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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01572-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01572-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán de la siguiente forma: «[…] Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, a excepción de la de prescripción respecto de los valores adeudados con anterioridad al 29 de julio de 2013, salvo lo relativo al pago de las diferencias por concepto de reajuste de cesantías y aportes a salud y pensión. Segundo y tercero: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, bajo el radicado: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […] Quinto: Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Eliana Margarita Roys Garzon, retroactivamente el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario básico mensual que le había sido descontado, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, etc.; desde el 29 de julio de 2013 por prescripción trienal, a excepción de lo relativo al pago de las diferencias en el reajuste de las cesantías y de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión que deberá ser efectivo desde el 28 de noviembre de 2012; y en adelante hasta que fungió o funja como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, o uno de aquellos cargos beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada, luego del pago de la prima consagrada en esa norma ya cancelada. En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de las liquidaciones ordenadas previamente, bajo la precisión adicional de que al momento de realizar […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01572-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01572-02 (0647-2020)
Demandante: Eliana Margarita Roys Garzón
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Prima especial. Prescripción. Su reconocimiento como
componente adicional al salario y la reliquidación de las
prestaciones con el 100% de la asignación no implica que se
supere el tope de la bonificación por compensación. MODIFICA
SENTENCIA PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Eliana Margarita Roys Garzón instauró demanda2 contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien
existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide
el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 24 a 42.

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2. Que se declare la nulidad de la Resolución 6026 del 1.º de septiembre de 2016,
por medio de la cual la entidad demandada le negó el pago de la prima especial
como componente adicional al salario en un 30% de este último, así como la
reliquidación de sus prestaciones sociales con base en el 100% de lo devengado
mensualmente, esto es, con inclusión del mencionado emolumento descontado de
su asignación y con la bonificación por compensación.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago
actualizado de las diferencias en el cálculo de sus prestaciones sociales,
cotizaciones a seguridad social y demás emolumentos que se puedan ver incididos
desde el 28 de noviembre de 2012 en adelante, con base en el 100% de su sueldo
básico mensual en el que se incluya el 30% que no se había tenido en cuenta por
haberse reconocido a título de prima especial sin carácter salarial de que trata el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, al igual que la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998 con carácter salarial para el cálculo prestacional.

4. Que se condene a la parte accionada a reconocer y pagar desde el 28 de
noviembre de 2012 en adelante, el 30% por concepto de asignación básica que se
le había descontado del salario a título de prima especial, y que además se cancele
ese mismo valor como un componente agregado o adicional a la remuneración total,
a fin de que se sigan liquidando sus prestaciones y demás haberes laborales con el
total de su sueldo básico calculado con dicho emolumento y con la referida
bonificación por compensación como factor salarial.

5. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrada
auxiliar del Consejo de Estado desde el 28 de noviembre de 2012, al menos hasta
la fecha de presentación de la demanda (31 de marzo de 2017). Durante este lapso
ha percibido mensualmente la prima especial y la bonificación por compensación,
pero para el cálculo de sus prestaciones sociales solo se ha tenido en cuenta el
“sueldo básico”, sin incluir dichos emolumentos en la base de liquidación.

7. El 29 de julio de 2016 solicitó la reliquidación de sus haberes salariales y
prestacionales con base en el 100% de su asignación básica, así como el pago de
la diferencia por tales conceptos reajustados con inclusión de la prima especial
como un componente adicional y de la bonificación por compensación. Sin embargo,
la entidad demandada negó lo reclamado mediante el acto administrativo
reprochado al asegurar que en caso de acceder a la petición se excedería el límite

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legal de la remuneración mensual, además porque ha operado la prescripción y, en
todo caso, tales conceptos solo son factor salarial para el IBC del Sistema General
de Seguridad Social.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera vulnerados: los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 55 y 58 de la
Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 152, numeral 7.º de la Ley
270 de 1996; y el Decreto 10 de 1993.

9. Expresa que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó sus
prestaciones sociales desde su vinculación como magistrada auxiliar hasta la fecha,
sin incluir como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial que le era
descontado de su remuneración mensual, pese a que esta es una suma que
habitual y periódicamente se recibe como contraprestación al servicio prestado, y
por tanto, constituye factor salarial, lo cual la entidad demandada desconoce al
negar la reclamación, en contravía del precedente jurisprudencial contenido en la
sentencia del 4 de agosto de 2008 (Rad. 25000 2325 000 2005 05159).

