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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00654-02

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00654-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero de la sentencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de 20 Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia, según su artículo 3. 15 Número Interno: 3784-2023 Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga Demandados: Nación – Rama Judicial Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así: TERCERO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que reconozcan, reliquiden y paguen a favor del señor Óscar Marino Gil Zúñiga, el incremento salarial del 30% de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1993; así como, reliquide las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Once (2011), en atención a la prescripción trienal. Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente laborados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de juez de la República. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Óscar Marino Gil Zúñiga desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), que entró en vigencia el Decreto 57 de 1993, con base en el 100% de la asignación básica, y desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo en cuenta dicha asignación más el 30% de la prima especial de servicios y hasta que ejerció como juez, sin tener en cuenta el fenómeno de la prescripción. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00654-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 76001233300020160065402 (3784-2023)1
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023),
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Óscar Marino Gil Zúñiga, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó lo
siguiente:

1
Expediente híbrido.
2
La demanda obra a folios 27-54 del expediente físico. Cabe señalar que, aquella fue inadmitida mediante auto del
26 de febrero de 2016 por parte del Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, a folio 71; y subsanada mediante
escrito del 17 de marzo siguiente a folios 76 a 79. Posteriormente el Juzgado por medio de auto del 10 de mayo de
2016, remitió el proceso por competencia al Tribunal Administrativo del Valle de Cauca a folios 81 a 82, quien admitió
la demanda a través de auto del 5 de julio de 2019, visible a folio 183.

2

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

Que se inapliquen por inconstitucionales los siguientes decretos:

• Decretos 621 de 2007; 661 de 2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043
de 2011; 841 de 2012; 1016 de 2013 y 186 de 2014.

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución No. 2615 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce
(2014), por medio de la cual se negó la petición que presentó el actor
tendiente al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; así como, a la
reliquidación de sus prestaciones sociales con ocasión de dicha prima.

• Resolución No. 2764 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Catorce
(2014), a través del cual se resolvió el recurso de reposición
confirmando la anterior decisión y concediendo el recurso de apelación.

• Acto ficto o presunto negativo que surgió ante la no respuesta al recurso
de apelación incoado en contra de la Resolución No. 2615 del Veinte
(20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014).

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad
accionada a reliquidar y pagar la prima especial de servicios del 30% adicional
a la asignación básica consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; en
virtud de lo cual, se ordene a su favor el pago de la diferencia salarial y
prestacional teniendo en cuenta dicha prima; así como, la reliquidación de los
aportes pensionales con base en aquella; lo anterior, desde enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993) hasta diciembre de Dos Mil Trece (2013)
(sic).

Sumado a lo anterior, pidió se dé cumplimiento a la sentencia dentro del
término legal, se reconozcan intereses moratorios de conformidad con el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se condene a la entidad demandada en
costas.

3

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

1.1.2 Hechos

El señor Óscar Marino Gil Zúñiga señaló que, prestó sus servicios a la Rama
Judicial en el cargo de juez desde el Primero (1) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta y Cinco (1985), hasta Diciembre de Dos Mil Trece (2013), sin
especificar día.

Expuso que, la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios como un
reconocimiento económico adicional a la asignación básica, pagadera a favor
de algunos servidores de la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre
otros; no obstante, el Gobierno nacional al regular dicha acreencia lo que hizo
fue reducir el salario de los beneficiarios de la prestación. Esta situación fue
enmendada por el Consejo de Estado, quien a través de sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) declaró la nulidad de los
decretos salariales expedidos durante los años Mil Novecientos Noventa y
Tres (1993) al Dos Mil Siete (2007); providencia que, ratificó la sentencia del
del Dos (2) de abril de Dos Mil Nueve (2009), en la cual se había indicado que,
la prima especial de servicios es un plus al salario.

Señaló que, el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014)
presentó solicitud de reconocimiento de la prima especial de servicios ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual, fue resuelta de manera
negativa a través de la Resolución No. 2615 del Veinte (20) de noviembre de
Dos Mil Catorce (2014), acto administrativo contra el cual interpuso recursos
de reposición y apelación, siendo resuelto el primero de ellos mediante la
Resolución No. 2764 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Catorce
(2014), la cual confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de
apelación.

