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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00650-02

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00650-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 23 Número Interno: 3084-2019 Demandante: María Hilda Vargas López Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Conjueces que declaró no probada la excepción de prescripción. En su lugar se dispone: «PRIMERO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción trienal propuesta por la entidad demandada – Nación – Rama Judicial, de lo reclamado con antelación al veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011), por las razones expuestas, salvo los aportes al sistema de seguridad social en pensión, dado su carácter imprescriptible.» SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal quinto y revocar el sexto de la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Conjueces. En su lugar, se dispone: «QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ordena a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar, reconocer y pagar a la señora María Hilda Vargas López, todas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011), en razón de la prescripción, hasta cuando la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel momento la demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le hicieran acreedor de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación. Asimismo, la entidad deberá liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, a partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa y seis […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00650-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 73001-23-33-000-2015-00650-02 (3084-2019)1
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, contra
la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones3.

1. La señora María Hilda Vargas López, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), por medio del cual pretende:

«PRIMERA: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en los oficios DSAJ No.
000403 de fecha 12 de Junio de 2014, emanado de la RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- SALA ADMINISTRATIVA- DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ, mediante el cual se le negó a la Doctora
MARÍA HILDA VARGAS LÓPEZ, Juez Civil Municipal de El Espinal, la reliquidación de sus
prestaciones sociales y laborales y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales

1
Expediente físico
2
Expediente físico - folios 26-51
3
Expediente físico - folios 26-27

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

existentes entre lo liquidado hasta ahora por la administración con el 70% de su salario
básico y la liquidación que resulte teniendo como base el 100% de su salario básico,
incluyendo el 30% de este, que la administración ha tomado para darle el título de prima
especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter
salarial, como adición o agregado a la asignación básica, prevista en el art. 14 de la ley 4
de 1992.

SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACION -
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a reliquidar, reconocer y pagar a mi
poderdante desde el 01 de Enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia y en adelante
mientras permanezca vinculado, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales,
prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás
prestaciones, emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el
futuro se establezcan y causen, durante su vinculación como juez, teniendo como base
para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual legal, incluyendo en la base de
liquidación el 30% de la asignación básica mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque
este porcentaje del salario básico la administración lo ha considerado como la prima
especial sin carácter salarial, prevista en el art. 14 de la ley 4 de 1992.

TERCERA: Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
NACION - RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a reconocer y pagar a mi procurado,
desde el 01 de Enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, el valor de las
diferencias salariales, laborales y prestacionales existentes, entre la liquidación que hasta
ahora le ha hecho la administración con el 70% de salario básico y el valor que resulte de
reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de
servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y
derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y
causen, durante su vinculación como juez, teniendo como base para la liquidación el 100%
de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación el 30% del
sueldo básico mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque este porcentaje del salario
básico la administración no ha considerado como la prima especial sin carácter salarial.

CUARTA: Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
demandada a reconocer y pagar al demandante desde el 01 de Enero de 1993 hasta la
fecha de la sentencia y en adelante, la prima especial sin carácter salarial prevista en el
art. 14 de la Ley 4 de 1992equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta ahora
no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado, adición, incremento o sobresueldo
a la remuneración legal mensual.

QUINTA: Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
demandada a reconocer y pagar al demandante desde el 01 de Enero de 1993 hasta la
fecha de la sentencia y en adelante, el 30% del sueldo básico, que hasta ahora no se le
ha cancelado, ya que este porcentaje lo relaciona en los pagos como prima, siendo parte
de la remuneración legal mensual.

SEXTA: Que luego de la sentencia y en adelante, se condene a la NACION – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL, a seguir liquidando y pagando al demandante, todas sus
prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100%
de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de la
asignación básica mensual, que hasta ahora no computa como salario, sino como prima
especial sin carácter salarial.

SEPTIMA: Hacer las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e
irrenunciables que resulten probados.

