Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00515-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00515-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00515-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00515-02 (2258-2020)1
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1 La demanda3
1.1.2 Pretensiones4
1. El señor William Salazar Giraldo acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: las
Resoluciones DESAJMZR16-1284 (27-jul-2016, Manizales, negó derecho de
1
Expediente digital
2
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia.
Para tal efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
3
Téngase en cuenta la subsanación de la demanda, con ocasión al auto inadmisorio No.004 del 17 de julio de 2018. TA, índice 39,
anexo 2, págs. 276 – 277.
4
TA, índice 39, anexo 2, págs. 280 – 282 y pág. 18.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
petición), DESAJMZR16-1376 (24-ago-2016, concedió apelación), DSAJ-00785
(18-jul-2016, Tolima), No. 6174 (8-sep-2016, nivel central) y No. 8746 (28-dic-2016,
que la confirmó), así como, los actos fictos negativos por el silencio de las
seccionales Caldas y Tolima frente a sendos recursos de apelación.
2. Como restablecimiento del derecho solicitó reconocer la prima especial de
servicios (art. 14, Ley 4ª de 1992) como factor salarial, equivalente al 30% del
salario, y se paguen las diferencias dejadas de percibir por dicho concepto durante
el periodo: 1-ene-1993 a 1-julio-2016 en adelante, como Juez de la República,
Magistrado de Tribunal y Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Pidió además la reliquidación de prestaciones sociales
con inclusión de esa prima; el pago de las sumas probadas como no canceladas; el
ajuste de aportes a Colpensiones sobre la base salarial real; el cumplimiento
conforme a los arts. 189 a 192 del CPACA; intereses e indexación según el art. 195
CPACA; y costas y agencias en derecho.
1.1.3 Hechos relevantes5
3. En el libelo se adujo que el señor Salazar Giraldo se vinculó a la Rama Judicial
de manera ininterrumpida desde el 1 de enero de 1993, hasta la fecha -de presentación
de la demanda, que data del 24 de julio de 20176-.
4. Ocupó los cargos de Juez en el Distrito Judicial de Manizales (1-ene-1993 a 15-
feb-2004); Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué (16-feb a
30-jun-2004); Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales (1-
jul-2004 a 30-jun-2006); nuevamente en Ibagué (1-jul a 30-oct-2006); y de nuevo en
Manizales (31-oct-2006 a 31-oct-2012).
5. Luego se desempeñó como Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá (1-nov-2012 a 1-nov-2016), y desde el
2 de noviembre de 2016 a la fecha -24 de julio de 2017- es Magistrado de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales.
5
TA, índice 39, anexo 2, págs. 282 – 283.
6
Según acta de reparto, TA, índice 39, anexo 2, pág. 4.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1.1.4 Cargos de nulidad7
6. Los actos acusados infringieron, según el demandante, los artículos 1, 2, 5, 12,
13, 53, 136, 150 (numeral 19, inc. 1°, literales e y f) y 209 de la Constitución Política;
1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4ª de 1992; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996; los artículos 127 y 128 del C.S.T.; y el Decreto 57 de 1993. Sostuvo que,
aunque la Ley 4ª de 1992 facultó al Gobierno para reglamentar la prima especial de
servicios sin que pudiera ser inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, y
prohibió desmejorar salarios y prestaciones (art. 2, literal a), el Gobierno -al expedir
el Decreto 57 de 1993 y las normas subsiguientes- invirtió el sentido de la norma:
en vez de adicionar el 30% al salario básico, lo dedujo de éste, reduciendo la base
salarial y, con ella, la liquidación de prestaciones sociales, cesantías y aportes a
seguridad social.
1.2 Tesis argumentativa de la parte demandada8
7. La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial aceptó
como cierto el hecho relativo a la vinculación del demandante y sugirió dar traslado
a las direcciones seccionales de Ibagué y nacional por haber prestado allí sus
servicios; se opuso a la totalidad de las pretensiones. Como defensa, sostuvo que
la sentencia del 29 de abril de 20149 solo declaró la nulidad de los artículos de los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007 que califican el 30% como prima
sin carácter salarial, mientras que los decretos posteriores a 2008 conservan
presunción de legalidad; además, precisó que dicha sentencia no se pronunció
sobre el carácter salarial de la prima, el cual, permanece incólume por estar fijado
directamente en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, norma declarada exequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996. Citó igualmente la sentencia
del 18 de julio de 201810 de esta Corporación para sostener que la prima especial
de servicios no constituye factor salarial para liquidar cesantías, sino únicamente
para efectos de pensión de vejez o invalidez.
8. Como excepciones de mérito propuso: (i) ausencia de causa petendi, inexistencia
del derecho reclamado y cobro de lo no debido, al no existir sustento normativo que
7
TA, índice 39, anexo 2, págs. 283 – 292.
8
TA, índice 39, anexo 2, págs. 580 – 587.
9
Sala de Conjueces, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
10
Rad. 47001-23-31-000-2011-00072-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
otorgue carácter salarial a la prima; (ii) cosa juzgada constitucional, derivada de la
declaratoria de exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en la sentencia C-
279 de 1996; y (iii) prescripción trienal (art. 41, Decreto 3135 de 1968), respecto de
los derechos y reliquidaciones reclamados hasta el año 2007, periodo cobijado por
la declaratoria de nulidad de los decretos salariales.
