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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02836-02

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02836-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida el Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: «CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor del señor JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ, retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de: 30 Interno: 2560-2023 Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez Demandada: Nación – Rama Judicial • Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, siempre que en la respectiva anualidad los ingresos del demandante NO hayan alcanzado el tope del 80% de lo devengado por todo concepto por un Magistrado de Alta Corte, por ejercer como Magistrado de Tribunal, desde el 04 de diciembre de 2004 y hasta tanto funja como tal, conforme con lo expuesto en la parte motiva. • Ingresos mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y de las prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo en cuenta el 70% del salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente a los periodos comprendidos desde el 07 de julio de 2011 y hasta tanto ejerza el cargo de Magistrado de Tribunal; y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en la parte motiva. Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva. Asimismo, la NACIÓN - RAMA JUDICIAL deberá verificar y, de ser procedente, efectuar los ajustes correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, derivadas de las diferencias reconocidas en esta providencia, respecto de los períodos en que se encuentre acreditado el ejercicio del cargo de Magistrado de Tribunal y la existencia de diferencias en la base de cotización. Para tal efecto, deberán tenerse en cuenta los factores que legalmente integren el ingreso […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02836-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 25000-23-42-000-2016-02836-02 (2560-2023)1
Demandante Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992) – Bonificación por compensación (Decreto 610
de 1998)
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la
sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. El señor Juan Carlos Garzón Martínez, por conducto de apoderado judicial, promovió
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de obtener la
nulidad del Oficio DESAJ14-JR-3597 del Siete (7) de julio de Dos Mil Catorce (2014), así
como, de las Resoluciones Nos. 4145 del Treinta (30) de julio de Dos Mil Catorce (2014)
y 6585 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), mediante los cuales, se
negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación equivalente al
Ochenta por Ciento (80 %), prevista en el Decreto 610 de 1998; la reliquidación de sus
acreencias salariales y prestacionales con inclusión de la prima especial de servicios del

1
Expediente híbrido.
2
Sala compuesta por los magistrados: Carlos Enrique Berrocal Mora, Javier Alfonso Argote Royero Luis Eduardo Pineda Palomino.
3
Folio 16 a 23 del Cuaderno principal.

2

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

Treinta por Ciento (30 %), y la realización de los descuentos y aportes para pensión
ordinaria sobre la totalidad de lo devengado mensualmente.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad demandada
reconocer y pagar las diferencias derivadas de la bonificación por compensación del
Ochenta por Ciento (80 %), realizar la reliquidación de las prestaciones sociales y demás
acreencias laborales con inclusión de la prima especial de servicios del Treinta por Ciento
(30 %), y efectuar los descuentos y aportes correspondientes al sistema de pensiones
sobre la totalidad de la remuneración mensual, junto con la actualización monetaria y los
intereses moratorios a que hubiere lugar.

3. Finalmente, solicitó que, la bonificación por compensación continuara siendo
reconocida y pagada mensualmente en el porcentaje legal correspondiente, que se
declarara la inexistencia de disponibilidad presupuestal como fundamento válido para
negar su reconocimiento, la condena en costas a cargo de la entidad demandada y el
cumplimiento de la sentencia conforme a la normativa vigente.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

4. El demandante señaló que, se desempeñaba como magistrado de tribunal y que, en
tal condición, tenía derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación, así como, a que la prima especial de servicios y los demás conceptos que
integraban su remuneración fueran considerados para efectos de la liquidación de sus
acreencias laborales y de los aportes al sistema pensional.

5. Manifestó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no le había reconocido
ni pagado la bonificación por compensación en el porcentaje reclamado, pese a que venía
percibiendo una suma inferior a la que, según su reclamación, le correspondía. Asimismo,
indicó que sus prestaciones sociales habían sido liquidadas sin tener en cuenta el Treinta
por Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios como un ingreso
adicional, lo que incidió en la determinación de la base salarial de sus acreencias
laborales.

6. Expuso que, mediante el Oficio DESAJ14-JR-3597 del Siete (7) de julio de Dos Mil
Catorce (2014), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, se pronunció
sobre sus reclamaciones y sostuvo, respecto de la bonificación por compensación, que

3

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

la imposibilidad de efectuar el pago obedecía a la falta de partidas presupuestales. Contra
dicha decisión interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los
cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos. 4145 del Treinta (30) de julio de
Dos Mil Catorce (2014) y 6585 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Quince (2015),
respectivamente.

7. Finalmente, señaló que la entidad demandada tampoco había efectuado los
descuentos y aportes para pensión ordinaria sobre la totalidad de lo devengado
mensualmente, incluidos los conceptos salariales reclamados, circunstancia que, a su
juicio, afectaba la determinación integral de su base de cotización pensional.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

8. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 48, 53, 150,
numeral 19, literales e) y f), de la Constitución Política; el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992;
los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 5º de la Ley 797 de 2003; el Decreto 610 de 1998
y las demás disposiciones reglamentarias relacionadas con la bonificación por
compensación y la prima especial de servicios, así como los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011.

9. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos demandados
desconocieron el régimen aplicable a la remuneración de los magistrados de tribunal, al
no reconocer y pagar la bonificación por compensación en el porcentaje reclamado, pese
a que la propia administración había admitido la vigencia del Decreto 610 de 1998. Señaló
que, la negativa se sustentó en la inexistencia de partidas presupuestales, circunstancia
que, a su juicio, no constituía una razón jurídicamente válida para impedir la
materialización de un derecho laboral.

10. En relación con la prima especial de servicios, afirmó que, la entidad demandada
desconoció su naturaleza de ingreso adicional y su incidencia en la liquidación de los
factores salariales y prestacionales, al negar la reliquidación solicitada con fundamento
en que los efectos de las decisiones judiciales invocadas eran inter-partes. Alegó que,
dicha interpretación desconocía el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la
naturaleza salarial del porcentaje correspondiente a la prima especial de servicios.

4

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

11. Finalmente, respecto de los aportes pensionales, sostuvo que, la administración
vulneró el derecho a la seguridad social y las disposiciones que regulan la base de
cotización, al no efectuar los descuentos y aportes sobre la totalidad de lo devengado
mensualmente como magistrado de tribunal. En consecuencia, alegó que, los actos
acusados incurrieron en infracción de las normas en que debían fundarse y solicitó su
nulidad, junto con el restablecimiento de los derechos económicos reclamados.