OCTAVA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada ajuste y actualice los
valores reclamados de acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

de intereses, de conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del Código procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOVENA: Lo anterior, previo a inaplicar por inconstitucionales, el artículo 6º del decreto
658 de 2008; artículo 8º del decreto 723 de 2009, artículo 8º del decreto 1388 de 2010, el
artículo 8 del decreto 1039 de 2011, el artículo 8 del decreto 0874 de 2012, el artículo 8
del decreto 1024 de 2013 y el artículo 8 del decreto 194 del 07 de febrero de 2014, solo
en cuanto le restan al 30% del salario básico de los servidores judiciales que relaciona,
para llamarlo prima especial sin carácter salarial, condicionándolos a que se interpreten
en el entendido de que la prima legalmente establecida, se tenga como una adición,
incremento o agregado al salario, para adecuarlos a los textos, principios y valores
constitucionales y legales así como lo que en el futuro se dicten con el mismo contenido
durante el transcurso del proceso.»

1.2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes4:

2. La señora María Hilda Vargas López, está vinculada a la Rama Judicial, en la que
ha desempeñado desde el primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y dos
(1992) hasta el treinta (30) septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), el cargo
de Juez Primero Civil Municipal de El Espinal - Tolima y desde el primero (1) de octubre
de mil novecientos noventa y siete (1997), el de Juez Primero Civil Municipal de Ibagué
– Tolima.

3. Señala que, la Administración Judicial, desde el primero (1) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), ha liquidado todas sus prestaciones y la seguridad
social con el 70% de su remuneración básica y no con el 100% de esta, por haberse
reglamentado en algunos decretos del Gobierno Nacional la prima especial sin carácter
salarial, por lo tanto, decidió debitar o descontar de la remuneración básica, el 30% de su
carácter salarial, en lugar de adicionar dicho porcentaje al sueldo mensual.

4. Aduce que, aun cuando el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, creó la prima especial de
servicios como una adición o un sobresueldo a la remuneración básica, la administración
judicial, desde el 1993 tampoco se la ha pagado en dichos términos, en razón a que, al
momento de pagarle su salario y prestaciones, fracciona la remuneración básica en dos
partes así: a) un 70% le atribuye la connotación de sueldo básico mensual, b) a un 30%
le atribuye el carácter de prima especial de servicios sin carácter salarial, es decir, toma
del sueldo básico el 30% y lo califica como prima sin carácter salarial, dejando la
asignación básica legalmente establecida, reducida al 70% con lo cual, liquida las
prestaciones sociales y laborales.

5. Indica que, el veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), solicitó a la
Administración Judicial, la reliquidación de todas sus prestaciones con el 100% de su

4
Expediente físico – folios 27-31

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación, el 30% de la
asignación básica que le ha descontado a esta, para estipularla como prima especial sin
carácter salarial, y, el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial,
como un valor agregado, o plus al salario, con las indexaciones correspondientes.

6. La Administración Judicial, mediante el oficio DSAJ No. 000403 del doce (12) de junio
de dos mil catorce (2014), negó la reliquidación solicitada y el pago, como valor adicional
al salario, de la prima especial sin carácter salarial.

7. Afirma que, el oficio DSAJ No. 000403 del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014),
no le fue notificado en debida forma, solo se le envió copia, no se le citó para la
notificación personal, tampoco se le envió aviso de notificación y en él no se le indicaron
los recursos procedentes, ni los términos, como las autoridades ante quienes
interponerlos, luego entonces, para el ejercicio del presente medio de control, se dio por
notificado por conducta concluyente y, acudió directamente a la jurisdicción.

1.3. Normas violadas y concepto de violación5

8. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

9. La Constitución Política: artículos 1, 2, 5, 4, 13, 25, 53 y 209, Ley 4 de 1992,
artículos 2 y 14, numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

10. En el concepto de violación, sostiene que, la Rama Judicial, al considerar que el
treinta por ciento (30%) del salario básico constituye la prima especial sin carácter salarial
y al liquidar las prestaciones sobre el setenta por ciento (70%) restante, redujo
indebidamente su remuneración.

11. En ese sentido, se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.

1.4. Contestación de la demanda6

5
Expediente físico – folios 31-49
6
Expediente físico - folios 108-112

5

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

12. La entidad demandada actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

13. Afirmó que, por mandato expreso de la Ley 4 de 1992, artículo 14, la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial, situación reiterada en los distintos decretos
salariales aplicables a los servidores de la Rama Judicial, lo que significa que dicho
porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de
servicios, navidad, vacaciones auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados
como lo está solicitando el apoderado del demandante.

