Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00474-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00474-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00474-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)1
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1:
carácter salarial de la prima especial de servicios para efectos pensionales. Subtema
2: topes establecidos en el Decreto 1251 de 2009. Subtema 3: prescripción trienal.
Subtema 4: aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de aportes.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, el 6 de mayo de 2019,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Los accionantes, en calidad de jueces de la República, solicitaron la reliquidación del
salario y de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial como factor
salarial. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que dicho
emolumento no se pagó a los demandantes en la forma ordenada por la ley, lo que
incidió en la base de liquidación de sus prestaciones; asimismo, se definió que la prima
especial tiene carácter salarial para efectos de reliquidar las prestaciones sociales. La
decisión se modificará y adicionará en el sentido de negar la reliquidación de las
prestaciones con la inclusión de la prima especial como factor salarial. Se declarará
de oficio la configuración de la excepción de prescripción de una fracción de los
derechos causados en relación con algunos de los accionantes; habiendo operado con
carácter extintivo, respecto de dos de ellos. Por último, se ordenará a la entidad
1 Expediente híbrido.
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
accionada la reliquidación de los respectivos aportes a seguridad social en pensiones
a favor de todos los demandantes.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Los señores Adriana del Pilar Miranda Martínez; Carlos Oswaldo González
Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz Narváez; Jhon Jairo Rodríguez Salazar; José Antonio
Lombana Burgos; Luis Gerardo López; María Cristina Rosas Valencia; Mercedes
Victoria Ortiz Narváez; Roberto Ortiz Jurado y Rosalba Pascuaza Rodríguez, mediante
apoderada judicial, presentaron demanda el 25 de agosto de 20162, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con las siguientes
pretensiones3:
2. Se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto negó el pago de la
prima especial de servicios; la reliquidación del salario y las prestaciones sociales de
los demandantes con la inclusión de dicho emolumento. Actos que se detallan a
continuación, así:
Demandante Resolución acusada
Adriana del Pilar Miranda Martínez 1699 del 29 de febrero de 2016
Carlos Oswaldo González Insuasti 1231 del 27 de enero de 2016
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 1549 del 9 de febrero de 2016
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 0007 del 4 de enero de 2016
José Antonio Lombana Burgos 1548 del 9 de febrero de 2016
Luis Gerardo López 1700 del 29 de febrero de 2016
María Cristina Rosas Valencia 1229 del 27 de enero de 2016
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 1550 del 9 de febrero de 2016
Roberto Ortiz Jurado 2094 del 7 de marzo de 2016
Rosalba Pascuaza Rodríguez 1230 del 27 de enero de 2016
Tabla 1: actos administrativos acusados que negaron el pago de la prima especial y la reliquidación de las
prestaciones sociales.
3. Asimismo, pidieron que se declare la existencia y la nulidad de los actos fictos
negativos que se configuraron dada la no respuesta a los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones demandadas (tabla 1), los cuales son:
Demandante Acto ficto
Adriana del Pilar Miranda Martínez 5 de mayo de 2016
Carlos Oswaldo González Insuasti 9 de abril de 2016
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 18 de abril de 2016
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 14 de marzo de 2016
2 Cuaderno núm. 4, fol. 663, expediente físico.
3 Cuaderno núm. 1, fols. 1 a 15, expediente físico.
2
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
José Antonio Lombana Burgos 18 de abril de 2016
Luis Gerardo López 5 de mayo de 2016
María Cristina Rosas Valencia 9 de abril de 2016
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 18 de abril de 2016
Roberto Ortiz Jurado 15 de mayo de 2016
Rosalba Pascuaza Rodríguez 9 de abril de 2016
Tabla 2: actos administrativos fictos acusados.
4. A título de restablecimiento del derecho, los accionantes solicitaron que se
ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar a su favor desde el 1 de enero de 1993 o el momento de la
vinculación —según corresponda—, hasta la fecha de la sentencia y en adelante, la
prima especial de servicios y la reliquidación de sus salarios, con el aumento del 30 %
que se disminuyó; así como las prestaciones sociales percibidas «en un 60 %»,
tomando como base para la liquidación el 100% del sueldo básico, incluida la prima
especial de servicios como factor salarial.
5. Pidieron que se inaplique por inconstitucional e ilegal el artículo 8 de los
siguientes decretos: 658 del 4 de marzo 2008; 723 del 6 de marzo 2009; 1388 del 26
de abril de 2010; 1039 del 4 de abril de 2011; 0874 del 27 de abril de 2012; 1024 del
21 de marzo de 2013; y 194 del 7 de febrero de 2014.
6. Adicionalmente, solicitaron que se ordene a la entidad demandada que actualice
las sumas adeudadas conforme al IPC; pague los intereses moratorios a que haya
lugar; dé cumplimiento al fallo conforme al artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); y se condene
al pago de costas y agencias en derecho.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. Los accionantes han prestado sus servicios a la Rama Judicial, como jueces de
la República, conforme se describe en el siguiente cuadro:
Demandante Tiempo de servicio
Adriana del Pilar Miranda Martínez 1 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2014
Carlos Oswaldo González Insuasti 1 de septiembre de 1990 al 31 de diciembre de 2014
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 17 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 2014
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 1 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2014
José Antonio Lombana Burgos 2 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 2006
Luis Gerardo López 3 de enero de 1975 al 28 de octubre de 2013
María Cristina Rosas Valencia 4 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 2014
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014
Roberto Ortiz Jurado 1 de septiembre de 1969 al 31 de julio de 2002
Rosalba Pascuaza Rodríguez 1 de abril de 2003 al 31 de diciembre de 2014
Tabla 3: tiempo de servicio de los accionantes, según lo expuesto en la demanda.
3
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
9. Los demandantes solicitaron a la entidad accionada el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios; y la reliquidación del salario y de las prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 100 % de la asignación básica, con la inclusión del 30
% de la prima especial como factor salarial, en las siguientes fechas:
Demandante Radicación de las peticiones
Adriana del Pilar Miranda Martínez 8 de febrero de 2016
Carlos Oswaldo González Insuasti 13 de enero de 2016
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 19 de enero de 2016
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 10 de diciembre de 2015
José Antonio Lombana Burgos 19 de enero de 2016
Luis Gerardo López 11 de febrero de 2016
María Cristina Rosas Valencia 13 de enero de 2016
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 27 de enero de 2016
Roberto Ortiz Jurado 27 de febrero de 2016
Rosalba Pascuaza Rodríguez 18 de enero de 2016
Tabla 4: fecha de radicación de las peticiones ante la administración, conforme se señaló en la demanda.
10. A través de los actos administrativos acusados (tabla 1), la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto negó lo pretendido por los
demandantes, quienes inconformes con la decisión, interpusieron recurso de
apelación. No obstante, la entidad accionada, según lo afirman, no dio respuesta
alguna al momento de la presentación del medio de control.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• De la Constitución Política, el artículo 53.
• De la Ley 4 de 1992, el artículo 14.
• De la Ley 270 de 1996, el artículo 152.
• Del Decreto 717 de 1978, el artículo 12.
12. La parte accionante adujo que en los actos acusados la entidad demandada
aplicó incorrectamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues en lugar de efectuar a
favor de los demandantes el incremento del salario correspondiente al 30 % por
concepto de prima especial, lo redujo de la asignación básica en igual porcentaje. Lo
anterior conllevó la liquidación de las prestaciones sobre el 70 % del salario básico, y
no en un 100 % como correspondía, vulnerando con ello el principio de progresividad
y no regresividad.
13. Sostuvo que el Consejo de Estado, en la sentencia del 2 de abril de 20094,
definió que la prima especial de servicios constituye un incremento a la remuneración
4 No se citó el número de radicado del expediente.
4
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de los servidores públicos beneficiarios de esta. A su vez, en la sentencia del 19 de
marzo de 20105, determinó que el referido emolumento tiene carácter salarial.
14. Indicó que la Sala de Conjueces de esta corporación, en sentencia del 29 de
abril de 2014, adujo que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el
legislador al interpretar y aplicar de manera errónea el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Además, precisó la naturaleza jurídica de la prima especial, en el sentido de indicar
que se trata de un concepto adicional a la asignación mensual que recibe el servidor
público; y, por lo tanto, tiene carácter salarial.
