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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06187-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06187-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído, los cuales quedarán así: TERCERO. Condenase a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagarle a la demandante, Lida Leida Contreras Hernández, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, desde el veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014), y hasta la fecha en la que funja como fiscal delegada, o se desempeñe en un cargo que la haga beneficiaria del citado emolumento. Para su liquidación y pago, se seguirán los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que ocupó la demandante en el periodo relacionado ut supra. Además, se precisa que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del Decreto 610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Asimismo, la prima especial de servicios solo tiene carácter salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral, así como para los aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 24 Número Interno: 1137-2023 Demandante: Lida Leida Contreras Hernández Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación Las diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06187-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2017-06187-02 (1137-2023)1
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (art. 14 de la Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de: (i) el
Oficio DAP del Siete (7) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), con Rad. Nº.
20173100011941, por medio del cual, el departamento de administración de
personal de la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios como un adicional a la remuneración mensual, así como
la reliquidación de las prestaciones sociales, durante el período comprendido entre

1
Expediente híbrido del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Folios 29-49 del expediente físico.

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), hasta la fecha; y
(ii) de la Resolución Nº. 2-2013 del Treinta (30) de Junio de Dos Mil Diecisiete
(2017), de conformidad con la cual, la subdirección de talento humano de la entidad,
resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la actora.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
adicional a la remuneración mensual, en cuantía equivalente al 30%, durante el
tiempo en el que ha ostentado el cargo que la hace beneficiaria del citado
emolumento, esto es, desde el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), y en adelante, mientras permanezca vinculada al servicio; (ii)
reliquidar las prestaciones sociales, durante el período en comento, “tomando como
base de liquidación de las mismas el 100% de la totalidad de sus remuneraciones ”; (iii) actualizar

los valores resultantes de la condena de acuerdo con el IPC, en los términos del
artículo 187 del CPACA; (iv) pagar los intereses comerciales y moratorios
aplicables; y (v) ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo
establecido en los artículos 189 y 192 del “Código Contencioso Administrativo” (sic).

1.2. Los hechos3

3. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que, ha prestado sus servicios
en la Fiscalía General de la Nación desde el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), en los siguientes cargos: (i) como fiscal delegada ante
jueces penales municipales de Bogotá D.C., desde el Ocho (8) de Marzo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), hasta el Nueve (9) de Marzo de Dos Mil Cinco
(2005); (ii) como fiscal delegada ante jueces penales del circuito, desde el Diez (10)
de Marzo de Dos Mil Cinco (2005), hasta el Nueve (9) de Noviembre de Dos Mil
Catorce (2014); y (iii) como fiscal delegada ante jueces penales del circuito
especializados, desde el Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), hasta
la fecha (tomando como referencia la de radicación de la demanda).

4. Narró que, al ingresar a la entidad, no tuvo la oportunidad de escoger su régimen
salarial, por lo que, se le aplicó el Decreto 53 de 1993, y el Decreto 109 de la misma
anualidad, así como los decretos que posteriormente los modificaron y adicionaron.

3
Folios 29-49 del expediente físico.

3

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Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

5. Indicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, tiene derecho a percibir la prima especial de servicios, de carácter mensual,
y en cuantía equivalente al 30% del salario básico mensual que devenga.

6. Explicó que, año a año, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Ley 4ª de
1992, ha expedido los decretos salariales de los empleados y funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, “negando siempre el carácter salarial de la prima especial”.
Añadió que, se ha liquidado y pagado equivocadamente la prima especial de
servicios, comoquiera que, en lugar de sumarla a las demás remuneraciones
percibidas por los servidores de la entidad, se ha tomado el 30% de la asignación
básica para darle el carácter de prima especial, aspecto que, en su criterio, no sólo
desconoce la finalidad de la norma, sino que disminuye el ingreso del servidor.

7. Adujo que, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo “viene declarando la nulidad
de los actos administrativos que han negado la correcta liquidación de la prima especial de servicios
a los servidores de la Rama Judicial, así como de la Fiscalía General de la Nación ”. Así, puso de

presente antecedentes como el del Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Diez
(2010), dentro del Exp. 2005-01134; del Dos (2) de Marzo de Dos Mil Trece (2013),
dentro del Exp. 2005-03178; y del Veintiuno (21) de Abril del Dos Mil Dieciséis
(2016), dentro del Exp. 0239-2014, en los cuales esta Corporación se ha referido al
carácter de la prima especial de servicios como un sobresueldo o adición.

8. Puntualizó que, el Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017),
presentó ante la Fiscalía General de la Nación una petición encaminada a obtener
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico, en cuantía equivalente al 30% del mismo, así como las respectivas
diferencias entre los valores sufragados y los que se debieron pagar.

9. Mediante el Oficio DAP del Siete (7) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), la
entidad accionada negó el reconocimiento deprecado, decisión contra la cual
interpuso recurso de apelación, el cual fue despachado desfavorablemente, a través
de la Resolución Nº. 2-2013 del Treinta (30) de Junio de ese mismo año.

