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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01872-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01872-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará así: «SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las sumas a que haya lugar por razón de condena a la Nación –Rama Judicial, en el entendido de que las sumas causadas antes del 23 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas. La prescripción no opera frente a las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.» SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará: CUARTO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar en favor de la señora AZUCENA DE JESÚS NARANJO CABALLERO las diferencias salariales derivadas de la indebida disminución de su asignación básica, al haberse considerado como prima especial de servicios el Treinta por Ciento (30 %) de dicha remuneración, a partir del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Doce (2012), en razón de la prescripción declarada, conforme con lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia, la entidad demandada deberá reliquidar las prestaciones sociales a que haya lugar, exclusivamente respecto del período no prescrito, tomando como base la recomposición de la asignación básica con el treinta por ciento (30 %) indebidamente disminuido, es decir, teniendo en cuenta el cien por ciento (100%) de la asignación básica, sin que ello implique reconocer la prima especial de servicios como factor salarial autónomo. Lo anterior, hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. En ningún caso la totalidad de los ingresos podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad. El cumplimiento de la presente sentencia estará […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01872-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01872-01 (2003-2021)1
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia
del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de
conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Azucena de Jesús Naranjo Caballero, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el con el propósito de
obtener la nulidad de las resoluciones 7209 del Catorce (14) de octubre de Dos Mil Quince
(2015) y 8174 del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por medio de las
cuales, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó y confirmó,
respectivamente, la negativa a reconocer las diferencias derivadas de la forma en que
fue liquidada la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1
Expediente híbrido
2
Samai, índice 018, documento 33

2

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento del Treinta por
Ciento (30 %) faltante para completar el Ciento por Ciento (100 %) de la asignación
básica, el pago de la prima especial como un valor adicional, la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre la remuneración íntegra, la actualización de las sumas, los
intereses que resultaran procedentes y el cumplimiento de la sentencia en los términos
del CPACA.

3. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:

4. La señora Azucena de Jesús Naranjo Caballero, se desempeñó como jueza
municipal, de familia y de circuito al servicio de la Rama Judicial desde el Treinta y Uno
(31) de mayo de Dos Mil Cuatro (2004). Señaló que durante esas vinculaciones la
administración trató el Treinta por Ciento (30 %) de la remuneración como prima especial
y el Setenta por Ciento (70 %) restante como asignación básica, con incidencia en el
pago de sus prestaciones.

5. El Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Quince (2015) elevó reclamación
administrativa ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para obtener el
reajuste salarial y prestacional derivado de la prima especial.

6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Cundinamarca negó lo solicitado mediante las resoluciones 7209 del Catorce (14) de
octubre de Dos Mil Quince (2015) y 8174 del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016).

1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

8. La Constitución Política: preámbulo y artículos 1,13, 25 y 53, Ley 4ª de 1992,
artículo 2º; Decreto No.10 de 1993; artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo
84 del CCA; artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

9. En síntesis, sostuvo que el Gobierno nacional interpretó y aplicó indebidamente la
Ley 4ª de 1992 al sustraer de la asignación básica el porcentaje correspondiente a la
prima especial, con lo cual se produjo una desmejora salarial y prestacional contraria a
los principios de igualdad, favorabilidad y progresividad.

3

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

10. Agregó que la administración debía adecuar su actuación a la jurisprudencia del
Consejo de Estado que declaró la nulidad de las disposiciones salariales que reproducían
ese entendimiento y, por consiguiente, reconocer la asignación básica en un Ciento por
Ciento (100 %) y adicionar a ella la prima especial.

1.3. Contestación de la demanda3

11. La entidad demandada, actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

12. Afirmó que, la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
corresponde al Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, mientras que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cumple funciones de ejecución y pago.
Sostuvo que no podía reconocer emolumentos en condiciones distintas de las previstas
en los decretos salariales ni comprometer recursos no apropiados.