15. Manifestó que los accionantes tienen derecho a que se les reconozca y pague
en debida forma la prima especial de servicios prevista en la norma antes mencionada.
16. Afirmó que los actos administrativos no tuvieron en cuenta que de acuerdo con
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios es un valor adicional
al salario, por lo que no era viable tomar un 30 % de la remuneración mensual para
considerarlo prima; y pasaron por alto el carácter salarial de dicho emolumento.
2.2. Contestación de la demanda
17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «falta de objeto para demandar; ausencia de causa petendi, inexistencia del
derecho reclamado y cobro de lo no debido; prescripción de los derechos reclamados;
e innominada o genérica»6.
18. Afirmó que la competencia general en materia salarial y prestacional para los
servidores del Estado está a cargo del Gobierno nacional, según lo prevé la
Constitución Política en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f). Por tal razón le es
prohibido a cualquier autoridad administrativa efectuar reconocimientos laborales
distintos a los establecidos por el Gobierno.
19. Señaló que en sentencia dictada el 29 de abril de 2014 la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales de la
Rama Judicial proferidos desde el año 1993 hasta el 2007 que, al reconocer la prima
especial, disminuyeron en un 30 %, por concepto de tal emolumento, el salario básico
de los servidores públicos. No obstante, no se hizo pronunciamiento alguno respecto
a las disposiciones consignadas en los decretos posteriores, esto es, del año 2008 al
2014, que preveían la misma disminución de la asignación básica dado el
reconocimiento de la prima especial.
20. Resaltó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por expresa
disposición legal no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las
5 No se citó el número de radicado del expediente.
6 Cuaderno núm. 4, fols. 709 a 720, expediente físico.
5
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
prestaciones sociales; por ende, reliquidarlas en los términos de la demanda,
implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente.
21. Precisó que no procede el pago de la prima especial como factor salarial por el
tiempo laborado hasta «el 31 de diciembre de 2007», toda vez que operó el fenómeno
de la prescripción, en tanto las reclamaciones administrativas se presentaron en los
años 2014 y 2016.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, mediante sentencia del
6 de mayo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó
inaplicar por inconstitucionalidad el contenido de los decretos 658 del 4 de marzo de
2008; 723 del 6 de marzo de 2009; 1388 del 26 de abril de 2010; 1039 del 4 de abril
de 2011; 0874 del 27 de abril de 2012; 1024 del 21 de marzo de 2013; y 194 del 7 de
febrero de 2014. Asimismo, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados,
y dispuso lo siguiente7:
[…]
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a LA NACIÓN- RAMA
JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, representadas por sus directores, para
que a través de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección de Administración
Judicial, Seccional de Pasto, disponga el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 en un porcentaje mensual del
30% sobre el salario básico y de todas las primas y prestaciones sociales percibidas en
un 60%, a partir del mes de enero año 1993 (sic) en que fuera creada y durante el tiempo
de servicio prestado a la Rama Judicial, a favor de los actores Adriana del Pilar Miranda
Martínez (…); Carlos Oswaldo González Insuasti (…); Gabriel Guillermo Ortiz Narváez
(…); Jhon Jairo Rodríguez Salazar (…); José Antonio Lombana Burgos (…); Luis
Gerardo López (…); María Cristina Rosas Valencia (…); Mercedes Victoria Ortiz Narváez
(…); Roberto Ortiz Jurado (…) y Rosalba Pascuaza Rodríguez (…).
CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, para que a partir de la sentencia en firme, respecto
de los demandantes Adriana del Pilar Miranda Martínez; Carlos Oswaldo González
Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz Narváez; Jhon Jairo Rodríguez Salazar; María
Cristina Rosas Valencia; Mercedes Victoria Ortiz Narváez; y Rosalba Pascuaza
Rodríguez, quienes se encuentran prestando sus servicios a la Rama Judicial en
este distrito, se considere que la prima especial de servicio tiene carácter salarial
para todos los efectos legales y por tanto, les debe cancelar en forma mensual el
30 % del salario básico correspondiente a la prima especial de servicios y el
incremento del 60 % de todas las primas y prestaciones sociales percibidas.
7 Cuaderno principal, fols. 1104 a 1120, expediente físico.
6
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
[…]
OCTAVO: CONDENAR en costas a la demandada, las cuales se fijan en un 5 % de la
cuantía de la demanda, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 188 del CPACA
en concordancia con el artículo 366 del CGP y el Acuerdo 10554 de 2016, art. 5 numeral
1 del Consejo Superior de la Judicatura.
[…].
23. Indicó que, conforme a la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, los decretos salariales
expedidos año a año por el Gobierno nacional se interpretaron de manera errónea,
puesto que al establecer el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial, se
dio la denominación de prima especial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de quienes tienen derecho a tal
emolumento. Por ende, se quitó la posibilidad de que ese porcentaje fuera tenido en
cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales.
24. Sostuvo que según las pruebas que obran en el expediente, los demandantes
estuvieron y están vinculados a la Rama Judicial, desempeñando el cargo de jueces
de la República, «para efectos de liquidación, así»:
Demandante Periodos de servicio
Adriana del Pilar Miranda Martínez 1 de enero de 1993 a la fecha
Carlos Oswaldo González Insuasti 1 de enero de 1993 a la fecha
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 1 de enero de 1993 a la fecha
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 1 de septiembre de 2007 a la fecha
José Antonio Lombana Burgos 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2014
Luis Gerardo López 1 de enero de 1993 al 28 de octubre de 2013
María Cristina Rosas Valencia 1 de enero de 1993 a la fecha
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 1 de noviembre de 2012 a la fecha
Roberto Ortiz Jurado 1 de enero de 1993 al 31 de julio de 2002
Rosalba Pascuaza Rodríguez 1 de abril de 2003 a la fecha
Tabla 5: periodos de servicio considerados por el Tribunal para efectos de la condena.
25. Afirmó que la entidad demandada ha descontado a los accionantes el 30 % del
salario básico, por concepto de prima especial, lo que afecta a su vez las prestaciones
sociales percibidas por ellos.
26. Adujo que, de acuerdo con la sentencia del 2 de abril de 2009 dictada por el
Consejo de Estado, la prima especial de servicios tiene carácter salarial.
27. Precisó que los demandantes, en condición de beneficiarios del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, tienen derecho a la reliquidación del salario, y de sus prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica. Lo anterior, desde la
entrada en vigor del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, esto es, el 1 de enero de 1993.
7
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
28. Definió que también tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales
con la inclusión del 30 % correspondiente a la prima especial, con carácter salarial.
29. Concluyó que la entidad demandada no solo debía pagar a los demandantes de
manera completa el salario básico, considerando el 30 % que se extrajo por concepto
de la prima especial, sino, además reliquidar las prestaciones sociales en un 60 %,
esto es, 30 % correspondiente a la disminución de la asignación básica, que afectó las
prestaciones, más el 30 % de la prima especial con carácter salarial.
2.4. Recurso de apelación
30. La parte accionada solicitó que se revoque el fallo de primera instancia8.
31. Citó la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2018,
en la que se precisó que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 es un beneficio que equivale al 30 % del salario y que, por ende, debe
ser sumado y nunca restado a este. En consecuencia, se dijo que «los jueces cuyos
salarios fueron liquidados sobre el 70 % del salario básico, tienen derecho al reajuste
de sus ingresos mensuales, para lo cual el 30 % de la prima especial de servicios debe
sumarse al salario». A su vez, como la prima especial de servicios no es factor salarial,
se señaló que las prestaciones sociales se liquidan solo sobre el 100 % del salario
básico mensual.
32. Además, resaltó el aparte de dicha sentencia en la que se definió que en los
asuntos como el presente corresponde analizar la prescripción trienal, por lo que en
cada caso particular debe establecerse la fecha de interrupción de tal fenómeno, ya
sea por la formulación de la petición ante la administración o la radicación de la
demanda.
33. Indicó que el Gobierno nacional está facultado para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, razón por la cual tiene la potestad de
determinar que el 30 % de la remuneración mensual se considere prima especial sin
carácter salarial. Aclaró que dicha situación no fue modificada por el Consejo de
Estado quien, dentro del expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la
nulidad de los decretos salariales de 1993 a 1997, puesto que los efectos de las
sentencias rigen a futuro; además, los decretos expedidos con posterioridad del 2008
al 2017 son válidos y gozan de la presunción de legalidad.
