Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00993-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00993-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00993-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00993-02 (4168-2019)1
Demandante: Jesús Renato Cardeño Pérez
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima Especial de Servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y el Ministerio
Público, en contra de la sentencia del Ocho (08) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019),
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1. El señor Jesús Renato Cardeño Pérez, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
reclamando lo siguiente:
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) oficio S.G. No
003889 de Veinticinco (25) de agosto del Dos Mil Catorce (2014), notificado el Catorce
(14) de septiembre del mismo año; y ii) Resolución No. 784 del Cinco (5) de noviembre
del Dos Mil Catorce (2014).
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación - Procuraduría
General de la Nación reconocer y pagar al demandante, el 30 % que le corresponde por
1
Expediente físico.
2
Samái índice 00053 archivo ED_C01_CD01_Folio139_Demanda(.zip) NroActua 53. Folios 118 – 142.
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Número Interno: 4168-2019
Accionante: Jesús Renato Cardeño Pérez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
prima especial, «no solo en los sueldos devengados, sino además en cada uno de los factores salariales
que conforman las cesantías definitivas como son: sueldo básico mensual, gastos de representación
mensual, bonificación por compensación mensual, prima especial, prima de servicios semestral, prima de
navidad anual, prima de vacaciones anual y bonificación por servicios prestados anual, así como los demás
factores que haya devengado el demandante. Igualmente los Intereses a las Cesantías que fueron
liquidadas anualmente.»
4. Adicionalmente, i) que las sumas de dinero que se reconozcan sean actualizadas
de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, conforme certificación
expedida por el DANE; ii) Se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la condena
conforme a lo establecido en el artículo 192 del CPACA; iv) la condena en costas a la
parte accionada.
1.1.2. Hechos
5. El demandante afirmó que, se desempeñó como procurador 31 judicial II ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, entre el Seis (6) de noviembre de Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro (1984), hasta el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Dos (2002),
esto es, por más de 28 años.
6. Para el régimen prestacional, se acogió a los Decretos 054 de 1993 y 107 de 1994
y los que posteriormente los modificaron y adicionaron; los cuales, expresamente
señalaron que, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, circunstancia que
excluyó la posibilidad de tenerla en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales; sin
embargo, «el Decreto 2743 de 2000, que consideró el 30% del salario básico como prima
especial que aunque fue para los funcionarios de la Fiscalía General, se ajusta al cargo
del demandante y es aplicable por analogía a los funcionarios de la Procuraduría General
de la Nación”.»
7. La demandada profirió el oficio S.G. No 003889 de Veinticinco (25) de agosto de
Dos Mil Catorce (2014) (notificado el 04 de septiembre de 2014), con el cual, se resolvió
la reclamación administrativa y la Resolución No. 784 del Cinco (5) de noviembre de Dos
Mil Catorce (2014), (notificada el 30 de enero de 2015), por la cual, resolvió el recurso de
reposición interpuesto el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014); en ambas
decisiones se negó el reconocimiento de la reliquidación de los factores salariales con la
inclusión de la prima especial del 30 %, faltante en la asignación básica y demás rubros
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Número Interno: 4168-2019
Accionante: Jesús Renato Cardeño Pérez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
de salario; además, el 30 % en la base de liquidación de las cesantías correspondientes
a los años 1993 hasta el 2003, a las cuales no se les incluyó el citado porcentaje y ajustar
las correspondientes liquidaciones de los años 1993 y hasta el 19 de diciembre de 2002,
fecha del retiro definitivo del demandante.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. Se citaron como normas violadas las siguientes:
• Constitución Política, artículos 1,2,4 6 13,25,29,48,53,122,123,128, 150 numeral 19
literal E.
• Ley 4 de 1992, artículo 2 literal j y artículo 14, artículos 54 y 64 del Decreto 2699 de
1991, Decreto 900 de 1992 y Decreto 53 de 1993.
9. Expuso que, la Ley 4ª de 1992, en sus artículos 2 y 14, establecen los criterios que
deben guiar al Gobierno Nacional en la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, y consagran expresamente la creación de una prima especial no
inferior al treinta por ciento (30%) del salario básico para determinados funcionarios.
Dichas disposiciones imponen la obligación de respetar los derechos adquiridos y
prohíben cualquier desmejora en las condiciones salariales, lo que implica que, el salario
debe entenderse de manera integral.
10. Citó línea jurisprudencial del Consejo de Estado, en la cual se ha declarado la
nulidad de las disposiciones reglamentarias que calificaban la prima especial de servicios
«sin carácter salarial», al considerar que, tal interpretación contraviene la Ley 4ª de 1992
y vulnera derechos constitucionales. En consecuencia, la jurisprudencia ha reconocido
que, dicho porcentaje constituye factor salarial y debe ser tenido en cuenta para la
liquidación de todas las prestaciones sociales.
11. Argumentó que, los actos administrativos demandados desconocen de manera
directa las normas superiores, al negar el reconocimiento del treinta por ciento (30 %)
como factor salarial, pese a su consagración legal y desarrollo jurisprudencial. La
Procuraduría General de la Nación, al liquidar los salarios y prestaciones únicamente
sobre el setenta por ciento (70%) de la remuneración, incurrió en una desmejora ilegal
del salario, contrariando el principio de intangibilidad salarial y afectando los derechos
laborales del demandante.
