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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01779-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01779-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar los ordinales 5° y 7° de la sentencia de primera instancia objeto de apelación que ordenaron el pago de la prima especial de servicios en cuantía del 30% de la asignación básica mensual decretada por el gobierno nacional y condenó en costas de primera instancia a la parte demandada, para en su lugar ordenar solo el pago del 30% del salario fraccionado y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y no condenar en costas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo. Revocar parcialmente, modificar y adicionar el ordinal 4° de la sentencia de primera instancia del 29 de marzo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de señalar que el restablecimiento del derecho obedecerá al pago del 30% del salario fraccionado, la reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con ese porcentaje de la asignación básica, declarar la prescripción de los emolumentos causados antes del 30 de julio de 2011, limitar el pago de la condena al 31 de diciembre de 2020 y condicionarlo a la observancia de los topes fijados por el gobierno nacional y a la verificación de que no se hayan realizado pagos previos por los mismos conceptos aquí ordenados. Finalmente se ordenará el pago de los aportes deficitarios a pensión sobre los cuales no operó el fenómeno de la prescripción. La orden quedará del siguiente modo: Cuarto: condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a Jorge Enrique Figueroa Morantes el 30% del salario que le fue fraccionado por el incorrecto pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación, en el mismo porcentaje, de las prestaciones 20 Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023) Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes sociales que se calculan con base en el salario, causadas desde el 30 de julio de 2011, por prescripción trienal, hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando el demandante siguiera desempeñando un empleo que le diera derecho a percibir la citada prima especial y la demandada se la haya pagado como un emolumento adicional al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01779-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el 29 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Jorge Enrique Figueroa Morantes presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR14-4622 del 29

1 En adelante DEAJ.
2 Expediente digital en el índice 2 de Samai de esta instancia. La demanda fue presentada el 2 de

agosto de 2016, según acta de reparto en el folio 58 del documento 1.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

de agosto de 2014 y 7182 del 31 de diciembre de 20154 proferidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín5 y la DEAJ por medio de
la cual le negó el reconocimiento del 30% del salario dejado de pagar o pagado a
título de prima especial de servicios y la reliquidación de sus prestaciones sociales
de acuerdo con ese porcentaje.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 5 de noviembre de 2002 hasta que
desempeñe el empleo que le da derecho, de los siguientes emolumentos: a) el 30%
del salario básico que no se le pagó por haber sido catalogado como la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y b) las
diferencias causadas por la reliquidación de todas las prestaciones sociales, de
acuerdo con el 100% de la remuneración básica mensual; ii) luego de la expedición
de la sentencia, continuar con el pago del salario en el 100% de la cifra establecida
por el gobierno nacional más el 30% de ese valor a título de prima especial de
servicios; iii) la actualización mes a mes sobre el valor de la condena de acuerdo
con el índice de precios al consumidor; iv) los intereses sobre las sumas adeudadas;
y v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. Jorge Enrique Figueroa Morantes se desempeñó como juez penal municipal de
Medellín desde el 5 de noviembre de 2002.

3.2. El 30 de julio de 2014 presentó reclamación administrativa ante el «Consejo
Seccional de Administración Judicial de Medellín» en la que solicitó el pago del 30% del
salario dejado de pagar o pagado a título de prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de todas las prestaciones
sociales que se calculan con base en el salario.

3.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESAJMR14-4622
del 29 de agosto de 2014. En contra de esa decisión interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por medio de la Resolución 7182 del 31 de diciembre de 2015 por
la cual confirmó la decisión recurrida.

