Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00259-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Confirma. Se modifica para precisar el reconocimiento. Se revoca el
numeral primero, se está a lo dispuesto en la sentencia de nulidad de
los decretos salariales anuales de 1993 a 2017. Se impone la condena
en costas al demandante
La Sala1 decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la entidad
demandada contra la sentencia de primera instancia expedida el 26 de marzo de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El accionante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia
con el objeto de que se declare la nulidad del oficio DSAFB – 21 – 016628 del 25 de
septiembre de 2012 y de la Resolución No. 2 – 4315 del 6 de diciembre de 2012 mediante
los cuales se negó su petición y se resolvió la apelación interpuesta, confirmando la
decisión.
2. A título de restablecimiento del derecho, reclamó el pago de la reliquidación de las
prestaciones sociales2 incluyendo la prima especial como factor salarial, en los periodos
laborados entre 1992 y 2011. Igualmente, solicitó que se condene a la entidad al
reconocer la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 desde
el día en que se debió efectuar el pago hasta que este se efectúe. Por último, pidió el
ajuste de la condena, el reconocimiento de intereses y que se impongan costas contra la
entidad.
1 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para este tipo de
asuntos al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también lo es, que por medio de la sentencia
del 16 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta dicha
controversia; razón por la cual integra la Sala que resuelve la presente controversia.
2 Puntualmente el demandante reclamó: «[…] la Reliquidación de las CESANTÍAS PARCIALES, la PRIMA
DE NAVIDAD, la PRIMA DE SERVICIOS, la BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS, la PRIMA
DE VACACIONES […]», véase el folio 29 del expediente físico.
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
3. Adujo que laboró en la Fiscalía General de la Nación desempeñando el cargo de
fiscal desde 1992 hasta 2011, y que el 8 de agosto de 2012 presentó reclamación ante la
entidad demandada con el fin de lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
adeudadas por concepto de la prima especial del 30% durante sus años de servicio, la
cual fue resuelta desfavorablemente a través de los actos acusados, los cuales se deben
declarar nulos, pues el mencionado emolumento constituye salario e incide en la
liquidación de las prestaciones sociales, con base en lo expuesto en la jurisprudencia del
Consejo de Estado3.
Contestación de la demanda4.
4. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones aduciendo que desde
el año 2003 los decretos salariales que rigen a la entidad no dispusieron el
reconocimiento de la prima especial sin carácter salarial. Consideró que se debe declarar
la caducidad, pues el demandante se desvinculó el 1 de septiembre de 2011 y radicó la
reclamación administrativa el 8 de agosto de 2012, es decir que superó el término de 4
meses con que contaba para reclamar sus derechos, pues ya no tienen el carácter de
periódicos. Por último, formuló las excepciones prescripción, carencia de objeto,
cumplimiento de un deber legal y caducidad.
Sentencia apelada5.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se estuvo a lo resuelto en la sentencia
del 15 de diciembre de 2020, de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado 6; declaró
probada la excepción de prescripción respecto de las sumas causadas con antelación al
8 de agosto de 2009, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó
en la misma fecha del año 2012, al tenor de lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969; anuló los actos acusados y accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
6. Sobre la excepción de caducidad planteada por la entidad, concluyó que no operó
dicho fenómeno, pues si bien es cierto que el demandante se desvinculó el 1 de
septiembre de 2011, también lo es que presentó la demanda dentro de los 4 meses
siguientes a la fecha de notificación del último acto acusado. Respecto a la sanción
moratoria, precisó que no se cumplen los presupuestos para imponerla pues esta se
causa cuando han vencido los términos establecidos en la Ley 1071 de 2006 después de
la radicación de la petición que se hiciera con tal propósito, condición que no se configuró
en este caso.
7. Por otra parte, consideró que la prima especial es un emolumento retributivo
adicional a la asignación básica, sin carácter salarial, salvo para efectos del cálculo de
los aportes pensionales y su reconocimiento en ningún caso puede conllevar que se
3 Radicados: 25000 23 25 000 2005 01134 01 (0419-2017); 11001 03 25 000 2007 00098 00 (1831-2007);
05001 23 31 000 2003 01247 01 (4502-2005); 25000 23 25 000 2005 03332 01 (1295-2007); 25000 23 25
000 2004 08385 01 (426-2009) y 25000 23 25 000 2004 0865 01 (0512-2008).