1.3 La sentencia de primera instancia11
9. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 26 de noviembre de 2019
y, en consecuencia, resolvió:
PRIMERO. ACCEDER PARCIALMENTE a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Declárese PARCIALMENTE PROBADAS las
excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho
reclamado, cobro de lo debido, NO PROBADA la excepción de cosa
juzgada constitucional y; PROBADA la excepción de prescripción
trienal laboral, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
TERCERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte
motiva de esta sentencia, de los actos administrativos; resolución
DESAJMZR16-1284 de 27 de julio de 2016, resolución
DESAJMZR16-1376 de 24 de agosto de 2016 y el acto
administrativo ficto presunto negativo emitidos por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial Seccional
Manizales, resolución DESAJ00785 de 18 de julio de 2016 y el acto
administrativo ficto presunto negativo Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de la Rama Judicial Seccional Ibagué,
resolución No. 6174 de 8 de septiembre de 2016, resolución No.
8746 de octubre de 2016 y el acto administrativo ficto presunto
negativo Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama
Judicial del Nivel Central.
CUARTO. CONDENAR a la demandada a reintegrar y pagar al
demandante las diferencias salariales no pagadas por concepto de la
prima especial de servicios, contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, al respecto de la bonificación por servicios, la prima de
vacaciones, la prima de servicios, la prima de navidad, el auxilio de las
cesantías, los intereses de las cesantías y en general todo aquel
emolumento salarial que no fue mencionado y al cual tenga derecho
por la ocupación del cargo de Juez de la República por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 29 de junio de 2004.
11
TA, índice 42, anexo 52.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
QUINTO. Declárese que sobre el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 1993 y el 29 de junio de 2004, OPERÓ la configuración del
fenómeno de la prescripción trienal laboral.
SEXTO. CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al
pago COSTAS; i). GASTOS PROCESALES para un total de
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($28.200.oo) y; NO
CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN
DERECHO, conforme se dijo en la parte considerativa de esta
demanda.
SEPTIMO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la
sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos
189 y 192 del CPACA. (sic)
10. En cuanto al fondo del asunto, la Sala de Conjueces valoró la constancia laboral
de tiempos de servicio y emolumentos, de la cual estableció que el demandante
ocupó el cargo de Juez de la República entre el “1 de enero de 1993 y el 29 de junio
de 2004”, y el de Magistrado de Tribunal desde el “30 de junio de 2004” en adelante.
Con base en esa prueba, y aplicando la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 de esta
Corporación, distinguió el tratamiento de la prima especial según el cargo: para el
periodo como Magistrado de Tribunal, concluyó que la prima especial del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 ya estaba comprendida dentro de la bonificación por
compensación (Decretos 610 y 1239 de 1998, equivalente al 80% de lo devengado
por Magistrados de Alta Corte), reconocida y pagada al demandante desde julio de
2004, por lo cual negó su reconocimiento adicional para ese lapso.
11. Para el periodo como Juez de la República, la Sala encontró probado, con la
misma constancia laboral y la respuesta de la entidad demandada, que el salario se
liquidó sobre un 70% (descontando el 30% bajo la denominación de prima especial)
y no sobre el 100% más el 30% adicional, lo que implicó una liquidación indebida
tanto del salario como de las prestaciones sociales derivadas. En consecuencia,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó, en principio,
la reliquidación correspondiente a ese periodo (1 de enero de 1993 al 29 de junio
de 2004).
12. Sin embargo, al examinar la prescripción trienal -contada, conforme al último
criterio del Consejo de Estado, tres años atrás desde la fecha de la reclamación
administrativa (6 de julio de 2016)-, la Sala determinó que el término de protección
solo cubría desde el 6 de julio de 2013 hacia atrás. Como el periodo reclamado
como Juez de la República finalizó el 29 de junio de 2004, es decir, antes de ese
Número Interno: 2258-2020
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límite, declaró que sobre la totalidad de ese periodo operó el fenómeno de la
prescripción trienal laboral. Por ello, aunque accedió parcialmente a las
pretensiones, en la práctica negó el pago efectivo de las diferencias reclamadas por
prescripción.
1.4 Recurso de apelación parte demandante12
13. Solicitó revocar el ordinal primero para acceder totalmente a las pretensiones;
revocar el ordinal segundo para declarar no probadas todas las excepciones;
extender la condena del ordinal cuarto desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha
en que el actor se desempeñe como Magistrado de Tribunal o en otro cargo con
derecho a la prestación; y revocar el ordinal quinto para declarar que no operó la
prescripción.
14. Respecto al periodo como Magistrado de Tribunal, manifestó que el a quo
confundió la prima especial de servicios (art. 14, Ley 4ª de 1992) con la bonificación
por compensación (Decreto 610 de 1998), cuando se trata de emolumentos
distintos: el propio Decreto 610 de 1998 dispone que la bonificación se suma a la
prima especial y a los demás ingresos laborales, sin reemplazarla, por lo que
primero debía restablecerse el salario con la prima y solo después verificar si la
suma superaba el techo del 80% fijado por la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 frente
a lo devengado por los Magistrados de Altas Cortes (incluido el auxilio de cesantías).
Reprochó que el Tribunal no realizó ese cotejo numérico entre lo pagado al
demandante y lo percibido por los Magistrados de Alta Corte, ni comprobó que se
hubiera alcanzado el tope, pese a que la demandada nunca alegó pago total o
parcial de lo reclamado como excepción.
