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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00224-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00224-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Luis Fernando Mejía Rojas contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO. – MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la siguiente manera: 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 23 de octubre de 2025; expediente 17001-23-33-000-2021- 00191-02 (1826-2025); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. 18 Número Interno: 3112-2025 Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación «CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al demandante LUIS FERNANDO MEJÍA ROJAS, la prima especial establecida en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en un valor adicional o agregado del 30% de la asignación básica, a partir de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fiscal Delegado, causados desde el quince (15) de diciembre de dos mil trece (2013) y mientras siga desempeñando alguno de los cargos que le otorga este beneficio. Este reconocimiento en ningún caso podrá superar los topes. La entidad deberá tener en cuenta los pagos que se hubieren realizado con ocasión a la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si el demandante continuaba vinculado a esta fecha. El cumplimiento de la presente providencia está condicionado a que la Fiscalía General de la Nación, no haya efectuado otro pago por iguales conceptos a los aquí reconocidos. De igual manera, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión, en favor de LUIS FERNANDO MEJÍA ROJAS, desde el 1 de agosto de 2004, adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su salario base, correspondiente a la prima especial de servicios. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00224-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00224-01 (3112-2025)1
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La demanda2.

Pretensiones.

1. El señor Luis Fernando Mejía Rojas, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la anulación de la Resolución No. 2-
0907 de cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017), y del Oficio No. DS-06-12-SAJ-
1007 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), expedidos por la
entidad demandada.

1
Expediente digital visible en la herramienta electrónica Samai.
2
Samai 00002 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se precisa que, la demanda fue presentada el 24 de noviembre de 2017
ante el Consejo de Estado, como un proceso de nulidad (simple), siendo asignado a John Jairo Morales Alzate, conjuez de la Sección
Segunda de la Corporación. Mediante auto de 17 de enero de 2020, se dispuso escindir el medio de control, a efectos que las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho planteadas por el señor Mejía Rojas fueran conocidas en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda. Finalmente, el expediente fue repartido ante el tribunal el 1° de
agosto de 2023.

2

Número Interno: 3112-2025
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

«Segundo: En consideración a la anterior declaración y a título de restablecimiento del
Derecho, se reconozca, liquide y pague por parte de la Fiscalía General de la Nación y a
favor del Doctor(a) LUIS FERNANDO MEJIA ROJAS las siguientes sumas de dinero, por
haber ostentado el cargo de Fiscal y si existió o no diferencia salarial para el ejercicio de
dicho cargo, así:

Por concepto de prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración
mensual prevista en el artículo 14º de la Ley 4ª de 1992, como adición o agregado a la
asignación básica mensual, desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha en la cual se inicie
el reconocimiento del incremento, adición o agregado al salario mensual o hasta que se
haga efectiva su cancelación, la suma que liquidada al 31 de julio de 2017 asciende a
doscientos catorce millones seiscientos ochenta y cinco mil con trescientos ochenta y un
pesos moneda corriente ($214.685.381), así mismo las sumas de dinero que se generen
con posterioridad a la orden de pago.
(…)
Por concepto de prestaciones sociales como prima de servicio, prima de navidad, prima
de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados, cotización a
seguridad social y demás prestaciones y emolumentos de carácter laboral, que tengan
como base la prima especial para su liquidación, las siguientes sumas de dinero, liquidada
hasta el 31 de julio de 2017, liquidación que asciende a sesenta y seis millones seiscientos
setenta y nueve mil con quinientos veintisiete pesos moneda corriente ($66.679.527), así
mismo las sumas de dinero que se generen con posterioridad a la orden de pago.
(…)
Tercero: En consideración a la declaración y a título de restablecimiento del Derecho el
reconocimiento y pago, mientras siga vinculado(a) a la entidad las siguientes sumas de
dinero:

Por concepto de prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración
mensual como un incremento, adición o agregado al salario.

Por concepto de prestaciones sociales como prima de servicio, prima de navidad, prima
de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados, cotización a
seguridad social, demás prestaciones y emolumentos de carácter laboral, que se puedan
ver incididos y aquellos que en el futuro se establezcan como emolumentos de carácter
salarial y que tengan como base la prima especial para su liquidación.

