Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00096-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00096-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00096-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 73001-23-33-000-2019-00096-02 (6396-2022)1
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, contra
la sentencia del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el
Tribunal Administrativo de Tolima – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda2.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Héctor Hugo Torres Vargas, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:
«PRIMERA: Declarar la existencias de los actos fictos o presuntos negativos, fruto
de los silencios administrativos, al no haber resuelto los recursos de apelación
interpuestos contra los oficios DESAJNEO17-5544 del 9 de noviembre de 2017, y
DESAJIBO17-4500 del 23 de noviembre de 2017, emitido por la Rama Judicial –
Dirección de Administración Judicial seccional Neiva – Huila e Ibagué - Tolima,
mediante los cuales, negó el reconocimiento y pago de la prima especial sin
carácter salarial, prevista en el art. 14 de la ley 04 de 1992, el pago del 30% de mi
1
Expediente hibrido.
2
Sentencia corregida y aclarada por medio de la providencia adiada Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), visible en
los folios 316-318 del expediente físico.
3
Expediente físico – folios 61-101
2
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
salario básico mensual, y reliquidación de todas mis prestaciones sociales,
generadas en los períodos del 11 de enero del 2013 al 21 de agosto del 2016 y
desde el 22 de agosto del 2016 hasta la fecha y en adelante, como Magistrado de
la Sala Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Huila e Ibagué –
Tolima.
SEGUNDA: Declaratorias de nulidad de los actos fictos o presuntos negativos,
fruto de los silencios administrativos, al no haber resuelto los recursos de
apelación interpuestos contra los oficios DESAJNEO17-5544 del 9 de noviembre
de 2017, y DESAJIBO17-4500 del 23 de noviembre de 2017, emitido por la Rama
Judicial – Dirección de Administración Judicial seccional Neiva – Huila e Ibagué -
Tolima, mediante los cuales, negó el reconocimiento y pago de la prima especial
sin carácter salarial, prevista en el art. 14 de la ley 04 de 1992, el pago del 30%
de mi salario básico mensual, y reliquidación de todas mis prestaciones sociales,
generadas en los períodos del 11 de enero del 2013 al 21 de agosto del 2016 y
desde el 22 de agosto del 2016 hasta la fecha y en adelante, como Magistrado de
la Sala Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Huila e Ibagué –
Tolima.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se disponga condenar a la
accionada reconocer y pagar en los períodos del 11 de enero del 2013 al 21 de
agosto del 2016 y desde el 22 de agosto del 2016 hasta la fecha y en adelante;
a. La prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de mi remuneración
básica, prevista en el artículo 14 de la ley 04 de 1992, como un incremento adición
o agregado al salario, que hasta ahora no se me ha reconocido ni cancelado, a
pesar de estar reconocido legalmente.
b. Reconocer y cancelar el 30% de mi sueldo básico, que hasta ahora no se
me ha cancelado, ya que la Rama Judicial lo ha relacionado dicho porcentaje en
pagos como prima, siendo parte de mi remuneración legal.
c. Reconocerme y re liquidar y pagar las diferencia salarías de mis
prestaciones sociales como son: prima de servicios, prima de navidad,
vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios
prestados, cotización a seguridad social y demás prestaciones y emolumentos,
tomando para ello el 100% de la remuneración mensual, donde se incluya con
carácter salarial del 30%, el cual viene siendo denominado por la Administración
Judicial como prima especial, sin serlo y no únicamente el 70% de la remuneración
mensual como lo vine haciendo.
d. Que se condene a la accionada a pagar dichas sumas de dinero debidamente
indexadas junto con los intereses moratorios»
2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:
3. El señor Héctor Hugo Torres Vargas, vinculado a la Rama Judicial, entre el Once
(11) de enero de Dos Mil Trece (2013), al Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), desempeñó el cargo de magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Neiva –
Huila, seguidamente, desde el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y a
la fecha de presentación de la demanda se encontraba ejerciendo el cargo de magistrado
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima.
