Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06188-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06188-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-06188-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000234200020170618802 (3931-2023)
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
declaró probada la excepción de prescripción trienal.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
1. La señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del siguiente acto
administrativo:
i) Resolución No. 4642 de Veintidós (22) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017),
expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la
cual, le fue negada la solicitud de reconocimiento y pago del 30 % de la
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Samái - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 3 a 37.
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Número Interno: 3931-2023
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
asignación básica mensual devengada entre los años 1997 y 1998, en forma
adicional a la que fue pagada y la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de Io percibido durante el lapso comprendido entre el Tres (03)
de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Dieciséis (16) de
noviembre de Dos Mil Diez (2010).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el reconocimiento, liquidación y pago de
los valores correspondientes al 30 % de la asignación básica mensual que correspondía
en forma adicional a la que fue liquidada por el periodo comprendido entre el Tres (03)
de marzo de Mil Novecientos Noventa y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), cuando se desempeñó como abogada auxiliar y
magistrada auxiliar del Consejo de Estado.
3. Adicionalmente, solicitó ordenar el reconocimiento, reliquidación y pago de las
prestaciones sociales, por todo el tiempo laborado en la Rama Judicial en el mismo cargo,
desde el Tres (03) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Dieciséis
(16) de noviembre de Dos Mil Diez (2010), fecha en la que cesó la prestación de sus
servicios, incluyendo como factor salarial el 100 % de lo percibido, es decir, incluido el 30
% que se descontó al estimarse que correspondía a la prima especial.
4. Además, solicitó el valor de la indexación o ajuste al valor de las diferencias anuales,
liquidadas mes a mes, con base en la variación de índice de precios conforme al artículo
192 de la Ley 1437 de 2011, sin prescripción de derecho alguno. También requirió el
pago de intereses moratorios y la condena en costas a la demandada.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
5. La señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal, se vinculó a la Rama Judicial en el cargo
de abogada auxiliar en encargo, en el Consejo de Estado, por el lapso comprendido entre
el Tres (03) de marzo y el Veinte (20) de abril de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997).
También se desempeñó como magistrada auxiliar, desde el Veintiuno (21) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997) hasta el Dieciséis (16) de noviembre de Dos Mil Diez
(2010).
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Número Interno: 3931-2023
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
6. Devengó la prima especial de servicios, consagrada en la Ley 4 de 1992, no obstante,
esta se liquidó erróneamente al detraerse del salario base, en lugar de incrementarse.
7. Mediante petición del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), solicitó a la
directora ejecutiva de Administración Judicial, el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios y la reliquidación y pago de las prestaciones sociales, por todo el
tiempo laborado.
8. Por medio de la Resolución No. 4642 de Veintidós (22) junio de Dos Mil Diecisiete
(2017), la entidad demandada negó la solicitado.
9. La actora presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación,
la cual se declaró fallida el Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).
1.3 Normas violadas y concepto de violación
10. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:
• Los artículos 13, 53, 90, 150 - numeral 19 - literal e) de la Constitución Política.
• Artículos 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4 de 1992.
• Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
• Artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto en concordancia con los artículos
189,192,193,194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
• Ley 332 de 1996.
• Ley 476 de 1998.
11. Aduce que, el régimen salarial que fue aplicado, desconoció el carácter adicional
de la prima especial, lo que implica una disminución ilegal del salario, además que todas
las prestaciones sociales fueran pagadas, sobre la base del 70 % y no del 100 % como
correspondía, por todo el tiempo en que fue desempeñado el cargo.
12. Precisa que, el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)2, se estipuló
que, el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial es equivalente al
30 % de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni pagado, como
2
Expediente Radicado No. 11001-03-25-000- 2007-00087-00(1686-07), C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
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Número Interno: 3931-2023
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
adición, incremento o valor agregado a la remuneración básica mensual legalmente
establecida.
13. Refiere que, la Dirección Ejecutiva mediante la resolución que negó la petición,
señaló que no puede realizar pagos sin la previa disponibilidad presupuestal, no obstante,
de acuerdo con la Constitución Política y la ley, existe la obligación de incluir todo gasto
dentro de presupuesto y tramitar la adición cuando a ello hubiere lugar, por lo tanto, no
es un asunto que se pueda manejar caprichosamente, ni que pueda aducirse como
justificación para validar la negación de derecho alguno.