Cuarto: Como consecuencia de las anteriores ordenes de reconocimiento, liquidación y
pago, se condene a la Nación y Fiscalía General de la Nación ajustar y actualizar los
valores reclamados de acuerdo al Índice de Precio al Consumidor, como también el
reconocimiento de los intereses moratorios sobre todas las sumas de dinero susceptibles
para aquello, en concordancia con el inciso cuarto del artículo 187 del C.P.A.C.A.

Quinto: Que se Declare y condene todas las pretensiones que ultra y extrapetita por los
derechos ciertos e irrenunciables que resulte probados dentro del proceso; como también
la pretensión innominada que se llegue a probar en el transcurso del mismo .

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

3. El señor Luis Fernando Mejía manifestó que, ha estado vinculado a la Fiscalía General
de la Nación, ejerciendo el cargo de Fiscal Delegado3, desde el primero (1) de agosto de
dos mil cuatro (2004), y «hasta la fecha».

3
Algunos periodos como delegado ante los Jueces municipales y promiscuos, del circuito y del circuito especializado. Precisando
que, desde el 30 de junio de 2009 en adelante, ostenta la calidad de fiscal delegado ante jueces de circuito.

3

Número Interno: 3112-2025
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

4. Que, durante el tiempo de vinculación con la Fiscalía General de la Nación en calidad
de Fiscal, no se le ha cancelado la prima especial como un incremento, adición o
agregado al salario y consagrada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, modificada por la
ley 332 de 1996 y aclarada por el artículo 1º de la ley 476 de 1998 a la que tiene derecho.

5. Que la Fiscalía General de la Nación, no le ha reconocido, reliquidado ni pagado las
sumas de dinero que corresponde a los emolumentos de carácter laboral, que tengan
como base la prima especial para su liquidación.

6. Indicó que, el quince (15) diciembre de dos mil dieciséis (2016), pidió a la Fiscalía
General de la Nación, el reconocimiento y pago del 100% del salario más las
consecuencias prestacionales, establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
incluidas las primas de vacaciones, navidad, las cesantías intereses a las cesantías,
vacaciones, bonificaciones y las demás a que haya lugar.

7. Que la entidad demandada resolvió de manera negativa su solicitud, a través del Oficio
N°. DS-06-12-6-SAJ-1007 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
por lo que interpuso recurso de apelación, el cual, fue resuelto con la Resolución N°
20907 del 4 de abril del mismo año, confirmando la negativa en el reconocimiento del
derecho al demandante.

8. Que se intentó conciliación extrajudicial con la entidad demandada, ante la
Procuraduría 166 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santiago de Cali, el día
dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), declarándose fallida el día diecisiete
(17) de noviembre del mismo año, quedando agotado este requisito de procedibilidad.

Concepto de violación.

9. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran el Preámbulo y los
artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253 de la
Constitución Política; el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(Bloque de Constitucional); las leyes 4 de 1992, 270 de 1996, 54 de 1992. Convenio N°
95 relativo a la Protección del Salario. Protocolo de San Salvador.

10. En el concepto de violación, invocó el principio de progresividad y la prohibición de
regresividad como pilares fundamentales de la garantía de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC). En igual sentido, aludió el principio de favorabilidad laboral,

4

Número Interno: 3112-2025
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 21 del Código
Sustantivo del Trabajo, señalando que, este impone a todo empleador —y al Estado, en
particular, respecto de sus servidores públicos— la obligación de elegir la opción más
favorable al trabajador cuando surjan dudas en la aplicación o interpretación de normas.

Contestación de la demanda4.

11. La parte demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
y sostuvo que, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 autorizó al gobierno nacional a
establecer una prima especial de servicios únicamente para los cargos allí previstos,
entre los cuales no se encontraban los fiscales. A su vez, el régimen salarial de la FGN,
definido en el Decreto 2699 de 1991 y desarrollado por el Decreto 53 de 1993, adoptó un
sistema de remuneración de salario único o global, que excluyó el reconocimiento
de «las primas que venían recibiendo en la Rama Judicial», régimen al cual quedaron
sometidos tanto quienes optaron por él antes del 28 de febrero de 1993 como quienes
ingresaron con posterioridad a la entidad.