2. Contestación de la demanda4.

12. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negar las súplicas, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Sostuvo que, la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, habían sido reconocidas
y liquidadas de acuerdo con las disposiciones salariales vigentes para cada anualidad.

13. En relación con la bonificación por compensación, explicó que su reconocimiento
debía observar los límites establecidos en los Decretos 610 de 1998 y 1202 de 2012,
pues el porcentaje del Ochenta por Ciento (80 %), comprendía la prima especial de
servicios y los demás conceptos que integraban la remuneración de los magistrados de
tribunal, de modo que, un pago adicional por dicho concepto, generaría un doble
reconocimiento y superaría el tope legal. Asimismo, frente a la prima especial, afirmó que
los decretos salariales expedidos a partir del año Dos Mil Ocho (2008) conservaban su
presunción de legalidad y que esta no tenía carácter salarial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales, aunque sí debía tenerse en cuenta para las cotizaciones
pensionales.

14. Agregó que la sentencia del Consejo de Estado, del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014), mediante la cual, se anularon algunos apartes de los decretos
salariales correspondientes a los años Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) a Dos Mil
Siete (2007), no producía el restablecimiento automático de derechos particulares ni
habilitaba a la administración para modificar, de oficio, la liquidación de las prestaciones
reclamadas. También sostuvo que, existía una imposibilidad material y presupuestal para
efectuar los reconocimientos solicitados, ante la ausencia de apropiaciones y certificados

4
Folio 74 a 90 del Cuaderno principal.

5

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

de disponibilidad presupuestal. Finalmente, propuso las excepciones de integración del
litisconsorcio necesario5, prescripción trienal, ausencia de causa petendi y la innominada.

3. Sentencia de primera instancia6.

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia proferida el Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y dispuso:

«PRIMERO. - Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del
3 diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de septiembre
de 2019, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la Nación -
Rama Judicial:

• De la bonificación compensación reclamada para los periodos anteriores al 03 de
diciembre de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído.
• De la prima especial de servicios (art. 14 Ley 4 de 1992) reclamada para los
periodos anteriores al 07 de julio de 2011 de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio
DESAJ14-JR-3597 del 07 de julio de 2014 y las resoluciones No. 4145 del 30 de julio de
2014 y No. 6585 del 16 de diciembre de 2015 en cuanto negaron al señor JUAN CARLOS
GARZÓN MARTÍNEZ, el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales
derivadas de su calidad de beneficiario de la bonificación por compensación y la prima
especial de servicios, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en
favor del señor JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ, retroactivamente la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de:

• Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, siempre
que en la respectiva anualidad los ingresos del demandante NO hayan alcanzado
el tope del 80% de lo devengado por todo concepto por un Magistrado de Alta Corte,
por ejercer como Magistrado de Tribunal, desde el 04 de diciembre de 2004 y hasta
tanto funja como tal, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
• Ingresos mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a la
prima especial de servicios, y de las prestaciones sociales liquidadas sobre la base
de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo en cuenta el 70% del

5
En la audiencia inicial celebrada el Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, declaró no probada la excepción de integración del litisconsorcio necesario, al
considerar que no resultaba indispensable la comparecencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el
Departamento Administrativo de la Función Pública para resolver de fondo la controversia
6
Folio 130 a 140 del Cuaderno principal.

6

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente a los periodos
comprendidos desde el 07 de octubre[sic] de 2011 y hasta tanto ejerza el cargo de
Magistrado de Tribunal; y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en
la parte motiva.

Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: NO RECONOCER la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales al actor
por concepto de factor salarial de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, en concordancia con los considerandos de esta providencia.

SEXTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.
[…]».

16. El Tribunal consideró que, el demandante, quien se desempeñaba como Magistrado
de Tribunal desde el Veinte (20) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), tenía
derecho al reconocimiento de las diferencias derivadas de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, siempre que sus ingresos anuales no
hubieran alcanzado el tope del Ochenta por Ciento (80 %) de lo devengado por todo
concepto por un Magistrado de Alta Corte.

17. En consecuencia, ordenó reconocer y pagar, de manera retroactiva, las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por
compensación, a partir del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y hasta tanto
ejerciera el cargo de Magistrado de Tribunal, con observancia del límite máximo fijado
para cada anualidad.

18. Asimismo, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados en cuanto
negaron el reconocimiento de las diferencias salariales derivadas de la prima especial de
servicios y ordenó reconocer y pagar los ingresos mensuales calculados sobre la base
del salario básico más el Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a dicha prima.

19. También dispuso, reconocer las diferencias derivadas de las prestaciones sociales,
liquidadas sobre una base equivalente únicamente al Setenta por Ciento (70 %) del
salario básico, respecto de los periodos comprendidos desde el Siete (7) de octubre de
Dos Mil Once (2011) y hasta tanto el demandante ejerciera el cargo de Magistrado de
Tribunal, sin superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada
anualidad.

7

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

20. No obstante, negó la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales con
fundamento en la consideración de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación como factores salariales, en los términos expuestos en la parte motiva de
la providencia.

21. Finalmente, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de
las reclamaciones anteriores al Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), en
relación con la bonificación por compensación, y al Siete (7) de julio de Dos Mil Once
(2011), respecto de la prima especial de servicios. Además, se abstuvo de condenar en
costas y ordenó el cumplimiento de la sentencia conforme con los artículos 187, 192 y
195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. Los recursos de apelación.

4.1. De la parte demandante7.

22. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación parcial contra la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019), específicamente frente al ordinal segundo, en cuanto declaró probada la
excepción de prescripción respecto de la prima especial de servicios reclamada por los
periodos anteriores al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011). Solicitó revocar dicha
determinación, al considerar que, el Tribunal no analizó los argumentos expuestos en los
alegatos de conclusión sobre la inaplicabilidad de las reglas de prescripción contenidas
en la sentencia de unificación del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

23. Sostuvo que, conforme con los principios de irrenunciabilidad y favorabilidad previstos
en el artículo 53 de la Constitución Política, la prescripción debía contabilizarse a partir
de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos salariales que regularon
anualmente la prima especial de servicios, proferida el Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014), y no desde la expedición del Decreto 57 de 1993. Argumentó que, los
actos administrativos declarados nulos no podían producir efectos jurídicos, por lo que la
exigibilidad del derecho solo surgió cuando la jurisdicción contencioso-administrativa
definió la controversia y otorgó certeza sobre la correcta interpretación de la prima
especial de servicios.