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Número Interno: 4168-2019
Accionante: Jesús Renato Cardeño Pérez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
1.2. Contestación de la demanda3
12. La Procuraduría General de la Nación argumentó que, los actos administrativos
acusados fueron expedidos conforme a la Constitución, la ley y los decretos vigentes para
la época de los hechos, por lo que gozan de presunción de legalidad, igualmente señaló
que, las acreencias laborales del demandante fueron liquidadas y pagadas en su
momento con fundamento en la normatividad aplicable, particularmente la Ley 4ª de 1992
y los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, sin que exista
omisión o ilegalidad en la actuación administrativa.
13. Recalcó que, la Procuraduría General de la Nación es un órgano autónomo e
independiente, con régimen salarial propio, que no puede equipararse al de la Rama
Judicial o la Fiscalía General de la Nación, por lo cual, no resulta procedente la aplicación
analógica de decisiones judiciales o normas correspondientes a otros regímenes.
14. Advirtió que, no existe obligación de reliquidar prestaciones sociales con
fundamento en la jurisprudencia posterior, pues, las decisiones que declararon la nulidad
de ciertas disposiciones, no ordenaron expresamente dicha reliquidación, ni afectan las
situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, los pagos realizados durante la
vigencia de los actos administrativos se mantienen incólumes, en atención a los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada, así como, a los efectos de las sentencias de nulidad
frente a situaciones no controvertidas oportunamente.
15. Propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales, señalando
que, las reclamaciones del demandante, referidas a hechos ocurridos entre 1992 y 2002,
fueron formuladas doce años después, por lo que cualquier eventual derecho se
encuentra extinguido.
1.3. Sentencia de primera instancia4
3
Samái índice 00053. Archivo 50_EXPEDIENTEDIGI_C01_16Contestaciondelade_16_20241118124447744.
4
Samai índice 00053. Archivo 67_EXPEDIENTEDIGI_C01_33Fallo2dd04_33_20241118124449901.
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Número Interno: 4168-2019
Accionante: Jesús Renato Cardeño Pérez
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16. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
de Ocho (08) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:
«PRIMERO. Se declare improcedente la excepción de prescripción trienal propuesta por la parte
demandada.
SEGUNDO. Declarar la nulidad del oficio S.G. Nro. 003889 de 25 de agosto de 2014 y de la
Resolución Nro. 784 de 05 de noviembre de 2014, ambos actos administrativos expedidos por la
SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante los
cuales se resuelve la petición presentada por el demandante JESUS RENATO CARDEÑO PÉREZ
respecto de la reliquidación del salario y prestaciones sociales causados durante el periodo
comprendido entre el mes de enero de 1993 hasta el 18 de diciembre de 2002.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, deberá reajustar las asignaciones básicas del
demandante JESUS RENATO CARDEÑO PÉREZ, durante el lapso comprendido entre el 01 de
enero de 1993 hasta el 18 de diciembre de 2002, en un treinta por ciento (30%) y con base en el
nuevo valor de la asignación reliquidar todas las prestaciones sociales causadas en ese mismo
periodo cuya cuantía este determinada dicho por precio, tales como las primas de servicios, primas
de vacaciones, primas de navidad y auxilio de cesantía, entre otras.
CUARTO. Las sumas a pagar al demandante serán actualizadas al momento del pago con base en
la variación del IPC certificada por el DANE.
QUINTO: La sentencia será cumplida en los términos previstos por los artículos 192 y concordantes
del CPACA (Ley 1437 de 2011.».
17. Como sustento de lo anterior, el Tribunal señaló que, el Gobierno Nacional
desbordó las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992 al disponer que, el 30 % del
salario básico se considerara como prima especial de servicios sin carácter salarial, pues,
en la práctica ello significó disminuir el salario base y, en consecuencia, reducir las
prestaciones sociales. Tal actuación contravino la prohibición legal de desmejorar las
condiciones salariales, y desconoció principios constitucionales como la progresividad, la
favorabilidad y la remuneración mínima vital y móvil.
18. Por lo anterior, el concepto de “prima”, tanto en el régimen anterior como en el
vigente, ha sido tradicionalmente entendido como un ingreso adicional o un “plus”
remuneratorio, por lo que resulta jurídicamente inadmisible que se utilice para reducir el
salario. En esta línea, se señaló que, la interpretación correcta consiste en calcular la
prima especial de servicios como un porcentaje del salario básico para adicionarlo a este,
y no para sustraerlo, pues, lo contrario implicaría una contradicción con la finalidad misma
de las normas laborales y con la protección constitucional del trabajador.
19. Acogió los efectos de la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual, se declararon nulas las disposiciones
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Número Interno: 4168-2019
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reglamentarias que establecían la prima especial sin carácter salarial, concluyendo que,
dicha decisión despejó cualquier duda sobre la naturaleza salarial del referido porcentaje
y su impacto en la liquidación de prestaciones sociales. En consecuencia, consideró que,
los actos administrativos demandados, al negar estos efectos, desconocieron el
ordenamiento superior y el precedente jurisprudencial aplicable.
20. Finalmente, frente a la prescripción señaló que, sería negada porque en la
sentencia del Dos (2) de abril de Dos Mil Nueve (2009), el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda en el proceso con radicado
11001032500020070009800 (1831-2007), indicó que, tales actos gozaban de presunción
de legalidad y el derecho a obtener la reliquidación de las remuneraciones básicas y
prestaciones sociales del demandante, durante el período comprendido entre enero de
1993 y marzo de 2003 «materialmente no existía», de modo que, una vez se declaró la
nulidad, empezó a correr el término de prescripción.
