Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01759-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-01759-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01759-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01759-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jhon Fredy Cardona Acevedo presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 5 de julio de 2013. Folio 32 del expediente escaneado en el índice
2 de Samai.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
orden a que se inaplicara el artículo 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010,
1039 de 2011; 0874 de 2012 y [1024 de 2013] en los que se dispuso que el 30% de
la asignación básica correspondería a la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
2. Como consecuencia de lo anterior que se declarara la nulidad de las resoluciones
5321 del 27 de junio y 4697 del 8 de noviembre, ambas de 2012, proferidas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín4 (Antioquia) y
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, en las que se
negó el reconocimiento del 30% del salario básico dejado de pagar o pagado a título
de prima especial de servicios y la reliquidación de todas las prestaciones sociales
a las que tiene derecho por haberse desempeñado como juez.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago, desde
el año 2009 hasta el año 20135, y en adelante mientras siga desempeñando el cargo
que le da derecho a percibirla, de los siguientes emolumentos: a) el «100%» del
salario básico fijado por el gobierno nacional para cada año en los decretos citados;
y b) las cesantías y demás prestaciones sociales de acuerdo con el 30% del salario
básico dejado de pagar o pagado a título de prima especial de servicio; ii) la
indexación de las sumas adeudadas; y iii) el pago de los intereses moratorios que
se causen desde la ejecutoria de la sentencia.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:
4.1. Jhon Fredy Cardona Acevedo se vinculó a la Rama Judicial como juez desde el
18 de febrero de 2008 hasta, por lo menos, la fecha de radicación de la demanda.
4.2. El 31 de mayo de 2012 solicitó ante la DESAJ el reconocimiento del 100% del
salario decretado para los años 2009 a 2013 y la reliquidación de todas las
prestaciones sociales que se calculan con base en el salario.
4.3. La DESAJ Medellín profirió la Resolución 5321 del 27 de junio de 2012 en la que
negó la anterior solicitud. La citada decisión fue confirmada por medio de la
Resolución 4697 del 8 de noviembre de 2012 proferida por la DEAJ.
4 En adelante DESAJ
5 La reclamación administrativa versa sobre el periodo comprendido entre 2009 y 2012, sin embargo
en atención a la fecha de radicación de la demanda, el periodo se actualizó de 2009 a 2013.
6 Folios 3 al 5 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política
y la Ley 4ª de 1992.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:
6.1. A pesar de que en la Ley 4ª de 1992 se dispuso la creación de una prima especial
de servicio en cuantía no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico el
gobierno nacional reglamentó dicha prestación en el sentido de indicar que el 30%
de la asignación mensual correspondía a la aludida prima, lo cual implicó que solo
se reconociera el 70% del salario decretado para cada año y que las prestaciones
sociales se calcularan con una base de liquidación desmejorada.
6.2. Lo anterior fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 2 de abril de 2009 8 en
la que se indicó que la prima especial de servicio debe reconocerse como un
porcentaje adicional al salario básico y no como parte integrante de él de modo que
no debe ser restada de dicho monto. Al presente asunto le es aplicable la sentencia
del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 dictada dentro del proceso 25000-
23-25-000-2005-05159-01 (0230-08).
1.2. Contestación de la demanda
7. La DESAJ se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se
expresan a continuación9:
7.1. La prima especial de servicios fue creada como un emolumento sin carácter
salarial que solo puede hacer parte de la base de liquidación para el cálculo de los
aportes al sistema pensional desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996.
7.2. A través de la sentencia del 2 de abril de 2009 10, el Consejo de Estado declaró
la nulidad del artículo 7 del Decreto 618 de 2007 en el que se disponía que el 30%
de la remuneración mensual de algunos servidores públicos era considerada como
prima especial de servicio; sin embargo, el cargo de juez no se encuentra enlistado
en el aludido artículo lo que quiere decir que esa decisión no tiene incidencia en la
7 Folios 5 al 11 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.
8 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
9 Folios 59 al 70 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.
10 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
3
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
remuneración mensual del demandante.
