RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-01063-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01063-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01063-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Fiscal delegado.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones con el 100 %
de la remuneración mensual. Subtema 2: reconocimiento y pago de la prima especial
sin carácter salarial, prescripción trienal. Subtema 3: aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones y Salud. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de
aportes. Subtema 4: congruencia – fallo ultra petita.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, el 27 de junio de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante, vinculada a la FGN desde el 3 de septiembre de 2012, en calidad de
fiscal delegada, solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual la entidad le
negó el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como emolumento adicional a su salario, así como la reliquidación de
las prestaciones sociales que se vieron afectadas al considerar que dicha prima, sin
factor salarial, hacía parte de la remuneración básica.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que
dicho emolumento no se pagó a la demandante en la forma ordenada por la ley, lo que

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

incidió en la base de liquidación de sus prestaciones. Asimismo, se definió que la prima
especial tiene carácter salarial solo para efectos pensionales y de salud.

La Subsección confirmará parcialmente la sentencia. En tal sentido, revocará las
órdenes emitidas en primera instancia, por cuanto no acreditó que la entidad liquidó y
pagó las prestaciones de la accionante sobre el 70 % de su asignación básica, al incluir
la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dentro del 100 % de dicha
asignación. En su lugar, se ordenará el reconocimiento y pago de la prima especial
desde el 27 de julio de 2018 –por prescripción trienal– y hasta el 31 de diciembre de
2020, dada la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. Asimismo, se ordenará la
reliquidación y consignación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones y Salud.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Amanda Rodríguez Velásquez, mediante apoderado judicial,
presentó demanda el 13 de diciembre de 20211, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación,
con las siguientes pretensiones2:

2. Extender los efectos de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala
de Conjueces el 29 de abril de 2014, radicado 11001032500020070008700 (1686-
2007); el 2 de septiembre de 2019, radicado 41001233300020160004102 (2204-
2018); y el 15 de diciembre de 2020, radicado 73001233300020170056801 (5472-
2018).

3. Se inapliquen los decretos salariales a través de los cuales el Gobierno nacional
desde el año 2003 hasta el 2020 reglamentó la prima especial de servicios para los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

4. Se declare la nulidad del Oficio 20215920008701 del 3 de agosto de 2021 por
medio de la cual la entidad accionada le negó a la accionante la prima especial de
servicios como un emolumento adicional al salario, y la reliquidación de sus
prestaciones sociales teniendo en cuenta como base el porcentaje correspondiente a
dicha prestación.

5. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó que se
ordene a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar la prima especial de
servicios equivalente al 30 % del salario básico legal, como adición de la remuneración
mensual básica. Asimismo, que se ordene el pago de las diferencias en los salarios y

1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital, archivo

4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), págs. 1 a 35.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

las prestaciones sociales a que haya lugar, tomando como base el porcentaje
correspondiente a dicha prestación, y la respectiva reliquidación de los aportes para
pensión.

6. Pidió que, en lo sucesivo, la asignación básica se le pague en un 100 % y la
prima especial se liquide y pague como un incremento al salario.

7. También, que se dé cumplimiento al fallo de acuerdo con lo previsto en los
artículos 187, 188, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y que se condene en costas a la
accionada.

2.1.1. Hechos

8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

9. La accionante ha prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación,
como fiscal delegada y durante su vinculación la entidad le ha aplicado los decretos
que reglamentaron el régimen salarial de la entidad desde el año 1993 hasta el 2020.

10. Señaló que la accionada no calculó ni agregó al ingreso mensual de la
demandante la prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4 de 1992) equivalente
al 30 % de la asignación básica, sino que solo lo hizo a partir del Decreto 272 de 2021,
con efectos fiscales desde el 1 de enero de esa anualidad.

11. Adujo que la demandada reconoció y pagó a la accionante las prestaciones
sociales tomando como base de cotización el salario y los gastos de representación,
sin incluir la prima especial de servicios como factor salarial, razón por la que no
efectuó los aportes a pensión en el monto que correspondía.

12. El 27 de julio de 2021 solicitó a la FGN que se reconociera la prima especial de
servicios equivalente al 30 % del salario básico legal, como adición de la remuneración
mensual básica, y que se reliquidara y pagara la diferencia debida concerniente a los
salarios y las prestaciones sociales a que haya lugar, tomando como base el
porcentaje correspondiente a dicho emolumento. Además, la reliquidación de los
aportes a pensión, dado el carácter salarial de la referida prima especial.

13. Mediante el Oficio 20215920008701 del 3 de agosto de 2021 la entidad negó lo
pretendido por la demandante.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

14. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:

3

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

• De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53,
83, 136, 150 —numeral 19— y 209.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 2 y 14.
• De la Ley 270 de 1996, el artículo 152 —numeral 7—.
• Ley 1437 de 2011, los artículos 3 —numerales 1, 2 y 3— y 10.
• Convención Americana de Derechos Humanos —Ley 16 de 1972—.
• Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos —Ley
319 de 1996—.
• Los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT.
• Del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 127, 128, 143.
• Los decretos 053 y 057 de 1993; 106 de 1994; 43 de 1995; 36 de 1996; 76 y 246
de 1997; 64 de 1998; 44 de 1999; 2740 de 2000; 2720 de 2001; 673 de 2002;
3569 de 2003; 4172 de 2004; 936 de 2005; 389 de 2006; 618 de 2007; 658 de
2008; 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013;
194 de 2014; 1257 y 1105 de 2015 — artículo 4—; 245 y 234 de 2016 — artículo
4—.