1.3. Concepto de la violación

10. La parte demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

artículos 2º, 4º, 13, 25, 29, 53, 83, 136, 150 y 209 de la Constitución Política; el
Decreto 3135 de 1968; Decreto 1042 de 1978; Decreto 1045 de 1978; Ley 44 de
1980; Ley 33 de 1985; Ley 50 de 1990; los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 10 y 14 de la Ley
4ª de 1992, los artículos 54 y 64 del Decreto 2699 de 1991; artículos 3º, 6º y 11 del
Decreto 53 de 1993; los decretos expedidos año a año, por medio de los cuales, el
Gobierno Nacional fija el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
entidad; los artículos 127, 128, 132 y 157 del Código Sustantivo del Trabajo; el
Convenio 100 de 1951 de la OIT; y las Leyes 16 de 1972 y 319 de 1996.

11. Manifestó que, la Fiscalía General de la Nación ha desconocido lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ley marco de la cual también destacó lo
establecido en el artículo 2º, literal a), en punto a precisar que, el Gobierno, al fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, debe respetar los
derechos adquiridos y le está proscrito desmejorar los salarios y prestaciones.

12. Hizo referencia a la sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, proferida el Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce
(2014), para resaltar la interpretación acogida por la Corporación frente al alcance
del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 que, sobre el particular, ha sostenido que el
30% de la prima especial de servicios es el parámetro para cuantificar el valor del
emolumento que se suma al salario básico del servidor o funcionario, es decir, aquél
que se concibe como un incremento remuneratorio o un sobresueldo.

13. Con base en los antecedentes de esta Corporación, y del marco normativo
aplicable a la prima especial de servicios, concluyó que tiene derecho a que se le
reconozca y pague el emolumento, en cuantía equivalente al 30% del salario básico,
durante el tiempo de servicios prestados a la Fiscalía General de la Nación. De igual
manera, reiteró que, le asiste el derecho a que sean reliquidadas las prestaciones
sociales, tomando como base de liquidación el 100% de la remuneración
devengada, sin que sea dable sustraer el 30% por concepto de prima especial.

1.4. La contestación de la demanda4

14. Mediante memorial radicado el Veintiocho (28) de Febrero de Dos Mil
Diecinueve (2019), la Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de

4
Folios 75-90 del expediente físico.

5

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Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

las pretensiones de la demanda, al sostener que, la entidad ha liquidado y pagado
la asignación salarial y prestacional de sus servidores -incluyendo la de la parte
actora-, con estricta sujeción a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en
los cuales se estipula que, ninguna autoridad podrá establecer o modificar el
régimen salarial o prestacional estatuida en los decretos expedidos por el ejecutivo,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992.

15. Expresó que, la Ley 4ª de 1992 estableció los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos. Además, indicó que, el artículo 14 ibíd., previó la posibilidad de
crear una prima especial, sin carácter salarial, no inferior al 30%, ni superior al 60%
del salario básico devengado, entre otros, para funcionarios de la Fiscalía General.

16. Anotó que, mediante la Ley 332 de 1996, el legislador dispuso que, la prima
especial de servicios (de la que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992), hace parte
del ingreso base, únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, “para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley ”.

17. Agregó que, a través de la Ley 476 de 1998, se aclaró el alcance del artículo 1º
de aquella norma, en el sentido de indicar que: “ la excepción allí consagrada que hace
alusión a la Ley 4ª de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se
acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto”. En consecuencia, para dichos servidores, la prima

especial de servicios a la que se refiere el artículo 6º del Decreto 53 de 1993, y los
decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan, “tendrá carácter salarial para efectos
de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación ”.

18. Subrayó que, la Sección Segunda del Consejo de Estado “se ha ocupado del estudio
de legalidad de los decretos que han fijado la escala salarial de los servidores de la Fiscalía General
de la Nación, providencias en las que se ha declarado la nulidad de los artículos que contemplan la
prima especial del 30% sin carácter salarial”. En esa línea, trajo a colación la sentencia del

Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), proferida por esta Corporación, para
señalar que se trata del precedente vigente para la solución del caso planteado.

19. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) prescripción; (ii) caducidad;
(iii) cumplimiento de un deber legal; (iv) carencia de objeto; y (v) la genérica.

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1.5. La sentencia de primera instancia5

20. En sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se estuvo a lo resuelto
en la sentencia de unificación del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos acusados. En tal virtud, condenó, a
título de restablecimiento del derecho, al reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios, en cuantía equivalente al 30% de la asignación, así como la
reliquidación de las prestaciones tomando como base la totalidad del salario. A su
vez, se declaró probada la prescripción trienal respecto a las sumas causadas con
anterioridad al Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014). Así, dispuso:

