Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01461-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01461-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01461-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el 5 de marzo de 20202 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces mediante la cual accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Consuelo Álvarez Álvarez presentó demanda3 en ejercicio del medio de
1 En adelante DEAJ.
2 Si bien la sentencia registra como fecha de la sesión el 5 de octubre del 2020, se registró en el
aplicativo Samai en el año 2022.
3 La demanda fue presentada el 16 de julio de 2015. Expediente digital, documento 63, páginas 2 a
16.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en
orden a que se declarara la nulidad de i) la Resolución DESAJMR 14-4553 del 20
de agosto de 2014 emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín (Antioquia)5, por medio de la cual le negó la petición de
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un emolumento
adicional al salario básico mensual y la reliquidación de las prestaciones sociales; y
ii) el acto ficto o presunto negativo derivado del silencio de la entidad frente al
recurso de apelación concedido mediante la Resolución DESAJMR 14-4732 del 15
de septiembre de 2014.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago del
30% del salario dejado de percibir desde el año 1993 hasta el 2002; ii) la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario; iii) el pago de
los intereses moratorios; y iv) la indexación de las sumas adeudadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Consuelo Álvarez Álvarez prestó sus servicios en la rama judicial entre
los años 1993 y el 2002, periodo en el que se desempeñó como juez municipal del
circuito de Medellín (Antioquia).
3.2. El 11 de noviembre de 2014 solicitó a la DEAJ el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la
reliquidación de sus prestaciones sociales de acuerdo con el porcentaje del salario
que le fue descontado.
3.3. Mediante la Resolución DESAJMR 14-4553 del 20 de agosto de 2014, la entidad
negó la anterior petición. Contra dicha decisión la demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue concedido mediante la Resolución DESAJMR 14-4732 del 15
de septiembre de 2014. No obstante, para la fecha de presentación de la demanda
la administración no había proferido decisión sobre dicho recurso.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política;
y la Ley 4ª de 1992.
4 En adelante CPACA.
5 En adelante DESAJ.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
5. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que la entidad disminuyó
indebidamente su salario básico mensual en un 30%, al considerar la prima especial
de servicios como parte de este y no como un emolumento adicional. Ello incidió
negativamente en la liquidación de sus prestaciones sociales y demás derechos
laborales, pues estas se calcularon sobre una base salarial reducida. Conforme con
lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 20146, el
gobierno nacional interpretó erróneamente el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al
incluir la prima especial dentro del salario básico en lugar de reconocerla como un
factor adicional a este.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda7 con fundamento en que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue creada
por el legislador como una prestación con carácter salarial únicamente para efectos
de los aportes a Sistema de Seguridad Social en Pensión, razón por la cual no podía
ser tenida en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales; es así que los
actos demandados se ajustaron a la normatividad vigente y a los lineamientos
impartidos por el gobierno nacional; por lo que procedía la excepción de presunción
de validez de los actos demandados.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 5 de marzo de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
tal sentido resolvió8:
«PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. DESAJMR 14-
4553 de agosto 20 de 2014, mediante la cual se niega una petición de pago de salario
en un 30% con la liquidación de prestaciones sociales correspondiente a dicho
porcentaje que como prima especial se encuentra consagrado en el artículo 14 de la ley
4ª de 1992, y del Acto ficto negativo, previa declaratoria de su existencia, en virtud de la
configuración del silencio administrativo respecto del recurso de apelación elevado
contra la decisión igualmente recurrida.
SEGUNDO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a NACIÓN -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a re liquidar y reajustar los aportes realizados al Sistema
de Seguridad Social en pensiones de la demandante, por los siguientes periodos que se
desempeñó como Juez de la República, para lo cual la demandada deberá realizar el
respectivo cálculo de actualización previo al traslado a la entidad encargada de la
liquidación de pensiones [d]el 1 de enero de 1993 al […] 31 de diciembre de 2002.