15. En cuanto a la prescripción, argumentó que el término trienal debe contarse
desde la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 13,
pues fue esa decisión la que reconoció el carácter salarial de la prima y, por ende,
la que hizo exigible el derecho; antes de ella, los decretos gozaban de presunción
de legalidad y no era posible reclamar. Bajo esa tesis, la prescripción operaría el 29
de abril de 2017, pero fue interrumpida con las solicitudes administrativas
presentadas el 5, 6 y 7 de julio de 2016 ante las direcciones seccionales de
12
TA, índice 42, anexo 54.
13
Sentencia precitada, C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Manizales, Ibagué y Bogotá, y con la demanda radicada el 24 de julio de 2017.
Mencionó, adicionalmente, que las cesantías anualizadas y los aportes a pensión
son imprescriptibles.
1.5 Trámite de segunda instancia14
16. El expediente fue remitido a este Despacho con ocasión del cambio en la
integración de la Subsección B, tras la finalización del periodo de los conjueces que
venían conociendo del asunto. Mediante auto del 23 de enero de 2026, el consejero
ponente avocó conocimiento de la controversia en el estado en que se encontraba,
con fundamento en el artículo 116 del CPACA, y descartó la existencia de causal de
impedimento derivada de la materia debatida -prima especial de servicios, conforme
al criterio jurisprudencial según el cual el solo hecho de haber devengado o percibir
dicha prestación no configura, por sí mismo, interés directo o indirecto del juzgador.
17. En el mismo auto se admitió el recurso de apelación interpuesto el 11 de
diciembre de 2019 contra la sentencia del 26 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con el artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Ante la ausencia de solicitudes
probatorias, el expediente ingresó al despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
18. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 15, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación. No obstante, ello no impide pronunciarse sobre las
14
CE, índice 33.
15
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia”.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
consecuencias jurídicas necesarias de esos mismos argumentos frente a los cargos
endilgados en la demanda, máxime tratándose de derechos ciertos e indiscutibles,
de origen legal y carácter irrenunciable.
2.2 Problemas jurídicos
19. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿La prima especial de servicios y la bonificación por compensación son
emolumentos distintos y compatibles, de manera que deba reconocerse la prima
también durante los periodos en que el demandante ejerció los cargos de
Magistrado de Tribunal y de Magistrado Auxiliar de Alta Corte -beneficiarios ambos
de dicha bonificación-, sujeto en cada caso al tope del 80%?
ii) ¿Resultó ajustada a derecho la prescripción trienal declarada contabilizada desde
la reclamación administrativa hacia atrás?
iii) ¿Es oponible esa misma prescripción trienal al auxilio de cesantías y al ajuste de
los aportes pensionales, dado su carácter imprescriptible?
20. Para desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
aspectos:
2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios
21. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó la prima especial de servicios como un
incremento del 30% sobre la asignación básica mensual de jueces y magistrados -
entre otros-, originalmente sin carácter salarial. La Ley 332 de 1996, en su artículo
2°, modificó parcialmente ese régimen y le otorgó carácter salarial únicamente para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.
22. El artículo 1° de la Ley 332 de 1996 precisó, además, el ámbito subjetivo de esta
inclusión pensional, haciéndolo extensivo de manera expresa a los magistrados
auxiliares, así:
La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Nación (...) harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones
establecidas por la ley. La anterior prima con las mismas limitaciones, también se
aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes,
Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación.
23. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-
201916, proferida el 2 de septiembre de 2019.
24. En dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y alcance de la prima especial
de servicios. En concreto, esta Corporación explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse,
en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los
derechos del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes
parámetros de interpretación:
La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta (...). La prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios (...) tienen derecho a
la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título
de prima especial.
Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás.
La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de Alta Corte (...). Este 80% es un piso y un techo.
25. Sobre la compatibilidad entre la prima especial y la bonificación por
compensación, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, precisó, en sentencia del
7 de noviembre de 202317, que se trata de emolumentos distintos y acumulables,
sujetos únicamente al referido tope:
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-016-CE-S2-
2019 del 2 de septiembre de 2019.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 7 de noviembre de 2023, rad. 25000-23-42-000-
2014-02840-02, C.P. Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
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Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El total de la Bonificación por Compensación (...) que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales, iguale al ochenta por ciento (80%)
de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (...), no devengue suma superior a ese 80%, pues (...) ese 80%
es un piso y un techo.
26. Debe precisarse que, la bonificación por compensación que trata el Decreto 610
de 1998 y sus normas modificatorias no se limita a los Magistrados de Tribunal, sino
que también beneficia a los Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, de manera
que el tope de la regla sexta de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 resulta
igualmente aplicable a dicho cargo.
27. En cuanto a la exigibilidad del derecho para efectos de prescripción, la Sección
Segunda - Subsección A, en sentencia del 4 de junio de 202618, precisó que la
sentencia del 29 de abril de 201419 tiene naturaleza declarativa y no constitutiva, de
manera que el derecho se hace exigible desde la reglamentación primigenia de la
prima:
El derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto
57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992 (...); no fue con la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho, dada su
naturaleza declarativa, mas no constitutiva del derecho.