34. Manifestó que en el caso de los accionantes que se desempeñaron como jueces
de la República no es posible tener en cuenta el porcentaje del 30 % adicional de la
prima especial, ni la reliquidación de las prestaciones sociales, puesto que ello
implicaría a la administración hacer un «recálculo de las operaciones matemáticas», y
8 Cuaderno principal, 1123 a 1132, expediente físico.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ajustar los salarios y las prestaciones sociales recibidas durante las vigencias
reclamadas, de manera que no se supere el tope del 80 % de lo que por todo concepto
recibe anualmente un magistrado de alta corte, de conformidad con lo previsto en los
decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.
35. Alegó que acceder a las pretensiones de la demanda implicaría que
mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede el techo
establecido por el Decreto 1251 de 2009, esto es, el 47,7 %, 43 % y 34,7 % (según el
tipo de juez), del 70 % del total de los ingresos de los magistrados de altas cortes.
36. Resaltó que la sentencia impugnada no analizó la prescripción de los derechos
prestacionales, por lo que pasó por alto el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
Advirtió que en el presente asunto operó la prescripción de los derechos reclamados,
dada la inactividad de la parte accionante. Subrayó que en el caso de los señores José
Antonio Lombana Burgos, Luis Gerardo López y Roberto Ortiz Jurado, el fenómeno
operó de manera extintiva, toda vez que para la fecha en la que presentaron la
reclamación administrativa no tenían vínculo laboral vigente con la entidad, habiendo
finalizado este tres años antes de la radicación de la solicitud.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
37. Mediante auto del 17 de marzo de 2022, los magistrados entonces integrantes
de esta Subsección9 presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el
numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque
fueron beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama
Judicial10.
38. A través de auto del 3 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundado el impedimento manifestado. A su vez,
los magistrados que conformaban esa Sala se manifestaron impedidos para conocer
el asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP11.
39. Por medio de auto del 28 de marzo de 2023, dos conjueces de la Sección
Segunda12 de esta corporación declararon fundado el impedimento propuesto. En
consecuencia, se ordenó que una vez ejecutoriada la providencia el expediente pasara
al despacho13.
9 Magistrados: César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10 Cuaderno principal, fols. 1166 a 1167, expediente físico.
11 Cuaderno principal, fols. 1169 a 1171, expediente físico.
12 Conjueces: Jorge Edisson Portocarrero Banguera y Hugo Alberto Marín Hernández.
13 Cuaderno principal, fol. 1174, expediente físico.
9
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
40. Mediante auto del 8 de agosto de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, de conformidad con el artículo 247 de la Ley 1437
de 201114.
41. En auto del 6 de marzo de 2025, la conjuez ponente del proceso ordenó devolver
el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado15.
42. A través de auto del 3 de septiembre de 2025, se corrió traslado a las partes por
el término de 10 días para presentar alegatos finales, y luego de vencido este, al
Ministerio Público para rendir concepto16.
43. En este escenario, se estima pertinente precisar que las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
44. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el presente
asunto, por tres razones, a saber10:
(a) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(b) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de
la causal;
(c) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.
2.6. Alegatos de conclusión
45. La parte demandante allegó memorial en el que reiteró los argumentos de la
demanda. Pidió que se confirme la sentencia de primera instancia, en tanto los
accionantes no percibieron el 30 % correspondiente a la prima especial y sus
prestaciones sociales se liquidaron sobre el 70% de la asignación básica, sin la
inclusión de tal emolumento con carácter salarial, lo cual desconoció el artículo 14 de
la Ley 4 de 199217.
14 Conjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero Banguera, providencia visible en el cuaderno principal, fol. 1176,
expediente físico.
15 Samai, índice 62, expediente digital, archivo 128Autoqueordena_remitedes_52032019remiteadespa(.docx).
16 Samai, índice 68, expediente digital, archivo 132Autoquecorre_52032019Autocorretra(.pdf).
17 Samai, índice 72, expediente digital, archivo 134_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSFINALESSEG(.pdf).
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46. Manifestó que los peticionarios en calidad de jueces de la República tienen
derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de mencionada ley,
la cual posee carácter salarial, como lo indicó el Consejo de Estado en las sentencias
del 29 de abril de 201418 y 19 de marzo de 201019. Por ende, se deben reliquidar los
salarios que fueron disminuidos en un 30 % y las prestaciones sociales que se
afectaron en un 60 %.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
47. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión previa
48. En el asunto particular se solicitó la declaratoria de nulidad de los actos fictos
negativos que se configuraron por la falta de respuesta de la entidad accionada a los
recursos de apelación presentados por los demandantes, entre los que se encuentran
los señores Carlos Oswaldo González Insuasti, el 8 de febrero de 201620; Jhon Jairo
Rodríguez Salazar, el 13 de enero de 201621; y María Cristina Rosas Valencia, el 8 de
febrero de 201622, contra las resoluciones 1231 del 27 de enero de 2016, 0007 del 4
de enero de 2016 y 1229 de 27 de enero de 2016, respectivamente, que les negaron
la reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales con la inclusión de la prima
especial de servicios. Al respecto, se señala que de acuerdo con el artículo 86 del
CPACA23, el silencio administrativo negativo se configurará dos meses después de la
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado
decisión expresa sobre este.
49. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los recursos de apelación se
presentaron el 13 de enero de 2016 y el 8 de febrero de 2016, el plazo de dos meses
18 No se citó el número de radicado del expediente.
19 No se citó el número de radicado del expediente.
20 Cuaderno núm. 1, fols, 127 a 133 y cuaderno núm. 4, fols. 759 a 765, expediente físico.
21 Cuaderno núm. 2, fols. 301 a 307 y cuaderno núm. 5, fols. 920 a 926, expediente físico.
22 Cuaderno núm. 3, fols. 476 a 482 y cuaderno núm. 5, fols. 983 a 989, expediente físico.
23 Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que
se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide
resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria.
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para resolver venció el 13 de marzo de 2016 y el 8 de abril de 2016; lo que quiere decir
que para esas fechas se configuraron los actos fictos negativos, según el artículo 86
del CPACA.
50. Establecido el momento en que surgieron algunos de los actos cuya nulidad se
pretende, es claro que al radicarse la demanda 25 de agosto de 201624, se habían
configurado meses atrás los actos fictos negativos acusados.
51. Precisado lo anterior, se destaca que el medio de control de la referencia si bien
se admitió el 7 de septiembre de 201725, se notificó a la parte pasiva el 12 de
septiembre del mismo año26. En dicho lapso, según se acreditó en el plenario, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial profirió las resoluciones 3341 del 10 de
marzo de 201727, 3503 del 17 de marzo de 201728 y 2652 del 1 de febrero de 201729,
que confirmaron las resoluciones 1231 del 27 de enero de 2016, 0007 del 4 de enero
de 2016 y 1229 de 27 de enero de 2016, respectivamente; notificadas personalmente
a los mencionados demandantes el 25 de abril de 201730 y el 1 de junio de 201731.
52. Ello, resulta relevante, debido a que el objeto de este proceso gira en torno a la
reliquidación de los salarios y prestaciones sociales con la inclusión de la prima
especial de servicios, de manera que el pronunciamiento correspondiente podría tener
incidencia en la legalidad de las resoluciones 3341, 3503 y 2652 de 2017.
53. En este punto, se aclara que los actos en mención fueron dictados
oportunamente, pues la administración conservaba la facultad para pronunciarse
sobre las apelaciones interpuestas hasta antes de que se notificara la admisión de la
demanda, como se desprende del artículo 86 del CPACA que en su inciso tercero
señala:
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
54. En efecto, como la notificación de la admisión de la demanda se efectuó el 12 de
septiembre de 2017, la entidad accionada conservaba la competencia para proferir las
resoluciones 3341 del 10 de marzo de 2017, 3503 del 17 de marzo de 2017 y 2652 del
1 de febrero de 2017.
24 Cuaderno núm. 4, fol. 663, expediente físico.
25 Cuaderno núm. 4, fols. 682 a 683, expediente físico.
26 Cuaderno núm. 4, fol. 684 reverso, expediente físico.
27 Cuaderno núm. 4, fols. 769 a 779, expediente físico.
28
Cuaderno núm. 5, fols. 930 a 940, expediente físico.