1.4. Recursos de apelación5
1.4.1. Procuraduría General de la Nación
21. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que, la decisión
del Tribunal desconoce el marco normativo aplicable y la actuación legal de la entidad, al
efectuar los pagos al demandante, conforme con los decretos salariales establecidos por
el Gobierno Nacional, no siendo factible inaplicar las normas vigentes por vía
administrativa, competencia reservada a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
22. Insistió que, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y tampoco
corresponde al 30 % de la asignación básica ni de la remuneración mensual.
23. Sostuvo que, los efectos otorgados a la nulidad de las normas sobre prima especial
de servicios, no genera automáticamente el derecho a la reliquidación de prestaciones
de los Procuradores Judiciales II, porque las disposiciones que excluyen su carácter
salarial no fueron eliminadas en su totalidad y, en todo caso, la nulidad no afecta
situaciones jurídicas consolidadas, las cuales deben mantenerse por razones de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
5
Samái del tribunal de origen, índice 48.
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24. Reiteró la configuración de la prescripción extintiva de los derechos laborales,
señalando que, las acreencias reclamadas para los años 1992 a 2002 fueron solicitadas
aproximadamente doce años después, cuando ya había operado el término de tres años
previsto en la ley. Se opuso a la tesis del Tribunal según la cual, el término prescriptivo
inicia con la declaratoria de nulidad, por considerar que dicha interpretación desconoce
la ley y genera inseguridad jurídica, al alterar reglas generales de prescripción.
25. Finalmente, resaltó que, en cuanto se refiere a la reliquidación de las cesantías,
estas fueron reconocidas anualmente a los solicitantes mediante actos administrativos
autónomos e independientes, sujetos al agotamiento del procedimiento administrativo,
por lo que, no se puede revivir un debate que debió enfrentarse a través de los recursos
en sede administrativa.
1.4.2. Ministerio Público
26. Manifestó su inconformidad con la decisión de declarar la nulidad de los actos
administrativos y ordenar la reliquidación salarial del demandante, argumentando que, se
desconoció la correcta aplicación de la figura de la prescripción, al considerar
erróneamente que, el término debía contarse a partir de la sentencia que anuló las
normas salariales.
27. En su criterio, sí operó la prescripción extintiva de los derechos laborales
reclamados, en la medida en que, la normativa aplicable establece de manera clara un
término de tres años contados desde la exigibilidad de la obligación. En este sentido,
enfatizó que, la prescripción aplica tanto a trabajadores particulares como a servidores
públicos, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de
1969 y 151 del Código Procesal del Trabajo, sin que exista fundamento para alterar este
cómputo con base en desarrollos jurisprudenciales.
28. Cuestionó la tesis acogida por el juez de instancia, según la cual, el derecho a
reclamar la reliquidación solo surge con la nulidad de las normas que impedían su
reconocimiento. En oposición a ello, sostuvo que, el término de prescripción debe
contarse desde el momento en que el derecho se hace exigible —es decir, desde la
causación de las acreencias laborales o, eventualmente, desde la finalización del vínculo
laboral—, y no desde decisiones judiciales posteriores, pues ello, desnaturaliza la
institución de la prescripción y afecta la seguridad jurídica.
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1.5. Trámite del recurso - Ley 2080 de 2021
29. Con auto del Veintiocho (28) de febrero del Dos Mil Veintitrés (2023) 6, se admitieron
los recursos de apelación y en providencia del Cinco (5) de septiembre de la misma
anualidad, se corrió traslado para alegar de conclusión7.
30. La Procuraduría General de la Nación presentó alegatos de conclusión 8,
insistiendo en los argumentos del recurso de apelación. Adicionalmente refirió que, los
procuradores judiciales II no tienen derecho a la prima especial de servicios, porque para
estos servidores, se encuentra incluida en la bonificación por compensación, la cual, fue
debidamente pagada y de superarse los topes, se estaría afectando el presupuesto
público de forma injustificada.
31. Añadió que, aunque los decretos salariales la procuraduría señala de manera
general, sin embargo, nuestra discusión se circunscribe a los años 1994 a 2002
establecen el derecho a una prima especial correspondiente al 30 % del salario básico,
dicha norma no es aplicable a los procuradores judiciales II, porque la misma normativa
establece «Esta prima es incompatible con la prima especial a que se refieren los artículos anteriores» ,
y de conformidad con los Decretos salariales anuales hace parte, junto con la asignación
básica y los gastos de representación, de su remuneración mensual.
32. Concluyó que, de acuerdo con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, debe aplicarse
el término de prescripción al presente asunto.
33. La parte demandante9 presentó alegatos de conclusión, señalando que, con la
declaratoria de nulidad de los decretos salariales, se creó una expectativa del derecho
reclamado, porque previo a ello, gozaban de presunción de legalidad, por lo que previo a
ello, materialmente el derecho a la reliquidación no existía; razón por la que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia.
34. El Treinta (30) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)10, el magistrado ponente avocó
el conocimiento del proceso.
6
Samái - Índice 37.
7
Samái - Índice 43.
8
Samái - Índice 50.
9
Samái - Índice 44.
10
Samai - Índice 81.