4 Folios 70 a 75 del expediente físico.
5 Folios 100 a 109 del expediente físico.
6 Expediente con número interno 5472-2018.
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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
supere el tope fijado por el Gobierno nacional, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Adicionalmente, a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998 se
estableció como beneficiarios de la prima especial a los fiscales que se acogieron al
régimen del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad. En ese contexto,
concluyó que la entidad ha venido liquidando indebidamente dicha prima7. Asimismo,
mencionó que la pretensión del actor estaba dirigida a obtener el reconocimiento y pago
de la diferencia correspondiente a lo dejado de percibir; en consecuencia, únicamente
ordenaría tal concepto.
8. En virtud de lo anterior, condenó a la entidad al pago de las diferencias salariales
y prestacionales correspondientes al 30% de la asignación básica, bajo el entendido de
que no fue tenida en cuenta al momento de su liquidación, así como a reconocerle al
actor el 100% de la asignación básica y el 30% de la prima especial como un adicional
desde el «8 de mayo de 2009» hasta el 1 de septiembre de 2011, sin sobrepasar el tope
salarial impuesto por el Gobierno Nacional. Además, ordenó descontar lo efectivamente
pagado por estos mismos conceptos.
Recurso de apelación.
9. Inconformes con la decisión el demandante y la entidad demandada interpusieron
recursos de apelación8. El actor argumentó que el Tribunal no debió aplicar el fenómeno
prescriptivo respecto de las diferencias de cesantías, pues la reclamación administrativa
se radicó dentro de los tres años siguientes a fecha de terminación del vínculo laboral,
para tal efecto solicitó tener en cuenta la sentencia de unificación del 25 de agosto de
20169. Respecto a la sanción moratoria aseveró que es procedente, pues solo es
necesario solicitar la liquidación de cesantías y que su pago se hubiera realizado
extemporáneamente o no se hubiera realizado.
10. Por su parte la entidad precisó que la condena impuesta resulta excesiva, en la
medida en que desde el 2003 ha pagado las prestaciones sociales sobre el 100% del
salario y no ha descontado ningún porcentaje de este, para tenerlo como prima especial;
de esa manera, tanto el salario, como las prestaciones sociales se han pagado en forma
completa, en esa medida no había lugar a disponer ningún pago al respecto. Mencionó
que si el Tribunal pretendía ordenar el reconocimiento del 30% correspondiente a la prima
especial, debió redactarlo en forma clara y mencionar expresamente que esta solo
constituye factor salarial para la liquidación de la pensión de jubilación, pues lo contrario
llevaría a confusión al momento de cumplir la orden.
11. Adicionalmente, puntualizó que el reconocimiento no coincide con la fecha de
declaratoria parcial de prescripción. Por último, cuestionó que el Tribunal no tuvo en
consideración que el demandante desde su fecha de desvinculación contaba con 4
meses para reclamar las sumas adeudadas; sin embargo, su solicitud fue radicada por
fuera del mencionado término. Además, aseveró que en la Resolución del 2323 de 10 de
octubre de 2011 se ordenó el pago de algunos conceptos a favor del actor como
7 Como se advierte en los folios 107 vuelto y 108.
8 Folios 118 a 121 y 123 a 126 del expediente físico.
9 Radicado 2011-0600628-01.
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Demandante: Carlos Gómez Charry
consecuencia de su renuncia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
12. Los consejeros que conformaban la Sección Segunda de esta Corporación
manifestaron impedimento y fueron separados del conocimiento del asunto 10; El 1 de
noviembre de 2022 se expidió el auto que admitió el recurso de apelación11, en el término
de ejecutoria no hubo pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público12.
13. Con la finalidad de examinar el reparo de caducidad planteado por la entidad
demandada, mediante los autos del 3 de octubre de 202313 y 13 de noviembre de 202514,
se ordenó allegar como prueba las certificaciones laborales del demandante y el acto de
liquidación definitiva de las prestaciones sociales producto de su desvinculación del
servicio, respectivamente. Las partes dieron cumplimiento a lo requerido15.