15. La parte accionante adujo que en el acto acusado desconoció las normas en
que debió fundarse y se expidió con falsa motivación, pues en lugar de efectuar a favor
de la demandante el incremento del salario correspondiente al 30 % por concepto de
prima especial, lo redujo de la asignación básica en igual porcentaje. Lo anterior
conllevó a que las prestaciones sociales se liquidaran sobre el 70 % del salario básico,
y no en un 100 % como correspondía, vulnerando con ello las garantías
constitucionales relacionadas con la protección de los trabajadores y el régimen
salarial fijado por la Ley 4 de 1992.

16. Sostuvo que la entidad accionada al negarse a reajustar y pagar la asignación
mensual de la demandante con el incremento a título de prima especial de servicios y
reconocer su incidencia en la liquidación de las prestaciones (incluida la pensión de
vejez) desmejoró sus condiciones laborales.

17. Indicó que la Sala de Conjueces de esta corporación, en sentencia del 29 de
abril de 2014, señaló que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el
legislador al interpretar y aplicar de manera errónea el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Además, precisó la naturaleza jurídica de la prima especial, en el sentido de indicar
que se trata de un concepto adicional a la asignación mensual que recibe el servidor
público.

18. Manifestó que, del año 2003 en adelante, teniendo en cuenta los decretos que
fijan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía, la entidad dejó
de reconocer la prima especial de servicios, lo que desconoce los principios de
progresividad y no regresividad.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

19. Afirmó que la accionante tiene derecho a que se le reconozca y pague en debida
forma la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la
cual solo constituye factor salarial para efectos pensionales.

2.2. Contestación de la demanda

20. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «prescripción; inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación; improcedencia de extralimitar el límite previsto
en el artículo 4 de la ley 4 de 1992»3.

21. Indicó que a la demandante le es aplicable el régimen salarial y prestacional de
los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación. Afirmó que desde el año 2003 no
se reconoció valor alguno por concepto de prima especial del 30 % a los servidores de
la entidad, toda vez que los decretos salariales aplicables no la establecieron. En
consecuencia, los ingresos prestacionales de la accionante no se disminuyeron, pues
al no descontar porcentaje alguno por concepto de prima especial, estas se liquidaron
con base en el 100 % del salario mensual.

22. Sostuvo que no puede accederse a ningún reconocimiento a partir del 1 de
enero de 2021, dado que el Decreto 272 de 2021 previó la prima especial como
adicional al salario, la cual únicamente constituiría factor salarial para efectos del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General
de Seguridad Social en Salud en los mismos términos que la Ley 797 de 2003.

23. Transcribió apartes de la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, proferida por la Sala
de Conjueces de esta corporación el 15 de diciembre de 2020, en la que se señaló
que la prima especial constituye un incremento del salario básico y, por tanto, los
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por ese
concepto resulten a su favor; no obstante, solo constituye factor salarial para efectos
del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, y el derecho a reclamarla
surge a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, sin que en ningún caso la
remuneración resultante pueda superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional para el cargo correspondiente.

24. Enfatizó que, según la sentencia anterior, el cómputo del término prescriptivo
de tres años debe contarse hacia atrás desde la fecha de presentación de la
reclamación administrativa. Así, dado que en el presente caso la solicitud ante la
administración se presentó el 27 de julio de 2021, los derechos causados con
anterioridad al 27 de julio de 2018 se encuentran prescritos.

3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 27, expediente digital, archivo

38_Contestación demanda(.pdf).

5

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

2.3. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 27 de junio de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y dispuso lo siguiente4:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023-CE-S2-2020
de 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), Accionante:
Nayibe Lorena Pérez Castro contra la Fiscalía General de la Nación. C.P. Jorge Iván
Rincón Córdoba, en cuanto, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos
por la demandante, causados con anterioridad al 27 de julio de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Declarar la nulidad del acto administrativo acusado: El contenido en el Oficio
N° 20215920008701 del 3 de agosto de 2021, emitido por la Subdirectora Regional
Central (e) de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva.

CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar
a la demandante AMANDA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 27 de julio de
2018, como Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito y en adelante hasta cuando por
razón del cargo tenga derecho, por habérsele deducido durante los extremos temporales
laborados, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación
básica mensual devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo,
luego del pago de la prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión
de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la
relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en
la parte motiva.

QUINTO: En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes
reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

[…]

NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: No condenar en costas.

4 Samai, radicación 25000234200020210106300, índice 41, expediente digital, archivo
56Sentenciaquea_SENTENCIA1AINSTANCIA(.pdf).

6

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

26. Manifestó que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la
demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde el 17 de marzo de
1998 y ejerció los cargos de asistente administrativo III, asistente judicial I, técnico
judicial I, asistente de fiscal I, III y IV, fiscal delegado ante jueces municipales y
promiscuos, y fiscal delegado ante jueces del circuito. Igualmente encontró probado
que la entidad liquidó y pagó las prestaciones de la accionante sobre el 70 % de su
asignación básica, al incluir la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dentro
del 100 % de dicha asignación, cuando debió reconocerse como un valor adicional.

27. Definió que como la demandante era beneficiaria de la prima especial del 30 %
durante el periodo de vinculación, y no se le reconoció y pagó ese porcentaje con sus
consecuencias prestacionales, se accedería al reconocimiento del derecho, en su
condición de fiscal delegada ante jueces del circuito. Precisó que las prestaciones no
se liquidarían sobre el porcentaje de la prima —que carece de carácter salarial—, sino
sobre el 30 % del sueldo básico que fue disminuido por la incorrecta interpretación de
la norma.