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35. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
36. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿La orden de reliquidación de salarios y prestaciones sociales del
demandante, atiende o no, el marco normativo aplicable?
ii) ¿La falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para
inaplicar los decretos salariales en vía administrativa, de lugar a negar las
pretensiones de la demanda?
iii) ¿La sentencia de primera instancia le otorgó carácter salarial a la prima
especial de servicios?
iv) ¿Los efectos de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales de la
Procuraduría General de la Nación, impiden el reconocimiento y pago de los
emolumentos causados con anterioridad a la sentencia de simple nulidad?
v) ¿La discusión sobre la liquidación de las cesantías, debió efectuarse frente a
los actos administrativos que ordenaron su reconocimiento, por ser autónomos
e independientes?
vi) ¿Debe declararse configurada la excepción de prescripción de los derechos
del demandante?
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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38. Para resolver el problema jurídico se analizará: i) Marco normativo de la prima
especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ii) sobre la
prescripción extintiva de los reajustes, iii) caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades
39. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .
40. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30%
ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República,
incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra y
jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993).
41. Vale recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales de
los servidores de la Procuraduría General de la Nación, se encontraban dispersas en
distintas normas; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 54 de 1993, que
instauró un nuevo régimen, para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o
se acogieran voluntariamente a este.
42. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996, estableció expresamente que,
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que, estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, tiene carácter salarial
para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación.
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43. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación
básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».
44. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones y, en sentencia SUJ-016-CE-52-2019 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)12, esta Corporación consideró lo siguiente:
«Para la Sala demostrado esta que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el
Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y l[a] asignación básica, sea
teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que
restablecer este derecho.
Los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo optan por darle
primacía a la progresividad del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador
y a la equidad y nivelación en el ingreso.
Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala
encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la parte actora,
en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los
beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política,
relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas.» (resalta
la Sala)
45. En esa oportunidad, la «Sala Plena de Conjueces» de esta Sección, sentó las
siguientes reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que· se refiere el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de rima
especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 "y 1848 de 1969.
46. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial de servicios, prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no
solo frente a la asignación básica prevista para los procuradores delegados ante la Rama
Judicial en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.
2.3.1 Prima especial de servicios de los Procuradores Judiciales II
47. Para establecer el origen normativo de la denominada prima especial que integra la
remuneración de los Procuradores Judiciales II, resulta necesario acudir a los decretos
mediante los cuales, el Gobierno nacional fijó su régimen salarial. En este contexto, el
Decreto 54 de 199313, constituye el primer referente normativo que reguló expresamente
dicho emolumento.
48. En su artículo 9º la norma en comento estableció que, a partir del Primero (1) de enero
de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), la remuneración mensual de los Procuradores
Judiciales grado 2114 ante los diferentes tribunales y de los Procuradores Agrarios grado
21, estaría conformada por una asignación básica de seiscientos noventa y siete mil
ciento quince pesos ($697.115), gastos de representación por igual valor y una prima
especial de cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta pesos ($418.270), para una
remuneración total de un millón ochocientos doce mil quinientos pesos ($1.812.500).
49. El Decreto 54 de 1993 no estableció dicha prima especial en términos porcentuales,
sino que, fijó directamente su valor dentro de la remuneración mensual. Asimismo, el
artículo 10 del mismo decreto dispuso expresamente que, «ARTICULO 10. Los Agentes del
13
Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.
14
En el Decreto 54 de 1993 el empleo aparece denominado «Procurador Judicial grado 21». Posteriormente, el Decreto 2025 de 1995
estableció la denominación «Procurador Judicial II» dentro de la nomenclatura de la Procuraduría General de la Nación.
13
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Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial
equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. Esta prima es incompatible con la prima
especial de que tratan los artículos 4 a 9 inclusive, del presente decreto.».
50. Por su parte, el artículo 16 ibidem, establece la ausencia de carácter salarial de la
prima especial regulada en el decreto.
51. La regulación contenida en el Decreto 54 de 1993 permite advertir desde su origen,
una diferenciación entre prestaciones que, aunque recibieron la denominación de «prima
especial», tenían una configuración normativa distinta, una equivalente al 30 % del salario
básico y otra, fijada en valores concretos en los decretos salariales.
52. Esta estructura se mantuvo en los sucesivos decretos que fijaron las remuneraciones
de la Procuraduría General de la Nación. Así, los Decretos 107 de 1994 y 26 de 1995
continuaron incluyendo, dentro de la remuneración mensual de los Procuradores
Judiciales, una suma específica por concepto de prima especial. Posteriormente, los
Decretos 35 de 1996 y 56 de 1997 regularon expresamente la remuneración de los
Procuradores Judiciales II, manteniendo su integración por asignación básica, gastos de
representación y una prima especial fijada en una suma determinada. En particular, el
Decreto 35 de 1996 estableció una prima especial de seiscientos ochenta y seis mil
setecientos ochenta y seis pesos ($686.786), mientras que el Decreto 56 de 1997 la fijó
en setecientos cuarenta y un mil setecientos veintiocho pesos ($741.728).
53. La misma estructura normativa se observa en los decretos posteriores. Así, los
Decretos 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 2001, 683 de 2002,
3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007, 661 de 2008, 1391
de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 mantuvieron la prima
especial como un componente específico de la remuneración de los Procuradores
Judiciales II, mediante la fijación de una suma determinada en cada vigencia.
54. La regulación de las primas especiales contenidas en los decretos salariales, debe
distinguirse, porque una, es base salarial y la otra corresponde a la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, norma de rango legal a favor de
determinados servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, respecto de la que
se establecieron límites porcentuales y la ausencia de carácter salarial15, así:
15
La expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-279/1996. No obstante, para efectos pensionales, dicha prima debe ser tenida en cuenta de
14
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«ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
(…).»