14. El proceso regresó a la Subsección, pues la nueva conformación de la sala dio
lugar a que se desplazara a los conjueces16.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
16. En concordancia con los reparos concretos formulados en los recursos de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
omitió tener en consideración la terminación del vínculo laboral del demandante y la
expedición de un acto que le reconoció unas sumas para el estudio de la caducidad.
Asimismo, se debe examinar si el a quo se extralimitó en el reconocimiento del derecho,
en el entendido de que ordenó diferencias salariales y prestacionales sobre el 100% de
la asignación básica, pese a que se han liquidado sobre ese monto y en ese sentido,
determinar si la orden de restablecimiento no fue clara, para evitar imprecisión al
momento de su cumplimiento.
10 Índices 3 y 8 de SAMAI.
11 Índice 22 Íbidem.
12 Índice 27 Íbidem.
13 Índice 30 Íbidem.
14 Índice 56 Íbidem.
15 Índice 36 y 62 Íbidem.
16 Índice 46 Íbidem.
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Demandante: Carlos Gómez Charry
17. Adicionalmente, se deberá establecer si el a quo incurrió en incongruencia entre
lo examinado en la parte motiva y lo decidido en la resolutiva, respecto de la fecha que
limitó el reconocimiento por prescripción trienal. Por último, determinar si se omitió
considerar la imprescriptibilidad de las diferencias de cesantías y si era procedente la
sanción moratoria.
Análisis del problema jurídico
18. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que, si bien confirmará el fallo de
primera instancia, se modificará el numeral cuarto de su parte resolutiva, a efectos de
delimitar adecuadamente la orden de restablecimiento del derecho, se revocará el
numeral primero y ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de
2022 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
19. El demandante acreditó que laboró en la Fiscalía General de la Nación desde el
15 de octubre de 1992 hasta el 1 de septiembre de 2011 en el cargo de fiscal17. Además,
presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada el 8 de agosto de 201218,
dirigida a obtener el reconocimiento de las diferencias que surjan en su remuneración
producto de la inclusión del 30% de la prima especial.
20. El primer problema jurídico consiste en cuestionar el examen realizado por el
Tribunal sobre la caducidad del medio de control. Sobre el punto, la Sala debe precisar
que el término para que se configure el mencionado fenómeno empieza a correr desde
la notificación del acto cuya nulidad se pretende19, y que haya creado o modificado la
situación particular y concreta en torno al derecho reclamado y no a partir de la fecha de
terminación de la relación laboral del demandante como lo propuso la entidad, pues lo
que procede desde dicho momento es la configuración de la prescripción trienal en caso
de que los derechos no se reclamen oportunamente.
21. En ese contexto, para determinar si los actos enjuiciados en este proceso son los
que contienen la manifestación de la voluntad de la administración que definió lo relativo
a los derechos reclamados en el sub lite, se decretó prueba de oficio mediante
providencia del 13 de noviembre de 2025 con el fin de obtener el acto que reconoció las
prestaciones sociales definitivas al demandante; producto de ello se allegó la Resolución
2323 del 10 de octubre de 201120, empero, dicho acto no definió nada en torno a los
derechos pretendidos, pues lo que se reconoció en él fue expresamente «prima de
navidad, indemnización de sueldo de vacaciones e indemnización prima de vacaciones»;
en consecuencia, no es el acto enjuiciable en lo que se refiere al reajuste prestacional
derivado de la correcta liquidación de la prima especial.
22. Con base en lo anterior, la Sala concluye que fue correcto el estudio realizado
17 De conformidad con el certificado laboral expedido el 14 de noviembre de 2023. Índice 36 de SAMAI.
18 Folios 16 a 25 del expediente físico.
19 Según lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso-Administrativo, a saber: «d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso,
salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales».
20 Acto mencionado en el recurso de apelación.
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por el Tribunal sobre la caducidad, al considerar que el demandante presentó
oportunamente la demanda el 6 de junio de 2013, pues no excedió los 4 meses siguientes
al 4 de marzo de 2013, fecha en la que se notificó la Resolución No. 2 – 4315 del 6 de
diciembre de 2012, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra el oficio
DSAFB – 21 – 016628 del 25 de septiembre de 2012 que negó su solicitud de reajuste
prestacional. En consecuencia, no prospera el reparo planteado por la entidad.