6 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
7 Expediente digital, documento 63, páginas 2 a 16.
8 Expediente digital, documento 63, páginas 107 a 117.
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Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
Lo anterior, incluyendo el nuevo factor salarial en los términos solicitados en la demanda
inicial, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual
legal, incluyendo el 30% que le ha restado a ésta para considerarlo como prima especial.
TERCERO: DECLARAR prospera la PRESCRIPCION de la reliquidación de la prima de
servicios como factor prestacional en los mismos períodos señalados en el numeral
anterior, al acreditarse como probada en las presentes diligencias.
CUARTO: Declarar no probada la excepción propuesta de legalidad de los actos
administrativos demandados.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en agencias en derecho por
la suma de un salario mínimo legal mensual vigente al momento de efectuarse el pago
en forma efectiva. No habrá lugar a condena en costas según lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias presentadas por la
parte actora.
SÉPTIMO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
[…]»
8. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:
8.1. De conformidad con la tesis del Consejo de Estado, la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un emolumento
adicional equivalente al 30 % del salario básico mensual, y no una suma que deba
ser descontada de este. En consecuencia, los funcionarios beneficiarios tienen
derecho a percibirla como un incremento de su remuneración y a que sus
prestaciones sociales sean liquidadas sobre el 100 % de la asignación básica.
8.2. En el caso concreto, se acreditó que María Consuelo Álvarez Álvarez se vinculó
a la rama judicial y se desempeñó como juez desde el año 1993 hasta el 2002;
razón por la que era beneficiaria de la prima especial de servicios señalada, por
tratarse de uno de los empleos expresamente cobijados por dicha disposición.
8.3. Comoquiera que la demandante presentó la reclamación administrativa el 28 de
julio de 2014, las acreencias causadas con anterioridad a esa fecha se encontraban
afectadas por el fenómeno de la prescripción. En consecuencia, como la relación
laboral finalizó en el año 2002, la totalidad de las pretensiones de contenido
económico se encontraba prescritas. No obstante, tenía derecho a la reliquidación
de los aportes al sistema general de pensiones por todo el periodo reclamado, esto
es, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 1 de diciembre de 2002, en atención a la
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Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
imprescriptibilidad de ese derecho. Por ello, ordenó efectuar dicha reliquidación con
base en el 100% del salario, más el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios por todo el lapso referido.
8.4. No procedía la imposición de costas, porque no se habían acreditado gastos
procesales que las justificaran ni una conducta de la demandada que las hiciera
procedentes; sin embargo, la condenó al pago de agencias en derecho equivalentes
a 1 salario mínimo legal mensual vigente, por haber resultado vencida en el proceso.
1.4. Los recursos de apelación
9. La DEAJ presentó recurso de apelación9 con fundamento en que, de conformidad
con los criterios fijados en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019 10 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituía un emolumento adicional al salario
básico mensual y únicamente constituía carácter salarial para efectos de la
liquidación de los aportes al Sistema General de Pensiones. En cumplimiento de la
referida sentencia y del Decreto 272 de 2021, había extendido sus efectos mediante
el reconocimiento y pago de las diferencias causadas por la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico mensual y del 30 %
adicional por concepto de prima especial de servicios, sin carácter salarial. No
obstante, no tenía disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones causadas
con anterioridad al 1 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 71 del
Decreto 111 de 1996, debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
había asignado los recursos necesarios para atender dichas acreencias.
10. María Consuelo Álvarez Álvarez presentó recurso de apelación11 al considerar
que los periodos causados no se encontraban afectados por el fenómeno jurídico
de la prescripción porque el derecho reclamado solo se hizo exigible a partir de la
sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 201412 que declaró la nulidad de
las disposiciones que regulaban indebidamente la prima especial de servicios, la
cual constituía una expectativa legítima de mejoramiento de un derecho laboral. Por
lo tanto, comoquiera que se encontraba acreditado que era beneficiaria de la prima
especial de servicios, esta debía reconocerse como un emolumento adicional al
salario básico, lo que imponía la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales
sobre el 100 % de la asignación básica. Además, solicitó que se condenara en
costas a la demandada al no haberle negado el reconocimiento de los derechos
reclamados.