14. Respecto al término prescriptivo, argumenta que, conforme a la sentencia de
Veintidós (22) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, el inicio de dicho término debe entenderse a
partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la norma
que negaba el carácter de factor prestacional al 100 % del salario base, por aplicar mal
el 30 % de la prima especial de servicios.
15. Concluyó que, la sentencia de Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014),
se notificó por edicto desfijado el Trece (13) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), cobrando
ejecutoria el Dieciséis (16) de mayo de ese mismo año, en consecuencia, el término de
prescripción se configura el Diecisiete (17) de mayo del Dos Mil Diecisiete (2017), esto
es, tres 3 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que quedó en firme la
decisión anulatoria.
2. Contestación de la demanda3
16. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo
que, el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la Sala de conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
destacó la improcedibilidad de ese reconocimiento a magistrados de tribunal y cargos
equivalentes, puesto que, de ordenarse la reliquidación de la asignación básica en un 30
%, se desbordaría el marco legal, que establece un máximo del 80 % de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de altas cortes.
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Samái - Índice 00011 - ED_C01_11 CONTESTACION DE LA DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS RAMA JUDICIAL (.pdf)
NroActua 11.
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17. Añadió que, la Ley 4 de 1992 establecido en su artículo 14, que la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial, criterio fue reafirmado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-279 de 1996, Io que significa que, dicho porcentaje no constituye factor
de salario para la liquidación de las prestaciones sociales, aunque sí para efectos de
calcular el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en pensiones y en
salud.
18. Respecto a la prescripción de la prima especial de servicios, precisó que, conforme
a la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (02) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), para su contabilización se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
19. Por consiguiente, expuso que, la petición fue radicada ante la entidad el Veintiocho
(28) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), y la señora Restrepo Sabogal terminó el último
periodo como magistrada auxiliar el Dieciséis (16) de noviembre de Dos Mil Diez (2010),
es decir, no se radicó la petición dentro de los tres años siguientes a la causación del
derecho, sino casi 7 años después de su retiro, por lo tanto, operó la prescripción extintiva
del derecho, no habiendo lugar a reconocer ningún valor por ese concepto.
20. Finalmente propuso como excepciones: ausencia de causa petendi, prescripción,
y la innominada.
3. La sentencia de primera instancia4
21. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veintidós (2022),
declaró probada la excepción de prescripción trienal, sin pronunciarse sobre la condena
en costas en primera instancia, en los siguientes términos:
«PRIMERO. - Estese a Io resuelto en la sentencia de Unificación ~SUJ-016-CE-
S2- 2019, proferida por la Sala de Io Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado - Sección Segunda - Sala Plena de Conjueces - el dos (2) de septiembre
de 2019. Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
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Samái - Índice 00011 - ED_C01_16 FALLO - SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA(.pdf) NroActua 11.
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SEGUNDO. - Declarar probada la excepción de prescripción trienal respecto
a las sumas causadas antes del 28 de abril de 2014 y como consecuencia de ello
la terminación del proceso y el archive del expediente, previas las anotaciones de
rigor.
(…)»
22. El A-quo sostuvo que, de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, la señora
Maite del Pilar Restrepo Sabogal era beneficiaria de la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin embargo, aunque la Sala venía
declarando la prescripción desde el año 2014, se atuvo a la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019; razón por la cual, como el último cargo desempeñado por la demandante, se
extendió hasta e año 2010, al ser elevada la reclamación en el año 2017, las sumas
reclamadas se encontraban prescritas, ordenando la terminación del proceso y el archivo
del expediente.
4. Recurso de apelación5
23. La señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, y en su lugar, declarar que no ha operado el fenómeno de la prescripción y
acceder a las súplicas de la demanda.
24. Expuso que, la exigibilidad en el presente asunto surgió con la expedición de la
sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), que declaró la nulidad
de los decretos salariales de la Rama Judicial, la cual, tiene efectos erga omnes, y ex
tunc, precisados en la misma sentencia, cuya finalidad fue restablecer la legalidad del
ordenamiento jurídico, y aunque cada acto tenía vigencia por una anualidad, sus efectos
jurídicos se mantuvieron en el tiempo y la única manera de hacerlos cesar, era a través
del pronunciamiento judicial.
25. Refirió que, dado que con la declaratoria de nulidad surgió la posibilidad real de
reclamar con éxito la reliquidación y pago pretendidos, previo a ello, el pronunciamiento
judicial no tenía vocación de prosperidad, porque la entidad hubiera reiterado su actuar,
fundada en los decretos salariales.