Finalmente, indicó que el recurso de apelación no fue resuelto y ante ello se
configuró el acto administrativo negativo acusado.

1.2. Concepto de violación.

La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

4

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 90, 123 y 209.
Ley 4 de 1992, literales a y h del artículo 2, artículo 10.
Ley 270 de 1996.
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 15 y 21.

Señaló que, la negativa de la entidad en reconocer la prima especial de
servicios como una adición a la asignación básica vulnera sus derechos, en
especial el de igualdad y trabajo; desconoce el principio de favorabilidad,
según el cual, ante la duda en la interpretación de una norma se debe
privilegiar la que más beneficie al trabajador.

Que, la entidad demandada ha venido pagando su salario disminuido en un
30%, desconociendo lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 y afectando con ello la
liquidación de sus prestaciones sociales.

2. Contestación de la demanda3.

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que, la prima especial de servicios creada por la Ley 4 de 1992 no
es factor salarial; ante ello, no es posible que sirva de base en la liquidación
de prestaciones sociales.

Indica además que, el Gobierno nacional ha expedido los decretos anuales
que regulan el régimen laboral de la Rama Judicial, los cuales están vigentes
y en ellos se ha reiterado en carácter no salarial de la prima especial de
servicios; normas que han sido usadas por la demandada para liquidar y pagar
las acreencias laborales del actor.

Afirma que, acceder a lo pretendido modificaría el régimen salarial y
prestacional del actor, para lo cual no tiene competencia.

Finalmente, propuso las excepciones que denominó «inexistencia de causa para

3 Samai-Tribunal- índice 51, archivo
«3TRASLADODEEXCEPCIONES_CONTESTACIONOSCARMARINOGIL_87CE(.PDF)».

5

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

demandar» y «prescripción trienal de derechos laborales»4.

3. La sentencia de primera instancia5.

La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia proferida el Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintitrés
(2023), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de todas aquellas
acreencias laborales anteriores al 18 de noviembre de 2011, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Acto ficto derivado de la no resolución por la DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO del
recurso de apelación propuesto de manera subsidiaria al de reposición contra la
resolución No. 2615 del 20 de noviembre de 2014.

• Resolución No. 2764 del 16/12/2014 notifica al 20/01/2015 emanado de la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI que resolvió
desfavorablemente recurso de reposición propuesto contra la resolución número 2615
del 20/11/2014.

• Resolución No. 2615 del 20 de noviembre de 2014 notifica el 11 de diciembre de 2014
emanado De la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI que resolvió desfavorablemente derecho de petición del 18 de
noviembre de 2014.

TERCERO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reliquidar y pagar al demandante OSCAR (sic) MARINO GIL
ZUÑIGA (sic) las prestaciones sociales, salariales y laborales causadas desde el 18 de
noviembre de 2011 hasta que por razón del cargo tuvo derecho, teniéndose en cuenta
para el efecto como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual
legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial.

CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada, que dé cumplimiento a esta sentencia
de conformidad con los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando
para el efecto la siguiente formula (sic):

R= Rh Índice final
_________
Índice inicial

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DAR cumplimiento al fallo en los términos previstos en el art. 187 y 192 de la
ley 1437 de 2011.

SÉPTIMO: En firme la sentencia, líbrense las comunicaciones del caso para su
cumplimiento y de no ser recurrido, archívese previa anotación en el aplicativo “Samai”.
Si al liquidarse los gastos ordinarios del proceso quedaren remanentes a favor del

4
Se difirió la resolución de la excepción de prescripción para el fallo a través del auto del nueve (9) de marzo de dos
mil veintidós (2022).
5
Samai-Tribunal- índice 73.

6

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

consignante, se ordena la devolución correspondiente y se autoriza la expedición de las
copias que soliciten las partes.

OCTAVO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.
[…]

Sostuvo el Tribunal que, de conformidad con la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un beneficio
que debe pagarse de forma permanente durante todo el vínculo laboral, el cual,
consiste en una suma adicional al salario básico.