14. Señaló que, la sentencia de simple nulidad proferida por el H. Consejo de Estado,
el dos (2) de abril de dos mil nueve (2009), declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto
No. 618 de dos (2) de marzo de dos mil siete (2007), y no del artículo 6, en el cual, si se
hace referencia a los cargos de Jueces y Magistrados, porque la prima especial para
estos no tienen carácter salarial, por ello, consideró que, los fallos judiciales no tienen la
virtud de producir efectos generales frente a situaciones similares en que se encuentren
personas que no obtuvieron la declaración judicial a su favor. Por este motivo, indicó que
no era viable incluir la prima especial de servicios sin carácter salarial en la liquidación y
pago de las prestaciones sociales, en los términos solicitados por el demandante.

15. Formuló las excepciones de prescripción e innominada.

La sentencia de primera instancia7.

16. El Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Conjueces, por medio de la
sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), accedió a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente manera:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción denominada PRESCRIPCIÓN
propuesta por la demandada, de acuerdo con lo expuesto.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucionales las siguientes disposiciones: Art. 7°
del Decreto 43 de 1995, Art. 6° del Decreto 36 de 1996, Art. 6° del Decreto 76 de
1997, Art. 6° del Decreto 64 de 1998, Art. 9° del Decreto 44 de 1999, Art. 7° del
Decreto 2740 de 2000, Art. 7° del Decreto 1475 de 2001, Art. 7° del Decreto 2720
de 2001, Art. 7° del Decreto 2777 de 2001, Art. 6° del Decreto 673 de 2002, Art. 6°
del Decreto 3569 de 2003, Art. 6° del Decreto 4172 de 2004, Art. 6° del Decreto 936
de 2005, Art. 6° del Decreto 389 de 2006, Art. 6° del Decreto 618 de 2007, Art. 6°
del Decreto 658 de 2008, Art. 8° del Decreto 723 de 2009, Art. 8° del Decreto 1388

7
Expediente físico – folios 240-252

6

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

de 2010, Art. 8° del Decreto 1039 de 2011, el artículo 8° del decreto 0874 de 2012,
el artículo 8° del decreto 1024 de 2013 y el artículo 8° del decreto 194 del 07 de
febrero de 2014.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del oficio el oficio DSAJ No.000403 del 12 de
junio de 2014, emanado de la RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
IBAGUÉ.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de
derecho, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a la
Dra. MARIA HILDA VARGAS LOPEZ desde el 01 de enero de 1993 hasta la fecha
que esté vinculada a la Rama Judicial como Juez de la República, la prima especial
mensual de servicios, sin carácter salarial en cuantía equivalente al treinta por
ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, teniéndola como un plus o valor
adicional sobre la misma y no como parte integrante como hasta el momento lo ha
hecho.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y
pagar a la actora desde el 01 de enero de 1993 hasta la fecha que esté vinculada
a la Rama Judicial como Juez de la República, la suma que resulte como diferencia
existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración mensual
básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulte
teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual
legal, incluyendo el 30% que hasta ahora ha tenido como prima especial.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y
pagar al actor, desde el 01 de enero de 1993 hasta la fecha que esté vinculada a la
Rama Judicial como Juez de la República, la totalidad de sus prestaciones y
emolumentos laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad
social, teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica legal,
incluyendo el 30% de esta que hasta ahora ha considerado como prima.

SÉPTIMO: Las sumas que sean reconocidas como consecuencia de esta
sentencia, serán actualizadas de acuerdo con la fórmula anteriormente expuesta y
deberán generar intereses moratorios a partir de su ejecutoria, en la forma prevista
en los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

OCTAVO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por
los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procesamiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOVENO: Sin costas.» (sic).

17. Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, a la luz de las normas que
gobiernan el tema, en concordancia con las certificaciones laborales obrantes al proceso,
y de lo sostenido en los actos sometidos a control de legalidad, encontró acreditado que
a partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), la entidad
demandada, en aplicación de los decretos salariales, tomó una parte del salario para
llamarlo prima, con lo cual, recorta y disminuye el salario básico legalmente establecido

7

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

de la demandante en un 30% y con ese salario disminuido le liquida todas sus
prestaciones, incluyendo sus cesantías y aportes a seguridad social.