PRIMERO. Estese a lo resuelto en la sentencia la sentencia de unificación – SUJ – 023-CE-
S2-2020 proferida el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del Radicado: 73001-23-
33-000-2017-00568-01 (5472-2018) Demandante: Nayibe Lorena Pérez Castro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Nulidad y Restablecimiento
del Derecho - Conjuez ponente Jorge Iván Rincón Córdoba, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No.
20173100011941de 7 de marzo de 2017, mediante el cual resolvió el derecho de petición, y
la Resolución No. 2 2013 del 30 de junio de 2017, expedidos por la fiscalía general de la
Nación, por medio de los cuales se negó a la demandante los derechos laborales
reclamados, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Condenase a la Nación- Fiscalía General de la Nación a pagarle la demandante
Lida Leida Contreras Hernández, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados a partir del 24 de febrero de 2014 y hasta la fecha en que
funja o fungió en el cargo de Fiscal Delegada antes los Jueces del Circuito sobre la base del
salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación
y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin
lugar a detraer (sic) retrotraer de la misma el 30% de la prima especial, por lo cual si ello
ocurrió así, se debe proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado.
Siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en
ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo que ocupó la demandante en el periodo supra relacionado. Precisándose, además,
que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto 610 de 1998, no podrá
superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que la prima especial de
servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para la reliquidación
de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social
en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO (sic). Declarar probada la excepción de prescripción trienal respecto a las sumas
causadas con anterioridad al 24 de febrero de 2014 y sólo se reconocerá el pago por
concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante Lida Leida
Contreras Hernández, como un emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del
salario básico y/o asignación básica, aquellas sumas causadas a partir del 24 de febrero de

5
Índice 00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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2014 y hasta el día en que funja o fungió en dicho cargo u otro equivalente que sea
beneficiario de la prima especial.

CUARTO. Desestímense las demás excepciones planteadas por la entidad demandada.

QUINTO. Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el artículo
187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al
consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEXTO. Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan los
supuestos de hecho y de derecho.

SÉPTIMO. Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en los artículos 192 y 195 ibidem, acatando la Sentencia C - 188 de 1999.

OCTAVO. Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta sentencia
con la constancia de su notificación y ejecutoria. (Art. 114 núm. 2 CGP).

NOVENO. Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto
del depósito de despensas para atender los gastos ordinarios del proceso.

DÉCIMO. Sin condena en costas en esta instancia”.

21. En primer lugar, la Sala desestimó la excepción de caducidad propuesta por la
entidad demandada, al encontrar acreditado que, para la fecha de radicación de la
demanda, la actora continuaba vinculada a la Fiscalía General de la Nación y, al
tratarse de prestaciones periódicas, las mismas no quedaban cobijadas por el
fenómeno jurídico-procesal en comento, por lo que, la demanda podía presentarse
en cualquier tiempo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 164.1 del CPACA.

22. En segundo lugar, el A-quo determinó que a la demandante, en su condición de
fiscal delegada ante jueces del circuito, le asiste el derecho a “la reliquidación del salario
y las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir, con la inclusión del 30%
que le había sido excluido a título de prima especial de servicios”, teniendo en cuenta que, los

empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad, tienen derecho al pago de la prima especial de servicios, como un
emolumento adicional que asciende “al 30% del 100%” del salario, sin que, en
ningún caso, se superen los porcentajes máximos fijados por el Gobierno Nacional.

23. Frente al fenómeno prescriptivo, la Sala Transitoria explicó que, con sujeción a
las reglas prohijadas en la sentencia de unificación (SUJ-023-CE-S2-2020) del
Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, el término de prescripción debía computarse “a partir del momento en que se haya

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Número Interno: 1137-2023
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Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

hecho exigible la obligación y de acuerdo con la regla instituida en la sentencia de unificación
precitada, se concluye que comoquiera que en el presente caso, se encuentra acreditado que la
demandante presentó la reclamación administrativa el 24 de febrero de 2017, ha de concluirse que
las sumas causadas antes del 24 de febrero de 2014 se encuentran prescritas ”.

24. Aunado a lo expuesto, el Tribunal precisó que la prima especial de servicios
constituye factor salarial “sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación”. En adición, anotó que la demandante, quien funge como fiscal delegada

ante jueces del circuito, tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de
sus ingresos mensuales, “liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste”,
como rubro correspondiente a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. Asimismo, concluyó que, la señora Contreras Hernández tiene derecho
a que, desde el Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), y mientras siga
ostentando el cargo que le genere tal beneficio, se reliquiden sus prestaciones
sociales “sobre la base de todo el salario básico, sin lugar a retrotraer de la misma el 30% de la
prima especial, por lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste ”.

25. Por último, el juez de primera instancia desestimó las demás excepciones
propuestas, a saber, las de: (i) carencia de objeto, al evidenciar que la actora sí
tiene derecho al pago de la prima especial de servicios; y (ii) cobro de lo no debido,
por cuanto, en su criterio, la misma -excepción- carece de respaldo probatorio que
así la acredite, en atención a lo preceptuado por el artículo 167 del CGP.