7
Folio 163 a 166 del Cuaderno principal.

8

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

24. Agregó que, el caso debía distinguirse de aquel analizado en la sentencia de
unificación, pues en el presente proceso no se pretendía la nulidad de los decretos
salariales, dado que estos ya habían sido anulados mediante control judicial por vía de
acción. En consecuencia, afirmó que, no podía imponerse al trabajador la carga de
reclamar administrativamente antes que existiera certeza, sobre la exigibilidad del
derecho, máxime cuando habían coexistido distintas interpretaciones acerca de la
naturaleza y forma de liquidación de la prima especial de servicios. Por tanto, solicitó
revocar la decisión, que declaró probada la prescripción, respecto de los periodos
anteriores al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011).

4.2. De la parte demandada8.

25. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019),
con el fin de que fuera revocada. Cuestionó la procedencia del reconocimiento de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en un porcentaje del
Treinta por Ciento (30 %), a favor de los magistrados de tribunal y funcionarios
equivalentes.

26. Sostuvo que, de conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la bonificación por compensación creada
mediante el Decreto 610 de 1998, tuvo como finalidad nivelar la remuneración de los
magistrados de tribunal frente a la percibida por los magistrados de las Altas Cortes. En
consecuencia, afirmó que, los ingresos de aquellos ya se encontraban ajustados al
Ochenta por Ciento (80 %) de lo devengado por todo concepto por los magistrados de
Alta Corte.

27. Por tanto, señaló que, el reconocimiento adicional de la prima especial de servicios
del Treinta por Ciento (30 %), desconocería el límite máximo de remuneración previsto
en el régimen aplicable, al superar el Ochenta por Ciento (80 %) de los ingresos de los
magistrados de las Altas Cortes. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada,
por considerar que el Tribunal ordenó un reconocimiento económico adicional contrario a
los topes legales y a la jurisprudencia de unificación.

8
Folio 162 del Cuaderno principal.

9

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

28. Mediante auto del Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)9, el
consejero ponente admitió, por resultar procedentes y oportunos, los recursos de
apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del Quince (15) de octubre de
Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Asimismo, reconoció personería al apoderado judicial de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ordenó que, una vez ejecutoriada la
providencia, el expediente regresara al despacho para impartir el trámite de segunda
instancia correspondiente.

29. Posteriormente, mediante auto del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veintiséis
(2026)10, el despacho prescindió, por innecesaria, de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificado por el Código General del Proceso. En
consecuencia, ordenó correr traslado a las partes por el término de diez (10) días para
presentar alegatos de conclusión y, vencido dicho plazo, al Ministerio Público por igual
término. Finalmente, dispuso que, agotadas dichas actuaciones, el expediente regresara
al despacho para proferir sentencia.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia11.

30. La parte demandante, en sus alegatos de conclusión, solicitó desestimar el recurso
de apelación formulado por la entidad demandada y acceder a los reparos planteados
contra la sentencia de primera instancia. Precisó que, la controversia en segunda
instancia se circunscribía al reconocimiento sustancial de la prima especial de servicios
y a la prescripción declarada respecto de las sumas causadas con anterioridad al Siete
(7) de julio de Dos Mil Once (2011), pues, lo relacionado con la bonificación por
compensación y los intereses moratorios no había sido objeto de apelación y, por tanto,
se encontraba ejecutoriado.

31. Frente al recurso de la entidad demandada, consideró que, la bonificación por

9
Índice 00022 expediente digital – Samai.
10
Índice 00027 expediente digital – Samai.
11
Índice 00032 expediente digital – Samai.

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Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

compensación no eliminaba ni absorbía el derecho a la prima especial de servicios, pues,
ambas prestaciones tenían fundamento, finalidad y mecanismos de liquidación
diferentes. No obstante, precisó que, su reconocimiento debía sujetarse al límite
remuneratorio aplicable a los magistrados de tribunal, por lo que para determinar las
diferencias adeudadas era necesario tener en cuenta las sumas ya pagadas por concepto
de bonificación por compensación y el tope del Ochenta por Ciento (80 %) de lo
devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes.

7. Concepto del Ministerio Público12.

32. El Ministerio Público, solicitó confirmar integralmente la sentencia de primera
instancia, al considerar que, la bonificación por compensación no excluye el derecho del
demandante al reconocimiento de la prima especial de servicios, por tratarse de
prestaciones autónomas que pueden concurrir. No obstante, precisó que, su
reconocimiento debe sujetarse al límite remuneratorio aplicable al cargo y tener en cuenta
las sumas previamente pagadas por concepto de bonificación por compensación.

33. En relación con la prima especial de servicios, sostuvo que, esta constituye un
incremento de la asignación básica y no una disminución de la remuneración, por lo que
el hecho de que el demandante hubiera percibido la bonificación por compensación no
constituye razón suficiente para negar su reconocimiento. Sin embargo, indicó que la
reliquidación no puede generar una remuneración superior al límite máximo establecido
para los magistrados de tribunal, ni dar lugar a una reliquidación general de prestaciones
sociales, dado que la Ley 332 de 1996, únicamente le atribuyó carácter salarial para
efectos pensionales.

34. Respecto de la prescripción, consideró que, la reclamación fue oportuna, toda vez
que se presentó dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, momento a partir del cual, cesó la
incertidumbre sobre el régimen aplicable a la bonificación por compensación. No
obstante, aclaró que, dicha circunstancia no permitía reconocer, de manera irrestricta,
todas las diferencias causadas desde la entrada en vigor del Decreto 610 de 1998, pues,
la nulidad únicamente definió el régimen aplicable y el momento de exigibilidad del

12
Índice 00033 expediente digital – Samai.

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Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

derecho, sin excluir las reglas temporales que gobiernan su reconocimiento. En
consecuencia, concluyó que debía confirmarse integralmente la sentencia apelada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

35. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA13.