4 La nulidad de este acto fue solicitada por medio de la reforma a la demanda del 22 de noviembre

de 2016 por haber sido notificada al demandante con posterioridad a la radicación de la demanda.
Folios 86 y 87 del documento 1.
5 En lo siguiente DESAJ.
6 Folios 4 al 7 del documento 1 del expediente digitalizado.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 2 y 14 de la
Ley 4ª de 1992; 323 del Código General del Proceso7; y 203 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente8:

5.1. El legislador creó la prima especial de servicios a través del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. El gobierno nacional reglamentó dicho emolumento por medio de los
decretos 51, 53 y 57 de 1993, en los que dispuso que el 30% de la asignación básica
salarial correspondía a la citada prima especial de servicios la cual no tenía carácter
salarial. Por lo tanto, la entidad solo le pagó el 70% de la asignación básica que le
correspondía y sus prestaciones sociales también se calcularon con una base
salarial desmejorada.

5.2. Lo anterior fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de abril de 20149, en la que se determinó que la prima especial de
servicios debía ser reconocida de manera adicional, por lo que tenía derecho a la
reliquidación del salario básico y de las prestaciones sociales que se calculan con
base en ese rubro.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DESAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación10:

6.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
tiene carácter salarial, por lo que no constituye factor para la liquidación de las
prestaciones sociales. La anterior postura fue desarrollada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-279 de 1996 y C-052 de 1999, decisiones que
hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional. En consecuencia, no era
jurídicamente procedente incorporar el 30% de la prima especial como factor salarial
para reliquidar las primas de servicios y de navidad, las vacaciones, cesantías o la
bonificación por servicios prestados.

6.2. Aunque el Consejo de Estado11 declaró la nulidad de los decretos salariales

7 En lo siguiente CGP.
8 Folios 153 al 178 del expediente físico.
9 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
10Folios 116 al 125 del documento 1.
11Sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). C.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

expedidos entre los años 1993 y 2007, dicha decisión obedeció a que el gobierno
había entendido equivocadamente que el 30% de la asignación constituía la propia
prima, reduciendo en ese porcentaje el salario básico, cuando la interpretación
correcta consistía en calcular la prima como un valor adicional equivalente al 30%
del salario. Por tanto, la nulidad no modificó el carácter no salarial establecido por
la Ley 4ª de 1992 ni autorizó, por sí misma, la reliquidación retroactiva de las
prestaciones.

6.3. Los efectos de las sentencias de nulidad de los decretos salariales son hacia el
futuro o ex nunc, pues fueron proferidas dentro de una acción de simple nulidad y
produjeron efectos generales, sin que pudiera derivarse de ella un restablecimiento
retroactivo de derechos particulares. La administración se sujetó al régimen salarial
vigente y a los decretos anuales, de modo que liquidó y pagó la prima especial
conforme con las reglas previstas.

6.4. Las pretensiones del demandante generarían obligaciones económicas
adicionales que no cuentan con la apropiación presupuestal necesaria por lo que
acceder a lo pedido implicaría desconocer el marco normativo sobre régimen fiscal.

7. Propuso como excepciones la ausencia de causa petendi por inexistencia del
derecho reclamado y cobro de lo no debido y prescripción trienal.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en sentencia proferida
el 29 de marzo de 201912, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandada. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

«PRIMERO: DECLARANSE IMPROSPERAS las excepciones propuestas por la parte
demandada.

SEGUNDO: INAPLICANSE las siguientes normas:

Decreto 723 de 2009, articulo 8
Decreto 1388 de 2010, artículo 8
Decreto 1039 de 2011, artículo 8
Decreto 874 de 2012, articulo 8
Decreto 1024 de 2013, articulo 8
Decreto 194 de 2014, articulo 8

TERCERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del acto administrativo contenido la Resolución
DESAJM14-4622 del 29 de Agosto de 2014, expedido por el Director Seccional Antioquia
Chocó de la Administración Judicial, y La Resolución 7182 de 31 de Diciembre de 2015,

12 Folios 177 al 188 del documento 1.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

CUARTO: CONDÉNASE corno consecuencia de la anterior declaración a la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
reconocer y pagar a JORGE ENRIQUE FIGUEROA MORANTES […] desde el día 5 de
Noviembre de 2002 hasta cuando dejó de regir la norma que negaba el carácter salarial
al treinta por ciento de la remuneración, la diferencia entre lo pagado por prestaciones
sociales y laborales y el Ciento por ciento de su remuneración, es decir con inclusión del
dicho treinta por ciento. También a reconocer y pagar por el mismo lapso el valor de las
diferencias salariales, prestacionales y laborales, entre la liquidación efectuada con el
setenta por ciento del salario básico y el ciento por ciento del mismo.