7.3. La sentencia del Consejo de Estada dictada dentro del proceso con radicado
interno 0230-08 no es aplicable al presente asunto porque en ella se trató la
situación laboral de un servidor de la Fiscalía General de la Nación, la cual es
distinta a la del demandante.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, en sentencia proferida
el 21 de noviembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. La parte
resolutiva es del siguiente tenor:
«PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de prescripción trienal de derechos
laborales, Presunción de legalidad de los actos administrativos, Ausencia de causa
petendi – inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido invocadas por la
NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
SEGUNDO: Inaplicar por inconstitucionalidad, el contenido del Artículo 8 de los
Decretos reglamentarios 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, y el
1024 de 2013.
TERCERO: Declárese las nulidades de la Resoluciones N° DESAJMR 4697 expedida
el 08 de noviembre de 2012, notificada el día 27 de noviembre de 2012, y la 5321 del
20 de junio de 2012.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales
y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, seguridad social en salud y pensión, entre otras) del señor JHON FREDY
CARDONA ACEVEDO, causadas desde 1 de enero de 2009, y hasta cuando por razón
del cargo tenga derecho, teniendo en cuenta para el efecto como base de liquidación el
100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se
ha tenido como prima especial.
QUINTO: Reconocer y pagar al demandante dentro del mismo periodo la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, en cuantía equivalente
al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un valor agregado o valor
adicional.
SEXTO: Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán conforme al IPC,
aplicando para ello la siguiente fórmula:
[…]» [sic].
4
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos11:
9.1. De acuerdo con los documentos aportados al proceso al demandante se le ha
fraccionado su salario pues se le ha pagado el 70% a título de sueldo básico y el
30% restante como prima especial de servicio, lo que implica que sus prestaciones
sociales se calcularon con una base de liquidación inferior a la que corresponde.
9.2. No se configuró la prescripción trienal debido a que el demandante se vinculó a
la Rama Judicial en el año 2008 y la reclamación administrativa tuvo lugar el 31 de
mayo de 2012 mientras que la presente demanda fue radicada el 23 de mayo de
2013 lo que implica que «quedó a salvo el derecho a percibir el valor descontado en cada
periodo respecto de la prima especial de servicios adeudada [de los] 3 años anteriores al
derecho de petición elevado, es decir: desde el 31 de mayo de 2009, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1968».
9.3. Deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que
correspondan. No se dispuso sobre la condena en costas.
1.4. El recurso de apelación
10. La DESAJ presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia de acuerdo con las siguientes razones12:
10.1. No se dio debida aplicación al término de prescripción contenido en el Decreto
3135 de 1968 y desarrollado por el Consejo de Estado en asuntos similares a través
de la providencia del 2 de septiembre de 201913. De acuerdo con lo anterior, solo
debió ordenarse el reconocimiento de las sumas causadas con posterioridad al 31
de mayo de 2009 y no como se indicó en los ordinales 4 y 5 del fallo.
10.2. La entidad no puede asumir obligaciones que no tienen un respaldo
presupuestal y el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre el giro de
recursos para el pago de los rubros generados por la reliquidación salarial y
prestacional originada en la interpretación jurisprudencial sobre la liquidación de la
prima especial de servicios realizada por el Consejo de Estado en el antecedente
jurisprudencial citado.
11 Documento 16 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.
12 Documento 18 del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai.
13 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
5
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.
1.6. El Ministerio Público
12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad15.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscriben a
establecer ¿si debe declararse la prescripción de las sumas causadas antes del 31
de mayo de 2009? Y ¿si la disponibilidad presupuestal de la entidad demandada
puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de
la condena?
2.2. Marco Normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
14 Auto en el índice 4 de Samai.
15 Constancia en el índice 8 de Samai.
16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
6
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.
15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
7
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».
19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200718, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar19».