55. La anterior conclusión por cuanto, la prima especial, fijada en los decretos salariales
anuales en un 30 % del salario básico, en favor de los Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, coincide con la regulada en la Ley 4 de 1992, teniendo
en cuenta que, los decretos salariales anuales, establecieron su ausencia de carácter
salarial.
56. En consecuencia, la regulación contenida en los decretos salariales debe examinarse
a la luz del principio de jerarquía normativa, conforme al cual, las disposiciones
reglamentarias no pueden exceder el marco fijado por la ley ni alterar el contenido de los
derechos que esta reconoce. Por ello, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye el
parámetro legal que debe prevalecer para determinar la prestación exigible, sin que la
incompatibilidad prevista en los decretos salariales tenga la virtualidad, por sí sola, de
excluir o desplazar el derecho de origen legal allí consagrado.
57. De otro lado, aun de aceptarse la cabal correspondencia entre la prima especial
de servicios consagrada en la Ley 4 de 1992, y aquella regulada en favor de los agentes
del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, en los sucesivos decretos
salariales, no puede perderse de vista que, las mismas normas reglamentarias previeron
la incompatibilidad con la «prima especial», que hace parte de la remuneración.
2.3.2. Del fenómeno de prescripción
58. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)16, el
Consejo de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de
conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sala de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
15
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manera retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en
los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de
exigibilidad del derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que17:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
59. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior18, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
60. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
61. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.
62. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992,
y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación de
tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de
irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su incumplimiento.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
16
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2.4. Medios de prueba
63. Al expediente fueron aportadas las siguientes pruebas documentales:
• Certificación suscrita por el jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría
General de la Nación, donde informa que, el señor Jesús Renato Cardeño Pérez ingresó
a la entidad el Seis (6) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) y laboró
hasta el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Dos (2002), desempeñando como último
cargo, el de procurador 31 judicial II administrativo de Medellín19.
• El Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Catorce (2014), el demandante presentó
reclamación administrativa ante la Procuraduría General de la Nación, jefe de división de
gestión humana, donde solicitó el reconocimiento del 30 % de sus asignaciones básicas
mensuales, que no fueron tenidas en cuenta en la liquidación de sus prestaciones
sociales, desde el año 1992 hasta el año 2003, en atención a lo dispuesto en la Ley 4 de
1992 artículo 1420.
• Reposa copia del oficio SG No. 003889 del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014)21, por medio del cual, se dio respuesta negativa a la petición elevada por
el demandante.
• Resolución No. 784 del Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014)22, por medio
de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución.
• Copia de la Resolución No. 1692 del Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil Dos (2002),
por medio de la cual, se aceptó la renuncia al señor Jesús Renato Cardeño Pérez, a partir
del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Dos (2002), al cargo de Procurador 31
Judicial II Administrativo de Medellín23.
2.5. Caso concreto
19
Expediente digital. Archivo 035ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos-CD01_Folio139_Demanda. Pág. 54
20
Expediente digital: Samai índice 00053 archivo ED_C01_CD01_Folio139_Demanda(.zip)
21
Expediente digital: Samai índice 00053 archivo 50_EXPEDIENTEDIGI_C01_16Contestaciondelade_16_20241118124447744. Pág.
38-45.
22
Expediente digital: Samai índice 00053 archivo 50_EXPEDIENTEDIGI_C01_16Contestaciondelade_16_20241118124447744. Pág.
65 a 72.
23
Expediente digital archivo 035ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos-CD01_Folio139_Demanda. Pág. 111.
17
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64. En el presente asunto, el señor Jesús Renato Cardeño Pérez, laboró al servicio de
la Procuraduría General de la Nación, fungiendo como procurador 31 Judicial II
Administrativo de Medellín, entre el Primero (1) de julio de Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992) y el Dieciocho (18) de diciembre del Dos Mil Dos (2002), cargo que, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo hace acreedor de la prima especial de
servicios.
65. La entidad demandada, apela la decisión de primera instancia, por considerar que,
la orden de reliquidación de salarios y prestaciones sociales del demandante, no se ajusta
al marco normativo aplicable, el cual, fue observado por la entidad al momento de pagar
los emolumentos correspondientes, atemperándose a los decretos salariales anuales.
66. De conformidad con lo expuesto en el marco normativo, la Sala reitera que, la Ley
4ª de 1992 en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un emolumento
«[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para servidores de
la Rama Judicial y del Ministerio Público, con efectos a partir del primero 1° de enero de
1993.
67. Inicialmente, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Procuraduría
estaba disperso en varias normas, hasta que el Decreto 54 de 1993 estableció un nuevo
sistema aplicable a quienes ingresaran o se acogieran a él. Luego, la Ley 332 de 1996
reconoció la prima especial de servicios de la Ley 4 de 1992 para procuradores
delegados, indicando que, esta tiene carácter salarial únicamente para efectos
pensionales.