QUINTO: CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar al demandante, a título de
prima especial, a la luz de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1.992, un incremento
del treinta por ciento sobre la remuneración mensual fijada por el Gobierno Nacional año
tras año, durante el tiempo de su vinculación al cargo de Juez Penal Municipal.

SEXTO: Las sumas debidas se actualizarán de conformidad Con las variaciones del
índice de Precios al Consumidor (IPC) registradas durante los periodos correspondientes
y certificadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se
reconocerán y pagarán intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta la
fecha en la cual se efectúe el pago, en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMO: Se condena en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por
Secretaría.
[…]» [sic].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. El gobierno nacional interpretó incorrectamente el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 al expedir los decretos salariales anuales de los servidores de la Rama
Judicial, pues los decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 dispusieron que
el 30% del salario básico se consideraría como prima especial sin carácter salarial,
cuando en realidad dicha prestación debió reconocerse como un emolumento
adicional al salario, tal como lo explicó el Consejo de Estado en sentencia del 29 de
abril de 201413.

9.2. La prescripción trienal solo podía computarse desde la fecha en que los decretos
salariales fueron declarados nulos porque solo a partir de ese momento existió
certeza sobre el derecho reclamado. Teniendo en cuenta que la demanda fue
presentada 3 meses después de la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril
de 2014, no se configuró el citado fenómeno prescriptivo sobre los haberes
reclamados y deben pagarse los emolumentos adeudados por todo el tiempo en el
que el demandante se desempeñó como juez de la República.

13 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

1.4. Los recursos de apelación

10. Jorge Enrique Figueroa Morantes apeló la sentencia de primera instancia14 y al
respecto señaló que no se precisó el extremo final del restablecimiento del derecho,
pues en el ordinal 4 de la parte resolutiva ordenó la reliquidación de las prestaciones
sociales desde el 5 de noviembre de 2002 hasta «cuando dejó de regir la norma que
negaba el carácter salarial al treinta por ciento de la remuneración», sin identificar cuál
era dicha norma ni establecer la fecha en que dejó de regir. Aunque se presentó
solicitud de aclaración, esta fue negada mediante auto del 5 de diciembre de 2022,
sin que se resolviera de fondo el aspecto planteado, por lo que persistió la duda
sobre el período hasta el cual debía extenderse el restablecimiento, pese a que en
la demanda se solicitó que este se proyectara hasta la terminación de su vinculación
como juez, máxime cuando la Rama Judicial continuó liquidando las prestaciones
sociales del demandante sobre el 70% hasta el «30 de diciembre de 2020», fecha
previa a la entrada en vigencia el Decreto 272 de 2021.

11. La DEAJ presentó recurso de apelación con base en los siguientes argumentos 15:

11.1. El carácter no salarial de la prima especial de servicios fue expresamente
estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, que declaró
exequible la expresión «sin carácter salarial». Por tanto, aunque la prima constituye
un ingreso mensual percibido por los servidores beneficiarios, el legislador se
encontraba facultado para excluirla como factor salarial para determinados efectos,
de manera que no debía ser incluida en la liquidación de las primas de servicios y
de navidad, vacaciones, cesantías y bonificación por servicios prestados.

11.2. La administración estaba obligada a aplicar las normas salariales vigentes y
carecía de competencia para modificar unilateralmente el régimen establecido por
la ley y los decretos anuales; acceder a las pretensiones supondría modificar un
régimen salarial definido legalmente y comprometer recursos públicos sin la
correspondiente apropiación presupuestal. En todo caso, los emolumentos
reclamados se encontraban afectados por la prescripción.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

12. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar16.

