya efectuado otro pago a la demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos y deberán descontarse las sumas y aportes
previamente satisfechos. En todo caso, no se podrá extender el esquema de reliquidación
anterior al Decreto 272 de 2021 más allá del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud de dicho decreto se inició a pagar la prima especial
como una adición al salario.
SEGUNDO. ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo
de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda, Sala Transitoria, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
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Demandante: Diana Marcela García Pacheco
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CUARTO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto
a las sumas causadas antes del 10 de octubre de 2008 y solo reconocerá el pago por
concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante, como un
emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o asignación
básica, de aquellas sumas causadas a partir del 10 de octubre de 2008 y hasta la fecha en
que funja o fungió en el cargo de juez de la República». La prescripción no opera frente
a las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de
Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sección Segunda, Sala Transitoria, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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