23. El segundo problema jurídico se dirige a analizar si en la sentencia recurrida se
incurrió en una condena excesiva, bajo el entendido de que se ordenó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales sobre el 100% de la asignación básica. Al respecto,
se aprecia que el Tribunal concluyó que la liquidación de la prima especial fue incorrecta,
al entenderla como una parte de la asignación básica y no como una adición a esta, lo
que generó una merma en el salario y prestaciones sociales del demandante.
24. En esa materia, la Sala debe precisar que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia21, desde el año 2003 los decretos salariales que rigen a la entidad
demandada no previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí
era procedente como una adición a la asignación básica, por esa razón a partir del
mencionado año los salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún
descuento respecto de la asignación básica para tenerlo a título de prima especial.
25. Por el contrario, en los decretos salariales que rigen a la Fiscalía, expedidos entre
1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en el 30% de la asignación
básica22, lo cual generó que se mermaran los ingresos mensuales de los beneficiarios de
esta; en esa medida, durante ese periodo sí habría sido procedente ordenar el reajuste
salarial, prestacional y de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones
tomando como base el 100% de la asignación básica, es decir, incluyendo el 30% del
salario que fue descontado para tenerlo a título de prima especial.
26. En virtud de lo anterior, el análisis y orden dada por el Tribunal resultaron
incorrectos en cuanto se dispuso la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2003, lo que quiere decir que no tuvo en cuenta que
desde ese año el salario fue reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto
de la asignación básica. En consecuencia, lo procedente era concentrarse en el
reconocimiento de la prima especial equivalente al 30% de la asignación básica, como
una adición al salario, con sus efectos legales, tal como lo plantea la entidad en el recurso.
Con base en ello, se modificará el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia a
efectos de reconocer y ordenar el pago de la prima especial sin carácter salarial al
demandante, la cual incide en los aportes pensionales, y se suprimirá el reconocimiento
de las diferencias prestacionales en un periodo en que no había derecho a ello.
21 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez
ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
22 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial tienen derecho a ella como un emolumento adicional a la asignación básica; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
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Demandante: Carlos Gómez Charry
27. En el tercer problema jurídico se plantea una incongruencia en los periodos que
se declararon prescritos, pues si bien es cierto en el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia se indicó que la prescripción se configuró respecto de las
sumas causadas con antelación al 8 de agosto de 200923, fecha que coincide con el
análisis realizado en las consideraciones24; también lo es que en el numeral cuarto el
derecho se reconoció desde el 8 de mayo de 200925. Por lo anterior, es necesario
modificar dicho numeral a efectos de clarificar que el reconocimiento procede desde del
8 de agosto de 200926.
28. Por otra parte, el cuarto problema jurídico se centra en la imprescriptibilidad de
las diferencias de cesantías; sobre el punto, se debe mencionar que el derecho a estas
no prescribe mientras la relación laboral se encuentre vigente, conforme a lo señalado en
la Sentencia de Unificación CE-SUJ-004-2016; no obstante, en el caso concreto se
advierte que el demandante finalizó su vínculo laboral con la demandada el día 1 de
septiembre de 2011 y presentó reclamación administrativa el 8 de agosto de 2012, lo cual
se traduce en que la relación laboral no se encontraba vigente al momento de su petición;
bajo tal premisa, el cómputo del término prescriptivo de las diferencias de cesantías se
rige por lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
29. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que con ocasión de que la modificación del
restablecimiento del derecho, con base en lo analizado en el párrafo 26, no procede
ordenar ninguna diferencia por concepto de dicha prestación, pues el restablecimiento
del derecho, en este caso, se concretará en ordenar el reconocimiento y pago de la prima
especial, como adición a la asignación básica y sin carácter salarial, salvo para efectos
pensionales. En consecuencia, no prospera el reparo planteado por el demandante.