2.2. Problema jurídico.

36. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

37. ¿La sentencia proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019),
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, debe confirmarse o
revocarse, conforme a los reparos expuestos en los recursos de apelación interpuestos
por las partes? Para tal fin, se debe verificar:

37.1. El Tribunal incurrió en un error al reconocer las diferencias derivadas de la
prima especial de servicios del Treinta por Ciento (30 %), pese a que el
demandante también percibía la bonificación por compensación, por considerar la
entidad demandada que ambos conceptos no podían concurrir sin desconocer el
límite del Ochenta por Ciento (80 %) de los ingresos de los magistrados de las
Altas Cortes?

37.2. ¿La sentencia de primera instancia desconoció el límite remuneratorio
aplicable al ordenar el reconocimiento de las diferencias derivadas de la prima
especial de servicios, sin considerar que la bonificación por compensación ya
percibida podía incidir en la determinación del monto adeudado?

13
Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

37.3. ¿Debe revocarse la decisión del Tribunal que declaró probada la prescripción
respecto de las diferencias derivadas de la prima especial de servicios causadas
con anterioridad al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011), conforme con los
argumentos planteados por la parte demandante, quien sostiene que el término
prescriptivo debía contabilizarse a partir de la sentencia del Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual se anularon los decretos
salariales que regulaban dicho concepto?

38. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial; 2.4) hechos probados; 2.5)
el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1 Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:
prerrogativas y generalidades.

39. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

40. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

41. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

13

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.3.1.1. De la prescripción.

42. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)14, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que15:

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

14

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

43. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior16, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

44. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

45. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

46. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

2.3.2 Bonificación por compensación.

47. El Veintiséis (26) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), en uso de la
facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de

16
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

15

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

199817, a través del cual, se creó la bonificación por compensación, a favor de los
magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares
del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de
Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito18.

48. La norma estableció que, la citada bonificación, se debía pagar de forma permanente
y mensualmente a partir del Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), la cual, tendría carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de servicios y a
los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), al Sesenta por Ciento (60%) de los ingresos laborales que por
todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó
que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año Dos Mil (2000)
correspondería al Setenta por Ciento (70%), y para el año Dos Mil Uno (2001) y sucesivos
sería del Ochenta por Ciento (80%).

49. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los Decretos 664 del Trece (13) de abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), derogado por el Decreto 2738 del Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil (2000),
este a su vez derogado por el Decreto 1476 del Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Uno
(2001), posteriormente derogado por el Decreto 2726 del Diecisiete (17) de diciembre de
Dos Mil Uno (2001), el cual fue derogado por el Decreto 663 del Diez (10) de abril de Dos
Mil Dos (2002), este por el Decreto 3570 del Once (11) de diciembre de Dos Mil Tres
(2003) y, finalmente, por el Decreto 4040 de 2004.

17
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
18
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

16

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

50. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en ejercicio del medio de control de nulidad,
ante el Consejo de Estado, y declarado nulo, mediante sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Uno
(2001), expediente No. 395-99, con efectos ex tunc. Como consecuencia de ello, el
Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores
al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y resultan inaplicables, entre ellas el
Decreto 664 de 1999 y las demás disposiciones expedidas con posterioridad para regular
la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales, bajo el entendido de
que el Decreto 610 de 1998, había desaparecido del ordenamiento jurídico.

51. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, mediante el cual, creó
la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios beneficiarios de la
bonificación por compensación, indicando que, la bonificación creada, sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales, no podía superar el Setenta por Ciento
(70%) de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de las Altas Cortes.
Asimismo, precisó que dicha bonificación sería incompatible con la bonificación por
compensación y que los funcionarios podrían acogerse a la bonificación de gestión
judicial siempre que se encontraran en alguna de las siguientes situaciones:

a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil;

b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción
para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.

52. Quienes optaran por alguna de estas alternativas, debían manifestar por escrito dicha
intención, ante la entidad empleadora antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos
Mil Cuatro (2004).

53. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, mediante sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos
Mil Once (2011), expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el
Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Doce (2012). En esa providencia, la Sala de
Conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes:
el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en el ochenta por ciento (80%)
de lo devengado por los magistrados de Altas Cortes, y el Decreto 4040 de 2004, que la

17

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

establecía en el Setenta por Ciento (70%), con lo cual se materializaba un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

54. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004, violó los derechos
al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos ciertos
e indiscutibles. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto
610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.

55. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), concluyó que, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación
a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción. Precisó que, la
exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, desde el Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Doce (2012), día siguiente a la ejecutoria de dicho fallo.

56. Posteriormente, la misma Corporación, también mediante decisión proferida por la
Sala de Conjueces del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), precisó otra
regla de prescripción, esta vez respecto de las reclamaciones de la bonificación por
compensación causadas entre el Cinco (5) de octubre de Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2)
de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), al indicar que durante ese período no existió
dualidad de normas. Por tanto, en ese lapso operó el fenómeno de la prescripción
conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que el
interesado demostrara en el expediente, mediante prueba documental, que antes del
Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) había interrumpido la prescripción en los
términos previstos en la ley.

57. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 2012, « Por el cual se modifica la bonificación por
compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios », cuyo artículo 1° dispuso:

ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen

18

Interno: 2560-2023
Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial

percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo
Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas
Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante
Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos
Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen
de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes
señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para
efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

2.4. Hechos probados.

58. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento, frente
al marco normativo que regula la materia, en ese sentido, se destacan los siguientes
documentos:

59. Se encuentra acreditado que, el señor Juan Carlos Garzón Martínez, se desempeñó
como Magistrado de Tribunal desde el Veinte (20) de julio de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995)19, condición a partir de la cual, reclamó el reconocimiento de las diferencias
derivadas de la bonificación por compensación y de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

60. Obra en el expediente, el Oficio DESAJ14-JR-3597 del Siete (7) de julio de Dos Mil
Catorce (2014)20, mediante el cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, se pronunció sobre la reclamación formulada por el demandante, relacionada
con el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de la bonificación
por compensación y de la prima especial de servicios. (Folios 16 a 23 del cuaderno
principal).

61. Contra el referido oficio, el demandante interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación21, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución No. 4145 del
Treinta (30) de julio de Dos Mil Catorce (2014)22 y la Resolución No. 6585 del Dieciséis
(16) de diciembre de Dos Mil Quince (2015)23, respectivamente. A través de tales

19
Folio 3 del Cuaderno principal.
20
Folio 4 a 16 del Cuaderno principal.
21
Folio 6 a 7 del Cuaderno principal.
22
Folio 8 a 9 del Cuaderno principal.
23
Folio 10 a 13 del Cuaderno principal.