68. De otra parte, los decretos salariales anuales, fraccionaron la remuneración
mensual de los procuradores delegados ante tribunales, tal como puede verificarse en la
siguiente tabla:
Año Decreto Prima Especial Gastos de Asignación Remuneración
Representación Básica Mensual
1994 107 $506.107 $843.509 $843.509 $2.193.125
1995 26 $597.206 $995.341 $995.341 $2.587.888
1996 35 $686.786 $1.144.643 $1.144.643 $2.976.072
1997 56 $741.728 $1.236.215 $1.236.215 $3.214.158
1998 67 $860.405 $1.564.796 $1.564.796 $3.989.997
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Accionante: Jesús Renato Cardeño Pérez
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1999 37 $946.445 $1.721.276 $1.721.276 $4.388.997
2000 2734 $1.033.802 $1.880.150 $1.880.150 $4.794.102
2001 2730 $1.059.647 $1.931.290 $1.931.291 $4.922.228
2002 683 $1,109,663 $ 2,022,448 $2,022,448 $5.154.559
69. Sin embargo, de acuerdo con el análisis efectuado en el marco normativo y
jurisprudencial, la «prima especial», establecida en los decretos salariales anuales, no
guarda correspondencia con la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, sino que, hace alusión a aquella fijada en los propios decretos
reglamentarios, con un valor determinado y no porcentual, en cada anualidad.
70. Verificada la certificación expedida por la División de Gestión Humana de la
Procuraduría General de la Nación, los valores devengados por el señor Cardeño Pérez,
en el tiempo que fungió como procurador judicial II, son los siguientes:
71. De acuerdo con la información reportada en la certificación, el demandante
devengó además del salario básico y los gastos de representación, una prima especial
de servicios.
72. Al contrastar los valores de la certificación salarial del demandante, con los
decretos salariales anuales de la Procuraduría General de la Nación, es claro para la Sala
que, existe una correspondencia exacta con la suma determinada por concepto de «prima
especial», establecida en cada norma anual.
73. En este punto, resulta importante señalar que, de acuerdo con el artículo 280 de
la Constitución Política de Colombia, «Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas
calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.» (subraya la Sala).
19
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74. Verificados los decretos salariales de la Rama judicial, en las mismas anualidades
de la Procuraduría General de la Nación, la Sala corrobora que, la remuneración mensual
de un magistrado de tribunal, correspondió a los valores que pasan a exponerse:
Año Decreto Remuneración
Mensual
1994 106 $2.193.125
1995 043 $2.587.888
1996 36 $2.976.072
1997 76 $3.214.158
1998 64 $3.989.998
1999 44 $4.388.998
2000 2740 $4.794.103
2001 1475 $4.913.956
2002 683 $5.146.921
75. Después de contrastar la remuneración mensual de los magistrados de Tribunal
con aquella establecida para los procuradores judiciales II, y evidenciar de manera
general su correspondencia, es absolutamente claro para la Sala que, la denominada
«prima especial» en los decretos salariales de estos servidores, no es más que su
remuneración mensual, a la cual, dichas normas anuales le sustrajeron su carácter
salarial, además de consagrar una incompatibilidad con la prima especial del 30 %,
regulada por los mismos decretos.
76. Vistas así las cosas, aunque la parte demandada aduce que, la decisión de primera
instancia ordenó una reliquidación salarial y de prestaciones sociales por fuera de las
normas que regulan la materia, en criterio de la Sala, este planteamiento tiene asidero
parcial, en tanto y en cuanto, pese a que, la remuneración mensual fue reconocida en el
100 %, no obstante un porcentaje denominó «prima especial», al haberse restringido el
carácter salarial, la liquidación de las prestaciones sociales sí se vio comprometida en
este asunto.
77. Sin embargo, no pierde de vista la Sala que, la pretensión del extremo procesal
activo, no estuvo encaminada a la reliquidación de la base salarial, sino al reconocimiento
de la prima especial de servicios como un adicional a la remuneración mensual, y aunque
el A -quo, efectuó su análisis frente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al momento de
resolver el asunto ordenó la reliquidación de la primera.
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78. En este orden de ideas, le asiste razón parcial a la recurrente, pues la sala de
conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia debió pronunciarse sobre el derecho
a la prima especial de servicios, mas no, frente a la reliquidación de la asignación salarial,
la cual fue reconocida en un 100 %. Sin embargo, considera la Sala que, dado que la
orden judicial se sustenta en el reajuste del 30 %, sí es frente a la prima especial de
servicios que finalmente el A quo dio su orden, razón suficiente para concretar que, la
reliquidación prevista en la parte resolutiva de la sentencia, atiende el marco legal en la
materia.
79. En consecuencia, conforme a la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, y en
especial, de las reglas sentadas en la sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)24, al demandante le asiste el derecho a percibir
la prima especial de servicios como un adicional a la asignación básica, distinto de
aquella, y en cuantía igual al 30 % de esta, desde el Primero (01) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993) y hasta el Dieciocho (18) diciembre de Dos Mil Dos
(2002), tiempo en el que se desempeñó como procurador judicial II.
80. En ese sentido, aunque no desconoce la Sala que, la providencia apelada fue
proferida con anterioridad a la sentencia de la sala de conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), su
conclusión se circunscribe a las reglas fijadas en esta decisión.
81. En consonancia con lo expuesto, la Sala debe dejar en claro que, el demandante
tenía derecho a la prima especial de servicios en un porcentaje del 30 % de la asignación
básica, pero la reliquidación de las prestaciones sociales o parte de este porcentaje, sino
de los valores determinados, dispuestos para cada anualidad.
82. De otro lado, comoquiera que, los decretos salariales de la Procuraduría General
de la Nación, entre los años 1994 a 2002, establecieron la incompatibilidad entre la
«prima especial» constitutiva de salario y la prima especial de servicios contenida en la
Ley 4 de 1992, tal como quedó establecido en el marco normativo y jurisprudencial, el
Decreto reglamentario no puede estar por encima de la ley marco.