10. Manifiesta que, por su parte, el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por
compensación, la cual tiene como finalidad nivelar los sueldos devengados por
varios funcionarios hasta un 80% de lo percibido por los magistrados de las Altas
Cortes; sin embargo, la parte accionada afirmó que no es procedente tenerla en
cuenta como factor salarial porque superaría el monto establecido para ese fin, a
pesar de que la connotación como componente del salario no puede depender del
monto asignado, sino de la consecuencia laboral de recibir de manera habitual y
periódica los emolumentos asignados, los cuales, como lo dice la norma, tienen el
mismo alcance de la prima especial de servicios establecida en la Ley 4.ª de 1992.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 12 de diciembre de 2018 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada4
planteó que por expreso mandato del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima
especial de servicio no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, lo que significa que dicho porcentaje
no constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales,
aunque si para efectos de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y en Salud. Destacó que, si bien es incuestionable
que el mencionado emolumento constituye un ingreso mensual, lo cierto es que no
se puede desconocer que son las mismas disposiciones legales las que limitan su

3 Folios 64 a 65.
4 Folios 89 a 97.

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carácter salarial, lo cual también aplica en el mismo sentido para la bonificación por
compensación.

12. Propuso como excepciones las de falta de integración del litisconsorcio
necesario, prescripción, ausencia de causa petendi y genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2019 accedió a las pretensiones, por lo que declaró la nulidad del
acto demandado al estarse a lo resuelto en las providencias del 14 de diciembre de
2011 y del 29 de abril de 2014 proferidas por el Consejo de Estado. En virtud de lo
anterior, ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar a la accionante
retroactivamente el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario básico con
su incidencia en la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes a seguridad
social en salud y pensión, con efectividad desde el 28 de noviembre de 2012 y hasta
que ejerza uno de los cargos previstos en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992; esto
con base en el cálculo del 100% de la remuneración mensual que corresponda al
pago de la asignación básica devengada, luego del pago de la prima especial ya
cancelada, junto con el de la bonificación por compensación.

14. Expresó que la entidad demandada debió responder favorablemente la petición
de la actora, atendiendo el deber consagrado en los artículos 2 y 25 de la
Constitución Política de garantizar su derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas en virtud de los principios de progresividad, prohibición de la regresividad, la
prevalencia del derecho sustancial, y la interpretación más favorable; pues
finalmente lo que se hizo ilegalmente desde su vinculación fue reconocer la prima
especial sin carácter salarial, disminuyendo a un 70% la asignación salarial en
desmedro de su remuneración mensual y de las correlativas prestaciones sociales.

15. Por esa razón estimó que la reclamante sí consolidó el derecho al
reconocimiento y pago del 30% del salario básico faltante y del valor de los demás
ingresos laborales correspondientes a dicho porcentaje en los extremos temporales
laborados como magistrada auxiliar, mientras funja como tal o sea titular de este
emolumento, ello al igual que al 100% del sueldo mensual de forma permanente,
pero adicionándolo o incrementándolo en un 30% a título de la prima señalada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como con la bonificación por compensación,
sin que tales conceptos constituyan factor salarial para efectos prestacionales por
expresa disposición legal.

16. Frente a la prescripción indicó que esta se debe empezar a contabilizar desde
la exigibilidad del derecho reclamado, el cual nació a partir de la ejecutoria de la

5 Folios 145 a 163.

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sentencia proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces del Consejo de
Estado el 29 de abril de 2014, con la cual se declaró la nulidad de los artículos que
instituyeron en ellos la errónea interpretación de la liquidación y pago de la prima
especial, porque es evidente, que antes de ese pronunciamiento no existía un
referente legal para comenzar a contabilizar los términos de esta figura jurídica.

17. En tal sentido, manifestó que en este caso no se configura la prescripción trienal
propuesta, toda vez que la reclamación del derecho fue presentada por la
accionante el 29 de julio de 2016, es decir, 2 años y 3 meses después de la
expedición de la Sentencia del 29 de abril de 2014, lo que indica que fue radicada
en término.

RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que, en aplicación de los efectos vinculantes de la sentencia del 2 de septiembre de
2019 proferida por el Consejo de Estado, no es válido reconocer a la actora la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en un equivalente al 30% de su
remuneración mensual en su condición de magistrada auxiliar, ya que con el pago
de este concepto adicional se superaría el límite del 80% de la bonificación por
compensación, situación que se desconoció en la sentencia de primera instancia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 28 de junio de 2021 se admitió el recurso de apelación.7

20. La parte demandada8 solicitó que se revoque el fallo apelado al señalar que,
de ordenarse la reliquidación del salario básico en un 30%, se desbordaría el marco
legal, en razón a que como se previó en el Decreto 610 de 1998, el mismo fue
expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, y en él se estableció la referida
nivelación. Aseguró que, en tal sentido, los ingresos laborales de sus destinatarios
a partir del año 2001 serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de altas cortes, con lo cual se
encuentran ya ajustados los referidos salarios, al punto de que el 80% de la
bonificación por compensación es un límite que no puede ser superado con el
reconocimiento de la prima especial de servicios ni de ningún otro beneficio
económico laboral.

21. La parte demandante9 solicitó que se confirme la sentencia recurrida al advertir
que el ingreso de la demandante se vio afectado por la mala interpretación del

6 Folio 168.
7 Ver índice 12 de SAMAI.
8 Ver índice 15 de SAMAI.
9 Ver índice 36 de SAMAI.

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Gobierno Nacional, quien creyó haber pagado en correcta forma la prima especial
cuando esta no fue reconocida y en su lugar se disminuyó de manera arbitraria el
30% de la liquidación de sus prestaciones sociales. Afirmó que, mal haría el juez en
avalar este error, pues donde el legislador no estableció un mandato, no le es dado
al ejecutivo desconocerlo y además restringir un derecho, por lo que se concluye
que en el caso de los magistrados auxiliares y de tribunal, es obligatorio restablecer
el derecho afectado devolviendo ese 30% de carácter salarial que se descompletó
de su ingreso.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

22. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la Subsección consiste en determinar si al ordenar incluir la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como un componente adicional al
salario de la demandante, y a la vez reliquidar sus prestaciones sociales sobre el
100% de su asignación básica, se excede el tope de la remuneración a que esta
tiene derecho sobre el 80% de todo lo que perciben los magistrados de altas cortes
en razón del pago de la bonificación por compensación.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

23. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

24. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 201410, al

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz

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considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

25. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201911, 11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de
diciembre de 202314, 6 de agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

26. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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de abril de 202417, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».18

Sobre la bonificación por compensación

27. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.

28. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.

Resolución del caso concreto

29. Inicialmente la Sala destaca que, la entidad demandada en su calidad de única
apelante circunscribió sus reparos contra el fallo recurrido exclusivamente a analizar
si el reconocimiento de la prima especial a favor de la actora como un componente
adicional al salario y el reajuste de sus prestaciones con el 100% de su asignación,
sin adicionar ni restar el 30% a título de dicho emolumento, implica superar el tope
legal de la bonificación por compensación.

30. Aclarado lo anterior, conviene precisar que este haber laboral en mención se
fija como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas
cortes y, según lo consagra el Decreto 610 de 1998, corresponde al valor que resulte
necesario para que, sumados la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4.a de 1992 y los demás ingresos laborales de los beneficiarios de dicha norma, se
alcance el 80% de la remuneración de los referidos funcionarios judiciales.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
18 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter

salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».

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31. Por lo mismo, en cuanto al planteamiento de la entidad apelante, la Subsección
no encuentra fundamento que permita concluir la superación del tope referido, pues
se trata de emolumentos distintos. La prima especial de servicios a la que alude la
entidad es un pago adicional al salario que perciben los destinatarios del artículo 14
de la Ley 4.a de 1992 (de cuyo reconocimiento en primera instancia como
componente adicional al salario no se expuso oposición), mientras que la
bonificación por compensación tiene como finalidad garantizar que la remuneración
total de los beneficiarios del Decreto 610 de 1998 alcance el porcentaje fijado frente
a lo que devengan los magistrados de las altas cortes.

32. En ese contexto, la inclusión de la referida prima especial dentro de los ingresos
de la demandante no implica superar el límite del 80% de la remuneración total. Por
el contrario, este concepto integra los haberes que deben tenerse en cuenta para
determinar el salario total de la servidora, a partir de la cual se establece la suma
necesaria para alcanzar el porcentaje previsto en el Decreto 610 de 1998.