28. Adujo que la Fiscalía debió responder favorablemente la petición de la
demandante, en cumplimiento de los artículos 2 y 25 de la Constitución Política. Por
ende, declaró que el acto administrativo acusado vulneró las normas invocadas en la
demanda, desconociendo los principios de progresividad, prohibición de regresividad,
prevalencia del derecho sustancial e interpretación más favorable al trabajador.

29. Señaló que, de acuerdo con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de septiembre de 2020, dictada por esta
Corporación, operó la prescripción de los derechos causados con anterioridad al 27 de
julio de 2018, toda vez que la accionante presentó la reclamación administrativa el 27
de julio de 2021. No obstante, aclaró que los aportes correspondientes a la
reliquidación de la pensión de jubilación son imprescriptibles e irrenunciables.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte accionante. Solicitó que se adicione el fallo de primera instancia en el
sentido de ordenar a la demandada reliquidar y reajustar la remuneración mensual de
la demandante «teniendo en cuenta un básico mensual al 100 % para liquidar y pagar
la prima especial del 30 %» como incremento o adición, y pagar las diferencias
correspondientes por el tiempo en que no se calculó ni canceló dicho emolumento. En
segundo lugar, solicitó modificar la sentencia para que sea la Fiscalía quien asuma el
100 % de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión y salud, sin que
se efectúe descuento alguno a la demandante por estos conceptos5.

30. En cuanto al primer punto, sostuvo que la entidad accionada no calculó ni
agregó a los ingresos mensuales de la accionante el 30 % por concepto de prima

5 Samai, radicación 25000234200020210106300, índice 44, expediente digital, archivo
59_MemorialWeb_Recursodeapelacion(.pdf).

7

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y que solo a partir del Decreto 272 de
2021 se empezó a reconocer dicha prima como agregado, sin que se pagaran las
diferencias causadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

31. Indicó que la correcta interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
conforme a la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado y a la sentencia
de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, implica tomar el 30
% del salario básico para cuantificar la prima especial y luego adicionarla a este, de
manera que la remuneración total equivale al 130 % de la asignación básica. Precisó
que la sentencia impugnada ordenó el reajuste salarial del 30 %, pero no dispuso
expresamente el reconocimiento de la prima como un incremento adicional sobre el
100 % del salario básico en los términos solicitados desde que se presentó la
reclamación administrativa.

32. En relación con el segundo punto, alegó que la primera instancia erró al
imputarle a la demandante cargas en el pago de las cotizaciones al sistema de
seguridad social, toda vez que, conforme a los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993,
es el empleador quien tiene la obligación de realizar las cotizaciones, tanto las que le
corresponden a él como las del trabajador, y que, en el evento de no efectuarse las
cotizaciones, el empleador responde por la totalidad de estos.

33. Indicó que la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia de unificación
SUJ-028-CE-S2-2022, del 28 de julio de 2022, estableció que se abstendría de impartir
órdenes de descuento a la trabajadora por concepto de aportes, en tanto las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del empleador no pueden ser
imputadas al servidor ni generarle efectos adversos frente a la garantía efectiva del
derecho pensional. Concluyó que fue la indebida interpretación de la administración la
que conllevó el incumplimiento en el pago de los aportes, razón por la cual es la
Fiscalía la llamada a responder por la totalidad de las cotizaciones.

2.4.2. Parte accionada. Pidió que se revoquen los numerales cuarto y quinto de la
sentencia impugnada y limitar el cumplimiento de lo ordenado hasta el 31 de diciembre
de 20206.

34. Manifestó que el Decreto 272 de 2021 estableció, a partir del 1 de enero de ese
año, la prima especial del 30 % como emolumento adicional a la asignación básica,
incluyendo a los fiscales delegados ante los jueces del circuito. En consecuencia, la
Fiscalía viene reconociendo y pagando dicha prima desde enero de 2021, por lo que
condenar su pago más allá del 31 de diciembre de 2020 implica desconocer e inaplicar
integralmente la referida disposición y generar un doble pago.

35. Enfatizó que el fallo impugnado extralimita la sentencia de unificación SUJ-023-
CE-S2-2020, pues en esta se definió que el restablecimiento del derecho se traduce

6 Samai, radicación 25000234200020210106300, índice 45, expediente digital, archivo
60_MemorialWeb_Recursodemandada(.pdf).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

únicamente en el pago del 30 % que el funcionario no recibió a título de prima especial,
de manera que al no haberse presentado el indebido descuento del 30 % del salario
desde el año 2003 —dado que desde esa fecha la Fiscalía dejó de fraccionar la
asignación básica y liquidó las prestaciones sobre el 100 % del salario—, no puede
ordenarse la reliquidación de las prestaciones sociales.

36. Añadió que la decisión del Tribunal carece de respaldo probatorio, toda vez que
ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales sin que estuviera demostrado que
estas se hubiesen liquidado sobre el 70 % del salario.

37. Alegó que ni la Ley 4 de 1992 ni la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 extendieron
el alcance de la prima especial del 30 % a los aportes al sistema general de seguridad
social en salud. Por tanto, la orden de reliquidar dichos aportes constituye un fallo ultra
petita que vulnera el principio de congruencia, dado que esa pretensión no fue
formulada por la parte demandante. Agregó que el a quo tampoco declaró la
prescripción trienal respecto de los aportes a pensión, incurriendo igualmente en
inaplicación del fallo de unificación.

38. Señaló que la bonificación judicial prevista para los funcionarios de la Fiscalía,
creada por el Decreto 382 de 2013 para los servidores regidos por el Decreto 53 de
1993, únicamente constituye factor salarial para efectos de la base de cotización al
Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
sin que pueda ser tenida en cuenta como factor salarial o prestacional para reliquidar
la prima especial del 30 %. En consecuencia, la orden del Tribunal de reliquidar y pagar
bonificaciones como factor salarial con inclusión del 30 % de prima desconoce también
la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

39. Mediante auto del 28 de enero de 2026 se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes demandante y demandada y se prescindió del traslado para
alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se
solicitaron pruebas en segunda instancia7.