13. Explicó que, la prima especial no constituye factor salarial para la liquidación de
las prestaciones sociales, salvo su incidencia en materia pensional. Formuló las
excepciones de «ausencia de causa petendi», «prescripción», e «innominada». En lo
referente a la prescripción, indicó expresamente que la reclamación administrativa había
sido presentada el Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Quince (2015) y que, por ello,
estaban prescritas las diferencias anteriores al Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil
Doce (2012).

1.4. La sentencia de primera instancia4

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Sala Transitoria,
por medio de la sentencia adiada del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de la
siguiente manera:

3
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 48
4
Expediente hibrido, Samai, índice 018, documento 66

4

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

« PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de
2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las sumas a que
haya lugar por razón de condena a la Nación –Rama Judicial, en el entendido de que las
sumas causadas antes del 23 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No. 7209 del 14 de octubre de 2015, No. 7860 del 29 de octubre de 2015, y
No. 8174 del 13 de diciembre de 2016 proferidas por la Nación – Rama Judicial, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor de la
señora AZUCENA DE JESÚS NARANJO CABALLERO retroactivamente la diferencia
existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de: ingresos mensuales
correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30% de acuerdo a la prima
especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el
salario básico es decir teniendo en cuenta el 30% del salario básico que no fue tenido
en cuenta al momento de su liquidación, en lo correspondiente a los periodos
comprendidos desde el 23 de septiembre de 2012 y hasta tanto funja o haya fungido en el
cargo de Juez de la República: DEBIÉNDOSE DESCONTAR LO EFECTIVAMENTE
PAGADO POR ESTOS MISMOS CONCEPTOS, y sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: La Nación - Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto
en la parte motiva.

SEPTIMO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.

OCTAVO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la
parte demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere
lugar, y al archivo del expediente.
[…]».

15. Como sustento de su decisión, el Tribunal acudió a las reglas fijadas por la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-
S2-2019. Consideró que la señora Azucena de Jesús Naranjo Caballero, durante los
períodos en que ejerció como jueza de la República, era beneficiaria de la prima especial
de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y que la administración había reducido
indebidamente su asignación básica al Setenta por Ciento (70 %), al identificar el Treinta
por Ciento (30 %) restante como prima especial.

5

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

16. Precisó que la asignación básica debía pagarse en un Ciento por Ciento (100 %)
y que la prima especial debía reconocerse como un incremento adicional, sin que esta
última constituyera factor salarial para la liquidación de las demás prestaciones sociales.
En consecuencia, estimó procedente declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar
el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes, con
observancia de los topes fijados por el Gobierno Nacional y descontando lo efectivamente
pagado por los mismos conceptos.

17. En cuanto a la prescripción, estableció que la reclamación administrativa fue
presentada el Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Quince (2015), por lo que declaró
prescritas las sumas causadas con anterioridad al Veintitrés (23) de septiembre de Dos
Mil Doce (2012). Asimismo, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo
de imponer condena en costas.

1.5. De los recursos de apelación

1.5.1. Parte demandante5

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación y advirtió expresamente que
lo hacía «sólo en lo desfavorable con respecto a la prescripción». Solicitó revocar
parcialmente la sentencia en ese punto y, como consecuencia, acceder al reconocimiento
de las acreencias que el Tribunal consideró prescritas.

19. Sostuvo que el derecho reclamado solo adquirió certeza y exigibilidad cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014),
mediante la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de varias
disposiciones de los decretos salariales expedidos entre Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) y Dos Mil Siete (2007). A su juicio, mientras aquellas normas permanecieron
amparadas por la presunción de legalidad existía un obstáculo jurídico que impedía exigir
las diferencias salariales y prestacionales; por ello, atribuyó a esa providencia carácter
constitutivo y fijó como punto de partida de la prescripción su ejecutoria, ocurrida el
Veintidós (22) de julio de Dos Mil Catorce (2014).