83. La facultad de la Sala para inaplicar, por ilegalidad y con efectos inter partes, las
disposiciones reglamentarias que establecieron la incompatibilidad cuestionada
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
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encuentra fundamento expreso en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, conforme al
cual, en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez puede, de oficio o a petición de parte, inaplicar los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. Se trata, por tanto, de
un mecanismo de control concreto de legalidad que permite al juez prescindir, para la
resolución del caso sometido a su conocimiento, de la aplicación de una disposición
administrativa de inferior jerarquía que resulte incompatible con la norma legal que le
sirve de parámetro, sin que ello comporte su retiro general del ordenamiento jurídico ni
produzca efectos erga omnes, razón suficiente para disponer su inaplicación por
ilegalidad, como quedará establecido en la parte resolutiva de la sentencia.
84. El otro argumento de apelación de la Procuraduría General de la Nación, alude a
su falta de competencia para inaplicar los decretos salariales en vía administrativa. La
Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, justamente condensó la correcta
interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, aunque no se desconoce que, la sentencia en mención
fue proferida con posterioridad a la decisión de primera instancia, lo cierto es que, la
sujeción de la entidad a los decretos salariales, y la ausencia de competencia alegada,
no pueden tener como efecto enervar las pretensiones de la demanda, cuando está
debidamente decantado el derecho que le corresponde al demandante en su calidad de
procurador judicial II, por lo que, no es posible trasladarle a este extremo procesal, las
consecuencias de la aludida interpretación, razón suficiente para no avalar el argumento
de apelación.
85. En cuanto a la afirmación relativa a que, la sentencia de primera instancia, le otorgó
carácter salarial a la prima especial de servicios, para la liquidación de emolumentos
distintos a los aportes a pensión, la Sala considera que, tampoco hay lugar a atender los
planteamientos de la recurrente.
86. Tal como quedó establecido en precedencia, la reliquidación de prestaciones
sociales procede por el fraccionamiento de la remuneración mensual, al denominar prima
especial «sin carácter salarial», una porción de esta, pero no, por el reconocimiento de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual, no tiene carácter
salarial para la liquidación de prestaciones más allá de los aportes a pensión; por lo que
tampoco prospera el recurso de apelación en este aspecto.
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87. Frente al argumento del recurso de alzada, relativo a que, la declaratoria de nulidad
de los decretos salariales, solo puede tener efectos a futuro, debe señalarse por la Sala
que, tal como lo decantó la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, la declaratoria de nulidad de
los decretos salariales, no tiene un carácter constitutivo sino declarativo, concluyendo lo
siguiente:
«Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992 es decir a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993
los interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en
otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»
88. Atendiendo el criterio referenciado, el argumento de apelación no tiene vocación
de prosperidad, puesto que, el extremo procesal activo estaba habilitado para acudir a la
jurisdicción para reclamar la prima especial de servicios como un adicional a la asignación
básica, desde la vigencia de la reglamentación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y
frente a sus prestaciones sociales, a partir de la entrada en vigor de cada decreto salarial.
89. El reparo relativo a que las cesantías se liquidan en un acto administrativo
independiente y frente a dicha decisión, la parte demandante debió centrar la discusión,
nuevamente la Sala se aparta del criterio de la entidad demandada, porque si bien es
cierto que, las cesantías deben ser liquidadas año a año, y la manifestación de la
administración queda contenida en un acto administrativo independiente, tampoco es
menos cierto que, la base para la reliquidación ordenada, es la inclusión del 100 % de la
base salarial.
90. Finalmente, tanto la entidad demandada como el agente del ministerio público que
intervino en sede de primera instancia, son coincidentes en señalar que, contrario a lo
aducido por el A – quo, en el sub lite, debe declararse configurado el fenómeno
prescriptivo.
91. La sentencia objeto de recurso indicó que, resultaba improcedente la aplicación de
la prescripción en el presente asunto, sustentando dicha postura en que, «antes de la
anulación de las normas reguladores del régimen salarial de los funcionarios de la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante la sentencia del 02 de Abril de
2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. Segunda con
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ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez A., radicado. Nro 11001032500020070009800
(1831 2007) indicó que tales actos gozaban de la presunción de legalidad y, en
consecuencia, el derecho a obtener la reliquidación de las remuneraciones básicas y
prestaciones sociales del demandante durante el período comprendido entre enero de
1993 y marzo de 2003 “materialmente no existía”, de modo que sólo una vez se declaró
la nulidad, empezó a correr el término de prescripción.»
92. Frente a esta figura, la Sala precisa que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
señaló que «el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo
exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto
57 de 1993», de manera que, aun cuando el reconocimiento se puede solicitar en
cualquier tiempo, el efecto económico está sometido al término de prescripción trienal,
por lo que, es a partir de la reclamación administrativa que se contabiliza la prescripción.
93. La providencia citada también precisó que, comoquiera que la reglamentación de
los salarios se actualiza anualmente «al tratarse de una norma de carácter general y de
orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con
su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación».
94. Bajo esta tesis jurisprudencial, la respuesta al problema jurídico es positiva, porque
la obligación derivada del derecho del actor al pago de la prima especial de servicios
como una adición del salario, surgió a partir de la expedición anual de los decretos que
no incluían este último emolumento y además fraccionaban el sueldo mensual, cuestión
que incidió en la liquidación de sus prestaciones sociales.