29 Cuaderno núm. 5, fols. 994 a 1005, expediente físico.
30 Cuaderno núm. 4, fol. 782 y cuaderno núm. 5, fol. 1006, expediente físico.
31 Cuaderno núm. 5, fol. 941, expediente físico.
12
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55. Frente a las circunstancias descritas, en aras de garantizar el derecho de acceso
material a la administración de justicia, estima la Sala imperativo integrar los referidos
actos administrativos a la cuestión debatida, pues reemplazaron algunos de los actos
fictos demandados.
56. Esta alternativa también tiene asidero desde de la teoría de la causa petendi, en
la medida que las resoluciones 3341, 3503 y 2652 de 2017, no variaron
sustancialmente la situación que dio lugar a la presentación de la demanda, es decir,
la negativa de la entidad accionada a la reliquidación de los salarios y las prestaciones
sociales con la inclusión de la prima especial de servicios; hecho alrededor del cual las
partes han tenido la oportunidad de ejercer ampliamente el derecho de contradicción,
motivo por el cual la precisión que se hace sobre la identificación de las decisiones
involucradas, en forma alguna vulnera prerrogativas fundamentales.
57. En consecuencia, en el evento de confirmarse el fallo de primera instancia, que
reconoció a los accionantes los derechos reclamados, se adicionaría el numeral
primero y modificaría el segundo de la parte resolutiva, en lo referente a incluir las
resoluciones 3341, 3503 y 2652 de 2017, en lugar de los actos fictos relacionados con
la situación de los señores Carlos Oswaldo González Insuasti, Jhon Jairo Rodríguez
Salazar y María Cristina Rosas Valencia.
58. En cuanto a los demás demandantes no es necesaria la anterior precisión, toda
vez que no se evidencian actos expresos que reemplazaran los fictos producto de no
haberse resuelto los recursos interpuestos contra las resoluciones que negaron la
reliquidación aquí reclamada.
3.3. Problemas jurídicos
59. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
60. ¿Los demandantes, en su condición de jueces de la República, tienen derecho
a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial
de servicios como factor salarial?
61. ¿La reliquidación del salario y de las prestaciones sociales, con la inclusión del
30 % que se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de
servicios, sobrepasa el 80 % de lo que por todo concepto devenga anualmente un
magistrado de alta corte, con fundamento en los decretos 610 de 1998 y 1102 de
2012?
62. ¿El hecho de acceder a las pretensiones de la demanda implicaría superar los
topes previstos en el Decreto 1251 de 2009?
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63. ¿Se configuró la prescripción trienal de los derechos reclamados por los
demandantes?
64.Para resolver los interrogantes planteados se desarrollarán algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicios.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. De la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
65. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
66. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199332 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
(…).
67. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
32 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
14
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de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones33, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
68. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».
69. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»34.
70. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»35.
71. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
33 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
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descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
72. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»36. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 37.
73. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30% del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica» 38.
En este escenario, estableció unos criterios de interpretación del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, en el siguiente orden:
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
37 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18).
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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
74. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el cómputo
de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el momento en
que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la prescripción,
para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito), contar 3 años hacia
atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción».
75. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7 de
enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».
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76. Por último, en sentencia del 9 de abril de 202439, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
77. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.5. Hechos probados relevantes
78. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
79. Los demandantes se vincularon a la Rama Judicial y desempeñaron el cargo de
jueces de la República, en los siguientes periodos, según se certificó:
Demandante Periodo de servicios
Adriana del Pilar Miranda Martínez 01/04/1997, vinculada al 06/04/201640
Carlos Oswaldo González Insuasti 01/03/1990, vinculado al 19/04/201641
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 17/01/1989, vinculado al 20/01/201642
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 01/09/2007, vinculado al 14/12/201543
José Antonio Lombana Burgos 02/10/1970 al 31/12/200644
Luis Gerardo López 03/01/1975 al 28/10/201345
María Cristina Rosas Valencia 01/04/1991, vinculada al 20/01/201646
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
9 de abril de 2024, exp. 11001032500020190060900(4735-2019).
40 Según el certificado de servicios expedido el 6 de abril de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 1, fol. 45, expediente físico.
41 Conforme al certificado de servicios expedido el 19 de abril de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 1, fol. 134, expediente físico.
42 Según el certificado de servicios expedido el 20 de enero de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 2, fol. 222, expediente físico.
43 De acuerdo con el certificado de servicios expedido el 14 de diciembre de 2015, por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 2, fol. 308, expediente físico.
44 Conforme al certificado de servicios expedido el 20 de enero de 2016, por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 2, fol. 350, expediente físico.
45
Según el certificado de servicios expedido el 4 de marzo de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 3, fol. 404, expediente físico.
46 De acuerdo con el certificado de servicios expedido el 20 de enero de 2016, por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 3, fol. 483, expediente físico.
18
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 01/11/2012, vinculada al 23/04/201647
Roberto Ortiz Jurado 01/09/1969 al 31/07/200248
Rosalba Pascuaza Rodríguez 01/04/2003, vinculada al 23/04/201649
Tabla 6: periodos de servicios acreditados por los accionantes.
80. Los accionantes solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la
reliquidación y pago de los salarios y de las prestaciones sociales con la inclusión de
la prima especial de servicios, dado que la base salarial se redujo en un porcentaje del
30 % por concepto de tal emolumento, sin considerarla con carácter salarial. La entidad
negó lo pretendido. Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro:
Demandante Radicación de las Resolución que dio respuesta
peticiones (actos administrativos acusados)
Adriana del Pilar Miranda Martínez 8 de febrero de 201650 1699 del 29 de febrero de 201651
Carlos Oswaldo González Insuasti 13 de enero de 201652 1231 del 27 de enero de 201653
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 10 de febrero de 201554 1549 del 9 de febrero de 201655
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 10 de diciembre de 201556 0007 del 4 de enero de 201657
José Antonio Lombana Burgos 19 de enero de 201658 1548 del 9 de febrero de 201659
Luis Gerardo López 11 de febrero de 201660 1700 del 29 de febrero de 201661
María Cristina Rosas Valencia 13 de enero de 201662 1229 del 27 de enero de 201663
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 27 de enero de 201664 1550 del 9 de febrero de 201665
Roberto Ortiz Jurado 27 de febrero de 201666 2094 del 7 de marzo de 201667
Rosalba Pascuaza Rodríguez 18 de enero de 201668 1230 del 27 de enero de 201669
Tabla 7: fechas de radicación de las reclamaciones administrativas y actos de respuesta, que se acusan en la
demanda.
47 Conforme al certificado de servicios expedido el 23 de abril de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 3, fol. 552, expediente físico.
48 Según el certificado de servicios expedido el 4 de marzo de 2016, por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 3, fol. 578, expediente físico.
49 De acuerdo con el certificado de servicios expedido el 23 de abril de 2016, por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, visto en el cuaderno núm. 4, fol. 609, expediente físico.
50 Hecho sobre el que no existe controversia. Así se señaló en la demanda y lo confirmó la parte accionada en la
contestación. Ver: Cuadernos núm. 1, fol. 5; y núm. 4, fol. 712, expediente físico.
51 Cuaderno núm. 1, fols. 34 a 36, expediente físico.
52 Cuaderno núm. 5, fols. 744 a 548, expediente físico.
53 Cuaderno núm. 1, fols. 121 a 125, expediente físico.
54 Visto en el cuaderno núm. 5, fols. 804 a 811, expediente físico.
55 Cuaderno núm. 2, fols. 202 a 213, expediente físico.
56 Obra en el cuaderno núm. 5, fols. 906 a 910, expediente físico.
57 Cuaderno núm. 2, fols. 297 a 299, expediente físico.
58 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
59 Cuaderno núm. 2, fols. 337 a 341, expediente físico.
60 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
61 Cuaderno núm. 2, fols. 393 a 395, expediente físico.
62 Visible en el cuaderno núm. 5, fols. 968 a 973, expediente físico.
63 Cuaderno núm. 2, fols. 470 a 474, expediente físico.
64 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
65 Cuaderno principal, fols. 1007 a 1011, expediente físico.
66 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
67
Cuaderno principal, fols. 1020 a 1022, expediente físico.