20. Señaló que, como la reclamación administrativa se presentó el Veintitrés (23) de

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Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 68

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

septiembre de Dos Mil Quince (2015), fue formulada dentro de los tres (3) años siguientes
a la fecha en que, según su tesis, surgió la posibilidad jurídica de reclamar. Para respaldar
su planteamiento invocó precedentes en los que la Corporación diferenció entre
sentencias declarativas y constitutivas y sostuvo que no era posible sancionar la
inactividad del titular mientras subsistiera el acto general que impedía el reconocimiento
del derecho. Agregó que una solución distinta desconocería la confianza legítima y
permitiría a la administración beneficiarse de su propia actuación irregular, razón por la
cual, pidió dejar sin efectos la prescripción declarada por el A quo.

1.5.2. Parte demandada6

21. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación. Aunque reconoce las reglas fijadas en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
en particular, que la prima especial de servicios constituye un incremento de la
asignación básica, que las prestaciones sociales deben liquidarse sobre el Ciento por
Ciento (100 %) de aquella y que la prima únicamente tiene carácter salarial para
efectos pensionales, solicitó modificar la decisión con fundamento en razones
presupuestales, competenciales y de prescripción.

22. Expuso que la Dirección Ejecutiva carece de competencia para crear o modificar
el régimen salarial y prestacional y que, respecto de los funcionarios activos, el
cumplimiento general del precedente requería la correspondiente regulación del Gobierno
nacional y la apropiación presupuestal. Señaló que no existía disponibilidad para asumir
esos pagos con cargo a gastos de personal y que había solicitado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios, entre otros, mediante los oficios
DEAJ019-1361 del Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019) y
DEAJ020-127 del Seis (6) de febrero de Dos Mil Veinte (2020). Añadió que efectuar
erogaciones sin certificado de disponibilidad presupuestal desconocería las reglas
orgánicas del presupuesto.

23. Finalmente, respecto de la prescripción afirmó que la reclamación administrativa
había sido presentada el Nueve (9) de octubre de Dos Mil Quince (2015) y, con
fundamento en esa fecha, solicitó declarar prescritas las diferencias causadas con
anterioridad al Nueve (9) de octubre de Dos Mil Doce (2012). En consecuencia, pidió que

6
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 69

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

la sentencia fuera modificada en los aspectos objeto de inconformidad.

1.5. Trámite de segunda instancia

24. Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), los consejeros Carmelo
Perdomo Cuéter, César Palomino Cortés y Sandra Lisset Ibarra Vélez, integrantes de la
Subsección B, manifestaron impedimento para tramitar y decidir el asunto, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del
Proceso. En consecuencia, remitieron el expediente a la Subsección A para que
resolviera la manifestación7.

25. Mediante auto del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintidós (2022), la
Subsección A declaró fundado el impedimento de los integrantes de la Subsección B y
los separó del conocimiento del asunto. A su vez, sus integrantes, William Hernández
Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, se declararon
impedidos por la misma causal y ordenaron sortear los conjueces que decidirían esa
manifestación8.

26. El Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022) se efectuó el sorteo de
conjueces, en el que fueron designados Néstor Raúl Correa Henao, como conjuez
ponente, y Héctor Díaz Moreno, como integrante de la Sala9. Luego, por auto del Doce
(12) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), la Sala de Conjueces declaró fundado el
impedimento de los miembros de la Subsección A y los separó del conocimiento del
proceso10.

27. Mediante auto del Primero (1) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), el
conjuez ponente Néstor Raúl Correa Henao admitió los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil
Veinte (2020) 11.

28. Mediante auto del Dos (2) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), el conjuez
ponente consideró innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento y, en consecuencia, corrió traslado a las partes por el término común de Diez

7
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 5
8
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 7
9
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documentos 10 y 11
10
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 93
11
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 97

8

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

(10) días para presentar alegatos de conclusión; asimismo, dispuso que, vencido aquel
término, se corriera traslado al Ministerio Público por igual lapso para rendir concepto12.