3
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
4. La Dirección de Administración Judicial Seccional Neiva – Huila e Ibagué – Tolima,
durante los periodos antes mencionados, liquidaron la prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados, seguridad
social y demás prestaciones laborales y emolumentos, con el 70% de su remuneración
básica y no con el 100% de esta, tras una errada interpretación de los decretos que
reglamentaron la prima especial de servicio equivalente al 30% de la asignación básica,
la cual, fue descontada y no adicionada al salario.
5. La accionada, tampoco le ha pagado la prima especial de servicios mensual sin
carácter salarial, como incremento al sueldo, equivalente al 30% de su remuneración
básica durante los años 2013 al 2018, y lo corrido hasta la fecha de presentación de la
demanda del 2019.
6. La administración judicial desde el año 2013, para pagar sus salarios y
prestaciones, fracciona la remuneración básica en dos partes: i) un 70% le atribuye al
sueldo básico mensual y ii) un 30% a la prima especial de servicios sin carácter salarial.
7. El Diecinueve (19) de octubre y Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), solicitó a la Dirección de Administración Judicial seccional Neiva – Huila e Ibagué
– Tolima, el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prevista en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el pago del 30% del salario básico mensual y
reliquidación de todas las prestaciones sociales generadas en los periodos en que se ha
desempeñado como magistrado de tribunal.
8. La accionada, por medio de los oficios DESAJNEO17-5544 del Nueve (9) de
noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), y DESAJIBO17-4500 del Veintitrés (23) de
noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), negó la reliquidación solicitada y pago de la prima
especial de servicios como valor adicional a la remuneración básica.
9. Contra las anteriores decisiones, los días Veintisiete (27) de noviembre y
Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), interpuso recurso de apelación,
los cuales, por medio de las Resoluciones DESAJNER18-51 y DESAJIBO18-25 fueron,
concedidos en efecto suspensivo ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda no habían sido
resuelto, configurándose con ello los respectivos actos fictos o presuntos negativos fruto
del silencio administrativo.
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:
11. La Constitución Política: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209, la Ley 4 de 1992,
artículos 2 y 14 y la Ley 270 de 1996, artículo 152 numeral 7º.
12. En el concepto de violación, sostiene que, la Rama Judicial, al considerar que el
treinta por ciento (30%) del salario básico constituye la prima especial sin carácter salarial
y al liquidar las prestaciones sobre el setenta por ciento (70 %) restante, redujo
indebidamente la remuneración del demandante.
13. En ese sentido se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, vulnerando los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringiendo la garantía estatutaria de intangibilidad de la
remuneración judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del
Consejo de Estado.
1.3. Contestación de la demanda4
14. La parte accionada, actuando por medio de apoderado judicial, indica que, los
hechos expuestos en la demanda no le constan, razón por la cual, se atiene a lo que
resulte probado en el proceso y guarde relación con las pretensiones de la parte actora.
15. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera
que ha pagado la prima especial conforme a la normatividad vigente, por lo tanto, los
actos acusados fueron expedidos conforme a derecho y gozan de presunción de
legalidad, argumento con el cual, señala que no es viable incluir la prima especial de
servicios sin carácter salarial en la liquidación y pago de las prestaciones sociales.
16. Formuló las excepciones de prescripción e innominada.
1.4. La sentencia de primera instancia5.
17. El Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Conjueces, mediante sentencia del
Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), resolvió:
4
Expediente físico folios 149-150.
5
Expediente físico folios 223-236
5
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
«PRIMERO. - Declarar probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN, y no
probada la excepción denominada INNOMINADA O GENÉRICA, propuesta por la
demandada, de acuerdo con lo expuesto.
SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD de los actos administrativos fictos o presuntos
negativos, al no resolver los recursos de apelación interpuestos por el actor contra los
oficios DESAJNE017-544 del 09 de noviembre de 2017 y DESAJIB017-4500 del 23 de
noviembre de 2017, emanados de la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
TERCERO.- CONDENAR a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar, reconocer y pagar al demandante desde el 19
de octubre de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, todas sus prestaciones
sociales, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías,
vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados,
emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se
establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico
mensual legal, incluyendo en la base de liquidación el 30% de la asignación básica
mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado por la Administración
Judicial como prima especial sin carácter salarial, prevista en el art. 14 de la Ley 4 de 1992.
CUARTO.- Condenar a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar, reconocer y pagar al demandante desde el 19
de octubre de 2014 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, el valor de las diferencias
salariales, laborales y prestacionales existente, entre la liquidación que hasta ahora le ha
hecho la Administración Judicial con el 70% de su salario básico y el valor que resulte, de
reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de
servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y
derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y
causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica
mensual, incluyendo en la base de liquidación el 30% del sueldo básico mensual, que no
se ha tenido en cuenta, porque se ha computado como prima especial sin carácter salarial.
QUINTO. - Condenar a la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar al demandante desde la sentencia y en adelante
la prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica que
hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado, adición, incremento o
sobresueldo a la remuneración mensual.
SEXTO. - A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por los
artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO. - Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las
partes con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con
observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.
OCTAVO. - Sin costas.»
18. Sentencia corregida y aclarada, por medio de la providencia adiada Nueve (9) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), en el siguiente sentido6:
«PRIMERO. CORRÍJASE Y ACLÁRESE el numeral QUINTO de la sentencia del
18 de julio de 2022, en el sentido de indicar que la condena en contra del
demandado y a favor del demandante, y que ordena el reconocimiento de la prima
especial de servicios en cuantía al 30% de la asignación básica, teniéndola como
6
Expediente físico - folios 316-318
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta, se
concede a partir del 19 de octubre de 2014 hasta la fecha de la sentencia, y en
adelante, mientras permanezca vinculado en los cargos en que se genere dicha
prestación.»
19. Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, los actos administrativos
demandados desconocieron el alcance del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el precedente
vinculante del Consejo de Estado, al haber interpretado la prima especial de servicios
como una fracción de la asignación básica mensual y no como un reconocimiento
adicional a esta.
20. Señaló que, en efecto, se acreditó que la Rama Judicial liquidó la remuneración del
demandante tomando el 70 % como salario básico y el 30 % restante como prima especial
sin carácter salarial, situación que produjo una disminución de la base salarial utilizada
para la liquidación de las prestaciones sociales; actuación que resultó contraria los
principios de progresividad, favorabilidad, así como las directrices de la Ley 4 de 1992,
pues, remarcó que, la prima especial fue concebida como un incremento de la
remuneración y no como un mecanismo para reducir el salario de los servidores
judiciales.
21. Afirma que, a la luz del Estado Social de Derecho, se consolidó como derecho
adquirido del actor la prima especial sin carácter salarial creada por el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y reglamentada correctamente como valor adicional al salario, por ello no
podía el gobierno y menos la administración suprimírselo mediante decretos posteriores
que constituye además un desconocimiento a lo preceptuado en el capítulo III derechos
económicos sociales y culturales, artículo 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
22. Colige que, los actos acusados debían ser declarado nulos y, por contera, procedería
a reconocer y pagar desde el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), la
prima especial de servicios en cuantía equivalente al 30% de su asignación básica,
teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de
esta como hasta el momento lo ha hecho. La reliquidación, reajuste y pago de las
prestaciones sociales del actor, incluyendo el 30% de su asignación básica legal que no
fue tenida en cuenta por cuanto se venía considerando como prima especial de servicios
sin carácter salarial. Así como, reconocer y pagarle de la suma que resulte como
diferencia entre lo que hasta ahora ha pagado la administración con el salario reducido y
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
la reliquidación de todas sus prestaciones que resulte teniendo como base el 100% del
salario legalmente previsto.