12. Agregó que no se produjo ninguna reducción de derechos laborales, dado que los
decretos salariales anuales demuestran que, desde 1993 hasta la fecha, el salario de los
fiscales seccionales —hoy fiscales delegados ante jueces de circuito— ha incrementado
de forma progresiva, en acatamiento a mandatos legales y constitucionales.

13. A ello se suma que, los fiscales son beneficiarios del Decreto 1251 de 2009 y de la
bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, lo cual les permite percibir
mensualmente un equivalente al de los servidores de la Rama Judicial en su categoría
respectiva. Por lo tanto, no es viable sostener que se vulneró el principio de progresividad
laboral por no incorporar la prima del 30% en los decretos salariales desde 2003, ya que
ello derivó de la omisión legislativa de prever dicha prima para los fiscales y demás
funcionarios de la FGN. En cualquier caso, de una ilegalidad no nace un derecho exigible,
ni puede invocarse su protección bajo los principios de prohibición de regresividad y
favorabilidad laboral.

La sentencia de primera instancia5.

14. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia

4
Samai índice 00012, Actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5
Samai, índice 00024, Actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5

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Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas, disponiendo
de la siguiente manera:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023-CE-S2-2020 de 15
de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), Accionante: Nayibe
Lorena Pérez Castro contra la Fiscalía General de la Nación. C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba,
en cuanto, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por
el demandante, causados con anterioridad al 15 de diciembre de 2013, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: El contenido en el
Oficio N° DS-06-12-6-SAJ-1007 del 19 de diciembre de 2016, emitido por el Subdirector
Seccional de Apoyo a la Gestión y la Resolución N° 20907 del 4 de abril del mismo año,
proferido por el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al
demandante LUIS FERNANDO MEJÍA ROJAS, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL
que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales
en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación
por servicios prestados, etc., causados desde el 15 de diciembre de 2013, como Fiscal
Delegado ante Jueces del Circuito y en adelante hasta cuando por razón del cargo tenga
derecho, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando
para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima
consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a
seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los extremos
temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes
prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
[…]
NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: No condenar en costas. […]»

15. La Sala Transitoria, consideró que, la prueba documental demuestra que Luis
Fernando Mejía Rojas está vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde 1994,
donde ha ocupado diversos cargos, siendo el último, el de Fiscal Delegado ante Jueces
del Circuito.

16. A juicio del A quo, se acreditó que la Fiscalía liquidó sus prestaciones sobre el 70%
de la asignación básica, incluyendo en ese porcentaje la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, cuando esta debía reconocerse como un
30% adicional al salario básico. El Consejo de Estado ha precisado que dicha prima
constituye un plus independiente y no parte de la asignación.

6

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Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

17. Así las cosas, concluyó que no se reconoció a la demandante el 30% faltante de su
remuneración, con sus efectos en cesantías, intereses y demás prestaciones, lo cual
vulnera los principios de progresividad, prohibición de regresividad y favorabilidad laboral.
Por ello, se accede parcialmente al reconocimiento del derecho desde el 15 de diciembre
de 2013 (por efectos de prescripción extintiva) y se declara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el Oficio N° DS-06-12-6-SAJ-1007 del 19 de diciembre de
2016 y la Resolución N° 20907 del 4 de abril del mismo año.

4. El recurso de apelación6

18. La Fiscalía General de la Nación, solicitó la revocatoria del ordinal cuarto de la
sentencia esbozando de forma general a los siguientes puntos:

19. Inconforme con la sentencia de primera instancia, la entidad demandada interpuso
recurso de apelación, al estimar que, no se realizó un análisis de las circunstancias que
rodearon el régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación, y que, desde el año 2003, la entidad ha pagado al demandante el 100% de su
asignación básica y liquidado sus prestaciones sociales sobre ese monto, sin descontar
el 30% de la prima especial, toda vez que, «[…] los decretos salariales de la FGN desde el año
2003 no incluyeron [esa] prima, razón por la cual se paga el salario y prestaciones completos» .

20. De la constancia de devengados analizada por el Consejo de Estado se desprende
que, hasta 2002, la Fiscalía liquidó mal la prima, al tomar el 30% del 100% del salario
como si fuera un sobresueldo. Sin embargo, desde 2003 se pagó íntegramente el salario
básico y, en consecuencia, las prestaciones se calcularon sobre el 100%. Por esa razón,
la sentencia de unificación precisó que no hay lugar a reliquidar prestaciones sociales ya
canceladas.