29. Dentro de la oportunidad concedida, el Quince (15) de mayo de Dos Mil Veintitrés
(2023), la parte demandante presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un
incremento adicional a la asignación básica y no una disminución de esta. Sostuvo que,
la administración sustrajo indebidamente el Treinta por Ciento (30 %) del salario básico
para denominarlo prima especial sin carácter salarial, lo cual, repercutió en la liquidación
de sus prestaciones sociales. En cuanto a la prescripción, insistió en que el derecho
reclamado solo adquirió certeza con la declaratoria de nulidad de los decretos salariales
y, por ello, solicitó revocar la sentencia apelada únicamente en ese aspecto y acceder
integralmente a las pretensiones de la demanda13.

30. Por su parte, la Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo
de Estado rindió el Concepto No. 249-2023 del Veintidós (22) de junio de Dos Mil
Veintitrés (2023). Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró que el
Tribunal aplicó correctamente las reglas fijadas en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
según las cuales la prima especial de servicios constituye un incremento de la asignación
básica; las prestaciones sociales deben liquidarse sobre el Ciento por Ciento (100 %) de
esta, sin sumar ni restar el porcentaje de la prima; y la prescripción debe contabilizarse
desde la reclamación administrativa, con reconocimiento de las acreencias causadas
durante los Tres (3) años anteriores14.

31. Posteriormente, mediante auto del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veinticinco
(2025), el conjuez ponente ordenó remitir el expediente al despacho de origen, para que
determinara si operaba el desplazamiento de los conjueces, de conformidad con el
artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en atención a la reconfiguración de la lista de conjueces y a los cambios
ocurridos en la integración de la Sección Segunda del Consejo de Estado15.

32. Mediante auto del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), este
despacho avocó conocimiento del proceso, en el estado en que se encontraba, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo

12
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 102
13
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 106
14
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 106 y 107
15
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 121

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

y de lo Contencioso Administrativo, y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente16.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

33. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para
negar las pretensiones de la demanda?

ii) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?

iii) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por la señora Azucena de Jesús Naranjo Caballero?

35. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios, ii)
hechos probados y iii) caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

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Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 138

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

2.3.1. De la Prima Especial de Servicios

36. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

37. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

38. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

39. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.3.2. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social

40. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado17 y reiterado18:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral
se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho
reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de
la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a
través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»

En la sentencia del 2 de septiembre de 200919, el Consejo de Estado determinó que
en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto
3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)

12

Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior20 como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad
y con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o
la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.»

41. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley
4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló
los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales,
por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.

42. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.

2.3. Hechos probados

43. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente y con los hechos de
vinculación aceptados por la entidad, para la solución de la controversia se encuentran
acreditadas las siguientes circunstancias relevantes:

• De acuerdo con la certificación expedida por el Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, la señora
Azucena de Jesús Naranjo Caballero desempeñó, en distintos momentos, cargos de
jueza de la República cobijados por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, desde el Treinta
y Uno (31) de mayo de Dos Mil Cuatro (2004) 21.

20
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
21
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 47, págs.17-18.

13

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Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

• La demandante elevó la reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, el Veintitrés (23) de
septiembre de Dos Mil Quince (2015). En dicha reclamación solicitó que se reconociera
y pagara el Treinta por Ciento (30 %) de la remuneración mensual que, a su juicio, hacía
falta para completar el Ciento por Ciento (100 %) de su salario; las consecuencias
prestacionales derivadas de ese porcentaje, incluidas las cesantías e intereses a las
cesantías; las diferencias relacionadas con la prima especial de servicios prevista en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; la actualización de las sumas adeudadas y los
correspondientes intereses legales y moratorios22.

• Las resoluciones 7209 del Catorce (14) de octubre de Dos Mil Quince (2015) y 8174 del
Trece (13) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016) negaron el reconocimiento
económico solicitado23.

2.4. Caso concreto

44. En este punto, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Sala de Conjueces, definió el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
precisó que, la prima especial de servicios constituye un incremento de la asignación
básica de los servidores beneficiarios y no una porción de esta.

45. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que «La prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a
su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación».

46. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala Plena de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del
mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima especial

22
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 149, págs.22-34, 38; documento 18, pg.12.
23
Expediente híbrido, Samai, índice 018, documento 149, págs.46, 60, 57-77.

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allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle esa
denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %». Este
entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias como
la que ocupa la atención de la Sala.

47. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha
quedado sentado que aquella prima especial de servicios, solo es factor salarial para el
pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación de
prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.

48. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso. La documentación salarial incorporada al proceso y la posición asumida
por la entidad muestran que, durante las vinculaciones reseñadas, la prima especial fue
tratada como una porción de la remuneración fijada para el cargo y no como un valor
adicional al Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica. En consecuencia, le
resultan aplicable a la actora, las reglas establecidas en la sentencia proferida por la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (22042018).

49. En ese sentido, debe advertirse que, aunque la motivación del A quo acogió la
sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, la redacción del mandato resulta confusa
frente al carácter salarial de la prima especial de servicios, por lo que se estima necesario
precisar el alcance de la decisión adoptada, con el fin de evitar interpretaciones que
conduzcan a considerar que la prima especial adquiere carácter salarial general para
todos los efectos legales, conclusión expresamente descartada por el legislador.

50. En consecuencia, se procederá a modificar el ordinal cuarto de aquella aclarando
que, lo que se ordena es la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta
el 100% de la asignación básica, sin adicionar la prima como factor salarial autónomo.

51. Establecido lo anterior, continúa la Sala con la resolución de los siguientes aspectos
del recurso de apelación.

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2.4.1. De la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

52. Uno de los puntos de censura de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial frente a la decisión de primera instancia, radica en la falta de competencia para
interpretar las leyes e inaplicarlas, lo cual, afirma, corresponde al juez de lo contencioso
administrativo.

53. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, corresponde a la Rama Judicial en su
calidad de empleador, atender a cabalidad las reglas fijadas en dicha providencia, sin que
sea jurídicamente factible que, la ausencia de competencia alegada, tenga como efecto
enervar las pretensiones de la demanda, cuando está debidamente decantado el
derecho que le corresponde a la demandante en su calidad de juez de la República, razón
suficiente para no avalar el argumento de apelación.

54. Al respecto, esta Sala ha precisado que, «a partir de dicha situación, se dio una
interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto
consideraron que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación
básica. […] En consecuencia, el hecho que la Rama Judicial considerara que actuó conforme a
derecho al proceder en cumplimiento de los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional, lo cierto es que, actuó bajo una interpretación errónea, contraria a las normas superiores
que pretenden desarrollar aquellos, que debe ser corregida para garantizar los principios […],
particularmente, en escenarios en los que está demostrado que se fraccionó la remuneración
mensual, al haberse pagado el 30 % de esta a título de prima especial, y liquidado las
prestaciones sociales sobre el 70 % restante».

55. En ese mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento según el cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no podía reconocer el derecho mientras el
Gobierno nacional expidiera una regulación posterior, pues, se itera, la sentencia SUJ-
016-CE-S2-2019 no creó una prestación nueva, sino que definió el alcance de un derecho
previsto desde la Ley 4ª de 1992 y corrigió la interpretación que había llevado a fraccionar
el salario.

2.4.2. De las limitaciones presupuestales

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56. Frente al argumento por medio del cual, sustenta la accionada no tener disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por la demandante, lo que, a su
juicio, le impide dar cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, precisa la Sala que,
tal reparo tampoco tiene vocación de prosperidad; por cuanto, la tesis jurisprudencial de
esta Sección es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica el
desconocimiento de derechos salariales y prestacionales que integran el derecho
fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y que deben ser garantizados
por el Estado respetivamente.

57. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores24. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales25.

58. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley26.

59. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 27:

«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».

24
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
25
Cfr. Sentencia T-716/00
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

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60. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera, las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales28.

2.4.3. De la prescripción

61. Sobre este punto, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es un fenómeno
jurídico procesal en virtud del cual, a pesar de ser titular de un derecho, se pierde por
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos
que la reclamación y/o demanda se haya interpuesto dentro de los términos legales.

62. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal
consagrado en el artículo 4129 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

63. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción,
fue definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:

«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia.

Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su
contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

28
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02 (2857-2019), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; y sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado 25000-23-42-000-2013-
05452-02 (6500-2019), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
29
Decreto 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.

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Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de
1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado
en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»

64. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados
podrían reclamar los derechos que por prima especial de servicios consideraban les
resultaba aplicable a cada caso.

65. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según lo
establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala Plena de Conjueces de esta
Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella se aclaró la manera
en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente vinculante y
vigente para el momento en que se resuelve la litis.

66. Bajo este contexto, es claro que la apelación de la demandante tampoco prospera en
cuanto pretende que la prescripción se contabilice desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014). Ese argumento fue examinado y
descartado expresamente por la SUJ-016-CE-S2-2019.

67. A diferencia de los supuestos citados por la apelante, en este caso no existía una
prohibición legal que hiciera jurídicamente imposible formular la reclamación. La Ley 4ª
de 1992 consagró la prima y los decretos salariales exteriorizaron anualmente la forma
en que la administración la estaba liquidando. Precisamente por ello, la sentencia de
unificación concluyó que los beneficiarios podían controvertir esa aplicación desde la
exigibilidad del derecho y que la sentencia de nulidad de Dos Mil Catorce (2014) tuvo
naturaleza declarativa.

68. En cuanto al recurso de la Rama Judicial, tampoco es de recibo la fecha del Nueve
(9) de octubre de Dos Mil Quince (2015) que menciona para desplazar el límite de la
prescripción al Nueve (9) de octubre de Dos Mil Doce (2012). El expediente acredita que
la reclamación de la demandante fue radicada el Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil
Quince (2015); esa fue, además, la fecha admitida por la propia entidad al contestar la

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demanda. La afirmación posterior del recurso carece de respaldo documental y no
desvirtúa el hecho probado.

69. En consecuencia, la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales opera
respecto de las sumas causadas antes del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Doce
(2012), tal como lo concluyó el A quo; sin embargo, la declaración de prescripción de las
acreencias económicas no puede trasladarse a las diferencias en los aportes
pensionales. Este punto está íntimamente ligado al reparo de la demandante sobre el
alcance de la prescripción y, además, deriva de la regla legal que atribuye carácter
salarial a la prima especial exclusivamente para efectos pensionales.

70. Lo anterior, por cuanto si bien operó la prescripción en los términos señalados, se
debe considerar la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma señala la prima
especial de servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema
pensional, respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las
acreencias laborales periódicas.

71. Por ello, la entidad deberá revisar las cotizaciones correspondientes a todos los
períodos efectivamente servidos y acreditados en cargos de jueza de la República
reclamados en el proceso, incluidos aquellos cuyas diferencias salariales y
prestacionales se encuentran prescritas. Como todos esos períodos son posteriores a la
entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización debe considerar el
Ciento por Ciento (100 %) de la asignación básica mensual más el Treinta por Ciento (30
%) correspondiente a la prima especial.

72. Valga la pena recordar que el pago de aportes pensionales está ligado al derecho
pensional, el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene
decantado esta Subsección30.

73. Con el fin de evitar un doble pago, solo deberán liquidarse y trasladarse al fondo de
pensiones las diferencias que resulten entre las cotizaciones efectivamente realizadas y
las que legalmente debieron efectuarse, de modo que cualquier aporte ya satisfecho
deberá ser descontado.

30
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-
2024.

20

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74. El reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, junto con la reliquidación de los
aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad demandada dé
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, que reguló expresamente el pago
de la prima especial como un Treinta por Ciento (30 %) del salario básico, si para aquel
momento la demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedora de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.

2.6. Condena en costas

75. El artículo 188 del CPACA dispone que la sentencia decidirá sobre la condena en
costas. La jurisprudencia de esta Sección ha atendido a un criterio subjetivo, que exige
valorar la conducta procesal de las partes y la efectiva causación de los gastos.