9 Samai tribunales, índice 48.
10 Con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204 2018).
11 Samai tribunales, índice 47.
12 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
1.5. Alegatos en segunda instancia
11. La DEAJ presentó alegatos con los que insistió en la revocatoria de la sentencia
de primera instancia con base en los argumentos referidos en el recurso de
apelación. Adicionalmente, solicitó revocar la condena en agencias en derecho, al
considerar que no se había acreditado su causación ni una conducta que la
justificara13.
12. María Consuelo Álvarez Álvarez no emitió pronunciamiento en esta oportunidad.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la
sentencia recurrida con fundamento en que los argumentos expuestos en el recurso
de apelación presentado por la actora eran insuficientes para apartarse de los
criterios fijados en la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 14 sobre
la prescripción de la prima especial de servicios. No efectuó pronunciamiento
respecto del recurso presentado por la DEAJ15.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscribe a
establecer:
14.1. ¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DEAJ pueden condicionar
el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?; y
13 Como se indicó en el auto admisorio. índice 4 de Samai.
14 Con radicado 1001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
15 Índice 34 de Samai.
16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
14.2. ¿si el término de prescripción de los periodos causados por concepto de prima
especial de servicios debe contabilizarse a partir de la sentencia del Consejo de
Estado del 29 de abril de 2014 y, en consecuencia, si operó dicho fenómeno jurídico
respecto de los derechos reclamados?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».
20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200718, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 , 997 de 2019, 301 de 2020, 981 de 2021,
470 de 2022, 902 de 2023, 284 de 2024 y 594 de 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar19».
21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
18 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril de 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
19 Excepto en los decretos 1105 de 2005, 234 de 2016, 1003 de 2017 y 338 de 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201920, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201921.
25. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201422 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 23 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
22 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
23 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
28. En la sentencia del 2 de septiembre de 201924, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior25 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0526 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente27:
34.1. María Consuelo Álvarez Álvarez se vinculó a la Rama Judicial como juez 7 penal
municipal de Medellín desde el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de diciembre de
200228.
34.2. El 11 de noviembre de 2014 solicitó a la DEAJ el reconocimiento y pago del
30% del salario que le correspondía como juez de la República, desde el año 1993
hasta el 2002, en virtud de lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia proferida el 29 de abril de 201429; la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% del salario; el pago de intereses a que hubiera
lugar; y la indexación de las sumas adeudadas30.
25 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
27 Expediente digital, documento 63. En adelante, se relacionará únicamente la página del PDF en
la que se encuentre ubicada la prueba correspondiente.
28 Conforme con la certificación del 15 de noviembre de 2017 aportada por la entidad. Página 172.
29 Con radicado 11-0001-03-25-000-2007-00087-00.
30 Páginas 151 a 153.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
34.3. Mediante la
Resolución DESAJMR 14-4553 del 20 de agosto de 2014, la
DESAJ negó la anterior solicitud con fundamento en que carecía de disponibilidad
presupuestal para reconocer y pagar retroactivamente los emolumentos
reclamados31.
34.4. Contra la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación el cual fue
concedido mediante la Resolución DESAJMR 14-4732 del 15 de septiembre de
2014, sin que obre en el expediente decisión que lo resolviera32.
34.5. De conformidad con la certificación de devengados del 7 de noviembre de
201733 expedida por la Coordinación de Asuntos Laborales de la DESAJ, la actora
pertenece al régimen «acogidos». En dicha certificación se relacionó la asignación
básica mensual devengada por aquella y el valor correspondiente a la prima
especial de servicios, entre otros conceptos, desde el año 1993 hasta el año 2002.
A continuación, se registrarán los valores efectivamente pagados por la entidad por
concepto de sueldo mensual y prima especial de servicios; de igual forma, se
registrará el valor correspondiente al salario decretado para cada vigencia.