28. La misma providencia reiteró que las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, así como el auxilio de cesantías causado durante
la vigencia de la relación laboral, no están sujetos al término de prescripción trienal
ordinario:
El fenómeno jurídico de la prescripción no opera en lo que se refiere al [auxilio de
cesantías] causado durante todo el tiempo de vinculación, mientras la relación laboral
se encuentre vigente (...); e igualmente se predica lo mismo en cuanto a las
cotizaciones al SGSS, en razón a que estas constituyen un derecho imprescriptible e
irrenunciable (...) por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
29. Esta imprescriptibilidad de las cesantías tiene, además, respaldo autónomo y
directo en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-004-1620, que explicó
su fundamento en la naturaleza de ahorro de dicha prestación, sin distinguir entre
el régimen de retroactividad y el régimen anualizado:
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2026, rad. 25000-23-42-000-2017-01572-
02, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. 11001-03-25-000-2007-
00087-00, C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16, rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01
(0528-14).
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Las cesantías constituyen un ‘ahorro’ del trabajador, a ser reclamado al terminar su
relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al tener
esa naturaleza de ahorro (...) no se puede predicar la prescripción respecto de las
sumas que la componen, así ocurría respecto de las cesantías bajo la modalidad de
liquidación con retroactividad y así ha de predicarse respecto de las mismas, bajo el
régimen de liquidación anualizado.
30. Finalmente, la Sala recuerda que la sentencia del 29 de abril de 2014 21 declaró
la nulidad de las disposiciones reglamentarias que, entre 1993 y 2007, calificaron el
30% de la prima especial como una deducción y no como un incremento salarial,
sin pronunciarse sobre el carácter salarial general de la prima para todos los efectos.
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-279 de 199622, declaró
exequible la expresión “sin carácter salarial” del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
exequibilidad que recae sobre el texto de la norma y no impide la interpretación
posterior que la jurisprudencia contencioso administrativo le ha dado a la prima
como incremento salarial para efectos prestacionales distintos de los expresamente
exceptuados por el legislador.
31. Con fundamento en los anteriores derroteros, la Sala decide el presente caso
bajo las siguientes premisas: (i) la prima especial de servicios es un incremento
salarial acumulable con la bonificación por compensación, sujeto al tope del 80%;
(ii) la prescripción trienal de las diferencias salariales y prestacionales ordinarias se
cuenta desde la reclamación administrativa hacia atrás, sin que la sentencia de 2014
tenga efecto constitutivo; y (iii) los aportes a pensión y el auxilio de cesantías no
están sujetos a dicho término, por ser derechos imprescriptibles mientras la relación
laboral permanezca vigente.
32. En punto a la imprescriptibilidad del auxilio de cesantías mientras la relación
laboral se halle vigente, se aclara que esta Subsección no se había detenido a su
análisis en sede de reconocimiento de la prima especial de servicios para integrar
el salario base de liquidación en razón a que no había sido objeto preciso en sede
de apelación. Por ello, en esta oportunidad la Sala se ocupa del tema, toda vez que,
antes de la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 2 de septiembre de 2016,
la jurisprudencia de la Sección Segunda se dividía en tres tesis sobre la prescripción
del auxilio de cesantías. La primera sostenía que, mientras la relación laboral
estuviera vigente, no operaba prescripción alguna y que el término solo empezaba
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. 11001-03-25-000-2007-00087-
00, C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
22
Conjuez ponente: Hugo Palacios Mejía.
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a correr desde la terminación del vínculo23. La segunda tesis, en cambio, aplicaba
la prescripción trienal ordinaria a cada anualidad de cesantías desde la fecha en
que debió consignarse, con independencia de si el empleado seguía vinculado 24.
La tercera tesis, calificaba las cesantías, sin distinción alguna, como un derecho de
orden público, irrenunciable e imprescriptible25.
33. Frente a esta divergencia, la sentencia de unificación no se limitó a acoger sin
más ninguna de las tres tesis existentes, sino que, tras analizarlas, construyó una
regla propia y más precisa: distinguir según el tipo de cesantía efectivamente en
juego. Así, precisó que "las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo,
mientras que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno". Respecto de las consignaciones
anuales propias de la Ley 50 de 1990, explicó que la obligación surge de pleno
derecho cada año, de manera que la mora del empleador en efectuarla no puede
perjudicar al trabajador; por ello, esas consignaciones nunca prescriben. Distinto es
el caso de las cesantías definitivas, frente a las cuales, la prescripción solo procede
si la demora en el pago es atribuible al propio empleado, y no al empleador.
34. En consecuencia, la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 no vino a corregir
una postura uniforme de esta Sección, sino a resolver su propia oscilación entre la
tesis restrictiva y la garantista, decantándose por una síntesis propia que exige
distinguir, caso por caso, el tipo de cesantía reclamada.
2.4 Medios de prueba
35. Relación cronológica de pruebas relevantes:
1. Constancia laboral No. 1136 de 18 de septiembre de 2014: Certificación
expedida por el coordinador del grupo de ejecución presupuestal y pagos que
relaciona el histórico de cargos y pagos del demandante desde 1987. Señala
que el actor "ha desempeñado los siguientes cargos" detallando fechas de inicio y
fin en cada despacho, incluyendo su desempeño como Juez y Magistrado,
23 Esta tesis fue sostenida, entre otras, en la sentencia del 9 de mayo de 2013 (exp. 1219-12, C.P. Gerardo Arenas Monsalve),
en la sentencia de la Subsección A del 29 de julio de 2010 (rad. 68001-23-15-000-2000-03326-01, interno 1065-07, C.P.