2.6. Ministerio Público

40. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado8 no rindió
concepto.

7 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 6Autoqueadmite_30162025AutoAdmiteAp(.pdf).
8 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

9

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

3. Consideraciones

3.1. Competencia

41. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

42. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver los siguientes
problemas jurídicos:

43. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a partir del 3 de septiembre de
2012, cuando ejerció el cargo de fiscal delegada, y hasta el 31 de diciembre
de 2020; fecha esta última en la que la Fiscalía presuntamente empezó a pagar dicho
emolumento como una adición a la remuneración básica mensual?

44. ¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales
devengadas durante el ejercicio del cargo de fiscal delegada con la inclusión del 30 %
que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima
especial de servicios?

45. ¿Resultaba procedente ordenar, en favor de la demandante, la reliquidación y
pago de los aportes a seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta que
frente a estos no operó el fenómeno de la prescripción? En caso afirmativo, ¿el juez
de primera instancia ordenó que la accionante asumiera el porcentaje que le
corresponde frente a los referidos aportes?

46.Para resolver los interrogantes planteados se desarrollarán algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicios.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. De la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Reiteración jurisprudencial

47. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una
prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial,
para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces,

10

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y
jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de
la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

48. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la
competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la FGN, por medio del cual previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía con
anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que
excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de salarios
de la Fiscalía General».

49. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que
la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la FGN, con la excepción allí
establecida, solo constituye factor salarial para calcular el ingreso base de las
cotizaciones para pensión de jubilación.

50. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 6.° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo
adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación».

51. El Gobierno nacional, al dictar los decretos anuales para fijar las normas del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN, reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los directores
nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división y de Unidad
de Policía Judicial.

52. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la FGN, esta Sección,
mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del artículo 7 del
Decreto 38 de 1999, por «su discordancia con las disposiciones legales que debía
acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de los servidores públicos
a que se contrae la Ley 4 de 1992, más exactamente por desconocer lo previsto en el

11

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30 % del salario básico el carácter de prima especial.
En ese orden, la Sección precisó lo siguiente9:

En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional está
facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores que allí
se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de salarios
establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1.º de enero de
1993 (…)

No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario fijado
en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad
de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente
deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo mensual de los
empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se advirtiera que
parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la de remuneración
por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de prima de servicios.

Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó al
30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial de
servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste, se
fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la connotación
de prima especial de servicios.

53. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 de septiembre de 2007,
«unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que fijaban
el régimen salarial de los servidores de la FGN, en el sentido de señalar que la
declaración de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto 2729
de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad, enlistados en las normas
citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la Fiscalía General de la
Nación con efectos fiscales a partir del primero (1.º) de enero de 1993, para efectos
de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios
de la referida prima especial sin carácter salarial, y que no se les reducen sus ingresos
mensuales, en razón a que tales normas no habían establecido un “sobresueldo”»10.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-

00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de 2000,
con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de la
jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al decretarse
la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se reduce el
ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que consiste
la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del artículo
14 de la ley 4 de 1.992
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-

0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las providencias
del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005 (exp. No. 11001-03-
25-000-1997-17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los servidores públicos
enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía General de la Nación con
efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a
que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» (sic).

12

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

54. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta corporación
rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos anuales, esto
es, que los servidores de la Fiscalía enlistados en los decretos demandados «no eran
los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista en la Ley 4
de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico, extraño al
derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial
representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores
públicos. Es consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el artículo 7.° del
Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30 % de la remuneración del funcionario para
restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente
condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley
4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico» 11.

55. De acuerdo con este marco jurisprudencial, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia del 15 de diciembre de 202012, fijó las reglas frente al
reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto
53 de 1993, y a quienes se vincularon con posterioridad, en los siguientes términos13:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-01

(1831-01).
12 Expediente SUJ-023-CE-S2.
13 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Se transcribe incluso con los errores del texto.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.

56. La sentencia citada, que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la Ley
4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico, sustentó
las reglas señaladas, en las siguientes razones:

La Ley 4.ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al Gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso
no puede ser inferior al 30 %;

La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30 % del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo las
leyes 4.ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto
por el Gobierno nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta
indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que
no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

57. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 202214, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN, dictados en los
años 2003 a 2017, con el argumento de que el 30 % del salario básico mensual de los
servidores de esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de
servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser imputada como
parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así se precisó:

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima especial
prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los funcionarios allí
mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción
allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de
jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán (sic) parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se
harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base únicamente
para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que, expresado al revés,

14 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,

52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035
de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores del texto.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una persona que aún trabaja,
sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una parte del mismo, como se
anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias citadas,
en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores en el
tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica de
manera sobreviniente.

3.4. Hechos probados relevantes

58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

59. La señora Amanda Rodríguez Velásquez se vinculó a la Fiscalía General de la
Nación el 17 de marzo de 1998 y para lo que concierne al presente asunto, ha prestado
sus servicios así: en el cargo de fiscal delegada ante jueces municipales desde el 3 de
septiembre de 2012 –con un encargo como fiscal delegada ante jueces del circuito del
31 de marzo al 30 de junio de 2016–, y a partir del 1 de enero de 2014 como fiscal
delegada ante los jueces del circuito, según la constancia del 20 de agosto de 2021,
emitida por el profesional con funciones del Departamento de Administración de
Personal (A) de la FGN, encontrándose en servicio activo para esa fecha15.