18. Señala que, al confrontar la remuneración básica mensual establecida en cada
uno de los decretos anuales, con lo pagado por la administración a la demandante,
observó que en cada mensualidad y durante todo el año, la Rama Judicial divide su
salario básico en dos conceptos, un 70% de éste lo deja como salario básico y el otro
30% lo llama prima especial, luego entonces, con el salario reducido al 70%, le liquidó
todas las prestaciones sociales y laborales.

19. Resalta que, la prima especial de servicios es un agregado o adición al salario
básico, «en tal sentido debe tenerse en cuenta para el cálculo de los aportes a la
seguridad social en pensión, pues, si bien, no tiene carácter salarial en relación con las
prestaciones, para efectos pensionales si lo tiene, por expresa disposición del artículo 1
de la Ley 332 de 2006» (sic). En tal razón, como la administración no ha pagado la prima
especial, como un incremento o valor adicional al salario, tampoco ha efectuado los
aportes derivados de este factor, a la seguridad social en pensiones de la actora.

20. Colige que, el acto administrativo demandado, así como, los decretos del Gobierno
Nacional, que consideran el 30% del salario básico como prima especial, son contrarios
al ordenamiento superior (ley, constitución y bloque de constitucionalidad), y por ende
eran procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

21. En lo que corresponde a la excepción de prescripción, la declaró no probada al
considerar «que las normas que regulan la prima especial de servicios para los funcionarios de
la Rama Judicial y que establecen que la misma se toma de un porcentaje de lo que corresponde
por concepto de asignación básica y no como un valor adicional (es decir limitan el salario) se
encuentran vigentes y por ende, es este fallo el que las inaplica por inconstitucionalidad, por lo
que esta sentencia se torna en aquella que constituye el derecho para el demandante y por tal
razón, solo a partir de este momento se puede empezar a contar la prescripción del beneficio
para el trabajador.»

1.5. Del recurso de apelación8.

22. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, el cual sustenta bajo los siguientes argumentos:

8
Expediente físico – folios 258-262

8

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

23. A tono con la normatividad y jurisprudencia que regula la prima especial de
servicios, que se aplica, entre otros, a los Jueces de la República, ésta solo tiene carácter
salarial para efectos en la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación; por lo tanto, no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las
primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios
prestados.

24. Afirma que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Direcciones
Seccionales, han aplicado correctamente el contenido de la Ley 4ª de 1992 en su artículo
14, atendiendo lo establecido por el Gobierno Nacional en los diferentes decretos
salariales que anualmente expide en desarrollo de la mencionada Ley.

25. Indica que, no tiene la facultad para interpretar las leyes e inaplicadas, en razón a
que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias los que tienen
tal facultad, a diferencia de la autoridad administrativa que únicamente está sometida a
su imperio y debe darle estricto cumplimiento.

26. Por lo anterior, solicita revocar la sentencia de primera instancia, en caso de que
no sea revocada y/o modificada se declare la prescripción solicitada en la contestación
de la demanda.

1.6. Trámite de segunda instancia

27. El cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019), los magistrados de la Sección
Segunda suscribieron manifestación de impedimento para conocer del proceso de la
referencia bajo la causal de tener interés directo en el resultado del proceso9.

28. La Sección Tercera de esta corporación, por medio de la providencia adiada
diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), declaró fundado el
impedimento de los magistrados de la Sección Segunda y ordenó efectuar el sorteo de
conjueces10.

29. Por medio del auto adiado tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el
conjuez que asumió el conocimiento del sub examine, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal del

9
Expediente físico – folio 274
10
Expediente físico – folios 278-280

9

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

Tolima11.

30. Por auto del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021), se ordenó correr
traslado de alegatos de conclusión, oportunidad que también se le concedió al Ministerio
Público para que si a bien lo tenía presentara concepto de fondo12.

31. A través de auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), en razón
a la modificación de los integrantes de la Sala de la Sección Segunda, el conjuez de
conocimiento ordenó la devolución del expediente al despacho del magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para lo de su cargo13.

32. Por auto del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia, luego, el expediente
ingresó al despacho para fallo14.