Prima Decreto Salario
Vigencia Sueldo mensual especial de decretado
servicios
1993 $ 721.154 $ 216.346 57 $ 937.500
1994 $ 872.596 $ 261.779 106 $ 1.134.375
1995 $ 1.029.663 $ 308.899 43 $ 1.338.563
1996 $ 1.184.114 $ 355.234 36 $ 1.539.348
1997 $ 1.278.843 $ 383.653 76 $ 1.662.496
1998 $ 1.587.534 $ 476.260 64 $ 2.063.794
1999 $ 1.793.914 $ 538.174 44 $ 2.332.088
2000 $ 1.959.492 $ 587.847 2740 $ 2.547.340
2001 $ 2.024.940 $ 607.482 1475 $ 2.611.024
2002 $ 2.121.530 $ 636.459 673 $ 2.757.989
2.3.2. Análisis sustancial
35. Con fundamento en el marco normativo expuesto y en lo probado en el proceso,
la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados, para lo cual
analizará los cargos formulados en los recursos de apelación en los siguientes
términos.
31 Páginas 21 a 23.
32 Páginas 24 a 29.
33 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
2.3.2.1. En torno a la imposibilidad presupuestal para el pago de las sumas
reclamadas
36. En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede
invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los
derechos fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional, esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento de
las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas, de
tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho
reclamado; por lo tanto, le corresponde a la administración reconocer y pagar los
derechos causados a pesar de las dificultades financieras que se pudieran
presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal, si no existiere, o […]
reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional».
37. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por
lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
2.3.2.2. En torno al fenómeno de la prescripción
38. De conformidad con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a
partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» lo que
impone considerar, de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento
reclamado; y del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas en las
que se prestó el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de un
derecho.
39. En este caso, María Consuelo Álvarez Álvarez presentó la reclamación ante la
entidad el 11 de noviembre de 2014. Por lo tanto, los periodos reclamados con
anterioridad al 11 de noviembre de 2011 se encuentran afectados por el fenómeno
de la prescripción, debido a que entre la fecha de retiro del servicio y la reclamación
ante la DEAJ transcurrieron más de 3 años, tal como lo expuso el tribunal.
40. Esto es así, porque la inclusión del 30% de la prima especial de servicios no se
hizo exigible a partir de la sentencia de «unificación» proferida por el Consejo de
Estado el 29 de abril de 201434, sino por virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el salario.
34 Con radicado 11001-03-25-000-2007-0087-00.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
41. En consecuencia, no le asiste razón a la actora al afirmar que la prescripción
debía contarse desde la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014,
pues dicha providencia no creó el derecho reclamado, sino que se limitó a declarar
la nulidad de unas disposiciones reglamentarias. Por lo tanto, no prospera el
argumento según el cual la prescripción debía contabilizarse a partir de la fecha de
la aludida sentencia del Consejo de Estado, toda vez que dicha providencia tuvo
carácter declarativo y no constitutivo del derecho reclamado.
42. De otra parte, debido a la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
condenará a la entidad a pagar los aportes al Sistema General de Pensiones;
tomando como base el 100% de la remuneración básica mensual entre el 7 de enero
de 1993 y el 28 de diciembre de 1996 (fecha de entrada en vigor de la Ley 332 de
1996), y a partir de esta última, el salario básico más el 30% de la prima especial
hasta el 30 de diciembre de 2002; siempre que no se hayan realizado las respectivas
cotizaciones. Lo anterior es así, pues solo a partir del 7 de enero de 1993, fecha de
entrada en vigor del Decreto 57 de 199335, se previó que la prima tendría carácter
salarial para efectos pensionales; además de acuerdo con la certificación laboral
obrante en el expediente, se acreditó que la relación laboral finalizó el 30 de
diciembre de 2002. En consecuencia, se modificará la orden en cuanto a los
extremos temporales y la base de liquidación de los aportes al Sistema General de
Pensiones.