1.6. El recurso de apelación6

26. Mediante memorial radicado el Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022)7,
la entidad solicitó se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda. Para sustentar el recurso, la demandada empezó
por advertir que, aunque el A-quo se refirió in extenso a la sentencia de unificación
del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), pasó por alto un aspecto de
medular importancia, consistente en que “a los servidores de la Fiscalía General de la
Nación, beneficiarios de esta prima del 30% desde el año 2003 se les viene liquidando sus
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario ”, aserto que respaldó en que, en el caso

analizado en esa oportunidad, a la demandante -en dicho proceso- no se le
descontó de su salario el concepto de prima especial de servicios, desde el 2003.

6
Índice 00043 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
7
Ibidem.

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Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

27. Por lo dicho, advirtió que, en el marco de ese proceso, una vez el Consejo de
Estado analizó la constancia de históricos devengados, “se da cuenta que hasta el año
2002, la Fiscalía General de la Nación pagó a los servidores beneficiarios la prima de 30%, mal
liquidada concluye, pues del 100% de su salario, se tomaba dicho 30% para establecerse como
prima”. Sobre esa base, sostuvo que, desde el 2003, la entidad “ dejó de descontar el

30% de su salario para imputarse como prima, y en cambio, pago de manera completa su salario”.

28. Adicionalmente, reprochó que, el Tribunal hubiera omitido pronunciarse en la
parte motiva sobre las razones por las cuales ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales de la demandante. Frente al particular, sostuvo que no era
procedente el “reajuste” de las prestaciones sociales, comoquiera que “a los
demandantes (sic) se les reconoció y pagó el 100% de su salario y sobre ese 100% se realizó la
liquidación de sus prestaciones sociales” y, por ese motivo, una orden en ese sentido

generaría lo que, en su criterio, constituye una “doble retribución con cargo al erario”.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia

29. Mediante el auto del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el
despacho sustanciador avocó conocimiento de la presente controversia, de acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 116 del CPACA, y, adicionalmente, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra el fallo de primera instancia. Así, al no
haber pruebas por practicar, autorizó a las partes para presentar los alegatos de
conclusión por escrito, luego de lo cual, el proceso ingresó al despacho para fallo,
sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 9 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse

8
Índice 00031 del expediente que reposa en el Samai.
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por

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solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

31. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, lo siguiente:

(i) ¿El juez de primera instancia desconoció el precedente contenido en la
sentencia de unificación del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), proferido por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda
de esta Corporación, al omitir que la Fiscalía General de la Nación, desde
el 2003, dejó de descontar el 30% por concepto de prima especial de
servicios, pagando así de manera completa la asignación básica?
(ii) ¿La orden encaminada a reliquidar las prestaciones sociales de la
demandante sobre el 100% del salario carece de fundamento y, en
adición, constituye una doble erogación con cargo al erario?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios

32. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de
ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

33. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el Legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de

la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

34. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992. Sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del Siete (7) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes
se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

35. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

36. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del Tres (3) de Marzo de Dos Mil Cinco (2005), la Sección Segunda declaró la
nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que « […] no le era dable al
Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992],
otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del
salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

37. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de
Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la
prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
precisando que, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que
implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede
entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte
negativamente los derechos del trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó
que: (i) la prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o

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asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los
beneficiarios tienen derecho a percibirla como un incremento del salario básico, sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.

38. Posteriormente, la Sala Plena de Conjueces profirió la sentencia SUJ-023-CE-
S2 del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), en la cual, se
establecieron los parámetros que, en su momento, la Sala consideró adecuados
frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento
a los fiscales a quienes se les aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad,
esta Colegiatura sentó las siguientes reglas:

(i) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor.

(ii) La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación.

(iii) A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos
de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53
de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a
la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

(iv) Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con
la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

(v) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la

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reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

39. Finalmente, en virtud de la providencia del Veintiuno (21) de Septiembre del Dos
Mil Veintidós (2022), la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del
Decreto 53 de 1993, y los decretos anuales expedidos por el Gobierno,
modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación
para el período comprendido entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la
naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.

40. En esa ocasión, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de
los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios », pues,

«no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste », y, al
declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que « del hecho de desaparecer del
mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya
también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa
sentencia». Asimismo, reiteró que, «la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del

salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

41. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y
distinción, no sólo frente a la asignación básica establecida para los fiscales en sus
diferentes órdenes, sino respecto a los demás factores salariales y prestacionales
que integran el correspondiente régimen de asignaciones.

2.3.1. Sobre la reliquidación de factores salariales y prestacionales

42. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «los empleados públicos
de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan
vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial ». No obstante, dicha

elaboración dejó de incluir los factores de salario cuya base de liquidación
contempla la asignación básica del respectivo empleo (tales como la bonificación
por servicios prestados o la prima de servicios) y que, naturalmente, no tienen la

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naturaleza de prestación social.

43. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone
diferencias marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada
asignación, en la medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente
el servicio prestado, mientras que, los segundos, tienen por objeto cubrir
contingencias o riesgos a los que pueda verse expuesto el trabajador, por efecto
directo o indirecto de la actividad laboral. Al respecto, cabe destacar que los fiscales,
en sus distintos órdenes y niveles, perciben las siguientes asignaciones:

Otros
emolumentos
Otros
que no
Factores Prestaciones emolumentos que
integran el
salariales sociales integran el IBC de
IBC de
aportes al SGSS
aportes al
SGSS
Otros servicios
Prima de vacaciones autorizados
Bonificación por la ley
Prima especial
por servicios
30%
prestados Prima de navidad
Bonificación
Bonificación por por actividad
Prima de Cesantías judicial
compensación
servicios

44. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de
salario en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y
principios previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los
siguientes sentidos: (i) se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia
de la asignación básica, piedra angular, primer y principal instrumento liquidatario
de todos los factores salariales y prestacionales; y (ii) el sistema de remuneraciones
previsto para la Fiscalía General de la Nación conforma un universo de pautas y
asignaciones que genera relaciones de causalidad y consecuencia liquidatoria entre
éstas, pues, algunas de ellas, integren la base de liquidación de otras asignaciones.

45. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento
en el 30% de asignación básica sustraído, terminaría por afectar la cuantía de las
prestaciones que, con la regla adoptada en la sentencia, se pretenden restablecer.

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2.4. Hechos probados

46. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)10,
tramitada con el Rad. Nº. 20176110181172, la señora Lida Leida Contreras
Hernández le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la “liquidación, reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios consagrada en la Ley 4ª de 1992, como adicional a la
remuneración mensual, en el equivalente al 30% conforme lo ha establecido el H. Consejo de Estado,
desde el 8 de marzo de 1995 y hasta la fecha”, así como la reliquidación de las prestaciones

sociales, teniendo como base el 100% de la remuneración, incluida la prima en cita.

b) A través del Oficio DAP del Siete (7) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), con
el Rad. Nº. 2017310001194111, la jefe de departamento de personal (e) negó el
reconocimiento deprecado, arguyendo que la Fiscalía General de la Nación “ha dado
cumplimiento a los mandatos propios de la materia, de forma integral y sin dilaciones ”.

c) Mediante escrito del Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)12, la
señora Contreras Hernández interpuso recurso de apelación contra la decisión
anterior, impugnación que fue resuelta por la subdirección de talento humano de la
entidad, mediante la Resolución Nº. 2-201313 del Treinta (30) de Junio de la referida
anualidad, en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto primigenio.

d) Según la constancia de servicios expedida por la entidad el Dieciséis (16) de
Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)14, la señora Contreras Hernández se vinculó a la
Fiscalía General de la Nación desde el (16) de Julio de Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992), fecha para la cual ostentaba el cargo de “técnico judicial grado 9”. Sin
embargo, desde el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995),
empezó a desempeñarse como fiscal local. Luego, fungió como fiscal delegada ante
jueces del circuito y, desde el Primero (1º) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), en
lo sucesivo, funge como fiscal delegada ante jueces del circuito especializados.

e) En otro documento denominado igualmente “constancia de servicios prestados”,

10
Folios 3-5 del expediente físico.
11
Folios 6-9 del expediente físico.
12
Folios 10-13 del expediente físico.
13
Folios 14-27 del expediente físico.
14
Folio 63 del expediente físico.

16

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expedido el Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)15, por el jefe de
departamento de personal (e), se dejó consignado que la señora Lida Leida
Contreras Hernández: (i) ingresó a la entidad desde el Dieciséis (16) de Julio de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992); (ii) el último cargo desempeñado es el de fiscal
delegada ante jueces del circuito especializados (396003), en la dirección de justicia
transicional; (iii) se encuentra en servicio activo; y (iv) devenga los conceptos de a)
sueldo básico, b) gastos de representación, y c) la bonificación judicial.

2.5. Análisis del caso concreto

47. En el asunto sub examine, la señora Lida Leida Contreras Hernández, en su
calidad de fiscal delegada ante jueces del circuito especializados, pretende el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, como un incremento adicional al salario básico, en cuantía
equivalente del 30%, desde el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995) -fecha de vinculación como fiscal delegada-, y mientras desempeñe el
cargo que genere el pago del citado emolumento. Asimismo, solicita se ordene la
reliquidación de las prestaciones sociales, tomando como base el 100% del salario
básico, es decir, sin sustraer del total el 30% de la prima especial de servicios.

48. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, y bajo la égida de las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso de autos16, el Tribunal concluyó que a la parte
actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, como un incremento adicional frente a la asignación básica, desde el
Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), por prescripción, y mientas
funja como fiscal delegada, sin que, en ningún caso, se superen los topes máximos
fijados por el Gobierno Nacional. En la providencia recurrida, el A-quo precisó, por
un lado, que se imponía la reliquidación de las prestaciones sociales, sobre la base
de “todo el salario básico”, y, por el otro lado, puntualizó que, “la prima especial de servicios
sólo constituye factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación
laboral así para aportes a seguridad social en salud”.

49. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada solicita
se revoque el fallo impugnado para, en su lugar, negar las súplicas de la demanda,

15
Folio 57 del expediente físico.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.

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pedimento que afincó en dos (2) reparos: (i) primero, que el A-quo desconoció la
sentencia de unificación del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020),
proferida por la Sala Plena de Conjueces de esta Sección, al haber pasado
inadvertido que, desde el 2003, la Fiscalía General de la Nación “dejó de descontar el
30% de su salario para imputarse como prima, y en cambio, pagó de manera completa su salario ”;

y (ii) en segundo lugar, que el fallador de instancia omitió pronunciarse sobre las
razones por las cuales ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales de la
demandante, omitiendo el hecho según el cual, “a los demandantes (sic) se les reconoció
y pagó el 100% de su salario y sobre ese 100% se realizó la liquidación de sus prestaciones ”.

50. Previo a abordar los problemas jurídicos planteados, la Sala encuentra
acreditado que: (i) de conformidad con las constancias de servicios incorporadas al
dosier17, la señora Contreras Hernández se desempeñó, en un primer momento,
como fiscal local, desde el Ocho (8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995), luego ostentó el cargo de fiscal delegada ante jueces del circuito y, desde el
Primero (1º) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), hasta la fecha en que promovió
de la demanda, fungía como fiscal delegada ante jueces del circuito especializados;
y (ii) en el ejercicio de este último cargo, se pudo corroborar que devenga los
conceptos de sueldo básico, gastos de representación y la bonificación judicial18.

51. Valga anotar que, en esta instancia, la entidad no discute el derecho de la
demandante a devengar la prima especial de servicios, sino la aplicación del
precedente (contenido en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15
de diciembre de 2020, proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda), en punto a la fecha desde la cual, según sostuvo, la Fiscalía General de
la Nación viene reconociendo, sin sustraer ningún porcentaje de la asignación
básica, el citado emolumento a favor de algunos de sus servidores.

52. Precisado lo anterior, la entidad recurrente sostiene, en primer término, que el
A-quo prescindió un hecho esencial abordado en la sentencia de unificación referida
ut supra, consistente en que, a los servidores de la Fiscalía General de la Nación
beneficiarios de la prima especial de servicios, desde el 2003, se les dejó de
descontar el 30% del concepto en cita de la asignación básica, y que, desde ese
entonces, se liquidan las prestaciones sociales sobre el 100% del salario.

17
Folio 63 del expediente físico.
18
Folio 57 del expediente físico.

18

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53. En lo que toca a la conformidad del pago de la prima especial de servicios, la
Sala considera que, no es de recibo el argumento esgrimido por la entidad apelante,
teniendo en cuenta que, justamente, en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-
S2-2020 del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020)19 a la que alude,
cuyas conclusiones no difieren de las de la sentencia de unificación SUJ-016-CE-
S2-2019 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), se reafirmó que
la prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de ésta y, en consecuencia, los
destinatarios de la misma tienen derecho, en los términos de tales providencias, al
reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten.

54. Nótese que, esta Corporación, ha explicado en distintas oportunidades,
incluyendo los antecedentes mencionados en precedencia, que la prima especial
de servicios no puede concebirse como una proporción de la asignación básica que
se integra a ella, o que se sustrae del total (en un 30%), sino como un agregado al
ingreso de los servidores que la devengan, por lo que, debe representarse como un
aumento y no una merma o reducción en su asignación básica20, entendimiento que
se armoniza con el artículo 53 Constitucional, y con los criterios y objetivos definidos
en la Ley 4ª de 1992, entre ellos, el no desmejoramiento de las condiciones
laborales y salariales, a los cuales el Gobierno Nacional debe estricta observancia.

55. Para ilustrar la naturaleza de la prima especial de servicios como un sobresueldo
o incremento de la asignación y/o salario básico, la Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda, en la ya citada sentencia de unificación del Quince (15) de
Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), trajo a colación la siguiente representación:

Interpretación correcta: la prima equivale a Interpretación correcta: la liquidación de
un 30% adicional al salario básico y/o las prestaciones sociales y cesantías se
asignación básica debe realizar sobre el 100% del salario.

Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000

Salario más prima: $13.000.000 Salario más prima: $13.000.000

Total a pagar al servidor: $13.000.000 Base para liquidar prestaciones:$10.000.000

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009. Exp. 11001-
03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). Consejero Ponente: Gustavo Gómez Aranguren.

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56. Siendo así las cosas, no es acertado, como lo expone la demandada en el
recurso de alzada, que desde el 2003 la Fiscalía General dejó de descontar el 30%
de la prima especial de servicios del salario, procediendo a pagarlo en un 100%, y
que, por ese hecho, viene actuando de conformidad con los decretos que fijan el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la entidad, y con el precedente
vinculante, pues, salta a la vista -de ese mismo aserto- que el emolumento bajo
estudio no se ha reconocido como un incremento o un adicional a la asignación.