33. La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión, por medio del
cual, reitera los argumentos expuestos en la demanda y con los cuales sustenta que le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y la
consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales con ocasión a que fueron
pagadas sobre el 70% del salario y no sobre el 100% del mismo.

34. Sobre la prescripción, aduce que no hay lugar a declararla probada, toda vez que,
que hasta el año 2007, estuvieron vigentes los decretos anuales que desarrollan la prima
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que imposibilitan a los funcionarios de la
Rama Judicial reclamar este derecho, por cuanto la regulan de manera errónea,
creándola aparentemente y no como agregado al salario. Estas normas anuales dictadas
por el Gobierno Nacional, como estuvieron vigentes hasta el 29 de abril de 2014 y eran
obligatorias mientras rigieron, no permitieron al actor reclamar, por lo que el derecho solo
empezó a ser exigible, a partir de esa sentencia que declaró la nulidad para tales
períodos.

35. En relación con los decretos dictados a partir del año 2007, éstos aún se haya
vigentes pues no han sido anulados por la jurisdicción contencioso por lo que la
prescripción aún no ha empezado a correr para tales períodos por la razón indicada de
no haberse hecho exigible el derecho.

11
Expediente físico – folio 287
12
Expediente físico – folio 293
13
Expediente hibrido – sistema Samai documento 122
14
Expediente hibrido – sistema Samai documento 126

10

Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

36. El Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

37. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La liquidación y pago de la prima especial de servicios, contenida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, ordenada por el A – quo a favor del actor, se
encuentra ajustada al marco normativo y jurisprudencial que la regula?

ii) ¿La falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para
negar las pretensiones de la demanda?

iii) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por la señora María Hilda Vargas López?

39. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios

40. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

41. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el

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sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

42. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

43. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

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5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.2.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.

44. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado15 y reiterado16:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento
en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el
trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

En la sentencia del 2 de septiembre de 201917, el Consejo de Estado
determinó que en materia de la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y
en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta
la fecha de exigibilidad del derecho.

Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
18
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

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En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.»

45. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

46. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

47. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.

2.3. Caso concreto.

48. De cara a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente al marco
normativo que, rige la materia, la Sala encuentra acreditado que la señora María Hilda
Vargas López, durante periodo reclamado en la demanda, este es, desde el primero (1)
de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), hasta el treinta (30) septiembre de mil
novecientos noventa y siete (1997), ha desempeñado el cargo de Juez Primero Civil
Municipal de El Espinal - Tolima y desde el primero (1) de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997), ejerce el cargo de Juez Primero Civil Municipal de Ibagué –
Tolima19.

49. Asimismo, obran certificados salariales expedido el veintisiete (27) de julio de dos mil
once (2011), por la División de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Tolima, en los cuales, se hace constar que la demandante

19
Expediente físico – folio 10

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pertenece al régimen de acogidos y entre otros conceptos, se resaltan el sueldo básico y
prima especial de servicios, percibidos mensualmente así20:

Cargo Fecha de Fecha final Conceptos Total
inicio
Salario Prima Salario +
especial de prima especial
servicios de servicio
Juez municipal 01/01/1993 30/09/1997 1996 1996 1996
Juez Primero $1.184.114 $355.234 $1.539.348
Civil Municipal
de El Espinal -
Tolima
Juez Primero 01/10/1997 Con vinculación 1998 1998 1998
Civil Municipal activa al $1.587.534 $476.260 $2.063.794
de Ibagué – momento de
Tolima presentar la
demanda
Se toman como ejemplo las anualidades 1996 y 1998

50. Está acreditado que, la señora María Hilda Vargas Lòpez, el veintitrés (23) de mayo
de dos mil catorce (2014)21, solicitó a la Administración Judicial, la reliquidación de todas
sus prestaciones con el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base
de liquidación, el 30% de la asignación básica que le ha descontado a esta para
estipularla como prima especial sin carácter salarial, y, el reconocimiento y pago de la
prima especial sin carácter salarial, como un valor agregado, o plus al salario, con las
indexaciones correspondientes.

51. La Administración Judicial, mediante oficio DSAJ No. 000403 del doce (12) de junio
de dos mil catorce (2014)22, negó la reliquidación solicitada y el pago, como valor
adicional al salario, de la prima especial sin carácter salarial.