20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
18 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
19 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
8
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201920, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
9
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].
23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201921.
24. Asimismo, el Consejo de Estado22 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 23 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
22 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
23 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
10
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 200924, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
11
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior25 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0526 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
33. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».
34. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
igualdad:
«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
25 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
12
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
asignación en el monto señalado en la ley.
Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».
35. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36.1. Jhon Fredy Cardona Acevedo se vinculó a la Rama Judicial el 18 de febrero de
2008 como juez civil municipal de Medellín y para el 2 de diciembre de 2018, fecha
de expedición del certificado proferido por la DEAJ, seguía desempeñando un cargo
similar27.
36.2. El 31 de mayo de 2012 28 solicitó a la DESAJ Medellín el pago y reajuste de la
prima especial de servicios de acuerdo con el 100% de la asignación básica
mensual decretada por el gobierno nacional cada año con la correspondiente
reliquidación de las prestaciones sociales.
36.3. LaDESAJ Medellín emitió la Resolución 5321 del 27 de junio de 201229
mediante la cual negó lo pretendido por el demandante con fundamento en que la
prima especial de servicios no tiene carácter salarial y que por ello no podía ser
incluida en la liquidación de las prestaciones sociales. Además indicó que, si bien
se declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 618 de 2007, ese artículo no enlistaba
el cargo de juez ostentado por el demandante por lo que su declaratoria de nulidad
no surte ningún efecto en su favor.
36.4. La DEAJ profirió la Resolución 4697 del 8 de noviembre de 2012 en la que
27 Folio 141 del expediente físico.
28 Según se extrae de la Resolución 5321 de 27 de junio de 2012.
29 Folios 13 al 14 del expediente físico.
13
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
resolvió el recurso de apelación propuesto por el demandante en el sentido de
confirmar la decisión recurrida30.
2.4. Análisis sustancial
37. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, declaró la nulidad de los
actos administrativos cuestionados, ordenó el pago de la prima especial de servicios
en cuantía del 30% del salario anualmente decretado por el gobierno nacional y la
diferencia surgida por la reliquidación de las prestaciones sociales, cesantías y
aportes a pensión y salud a partir del 100% de la asignación básica. A pesar de
encontrar configurada la prescripción trienal desde el 31 de mayo de 2009 ordenó
el pago de todos los emolumentos causados desde el 1 de enero de 2009.
38. La DESAJ presentó recurso de apelación en el que discutió dos asuntos a saber:
i) la fecha de estructuración de la prescripción trienal y ii) la falta de apropiación
presupuestal para cumplir la condena impuesta por el juez de primera instancia.
Antes de abordar la solución de los problemas jurídicos planteados vale la pena
indicar que en el recurso de apelación no se discutió el derecho que le asiste al
demandante a percibir la prima especial de servicio ni se discutió lo relativo al modo
de liquidarla, en tal sentido dichos asuntos no serán objeto de estudio en esta
oportunidad.
39. Pues bien, frente al argumento de la DESAJ sobre la falta de disponibilidad
presupuestal para cumplir lo ordenado por el juez de primera instancia, la Sala
destaca que esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento de
las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas. En
consecuencia, no existe sustento legal o jurisprudencial para afectar los derechos
del demandante por una supuesta deficiencia económica del empleador.
40. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales del demandante, sino también los
mandatos legales previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y
expresos.
41. Por lo tanto, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad le
corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor de Jhon Fredy
Cardona Acevedo, para lo cual deberá adoptar las medidas que considere
necesarias para cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le
30 Folios 15 al 20 del expediente físico.
14
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
impone la ley y que gozan de prelación en los términos explicados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
42. Ahora, en cuanto al reparo relacionado con la prescripción trienal la Sala advierte
que le asiste razón a la apelante, pues para efectos de las reliquidaciones salariales
relacionadas con la prima especial de servicios debe atenderse el término de
prescripción previsto en el Decreto 3135 de 1968. La citada norma dispone que las
acciones tendientes a reclamar derechos de origen prestacional prescriben en 3
años contados a partir de la fecha de exigibilidad del derecho.