21. En el presente caso, el Tribunal no explicó en la parte motiva por qué se apartó de
este precedente vinculante y, aun así, ordenó la reliquidación. Esta decisión contradice
lo dispuesto en la sentencia de unificación de 2020, pues los fiscales beneficiarios ya
recibieron sus prestaciones liquidadas sobre el 100% del salario, no sobre el 70% como
erróneamente lo sostuvo el a quo.

22. No resultaba procedente el reajuste ordenado, pues implica un doble pago con cargo
al erario. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció

6
Samai, índice 00027, actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

así lo dispuesto en los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, pese a que en la
contestación de la demanda, en la audiencia inicial y en los alegatos de conclusión se
insistió en la improcedencia de la reliquidación.

23. Se interpone, entonces, recurso de apelación contra la orden de reconocer y pagar
porcentajes adicionales de cotización a pensión durante el tiempo servido como Fiscal
Delegado, alegando la imprescriptibilidad de los aportes, sin motivación ni análisis
suficiente, en contravía del artículo 187 del CPACA.

24. Frente a la orden de reliquidar la pensión de jubilación y los aportes a salud, indicó
que, la sentencia SUJ-023 de 2020, relativa a la prima del 30% en la Fiscalía, no abordó
el tema de la imprescriptibilidad de aportes a pensión y salud. Incluso, en providencia del
3 de mayo de 2022, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
revocó una decisión de primera instancia que había ordenado dicho reconocimiento,
reiterando que los aportes son imprescriptibles, pero no en el marco de la citada sentencia
de unificación.

25. Debe resaltarse que ni la Ley 4ª de 1992 ni la sentencia de unificación otorgaron
alcance a la prima del 30% para efectos de aportes a seguridad social en salud.

26. Por lo anterior, debe modificarse el numeral cuarto de la sentencia apelada y negarse
la pretensión relacionada con aportes a pensión y salud, pues no fue solicitada por la
parte demandante. De mantenerse, se configuraría un fallo ultra petita, contrario al
principio de congruencia y, en consecuencia, vulnerador del derecho fundamental al
debido proceso.

Trámite de segunda instancia

27. Mediante auto del quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

7
índice 00004 de Samai.

8

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Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

28. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, se analizará si hay lugar a la reliquidación de las
prestaciones sobre el 100% del salario adicional al 30% correspondiente a la prima de
servicios, pues, en sentir de la recurrente se pagó sobre lo determinado en el 2003.

30. Asimismo, se analizará, si es admisible la tesis según la cual no existe
imprescriptibilidad de aportes a pensión y salud.

31. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial; ii) Hechos probados; iii) Caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

32. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .

33. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30%
ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público

8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

9

Número Interno: 3112-2025
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales
del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que
opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de
enero de 1993.»

34. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas
normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo
régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran
voluntariamente a este.

35. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de
servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de 1998
aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere a los
Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto» , por lo que estos servidores

tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

36. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005, la Sección
Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no
le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de
1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del
salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

37. Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15
de diciembre de 2020, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados
frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los
fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura
sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

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Número Interno: 3112-2025
Demandante: Luis Fernando Mejía Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

38. Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022, la Sala de Conjueces se
pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos
por el Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía
General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de
liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

39. En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de
los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios» , pues «[…] no

puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste» , y, al declarar

la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico
esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también desaparecido.
Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa sentencia», y reiteró que, «[…] la
prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición
a éste».

40. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha

11

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construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto
de los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de
asignaciones.

Reliquidación de factores salariales y prestacionales sobre el 100 % de la
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a
título de prima especial.

41. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «[l] Los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado
a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial»; no obstante, dicha elaboración dejó de incluir los

factores de salario cuya base de liquidación incluye la asignación básica del respectivo
empleo (tales como la bonificación por servicios prestados o la prima de servicios) y que,
naturalmente, no tienen la naturaleza de prestación social.

42. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone diferencias
marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada asignación, en la
medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente el servicio prestado,
mientras que los segundos tienen por objeto cubrir contingencias o riesgos a los que
pueda verse expuesto el trabajador, por efecto directo o indirecto de la actividad laboral.