68 Hecho sobre el que no existe controversia. Así se indicó en la demanda y lo confirmó la parte accionada en la
contestación. Ver: Cuadernos núm. 1, fol. 5; y núm. 4, fol. 713, expediente físico.
69 Cuaderno principal, fols. 1039 a 1043, expediente físico.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
81. Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra los actos
administrativos antes relacionados (tabla 7)70; sin embargo, la entidad demandada solo
dio respuesta a los señores Carlos Oswaldo González Insuasti, Jhon Jairo Rodríguez
Salazar y María Cristina Rosas Valencia, mediante las resoluciones 3341 del 10 de
marzo de 201771, 3503 del 17 de marzo de 201772 y 2652 del 1 de febrero de 201773,
que como se expuso en el acápite de cuestión previa de esta providencia, confirmaron
lo decidido en las resoluciones 1231 del 27 de enero de 2016, 0007 del 4 de enero de
2016 y 1229 de 27 de enero de 2016, respectivamente.
82. A su vez, reposan en el plenario certificados de pagos y descuentos efectuados
por la entidad accionada a cada uno de los demandantes en calidad de jueces de la
República, durante sus vinculaciones74.
3.6. Caso concreto
83. En primer lugar, previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala
precisa que la parte recurrente no discute el derecho de los accionantes a la
reliquidación de los salarios y de las prestaciones sociales derivada del
fraccionamiento de la remuneración mensual, que el Tribunal en la sentencia de
primera instancia encontró probada, en tanto se les disminuyó el salario básico en un
30 % por concepto de prima especial. Por ende, se pronunciará solo respecto de lo
discutido en el recurso de alzada en el marco de competencia del juez de segunda
instancia.
3.6.1. De la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión del 30 %
por concepto de prima especial
84. La parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia alegó que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 no constituye factor salarial para efectos de la liquidación de las
prestaciones sociales.
85. En este orden de ideas, la Sala procede a definir si los demandantes tienen
derecho a la reliquidación de sus prestaciones con la inclusión de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con carácter salarial.
86. Sobre el particular, se advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño consideró
que la prima especial de servicios constituye factor salarial. Por tal razón, ordenó a la
70 Cuaderno núm. 1, fols. 38 a 44 y 127 a 133; cuaderno núm. 2, fols. 215 a 221, 301 a 307, 343 a 349 y 397 a 403;
cuaderno núm. 3, fols. 476 a 482, 545 a 551 y 571 a 577; cuaderno núm. 4, fols. 602 a 608, expediente físico.
71 Cuaderno núm. 4, fols. 769 a 779, expediente físico.
72
Cuaderno núm. 5, fols. 930 a 940, expediente físico.
73 Cuaderno núm. 5, fols. 994 a 1005, expediente físico.
74 Cuadernos núm. 1, fols. 46 a 48, 135 a 157; núm. 2, fols. 223 a 294, 309 a 334, 351 a 390; núm. 3, fols. 405 a
467, 489 a 536, 553 a 564, 579 a 593; núm. 4, fols. 610 a 659.
20
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
entidad accionada la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta
aquella.
87. En primer lugar, la Sala resalta, conforme se explicó en el acápite de marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
creó a favor de los jueces de la República, entre otros servidores públicos, la
denominada prima especial de servicios no inferior al 30 % ni superior al 60 % del
sueldo básico, «sin carácter salarial».
88. La anterior norma fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, en la
sentencia C-279 de 1996. Dicha autoridad declaró la exequibilidad de la expresión «sin
carácter salarial», al considerar que no existía «ningún motivo fundado en los
preceptos constitucionales que rigen la materia […] que impida al legislador disponer
que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al
monto total del salario del trabajador»75. Lo anterior, en la medida en que «el legislador
conserva una cierta libertad para establecer, qu[é] componentes constituyen, o no
salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su
competencia desarrollar la Constitución»76.
89. Luego, con la expedición de la Ley 332 de 1996, se estableció que la referida
prima constituiría factor salarial solo para efectos de la liquidación de la pensión. Tal
norma previó lo siguiente:
Artículo 1º.- La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General
de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio harán parte
del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación,
para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley.
La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados
Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del
extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General
de la Nación.
90. Esta norma también fue objeto de revisión77, en la sentencia C-444 de 1997;
oportunidad en la que, la Corte Constitucional reiteró y reafirmó la potestad del
legislador para «establecer sumas de dinero que habitualmente puede percibir el
empleado, pero que no se tendrán en cuenta para efectos de liquidar determinadas
prestaciones sociales, o que no se tendrán como salario»78.
75
Corte Constitucional, sentencia C-279 de 1996.
76 Ibidem.
77 Corte Constitucional, sentencia C-444 de 1997.
78 Ibidem.
21
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
91. A su vez, esta corporación, en diferentes providencias, ha estudiado la naturaleza
de la prima especial. Así, en la sentencia del 12 de septiembre de 2018 79 indicó que,
«[e]n cuanto a las prestaciones sociales, [el mencionado concepto] no [era] un factor
salarial, de manera que [no debía] ser sumada ni excluida para establecer la base
sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales», y precisó que estas deberían
«ser liquidadas sólo sobre la base del 100% del salario básico mensual» 80. De igual
forma, en el fallo del 2 de septiembre de 201981 explicó que la prima especial «solo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación»82.
92. Lo expuesto da cuenta que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional
como de esta corporación, ha reiterado que la prima especial de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 no hace parte de la base para liquidar prestaciones sociales,
contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, en tanto únicamente debe
considerarse para efectos pensionales.
93. Ahora bien, descendiendo al caso particular, se acreditó que los señores Adriana
del Pilar Miranda Martínez; Carlos Oswaldo González Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz
Narváez; Jhon Jairo Rodríguez Salazar; José Antonio Lombana Burgos; Luis Gerardo
López; María Cristina Rosas Valencia; Mercedes Victoria Ortiz Narváez; Roberto Ortiz
Jurado y Rosalba Pascuaza Rodríguez, se han desempeñado como jueces de la
República al servicio de la Rama Judicial. Por consiguiente, son beneficiarios de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual conforme se dijo
antes, solo constituye ingreso base de liquidación para pensión.
94. En punto, como la prima especial únicamente ostenta el carácter salarial para
efectos pensionales, contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, no puede
incluirse en la base de liquidación de las prestaciones sociales percibidas por los
accionantes. Por ende, no es procedente la reliquidación pretendida teniendo en
cuenta el referido emolumento.
95. Así las cosas, como los demandantes no tienen derecho a que sus prestaciones
sociales se liquiden teniendo en cuenta la prima especial, se modificarán los numerales
tercero y cuarto del fallo, que reconocieron y ordenaron el pago de la prima especial
como factor salarial.
96. Se advierte que esta modificación no implica que se deje de reconocer de una
parte, que la entidad accionada debe reconocer y pagar a los demandantes la prima
especial como una acreencia adicional al salario y, de otro, reliquidar sus prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 30% que de la remuneración fue omitido a partir de un
incorrecto entendimiento de dicha prima, pues tales determinaciones del juez de
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre
de 2018, exp. 73001-23-33-000-2012-00183-02(3546-2015).
80
Ibidem.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
82 Ibidem.
22
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
primera instancia están en consonancia con la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la materia, descrita líneas atrás. Simplemente, se precisa
que al efectuar la correspondiente reliquidación, no puede dársele a la prima especial
la connotación de factor salarial.
97. Lo anterior toda vez que un asunto es que para liquidar las prestaciones sociales
deba tenerse en cuenta la totalidad del salario, sin restar el porcentaje del 30% de la
prima especial, debido a que es una acreencia adicional, y otra distinta, considerar que
esta es factor salarial para liquidar todas las prestaciones, lo cual es incorrecto, pues
por disposición legal solo debe considerarse para efectos pensionales.
98. Esta distinción es relevante debido a que en el recurso de apelación no se
cuestionó que el juez de primera instancia haya tenido por probado frente a todos los
demandantes, que el 30% de sus salarios incorrectamente se consideró como prima
especial, como lo ha ilustrado la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en caso similares; sino que se haya ordenado la reliquidación de las
prestaciones sociales otorgándole a la referida prima el carácter salarial para todos los
efectos, reproche al que debe circunscribirse el análisis en esta instancia.