33. Así, una vez sumados todos los pagos percibidos por la accionante, la
bonificación por compensación corresponde únicamente al valor requerido para
completar el porcentaje del 80% de lo que reciben por todo concepto los
magistrados de las altas cortes. Por tanto, el reconocimiento de la prima especial
no comporta desconocer el límite previsto en la normativa aplicable.

34. En consecuencia, el planteamiento de impugnación de la parte demandada no
desvirtúa la decisión adoptada en primera instancia frente al reconocimiento del
derecho de la actora a la prima especial como un agregado salarial y a la
reliquidación de sus prestaciones con los respectivos efectos en el cálculo de su
remuneración total, según lo previsto en el Decreto 610 de 1998.

35. Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que efectivamente la orden proferida
en primera instancia no puede implicar que se acceda al pago de estos
emolumentos sin ninguna limitación, pues efectivamente los ingresos de los
magistrados auxiliares como la accionante se encuentran sometidos a un valor
máximo permitido que se calcula con base en la bonificación por compensación.

36. En tal sentido, como en primera instancia no se dispuso este condicionamiento
en la parte resolutiva de la sentencia, se modificarán los ordinales quinto y sexto
para incluir la previsión de que la parte demandada deberá verificar que, una vez
efectuados los reajustes salariales y prestacionales ordenados, no se exceda el tope
legal de la remuneración de la reclamante, particularmente en el entendido de que
la aludida bonificación para magistrados y cargos equivalentes no puede superar en
ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de alta corte, debiendo tener en cuenta para tal efecto lo señalado en
el Decreto 272 de 2021 artículo 1 parágrafo 2.

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37. Ahora bien, en el fallo apelado se advierte que el tribunal condenó a la entidad
accionada a reconocer, desde el «28 de noviembre de 2012 y en adelante mientras
ejerza el cargo de magistrada o aquellos destinatarios del derecho del artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992», las diferencias que resulten de reliquidar los ingresos
mensuales tomando como base el 100% de la asignación y el 30% de la prima
especial como componente adicional, sin carácter salarial; así como a reajustar las
diferencias causadas en las prestaciones sociales y en los aportes a seguridad
social en salud y pensión con fundamento en el 100% de la remuneración, esto al
encontrar probado que la demandante, en su calidad de magistrada auxiliar del
Consejo de Estado, percibió montos inferiores a los que le correspondían, debido a
la disminución de la asignación básica por dicho concepto.

38. Para ello consideró que no había operado el fenómeno jurídico de la
prescripción en razón a que la fecha de exigibilidad para iniciar el cómputo de esta
excepción era desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad proferida el Consejo
de Estado el 29 de abril de 2014.

39. No obstante, a pesar de que este aspecto de la sentencia no fue objeto de
reparo mediante la apelación, lo cierto es que, en virtud de la facultad oficiosa
prevista en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA, en concordancia con el inciso
primero del artículo 328 del CGP; resulta necesario modificar la fecha de efectividad
del reconocimiento en mención, ya que, contrario al análisis de primera instancia,
en este caso sí se configuró el fenómeno prescriptivo como pasa a explicarse.

40. Al respecto, en oposición al estudio efectuado por el juez de origen, el derecho
a la prima especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de
1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de
enero de 1993, y particularmente para la actora, desde su primera vinculación el 28
de noviembre de 2012.19 Desde entonces, la interesada podía interrumpir el término
extintivo, de modo que, a diferencia de lo estimado por el juez, no fue con la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho, dada su
naturaleza declarativa, mas no constitutiva del derecho.20

41. Así las cosas, la reclamante tenía 3 años para efectuar la solicitud sobre el
derecho bajo estudio, contados desde la fecha de exigibilidad en mención, por lo
que este término vencía el 28 de noviembre de 2015. Sin embargo, la respectiva

19 Sobre la fecha de vinculación ver la parte considerativa del acto demandado en la que se hace relación a la

historia laboral de la accionante. Ver folio 2 vuelto.
20 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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petición la radicó el 29 de julio de 2016,21 y la demanda la interpuso el 31 de marzo
de 2017.22 Lo anterior implica que la demandante tiene derecho a que se le pague
la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir a partir del 29 de
julio de 2013, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal que se declarará
probada, y desde ese día en adelante mientras ocupe uno de los cargos
beneficiarios de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