43. Al respecto, cabe destacar que los fiscales, en sus distintos órdenes y niveles,
perciben las siguientes asignaciones:

Otros emolumentos Otros emolumentos que
Factores salariales Prestaciones sociales que integran el IBC de no integran el IBC de
aportes al SGSS aportes al SGSS
Prima de vacaciones Otros servicios
Bonificación por Prima especial 30% autorizados por la ley
servicios prestados Prima de navidad
Bonificación por Bonificación por
Prima de servicios Cesantías compensación actividad judicial

44. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de salario
en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y principios
previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los siguientes sentidos:

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(i) Se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia de la asignación
básica, piedra angular, primer y principal instrumento liquidatario de todos los
factores salariales y prestacionales.

(ii) El sistema de remuneraciones previsto para la Fiscalía General de la Nación
conforma un universo de pautas y asignaciones que genera relaciones de
causalidad y consecuencia liquidatoria entre estas, pues, algunas de ellas,
integren la base de liquidación de otras asignaciones. Verbigracia: la bonificación
por servicios prestados (factor salarial) se calcula en un porcentaje de la totalidad
del sueldo básico; esta, a su vez, sumada a la asignación básica, conforma la base
de liquidación de la prima de servicios (factor salarial). A su turno, la prima de
vacaciones (prestación social), se liquida con base en el salario básico, la
bonificación por servicios prestados y la prima de servicios9.

45. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento en el
30% de asignación básica sustraído, finalmente, terminaría por afectar la cuantía de las
prestaciones que, con la regla adoptada en la mencionada sentencia, se pretenden
restablecer.

Hechos probados.

46. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados
por esta Corporación, se destaca:

a) Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-1007 del 19 de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
por medio del cual, la subdirección seccional de Apoyo a la Gestión de la entidad
demandada, da respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento y pago de
reajuste salarial por concepto de prima especial.

b) Resolución No. 20907 del catorce (14) de abril de dos mil diecisiete (2017),
notificada el veinticinco (25) de abril de esa misma anualidad, por la cual la
Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, resuelve el
recurso de apelación formulado por el demandante, en contra del anterior acto

9
Ver Decreto 1045 de 1978.

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administrativo.

c) Certificación expedida por la entidad demandada, contentiva de los devengados
y las deducciones efectuadas al señor Mejía Rojas en calidad de Fiscal Delegado,
correspondiente a los años 2014 a 2016. Se destaca de este documento que, al
demandante no se le reconocía suma alguna por concepto de prima especial de
servicios.

d) Resolución No. 2010 del treinta (30) de julio de dos mil cuatro (2004)10, suscrito
por el Director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la
Nación, en el que se encarga al demandante en calidad de fiscal delegado ante los
jueces municipales y promiscuos, a partir del primero (1°) de agosto de dos mil
cuatro (2004).

e) A través de la Resolución No. 0-2617 del treinta (30) de julio de dos mil siete
(2007), se nombra en provisionalidad al señor Luis Fernando Mejía Rojas, en el
cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, a partir de la
misma fecha. Asimismo, reposa la respectiva acta de posesión, en que se relaciona
como conceptos devengados: asignación básica y gastos de representación.

f) Constancia de servicios prestados emitido por la entidad demandada, el catorce
(14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en la que se indica que el demandante
ha estado vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el dos (2) de junio de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) y que, a la fecha de expedición del
documento, se desempeñaba como fiscal delegado ante los jueces del circuito,
devengando: sueldo, gastos de representación y bonificación judicial.

Caso concreto.

47. En el presente asunto, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo,
como primera medida, declarar la nulidad del Oficio N° DS-06-12-6-SAJ-1007 del
diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por el Subdirector
Seccional de Apoyo a la Gestión y de la Resolución N° 20907 del cuatro (4) de abril del
mismo año, proferida por el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la

10 Y acta de posesión de la misma fecha.

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Nación. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenó al reajuste
salarial del 30% sobre el salario básico mensual, con efectos retroactivos desde el quince
(15) de diciembre de dos mil trece (2013) por prescripción, incluyendo todas las
prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, seguridad social, pensión,
bonificaciones, etc.), considerando ese porcentaje como factor salarial para los aportes a
pensión y salud.