19

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
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decisiones, la administración mantuvo la negativa al reconocimiento de las diferencias
reclamadas por concepto de bonificación por compensación y prima especial de
servicios.

2.5. Caso concreto

62. Conforme con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, corresponde a la Sala
resolver los reparos formulados por las partes contra la sentencia proferida el Quince (15)
de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria. La entidad demandada cuestiona el reconocimiento
de la prima especial de servicios como un concepto adicional a la remuneración del
demandante, al considerar que, ello desconoce el límite remuneratorio aplicable a los
magistrados de tribunal y puede generar un doble pago frente a la bonificación por
compensación. Por su parte, el demandante controvierte la prescripción declarada
respecto de las diferencias derivadas de la prima especial de servicios causadas con
anterioridad al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011).

63. En consecuencia, el análisis de la Sala se circunscribirá a establecer, en primer lugar,
si la percepción de la bonificación por compensación, excluye el derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios como un incremento de la asignación
básica y, en segundo término, si la condena impuesta por el Tribunal, debe sujetarse a
una precisión relacionada con los límites remuneratorios y las sumas efectivamente
pagadas al demandante. Finalmente, se examinará el reparo de la parte actora
relacionado con la prescripción de las diferencias derivadas de la prima especial de
servicios.

2.5.1. Sobre la concurrencia de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación.

64. La entidad demandada sostiene que, el reconocimiento de la prima especial de
servicios, del Treinta por Ciento (30 %), como un concepto adicional a la remuneración
del señor Juan Carlos Garzón Martínez, desconoce el límite establecido para los
magistrados de tribunal, toda vez que, el demandante también percibía la bonificación
por compensación. En su criterio, ambos conceptos deben articularse, de manera que,
su reconocimiento conjunto, no supere el Ochenta por Ciento (80 %) de lo que, por todo
concepto, devengan los magistrados de las Altas Cortes.

20

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
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65. El reparo parte de una premisa, que debe ser precisada por la Sala. La bonificación
por compensación y la prima especial de servicios, tienen fundamento normativo,
naturaleza y mecanismos de determinación diferentes. La bonificación por compensación
fue establecida mediante el Decreto 610 de 1998, como un instrumento de nivelación
progresiva de la remuneración de determinados funcionarios judiciales, entre ellos los
magistrados de tribunal, hasta alcanzar el porcentaje previsto respecto de los ingresos
de los magistrados de las Altas Cortes. La segunda, encuentra fundamento en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 y corresponde a un incremento de la asignación básica de los
servidores comprendidos en su ámbito de aplicación.

66. Por tanto, la circunstancia que, el señor Juan Carlos Garzón Martínez, hubiera
percibido la bonificación por compensación, no implica que tuviera perdido su derecho a
la prima especial de servicios, ni que esta última pudiera ser absorbida o sustituida por
aquella. Se trata de conceptos autónomos, que pueden concurrir, aunque su
reconocimiento debe efectuarse de manera armónica, con los límites remuneratorios
establecidos para el cargo.

67. En efecto, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), precisó que, la prima especial de servicios, constituye un
incremento del salario básico o asignación básica de los servidores beneficiarios. En esa
oportunidad, se estableció que «se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no sustraerla del
salario básico y/o asignación básica para darle esa denominación. En consecuencia, la asignación básica
debe pagarse en un 100 %».

68. De acuerdo con dicha regla, la prima especial de servicios, no puede ser utilizada
para disminuir la asignación básica legalmente establecida para el cargo. Una cosa es,
que el legislador haya previsto, que esta prestación no tiene carácter salarial para
determinados efectos, y otra, distinta, que la administración pueda reducir la asignación
básica al Setenta por Ciento (70 %) para incluir dentro del Cien por Ciento (100 %) de la
remuneración el porcentaje correspondiente a la prima especial.

69. La expresión «sin carácter salarial», contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se
refiere a los efectos de la prima especial de servicios, como factor para la liquidación de
determinadas prestaciones sociales, pero no elimina su condición de emolumento
adicional, ni autoriza a entender que forma parte de la asignación básica, para completar

21

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el porcentaje total de remuneración del servidor. En consecuencia, el reconocimiento de
la prima especial de servicios, como incremento de la asignación básica resulta
compatible con su carácter no salarial para los efectos expresamente definidos por el
ordenamiento jurídico.

70. En este sentido, tampoco resulta acertado afirmar que, el reconocimiento ordenado
por el Tribunal, implique conferir a la prima especial de servicios, carácter salarial general
para efectos de todas las prestaciones sociales. La finalidad de la condena consiste en
corregir la forma en que fue determinada la asignación básica del demandante, debido a
que durante el período objeto de reclamación el Treinta por Ciento (30 %) fue
indebidamente sustraído de aquella y pagado bajo la denominación de prima especial.

71. Así, el restablecimiento del derecho, no supone reconocer nuevamente una suma que
ya hubiera sido pagada, bajo el concepto de prima especial, sino recomponer la
asignación básica sobre el Cien por Ciento (100 %) de la remuneración legalmente
prevista para el cargo y establecer las diferencias que resulten a favor del demandante.
Por ello, la prima especial de servicios, conserva su carácter no salarial para efectos de
la liquidación ordinaria de las prestaciones sociales, sin perjuicio de su incidencia para la
liquidación pensional, conforme al artículo 1º de la Ley 332 de 1996.

72. Ahora bien, lo anterior no significa que, el reconocimiento de la prima especial de
servicios, pueda efectuarse al margen del límite remuneratorio aplicable a los
magistrados de tribunal. La sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 también estableció que, el
reconocimiento de las diferencias derivadas de la correcta aplicación del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 debe efectuarse «sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente».

73. En el caso de los magistrados de tribunal beneficiarios de la bonificación por
compensación, dicho límite corresponde al Ochenta por Ciento (80 %) de lo que, por todo
concepto, devengan anualmente los magistrados de las Altas Cortes, de conformidad con
el Decreto 610 de 1998 y las disposiciones posteriores que regularon la materia. Por
consiguiente, la prima especial y la bonificación por compensación, no se excluyen
jurídicamente, pero su reconocimiento económico, debe realizarse de manera conjunta,
teniendo en cuenta la remuneración total del servidor y los valores que efectivamente le
fueron pagados.