Señaló que, el señor Óscar Marino Gil Zúñiga tiene derecho a lo pretendido;
ante ello, declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados y, como
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada a reliquidar y
pagar al demandante las prestaciones sociales, salariales y laborales,
teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica,
incluyendo el 30% correspondiente a la prima especial que había sido
excluido.

Finalmente, frente a la prescripción manifestó que en estos eventos se debe
aplicar la trienal establecida en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, por
tanto, como el actor elevó la reclamación administrativa el Dieciocho (18) de
noviembre de Dos Mil Catorce (2014), se tienen prescritas las acreencias
reclamadas con anterioridad al Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Once
(2011).

4. El recurso de apelación6

La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, la
sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los decretos
salariales proferidos por el Gobierno nacional durante los años Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993) al Dos Mil Siete (2007), solo produce
efectos hacia el futuro.

6
Samai-Tribunal- índice 75.

7

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

Adujo que, no es posible reliquidar prestaciones del demandante incluyendo
el 30% de la prima especial como factor salarial, pues, hacerlo conllevaría a
desacatar el ordenamiento legal vigente, comoquiera que, la remuneración de
los jueces ha sido fijada en los decretos 1024 de 2013 y 194 de 2014, normas
que ha reiterado que la prima especial de servicios no es factor salarial y, con
base en los cuales, la demandada ha pagado las acreencias al actor.

Sostuvo además que, acceder a las pretensiones del demandante implicaría
superar los topes de remuneración previstos en el Decreto 1251 de 2009; así
como, reiteró las dos excepciones propuestas al contestar la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

Con auto del Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)7, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el
artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

El demandante no se pronunció sobre el recurso de alzada. Por su parte, el
Ministerio Público no emitió concepto.

Mediante auto del Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el
Despacho consideró indispensable hacer uso de la facultad oficiosa como lo
prevé el inciso segundo del artículo 213 del CPACA, requiriendo a la entidad
demandada para que expidiera certificación del actor en donde se estableciera
cual era el régimen salarial aplicable; así como, se indicara si a aquel le había
sido reconocida la prima especial de servicios; requerimiento que fue atendido
mediante memorial del Veintitrés (23) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025)9.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

7
Índice 7 Samai.
8
Índice 15 Samai.
9
Índice 20 Samai.

8

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 32810 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si el A-quo ordenó si la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es factor salarial
base para liquidar prestaciones; así como, si el reconocimiento y pago de dicha
prima en los términos ordenados por el Tribunal supera el tope previsto en el
Decreto 1251 de 2009.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo; y 2.4. Caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.

La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como
un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.

10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

9

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de
deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la
sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con
la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es
un piso y un techo.

Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede
a decidir el presente caso.

2.4. Caso concreto

En el caso concreto, está probado que el señor Óscar Marino Gil Zúñiga ha

10

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

prestado sus servicios a la Rama Judicial, desde el Treinta y Uno (31) de
Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985) hasta el Cuatro (4) de
Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)11, en el cargo de juez, así:

• Desde el Treinta y Uno (31) de agosto de Mil Novecientos Ochenta y Cinco
(1985) hasta el Dos (2) de junio de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997),
en el cargo de juez promiscuo municipal.
• Desde el Tres (3) de junio de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) hasta
el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cinco (2005), como juez
penal municipal.
• Desde el Primero (1) de Enero de Dos Mil Seis (2006) hasta el Treinta (30)
de Junio de Dos Mil Nueve (2009), en el cargo de juez penal municipal.
• Desde el Primero (1) de Julio de Dos Mil Nueve (2009) hasta el Dieciocho
(18) de Diciembre de (2009), como juez penal circuito.
• Finalmente, desde el Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Nueve
(2009) hasta el Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014), en el
cargo de juez penal municipal.

Asimismo, obran certificados expedidos por la accionada el Veintitrés (23) de
Septiembre de (2025)12 donde se reflejan los conceptos salariales pagados al
actor durante los años: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014, de los cuales se logra tener certeza que aquel percibió: sueldo básico,
bonificación por servicios prestados, prima especial, prima de vacaciones,
prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, entre otros.