95. Aclarado lo anterior, resulta necesario señalar lo previsto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, conforme
con el cual «las acciones que emanan de los derechos previstos en esta norma
prescriben en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible» y «el simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada […] interrumpe el término de prescripción».
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96. El demandante presentó reclamación administrativa el Treinta y uno (31) de julio
de Dos Mil Catorce (2014) ante la Procuraduría General de la Nación25; sin embargo,
ejerció el cargo de Procurador 31 judicial II, hasta el Diecinueve (19) de diciembre de Dos
Mil Dos (2002), es decir que, entre la fecha de desvinculación y la reclamación
administrativa, transcurrieron 11 años, 7 mes, 12 días.
97. A partir de lo expuesto, la Sala revocará la condena impuesta por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, al operar el fenómeno prescriptivo
sobre las obligaciones derivadas del derecho que tenía el demandante, comoquiera que,
entre la causación de las diferencias en la liquidación de las prestaciones y la omisión de
pago de la prima especial como una adición de la remuneración mensual, transcurrió un
término superior al trienal previsto en las normas referidas en precedencia.
98. La prescripción declarada comprenderá la reliquidación del auxilio de cesantías,
porque el demandante se retiró del servicio en el año 2002, y, por lo tanto, no es posible
aplicar la imprescriptibilidad adoptada en la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-1626,
la cual exige como presupuesto que el vínculo continue vigente.
99. Es del caso precisar que, la prescripción extintiva de las obligaciones no impacta
en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por tratarse de
una prestación irrenunciable e imprescriptible, que tiene el propósito de asegurar un
ingreso económico cuando se materializa el riesgo de vejez, cubierto por las respectivas
cotizaciones.
100. Lo anterior resulta relevante, en la medida que, la prescripción declarada no se
extiende al derecho de los aportes adeudados al sistema general de seguridad social en
pensiones, derivados de la diferencia de la prima especial que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.
101. La liquidación de los aportes a seguridad social en pensión, en favor del señor
Jesús Renato Cardeño Pérez, debe realizarse con base en la diferencia entre lo pagado
y lo que realmente debía percibir, con base en el 100% de la asignación básica, y sobre
el 30 % de la prima especial de servicios. El ingreso base de cotización
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Expediente digital: Samai índice 00053 archivo ED_C01_CD01_Folio139_Demanda(.zip)
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16, rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-
14).
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deberá corresponder, desde el primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el Veintiocho (28) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), al 100 % de la asignación básica. A
partir de dicha fecha, la base de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el
30 % correspondiente a la prima especial de servicios.
102. Finalmente, se adicionará el ordinal tercero a efectos de precisar que, el
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos; asimismo, deberá verificar que no se superen los topes salariales
establecidos para el cargo de procurador judicial II.
2.6. Condena en costas
103. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.
2.7. Conclusiones
104. La Sala modificará la decisión de primera instancia, a efectos de inaplicar por
ilegalidad la incompatibilidad entre la «prima de servicios» que es base salarial, con la
prima especial de servicios de la Ley 4 de 1992, además de declarar la prescripción
extintiva del derecho del demandante a la reliquidación de las prestaciones sociales con
base en el 100 % del salario y el pago de la prima especial de servicios, salvo los aportes
a seguridad social.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del ocho (08) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
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pretensiones formuladas por el señor Jesús Renato Cardeño Pérez, los cuales quedarán
así:
«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el
extremo demandado, respecto de las sumas a que hubiera lugar por el reajuste prestacional
con base en el 100 % de la asignación básica y el pago de la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, reclamadas por el señor Jesús Renato
Cardeño Pérez, salvo los aportes a seguridad social en pensión, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. Declarar la nulidad del oficio S.G. Nro. 003889 de 25 de agosto de 2014 y de
la Resolución Nro. 784 de 05 de noviembre de 2014, ambos actos administrativos
expedidos por la SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, mediante los cuales se resuelve la petición presentada por el demandante
JESUS RENATO CARDEÑO PÉREZ respecto de la reliquidación del salario y prestaciones
sociales causados durante el periodo comprendido entre el mes de enero de 1993 hasta el
18 de diciembre de 2002.
INAPLICAR por ilegalidad, la incompatibilidad entre la «prima especial» con base salarial
y la prima especial de servicios de la Ley 4 de 1992, establecida en los artículos 9 del
Decreto 107 de 1994, 11 del Decreto 26 de 1995, 14 del Decreto 35 de 1996, artículo 13
del Decreto 56 de 1997, artículo 13 del Decreto 67 de 1998, artículo 13 del Decreto 37 de
1999, artículo 13 del Decreto 2734 de 2000, artículo 13 del Decreto 2730 de 2001 y artículo
12 del Decreto 683 de 2002.
TERCERO: CONDENAR la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y
trasladar a la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante,
la diferencia entre lo pagado y lo que realmente debió pagar por concepto de los aportes al
Sistema General de Pensiones, con base en el 100% de la asignación básica, más el 30%
de la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por todo
el tiempo en el que el demandante haya tenido derecho a devengarla, El ingreso base de
cotización deberá corresponder, desde el primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el Veintiocho (28)
de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), al 100 % de la asignación básica.
A partir de dicha fecha, la base de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el
30 % correspondiente a la prima especial de servicios.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos; así como, deberá la entidad verificar que lo ordenado no supere los topes
salariales. »
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del ocho (08) de marzo de Dos
Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
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CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Con salvamento parcial de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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