52. En este punto, la Sala resalta que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Sala de Conjueces, definió el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
precisó que, la prima especial de servicios constituye un incremento de la asignación
básica de los servidores beneficiarios y no una porción de esta.

53. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que: «La prima especial
de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto

20
Expediente físico - folios 11-13
21
Expediente físico – folios 3-6
22
Expediente físico – folio 7-9

15

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de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».

54. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del mandato
legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima especial
allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle esa
denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %». Este
entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias como
la que ocupa la atención de la Sala.

55. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha
quedado sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para
el pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación
de prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.

56. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso.

57. En ese orden, se observa del análisis del certificado de pagos expedido veintisiete
(27) de julio de dos mil once (2011), por la División de Recursos Humanos de la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Tolima, que a la actora le han pagado
mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima especial de servicios;
sin embargo, al sumar estos dos factores, arroja como resultado la totalidad de la
asignación básica que el Gobierno Nacional estableció para aquellos servidores de la
Rama Judicial que optaron o que se rigen por el Decreto 57 de 1993; a manera de
ejemplo se trae a colación algunas de las anualidades reportadas en la citada prueba,
así:

Vigencia Sueldo Prima Total Remuneración Decreto fijó
mensual especial sueldo + Gobierno remuneración

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prima nacional mensual
especial acogidos
1996 $1.184.114 $355.234 $1.539.348 $1.539.348 Decreto 36 de
Juez 1996
municipal
1998 $1.587.534 $476.260 $2.063.794 $2.063.794 Decreto 64 de
Juez 1998
municipal

58. En consecuencia, le resultan aplicables a la actora, las reglas establecidas en la
sentencia proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces del Consejo de Estado
el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), radicación: 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018).

59. No obstante, nótese que, la entidad demandada a través del oficio DSAJ No. 000403
del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), negó la petición del actor, al considerar:

«Por lo anteriormente expuesto ésta Dirección Seccional, debe regirse por los
Decretos Salariales y las Tablas o Escalas Salariales y Prestacionales expedidas por
el gobierno Nacional y en especial debe regirse por las directrices emanadas del
Nivel Central es decir por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá, pues ésta Dirección como entidad técnico administrativa no está autorizada
para hacer cálculos salariales o para modificar las Escalas Salariales o Tablas
Salariales determinadas en los Decretos Salariales expedidos por el Gobierno
Nacional, ni se puede cancelar conceptos adicionales respecto de Prima
Especial de Servicios, sin existir una autorización o una directriz del nivel
central o del Ministerio de Hacienda que asigne los rubros para pagos
adicionales por concepto de Prima Especial de Servicios, pues nos tenemos que
regir por los lineamientos y los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional el
cual rige para todos los servidores Judiciales sin excepción alguna.

Los distintos conceptos y fallos jurisprudenciales de Abril 2 de 2009, Junio 27 de
2012, Diciembre 14 de 2011, Agosto 24 de 2011, Mayo 19 de 2010, y el más reciente
fallo enunciado en su petición, del 29 de Abril de 2014, no es de tenerse en cuenta
en este caso concreto toda vez que las Sentencias Judiciales de Restablecimiento
del derecho producen efectos ínter partes, es decir únicamente se aplican a las partes
que intervienen en el proceso.

Por lo expuesto en precedencia, no se puede acceder a su petición de Pago de Prima
Especial de Servicios en un Porcentaje del 30% referente al tiempo en que usted ha
estado vinculada a la Rama Judicial como Juez de la República, sin que medie un
fallo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se haga un reconocimiento
expreso de suma de dinero a favor únicamente del demandante interesado e
interviniente en el proceso.

De la misma manera informo que por lo que antecede, no es viable dar trámite
positivo a su solicitud de pago de salarios y prestaciones sociales sobre el 100% del
salario devengado por usted.»

60. Los anteriores argumentos, no son de recibo, pues, con ellos se desconoce que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, corresponde a

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un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como
un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

61. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
del acto administrativo objeto de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el a - quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.