60. Conforme con el certificado del 20 de agosto de 2021, suscrito por el
Departamento de Administración de Personal de la Subdirección de Talento Humano
de la FGN, a la demandante «le aplica lo dispuesto en el Decreto 53 de 1993»16.

61. Según las certificaciones de «devengados y deducciones», expedidas por el
tesorero de la FGN, el 11 de agosto de 2021, la accionante percibió durante el periodo
que estuvo vinculada como fiscal delegada, los siguientes haberes17:

Remuneración
Gastos de Prima especial Total
Anualidad Sueldo mensual fijada por el
representación de servicios pagado
Gobierno nacional
$4.600.487 - Decreto
2013 $3.450.365 $1.150.122 0 $4.600.487
1035 de 2013
$4.735.742 - Decreto
2014 $3.551.806 $1.183.936 0 $4.735.742
205 de 2014
$ 4.956.428 -
2015 $3.717.321 $1.239.107 0 $4.956.428
Decreto 1087 de 2015
2016 $4.006.157 $1.335.386 0 $5.341.543 $5.341.543 -

15 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital,
archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), pág. 60.
16 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital,

archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), pág. 61.
17 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital,

archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), págs. 62 a 71.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Decreto 219 de 2016
$7.337.333 -
2017 $5.503.000 $1.834.333 0 $7.337.333
Decreto 989 de 2017
$7.710.804 - Decreto
2018 $5.783.103 $1.927.701 0 $7.710.804
343 de 2018
$8.057.791 - Decreto
2019 $6.043.343 $2.014.448 0 $8.057.791
996 de 2019
$8.470.350 - Decreto
2020 $6.352.762 $2.117.588 0 $8.470.350
300 de 2020
2021 de
$8.470.350 - Decreto
enero a $6.352.762 $2.117.588 $2.541.105 $8.470.350
300 de 202019
julio18
Tabla 1: ingresos mensuales percibidos por la demandante en calidad de fiscal delegada.

62. El 27 de julio de 2021, la accionante le solicitó a la FGN el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4 de 1992; además del valor de las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado y pagado hasta ese
momento por la entidad. Asimismo, la reliquidación de los aportes a seguridad social,
incluyendo la prima especial con carácter salarial, equivalente al 30 % de
la asignación mensual20.

63. Mediante el Oficio 20215920008701 del 3 de agosto de 2021, la entidad negó lo
pretendido. Contra dicho acto solo procedía el recurso de reposición, según se indicó21.

3.5. Caso concreto

64. En síntesis, la parte actora en calidad de fiscal delegada solicitó en la demanda
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como emolumento adicional a su salario, así como la reliquidación de
las prestaciones sociales que se vieron afectadas al considerar que dicha prima, sin
factor salarial, hacía parte de la remuneración básica.

65. El Tribunal, al decidir el asunto en primera instancia, ordenó el reajuste de los
salarios y de las prestaciones sociales causadas desde el 27 de julio de 2018 –por
prescripción trienal–, en tanto encontró probado que estas se liquidaron sobre el 70 %
de la asignación básica, sin tener en cuenta que la prima especial es un adicional al
salario básico.

18 Pago de la prima especial de servicios realizado desde el mes de enero de 2021.
19 La remuneración corresponde a la misma que en el año 2020, toda vez que el Decreto 987 de 2021, que fijaba

el régimen salarial de ese año, se expidió en agosto.
20 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital,

archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), págs. 39 a 44.
21 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020210106300, índice 02, expediente digital,

archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA(.PDF), págs. 45 a 57.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

3.5.1. Del reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992

66. La entidad recurrente sostuvo que la accionante no tiene derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios a partir del año 2003, toda vez que
los decretos del Gobierno nacional que rigen el régimen salarial de los fiscales no la
previeron. Además, resaltó que con ocasión del Decreto 272 de 2021, la Fiscalía
reconoce dicho emolumento desde el 1 de enero de 2021, de modo que, se debe limitar
su pago hasta el 31 de diciembre de 2020.

67. Por su parte, la demandante interpuso recurso de apelación en el que señaló
que la sentencia impugnada ordenó el reajuste salarial del 30 %, pero no dispuso
expresamente el reconocimiento de la prima como un incremento adicional sobre el
100 % del salario básico, como lo había reclamado.

68. En este orden de ideas, se tiene que, conforme se acreditó, la accionante ha
ejercido el cargo de fiscal delegada desde el 3 de septiembre de 2012, encontrándose
vinculada a la FGN al 20 de agosto de 2021; fecha en la que se expidió la constancia
laboral referida en el acápite de hechos probados de esta providencia. Lo anterior la
hace beneficiaria del régimen salarial establecido en el Decreto 53 de 1993, como lo
indicó el certificado del 20 de agosto de 2021 suscrito por el Departamento de
Administración de Personal de la Subdirección de Talento Humano de la entidad.

69. Por consiguiente, se estima que la demandante desde el 3 de septiembre de
2012 tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificado por la Ley 332 de 1996, aclarada por la
Ley 476 de 1998, prevista a favor de los fiscales delegados ante los jueces de la
República.

70. Ahora bien, en atención al argumento de la entidad recurrente, respecto a que la
Fiscalía General de la Nación desde el año 2003 dejó de reconocer la prima especial,
por cuanto el Gobierno nacional no la incluyó en los decretos anuales que regulan el
mencionado régimen salarial de los fiscales, se precisa que en la sentencia SUJ-023-
CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, se estudió el tema.