Alfonso Vargas Rincón), y por esta misma Subsección B en sentencia del 22 de enero de 2015 (rad. 08001-23-31-000-2012-
00388-01, interno 4346-13, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez)
24 Esta fue la postura que la Subsección B había sostenido previamente, en sentencia del 6 de diciembre de 2012 (exp.
08001-23-31-000-2010-00802-01, interno 1093-2012, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).
25 Sostenida por la Subsección A en sentencia del 13 de junio de 2013 (rad. 13001-23-31-000-2002-01405-02, interno 0132-
10, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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con el detalle mes a mes de los conceptos "sueldo básico" y "prima
especial" liquidados26.
2. Certificación laboral de 20 de septiembre de 2016: Documento que
acredita los tiempos de servicio en la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, en el cargo de Magistrado Auxiliar27.
3. Certificación de 19 de abril de 2017: Constancia de la jefe de talento
humano de la seccional Manizales que indica que el demandante "presta sus
servicios en la Rama Judicial desde el 19 de diciembre de 1989" y "en la actualidad
desempeña el cargo de magistrado tribunal o consejo seccional" 28.
4. Peticiones de 5, 6 y 7 de julio de 2016: Reclamaciones administrativas
presentadas ante las direcciones seccionales de Manizales29, Ibagué30 y
Bogotá nivel central31, solicitando "el 30% del salario básico mensual por cada uno
de los meses" y la reliquidación de prestaciones con fundamento en la
sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.
5. Actos administrativos expresos32 objeto de control judicial -negando lo
solicitado en el numeral anterior-: Resolución DESAJMZR16-1284 del 27 de julio
de 2016 (Manizales)33; Resolución DESAJ00785 del 18 de julio de 2016
(Ibagué)34; Resolución DESAJMZR16-1376 del 24 de agosto de 2016,
concede el recurso de apelación contra la Resolución DESAJMZR16-1284 y
remite el expediente al nivel central (Manizales)35; Resolución No. 6174 del
8 de septiembre de 2016 (Bogotá - nivel central)36; Resolución No. 8746 del
28 de diciembre de 2016, que confirma en su integridad la Resolución 617437.
2.5 Análisis del caso concreto
36. Está demostrado que el demandante prestó sus servicios a la Rama Judicial de
manera ininterrumpida desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha -de presentación de
la demanda38-, ocupando sucesivamente los cargos de Juez de la República,
26
TA, índice 39, anexo 2, págs. 35 – 71.
27
TA, índice 39, anexo 2, págs. 72 – 73.
28
TA, índice 39, anexo 2, pág. 82.
29
TA, índice 39, anexo 2, págs. 83 – 92.
30
TA, índice 39, anexo 2, págs. 105 – 114.
31
TA, índice 39, anexo 2, págs. 127 – 136.
32
Se constató, igualmente, que los actos fictos negativos se configuraron con los recursos impetrados por el actor, véase en las
págs. 96, 119, 158, 397, 420, y 459, índice 39, anexo 2, TA.
33
TA, índice 39, anexo 2, págs. 93 – 95.
34
TA, índice 39, anexo 2, págs. 416 – 419.
35
TA, índice 39, anexo 2, págs. 103 – 104.
36
TA, índice 39, anexo 2, págs. 137 – 157.
37
TA, índice 39, anexo 2, págs. 165 – 183.
38
En el plenario no obra prueba que acredite si, a la fecha de esta providencia, el demandante continúa vinculado a la Rama
Judicial en el cargo de Magistrado de Tribunal.
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Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Magistrado de Tribunal Superior en Ibagué y Manizales, Magistrado Auxiliar de la
Corte Suprema de Justicia y, nuevamente, Magistrado de Tribunal Superior de
Manizales, según se detalla en el siguiente cuadro:
Periodo Cargo Entidad / Distrito
01-ene-1993 a 15-feb-2004 Juez de la República Distrito Judicial de Manizales
16-feb-2004 a 30-jun-2004 Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior de Ibagué
01-jul-2004 a 30-jun-2006 Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior de Manizales
01-jul-2006 a 30-oct-2006 Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior de Ibagué
31-oct-2006 a 31-oct-2012 Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior de Manizales
01-nov-2012 a 01-nov-2016 Magistrado Auxiliar Corte Suprema de Justicia
02-nov-2016 a la fecha39 Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior de Manizales
37. Antes de examinar la reliquidación pretendida, la Sala debe precisar un punto
que genera confusión terminológica en el expediente: la “prima de servicios”
ordinaria, prevista para todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que
trata el artículo 22 del Decreto 717 de 1978 modificado por el Decreto 1306 de 1978,
y la “prima especial de servicios” del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, equivalente
al 30% de la asignación básica de los funcionarios judiciales, son prestaciones
distintas y de fuente normativa diferente. La constancia laboral y las resoluciones
de liquidación de cesantías identifican ambos conceptos por separado, de manera
que la inclusión de la primera en la base de liquidación no suple ni sustituye la
inclusión de la segunda, que es precisamente la que se echa de menos en este
proceso.