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Samai - Índice 00011 - ED_C01_17 RECURSO APELACION(.pdf) NroActua 11.
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26. Consideró que, resultaría inane el pronunciamiento que expulsa del ordenamiento
jurídico los actos ilegales, si no se tiene la vocación de retrotraer las situaciones
generadas por tales actos a su estado anterior. Además, se estaría favoreciendo el actuar
ilegal del Estado que pese a su yerro no se le conmina a responder y restablecer el
derecho vulnerado.
27. Añadió que, no puede castigarse con la prescripción trienal al servidor que no
acudió a reclamar dentro de los parámetros del Decreto 3135 de 1968 y su ordenamiento
reglamentario, porque no tenía la opción real de obtener una decisión favorable, dado el
obstáculo legal que existía, el silencio no fue su elección y la seguridad jurídica que se
pretende con el término de prescripción, carece de toda legitimidad en casos como el
presente en los que la exigibilidad del derecho no había surgido.
28. Adujo que, la sentencia de «unificación» compromete los principios de
progresividad y no regresividad y la forma absoluta como se está aplicando, excluye la
ponderación y criterio profesional que el juez debe imprimir a cada caso concreto, dejando
la autonomía judicial totalmente subyugada.
29. Citó varios salvamentos de voto6, solicitando se estimen válidas sus
argumentaciones acerca de la prescripción de los derechos laborales, máxime cuando
no se puede hablar de situaciones consolidadas al amparo de una rotunda ilegalidad,
frente a la cual, la sentencia de primera instancia desconoce el derecho a la igualdad,
puesto que, son numerosos los casos inmersos en idénticas circunstancias que han sido
resueltos favorablemente.
5. Trámite de segunda instancia
30. Mediante auto del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)7, se admitió el
recurso de apelación de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
6. Concepto del Ministerio público
31. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
6
Expediente N° 05001-23-33-000- 2012-00572-01(1882-14) y Expediente N° 85001-33-33-002-2014-00-144- 01(51033.
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Samái, índice 00025.
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Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el Juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿El término de prescripción, debe contabilizarse desde la declaratoria de
nulidad de los decretos salariales fijados por el Gobierno Nacional y no
conforme a la sentencia SUJ-016-CE-S2- 2019?
34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Material probatorio; 2.5. Caso
concreto; 2.6. Condena en costas.
2.3. De la prescripción
35. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)9, el
Consejo de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de
exigibilidad del derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que10:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
36. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior11, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
37. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
38. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.
39. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
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Número Interno: 3931-2023
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.
2.4. Material probatorio
40. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes para la
resolución del caso concreto:
• Petición del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), interpuesta por la
señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal ante Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, relativa al reconocimiento y pago del 30 % de la asignación básica mensual
devengada entre los años 1997 y 1998, en forma adicional a la que fue pagada y la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de Io percibido durante el lapso
laborado por la demandante12.
• Resolución No. 4642 de Veintidós (22) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), expedida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual, fue denegada la
solicitud13.
-Constancia No. DEAJCER17-596, del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), en la que la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de
Administración judicial, certificó los salarios y prestaciones devengados por la
demandante durante el tiempo reclamado14.
• Resoluciones de reconocimiento de cesantías y su respectiva liquidación, por los años
comprendidos entre 1997 y 201015.
-Certificación laboral del Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017)16,
expedida por el secretario general del Consejo de Estado, donde consta el tiempo de
servicios prestado y los cargos desempeñados por la señora Restrepo Sabogal, así:
12
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 59 al 74.
13
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 40 al 58.
14
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 75 al 81.
15
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 82 al 108.
16
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folio 109.
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Número Interno: 3931-2023
Demandante: Maite del Pilar Restrepo Sabogal
Demandado: Nación – Rama Judicial
• sustanciador nominado en propiedad, entre el Primero (01) de noviembre de Mil
Novecientos Noventa (1990) y el Dos (2) de marzo de Mil Novecientos Noventa Y Siete
(1997).
• abogada auxiliar en encargo, entre el Tres (03) de marzo de Mil Novecientos Noventa
Y Siete (1997) y el Veinte (20) de abril de Mil Novecientos Noventa Y Siete (1997).
• abogada auxiliar en propiedad entre el Veintiuno (21) de abril de Mil Novecientos
Noventa Y Siete (1997) y Nueve (09) de marzo de Dos Mil Tres (2003).
-magistrada auxiliar de la Sección Segunda en propiedad, entre el Diez (10) de marzo
de Dos Mil Tres (2003) y el Dieciséis (16) de noviembre de Dos Mil Diez (2010), fecha
en la cual, se retiró por renuncia aceptada.