14 Documento 30.
15 Folios 194 al 201 del documento 1.
16 Así se indicó en el auto admisorio del 15 de octubre de 2025.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

1.6. El Ministerio Público

13. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad17.

2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia18, se circunscriben a
establecer ¿si hay lugar a revocar la orden de reliquidación de las prestaciones
sociales ordenada por el a quo en atención a la falta de carácter salarial de la prima
especial de servicios? ¿si el reconocimiento de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 implicaría la modificación del régimen salarial de
los servidores de la Rama Judicial? ¿si la disponibilidad presupuestal de la entidad
demandada puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el
cumplimiento de la condena? ¿si operó el fenómeno de la prescripción respecto de
los emolumentos reclamados por el demandante? Y ¿si la orden de restablecimiento
del derecho debe limitarse al 31 de diciembre de 2020?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros

17 Constancia en el documento 37 del expediente digital de la segunda instancia.
18 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

del Congreso de la República y de la fuerza pública.

16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial19 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la

19 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200720, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar21».

21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado

20 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
21 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

como prima.

23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201922, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

10

Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

septiembre de 201923.

25. Asimismo, el Consejo de Estado24 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 25 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
24 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
25 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

28. En la sentencia del 2 de septiembre de 201926, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior27 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
27 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0528 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

34. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».

35. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
igualdad:

«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.

Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».

36. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes

28 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
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por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. JorgeEnrique Figueroa Morantes se ha desempeñado como juez penal
municipal de Medellín de manera continua desde el 5 de noviembre de 2002 hasta,
por lo menos, el 21 de abril de 2016, fecha de expedición del certificado laboral29.

37.2. El 30 de julio de 2014 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ en la
que solicitó el pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, en cuantía del 30% de la asignación básica mensual y demás emolumentos
que correspondieran, en los términos descritos por el Consejo de Estado en
sentencia del 29 de abril de 201430.

37.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESAJMR14-
4622 del 29 de agosto de 2014, con fundamento en que no contaba con la
apropiación presupuestal para acceder a lo pedido31.

37.4. En contra de esa decisión, interpuso recurso de apelación, en el que insistió en
el derecho que le asistía a la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales.
La alzada fue resuelta a través de la Resolución 7182 del 31 de diciembre de 2015
en el sentido de confirmar la negativa recurrida32.

2.4. Análisis sustancial

38. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró la nulidad de los actos administrativos
cuestionados, ordenó el pago de las diferencias salariales adeudadas33, la
reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con el 100% de la
remuneración y la prima especial de servicios en cuantía del 30% de la asignación
básica mensual decretada anualmente por el gobierno nacional, sin prescripción

29 Folio 39 del documento 1.
30 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
31 Folios 40 al 42 del documento 1.
32 Folios 88 al 105 del documento 1.
33 En cuanto dispuso el pago de «la diferencia entre lo pagado […] y el ciento por ciento de su

remuneración».

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

trienal y hasta « cuando dejó de regir la norma que negaba el carácter salarial al treinta
por ciento de la remuneración».

39. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la decisión. Aquella por
considerar que no fue clara la fecha hasta la cual debía extenderse el
restablecimiento del derecho ordenado y esta al estimar que la prima especial de
servicios no tenía carácter salarial, que su pago implicaría modificar el régimen
salarial de los servidores de la Rama Judicial, no contar con la apropiación
presupuestal necesaria para asumir el pago correspondiente y, en todo caso, que
los emolumentos reclamados se encontraban afectados por la prescripción.

40. Pues bien, antes de abordar el análisis de los problemas jurídicos planteados
vale la pena destacar que ninguna de las partes discutió el derecho que le asistió al
demandante a percibir la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 durante el tiempo en el que se desempeñó como juez de la
República, lo que implica que el estudio en esta oportunidad partirá de dicho
presupuesto.