1.5. Del recurso de apelación7.
23. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación8, en el cual, sustenta que, de conformidad con los criterios fijados en la
sentencia proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019) 9, por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituía un emolumento adicional al salario básico
mensual y únicamente tenía carácter salarial para efectos de la liquidación de los aportes
al Sistema General de Pensiones.
24. Afirma que, en cumplimiento de la referida sentencia y del Decreto 272 de 2021, había
extendido sus efectos mediante el reconocimiento y pago de las diferencias causadas
por la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico
mensual y del 30 % adicional por concepto de prima especial de servicios, sin carácter
salarial. No obstante, no tenía disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones
causadas con anterioridad al Primero (1) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), de
conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, debido a que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no había asignado los recursos necesarios para atender
dichas acreencias.
1.5. Trámite de segunda instancia
25. Por medio del auto adiado veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se
declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, en consecuencia, se les separó del conocimiento
del presente asunto10.
26. A través de auto de fecha seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025), se dispuso,
remitir el expediente al despacho que hoy funge como sustanciador, para que asumiera
el trámite del presente proceso.
7
Expediente físico folios 299-307 / 330-336
8
Expediente físico folios 301-307
9
Proferida dentro del expediente identificado con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204 2018)
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Samai, índice 006
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
27. Por auto del quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), este despacho
avocó el conocimiento del proceso11.
28. Mediante auto del Primero (1°) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)12, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas por decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.
29. El Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
30. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿El A quo, le otorgó a la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, efectos salariales, más allá de los
aportes a pensión?
ii) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) pueden
condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento
de la condena?
32. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios; ii) hechos
probados; iii) caso concreto.
11
Samai, índice 017
12
Samai, índice 021
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios
33. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.
34. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
35. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
36. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
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artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
2.2.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.
37. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado13 y reiterado14:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento
en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el
trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
En la sentencia del 2 de septiembre de 200915, el Consejo de Estado
determinó que en materia de la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y
en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta
la fecha de exigibilidad del derecho.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
11
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior16
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.
En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.»
38. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.
39. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.3. Hechos probados.
40. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que, rige la materia. En ese sentido, y con base
en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos
constatados, se destaca:
41. El señor Héctor Hugo Torres Vargas, mediante la Resolución No.070 de Veinticinco
(25) de octubre de Dos Mil Seis (2006), fue nombrado en propiedad como magistrado
16
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Tribunal Grado 1, en el Despacho 2 de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, e ingresó a laborar el Doce (12) de diciembre de Dos Mil Seis (2006), hasta
el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Nueve (2009)17.
42. A través de la Resolución No. 412 de Once (11) de enero de Dos Mil Trece (2013),
fue nombrado en propiedad como magistrado del Tribunal Grado 02 en el Despacho 2 de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, e ingresó a laborar el Once (11) de enero
de Dos Mil Trece (2013), hasta el Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)18.
43. A su turno, las pruebas documentales, tales como: i) las resoluciones por medio de
las cuales, se liquidaron las cesantías a favor del demandante correspondientes a las
anualidades 201619, 201720, ii) certificado de ingresos y retención por rentas de trabajo
año 202021, iii) los desprendibles de nóminas del 2021 y, iv) la reclamación en sede
administrativa presentada ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué22, dan cuanta que el actor desde el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), a la fecha de presentación de la demanda se encontraba ejerciendo el cargo de
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima.
44. No obstante, las pretensiones en la demanda se limitaron a reclamar la prima especial
de servicio, contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, correspondiente a los
periodos en que el actor se desempeñó en el cargo de magistrado del Tribunal Superior
del Distrito de Neiva – Huila, desde el Once (11) de enero de Dos Mil Trece (2013), hasta
el Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), y, en el de magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima desde el Veintidós (22) de agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), con vinculación activa en dicho cargo a la fecha de presentación de
la demanda.