38. Esta distinción se verifica en el siguiente cuadro, que contrasta los factores
efectivamente aplicados en las resoluciones de liquidación de cesantías del
demandante frente a los que, conforme a la regla primera de la sentencia de
unificación precitada40, debieron incluirse:
Factor Incluido en la certificación Fuente / observación
Sueldo básico Sí Resoluciones 605/201341,
1938/201442, 1460/201543,
825/201644
Bonificación por servicios (1/12) Sí Ídem
Prima de servicios ordinaria (1/12) Sí Ídem - prestación distinta de la
prima especial
Prima de vacaciones (1/12) Sí Ídem
Prima de navidad (1/12) Sí Ídem
39
19 de abril de 2017, fecha de la certificación.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019.
41
TA, índice 39, anexo 2, pág. 74.
42
TA, índice 39, anexo 2, pág. 76.
43
TA, índice 39, anexo 2, pág. 78.
44
TA, índice 39, anexo 2, pág. 80.
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Demandante: William Salazar Giraldo
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Factor Incluido en la certificación Fuente / observación
Prima especial de servicios, art. No Ausente en la fórmula de las cuatro
14 Ley 4ª/1992 (30%) resoluciones
39. Como se observa, lo relevante no es la ausencia de la prima especial de
servicios como factor de liquidación -lo cual es correcto, por no tener carácter salarial para
tales efectos-, sino que el sueldo básico certificado ya reflejaba una liquidación sobre
el 70% de la asignación real, sin que el 30% restante hubiera sido pagado bajo
ningún concepto.
40. Esta asimetría administrativa, esto es, que la liquidación de dichas prestaciones
no se haya efectuado sobre el 100% del salario, sino que se descontara un 30% a
título de la referida prima, es precisamente la irregularidad que la jurisprudencia
ordena corregir y, confirma que el reclamo del demandante tiene sustento probatorio
directo y no obedece a una mera controversia interpretativa abstracta.
41. Como respuesta al interrogante número 1 del problema jurídico, debe precisarse
que, conforme se adujo en el apartado normativo de esta providencia, la prima
especial de servicios y la bonificación por compensación son compatibles, pues, se
trata de emolumentos distintos y acumulables, sujetos únicamente al tope legal. En
efecto, la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 y sus normas
modificatorias no se limita a los magistrados de tribunal, sino que también beneficia
a los magistrados auxiliares de las altas Cortes, de manera que el tope de la regla
sexta de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 resulta igualmente aplicable a
dicho cargo.
42. En tales condiciones, tanto los Magistrados de Tribunal como los Magistrados
Auxiliares de Alta Corte tienen derecho a la prima especial de servicios y a la
bonificación por compensación, siempre que su remuneración por todo concepto no
exceda el límite legal del 80% de lo que devengan los Magistrados de las Altas
Cortes. Establecido lo anterior, resta determinar, en el acápite siguiente, desde qué
fecha son exigibles las diferencias correspondientes teniendo en cuenta el
fenómeno de la prescripción.
43. La Sala se aparta del fundamento del A-quo y precisa el análisis a la luz del
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, según el cual las obligaciones prescriben en
tres años contados desde su exigibilidad, y “el simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual” . Conforme a la sentencia del 2 de
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septiembre de 2019, el derecho a la prima especial de servicios se hizo exigible
desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 y no desde la ejecutoria de la
sentencia del 29 de abril de 201445, por tratarse esta de una decisión meramente
declarativa.
44. La interrupción de la prescripción exige que el reclamo se presente durante la
vigencia de la respectiva obligación. Al no existir solución de continuidad en la
vinculación del demandante con la Rama Judicial -que se extendió, sin interrupciones,
entre los distintos cargos desde el 1° de enero de 1993 hasta la fecha-, la Sala analiza la
interrupción como una sola relación laboral continua, sin fragmentarla por cada
cargo desempeñado. Bajo este entendido, la reclamación relevante para interrumpir
la prescripción es la presentada el 7 de julio de 2016 ante el nivel central de la Rama
Judicial, por ser la formulada durante la vigencia del vínculo entonces activo -
Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia-. En
consecuencia, el término de tres años se cuenta hacia atrás desde el 7 de julio de
2016, cobijando las diferencias causadas a partir del 7 de julio de 2013.
45. Contraria suerte corren el auxilio de cesantías y los aportes pensionales.
Respecto del primero, la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 es categórica en
que las cesantías no prescriben, por su naturaleza de ahorro del trabajador, con
independencia del régimen aplicable, mientras la relación laboral se mantenga
vigente, circunstancia que se encuentra acreditada respecto de los periodos y
cargos comprobados en el expediente, sin que sea necesario establecer si el vínculo
persiste al momento de esta providencia, dado que a la fecha de presentación de la
demanda su vínculo laboral estaba vigente.
46. Debe precisarse que, por el carácter rogado de esta jurisdicción, la Subsección
no se había ocupado del tema de la imprescriptibilidad de las cesantías mientras la
relación laboral se encuentre vigente. En este caso concreto, ese punto no solo fue
solicitado en la demanda, sino que fue objeto de reproche en el recurso de
apelación.
47. El principio de justicia rogada es un pilar fundamental en la jurisdicción
contencioso administrativo que impone a la parte demandante la carga procesal de
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. 11001-03-25-000-2007-00087-
00, C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
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formular de manera clara y precisa sus pretensiones en la demanda al igual que los
reparos concretos en un eventual recurso de alzada. Este principio encuentra su
fundamento en el artículo 162 del CPACA, específicamente en su ordinal 4º, así
como en los artículos 320 y 328 del CGP.