48. La orden dada por la Sala Transitoria, aplica solo a los períodos en los que el
demandante ejerció como Fiscal Delegado y, debe cumplirse de manera estricta por parte
de la entidad demandada. Ello, por cuanto se advierte que el demandante en algunos
periodos, no fungió de manera continua como fiscal delegado, conforme señaló en los
hechos de la demanda11.

49. El A-quo, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de los
derechos surgidos con anterioridad al quince (15) de diciembre de dos mil trece (2013),
excluyendo de este fenómeno jurídico-procesal, los aportes al sistema general de
seguridad social en salud y pensiones.

50. Precisamente el recurso de apelación se ciñe a dos inconformidades: (i) si procede
reliquidar las prestaciones tomando como base el 100% del salario más el 30% de la
prima de servicios y (ii) si es válida la tesis que sostiene que los aportes a pensión y salud
no son imprescriptibles.

51. Partiendo de lo expuesto, debe señalarse que, la sentencia apelada parcialmente
acató los lineamientos establecidos en el fallo de unificación, dado que, a partir del
análisis probatorio, concluyó que la prima especial de servicios no fue liquidada dentro
de los ingresos mensuales, al desconocer la jurisprudencia vigente para la época y aplicar
de manera incorrecta el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lo que condujo a la nulidad de
los actos administrativos demandados.

52. En ese sentido, no puede perderse de vista que, a partir de los cargos desempeñados
por el accionante desde el primero (1°) de agosto de dos mil cuatro (2004) como Fiscal
delegado ante jueces (de las diferentes categorías), tenía derecho a la prima especial de
servicios y, por ende, su falta de pago resultó ilegal porque desconoce su reconocimiento

11
El demandante indicó que se posesionó como fiscal delegado ante jueces municipales el 1 de diciembre de 2004 y que esta
vinculación fue hasta el 12 de enero de 2005; que posteriormente, ejerció ese cargo, desde el 1 de febrero de 2005. En ese mismo
sentido, señaló que fungió como fiscal delegado ante jueces del circuito desde el 10 de abril de 2006 hasta el 17 de mayo de esa
misma anualidad y que, su siguiente vínculo fue como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, para lo cual tomo
posesión solo hasta el 30 de marzo de 2007. A partir de esta última fecha, se advierte la continuidad como fiscal delegado.

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a partir del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

53. En otras palabras, equivocadamente la entidad no liquidó mensualmente el monto
correspondiente a la prima especial de servicios, lo cual no atiende la voluntad del
legislador de 1992, cuando estableció dicho emolumento como una adición al salario.

54. De modo que, la conclusión a la que arribó la Sala Transitoria en cuanto al
reconocimiento la prima de servicios, se ajusta a los parámetros establecidos en la
sentencia de la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
del 15 de diciembre de 2020.

55. Sin embargo, en esa línea argumentativa, el fallo apelado no sigue la orientación de
la providencia anterior al dar por acreditado que el reconocimiento de la prima especial
de servicios para el sub-lite, tiene un impacto en la liquidación de las prestaciones
sociales reconocidas en favor de la accionante, al haberse efectuado sobre un setenta
por ciento (70%), por entender que aquella hacia parte de la remuneración mensual y no
como un emolumento adicional.

56. En esa dirección, al valorar el certificado de lo devengado por el demandante entre
2014 y 2016, de cara a los decretos que fijaron los salarios anuales de los servidores de
la Fiscalía General de la Nación por esas mismas anualidades, no se advierte que la
remuneración mensual hubiese sido fraccionada, por lo que no puede afirmarse que,
como las prestaciones sociales y otros emolumentos económicos laborales se liquidan a
partir del valor fijado para aquella, su valor se vio sustraído o mermado por la inclusión
de la prima especial de servicios, comoquiera que no se pagó.

57. De modo que, al no verificarse el fraccionamiento de la remuneración mensual para
tenerse por sufragada la prima especial de servicios al accionante, no puede justificarse
un reajuste de las prestaciones sociales y demás emolumentos económicos laborales
que se liquidan con fundamento en aquella, imponiéndose en consecuencia la
modificación del ordinal cuarto y la revocatoria del quinto de la sentencia de primera
instancia.

58. Aclarado lo anterior, se pasa a analizar la inconformidad de la parte pasiva respecto
al pago de aportes a la seguridad social en salud.