43. Asimismo, se adicionará para advertir que el cumplimiento de la presente
sentencia queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora
reconocidos; y que la prima especial de servicios sumada con la bonificación por
compensación y las demás prestaciones percibidas no pueden superar los topes
establecidos por el gobierno nacional.
44. En ese sentido se modificará y adicionará la sentencia proferida el 5 de marzo
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.
45. Finalmente, se advierte que, si bien la DEAJ solo solicitó expresamente la
revocatoria de las agencias en derecho en los alegatos de conclusión, la Sala se
pronunciará sobre ese aspecto sin que ello implique exceder el ámbito de la
apelación. Ello obedece a que, de conformidad con el artículo 361 del Código
General del Proceso36, las agencias en derecho integran las costas procesales junto
35 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
36 «Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
con las expensas, por lo que no constituyen una condena autónoma. En
consecuencia, la solicitud de revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda comprende implícitamente el cuestionamiento de la
condena en costas impuesta al vencido y, por ende, de las agencias en derecho
fijadas por el tribunal, lo que habilita a Sala para pronunciarse sobre este aspecto
en esta instancia.
2.4. Costas
46. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de
conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.
37 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
instancia. Asimismo, revocará la decisión adoptada por el a quo en relación con las
agencias en derecho. En efecto, aunque el tribunal indicó que no había lugar a
condenar en costas, dispuso la imposición de agencias en derecho. Tal
determinación no resulta jurídicamente consistente, pues, de conformidad con el
artículo 361 del Código General del Proceso, las agencias en derecho integran las
costas procesales y no constituyen una condena autónoma. En consecuencia, si no
hay lugar a la condena en costas, tampoco proceden las agencias en derecho. Tal
consideración tiene respaldo también en el análisis de la conducta desplegada por
las partes, según la cual, en criterio del tribunal, no justificaba la condena.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la alegada imposibilidad
presupuestal no constituye una razón válida para negar el reconocimiento de los
derechos reclamados y la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014
no modificó la exigibilidad del derecho ni el cómputo del término de prescripción.
52. La Sala i) modificará la sentencia de primera instancia para disponer que la
reliquidación de los aportes al Sistema General de Pensiones se efectúe con base
en el 100% de la remuneración básica mensual entre el 7 de enero de 1993 y el 28
de diciembre de 1996 y, a partir de esta última fecha, sobre el salario básico más el
30% correspondiente a la prima especial de servicios hasta el 30 de diciembre de
2002, siempre que no se hubieran efectuado las respectivas cotizaciones; ii) se
adicionará para precisar que su cumplimiento queda supeditado a que la entidad
demandada no hubiera efectuado previamente pagos por los mismos conceptos y
que la prima especial de servicios, junto con la bonificación por compensación y las
demás prestaciones percibidas, no superen los topes fijados por el gobierno
nacional; y iii) se revocará la condena en agencias en derecho impuesta en primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar y adicionar el ordinal 2 de la sentencia del 5 de marzo de 2020
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, la cual quedará así:
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la nación, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar y
efectuar los aportes al Sistema General de Pensiones de María Consuelo Álvarez
Álvarez, siempre que no se hayan efectuado las respectivas cotizaciones, tomando como
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023)
Demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez
base de liquidación: i) el 100% de la remuneración básica mensual entre el 7 de enero
de 1993 y el 28 de diciembre de 1996; y ii) el salario básico más el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios entre el 29 de diciembre de 1996 y el 30 de diciembre
de 2002.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión de primera
instancia.
Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada con la
bonificación por compensación y las demás prestaciones percibidas no pueden superar
los topes establecidos por el gobierno nacional.
Segundo. Revocar el ordinal 5 de la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en cuanto condenó
a la nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al pago de agencias en derecho. En su lugar, no hay lugar
a condenar por dicho concepto.
Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces
Cuarto. No condenar en costas de segunda instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
FNM
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