45. El Diecinueve (19) de octubre y Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017),
solicitó a la Dirección de Administración Judicial Seccional Neiva – Huila e Ibagué –
Tolima, el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el pago del 30% del salario básico mensual y reliquidación
de todas las prestaciones sociales generadas en los periodos en que se ha desempeñado
como magistrado de tribunal23.
17
Expediente físico, cd, archivo anexo, folio 35
18
Ibidem
19
Expediente físico, cd archivo anexos, folios 62-63
20
Expediente físico, cd archivo anexos, folios 52-53
21
Expediente físico, folio 200
22
Expediente físico, folios 30-32
23
Expediente físico, folios 45-48 / 30-32
13
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
46. La accionada por medio de oficios DESAJNEO17-5544 del Nueve (9) de noviembre
de Dos Mil Diecisiete (2017), y DESAJIBO17-4500 del Veintitrés (23) de noviembre de
Dos Mil Diecisiete (2017), negó la reliquidación solicitada y el pago de la prima especial
de servicios como valor adicional a la remuneración básica24.
47. Contra las anteriores decisiones, los días Veintisiete (27) de noviembre y Dieciocho
(18) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), interpuso recurso de apelación 25, los
cuales, por medio de las Resoluciones DESAJNER18-51 y DESAJIBO18-25 del Cuatro
(4) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018)26, fueron concedidos en efecto suspensivo ante
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, sin que obre en el expediente
decisión que los resolviera.
48. Aclarado lo anterior, pasa la Sala a resolver los puntos de inconformidad formulado
por el extremo pasivo de la litis.
2.4. Caso concreto.
49. A través, del sub examine, la parte actora pretende, la nulidad de los actos fictos o
presuntos negativos, fruto del silencio administrativo, que generó la falta de resolución de
los recursos de apelación interpuestos contra los oficios DESAJNEO17-5544 del 9 de
noviembre de 2017, y DESAJIBO17-4500 del 23 de noviembre de 2017, emitidos por la
accionada y mediante los cuales, negó el reconocimiento como el pago de la prima
especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el pago del
30% de su salario básico mensual, y la reliquidación de todas sus prestaciones sociales,
generadas desde el Once (11) de enero del Dos Mil Trece (2013) y en adelante, como
Magistrado de tribunal.
50. A tono con lo anterior, se advierte como primera medida, que conforme con la
certificación de devengados del Seis (6) de diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017)27, expedida por la Dirección de Administración Judicial seccional de Ibagué –
Tolima, se relacionó la asignación básica mensual devengada por el actor y el valor
correspondiente a la prima especial de servicios, entre otros conceptos, correspondiente
a las anualidades 2016 y 2017, prueba documental que demuestra la tesis de la
24
Expediente físico, folios 49-55 / 33-35
25
Expediente físico, folios 59-63 / 38-43
26
Expediente físico, folios 36-37
27
Expediente físico, folios 46-48
14
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Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
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accionada, en tanto se observa el pago del salario, por ejemplo para el año 2017, en la
suma de $7.955.987, la prima especial de servicios por $2.386.797, lo que sumado
asciende al valor de $10.342.784 y resulta ser equivalente a la remuneración básica a la
luz del Decreto 1003 de 2017.
51. En este punto, la Sala reitera que la jurisprudencia de esta sección ha sido enfática
en señalar que, la prima especial de servicios debe ser un adicional al 100% del salario
básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha quedado sentado que
aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para el pago de aportes
pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación de prestaciones
sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas teniendo en cuenta
el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la prima especial de
servicios.
52. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso.
53. No obstante, nótese que, la entidad demandada por medio de los actos acusados
negó al actor el derecho reclamado de la prima especial de servicios, al considerar:
• Oficio DESAJNEO17-5544 del Nueve (9) de noviembre de Dos mil Diecisiete
(2017).