41. En cuanto al primer asunto, es decir el relacionado con el presunto carácter
salarial de la prima, debe decirse que tal como se indicó en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y, en consecuencia, no debe hacer
parte del cálculo de liquidación de las prestaciones sociales, con excepción de los
aportes a seguridad social en pensiones.

42. Así, es importante señalar que la reliquidación de las prestaciones sociales
ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia no obedece a que se le
otorgue carácter salarial a la prima especial de servicios, sino a la inclusión del
30% en la base de liquidación, correspondiente al porcentaje del salario que había
sido deducido de la asignación básica por la incorrecta interpretación de la norma.

43. En ese sentido, las órdenes de reajuste dictadas por el juez de primera instancia
deben recaer sobre el 30% correspondiente a la diferencia salarial dejada de pagar
y que generó que el salario se fraccionara.

44. En segundo lugar, sobre la supuesta modificación del régimen salarial de los
servidores de la Rama Judicial beneficiarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe decirse que tal reconocimiento no supone la
creación de un nuevo concepto salarial, la alteración de los porcentajes fijados por
el legislador ni la sustitución del régimen vigente, sino la aplicación de la regla
contenida en la propia Ley 4ª conforme con su finalidad y alcance.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
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45. La controversia analizada en esta oportunidad surgió de la forma en que los
decretos salariales anuales reglamentaron la prima especial, pues al señalar que el
30% de la asignación básica constituía la prima sin carácter salarial se terminó
entendiendo dicho porcentaje como una parte de la remuneración ya fijada, con lo
cual el servidor recibió efectivamente solo el 70% de su salario como asignación
básica y el 30 % restante bajo la denominación de prima especial. La corrección de
esta interpretación no modifica el régimen, sino que evita que una prestación creada
por el legislador como un porcentaje adicional termine operando en detrimento de
la remuneración que el mismo régimen reconoció.

46. En ese sentido, reconocer la citada prestación como un concepto adicional al
salario constituye simplemente la aplicación correcta del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, de conformidad con la interpretación que de esta disposición ha realizado el
Consejo de Estado. Por ello, la reliquidación de las prestaciones que tengan como
base la remuneración y el reconocimiento del 30% que fue indebidamente sustraído
de la asignación básica no comportan una modificación del régimen salarial, sino el
restablecimiento de la situación jurídica que debía existir bajo el régimen previsto
por la Ley 4ª de 1992.

47. En tercer lugar, en relación con las dificultades de la entidad demandada para
asumir el pago de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia por
falta de disponibilidad presupuestal, la Sala destaca que esta situación no es una
justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas. En consecuencia, no existe
sustento legal o jurisprudencial para afectar los derechos del demandante por una
supuesta deficiencia económica del empleador.

48. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales del demandante, sino también los
mandatos legales previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y
expresos.

49. Por lo tanto, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad le
corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor de Jorge Enrique
Figueroa Morantes, para lo cual deberá adoptar las medidas que considere
necesarias para cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le
impone la ley y que gozan de prelación en los términos explicados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 200834.

34 Así lo ha considerado esta Subsección en, por ejemplo, las siguientes sentencias: 18 de
septiembre de 2025, radicado 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024); 16 de octubre de 2025,
radicado 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024); 27 de marzo de 2026, radicado 25000-23-
42-000-2013-05452-02 (6500-20191)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

50. En cuarta medida, debe recordarse que, a diferencia de lo considerado por el a
quo, el Consejo de Estado35 ha manifestado expresamente que los asuntos
relacionados con el pago correcto de la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 sí se encuentran sometidos a la prescripción trienal de que
trata el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y que para contabilizar dicho fenómeno,
debe tenerse en cuenta la fecha de presentación de la reclamación administrativa y
reconocer únicamente las sumas causadas dentro de los 3 años anteriores a dicha
solicitud.

51. En el presente asunto, la reclamación administrativa fue radicada el 30 de julio
de 2014, razón por la cual operó la prescripción trienal respecto de los emolumentos
causados con anterioridad al 30 de julio de 2011, lo que impone revocar lo pertinente
del ordinal 4 de la sentencia de primera instancia que ordenó el restablecimiento del
derecho desde el 5 de noviembre de 2002.