71. Al respecto, se concluyó que el hecho de que la prima especial haya dejado de
ser incluida en los decretos anuales del régimen salarial de la Fiscalía no constituye
una razón válida para que se deje reconocer; de un lado, porque tiene como
fundamento el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que de manera especial se aplica para
los fiscales con ocasión de la Ley 476 de 1998 y, de otro, porque dejar de otorgarla
resulta abiertamente contrario al principio de progresividad y no regresividad. Esto, en
los siguientes términos:

Como se señaló en el apartado anterior, el reconocimiento a la prima especial se
desprende de la regulación realizada en la ley 476 de 1998 y, en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, se estableció que aquello que se había reconocido

17

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

constituía una parte del salario y no el sobresueldo reclamado por la accionante. Empero,
es necesario recordar que desde el año 2003 el Gobierno Nacional en los Decretos que
fijan anualmente al régimen salarial de la Fiscalía no reguló este emolumento, por lo que
el interrogante que se desprende es si las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen
vocación de prosperidad, pues en palabras del juez de primera instancia no existe
fundamento normativo para que opere su reconocimiento.

La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa por las siguientes tres razones:
1. La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso
no puede ser inferior al 30%; 2. La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002
para los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el
Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico; 3.
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.

Respecto del último punto, debe recordarse que, de acuerdo con el principio de
progresividad “…una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho
social, existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo
retroceso…42” Así las cosas, la determinación de si la no inclusión desde el año 2003
de la prima especial en los Decretos que regulan el régimen salarial de la Fiscalía
General de la Nación genera un retroceso requiere constatar que exista una disposición
normativa previa que haya consagrado el derecho que se reclama22. Este aspecto se
presenta porque, como se dijo, no sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el
derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el
año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de
protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53
de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales23.

72. La anterior posición confirma que la accionante no percibió la prima especial de
servicios a la que tiene derecho en condición de fiscal delegada, toda vez que la
entidad accionada desde el año 2003 no pagó tal emolumento a sus funcionarios. De
este modo, sobre el particular se considera necesario modificar la orden dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de reconocer a favor de la
peticionaria la prima especial de servicios que no devengó.

73. En este punto, es preciso señalar que, de acuerdo con el mandato legal contenido
en el Decreto 272 de 202124, el Gobierno nacional desde el 1 de enero de 2021,
reconoce la prima especial como un componente adicional equivalente al 30 % del

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 14 de abril de 2016,

exp. 15001-33-33-010-2013-00134-01 (328-14). SUJ2-001-16. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 31 de enero de

2013, exp. 73001-23-31-000-2011-00039-01 (0768-12). M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ver también: Corte
Constitucional. Sentencia C – 644 del 23 de agosto de 2012.
24 Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

18

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

salario básico, con fundamento en las sentencias de nulidad dictadas por el Consejo
de Estado. Al respecto, se consideró lo siguiente:

Que ante la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la prima especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se establecerá la prima especial para los
servidores de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, acatando las sentencias de
unificación antes citadas.

Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye factor salarial para cotizar
al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra que
la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema
general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente
Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas. Que para los fines de
este Decreto se cuenta con la viabilidad presupuestal de la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Que el
presente Decreto tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.

74. Así las cosas, y teniendo en cuenta que en el presente asunto se probó que la
FGN reconoció y pagó a la accionante desde el mes de enero de 2021 la prima
especial de servicios, en cumplimiento del Decreto 272 de 2021, lo cual fue confirmado
por la parte demandante en el recurso de apelación, es claro que el reconocimiento de
tal acreencia es procedente hasta el 31 de diciembre de 2020, como lo solicitó la
entidad recurrente. En consecuencia, la modificación de la sentencia de primera
instancia se limitará a reconocer la prima especial hasta dicha fecha.

3.5.2. Sobre la reliquidación de las prestaciones sociales

75. La demandante en el recurso de alzada solicitó que se adicione la sentencia
impugnada y se ordene reliquidar y reajustar la remuneración mensual, «teniendo en
cuenta un básico mensual al 100 % para liquidar y pagar la prima especial del 30 %»
como incremento o adición al salario, para en consecuencia, pagar las diferencias
correspondientes por el tiempo en que no se calculó ni canceló dicho emolumento.

76. Al respecto, se tiene que el Tribunal ordenó la reliquidación de los salarios y de
las prestaciones causadas por la demandante sobre el 100 % de su salario básico, es
decir, con la inclusión del 30% que le había sido excluido por la Fiscalía a título de
prima especial.

77. Así, se advierte que si bien lo que pretende la parte accionante es que se
reconozca el pago del reajuste por concepto de la prima especial dejada de percibir,
lo cierto es que el juez de primera instancia, en consideración a que estimó acreditada
la disminución del salario y a su vez de las prestaciones sociales dada la deducción
del 30 % efectuada a la asignación básica por concepto de la prima especial, procedió
a ordenar el reajuste no como un reconocimiento de la prima especial, sino como el
pago de las diferencias debidas por la mencionada disminución. Esto quiere decir que

19

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

ordenó el reconocimiento del 30 % del faltante del salario y del dejado de liquidar en
las prestaciones sociales, al estimar que la afectación ocurrió en la asignación básica,
en tanto la prima especial de servicios sí se había pagado.

78. En tal sentido, acceder a lo pretendido por la accionante, implicaría ordenar un
doble reconocimiento. Esto, pues se dispuso la reliquidación de salarios y prestaciones
con el 30 % que fue descontado a título de prima especial, lo que significa que el
Tribunal encontró acreditado, de acuerdo con lo aducido en la demanda, que la entidad
liquidó y pagó las prestaciones de la accionante sobre el 70 % de su asignación básica,
al incluir la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dentro del 100 % de
dicha asignación, cuando debió reconocerse como un valor adicional.