«En tal virtud, no puede la administración judicial, autorizar sin orden judicial que
así lo imponga y por ende sin el respectivo respaldo presupuestal, el
reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas de manera retroactiva,
desde el 1 de enero de 1993 en adelante, como pretenden en la actualidad
diferentes peticionarios, hacerlo sería actuar por fuera del ámbito de nuestra
competencia y generaría diferentes responsabilidades para la entidad y sus
diferentes agentes.
En ese orden de ideas, no es viable efectuar la reliquidación y pago de las
diferencias surgidas de la aplicación de la Ley 4ª de 1992 y los Decretos salariales
anuales, pues de hacerlo, implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, toda
vez que como se señaló en párrafos anteriores, mediante las facultades conferidas
por la mencionada ley, el Gobierno Nacional está expresamente facultado para
expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que el 30% de
la remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial
advirtiendo que la expresión “sin carácter salarial”, y por lo tanto no contradice los
mandatos constitucionales y legales, situación que la sentencia del Consejo de
Estado no modifica al declarar la nulidad del artículo 7º del Decreto 618 de 2007,
pues como se señaló anteriormente los efectos de la declaratoria de nulidad son
hacia futuro.»
15
Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
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• Oficio DESAJIBO17-4500 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017).
«Por lo anterior, se tiene que la Administración no es la instancia competente para
efectuar pagos adicionales en cuanto al pago de la Prima Especial de Servicios
sin Carácter salarial en un porcentaje del 30%, sin que exista una autorización o
directriz que nos ordene o sin que medie Orden Judicial que así lo imponga.
Así las cosas, con base en las directrices establecidas por el nivel central y por lo
expuesto en la normatividad antes descrita, ésta Dirección Seccional no puede
acceder a lo solicitado en su petición en relación al pago de SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES en virtud de la Ley 4 de 1992, toda vez que ésta
Dirección Seccional ha dado y dio cumplimiento al pago del salario del señor
Héctor Hugo Torres, en calidad de Magistrado de la Sala Plena del Tribunal
Superior de Distrito Judicial, tiempo en que ha estado vinculada en ésta Seccional
Tolima, conforme al cargo y al grado en el que ha estado nombrada y posesionada
en está seccional, teniendo en cuenta los Decretos Salariales vigentes y
expedidos cada año por el gobierno nacional.»
54. Los argumentos expuestos por la accionada para negar a la parte actora su derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios en los términos esbozados en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en concordancia con la línea jurisprudencial de esta
Sección, no son de recibo, pues, con ellos se desconoce que dicha prima, corresponde
a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como
un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
55. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.
56. Establecido lo anterior, procede la Sala a dilucidar el primer problema jurídico, en el
sentido de indicar que el A quo, no le otorgó a la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y reconocida al actor, efectos salariales, más allá de lo
correspondiente a los aportes a pensión, lo cual está conforme con el ordenamiento
jurídico que regula dicho emolumento.
57. Ello, por cuanto resalta la Sala que, la prima especial de servicios del 30% prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye un emolumento adicional al salario
básico mensual, que solo tiene carácter salarial para efectos pensionales. Así, lo definió
16
Número Interno: 6396-2022
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expresamente la Ley 332 de 1996, al disponer que esta prestación solo integra el ingreso
base de liquidación para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en
otras prestaciones sociales.
58. Tesis que, se torna pacífica en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado28, por medio de la cual, se ha indicado que la prima especial de
servicios, únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos pensionales,
de manera que, su reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal
y exceder la voluntad del legislador.
59. Criterio que se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional34 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios señalada en dicha norma. Al respecto la Corte precisó que «[e]l considerar que
los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho
al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
60. Así las cosas, encuentra la Sala que, tanto la norma que la creó, esto es, el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como los decretos que anualmente ha expedido el Gobierno
nacional y que han fijado el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial que se
acogieron a las disposiciones del Decreto 57 de 1993, entre ellos los decretos 1024 de
2013 y 194 de 2014; así como, la jurisprudencia de las Altas Cortes en mención han sido
enfáticas en precisar el carácter no salarial de la prima especial de servicios, lo cual,
conlleva a que, no pueda servir de base en la liquidación de prestaciones sociales y solo
tenga este carácter para efectos pensionales; no obstante, tales prestaciones sociales
deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la prima especial de servicios.