59. Frente a ello, debe advertirse que, esta Sección, ha explicado que, «los recursos del

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sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en virtud de esa naturaleza
parafiscal, estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen
un crédito en favor del interesado»12.

60. En este punto debe recordarse que, el pago de aportes a la pensión es obligatorio
conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993; normativa según la cual,
durante la vigencia de la relación laboral deben efectuarse cotizaciones obligatorias al
sistema de seguridad social en salud y pensión por parte de los afiliados, empleadores y
contratistas, con base en el salario o ingresos que devenguen. Asimismo, el parágrafo 1
del artículo 204 ibidem consagró que, la base de cotización de las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, sería la misma contemplada en el sistema general
de pensiones de dicha ley.

61. Por su parte, la Ley 1393 de 2010, en su artículo 33, consagró que las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base
de las cotizaciones a los riesgos profesionales y pensiones.

62. En ese orden de ideas, con miras a garantizar la sostenibilidad del sistema de
seguridad social, esto es, la capacidad para que aquel pueda mantenerse
financieramente viable y operativo a largo plazo, garantizando con ello la protección y
cobertura a toda la población frente a los riesgos que este ampara; es necesario que las
cotizaciones al sistema de seguridad social integral se hagan sobre la base de todo el
salario o ingresos que perciba el trabajador, cotizaciones que deben realizarse sobre la
misma base salarial, tanto para los aportes pensionales como para los aportes a salud.

63. Estos aportes, además, ayudan a garantizar el principio de solidaridad en el sistema
de seguridad social, según el cual, los recursos y esfuerzos se comparten de manera que
se proteja a los grupos más vulnerables y se distribuya la carga económica de manera
equitativa. Esto implica que quienes tienen mayor capacidad contributiva aportan más, y
esos recursos financian la protección social de quienes tienen menor capacidad o están
en situación de riesgo.

64. Por tanto, se considera que, sobre el reajuste salarial y prestacional que se deriva de
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, esto es, la prima
especial de servicios, se debe pagar no solo los aportes pensionales, sino también los

12
C.P, Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad. No.
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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aportes al sistema de seguridad social en salud; en aras de garantizar los citados
principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema13. Así las cosas, el argumento
formulado en el recurso de alzada no tiene ánimo de prosperidad.

65. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala precisa que, los
reconocimientos aquí ordenados proceden sin perjuicio que la entidad demandada
verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, por medio del cual se establece el pago de la prima especial de que trata el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992. Asimismo, se advierte a la Fiscalía General de la Nación, que
solo está obligada a pagar las diferencias que se generan entre lo que se pagó y lo que
correspondía por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones.

Condena en costas.

66. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por
tanto, no se impondrá condena en costas.

67. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos
mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada
por el señor Luis Fernando Mejía Rojas contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO. – MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del veintisiete (27) de junio
de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de la siguiente manera:

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 23 de octubre de 2025; expediente 17001-23-33-000-2021-
00191-02 (1826-2025); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

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«CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al
demandante LUIS FERNANDO MEJÍA ROJAS, la prima especial establecida en el artículo 14 de la
ley 4 de 1992, en un valor adicional o agregado del 30% de la asignación básica, a partir de la fecha
en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fiscal Delegado,
causados desde el quince (15) de diciembre de dos mil trece (2013) y mientras siga desempeñando
alguno de los cargos que le otorga este beneficio. Este reconocimiento en ningún caso podrá superar
los topes.

La entidad deberá tener en cuenta los pagos que se hubieren realizado con ocasión a la entrada en
vigencia del Decreto 272 de 2021, si el demandante continuaba vinculado a esta fecha.

El cumplimiento de la presente providencia está condicionado a que la Fiscalía General de la Nación,
no haya efectuado otro pago por iguales conceptos a los aquí reconocidos.

De igual manera, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema
General de Seguridad Social en salud y pensión, en favor de LUIS FERNANDO MEJÍA ROJAS,
desde el 1 de agosto de 2004, adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su salario
base, correspondiente a la prima especial de servicios.

Para efectos de lo anterior, se advierte a la entidad demandada – Fiscalía General de la Nación,
que solo está obligada a pagar al sistema, las diferencias causadas entre lo pagado y lo que
correspondía por concepto de aportes a seguridad social en pensiones.»

TERCERO. REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos
mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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