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
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74. En esa medida, para determinar las diferencias a favor del señor Juan Carlos Garzón
Martínez, no basta con adicionar mecánicamente el Treinta por Ciento (30 %) a la
asignación básica. Es necesario confrontar, para cada anualidad y período objeto de
reconocimiento, la remuneración que legalmente le correspondía, los valores
efectivamente percibidos por concepto de asignación básica, prima especial y
bonificación por compensación, y el límite máximo aplicable al cargo de Magistrado de
Tribunal.

75. La operación de liquidación, deberá evitar que el reconocimiento de la prima especial
de servicios, produzca un resultado superior al límite remuneratorio legalmente
autorizado o implique duplicidad en el pago de conceptos que ya hubieren sido
efectivamente reconocidos. En consecuencia, las sumas pagadas por concepto de
bonificación por compensación, deberán ser tenidas en cuenta al establecer el valor
insoluto, sin que ello permita negar, en abstracto, el derecho del demandante a la prima
especial de servicios.

76. Bajo estas consideraciones, el argumento de la entidad demandada no está llamado
a prosperar, pues, el reconocimiento de la prima especial de servicios efectuado por el
Tribunal no desconoce el límite remuneratorio aplicable al cargo. No obstante, la condena
deberá ejecutarse con observancia de dicho límite y previa deducción o imputación de
los valores efectivamente pagados por conceptos iguales o relacionados, sin que ello
afecte el derecho del demandante al reconocimiento de la prima especial como
incremento de su asignación básica.

77. En el asunto bajo estudio, la Sala encuentra acreditado que, el señor Juan Carlos
Garzón Martínez, se desempeñó como Magistrado de Tribunal desde el Veinte (20) de
julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), razón por la cual, se encontraba
comprendido dentro del ámbito subjetivo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, tenía derecho a que la prima especial de servicios, le fuera reconocida
como un emolumento adicional a la asignación básica, sin que la percepción de la
bonificación por compensación constituyera una razón jurídicamente válida para excluirla.

78. Por tanto, el Tribunal acertó al declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, en cuanto negaron el reconocimiento de las diferencias derivadas de la
prima especial de servicios. No obstante, la condena debe entenderse sujeta a que, al
momento de su liquidación, se respeten los límites remuneratorios aplicables al

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demandante durante cada período reconocido y se descuenten los valores que
efectivamente hubieren sido pagados por concepto de bonificación por compensación o
por los mismos conceptos objeto de condena.

2.5.2. Sobre la incidencia de la prima especial de servicios en las prestaciones
sociales.

79. La sentencia de primera instancia, ordenó reconocer las diferencias derivadas de la
prima especial de servicios, sobre la base del salario básico, más el Treinta por Ciento
(30 %), así como las diferencias prestacionales correspondientes a aquellos conceptos
que hubieren sido liquidados teniendo en cuenta únicamente el Setenta por Ciento (70
%) del salario básico. A su vez, negó la reliquidación general de las prestaciones sociales
con fundamento en la consideración de la prima especial y de la bonificación por
compensación como factores salariales.

80. Esta determinación, se encuentra acorde con el alcance definido por la jurisprudencia
de esta Corporación. La recomposición de la asignación básica sobre el Cien por Ciento
(100 %) no significa que el Treinta por Ciento (30 %) de la prima especial adquiera
carácter salarial autónomo para la liquidación de todas las prestaciones sociales. Lo que
procede, es corregir la base sobre la cual fue determinada la asignación básica, sin
convertir la prima en un factor salarial general.

81. En efecto, la Ley 332 de 1996, estableció que, la prima especial de servicios,
constituye factor salarial únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación. Por ello, no resulta jurídicamente procedente, ordenar una reliquidación
general de las prestaciones sociales, con fundamento en la incorporación autónoma de
dicho porcentaje como factor salarial, por fuera del ámbito previsto por el legislador.

82. En consecuencia, la condena debe comprender las diferencias que resulten de
recomponer la asignación básica del demandante sobre el Cien por Ciento (100 %) de la
remuneración correspondiente al cargo, así como, las diferencias prestacionales que se
deriven de haber liquidado determinados conceptos sobre una asignación básica
reducida al Setenta por Ciento (70 %), pero no la inclusión autónoma de la prima especial
como factor salarial general. En este aspecto, la decisión del Tribunal se ajusta al
ordenamiento jurídico y no requiere modificación sustancial.

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Demandante: Juan Carlos Garzón Martínez
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83. En relación con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, la
Sala advierte que, la parte demandante solicitó expresamente que los descuentos y
aportes correspondientes se efectuaran sobre la totalidad de la remuneración mensual y
que, si bien en esta providencia se ha señalado que las cotizaciones pensionales no se
encuentran sometidas al fenómeno de la prescripción, la sentencia de primera instancia
no impartió una orden específica respecto de esta pretensión. Por ello, resulta necesario
adoptar una determinación expresa sobre este aspecto, con el fin de garantizar el
restablecimiento integral del derecho reclamado.

84. En ese sentido, la entidad demandada deberá verificar y, de ser procedente, efectuar
los ajustes correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, respecto de los períodos en que el demandante se desempeñó como
Magistrado de Tribunal y que se encuentren acreditados en el expediente. Para tal efecto,
deberá determinarse el ingreso base de cotización que legalmente corresponda en cada
período, teniendo en cuenta los factores que, conforme al régimen aplicable, deban
integrar dicha base, incluida la incidencia de la prima especial de servicios y de la
bonificación por compensación cuando legalmente corresponda.

85. La anterior verificación, deberá comprender los pagos y cotizaciones efectuados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, con el propósito de establecer
los valores efectivamente cotizados y evitar cualquier duplicidad en el reconocimiento o
pago de los aportes. En consecuencia, la entidad demandada, deberá tener en cuenta
las cotizaciones que ya hubieren sido efectuadas y, únicamente de ser procedente,
realizar los ajustes correspondientes, con los descuentos que legalmente se encuentren
a cargo del demandante y el posterior traslado de los valores a la administradora del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a la que se encuentre afiliado.

86. Esta determinación no implica ampliar el período reconocido por concepto de las
diferencias salariales y prestacionales objeto de la condena, ni reconocer
automáticamente aportes respecto de períodos cuya existencia o base de cotización no
se encuentre acreditada. La orden se circunscribe a verificar y, de ser procedente, ajustar
las cotizaciones correspondientes a los períodos en que se encuentre acreditado el
ejercicio del cargo de Magistrado de Tribunal y la existencia de diferencias en la base de
cotización, con observancia de las normas aplicables y de los pagos previamente
realizados.