3.6.2. Del tope previsto en los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012
99. En consonancia con los argumentos de la alzada, se tiene que los demás motivos
de inconformidad están dirigidos a ilustrar que la forma en la que se ordenó el
restablecimiento del derecho supone el desconocimiento de los topes para la
remuneración de los funcionarios judiciales.
100. En consecuencia, la entidad recurrente alegó que no puede reconocerse el
porcentaje del 30 % adicional de la prima especial, ni la reliquidación de las
prestaciones sociales, toda vez que se superaría el tope del 80 % de lo que por todo
concepto recibe anualmente un magistrado de alta corte.
101. En tal sentido, se estudiará si la condena impuesta por el Tribunal no procede por
cuanto, a juicio de la accionada, se supera el tope previsto en los decretos 610 de 1998
y 1102 de 2012.
102. En primer lugar, se señala que el Gobierno nacional, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, en la que se establecieron las normas, objetivos y
criterios que debía observar para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, expidió el Decreto 610 de 199883, a través del cual se creó una
bonificación por compensación a favor de «los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo, Nacional y Superior Militar;
83 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, rad. núm. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna.
23
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
a los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de
Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del
Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad
de Fiscalía ante Tribunal de Distrito».
103. La anterior norma fue modificada por el Decreto 1102 de 201284 según el cual, a
partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por compensación que venían
percibiendo sus beneficiarios equivaldría a un valor que sumado a la asignación básica
y demás ingresos laborales iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las altas cortes.
104. Aclarado esto, se destaca que contrario a lo afirmado por la parte demandada, a
los accionantes no les rigen los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012 que prevén el
tope del 80 %. Ello, en la medida que como quedó visto, los beneficiarios de dichas
disposiciones son, para el caso de la Rama Judicial, los magistrados de los tribunales
superiores de distrito judicial, contencioso-administrativo, nacional y superior militar; a
los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y
el Consejo Superior de la Judicatura.
105. Por consiguiente, en razón a que ninguno de los demandantes se ha
desempeñado como magistrado de tribunal u otro equivalente, no les resulta aplicable
el tope del 80 % de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas
cortes. Así, se estima que el cargo de la apelación no está llamado a prosperar.
3.6.3. De los topes establecidos en el Decreto 1251 de 2009
106. La entidad recurrente alegó que acceder al pago de la prima especial de manera
adicional al salario y reliquidar las prestaciones sociales de los accionantes implicaría
reconocer una retribución mensual que excedería los topes dispuestos en el Decreto
1251 de 2009, que oscilan entre el 34,7 % y el 47,7 % (según la categoría del juez y el
año, esto es, 2009 o 2010 en adelante), del 70 % del total de los ingresos de los
magistrados de altas cortes.
107. Sobre el particular, se destaca que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2
de septiembre de 2019, al estudiarse el argumento de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial referente a la superación de los topes previstos en el Decreto
1251 de 2009, dado el reconocimiento a favor de los jueces de la República de la prima
especial adicional al salario, se señaló que los porcentajes que se incluyen en dicha
disposición ni siquiera alcanzan el 25 % de lo que devenga un magistrado de alta corte.
Así, sostuvo:
Adicionalmente, téngase en cuenta que la interpretación que pretende dar la DEAJ al
84 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
24
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Decreto en comento es contraria al espíritu de la Ley marco, Ley 4º de 1992 es decir, la
nivelación o reclasificación en equidad de los servidores de la Rama Jurisdiccional, entre
otros, en virtud de que los porcentajes que se incluyen en el Decreto 1251 de 2009 no
equivalen siquiera al 25 % de lo que percibe un magistrado de alta corte. Para ilustrar la
anterior aseveración, téngase en cuenta la siguiente tabla, tomando como base una cifra
hipotética para mejor entendimiento:
Ingresos 70 % de los Porcentaje del 34.7% aplicado Límite de la
anuales de ingresos de Decreto 1251 de al 70% de los suma que
magistrado de magistrado 2009 ingresos de debe
alta corte de alta corte correspondiente a magistrado de devengar el
jueces municipales alta corte juez
municipal
100,000,000 70,000,000 34.7% 24,290,000 24,290,000
Así las cosas, no le asiste la razón a la DEAJ al señalar que el reconocimiento pleno del
salario esté limitado por los montos establecidos en el Decreto 1251 de 2009, porque,
se reitera, este solo rigió para dicho año.
En segundo término, si bien ese límite establecido en el Decreto 1251 de 2009 no aplica,
es lo cierto también que es necesario dejar límites razonables a los ingresos de los
jueces de la República y a sus demandas, que otorguen seguridad jurídica y sea
fiscalmente sostenible. La prescripción, que se abordará en el capítulo siguiente es ya
un primer límite, de orden temporal.
Por último, la Sala, quiere dejar en claro que la sentencia de unificación que hoy se
adopta no implica que se está variando o modificando el régimen salarial y prestacional
de los servidores beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 4 de 1992 –
jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la medida en que en ningún caso se podrán
superar los porcentajes máximos o topes fijados por el Gobierno Nacional – dependiendo
del cargo […].
108. De la lectura anterior se advierte que, si bien la citada sentencia se limitó al
análisis de la vigencia del año 2009, lo cierto es que la afirmación según la cual el
Decreto 1251 de 2009 «solo rigió para dicho año», no resulta del todo precisa, pues
no refleja el alcance normativo de la disposición.
109. Lo anterior, en razón a que, aunque el inciso primero de los artículos 2 y 3 se
refiere expresamente a la remuneración correspondiente a la vigencia del año 2009,
el inciso segundo de estos prevé —de manera clara, expresa y «con carácter
permanente»— que a partir del año 2010 la remuneración de los jueces de circuito
será equivalente al 43,2 % del valor correspondiente al 70 % de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes, y para el caso
de los jueces municipales, el 34,9 %, respectivamente.
110.En este orden de ideas, no es dable desconocer el alcance normativo del inciso
segundo de los artículos en mención, los cuales fijaron —de manera expresa y con
vocación de permanencia— el régimen remuneratorio aplicable a los jueces de la
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República a partir de la vigencia 2010. Por consiguiente, su contenido no puede ser
soslayado ni condicionado a la vigencia del año 2009, en tanto constituye el cálculo
porcentual de la remuneración judicial.
111. Aclarado esto, de acuerdo con la sentencia en cita, es claro que la prima especial
de servicios como un emolumento adicional al salario que perciben los jueces de la
República no excede los topes salariales previstos en el Decreto 1251 de 2009, en la
medida en que los porcentajes establecidos en tal disposición ni siquiera alcanzan el
25 % de lo que percibe un magistrado de alta corte. Ello, en tanto que los límites fijados
en el referido decreto tienen como parámetro el 70 % de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes.
112. En todo caso, se resalta que la entidad accionada manifestó que el fallo de
primera instancia implica desatender los señalados topes, sin embargo, no expuso de
manera clara ni precisa las razones de dicha afirmación, respecto de la cual en
contraste se aprecian los argumentos desarrollados por el a quo, que reiteran, con las
precisiones arriba señaladas, que se venía efectuado una incorrecta interpretación de
las normas que regulan la prima especial de servicios, lo que implicó una reducción de
la remuneración de los funcionarios judiciales.
113. Adicionalmente, se señala que el reconocimiento salarial de estos tiene un límite
establecido en la ley que debe ser acatado por la administración. Lo anterior significa
que todos los pagos referentes a los salarios y prestaciones a que tengan derecho
deben observar los topes dispuestos en el ordenamiento jurídico.
114. En consecuencia, contrario a lo argumentado por la parte demandada, el
reconocimiento por concepto de prima especial no vulnera los topes establecidos en
el Decreto 1251 de 2009 para los jueces de la República. Sin embargo, se considera
que hay lugar a adicionar el numeral tercero de la sentencia, para efectos de advertir,
en todo caso, que lo reconocido por el Tribunal no podrá exceder los topes fijados por
el Gobierno nacional.
