Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00182-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00182-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00182-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
Radicación: 17001-23-33-000-2016-000182-02 (2488-2020)
Demandante: Luis Fernando Baquero González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00182-02 (2488-2020)
Demandante: Luis Fernando Baquero González
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992
Decisión: Estarse a lo resuelto, modifica parcialmente prescripción y
confirma en lo demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Mediante auto del 1 de abril de 20251, proferido por el conjuez de la Sección
Segunda Héctor Santaella Quintero, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
2. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a avocar
conocimiento y entrar resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
1 índice 52 de Samai.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018 la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente a un proceso en curso que «
si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso;
no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
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3. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJMZR-319 del
9 de marzo de 20154 y del acto ficto o presunto que se configuró por la no
respuesta al recurso de apelación mediante los cuales la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales - Caldas negó el
reconocimiento y pago del reajuste solicitado.
4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 3. [...] la diferencia
salarial existente entre lo que se le ha liquidado y pagado hasta ahora en salario
y prestaciones sociales, y lo que legalmente le corresponde teniendo en cuenta
como base para la liquidación la prima especial de servicios correspondiente al
30% de sus ingresos, la que debe adicionarse al salario básico y no deducirse,
para que la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100% de su
remuneración mensual y no con el 70%, como ha ocurrido desde el 01 de marzo
de 2006 y en adelante. 4. Que la Entidad demandada sea condenada a pagar
todas las sumas que resulten probadas en este proceso como NO pagadas o
desconocidas a mi mandante en relación con la prima especial con carácter
salarial correspondiente al 30% del salario básico».5
Hechos que fundamentan la demanda
5. El demandante se ha desempeñado al servicio de la Rama Judicial como
«juez promiscuo municipal de Pácora - Caldas».6
6. Elevó petición ante la entidad demandada el 11 de febrero de 2015,7
solicitando se le reconociera y reliquidara sus prestaciones con el 100% de su
asignación, a la que se le ha descontado el 30% de la prima especial de servicios.
La cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos demandados.
Fundamentos de derecho
7. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 53, 209 y
215 de la Constitución Política; 127 del CST;8 10, 102, 189 y 269 de la Ley 1437
de 2011; 12 y 14 de la Ley 4 de 1992; 42 del Decreto 1042 de 1978; 12 del
Decreto 717 de 1978; 7 de la Ley 74 de 1968.
8. Al desarrollar el concepto de violación, el actor sostuvo que la prima especial
de servicios correspondiente al 30% de los ingresos laborales del trabajador
constituye un derecho cierto, real y efectivo que se viene desconociendo desde
4 Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 4ED_CdnoPrimer_04Anexos(.pdf), págs. 1-3 de
Samai.
5 Transcripción literal del acápite de pretensiones 3 y 4.
6 Así se indica en el hecho 3 de la demanda sin que precisa fecha alguna; no obstante, en el concepto de
violación menciona que desempeña el cargo desde el 1 de marzo de 2006, Gestión en otros despachos,
Índice 38 expediente digital, 3ED_CdnoPrimer_03Demanda(.pdf), pág. 3 de Samai.
7Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 22ED_CdnoPrimer_22ExpedienteAdminist(.pdf),
págs. 1-2 de Samai.
8 Código Sustantivo del Trabajo.
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el 1 de marzo de 2006 y en adelante, por cuanto se liquidaron sus prestaciones
excluyendo el porcentaje del 30% al considerarse erróneamente que esta
prestación no tenía carácter salarial; no obstante, disposiciones legales y
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, expresamente le otorgan tal
carácter a aquellas sumas que habitualmente recibe el empleado como
retribución del servicio.
9. Agregó que la inclusión de la expresión sin carácter salarial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 fue interpretada por el Gobierno nacional en contravía de los
derechos de los trabajadores porque disminuyó el monto de las prestaciones
sociales, lo que constituye un retroceso en los derechos adquiridos de los
trabajadores que va en contra del ordenamiento constitucional y legal.
Contestación de la demanda
10. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 9, se
opuso a todas las pretensiones al señalar que la sentencia del 29 de abril de 2014
decretó únicamente la nulidad de apartes de los decretos salariales para los
servidores públicos de la Rama Judicial de 1993 a 2007, que establecieron la
prima especial, sin que se pronunciara sobre disposiciones consignadas en los
decretos posteriores es decir de 2008 a 2014.