43. En cuanto a la mentada exigibilidad, debe tomarse en consideración que el
derecho a percibir la prima especial de servicios nació con la entrada en vigencia
de la norma que la creó, esto es la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 57 de 1993 y que la
citada prima especial fue actualizada anualmente por medio de los decretos
salariales fijados por el gobierno nacional.
44. De acuerdo con lo anterior, el punto de partida del cómputo del término de
prescripción en el presente asunto debe ajustarse a la fecha del periodo reclamado,
momento a partir del cual debe iniciar el conteo de los 3 años de que trata la norma.
En ese sentido, en sede administrativa el demandante solicitó la reliquidación de los
salarios y prestaciones percibidos entre los años 2009 a 201231, la fecha de la
reclamación data del 31 de mayo de 2012 a partir de la cual se entiende interrumpida
la prescripción trienal que debe computarse de manera retroactiva hasta 3 años
antes.
45. Lo anterior quiere decir que se configuró la prescripción sobre todas las sumas
causadas antes del 31 de mayo de 2009; a pesar de que el anterior análisis es
idéntico al realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la parte
considerativa de la sentencia apelada, en el acápite de la resolutiva se ordenó el
pago desde el 1 de enero de ese año, imprecisión que se atribuye a un error de
digitación que requiere ser corregido en aras de evitar incongruencias en la decisión
y de impedir dificultades en el cumplimiento de la condena.
46. Finalmente, la Sala encuentra oportuno adicionar el ordinal tercero de la
sentencia apelada para aclarar dos aspectos, el primero relativo a que los aportes
a pensión ordenados por el a quo, en atención al carácter especial que fue explicado
en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, son imprescriptibles y por lo
tanto su reliquidación debe recaer sobre todo el tiempo en que el demandante haya
31 Este fue el periodo reclamado en sede administrativa. En sede judicial se actualizó al periodo
comprendido entre 2009 y 2013.
15
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
percibido la prima especial de servicios, con la salvedad de que dicho emolumento
solo tiene carácter salarial para efectos pensionales desde la entrada en vigencia
de la Ley 332 de 1996, es decir el 28 de noviembre de ese año.
47. En segundo lugar, se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia
estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.
2.5. Costas
48. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.32
50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
51. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
16
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
52. Con fundamento en lo expuesto la Sala encuentra que: i) los inconvenientes
presupuestales de la entidad no son óbice para impedir el cumplimiento de la
condena y ii) sí hay lugar a modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de
primera instancia en el sentido de indicar que la prescripción trienal se configuró
sobre las sumas causadas antes del 31 de mayo de 2009 y que no operó sobre los
aportes pensionales por lo que deben ser reconocidos en su totalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera
instancia del 20 de febrero de 2024, que quedará del siguiente modo:
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar las prestaciones sociales,
salariales y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías,
prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, entre otras ) del señor
JHON FREDY CARDONA ACEVEDO , causadas desde 31 de mayo de 2009 (por
efectos de la prescripción extintiva del derecho), y hasta cuando por razón del cargo
tenga derecho, teniendo en cuenta para el efecto como base de liquidación el 100%
de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha
tenido como prima especial.
Los aportes a seguridad social en pensión son imprescriptibles, por lo que la
demandada deberá reliquidar y pagar a la administradora de pensiones las
diferencias surgidas entre lo pagado y lo que en realidad corresponde durante
todo el tiempo en que el demandante haya percibido o perciba la prima
especial de servicios consignada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que
solo es factor de salario para efectos pensionales desde la vigencia de la Ley
332 de 1996 (28 de diciembre de 1996).
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada del 20 de febrero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
17
Radicado: 05001-23-33-000-2015-01759-02 (1946-2024)
Demandante: Jhon Fredy Cardona Acevedo
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.