2.5. Caso concreto
41. En el presente asunto, no existe discusión frente al derecho que le asiste a la
señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal, en su calidad de abogada auxiliar y magistrada
auxiliar del Consejo de Estado, bajo el régimen de acogidos17, a devengar la prima
especial de servicios, con fundamento en la Ley 4 de 1992, cuestión que no fue debatida
por los extremos procesales.
42. La inconformidad de la parte demandante, con la decisión adoptada por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radica en que, en criterio de la
recurrente, el término de prescripción debe contarse a partir de la declaratoria de nulidad
de los decretos salariales y no conforme la regla establecida en la sentencia SUJ-016-
CE-S2- 2019.
43. Para la recurrente, los efectos de la declaratoria de nulidad son ex tunc, lo que
significa que, solo hasta dicho momento fue factible jurídicamente reclamar el derecho,
pues, hacerlo con anterioridad hubiera resultado inocuo.
44. Adicionalmente señaló que, la interpretación contenida en la sentencia SUJ-016-
CE-S2- 2019, desconoce el principio de progresividad y no regresividad de los derechos
laborales, además que, la aplicación efectuada en la decisión de primera instancia, vacía
de contenido la autonomía del juez.
17
Samai - Índice 00011 - ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS.(.pdf) NroActua 11 – Folios 40 al 58.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
45. Para resolver el presente asunto, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-
S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó reglas claras en
relación con la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como, respecto de la forma en que debe
contabilizarse la prescripción de las reclamaciones derivadas de dicha prestación.
46. En particular, dicha providencia precisó que, el derecho a reclamar la prima
especial de servicios, no surge con posterioridad a los fallos de nulidad de los decretos
reglamentarios, sino desde el momento mismo en que la norma que la creó, entró en
vigor y fue reglamentada. En ese sentido, el Consejo de Estado indicó expresamente que:
«El hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con
la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, es decir,
a partir del Siete (07) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993.»18
47. De acuerdo con este criterio jurisprudencial, los beneficiarios de la prima especial
de servicios, contaron desde la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993, con los
mecanismos jurídicos, para cuestionar la forma en que dicha prestación fue aplicada por
la administración; en efecto, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014),
declaró la nulidad de diversos apartes de los decretos salariales expedidos entre los años
1993 y 2007, al considerar que, estos desnaturalizaron el alcance de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al tratarla como una porción del salario y
no como un incremento adicional al mismo.
48. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que, el propósito del legislador al
establecer la mencionada prima fue reconocer un incremento o adición al salario básico,
y no una reducción de este, por lo que, resultaba contrario al mandato legal, que el treinta
por ciento (30 %) de la remuneración, se descontara del salario para denominarlo «prima
especial», en ese sentido, el fallo de nulidad se limitó a restablecer el correcto
entendimiento de la norma.
49. Sin embargo, la Sala resalta que, dicha providencia no constituyó el hecho
generador del derecho reclamado, ni el momento a partir del cual, este se hizo exigible;
por el contrario, su naturaleza es declarativa, en cuanto se limitó a retirar del
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.
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ordenamiento jurídico disposiciones reglamentarias contrarias a la Ley 4ª de 1992, sin
crear una situación jurídica nueva para los funcionarios beneficiarios de la prima especial.
50. Sobre este punto, la sentencia de SUJ-016-CE-S2-2019 explicó expresamente
que, la exigibilidad del derecho no surgió con la sentencia de nulidad del Veintinueve (29)
de abril de Dos Mil Catorce (2014), sino desde la entrada en vigor del decreto que
reglamentó inicialmente la Ley 4ª de 1992, esto es, el Siete (07) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de vigencia del Decreto 57 de 1993. En
palabras de dicha providencia:
«El hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con
la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, es
decir, a partir del Siete (07) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de
entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993».
51. En consecuencia, la Sala de conjueces precisó que, no fue con la ejecutoria de la
sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), que surgió el derecho
a reclamar, ni a interrumpir la prescripción, dado que, dicha providencia tuvo carácter
meramente declarativo y no constitutivo del derecho reclamado.