57. No pasa inadvertido que, las anteriores consideraciones, llevaron a la Sala Plena
de Conjueces de esta Sección a concluir -en esa oportunidad- que los actos
administrativos demandados, por medio de los cuales la Fiscalía General de la
Nación negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como una
adición o agregado de la asignación básica mensual, estaban viciados de nulidad y,
como consecuencia de lo anterior, le ordenó a la entidad, a título de restablecimiento
del derecho, “la consignación de la prima especial correspondiente al 30% del salario y/o
asignación básica que corresponde a la demanda debidamente indexado ”. Luego, no es cierto,

como lo arguye la apelante, que dicho antecedente prohijó una conclusión distinta,
asociada al pago del emolumento, que resulte aplicable al asunto de marras.

58. El segundo motivo de inconformidad versa sobre la presunta omisión del
Tribunal en mencionar, en la parte motiva del fallo, las razones por las cuales ordenó
la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante, tomando como base
el 100% de la asignación básica, máxime, si se tiene en cuenta que, a su juicio, “a
los servidores de la Fiscalía General de la Nación, beneficiarios de esta prima del 30% desde el año
2003 se les viene liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario ”.

59. Contrario a lo argüido por la entidad demandada, el A-quo fue claro en precisar
que acogía las reglas adoptadas en la pluricitada sentencia de unificación SUJ-023-
CE-S2-2020 del Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020)21, en materia
de reliquidación de las prestaciones sociales, postulados que, fuerza decir, fueron
debidamente relacionados en la parte motiva de la providencia.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.

20

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60. En dicho pronunciamiento, en el que se unificó jurisprudencia respecto a la prima
especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y su reconocimiento a
aquellos fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993, o que
se hubieren vinculado con posterioridad a la entidad, se precisó que: (i) a partir de
la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos de la Fiscalía
que se acogieron al régimen salarial consagrado en el mentado Decreto, tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno Nacional, atendiendo al cargo correspondiente; y que (ii) los empleados
antes descritos tienen derecho, desde 1998, a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

61. Sin perjuicio de la mención que hizo el A-quo en la parte considerativa, no
escapa para esta Sala que, la orden emanada por esa sede judicial, en punto a la
reliquidación de las prestaciones sociales, no se afincó en un análisis detallado de
las pruebas allegadas al plenario. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al valorar el
certificado de lo devengado por la demandante, de cara a los decretos que fijaron
los salarios anuales de los servidores de la Fiscalía por ese período, no se advierte
que la remuneración mensual hubiese sido fraccionada, por lo que, no puede
afirmarse que, como las prestaciones sociales y otros emolumentos laborales se
liquidan a partir del valor fijado para aquella, su valor se haya visto sustraído o
mermado por la inclusión de la prima especial, comoquiera que no se pagó.

62. Así las cosas, al no verificarse el fraccionamiento de la remuneración mensual
para tenerse por sufragada la prima especial de servicios, no puede justificarse la
pretendida reliquidación de las prestaciones sociales, y demás emolumentos que se
liquidan con fundamento en ella, imponiéndose, en consecuencia, la modificación
del ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo apelado, en orden a suprimir el
fragmento orientado a ordenar la reliquidación en comento. Esta conclusión se
armoniza con la posición de la Sala, acogida, entre otras, en la sentencia del
Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)22, en la cual, en un caso de
similares contornos fácticos y jurídicos, en el que también se discutió la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, se concluyó

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo
de 2026, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 25000-23-42-000-2023-00224-01 (3112-2025).

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

que “el reajuste ordenado solo tiene incidencia desde el punto de vista de los aportes pensionales ”.

63. Bajo el contexto que antecede, el único reparo de la entidad que está llamado a
prosperar es aquel encaminado a dejar sin efectos la orden de reliquidación de las
prestaciones sociales, sobre la base del 100% de la asignación básica. Ello no es
óbice para que esta Sala, con el propósito de preservar la legalidad en abstracto,
de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley,
y de salvaguardar el erario y el principio de sostenibilidad fiscal, modifique algunos
ordinales de la parte resolutiva, los cuales pueden resultar ambiguos e imprecisos.

64. En la medida en que, para la fecha de presentación de la demanda, la actora se
encontraba en servicio activo, ostentando el cargo de fiscal delegada ante jueces
del circuito especializados, en la dirección de justicia transicional de la Fiscalía
General de la Nación, se adicionará un inciso en el ordinal tercero de la parte
resolutiva del fallo apelado, en orden a precisar que, las diferencias a pagar deben
atender a los períodos estrictamente laborados, hasta tanto la entidad dé aplicación
a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese momento, la
demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a
dicha prima especial de servicios o, en su defecto, hasta su desvinculación, sin que,
en ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos, se supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno para el cargo que otorga el referido emolumento,
circunstancia que deberá verificar la entidad al momento de efectuar la liquidación.

65. Asimismo, en el citado ordinal, se adicionará otro inciso en el que se hará constar
que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los conceptos aquí
reconocidos, es decir, a los derivados de la prima especial. Esta previsión está
orientada a evitar que se incurra en una duplicidad de pagos por conceptos
equivalentes, circunstancia que, de precaverse, lesionaría el erario y atentaría
contra el principio de sostenibilidad fiscal que ampara la Constitución Política.