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2.5.3. Sobre la prescripción de las diferencias derivadas de la prima especial de
servicios.

87. La parte demandante controvierte la decisión del Tribunal, de declarar prescritas las
diferencias derivadas de la prima especial de servicios, causadas con anterioridad al
Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011). Sostiene que, el término prescriptivo no podía
contabilizarse mientras permanecieron vigentes las disposiciones reglamentarias que
regulaban la prima especial de manera contraria a su alcance legal y que, por tanto, debía
tenerse como punto de partida la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29)
de abril de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual, se declaró la nulidad de las
disposiciones que habían reducido la asignación básica al Setenta por Ciento (70 %).

88. Al respecto, la Sala debe recordar que, las diferencias salariales y prestacionales se
encuentran sometidas, por regla general, al término de prescripción trienal previsto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y desarrollado por el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969. Dicho término se cuenta a partir del momento en que la obligación se hace
exigible, salvo las particularidades reconocidas por la jurisprudencia en aquellos eventos
en los cuales la exigibilidad del derecho se encontraba objetivamente condicionada por
una controversia normativa o jurisprudencial.

89. En el presente caso, el Tribunal tuvo como fecha de reclamación administrativa el
Siete (7) de julio de Dos Mil Catorce (2014) y, con fundamento en ello, declaró prescritas
las diferencias causadas con anterioridad al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011).
Sin embargo, el reparo de la parte demandante, exige distinguir entre la fecha a partir de
la cual fue jurídicamente definida la correcta interpretación de la prima especial y el
momento desde el cual cada diferencia salarial o prestacional se hizo exigible.

90. Frente a la observación formulada, se precisa que el reparo relacionado con la
prescripción no obedece a la fecha adoptada por el Tribunal en razón de la reclamación
administrativa, sino a la vigencia y al alcance de la normativa aplicable para determinar
el momento a partir del cual resultaba exigible el derecho y, por ende, procedía
contabilizar el término prescriptivo. En efecto, la reclamación administrativa sí existió,
como se desprende de la respuesta emitida por la Administración. Lo que ocurre es que,
dentro de los elementos que obran en el expediente, no se encuentra acreditada la fecha
de la reclamación anterior a aquella que fue atendida por la entidad; tampoco se hace
referencia a ella en la demanda ni en las respuestas emitidas por la Administración. Por

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ello, ante la imposibilidad de establecer una fecha distinta con fundamento en las piezas
procesales que integran el expediente, el a quo tomó como referencia, en el sentido más
favorable al demandante, la fecha de la respuesta a la petición, la cual se encuentra
plenamente acreditada en el expediente. En consecuencia, la fecha considerada para
efectos del cómputo de la prescripción no deriva de la inexistencia de una reclamación
administrativa, sino de la fecha que objetivamente puede establecerse a partir de los
elementos acreditados en el expediente, sin perjuicio que el reparo frente a la prescripción
se sustenta, principalmente, en la vigencia de la normativa aplicable.

91. En el presente asunto, aunque la regla jurisprudencial dispone que, el término de
prescripción debe contabilizarse a partir de la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, dicha fecha no se encuentra acreditada en el dossier procesal. No
obstante, está demostrada la existencia de la reclamación, en tanto la Administración
emitió respuesta frente a ella, cuya fecha corresponde al Siete (7) de julio de Dos Mil
Catorce (2014). En estas condiciones, la Sala considera razonable y favorable a los
intereses de la parte demandante, tomar esta última fecha como referente para el
cómputo de la prescripción, pues, constituye el momento objetivamente acreditado más
próximo a la reclamación y, además, permite extender el período susceptible de
reconocimiento frente a la alternativa de acudir a una fecha anterior que no se encuentra
demostrada. Por consiguiente, la Sala avalará en este aspecto el criterio adoptado por el
Tribunal, sin que ello implique modificar la regla jurisprudencial conforme con la cual, en
condiciones ordinarias, la prescripción se contabiliza desde la fecha de presentación de
la reclamación administrativa.

92. Ahora bien, la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014), declaró la nulidad de las disposiciones reglamentarias que habían
entendido el Treinta por Ciento (30 %) de la prima especial de servicios, como una porción
incluida dentro del Cien por Ciento (100 %) de la remuneración, con la consecuente
reducción de la asignación básica al Setenta por Ciento (70 %). Posteriormente, la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 precisó que, la prima especial de servicios debía
adicionarse al salario básico y no sustraerse de este.

93. No obstante, la declaratoria de nulidad, de las disposiciones reglamentarias, no
implica, por sí sola, que todas las diferencias causadas desde el año Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993) o desde el inicio de la vinculación del demandante, sean
imprescriptibles. La nulidad permitió establecer la interpretación jurídicamente correcta

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del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pero no eliminó las reglas que gobiernan la
prescripción de las obligaciones laborales, ni convierte en inexigibles los términos
previstos en la ley.

94. En consecuencia, la circunstancia que, la jurisprudencia haya definido
posteriormente, que la prima especial de servicios, debía reconocerse como un
incremento de la asignación básica, no permite desconocer, de manera automática, el
fenómeno prescriptivo respecto de las diferencias económicas causadas con anterioridad
al período no afectado por dicho fenómeno. La prescripción incide sobre el
restablecimiento económico de las diferencias salariales y prestacionales, sin que ello
suponga negar la naturaleza jurídica de la prima especial de servicios, ni la obligación de
efectuar los aportes pensionales que legalmente correspondan.

95. En este punto, debe la Sala precisar que, la imprescriptibilidad de los aportes al
Sistema General de Pensiones no se extiende automáticamente a las diferencias
salariales y prestacionales que sirven de base para su determinación. Por ello, aunque la
obligación de efectuar los aportes pensionales sobre los factores legalmente computables
conserva el tratamiento propio de los derechos pensionales, las reclamaciones
económicas derivadas de diferencias salariales o prestacionales sí se encuentran sujetas
a las reglas de prescripción aplicables.