52. Bajo esta perspectiva, la misma sentencia estableció una regla específica para la
contabilización de la prescripción de las acreencias derivadas de la prima especial de
servicios, en los siguientes términos:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969.»19
53. En este orden de ideas, contrario a la afirmación de la recurrente, los efectos de la
sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), por medio de la cual,
se declaró la nulidad de los decretos salariales anuales, no abarcan los derechos aquí
reclamados, pues, año a año la parte demandante contaba con la posibilidad de acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar la correcta aplicación
de la Ley 4 de 1992, al punto que, previo a la declaratoria de nulidad, los operadores
judiciales inaplicaban por inconstitucionales los aludidos decretos, lo que confirma que,
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Consejo de Estado, SUJ-016-CE-S2-2019.
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no fue con la sentencia referenciada, que surgió la posibilidad real de la reclamación
judicial.
54. Asimismo, la Sala debe enfatizar que, ni la seguridad jurídica, ni el principio de
progresividad y no regresividad se ven comprometidos con la aplicación del fenómeno
prescriptivo, pues, es el propio legislador estableció esta consecuencia en materia
laboral, ante la inactividad de quien considera tener un derecho, no obstante, no adelanta
las actuaciones correspondientes en el tiempo legalmente dispuesto para tal fin.
55. Finalmente, contrario a lo aducido por la apelante, la autonomía judicial no se ve
comprometida con la regla de prescripción expuesta, porque esta se sustenta en una
interpretación coherente sobre la debida aplicación del término prescriptivo; pero en todo
caso, el juez en el ejercicio de su autonomía, tiene la potestad de apartarse de manera
razonada y fundamentada de dicha regla. Cosa distinta es que, tal como acontece en el
presente asunto, la regla acogida de manera mayoritaria por esta jurisdicción, sea la que
más se ajusta a la finalidad del fenómeno prescriptivo.
56. Sin embargo, de acuerdo con el criterio pacífico y reiterado de la Sala, la excepción
de prescripción no comprende los aportes a seguridad social en pensión, dado su
carácter imprescriptible.
57. Vistas así las cosas, la Sala modificará la sentencia proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primer lugar, para declarar la nulidad del acto administrativo demandado, aspecto omitido
por el A -quo, pese a concluir que a la demandante le asistía el derecho reclamado.
58. En segundo lugar, se dispondrá la condena a la Nación – Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y trasladar a la administradora de
pensiones a la que se encuentre afiliada la demandante, la diferencia de los aportes al
Sistema General de Pensiones, con base en el 100% de la asignación básica, más el
30% de la prima especial de servicios, contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Se precisa que, el ingreso base de cotización abarca el interregno comprendido entre el
Tres (03) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Dieciséis (16) de
noviembre de Dos Mil Diez (2010).
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59. Finalmente, se condicionará el cumplimiento de la orden judicial, a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos; y deberá verificar que lo ordenado no supere los topes salariales.
2.6. Condena en costas
60. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
2.7. Conclusiones
61. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, a efectos
de declarar la nulidad del acto administrativo demandado, excluir del fenómeno
prescriptivo los aportes a seguridad social y ordenar su reconocimiento y traslado a la
administradora de pensiones a la que se encuentre afiliada la demandante, y limitar la
condena a los topes dispuestos por el Gobierno nacional. Asimismo, se adicionará que
procede la condena, siempre que no se haya efectuado otro pago por los mismos rubros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del
Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada
la excepción de prescripción trienal, el cual quedará así:
«SEGUNDO. – DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 4642 de Veintidós (22) de junio
de Dos Mil Diecisiete (2017), expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante la cual, le fue negado a la señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal, el
reconocimiento y pago del 30 % de la asignación básica mensual devengada entre los años
1997 y 1998, en forma adicional a la que fue pagada y la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de Io percibido durante el lapso comprendido entre el Tres (03) de
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marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Dieciséis (16) de noviembre de Dos
Mil Diez (2010).
TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal respecto de
los derechos reclamados por la señora Maite del Pilar Restrepo Sabogal, salvo los
aportes a seguridad social en pensión, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.»
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral cuarto a la sentencia del Veintinueve (29) de julio
de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos:
«CUARTO.- CONDENAR la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reconocer y trasladar a la administradora de pensiones a la que se encuentre
afiliada la demandante, la diferencia de los aportes al Sistema General de Pensiones, con
base en el 100% de la asignación básica, más el 30% de la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. El ingreso base de cotización abarca el
interregno comprendido entre el Tres (03) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997) y el Dieciséis (16) de noviembre de Dos Mil Diez (2010).
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos; y deberá verificar que lo ordenado no supere los topes salariales.»
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veintidós
(2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en todo lo demás.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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