Igualmente, se aportó certificado del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil
Dieciséis (2016), expedido por la coordinadora del área de talento humano de
la entidad demandada, a través del cual informó que el actor pertenece al
régimen salarial denominado acogido13.

Acreditó está que, el señor Óscar Marino Gil Zúñiga, a través de apoderado,
presentó ante la demandada reclamación administrativa el Dieciocho (18) de

11
Índice 20 Samai, archivo «43RECIBEMEMORIAL_37842023MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 20», página 5.
12
Índice 20 Samai, archivo «43RECIBEMEMORIAL_37842023MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 20», páginas 6 a 94.
13
Índice 20 Samai, archivo «43RECIBEMEMORIAL_37842023MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 20», página 95.

11

Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

noviembre de Dos Mil Catorce (2014)14, mediante la cual, solicitó reliquidar y
pagar su salario, seguridad social en pensión y prestaciones sociales teniendo
en cuenta la prima especial de servicios; petición que fue resuelta de manera
negativa a través de la Resolución No. 2615 del Veinte (20) de Noviembre de
Dos Mil Catorce (2014)15.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la anterior resolución el Quince (15) de
Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)16, el recurso de reposición fue resuelto
mediante la Resolución No. 2764 del Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil
Catorce (2014)17, confirmando el acto recurrido y concedió el recurso de
apelación, el cual no fue resuelto; por tanto, surgió el acto ficto o presunto
negativo aquí demandado.

Aclarado lo anterior, la Sala pasa a analizar los argumentos de inconformidad
de la entidad demandada formulados en el recurso de apelación.

En este punto la Sala recuerda que, conforme se desprende de lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios fue creada
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996, dispuso que,
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales; en
virtud de ello, la citada prima no puede servir de base en la liquidación de
prestaciones; asimismo, se recuerda que, son beneficiarios de la citada prima,
entre otros, quienes desempeñen cargos de Juez.

Ahora bien, en cuanto al argumento del recurrente según el cual, las
sentencias que declararon la nulidad de los decretos salariales de la Rama
Judicial tienen efectos ex nunc, la Sala ya se ha pronunciado18 indicando que,
si bien es cierto, las decisiones anulatorias de normas tienen en principio
efectos hacia el futuro, tampoco es menos cierto que, en el caso concreto se
trata del restablecimiento de un derecho previamente vulnerado por la indebida

14
Folios 3 a 15.
15
Folios 16 a 17.
16
Folios 18 a 22.
17
Folios 23 a 25.
18
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (17) de julio de dos mil veinticinco (2025),
radicado 18001-23-33-003-2014-00226-01 (6310-2022).

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Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

interpretación y aplicación de los decretos reglamentarios, aquí el demandante
no solicita la aplicación retroactiva de una norma, sino la corrección de una
liquidación efectuada en contravía del marco normativo y jurisprudencial
vigente, por lo tanto, este argumento del recurso de apelación no tiene
vocación de prosperidad.

De otra parte, la entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la
prima especial de servicios implicaba superar los topes de remuneración
previstos en el Decreto 1251 de 2009.

Al respecto, debe indicarse que, la jurisprudencia de esta Corporación19 ha
sido enfática al precisar que, el pago de las diferencias salariales y
prestacionales que surjan con ocasión a la debida aplicación de la prima
especial de servicios como un incremento a la asignación básica con carácter
no salarial, debe realizarse garantizando por la entidad nominadora que no
sean superados los topes salariales establecidos por el Gobierno nacional; así
las cosas, se modificará la sentencia recurrida con el fin de hacer tal precisión
y con ello garantizar que se respeten tales límites salariales.

Respecto el argumento de inconformidad según el cual la prima especial de
servicios no es base para liquidar prestaciones sociales, debe reiterarse que,
tanto la norma que la creó, esto es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como
los decretos que anualmente ha expedido el Gobierno nacional y que han
fijado el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial que se
acogieron a las disposiciones del Decreto 57 de 1993, entre ellos los decretos
1024 de 2013 y 194 de 2014, citados en el recurso; así como la jurisprudencia
de esta Corporación han sido enfáticas en precisar el carácter no salarial de la
prima especial de servicios, lo cual, conlleva a que no pueda servir de base en
la liquidación de prestaciones sociales y solo tenga este carácter para efectos
pensionales; no obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el
30% de la prima especial de servicios.