3.6.4. De la prescripción de los derechos reclamados
115. La entidad accionada sostuvo que en el asunto de la referencia operó la
prescripción de los derechos reclamados, con fundamento en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968. Adujo que en el caso de los señores José Antonio Lombana Burgos,
Luis Gerardo López y Roberto Ortiz Jurado, el fenómeno operó de manera extintiva,
toda vez que para la fecha en la que presentaron la reclamación administrativa no
tenían vínculo laboral vigente con la entidad, habiendo finalizado esta tres años antes
de la radicación de la solicitud.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
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116. Ahora bien, el artículo 41 del Decreto 3135 de 196885, modificado por el artículo
102 del Decreto 1848 de 196986, establece que las acciones que emanan de los
derechos previstos en esa normativa prescriben «en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible» y que la prescripción se interrumpe, por
un lapso igual, con el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente del reconocimiento del derecho.
117. Sobre el particular, es preciso señalar que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de esta corporación,
en la que se discutió del derecho de un juez de la República al reconocimiento de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se definió que para la
contabilización de la prescripción del referido derecho «se tendrá en cuenta en cada
caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto
3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969».
118. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:
[…] sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones
dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la prescripción,
por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este
se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante, con las liquidaciones a
cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el
Gobierno para reglamentarla. No obstante, los correspondientes decretos expedidos
entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos -parcialmente-, mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a juicio de la Corporación,
«interpretaron erróneamente (...) la Ley» y consagraron una liquidación en detrimento de
los derechos laborales de los servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es,
el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto
que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia. Ello
implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su
reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
85 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
86 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
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contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados
podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue
con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
119. En este orden de ideas, en aplicación del anterior precedente, y en consonancia
con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la Sala considera que la exigibilidad
del derecho en el presente caso surge desde que la prima especial de servicios se
reglamentó —Decreto 57 de 1993—; de modo que, el término de prescripción del
derecho a tal emolumento se interrumpe con la presentación de la reclamación
administrativa.
120. Así las cosas, teniendo en cuenta que los interesados podían reclamar el derecho
a la prima especial de servicios desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 —7
de enero de 1993—, en tanto conocían de su existencia como acreencia laboral,
resulta válido establecer que la prescripción se interrumpe en el momento en el que se
presenta la respectiva solicitud del derecho ante la administración.
121. Aclarado esto y descendiendo al asunto en concreto, se observa que aun cuando
el juez de primera instancia no hizo pronunciamiento alguno sobre la prescripción, en
casos como el presente, de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario su estudio
conforme lo pide la entidad recurrente.
122. Ahora bien, la Sala abordará el análisis de la prescripción dividiéndola para
efectos prácticos en tres eventos. En el primero de estos, los accionantes se
encontraban vinculados al servicio para los años 2015 y 2016, según las distintas
certificaciones emitidas para entonces87, de manera que las reclamaciones
administrativas interrumpieron el término de prescripción, previsto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, solo
frente a lo generado durante los tres años anteriores, conforme se explicó antes. Ello
sucede frente a los siguientes demandantes, así:
Demandante Periodo de servicios Radicación Interrupción
de las de la
peticiones prescripción
Adriana del Pilar Miranda 01/04/1997, vinculada al 06/04/2016 08/02/201688 08/02/2013
Martínez
87 Relacionadas una a una en el acápite de hechos probados de esta sentencia.
88 Hecho sobre el que no existe controversia. Así se señaló en la demanda y lo confirmó la parte accionada en la
contestación. Ver: Cuadernos núm. 1, fol. 5; y núm. 4, fol. 712, expediente físico.
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Carlos Oswaldo González 01/03/1990, vinculado al 19/04/2016 13/01/201689 13/01/2013
Insuasti
Gabriel Guillermo Ortiz 17/01/1989, vinculado al 20/01/2016 10/02/201590 10/02/2012
Narváez
Jhon Jairo Rodríguez 01/09/2007, vinculado al 14/12/2015 10/12/201591 10/12/2012
Salazar
María Cristina Rosas 01/04/1991, vinculada al 20/01/2016 13/01/201692 13/01/2013
Valencia
Mercedes Victoria Ortiz 01/11/2012, vinculada al 23/04/2016 27/01/201693 27/01/2013
Narváez
Rosalba Pascuaza 01/04/2003, vinculada al 23/04/2016 18/01/201694 18/01/2013
Rodríguez
Tabla 8: conteo de la prescripción respecto de los demandantes vinculados al servicio sin fecha de
desvinculación.
123. Al respecto, se precisa que los pagos ordenados deberán reconocerse respecto
de cada uno de los accionantes en mención, a partir de las fechas señaladas en la
última columna de la tabla anterior (tabla 8). En tal sentido se modificará el numeral
tercero de la sentencia de primera instancia.
124. En cuanto al segundo evento, se tiene que dos de los accionantes se
desvincularon del servicio; en tal sentido, comoquiera que la reclamación
administrativa se presentó transcurridos más de tres años después de la
desvinculación, se estima que operó la prescripción extintiva de los derechos
reclamados (salvo los aportes a seguridad social en pensión) y así se declarará. Ello,
en la medida que dejaron de devengar las prestaciones una vez surgió el retiro del
servicio, por lo que lo causado durante la relación laboral debió reclamarse dentro de
los tres años siguientes so pena de operar la prescripción. Lo anterior conforme se
detalla a continuación:
Demandante Periodo de servicios Plazo máximo para la Radicación
interrupción de la de las
prescripción peticiones
José Antonio Lombana 02/10/1970 al 31/12/2006 31/12/2009 19/01/201695
Burgos
Roberto Ortiz Jurado 01/09/1969 al 31/07/2002 31/07/2005 27/02/201696
Tabla 9: conteo del término de prescripción de algunos de los demandantes que, según se probó, se
desvincularon del servicio.
125. Así, toda vez que operó la prescripción extintiva de los derechos reclamados por
los señores José Antonio Lombana Burgos y Roberto Ortiz Jurado, se modificará y
89 Cuaderno núm. 5, fols. 744 a 548, expediente físico.
90 Visto en el cuaderno núm. 5, fols. 804 a 811, expediente físico.
91 Obra en el cuaderno núm. 5, fols. 906 a 910, expediente físico.
92 Visible en el cuaderno núm. 5, fols. 968 a 973, expediente físico.
93 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
94
Hecho sobre el que no existe controversia. Así se indicó en la demanda y lo confirmó la parte accionada en la
contestación. Ver: Cuadernos núm. 1, fol. 5; y núm. 4, fol. 713, expediente físico.
95 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
96 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
adicionará el numeral cuarto de la sentencia impugnada, en cuanto a declarar la
configuración de dicho fenómeno. En consecuencia, se negarán las pretensiones de
la demanda respecto a la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales, en lo
que se refiere a dichos accionantes; y para ello, se adicionará el numeral tercero del
fallo recurrido.
126. El último de los escenarios concierne al señor Luis Gerardo López, quien al igual
que en el evento anterior, se retiró del servicio, pues ejerció el cargo de juez del 3 de
enero de 1975 al 28 de octubre de 2013, conforme se certificó. No obstante, si bien se
dejaron de causar las prestaciones reclamadas a partir de la última fecha, lo cierto es
que la reclamación administrativa se presentó el 11 de febrero de 201697, esto es,
dentro de los tres años siguientes a la desvinculación; de modo que se interrumpió el
término de prescripción y este fenómeno no operó con carácter extintivo. Por
consiguiente, deberá declararse la prescripción de las sumas causadas antes del 11
de febrero de 2013, y en tal sentido se modificará el numeral tercero del fallo apelado.
3.6.5. Consideraciones adicionales. Sobre la procedencia del pago de los aportes
a seguridad social en pensiones
127. Finalmente, la Sala ordenará reliquidar y pagar los aportes a pensión
procedentes de la diferencia salarial causada que por motivo del fraccionamiento del
salario por el periodo durante el cual la entidad pagó la remuneración en un porcentaje
diferente al 100 %, esto es, desde el 7 de enero de 1993 (fecha de entrada en vigor
del Decreto 57 de 1993) y hasta la permanencia de los accionantes en los cargos que
les otorguen u otorgaron el reconocimiento a la prima especial, por ser la seguridad
social un derecho irrenunciable98 e imprescriptible99; solo en el evento de que no los
haya pagado.
128. Adicionalmente, como desde la Ley 332 de 1996 la prima especial es factor
salarial únicamente frente a los aportes a la seguridad social en pensión, a partir de
ella se deben efectuar las correspondientes cotizaciones sobre dicha acreencia, que
corresponde al 30 % de la asignación básica.