61. En ese orden, colige la Sala que el presente cargo de apelación no tiene vocación de
prosperidad.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera sentencia del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), expediente radicado 17001-23-33-000-2016-
00650-02 (0898-2020)
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62. Como segundo argumento de la alzada, sustenta la accionada que, no tiene
disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones causadas con anterioridad al
Primero (1) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), lo que, a su sentir, le impide dar
cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, por lo tanto, se procederá a resolver en
dichos términos el problema jurídico planteado.
63. Frente a ello, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad; por
cuanto y en tanto que, la tesis jurisprudencial de esta sección es pacífica en indicar
que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos salariales y
prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales
conllevan inmerso la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social
integral y que deben ser garantizados por el Estado respetivamente.
64. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores29. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales30.
65. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley31.
66. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 32:
«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
29
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
30
Cfr. Sentencia T-716/00
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección b, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
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fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».
67. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación no tiene vocación de
prosperidad.
68. Dilucidado lo anterior, la Sala en todo caso de oficio modificará la sentencia, en aras
de garantizar la congruencia entre el derecho reclamado y el ordenamiento jurídico que
lo regula, pues, se advierte que, el A quo incurrió en imprecisiones al momento de
conceder las pretensiones solicitadas a título de restablecimiento del derecho, en punto
a que, en los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia objeto del
recurso de apelación, se tornan reiterativos.
69. Lo anterior, por cuanto ordenó el pago todas las prestaciones sociales, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, vacaciones, seguridad
social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, emolumentos y derechos
laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen,
teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual legal,
incluyendo en la base de liquidación el 30% de la asignación básica mensual, que
no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado por la Administración Judicial
como prima especial sin carácter salarial, prevista en el art. 14 de la Ley 4 de 1992.
70. Seguidamente, ordenó el pago de las diferencias salariales, laborales y
prestacionales existente, entre la liquidación que hasta ahora le ha hecho la
Administración Judicial con el 70% de su salario básico y el valor que resulte, de reliquidar
todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión,
bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos
laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen,
teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual,
incluyendo en la base de liquidación el 30% del sueldo básico mensual, que no se
ha tenido en cuenta, porque se ha computado como prima especial sin carácter
salarial.
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71. Finalmente, en el numeral quinto, el cual fue corregido y aclarado en el sentido de
indicar que la condena en contra del demandado y a favor del demandante, y que ordena
el reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía al 30% de la asignación
básica, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte
integrante de esta, se concede a partir del 14 de octubre de 2014 hasta la fecha de la
sentencia, y en adelante, mientras permanezca vinculado en los cargos en que se genere
dicha prestación.
72. Todo lo anterior, origina una incongruencia, la cual debe ser dilucidada en esta
oportunidad, en torno a dar claridad a las órdenes judiciales, toda vez que, uno de los
porcentajes del 30 % corresponde al salario (con incidencia prestacional) y el otro, a la
prima especial adicional al salario, luego entonces, bajo estos términos se deben
conceder las pretensiones a título de restablecimiento del derecho.
73. Por otra parte, la sentencia de primera instancia declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción y como consecuencia de ello, se concedieron las pretensiones
a título de restablecimiento del derecho desde el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil
Catorce (2014), en adelante, sin embargo, las pruebas documentales existentes en el
expediente acreditan el servicio prestado por el señor Héctor Hugo Torres Vargas, en
ejercicio del cargo de magistrado de tribunal desde el Once (11) de enero de Dos Mil
Trece (2013), con vinculación activa en dicho cargo a Diciembre del 2021, por lo tanto,
los aportes a pensión se deben realizar por todo el tiempo del servicio prestado y
reclamado en las pretensiones de la demanda.