62. En ese orden, no le asiste razón a la parte accionada, cuando pretende se revoque
la condena del a - quo, para en su lugar negarla, toda vez que, la demandante tiene
derecho a que se le reliquide y paguen todas las prestaciones sociales y salariales según
los tiempos de servicios prestados como juez municipal, teniendo en cuenta para tal
efecto, una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo
el valor excluido erróneamente a título de prima especial de servicios.

2.3.1. De la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

63. El otro punto de censura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente a
la decisión de primera instancia, radica en la falta de competencia para interpretar las
leyes e inaplicarlas, lo cual, corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

64. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, aunque no se desconoce qué, la sentencia
en mención fue proferida con posterioridad a la manifestación de la Rama Judicial, lo
cierto es que, la sujeción de la entidad a los decretos salariales y la ausencia de
competencia alegada, no pueden tener como efecto enervar las pretensiones de la
demanda, cuando está debidamente decantado el derecho que le corresponde a la
demandante en su calidad de Juez de la República a percibir en debida forma la prima
especial de servicios, por lo que, no es posible trasladarle a este extremo procesal, las
consecuencias de la aludida interpretación del demandado, lo que resulta suficiente para
no avalar el argumento de apelación.

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2.3.2. De la prescripción

65. La parte demandada alegó que, las eventuales reclamaciones se encuentran
afectadas por la prescripción trienal, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.

66. Al respecto, observa la Sala que el A quo, declaró no probada la excepción de
prescripción, al considerar que, el derecho reclamado solo surgió a partir de la fecha en
que profirió la sentencia objeto del recurso de apelación.

67. Así las cosas, de cara a resolver el presente cargo de apelación, lo primero que indica
la Sala es que, la prescripción es un fenómeno jurídico procesal en virtud del cual, a pesar
de ser titular de un derecho, se pierde por inactividad para reclamarlo dentro del término
legal, debiéndose verificar en estos casos que la reclamación y/o demanda se haya
interpuesto dentro de los términos legales.

68. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta sección ha sido pacífica en
señalar que, en materia de acciones laborales rige la prescripción trienal, prevista en el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, los cuales señalan lo siguiente:

i) El término de prescripción es de tres (3) años, contados desde que la
respectiva obligación se hace exigible.
ii) El simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
iii) Dentro del anterior plazo, contado desde la presentación de la reclamación
administrativa, el trabajador debe acudir ante la jurisdicción en procura del
reconocimiento del derecho, so pena que opere nuevamente el fenómeno
prescriptivo.

69. En armonía con las citadas disposiciones, se resalta que, si bien para la fecha en que
se profirió la sentencia de primera instancia, no se había proferido la sentencia SUJ-016-
CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sección
Segunda de esta Corporación – Sala de Conjueces, no es menos cierto, que hoy es el
precedente obligatorio para resolver controversias como la que ocupa la atención de la
Sala.

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70. Así las cosas, el precedente a efectos de dilucidar el fenómeno prescriptivo en materia
laboral, precisó que, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial de servicios se
hizo exigible desde la entrada en vigor del decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992,
esto es, a partir del Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993)23.

71. La Sala resalta lo decidido en otros pronunciamientos, sobre la exigibilidad del
derecho el cual, surgió con su consagración normativa, siendo así, la regla de
prescripción no se modifica y, opera respecto de todas las acreencias causadas dentro
de los 3 años anteriores a la radicación de la reclamación administrativa24.

72. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal
consagrado en el artículo 4125 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

73. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción fue
definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:

«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia.

Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su

23
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
24
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los
eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. […]Ello implica que
al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley
y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con
las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación. Consejo de Estado. Sala Plena
de Conjueces. Sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33 000-2016-00041-02(2204-18).
25
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.

20

Número Interno: 3084-2019
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contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de
1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado
en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»

74. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados
podrían reclamar los derechos que por prima especial de servicios consideraban les
resultaba aplicable a cada caso.

75. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según lo
establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala de Conjueces de esta
Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella se aclaró la manera
en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente vinculante y
vigente para el momento en que se resuelve la litis.

76. En el caso bajo examen, el estudio del fenómeno jurídico de la prescripción se realiza
en función de la siguiente información:

Cargo Fecha de vinculación Exigibilidad del Fecha de reclamación
de cara al periodo derecho
reclamado
Juez municipal 1 de enero 1993. 7 de enero de 199326 23 de mayo de 2014.