11.Señaló que por mandato del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial
no tiene carácter salarial, según lo ha manifestado la Corte Constitucional
mediante sentencia C-279 de 1996.
12.Finalmente, propuso como excepciones las de «ausencia de causa petendi»,
«cosa juzgada constitucional», y «prescripción».
Sentencia de primera instancia
13.Mediante sentencia del 13 de febrero de 202010, el Tribunal Administrativo de
Caldas accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
14. Para arribar a esa decisión, el a quo, concluyó que la prima especial de
servicios, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, es una prestación social
equivalente al 30% del sueldo básico de estos funcionarios y es adicional a este,
por lo que el actor debió recibir el 100% de su asignación.
15. Asimismo, precisó que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial, excepto para la liquidación de la pensión de jubilación.
9 Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 20ED_CdnoPrimer_20RespuestaDemanda(.pdf)
de Samai.
10 Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 39ED_CdnoPrimer_39SentenciaPrimera(.pdf)
de Samai.
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16.Por otra parte, frente a la prescripción, indicó que operó dicho fenómeno
sobre el período comprendido entre el 1 de marzo de 2006 y el 10 de febrero de
2012.11
17. En consecuencia, anuló los actos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, dispuso:
TERCERO: CONDENAR a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el reconocimiento
y pago a favor del demandante del valor no pagado, por concepto de prima especial
de servicios equivalente al 30% del total del sueldo básico, devengado por él,
durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2012 y el 9 de septiembre
de 2015.
CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, no
constituye factor salarial y en consecuencia se NIEGA las pretensiones, que
reclamaban su reconocimiento y la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima, por el tiempo en que viene desempeñando el cargo de juez de
la república Sin embargo, deberá la demandada reliquidar con inclusión del valor de
esta prima y realizar los aportes relacionados con la pensión de jubilación, por todo
el periodo en que el demandante se desempeñó como juez de la república.
Recurso de apelación
18. La apoderada de la parte demandante recurrió en apelación 12 la sentencia de
primera instancia, señalando que el fenómeno de la prescripción, el a quo, lo
acogió, aplicando dicho fenómeno a partir de la reclamación administrativa13.
19. Lo anterior, desconociendo lo que había señalado el Consejo de Estado
durante más de veinte años que marcó el hito a partir de cuando se hace exigible
el derecho, es decir, a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
por inconstitucional de los decretos anuales que consagraron la prima especial
del 30% en los años de 1993 a 2007. Ahora bien, la reclamación administrativa
se presentó el 11 de febrero de 2015, es decir, dentro de los tres años siguientes
a la ejecutoria de dicha sentencia, la cual se verificó el 22 de julio de 2014, por lo
que no operó el fenómeno prescriptivo.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
20.Por auto del 8 de agosto de 2023,14 se admitió el recurso de apelación.
Igualmente, mediante providencia del 7 de noviembre de 202315 se corrió traslado
para alegar.
11 El a quo se apoyó en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
12 Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 41ED_CdnoPrimer_41Apelacion(.pdf) de Samai.
13 Conforme al criterio expuesto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
14 Índice 35 de SAMAI.
15 Índice 42 de Samai.
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21. La parte demandante16 presentó alegatos de conclusión, sustentando los
mismos argumentos del recurso de apelación. La parte demandada y el Ministerio
Público guardaron silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23.De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo17, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado
por la parte demandante quien acude como recurrente.
Problema jurídico
25. Le corresponde a la Sala establecer si en el reconocimiento efectuado por
el a quo al señor Luis Fernando Baquero González relativo a que se reliquiden
las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación no operó la
prescripción trienal.
26.Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial, y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
27. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial18 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
16 Índices 47 y 48 de Samai.
17 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
18 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
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Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
28. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201419 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
29.Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201920, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez).
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% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
30.Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202321, 5 de septiembre de 202322, 5 de diciembre de 202323, 6 de
agosto de 202424 y 18 de diciembre de 202425.
31. En la misma línea, esta corporación, mediante sentencia del 9 de abril de
2024,26 declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos
proferidos entre los años 2008 y 2018. En efecto, bajo idéntico criterio, se insistió
en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del
salario».
Hechos probados
32. Dentro del proceso se encuentra probado que el demandante prestó sus
servicios a la Rama Judicial como juez 1 Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas)
sin interrupción desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 9 de septiembre de 2015.27
33.Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales.28
34. Que el 11 de febrero de 2015,29 le solicitó a la demandada el reajuste de su
salario y prestaciones sociales con ocasión del 30% que se tenía en cuenta como
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
27Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital,
32ED_CdnoPrimer_32CertificacionLabor(.pdf) de Samai.
28Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 4ED_CdnoPrimer_04Anexos(.pdf), págs. 17-30
de Samai.
29Gestión en otros despachos, Índice 38 expediente digital, 22ED_CdnoPrimer_22ExpedienteAdminist(.pdf),
págs. 1-2 de Samai.
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prima especial, de la cual obtuvo respuesta negativa mediante los actos
administrativos demandados.
Caso concreto
35. En cuanto a la prescripción esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica,30 que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de juez, el interesado pudo interrumpir el
fenómeno prescriptivo, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969, por lo que no le asiste razón a la parte actora.
36. Conforme a lo expuesto, la parte demandante tiene derecho a que se le
pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde
el día 11 de febrero de 2012, o sea tres años atrás de la fecha en que radicó la
petición, esto es el 11 de febrero de 2015, debido a la prescripción trienal, y de
ahí en adelante hasta el 9 de septiembre de 201531, tal y como fue decretada
por el a quo.
37. No obstante, se advierte que dicho fenómeno no opera frente a las diferencias
de cesantías causadas durante el período en que ha ocupado el cargo de juez,
tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 32,
según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté vigente,
razón por la cual es preciso indicar que, el demandante presentó la petición de
reajuste, cuando aún estaba vinculado al servicio, esto es el 11 de febrero de
2015, por lo que no procede la prescripción de dicho emolumento por los periodos
reclamados (desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 9 de septiembre de 2015). En
consecuencia, se modificará parcialmente la sentencia en dicho sentido.33
30 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
31 Fecha hasta la cual se encuentra probado se desempeñó como juez de la República.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-
000-2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
33 En el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia se dispuso: «SEGUNDO. Declárese […]
PROBADA la excepción de prescripción trienal laboral […]».
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-000182-02 (2488-2020)
Demandante: Luis Fernando Baquero González
38. Igualmente, sucede frente a las diferencias de seguridad social en
pensiones34, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible35, tal como fue
indicado por el a quo; sin embargo, se precisará dicho aspecto, ya que en el
numeral segundo del proveído impugnado se decretó la prescripción trienal de la
condena sin hacer la precisión frente a este aspecto.
39. Por otro lado, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de
abril de 201436 que declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales
emitidos entre 1993 a 2007, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una reducción del salario y no como un
pago adicional equivalente al 30% de aquel. Igualmente, se encuentra que
mediante sentencia del 9 de abril de 202437, esta Corporación declaró la nulidad
de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018, en el sentido de entender
que la prima especial es una adición al salario.
40.De conformidad con lo expuesto, se adicionará la sentencia para estarse a lo
resuelto en las providencias antes indicadas, se modificará parcialmente la
prescripción decretada conforme a lo expuesto, y se confirmará en lo demás la
sentencia apelada.
Condena en costas
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
34 El a quo ordenó en el numeral cuarto: «reliquidar con inclusión del valor de esta prima y realizar los aportes
relacionados con la pensión de jubilación, por todo el periodo en que el demandante se desempeñó como
juez de la república».
35 En el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, se precisó lo siguiente: «4. […] Sin embargo,
deberá la demandada reliquidar con inclusión del valor de esta prima y realizar los aportes relacionados con
la pensión de jubilación, por todo el periodo en que el demandante se desempeñó como juez de la
república».
36 Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
37 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019).
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43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido parcialmente, por manera
que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
45.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 29 de abril de 2014 dentro
del radicado 1001032500020070008700 (1686-07) y del 9 de abril de 2024, en el
expediente 110010325000201900609 00 (4735-2019), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. MODIFICAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia
impugnada en el sentido de señalar que se encuentra probada la excepción de
prescripción trienal, en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 11
de febrero de 2012 se encuentran prescritas, con excepción de las diferencias
por seguridad social en pensión (1 de marzo de 2006 hasta el 9 de septiembre
de 2015). Dicha excepción también recae sobre las diferencias de cesantías
generadas en esos mismos periodos, por las razones expuestas en el presente
proveído.
CUARTO. MODIFICAR parcialmente el numeral tercero en el sentido de
precisar que el pago de las diferencias de cesantías procede desde el 1 de marzo
de 2006 hasta el 9 de septiembre de 2015, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
QUINTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 13 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, por las
razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
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SÉPTIMO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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