96. Así las cosas, la Sala considera que, no hay lugar a acceder al reparo de la parte
demandante, en el sentido de reconocer, sin limitación temporal, todas las diferencias
derivadas de la prima especial de servicios. La declaratoria de nulidad de las
disposiciones reglamentarias y la posterior consolidación jurisprudencial de su alcance
no excluyen la aplicación de la prescripción trienal frente a las acreencias económicas
reclamadas. Por consiguiente, la decisión del Tribunal, de declarar prescritas las
diferencias derivadas de la prima especial de servicios, causadas con anterioridad al
Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011) se mantiene, al no haberse demostrado una
razón jurídica suficiente que permita desplazar el término prescriptivo aplicado en primera
instancia. En consecuencia, el reparo de la parte demandante no está llamado a
prosperar.

97. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, se indicó que, las diferencias
correspondientes a los ingresos mensuales y a las prestaciones sociales se reconocerían

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respecto de los períodos comprendidos desde el Siete (7) de octubre de Dos Mil Once
(2011). Esta fecha no coincide con la que fue establecida por el propio Tribunal, al
resolver la excepción de prescripción, pues en el ordinal segundo de la misma providencia
se precisó que, se encontraban prescritas las diferencias derivadas de la prima especial
de servicios causadas con anterioridad al Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011). De
igual manera, esta última fecha es la que se encuentra desarrollada en la parte motiva
de la sentencia y la que corresponde al límite temporal que ha sido objeto de análisis en
esta providencia.

98. Siendo así las cosas, la Sala modificará la referencia al Siete (7) de octubre de Dos
Mil Once (2011) contenida en el ordinal cuarto corresponde a un error material que debe
ser corregido, pues no refleja la decisión efectivamente adoptada por el a quo respecto
del límite temporal de las diferencias reconocidas. La corrección de esta inconsistencia
no comporta una modificación del reconocimiento sustancial efectuado en primera
instancia ni una variación de la decisión sobre la prescripción, sino que tiene por objeto
armonizar la parte resolutiva con las determinaciones expresamente adoptadas por el
Tribunal en la misma providencia. Por tanto, el ordinal cuarto será modificado únicamente
en este aspecto, para precisar que los períodos objeto de reconocimiento por concepto
de ingresos mensuales y diferencias prestacionales se extienden desde el Siete (7) de
julio de Dos Mil Once (2011), y hasta tanto el demandante ejerciera el cargo de
Magistrado de Tribunal, con observancia de los límites remuneratorios aplicables.

2.6 Condena en costas.

99. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena en costas no
opera de manera automática, sino que corresponde al juez, valorar su procedencia a
partir de las circunstancias particulares del proceso y de la conducta asumida por las
partes durante su trámite, con el fin de establecer si existieron actuaciones contrarias a
los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal.

100. En el presente asunto, no se advierte que la actuación procesal de las partes hubiese
estado inspirada en conductas temerarias, dilatorias o constitutivas de abuso del derecho
de acceso a la administración de justicia, pues la controversia se desarrolló dentro del
ejercicio legítimo de los derechos de acción, defensa y contradicción, en torno a aspectos
jurídicos que requirieron definición judicial. En consecuencia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia.

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2.7 Conclusiones.

101. La Sala concluye que, la sentencia apelada será modificada, En primer lugar, para
corregir el error material contenido en el ordinal cuarto de su parte resolutiva, en el sentido
de precisar que el período reconocido respecto de las diferencias derivadas de la prima
especial de servicios y de las prestaciones sociales corresponde al comprendido desde
el Siete (7) de julio de Dos Mil Once (2011), y no desde el Siete (7) de octubre de la
misma anualidad. En segundo lugar, se adicionará la sentencia para impartir una orden
expresa respecto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
de conformidad con lo solicitado en la demanda y con el carácter imprescriptible de las
cotizaciones pensionales, para lo cual deberán verificarse los períodos, las bases de
cotización y los pagos previamente efectuados, incluidos aquellos realizados con ocasión
de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, a efectos de evitar cualquier duplicidad.
En lo demás, se mantendrá la decisión adoptada en primera instancia, toda vez que, la
bonificación por compensación no excluye el derecho del señor Juan Carlos Garzón
Martínez, al reconocimiento de la prima especial de servicios, por tratarse de conceptos
autónomos que pueden concurrir, cuyo pago debe sujetarse al límite remuneratorio
aplicable a los magistrados de tribunal y a la deducción de las sumas efectivamente
recibidas por concepto de bonificación por compensación. Asimismo, se encuentra
ajustada a derecho la decisión del Tribunal respecto de los efectos temporales del
reconocimiento, la prescripción declarada y la improcedencia de otorgar a la prima
especial carácter salarial general para la reliquidación de todas las prestaciones sociales.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida
el Quince (15) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

«CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en
favor del señor JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ, retroactivamente la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de:

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• Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, siempre
que en la respectiva anualidad los ingresos del demandante NO hayan alcanzado
el tope del 80% de lo devengado por todo concepto por un Magistrado de Alta Corte,
por ejercer como Magistrado de Tribunal, desde el 04 de diciembre de 2004 y hasta
tanto funja como tal, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
• Ingresos mensuales, sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a la
prima especial de servicios, y de las prestaciones sociales liquidadas sobre la base
de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo en cuenta el 70% del
salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente a los periodos
comprendidos desde el 07 de julio de 2011 y hasta tanto ejerza el cargo de
Magistrado de Tribunal; y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, conforme con lo expuesto en
la parte motiva.

Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

Asimismo, la NACIÓN - RAMA JUDICIAL deberá verificar y, de ser procedente, efectuar
los ajustes correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, derivadas de las diferencias reconocidas en esta providencia, respecto de los
períodos en que se encuentre acreditado el ejercicio del cargo de Magistrado de Tribunal
y la existencia de diferencias en la base de cotización.

Para tal efecto, deberán tenerse en cuenta los factores que legalmente integren el ingreso
base de cotización, así como los pagos y cotizaciones previamente efectuados, incluidos
los realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, con el fin de
evitar cualquier duplicidad.

La entidad podrá efectuar los descuentos que legalmente correspondan al afiliado y deberá
realizar, de ser procedente, el traslado de los valores resultantes a la administradora del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a la que se encuentre afiliado el
demandante, conforme con lo expuesto en la parte motiva.»

SEGUNDO. – CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el Quince (15) de
octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, promovida por el señor Juan Carlos Garzón Martínez
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. – Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. – Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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