48. Su aplicación no solo garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso, sino
que también contribuye a la eficiencia y eficacia en la administración de justicia. Al
delimitar el marco de acción del juez, se evita que este se vea obligado a realizar
una búsqueda exhaustiva y potencialmente infructuosa de aspectos no alegadas
por las partes, salvo que, se encuentre quebrantamiento a un derecho constitucional
fundamental de aplicación inmediata. En el asunto estudiado por la Sala en esta
oportunidad, como la parte demandante invocó expresamente en el recurso de
apelación, la imprescriptibilidad del auxilio de cesantías mientras estuviera vigente
el vínculo laboral, planteamiento expuesto al momento de presentar la demanda, la
Sala abordó el análisis de ese aspecto y al examinar el caso concreto, concluyó que
el supuesto fáctico se ajusta a las consideraciones desarrolladas en esta
providencia y a los criterios que la Sección ha fijado sobre la materia 46.
49. Respecto de los aportes pensionales, su imprescriptibilidad deriva del artículo
17 de la Ley 100 de 1993 y fue reiterada en la sentencia del 4 de junio de 2026 47. A
ello se suma que, por disposición del artículo 2° de la Ley 332 de 1996, la inclusión
del 30% en la base de cotización pensional ha debido operar de pleno derecho
desde la vigencia de dicha ley, sin necesidad de reclamación administrativa. Debe
destacarse, adicionalmente, que el artículo 1° de la misma ley hizo extensiva esta
inclusión pensional de forma expresa a los Magistrados Auxiliares de las Altas
Cortes, de manera que el ajuste ordenado cobija también el periodo comprendido
entre el 1° de noviembre de 2012 y el 1° de noviembre de 2016, en que el
demandante ejerció dicho cargo en la Corte Suprema de Justicia. En todos los
casos, dado que el derecho a la prima especial de servicios nace con el Decreto 57
de 1993 (1° de enero de 199348), es esta la fecha a partir de la cual procede el ajuste
de dichos aportes.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2026, rad. 17001-23-33-000-2016-00182-02
(2488-2020), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 25000-23-42-000-2017-01572-02. C. P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez
48
Tenor literal de la Ley 4ª de 1992: “Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60%
del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
50. Finalmente, tanto para los periodos en que el demandante ha ocupado o llegue
a ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal, como para el periodo servido como
Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia -ambos cargos beneficiarios de
la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 y sus modificatorios-, la
reliquidación debe sujetarse al tope de la regla sexta de la sentencia de unificación
conforme a la cual la sumatoria de salario básico, prima especial y bonificación por
compensación -y demás ingresos laborales- no puede superar el 80% de lo
devengado por los Magistrados de Alta Corte anualmente, por constituir dicho
porcentaje un piso y un techo insuperable, según lo dispuesto, incluso, por el artículo
1° del Decreto 1102 de 2012. Además, conforme al Decreto 272 de 2021, a partir
del 1 de enero de ese año, se paga la prima especial de servicios en un 30% como
una adición a la asignación básica, por lo que también deberá tenerse en cuenta
ese límite temporal.
51. En síntesis, la Sala concluye que la prima especial de servicios y la bonificación
por compensación son emolumentos compatibles, por lo que procede su
reconocimiento conjunto –sujeto al tope del 80%, tanto en el cargo de magistrado
de tribunal como de magistrado auxiliar de alta corte-. La prescripción se configuró
respecto de las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 7 de julio
de 2013; sin embargo, esa misma figura extintiva del derecho no es oponible al
auxilio de cesantías mientras la relación laboral esté vigente –de conformidad con
la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16- antes citada, ni a los aportes
pensionales, por su carácter imprescriptible.
52. Por estas razones, la sentencia de primera instancia debe revocarse
parcialmente, toda vez que el A-quo declaró la nulidad de los actos demandados y
accedió parcialmente a las pretensiones respecto del único periodo que reconoció -
como Juez de la República, entre el 1 de enero de 1993 y el 29 de junio de 2004-,
pero en el ordinal quinto declaró prescrita la totalidad de ese mismo lapso. Por ello
se revocará dicho ordinal quinto y se declarará la prescripción únicamente respecto
de las prestaciones ordinarias causadas antes del 7 de julio de 2013, dejando a
salvo, sin límite temporal, el auxilio de cesantías y los aportes pensionales para todo
el periodo servido, y ampliando el reconocimiento de la prima especial al cargo de
Magistrado Auxiliar en los mismos términos aplicables al de Magistrado de Tribunal.
los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de
1993.”
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Demandante: William Salazar Giraldo
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53. Con todo, se precisa que, para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad
demandada deberá verificar si, con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272
de 2021, los pagos efectuados a partir del 1° de enero de ese año ya incluyeron el
30% como adición a la asignación básica; de ser así, dichas sumas se descontarán
del monto total a reconocer por reliquidación, sin superar los topes establecidos por
el Gobierno Nacional, esto es, sin exceder el límite legal del 80% de lo que devengan
los Magistrados de las Altas Cortes.