66. Ahora bien, observa la Sala que el juez de primera instancia incurrió en un error
en la relación de los ordinales del resuelve, en la medida en que repitió el “tercero”.
Para todos los efectos, ha de entenderse que la siguiente modificación versa sobre
el ordinal cuarto, corrección que así quedará consignada en esta providencia.

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

66.1. Dicho lo anterior, la Sala debe recordar que, según lo acreditado en el proceso,
la señora Contreras Hernández asumió, como fiscal delegada, desde el Ocho (8) de
Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), esto es, antes de la entrada en
vigor de la Ley 476 de 1998 (publicada el 9 de septiembre de esa anualidad), norma
en la que se aclaró que, “la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6º del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan, tendrá carácter salarial para
efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación ”.

66.2. En la medida en que la actora ha ejercido un cargo que le genera el beneficio
al pago de la prima especial de servicios, antes y después de la Ley 476 de 1998,
habrá de distinguirse la orden tendiente a efectuar los aportes al sistema general de
seguridad social en salud y pensiones, los cuales, según lo concluido por el Tribunal,
son imprescriptibles, aserto que coincide con lo sostenido por esta Sala23.

66.3. Así pues, se modificará el ordinal cuarto de la providencia objeto de apelación,
que se relaciona con la excepción de prescripción, para aclarar que, sin perjuicio
del período frente al cual operó la prescripción trienal (sumas causadas con
anterioridad al 24 de febrero de 2024), los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones y salud deberán ser liquidados y pagados por la entidad
demandada por todo el período en que la actora haya ejercido como fiscal delegada,
y durante el tiempo en que hubiere tenido derecho a percibirla, así: (i) desde el Ocho
(8) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), y hasta el Ocho (8) de
Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), sobre el 100% del salario,
sin la deducción del 30%, ni el incremento en igual porcentaje; y (ii) a partir del
Nueve (9) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), fecha de
vigencia de la Ley 476 de 1998, sobre la base del 100% de la asignación básica,
más la adición del 30% por concepto de prima especial de servicios.

66.4. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y, además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante a fin de
garantizar la realización de los mismos. Dichos descuentos se aplicarán en el

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« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de
carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido
desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En
consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo,
como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge
Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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período no cobijado por el fenómeno prescriptivo.

67. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós
(2022), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al suprimir el fragmento relativo a la reliquidación de las
prestaciones sociales, y agregar dos incisos; a su turno, modificará el ordinal cuarto,
con las precisiones antedichas; y, en lo demás, confirmará la providencia apelada.

2.6. Condena en costas.

68. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las consideraciones expuestas en este proveído, los cuales quedarán así:

TERCERO. Condenase a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagarle a
la demandante, Lida Leida Contreras Hernández, la prima especial de servicios consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto
del 100% del salario básico, desde el veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014),
y hasta la fecha en la que funja como fiscal delegada, o se desempeñe en un cargo que la
haga beneficiaria del citado emolumento. Para su liquidación y pago, se seguirán los
parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que ocupó la demandante en
el periodo relacionado ut supra. Además, se precisa que aquellos funcionarios beneficiarios
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sometidos
al régimen del Decreto 610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 80% de
lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual
a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
Asimismo, la prima especial de servicios solo tiene carácter salarial para la reliquidación de
la pensión de jubilación durante toda la relación laboral, así como para los aportes a
seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Las diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados, hasta tanto
la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese
momento, la demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho
a dicha prima especial de servicios o, en su defecto, hasta su desvinculación, sin que, en
ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos, se supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno para el cargo que otorga el referido emolumento, circunstancia que deberá
verificar la entidad al momento de efectuar la liquidación.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la demandante por los conceptos aquí reconocidos, es decir,
a los derivados de la prima especial.

CUARTO. Declarar probada la excepción de prescripción trienal respecto a las sumas
causadas con anterioridad al veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014),
reconociendo, por el período que no fue afectado por el fenómeno prescriptivo, la prima
especial como un adicional, sobresueldo o incremento del 30% frente al salario básico.

La prescripción no opera frente a los aportes en seguridad social en pensiones y salud, los
cuales deberán ser liquidados y pagados por la entidad demandada por todo el período en
que la actora haya ejercido como fiscal delegada, y durante el tiempo en que hubiere tenido
derecho a percibirla, así: (i) desde el ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995), y hasta el ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), sobre
el 100% del salario, sin la deducción del 30%, ni el incremento en igual porcentaje; y (ii) a
partir del nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), fecha de la
entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998, sobre la base del 100% de la asignación básica,
más la adición del 30%, por concepto de prima especial de servicios.

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y,
además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante a
fin de garantizar la realización de estos, descuentos que se aplicarán al período no cobijado
por el fenómeno prescriptivo.

SEGUNDO. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del Treinta y Uno (31) de Mayo
de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, atendiendo a las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Número Interno: 1137-2023
Demandante: Lida Leida Contreras Hernández
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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