79. Ahora bien, en cuanto al recurso de apelación de la entidad accionada sobre el
tema, se observa que manifestó que el fallo impugnado carece de respaldo probatorio,
toda vez que ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales sin que estuviera
demostrado que estas se hubiesen liquidado sobre el 70 % del salario.

80. En punto, se advierte que según se acreditó en el expediente y se detalló en el
acápite de hechos probados de esta sentencia (tabla 1), durante el tiempo en el que la
demandante desempeñó el cargo de fiscal delegada, ha percibido como ingresos
mensuales los mismos que fijó el Gobierno Nacional en cada uno de los años
correspondientes. Ello demuestra que no se le fraccionó el salario y que, en cambio,
según se expuso en precedencia, lo que ocurrió fue que la FGN no le pagó la prima
especial de servicios, dado que prestó sus servicios en el referido cargo con
posterioridad al año 2003. Así, se concluye que sus prestaciones sociales se liquidaron
sobre el 100 % de la asignación básica sin ningún tipo de desmejora laboral adicional
a la propia del reconocimiento de la prima especial a la que, como se dijo en
anteriormente, sí tiene derecho la demandante.

81. Por ende, como no hay lugar a acceder a la reliquidación de salarios y
prestaciones sociales, en tanto la accionante no acreditó su dicho, se revocarán las
órdenes emitidas en primera instancia sobre el particular.

3.5.3. De la prescripción trienal

82. En este orden de ideas, habiéndose definido que la accionante solo tiene derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios desde el 3 de septiembre
de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2020, día anterior a los efectos del Decreto 272
de 2021, corresponde hacer el análisis sobre la configuración de la prescripción trienal.

83. Al respecto, en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020
se definió que:

Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación

20

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.

84. Advertido lo anterior, comoquiera que se encuentra demostrado que la
accionante presentó la reclamación administrativa el 27 de julio de 2021, se estima
que se configuró el fenómeno de la prescripción frente al derecho al reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios, antes del 27 de julio de 2018, como lo definió
el Tribunal.

3.5.4. Sobre el pago de los aportes a seguridad social

85. Por otra parte, la entidad demandada alegó que el Tribunal dictó un fallo extra
petita, toda vez que ordenó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, aun cuando no se pidieron en la demanda.

86. Argumentó que ni la Ley 4 de 1992 ni la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020
extendieron el alcance de la prima especial del 30 % a los aportes al sistema general
de seguridad social en salud. Por tanto, la orden de reliquidar dichos aportes constituye
un fallo ultra petita que vulnera el principio de congruencia, dado que esa pretensión
no fue formulada por la parte demandante. Agregó que el a quo tampoco declaró la
prescripción trienal respecto de los aportes a pensión, incurriendo igualmente en
inaplicación del fallo de unificación.

87. Al respecto, se destaca que, en efecto, el pago de dichas cotizaciones no las
solicitó la parte accionante. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 272
de 2021, y comoquiera que la Ley 332 de 1996, prevé que la prima especial del artículo
14 de la Ley 4 de 1992, constituye factor salarial para cotizar al Sistema General de
Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, dispone que la base de cotización
al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema General de Pensiones, la
prima especial tiene carácter salarial para cotizar a ambos sistemas, por orden legal.

88. En lo que respecta a la prescripción, es necesario aclarar que aunque es cierto
que la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo Estado fijó la regla según la cual el
reconocimiento de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios se
contabiliza desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa hacia
atrás, por un período de tres años, «nunca más atrás», también lo es
que dicha sentencia no ahondó en el régimen específico de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, que requieren tratamiento especial, dada

21

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

su naturaleza irrenunciable25 e imprescriptible26, aspecto que ha sido precisado en
decisiones posteriores de esta Subsección27.

89. En efecto, en sentencia del 19 de febrero de 2026 de esta Sala28, se precisó que
los aportes pensionales constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa con el derecho fundamental a la seguridad social previsto
en el artículo 48 de la Constitución Política, así como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad. En
ese orden, se consideró inadmisible que el paso del tiempo o la superación del plazo
establecido para que opere la prescripción convalide el incumplimiento del deber de
efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues ello podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

90. Asimismo, en la anterior providencia, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-005-
16 de esta Sección29, se reiteró que «no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en
armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales», dado que los aportes pensionales se relacionan en
mayor medida con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal.

91. En consecuencia, se estima que resulta acertado que el Tribunal haya
determinado que la prescripción trienal declarada respecto de las acreencias
reclamadas, no se extiende a los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, que comparten la misma base de cotización para los aportes al
Sistema General de Salud, como lo señala el Decreto 272 de 2021, en su parte
considerativa, así:

Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, constituye factor salarial para cotizar
al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra que
la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema

25 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
27 Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024), M.P.

Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019),
M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 76001-23-33-000-2016-01302-02 (6589-
2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 52001-23-33-000-2017-
00609-03 (4094-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio de 2025, exp. 05001-23-33-
000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-00402-

02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
29 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.

22

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente
Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas.

92. En consonancia con lo anterior, el inciso 2 del artículo 1 del anterior decreto
también indica:

La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación
básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente
constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General
de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos
términos de la Ley 797 de 2003.

93. Añádase a lo expuesto, que durante el proceso sí se discutió alrededor de los
derechos que se originan por la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4
de 1992, modificado por la Ley 332 de 1996, aclarada por la Ley 476 de 1998, prevista
a favor de los fiscales delegados ante los jueces de la República, de lo cual no puede
dejarse de lado una de sus principales características, esto es, que constituye ingreso
base de cotización para el Sistema de Seguridad Social, por lo que la orden de
reconocer los aportes está dentro de la controversia planteada y, en esa medida, no
puede considerarse como un aspecto ajeno al presente debate, en el que han
participado con todas las garantías las partes.