54. Finalmente la Subsección corregirá una falencia del tribunal de primera instancia
que, erradamente decretó la nulidad de la Resolución DESAJMZR16-1376 del 24
de agosto de 2016, cuando dicho acto solo concedió el recurso de apelación contra
la Resolución DESAJMZR16-1284 y ordenó la remisión del expediente al nivel
central. Vale decir, es de trámite no susceptible de control judicial.
2.6 Conclusión
55. Siendo así las cosas, la Sala revocará parcialmente la sentencia objeto de
revisión y la modificará efectuando los ajustes relativos a la extensión de los
periodos laborados por el actor como Magistrado de Tribunal y Magistrado Auxiliar
de la Corte Suprema de Justicia, a la prescripción de las prestaciones ordinarias
precisando la fecha exacta de exigibilidad, y a la corrección de la declaratoria de
nulidad respecto de la Resolución DESAJMZR16-1376, por tratarse de un acto de
trámite. Además, advertirá que, para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad
demandada deberá verificar, de un lado, los pagos efectuados con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, sin superar los topes establecidos por el
Gobierno Nacional; y, de otro, la correcta liquidación de los aportes pensionales
desde el 1° de enero de 1993 y hasta la fecha, con inclusión del 30% como adición
a la asignación básica, obligación que a partir de la Ley 332 de 1996 quedó
expresamente consagrada para efectos pensionales.
2.7 Condena en costas
56. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón
por la cual, no se condenará en costas en esta instancia.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del Veintiséis (26) de noviembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Caldas, en cuanto limitó el reconocimiento de la prima especial de
servicios del señor William Salazar Giraldo al periodo servido como Juez de la
República, sin extenderlo a los cargos de Magistrado de Tribunal y de Magistrado
Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; y en cuanto declaró la prescripción de la
totalidad del único periodo que había reconocido.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual
quedará así:
SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones que enervan las
pretensiones de la demanda, propuestas por la parte demandada, salvo
la excepción de prescripción trienal, la cual se declara probada
parcialmente, únicamente respecto de las diferencias en las
prestaciones sociales ordinarias causadas con anterioridad al 7 de julio
de 2013, cualquiera que haya sido el cargo desempeñado por el
demandante en dicho lapso. Dicha prescripción no se extiende al
auxilio de cesantías ni a los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, los cuales se reconocen por la totalidad del
periodo servido desde la vigencia del Decreto 57 de 1993, sin sujeción
a término prescriptivo alguno.
Así mismo, la entidad deberá efectuar las cotizaciones y, de ser el caso,
trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, que resulten procedentes,
desde el 1 de enero de 1993, y mientras permanezca vinculado a un
cargo beneficiario del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, teniendo en
cuenta que el ingreso base de cotización deberá corresponder al cien
por ciento (100%) de la asignación básica mensual; y, adicionalmente,
deberá incluirse el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima
especial de servicios como factor salarial para efectos pensionales, en
los términos previstos en el artículo 1º de la Ley 332 de 1996, siempre
que dichas cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.
Para efectos de claridad en el cumplimiento de esta providencia, la
delimitación general de la condena por periodo y concepto es la
siguiente:
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Periodo Cargo Prestaciones Cesantías / aportes
ordinarias pensión (30%)
(30%)
01-ene-1993 a 15-feb-2004 Juez de la República Prescrito - no Procede -
procede imprescriptible
16-feb-2004 a 31-oct-2012 Magistrado de Tribunal Prescrito - no Procede -
(Ibagué/Manizales) procede imprescriptible
01-nov-2012 a 06-jul-2013 Magistrado Auxiliar CSJ Prescrito - no Procede -
procede imprescriptible
07-jul-2013 a 01-nov-2016 Magistrado Auxiliar CSJ Procede Procede
02-nov-2016 a la fecha Magistrado de Tribunal Procede Procede
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la providencia apelada en cuanto
decretó la nulidad de la Resolución DESAJMZR16-1376 del 24 de agosto de 2016,
que solamente concedió el recurso de apelación contra la Resolución
DESAJMZR16-1284 y ordenó la remisión del expediente al nivel central y, en su
lugar, se declara que, por ser un acto de trámite, no es susceptible de control judicial.
CUARTO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará
así:
CUARTO. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar al señor
William Salazar Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía No.
10.244.817, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación
con inclusión del 30% correspondiente a la prima especial de servicios
para integrar la asignación básica mensual en la respectiva base de
liquidación y/o cotización, es decir, con el 100% del salario, conforme
se explicó en el cuadro anterior.
QUINTO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia apelada, relativo a la
declaratoria total de la prescripción trienal, por quedar sus efectos incorporados, en
los términos parciales fijados en el numeral segundo modificado, a esta providencia.
En su lugar, adicionar un numeral quinto, el cual quedará así:
QUINTO: Disponer que, para los cargos de Magistrado de Tribunal y
de Magistrado Auxiliar de Alta Corte, la reliquidación, incluyendo la
prima especial de servicios y la bonificación por compensación, no
supere, año por año, el ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, por
constituir dicho porcentaje un piso y un techo insuperable. En caso de
superarse dicho límite en algún periodo, la reliquidación
correspondiente a ese año se efectuará únicamente hasta alcanzarlo y
hasta el 31 de diciembre de 2020.
SEXTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
SEPTIMO: Sin costas en esta instancia.
Número Interno: 2258-2020
Demandante: William Salazar Giraldo
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Sa. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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