42. En relación con el pago de las diferencias por concepto de cesantías y de los
aportes al Sistema de Seguridad Social, se mantendrá la orden del tribunal sobre
su efectividad desde el 28 de noviembre de 2012 cuando se vinculó la actora, ya
que el fenómeno jurídico de la prescripción no opera en lo que se refiere al primer
emolumento causado durante todo el tiempo de vinculación, mientras la relación
laboral se encuentre vigente (como ocurre en el presente asunto),23 tal como se
expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016;24 e igualmente se
predica lo mismo en cuanto a las cotizaciones al SGSS, en razón a que estas
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable25 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199326 son obligatorias, no solo por su
naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.27

43. En consecuencia, se modificará el ordinal primero de la sentencia apelada para
declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, salvo en lo relativo a
las cesantías y los aportes a salud y pensión, tal como fue ordenado en primera
instancia.

44. Además, se modificarán los ordinales quinto y sexto con el fin de disponer que,
el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de reajuste salarial y
prestacional con el 100% de la asignación, así como el de la prima especial como
componente adicional al sueldo básico, solo será efectivo desde el 29 de julio de
2013 por prescripción trienal, a excepción de lo relativo a las diferencias en las
cesantías y en los aportes a salud y pensión que deberán ser reconocidas desde el

21 Ver sello de radicación de la petición a folio 16.
22 Ver sello de radicación de la demanda a folio 42.
23 Se advierte según la demanda y el acto demandado, que la accionante seguía vinculada para esas fechas y

no obra prueba del retiro del servicio.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
25 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
26 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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28 de noviembre de 2012 cuando se vinculó lo actora, ello por las razones expuestas
anteriormente.

45. Adicionalmente, en atención a que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30%) como parte de la remuneración para
el período objeto de litigio fue definida por esta corporación mediante la sentencia
del 9 de abril de 2024, en la cual se declaró la nulidad de tales disposiciones, tendrán
que modificarse los ordinales segundo y tercero de la providencia recurrida, para
unificarlos en uno solo en el que se disponga estarse a lo resuelto en el fallo citado
y no en los enunciados por el juez de primera instancia, pues fue en la aludida
sentencia en la que se precisó que la prima especial constituye una adición al
salario. En todo lo demás que no fue materia de apelación se confirmará el fallo
recurrido.

Condena en costas de segunda instancia

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto con las modificaciones ordenadas en esta oportunidad,
aquella se beneficia parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la
sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán de la siguiente
forma:

«[…] Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, a excepción de la de prescripción respecto de los valores adeudados
con anterioridad al 29 de julio de 2013, salvo lo relativo al pago de las diferencias
por concepto de reajuste de cesantías y aportes a salud y pensión.

Segundo y tercero: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, bajo el
radicado: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[…] Quinto: Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Eliana Margarita Roys
Garzon, retroactivamente el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario
básico mensual que le había sido descontado, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, etc.; desde
el 29 de julio de 2013 por prescripción trienal, a excepción de lo relativo al pago de
las diferencias en el reajuste de las cesantías y de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión que deberá ser efectivo desde el 28 de
noviembre de 2012; y en adelante hasta que fungió o funja como magistrada auxiliar
del Consejo de Estado, o uno de aquellos cargos beneficiarios del artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la
asignación básica mensual devengada, luego del pago de la prima consagrada en
esa norma ya cancelada.

En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de las liquidaciones
ordenadas previamente, bajo la precisión adicional de que al momento de realizar
los ajustes salariales y prestacionales objeto de condena, se tenga en cuenta el tope
legal de la remuneración de la reclamante, particularmente en el entendido de que
la bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no puede
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de alta corte.

Sexto: En consecuencia, la entidad demandada deberá reconocer y pagar con
carácter permanente a la demandante desde el 29 de julio de 2013 y en adelante
hasta que fungió o funja como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, o que
desempeñe uno de los cargos beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, su
salario incluyendo adicionalmente el 30% adeudado a título de prima especial, luego
del pago de dicho emolumento consagrado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ya
cancelado, así como la bonificación por compensación; ello sin que se supere el
tope legal mencionado en el ordinal anterior. […]»

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.

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Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería para actuar como apoderada de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la abogada Diana Maritza
Olaya Ríos, portadora de la tarjeta profesional 141.265, en los términos y para los
fines del poder obrante en el índice 38 de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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