74. Lo anterior, por cuanto si bien, operó la prescripción en los términos señalados por el
A quo, omitió considerar la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma señala la
prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al
sistema pensional, respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de
las acreencias laborales periódicas.
75. En consecuencia, se modificará el plazo de la prescripción para ampliarlo en lo que
atañe a los aportes a pensión cuya base de liquidación estará conformada por el cien por
ciento (100%) de la asignación básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente a
la prima especial de servicios desde el Once (11) de enero de Dos Mil Trece (2013).
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76. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección33.
77. El reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, junto con la reliquidación de los
aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad llamada a juicio, de
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel
momento el demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedor de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.
78. Finalmente, se precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que, la demandada no haya efectuado otro pago por iguales conceptos a
los reconocidos, y dicho pago no puede desconocer los topes fijados por el Gobierno
nacional.
2.6. Condena en costas.
79. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión.
80. El demandante en su calidad de magistrado, durante el tiempo reclamado le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que, corresponde a la parte accionada dar
cumplimiento a la orden judicial en los términos de ley, en tanto que, la imposibilidad
económica y presupuestal alegada no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reclamado. En todo caso, la Sala modificará la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia, en los términos expuestos.
33
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. - MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima
– Sala de Conjueces el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), corregida y
aclarada por medio de la providencia adiada Nueve (9) de septiembre de Dos Mil
Veintidós (2022), que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, la cual
quedará así:
«PRIMERO. - Declarar probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN,
salvo los aportes a pensión que se deben pagar a favor del actor, y no probada la
excepción denominada INNOMINADA O GENÉRICA, propuesta por la
demandada, de acuerdo con lo expuesto.
SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD de los actos administrativos fictos o presuntos
negativos, al no resolver los recursos de apelación interpuestos por el actor contra
los oficios DESAJNE017-544 del 09 de noviembre de 2017 y DESAJIB017-4500
del 23 de noviembre de 2017, emanados de la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho se condena a la NACIÓN
• RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL a reliquidar, reconocer y pagar al señor Héctor Hugo Torres Vargas
desde el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Catorce (2014) hasta la entrada
en vigencia del Decreto 272 del 2021, las diferencias prestacionales existentes,
entre la liquidación que hasta ahora ha realizado las Direcciones Ejecutivas de
Administración Judicial de Neiva e Ibagué con un 70% del salario básico y el valor
que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de
navidad, prima de servicios, seguridad social en salud y pensión, vacaciones,
cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás
prestaciones, emolumentos y derechos laborales, se puedan ver incididos,
teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica
mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado un 30% como
prima especial.
CUARTO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor Héctor Hugo
Torres Vargas, la prima especial de servicios como adición al salario, equivalente
a un 30% del 100% del salario, desde el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil
Catorce (2014) y hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), fecha en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 se inició a pagar la
prima especial como una adición al salario.
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
QUINTO: Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a liquidar y trasladar al fondo de pensiones
correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones
que resulten procedentes, a partir del Once (11) de enero de Dos Mil Trece (2013),
y hasta el momento de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si el
demandante siguiere vinculado en su calidad de magistrado de tribunal, teniendo
en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso
base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual
más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios,
en los términos previstos en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no
hubieren sido efectuadas previamente.
SEXTO. - Las condenas impuestas deben supeditarse a los topes fijados por el
Gobierno Nacional y están condicionadas a que la entidad demandada -Rama
Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante, por los mismos
conceptos reconocidos.
SÉPTIMO. - A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados
por los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
OCTAVO. - Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino
a las partes con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y
con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de
febrero de 1995.
NOVENO. - Sin costas.»
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
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Número Interno: 6396-2022
Demandante: Héctor Hugo Torres Vargas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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