76. En esta instancia no se advierte temeridad, mala fe ni una actuación dilatoria de
ninguno de los extremos procesales. Además, ambos recursos resultan parcialmente
infructuosos y la decisión exige precisiones sobre el alcance del restablecimiento. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en segunda instancia y se mantendrá
la decisión de no condenar adoptada por el Tribunal.

2.7. Conclusión

77. Le asiste el derecho a la demandante, en su calidad de juez de la República, al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. No prosperan los argumentos de la Rama Judicial relativos a la falta de
competencia y de apropiación presupuestal. Tampoco prospera la tesis de la demandante
según la cual la prescripción debe contarse desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014). Por lo tanto, se mantendrá la
prescripción de las diferencias salariales y prestacionales causadas antes del Veintitrés
(23) de septiembre de Dos Mil Doce (2012), sin extenderla a las cotizaciones pensionales,
las cuales deberán corregirse por todos los períodos acreditados, con observancia de la
Ley 332 de 1996. Asimismo, se modificará para precisar que las prestaciones sociales
deben reliquidarse sobre el Cien por Ciento (100 %) de la asignación básica, sin
reconocer la prima especial como factor salarial autónomo. En consecuencia, se
modificará y adicionará la sentencia apelada para precisar el alcance de la prescripción,
la forma de liquidar la prima, las prestaciones y las cotizaciones pensionales; y se
confirmará en lo demás.

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio
de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará así:

«SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las sumas a que
haya lugar por razón de condena a la Nación –Rama Judicial, en el entendido de que las
sumas causadas antes del 23 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas. La
prescripción no opera frente a las diferencias en las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.»

SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta y
Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará:

CUARTO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar en favor de la señora
AZUCENA DE JESÚS NARANJO CABALLERO las diferencias salariales derivadas de la
indebida disminución de su asignación básica, al haberse considerado como prima especial
de servicios el Treinta por Ciento (30 %) de dicha remuneración, a partir del Veintitrés (23)
de septiembre de Dos Mil Doce (2012), en razón de la prescripción declarada, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

En consecuencia, la entidad demandada deberá reliquidar las prestaciones sociales a que
haya lugar, exclusivamente respecto del período no prescrito, tomando como base la
recomposición de la asignación básica con el treinta por ciento (30 %) indebidamente
disminuido, es decir, teniendo en cuenta el cien por ciento (100%) de la asignación básica,
sin que ello implique reconocer la prima especial de servicios como factor salarial
autónomo. Lo anterior, hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial.

En ningún caso la totalidad de los ingresos podrá superar el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno Nacional para cada anualidad. El cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en todo caso, no se podrá
extender el esquema de reliquidación anterior al Decreto 272 de 2021 más allá del Treinta
y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud de dicho
decreto se inició a pagar la prima especial como una adición al salario.

Así mismo, la entidad deberá efectuar las cotizaciones y, de ser el caso, trasladar al fondo
de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en

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Número Interno: 2003-2021
Demandante: Azucena de Jesús Naranjo Caballero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

Pensiones, que resulten procedentes, desde el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil
Cuatro (2004), fecha de vinculación de la demandante a la Rama Judicial como juez, y
mientras permanezca vinculada a un cargo beneficiario del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
teniendo en cuenta que: (i) respecto del período comprendido entre el Treinta y Uno (31)
de mayo de Dos Mil Cuatro (2004), y la fecha en que cese la relación laboral, el ingreso
base de cotización deberá corresponder al cien por ciento (100%) de la asignación básica
mensual; y (ii) adicionalmente, deberá incluirse el treinta por ciento (30%) correspondiente
a la prima especial de servicios como factor salarial para efectos pensionales, en los
términos previstos en el artículo 1º de la Ley 332 de 1996, siempre que dichas cotizaciones
no hubieren sido efectuadas previamente.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de
Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, por medio de la cual, concedió parcialmente las pretensiones
de la demanda.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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