94. En este contexto, la omisión de una mención expresa en las pretensiones de la
demanda no puede anular la posibilidad de que el juez se pronuncie sobre un derecho
que la ley y la Constitución reconocen como indisponible y que, además, fue objeto de
debate en el proceso. Por ello, la Sala tiene el deber de resolver sobre este aspecto,
aun cuando no haya sido expresamente solicitado. Esta postura además se acompasa
con la facultad que tienen los jueces en materia laboral y de seguridad social de
adoptar decisiones que busquen la protección de derechos de índole constitucional —
como la seguridad social—.

95. Al respecto, el artículo 50 del Decreto 2158 de 1948 le otorgó al juez laboral la
potestad de impartir órdenes más allá de lo pedido para garantizar la efectividad del
derecho sustancial. En la misma línea, el artículo 6 de la Ley 2452 de 2025 actualizó
y sistematizó dichas facultades en el marco de la justicia laboral, reafirmando la
posibilidad de que los jueces ordenen prestaciones, reliquidaciones o aportes en
seguridad social que no hubiesen sido expresamente reclamados, siempre que del
debate procesal se desprenda su necesidad para la plena protección del trabajador.
Estos preceptos normativos evidencian que la protección judicial en materia laboral
no se encuentra constreñida por los límites formales de la demanda, perspectiva que
es plenamente aplicable en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

96. Así las cosas, la Sala resalta que la accionante al ser beneficiaria de la prima
especial de servicios, en los términos expuestos, también tiene derecho a los referidos
aportes, sin que respecto de los ellos se predique el fenómeno prescriptivo, con la

23

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

precisión de que solo deben reconocerse los correspondiente a la anterior prestación,
que fue aquella respecto de la cual se acreditó que la entidad vulneró la normas
invocadas, más no respecto del fraccionamiento del salario y la indebida liquidación
de las demás prestaciones sociales, lo cual se desvirtuó.

97. En consecuencia, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable e
imprescriptible, y en aras de dar claridad a las órdenes emitidas, la Sala ordenará a la
entidad demandada realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, correspondiente al reconocimiento de la prima especial de servicios, desde el
3 de septiembre de 2012 y con ocasión de las vinculaciones que dieron lugar al
reconocimiento de la mencionada prestación y en adelante.

98. La obligación de reliquidar y consignar los aportes adeudados procede siempre
que la FGN no los hubiere efectuado, aspecto que deberá verificar la entidad al
momento de dar cumplimiento a la sentencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a
partir del 1 de enero de 2021, en virtud del Decreto 272 de ese año, la FGN debió
realizar los aportes correspondientes por concepto de seguridad social en pensión.

99. Adicionalmente, se estima pertinente agregar que en ningún caso las sumas de
dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno
nacional.

100. Por último, se precisa que el a quo al ordenar el pago de los referidos aportes,
contrario a lo manifestado por la parte demandante, no le impuso a esta que asumiera
el porcentaje que le hubiere correspondido de las cotizaciones respectivas, de allí que
no resulten congruentes los argumentos expuestos a fin de que se le exima de una
carga que no le fue impuesta.

3.6. Conclusión de la decisión

101. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la demandante en condición de
fiscal delegada tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, desde el 27 de julio de 2018
–por prescripción trienal– hasta el 31 de diciembre de 2020, antes de los efectos
fiscales del Decreto 272 de 2021.

102. Asimismo, procede el pago de las cotizaciones derivadas del reconocimiento de
la prima especial, al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud.

103. Por último, dado que en el proceso no se acreditó que la remuneración mensual
de la accionante se fraccionó y en consecuencia se disminuyó la base de liquidación
de las prestaciones sociales, no tiene derecho a la reliquidación ordenada por el
Tribunal, motivo por el cual se revocarán los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, que impusieron la condena por dicho concepto.

24

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

104. En su lugar, se ordenará el pago de la prima especial y de los aportes a seguridad
social en pensión y salud, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable e
imprescriptible; solo en el evento de que no los haya pagado.

105. Lo anterior, sin perjuicio de que la Fiscalía verifique los pagos realizados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece el pago de la prima especial. En ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.

3.7. Costas

106. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 27 de junio de 2025, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

Segundo. Revocar los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la anterior
sentencia, que en su lugar quedarán así:

30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).

25

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01063-02 (3016-2025)
Demandante: Amanda Rodríguez Velásquez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

CUARTO: Ordenar a la Fiscalía General de la Nación liquidar y pagar a favor de la
señora Amanda Rodríguez Velásquez la prima especial de servicios, desde el 27 de julio
de 2018 –por prescripción trienal– y hasta el 31 de diciembre de 2020, como un
incremento del 30 % sobre el salario y/o asignación básica.

QUINTO: Ordenar a la Fiscalía General de la Nación reliquidar y consignar a favor de la
señora Amanda Rodríguez Velásquez los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones y Salud, correspondientes a la prima especial de servicios, desde
el 3 de septiembre de 2012 y en adelante, mientras la demandante desempeñe el cargo
que le otorga el derecho a percibir dicha prima.

Para el cumplimiento de la presente condena, la entidad solo deberá reconocer las
diferencias entre lo pagado y lo que en derecho correspondía, siempre y cuando no haya
realizado desembolso alguno por los conceptos aquí ordenados, con ocasión del Decreto
272 de 2021. Además, deberá atender los topes establecidos por el Gobierno nacional.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

26

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.