52. En relación con el último problema jurídico cabe advertir que a través del Decreto
272 de 2021 se ordenó el pago de la prima especial de servicios como un
emolumento adicional al salario, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de ese
año. En tal sentido, tenía razón el demandante cuando afirmó que debía
establecerse una fecha cierta en relación con el restablecimiento futuro de sus
derechos, por lo que el pago de lo adeudado se limitará temporalmente al 31 de
diciembre de 2020, siempre y cuando se verifique que se ha cumplido con el pago
correcto de la citada prestación en los términos indicados en esa norma y que el
actor continuó desempeñando un empleo que le daba derecho a percibir la
mencionada prima especial.

53. Ahora bien, al estudiar la sentencia de primera instancia se advierte que su parte
resolutiva contiene algunas imprecisiones que deben corregirse en esta instancia,
con el fin de precisar el alcance del restablecimiento del derecho y la forma en que
debe cumplirse la condena. En primer lugar, se revocará el ordinal quinto, en cuanto
ordenó el pago de la prima especial de servicios en cuantía del 30% de la asignación
básica mensual, pues no hay lugar a reconocer dicho emolumento de manera
simultánea con el pago del 30% del salario indebidamente fraccionado, pues ello
supondría un doble pago por el mismo concepto.

54. Lo anterior obedece a que el ordinal 4 ya había ordenado reconocer las
diferencias «entre lo pagado […] y el ciento por ciento de su remuneración» básica
mensual. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho debe obedecer al

35 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018),

conjuez ponente Jorge Iván Rincón Córdoba.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

reconocimiento y pago del 30% de la asignación básica que fue indebidamente
tratado como prima especial, pues es este porcentaje el que permite conducir a la
reliquidación de las prestaciones sociales que fueron incorrectamente pagadas con
ocasión del citado fraccionamiento. Lo anterior no implica atribuir a la prima especial
de servicios carácter salarial para todos los efectos.

55. En segundo lugar, se modificará el ordinal 4 para corregir su redacción y precisar
que el restablecimiento del derecho comprende el reconocimiento y pago del 30%
de la asignación básica que fue indebidamente fraccionada y la consecuente
reliquidación de las prestaciones sociales cuya base de liquidación corresponda al
salario. Asimismo, se revocará parcialmente el citado ordinal para declarar probada
la prescripción respecto de los emolumentos causados con anterioridad al 30 de
julio de 2011.

56. En consecuencia, las diferencias salariales y prestacionales se reconocerán
únicamente a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020, toda vez
que, a partir del 1 de enero de 2021, con la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, la prima especial de servicios comenzó a reconocerse en los términos
establecidos en esta providencia, esto es, como un emolumento adicional a la
asignación básica. Esta última limitación estará sujeta a que la entidad demandada
verifique que, efectivamente, desde el 1 de enero de 2021 el demandante comenzó
a percibir la prima especial de servicios en la forma indicada.

57. La adición también comprenderá la precisión de que el reconocimiento de la
prima especial de servicios como emolumento adicional deberá efectuarse dentro
de los topes establecidos por el gobierno nacional. La entidad demandada deberá
verificar, además, que no se hayan efectuado pagos anteriores por los mismos
conceptos y períodos reconocidos en esta sentencia, de manera que únicamente
se paguen las diferencias efectivamente adeudadas y se evite cualquier duplicidad
en él.