77. De la anterior información, desde el siete (7) de enero de mil novecientos noventa y
tres (1993), la demandante contaba con el derecho de exigir el reconocimiento y pago del
30% de prima especial, establecida en el artículo 14 de la Ley 4º de 1992, no obstante,
ello solo ocurrió el veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), superando el término
trienal de prescripción.

78. A tono con lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia, en punto a que,
declaró no probada la excepción de prescripción, para en su lugar, declararla probada

26
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

sobre las acreencias reclamadas por la parte actora anteriores al veintitrés (23) de mayo
de dos mil once (2011).

79. Si bien operó la prescripción en los términos señalados, se debe considerar la
vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma dispone que la prima especial de
servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema pensional,
respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las acreencias
laborales periódicas.

80. Así, la declaratoria de prescripción no abarca los aportes al sistema de seguridad
social en pensión, los cuales, deben trasladarse a la administradora de pensiones, desde
el año 1993, dado su carácter imprescriptible, razón por la cual, se modificará la decisión
de primera instancia para precisar que el ingreso base de cotización deberá
corresponder, desde primero (1) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) hasta
la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, veintiocho (28) de diciembre
de mil novecientos noventa y seis (1996), al 100% de la asignación básica. A partir de
dicha fecha, la base de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios.

81. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección27.

82. El pago de la prima especial de servicios aquí ordenado, junto con la reliquidación de
los aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad llamada a
juicio, de aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel momento la
demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que la
hicieran acreedora de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.

83. Resalta la Sala que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos
estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se

27
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de Juez de la
República. Además, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que
la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.

84. Finalmente, no pasa por alto la Sala que la sentencia de primera instancia es confusa,
en lo que atañe al restablecimiento del derecho, comoquiera que reitera la orden de
reliquidación prestacional en los ordinales quinto y sexto, lo que puede generar dificultad
al momento de su ejecución, razón por la cual, se modificará el quinto y revocará el
sexto.

2.6. Condena en costas.

85. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo
tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia.

2.7. Conclusión.

86. La demandante, en su calidad de juez, le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En
todo caso, la Sala revocará el ordinal primero, para en su lugar, declarar probada la
excepción de prescripción, adicionará el ordinal quinto de la sentencia objeto del recurso
de apelación, para ordenar a la accionada la reliquidación de todas las prestaciones
sociales, realizar los aportes a pensión y atender el límite máximo de remuneración para
la beneficiaria, con lo cual, quedará revocado el ordinal sexto. En lo demás, se confirmará
la sentencia del a - quo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintiocho (28) de
marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de
Conjueces que declaró no probada la excepción de prescripción. En su lugar se dispone:

«PRIMERO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de
prescripción trienal propuesta por la entidad demandada – Nación – Rama
Judicial, de lo reclamado con antelación al veintitrés (23) de mayo de dos mil
once (2011), por las razones expuestas, salvo los aportes al sistema de
seguridad social en pensión, dado su carácter imprescriptible.»

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal quinto y revocar el sexto de la sentencia proferida el
veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo del
Tolima – Sala de Conjueces. En su lugar, se dispone:

«QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se
ordena a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reliquidar, reconocer y pagar a la señora María Hilda Vargas López,
todas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 100% de la asignación
básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios,
a partir veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011), en razón de la
prescripción, hasta cuando la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el
Decreto 272 de 2021, si para aquel momento la demandante continuaba
prestando el servicio a la entidad, en cargos que le hicieran acreedor de la
prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
o en su defecto hasta su desvinculación.

Asimismo, la entidad deberá liquidar y trasladar al fondo de pensiones
correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones que resulten procedentes, a partir del primero (1) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de
1996, esto es, veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa y seis
(1996), al 100% de la asignación básica. A partir de dicha fecha, la base de
liquidación será el 100% de la asignación básica, más el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios, siempre que tales cotizaciones no hubieren
sido efectuadas previamente.

Las diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente
señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de
Juez de la República.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos.»

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Número Interno: 3084-2019
Demandante: María Hilda Vargas López
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo
de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de
Conjueces que accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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