30. El quinto problema jurídico versa sobre la negativa del Tribunal de ordenar la
sanción moratoria reclamada por el actor. Para resolver dicho reparo, se advierte que las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 exigen que el trabajador formule petición tendiente a
obtener el pago de tal sanción ante la entidad; empero, al revisar la reclamación
23 Al respecto, el numeral segundo de la sentencia apelada menciona: «SEGUNDO: DECLARAR probada
parcialmente la excepción de prescripción trienal de las sumas a que haya lugar por razón de condena a
la Nación – Fiscalía General de la Nación, en el entendido de que las sumas causadas antes del 08 de
agosto de 2009 se encuentran prescritas, conforme en lo expuesto en la parte motiva». [Se destaca]. Folio
108 reverso del expediente físico.
24 Sobre el punto, en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia se precisa: «[…] ha de
concluirse que las sumas causadas antes del 08 de agosto de 2009 se encuentran prescritas, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo puntualizado por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
en el referido proveído, la prestación que aquí se reclama se hizo exigible desde el 09 de septiembre de
1998, esto es, con la entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998». Folio 108 del expediente físico.
25 Al respecto, el numeral cuarto de la sentencia apelada dispuso: «CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN a RECONOCER y PAGAR en favor del señor CARLOS GÓMEZ CHARRY,
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y de
las prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico para las que únicamente se
tuvo en cuenta el 70% del salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente al período
comprendido entre 08 de mayo de 2009 hasta cuando fungió en el cargo de Fiscal Delegado ante los
Jueces Penales del Circuito, esto es el 01 de septiembre de 2011; DEBIÉNDOSE DESCONTAR LO
EFECTIVAMENTE PAGADO POR ESTOS MISMOS CONCEPTOS, y sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en la
parte motiva.» [Se destaca]. Folios 108 reverso y 109 del expediente físico.
26 Toda vez que la reclamación en sede administrativa se formuló el 8 de agosto de 2012, como consta en
el sello visible en el folio 16 del expediente físico.
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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
administrativa que dio origen a los actos acusados solo se solicitó la reliquidación de las
prestaciones sociales, las diferencias entre el valor reconocido inicialmente y el que surja
con inclusión del 30% de la prima especial, la actualización de los valores con el IPC y
los intereses moratorios, razón por la cual fue acertada la conclusión del a quo, pues
determinó que no se cumplen con los presupuestos para la imposición de tal sanción27.
31. La Sala considera oportuno mencionar que en la sentencia del 21 de
septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado28 se declaró la
nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y
2017, que establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% de aquel y
concluyó que «la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico
mensual y que además ella es una adición a éste». Además, se declaró la nulidad de la
siguiente previsión «Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos». En consecuencia, en la parte
resolutiva se ordenará estarse a lo decidido en dicha providencia.
32. Por otra parte, se advierte que en el numeral primero de la parte resolutiva de
la sentencia apelada se ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 2020; sin embargo, dicha providencia no es de unificación jurisprudencial29, motivo
por el cual se revocará lo allí dispuesto.
Condena en costas.
33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
27 Sobre el punto, en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia se precisa: «Por otra parte,
en lo atinente a la pretensión del pago de la sanción moratoria generada con el retardo en el pago de las
cesantías, se precisa que de acuerdo con el marco jurídico estudiado con antelación no se cumplen con
sus presupuestos, dado que dicho pago constituye una sanción al empleador moroso en favor del
trabajador, cuando éste último las haya solicitado, de ahí que la Ley 1071 de 2006, relacione el término
para su cómputo, por tanto al no evidenciarse tal condición no se puede imponer la mencionada sanción»
Folio 108 del expediente físico
28 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018)
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, autos del 27 de marzo y 24 de julio de 2025,
proferidos en el trámite del proceso identificado con el número de radicado 11001-03-25-000-2021- 00377-
00 (1891-2021).
8
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
35. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
36. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
los reparos de su recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018
01101 00 (3974-2018)
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 26 de marzo de 2021
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
Cuarto: Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al
demandante, Carlos Gómez Charry, la prima especial de servicios correspondiente al 30%
del salario y/o asignación básica mensual, desde el 8 de agosto de 2009 hasta el 1 de
septiembre de 2011. El mencionado emolumento, deberá ser reconocido por la entidad
demandada como una adición al salario básico y computado para efectos del cálculo de
aportes pensionales, de conformidad con la ley.
TERCERO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, conforme a lo expuesto en las consideraciones.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
QUINTO. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandante.
SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021)
Demandante: Carlos Gómez Charry
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM
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