58. Finalmente, se advierte que la sentencia de primera instancia no se pronunció
sobre la incidencia de la prima especial de servicios en los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones. Por ello, se adicionará la orden de
restablecimiento en este aspecto, teniendo en cuenta que, de conformidad con la
Ley 332 de 1996, la prima especial de servicios constituye factor salarial para
efectos pensionales. En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada realizar
los aportes pensionales deficitarios, teniendo como base el 100% de la asignación
básica fijada por el gobierno nacional más el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, durante el período en que el demandante tuvo derecho a
percibirla y los aportes no se efectuaron sobre la base que legalmente correspondía.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

59. En relación con estos aportes no operará la prescripción, por tratarse de recursos
vinculados a la financiación del derecho pensional. En consecuencia, las
cotizaciones deficitarias deberán efectuarse por todo el período durante el cual se
causó el derecho a la prima especial de servicios y no fue tenida en cuenta para
tales efectos.

2.5. Costas

60. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.

63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

64. En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso de la
primera instancia ni de la segunda, razón por la que la Sala revocará la condena
impuesta en esa oportunidad y se abstendrá de imponerla en esta.

36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

3. Conclusión

65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que deberán revocarse los
ordinales quinto y séptimo de la sentencia de primera instancia. Además, se
revocará parcialmente, modificará y adicionará el ordinal 4 para precisar el
reconocimiento del 30% de la asignación básica y la consecuente reliquidación de
las prestaciones sociales, declarar la prescripción de las acreencias causadas antes
del 30 de julio de 2011 y limitar el reconocimiento hasta el 31 de diciembre de 2020,
previa verificación de los pagos efectuados. También se adicionará la sentencia
para ordenar la realización de los aportes pensionales deficitarios sobre la base
salarial correspondiente, sin que opere respecto de estos la prescripción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar los ordinales 5° y 7° de la sentencia de primera instancia objeto
de apelación que ordenaron el pago de la prima especial de servicios en cuantía del
30% de la asignación básica mensual decretada por el gobierno nacional y condenó
en costas de primera instancia a la parte demandada, para en su lugar ordenar solo
el pago del 30% del salario fraccionado y la consecuente reliquidación de las
prestaciones sociales y no condenar en costas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Segundo. Revocar parcialmente, modificar y adicionar el ordinal 4° de la sentencia
de primera instancia del 29 de marzo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala de Conjueces, en el sentido de señalar que el restablecimiento
del derecho obedecerá al pago del 30% del salario fraccionado, la reliquidación de
las prestaciones sociales de acuerdo con ese porcentaje de la asignación básica,
declarar la prescripción de los emolumentos causados antes del 30 de julio de 2011,
limitar el pago de la condena al 31 de diciembre de 2020 y condicionarlo a la
observancia de los topes fijados por el gobierno nacional y a la verificación de que
no se hayan realizado pagos previos por los mismos conceptos aquí ordenados.
Finalmente se ordenará el pago de los aportes deficitarios a pensión sobre los
cuales no operó el fenómeno de la prescripción. La orden quedará del siguiente
modo:

Cuarto: condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reconocer y pagar a Jorge Enrique Figueroa Morantes el 30% del salario que
le fue fraccionado por el incorrecto pago de la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación, en el mismo porcentaje, de las prestaciones

20

Radicado: 05001-23-33-000-2016-01779-02 (4007-2023)
Demandante: Jorge Enrique Figueroa Morantes

sociales que se calculan con base en el salario, causadas desde el 30 de julio de 2011,
por prescripción trienal, hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando el
demandante siguiera desempeñando un empleo que le diera derecho a percibir la citada
prima especial y la demandada se la haya pagado como un emolumento adicional al
salario a partir del 1 de enero de 2021 con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto
272 de ese año.

La entidad también deberá pagar los aportes deficitarios a pensión teniendo en cuenta
que debieron liquidarse de acuerdo con el 100% del salario básico más la prima especial
de servicios que correspondía al 30% de la asignación básica salarial, por todo el tiempo
en el que el demandante tuvo derecho a percibir la prima especial de servicios y no le
fue reconocida en los términos indicados en esta decisión.

El pago de esta condena se supeditará a que la entidad verifique que no haya realizado
pagos previos por los mismos conceptos aquí ordenados y a que se sujete a los topes
establecidos por el gobierno nacional.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 29 de marzo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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