Cuando se revisa la orden dada por el Tribunal en tal sentido en el ordinal

19
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco
(2025), radicado 17001233300020210006102 (2642-2025).

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tercero de la sentencia, se observa que, la redacción de aquel puede llevar a
confusiones, motivo por el cual, habrá de modificarse el citado ordinal para
dejar claro que, la reliquidación de prestaciones sociales se debe realizar
sobre la base del 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30%
de la prima especial de servicios.

Finalmente, como la entidad demandada en su recurso reiteró las excepciones
propuestas al contestar la demanda, debe insistirse en que, el demandante
acreditó que se vinculó a la Rama Judicial desde el Treinta y Uno (31) de Agosto
de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985) hasta el Cuatro (4) de Diciembre
de Dos Mil Catorce (2014), habiendo ejercido el cargo de juez, quien se acogió
a las disposiciones del Decreto 57 de 1993; ante ello, es beneficiario de la prima
especial de servicios aquí reclamada, razón suficiente para que no prospere la
excepción denominada «inexistencia de causa para demandar».

No obstante, debe precisarse que, la parte pasiva no interpuso reparo alguno
respecto al extremo final del reajuste ordenado por el Tribunal; ante ello, la Sala
no emitirá pronunciamiento en aras de garantizar el principio de la no reformatio
in pejus.

Ahora, en cuanto a la excepción de prescripción se recuerda que, en estos
eventos se aplica la prescripción trienal, consagrada en los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, conforme lo establecido en la quinta regla de la sentencia
de la Sala Plena de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019.

Conforme lo probado el actor radicó reclamación administrativa el Dieciocho
(18) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014); por tanto, operó el fenómeno
de la prescripción sobre el reajuste salarial y prestacional causado con
anterioridad al Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Once (2011), tal como
lo precisó el A-quo, sin que haya motivo alguno de modificar la decisión tomada
en tal sentido.

No obstante, la Sala observa que, el Tribunal omitió pronunciarse sobre los
aportes pensionales, aspecto que, al estar ligado al derecho pensional tiene el
carácter de irrenunciable e imprescriptible; por tanto, se adicionará la sentencia
para ordenar a la accionada reajustar los aportes pensionales del actor desde

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Número Interno: 3784-2023
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el Siete (7) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), que entró en
vigencia el Decreto 57 de 1993, teniendo en cuenta el 100% de la asignación
básica y, desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 199620, la cual, dispuso
que, la prima especial de servicios tendría carácter salarial para estos efectos,
con base en el 100% de la asignación básica más el 30% de la citada prima
especial de servicios y hasta que desempeñó el cargo de juez, sin tener en
cuenta la figura de la prescripción.

Además, se adicionará el fallo con el fin de precisar que, el cumplimiento de la
presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada verifique
que no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.

2.5 Condena en costas

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Diez (10) de
Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero de la sentencia del
Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de

20
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia,
según su artículo 3.

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Número Interno: 3784-2023
Demandante: Óscar Marino Gil Zúñiga
Demandados: Nación – Rama Judicial

Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará
así:

TERCERO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que reconozcan, reliquiden y
paguen a favor del señor Óscar Marino Gil Zúñiga, el incremento salarial del 30% de la
prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1993; así como,
reliquide las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica,
sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del
Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Once (2011), en atención a la prescripción
trienal.

Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente
laborados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de juez de la República.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá
reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes realizados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones en favor del señor Óscar Marino Gil Zúñiga desde el Siete (7) de
enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), que entró en vigencia el Decreto 57 de
1993, con base en el 100% de la asignación básica, y desde la entrada en vigor de la
Ley 332 de 1996, teniendo en cuenta dicha asignación más el 30% de la prima especial
de servicios y hasta que ejerció como juez, sin tener en cuenta el fenómeno de la
prescripción.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada verifique que no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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