129.Esto quiere decir que, la liquidación de los aportes a seguridad social en pensión
debe realizarse así:
97 Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
98 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
99 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(a) En el caso de quienes estaban vinculados al servicio antes de la Ley 332 de
1996, los señores Carlos Oswaldo González Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz
Narváez; José Antonio Lombana Burgos; Luis Gerardo López; María Cristina Rosas
Valencia; y Roberto Ortiz Jurado: del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor
de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100 % de remuneración básica
mensual; y desde la entrada en vigor de la referida norma a la permanencia de los
demandantes en los cargos que le otorguen el reconocimiento a la prima, con base
en la anterior asignación más el 30 % correspondiente a la prima especial, siempre
que la entidad no los haya hecho.
(b) En relación con los señores Adriana del Pilar Miranda Martínez; Jhon Jairo
Rodríguez Salazar; Mercedes Victoria Ortiz Narváez y Rosalba Pascuaza
Rodríguez: desde la vinculación al servicio de juez de la República (que fue posterior
al 28 de diciembre de 1996, fecha en que entró en vigencia la Ley 332 de 1996),
debe tenerse en cuenta como base el 100 % de remuneración básica mensual, más
el 30 % correspondiente a la prima especial, siempre que la entidad no los haya
realizado.
130.Por tal motivo, se adicionará el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo
impugnado, atinente a las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social a cargo de la
demandada.
131. Asimismo, se adicionará en el sentido de aclarar que lo reconocido con ocasión
del proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por
concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado por la entidad
accionada previamente, y sin perjuicio de que verifique los pagos realizados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
3.6. Conclusión de la decisión
132. En atención a lo expuesto, al haberse probado que la entidad dio respuesta a
algunos de los recursos interpuestos por los demandantes contra la negativa a la
reliquidación de salarios y prestaciones sociales, cuyos actos fictos negativos
solicitaron que se declaren nulos, se adicionará el numeral primero y modificará el
numeral segundo del fallo apelado, para efectos de incluir la declaratoria de nulidad de
las resoluciones 3341, 3503 y 2652 de 2017, en lugar de los actos fictos relacionados
con la situación de los señores Carlos Oswaldo González Insuasti, Jhon Jairo
Rodríguez Salazar y María Cristina Rosas Valencia.
133. Se estima que los demandantes, en condición de jueces de la República, no
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por cuanto
tal emolumento solo constituye factor salarial para las cotizaciones a pensión. En
consecuencia, se modificarán los numerales tercero y cuarto del fallo de primera
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Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
instancia, en los que se reconoció y ordenó el pago de la prima especial como factor
salarial.
134. Se advierte que a los accionantes no les aplica el tope del 80 % previsto en los
decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, toda vez que estos solo rigen a los magistrados
de tribunal y cargos equivalentes a este.
135. El hecho de acceder a las pretensiones de la demanda, reconociendo la prima
especial como un emolumento adicional al salario no implica superar los topes
dispuestos en el Decreto 1251 de 2009. Sin embargo, se considera que hay lugar a
adicionar el numeral tercero de la sentencia, para efectos de advertir que lo reconocido
por el Tribunal no podrá exceder los límites fijados por el Gobierno nacional.
136. En cuanto al fenómeno de la prescripción, se estima que:
(a) Para los señores Adriana del Pilar Miranda Martínez; Carlos Oswaldo
González Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz Narváez; Jhon Jairo Rodríguez
Salazar; María Cristina Rosas Valencia; Mercedes Victoria Ortiz Narváez y
Rosalba Pascuaza Rodríguez, la prescripción se configuró respecto a los
derechos causados tres años antes de la reclamación administrativa presentada
por cada uno de ellos.
(b) Para los señores José Antonio Lombana Burgos y Roberto Ortiz Jurado, operó
la prescripción extintiva del derecho, salvo en lo atinente a los aportes a
seguridad social, toda vez que la reclamación administrativa se realizó más de
tres años después del retiro del servicio.
(c) Para el señor Luis Gerardo López, se configuró la prescripción respecto de
los derechos causados tres años antes de la reclamación administrativa, puesto
que aun cuando se retiró del servicio, dicha solicitud la presentó dentro de los
tres años siguientes a la desvinculación.
137. A su vez, se negarán las pretensiones de la demanda concernientes a la
reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales con la inclusión de la prima
especial como factor salarial, por prescripción extintiva, respecto de los señores José
Antonio Lombana Burgos y Roberto Ortiz Jurado.
138. Por razón a las anteriores circunstancias, se modificarán los numerales tercero y
cuarto de la sentencia impugnada.
139. Se ordenará a la entidad demandada realizar la reliquidación de los respectivos
aportes a seguridad social en pensiones a favor de todos los demandantes, por ser la
seguridad social un derecho irrenunciable e imprescriptible; solo en el evento de que
no los haya pagado.
140. Finalmente, se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la accionada no haya realizado otro pago a la parte accionante por
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Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
los mismos conceptos aquí reconocidos y, sin perjuicio de que verifique los pagos
realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del
cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En
ese sentido, se adicionará la decisión de primera instancia.
3.7. Costas
141. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 100 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
142. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionada en el numeral quinto de la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala de Conjueces, el 6 de mayo de 2019, que accedió a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Adicionar el numeral primero de la parte resolutiva de la anterior sentencia,
que quedará así:
100 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14).
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Primero: (a) Declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por el doctor
Jaime Alberto Quiñones Eraso, en su condición de Director Ejecutivo de Administración
Judicial, Seccional Pasto, mediante los cuales se negaron los derechos de petición sobre
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y a la reliquidación de las
primas y prestaciones sociales percibidas por los demandantes como servidores
judiciales del Distrito de Pasto, de conformidad con la sentencia del 29 de abril de 2014,
emitida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, así como la jurisprudencia
reiterada de esta Sala, como se relaciona a continuación:
Demandante Núm. y fecha de las resoluciones
Adriana del Pilar Miranda Martínez 1699 del 29 de febrero de 2016
Carlos Oswaldo González Insuasti 1231 del 27 de enero de 2016
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 1549 del 9 de febrero de 2016
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 0007 del 4 de enero de 2016
José Antonio Lombana Burgos 1548 del 9 de febrero de 2016
Luis Gerardo López 1700 del 29 de febrero de 2016
María Cristina Rosas Valencia 1229 del 27 de enero de 2016
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 1550 del 9 de febrero de 2016
Roberto Ortiz Jurado 2094 del 7 de marzo de 2016
Rosalba Pascuaza Rodríguez 1230 del 27 de enero de 2016
(b) Declarar la nulidad de las resoluciones 3341 del 10 de marzo de 2017, 3503 del 17 de
marzo de 2017 y 2652 del 1 de febrero de 2017, a través de las cuales la entidad
demandada confirmó la negativa de la reliquidación de los salarios y las prestaciones
sociales de los señores Carlos Oswaldo González Insuasti, Jhon Jairo Rodríguez Salazar
y María Cristina Rosas Valencia, respectivamente, al resolver los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones 1231 del 27 de enero de 2016; 0007 del 4 de enero
de 2016 y 1229 del 27 de enero de 2016.
Tercero: Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, que quedará así:
Segundo: Declarar la nulidad de los actos presuntos negativos por presentarse el
silencio administrativo adoptado por la Dirección de Administración Judicial, respecto a
los recursos de apelación formulados por los actores, en contra de las resoluciones
citadas en el numeral anterior, pretendiendo su revocatoria, recursos presentados en las
siguientes fechas:
Demandante Fecha de interposición de los
recursos
Adriana del Pilar Miranda Martínez 4 de marzo de 2016
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 17 de febrero de 2016
Luis Gerardo López 4 de marzo de 2016
José Antonio Lombana Burgos 17 de febrero de 2016
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 7 de febrero de 2016
Roberto Ortiz Jurado 14 de marzo de 2016
Rosalba Pascuaza Rodríguez 8 de febrero de 2016
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Cuarto: Modificar y adicionar el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, que quedará así:
Tercero: (a) Condenar a título de restablecimiento del derecho a la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Seccional de
Administración Judicial, para que a través de la Oficina de Recursos Humanos de la
Dirección de Administración Judicial, Seccional de Pasto, reliquide y pague los salarios
y las prestaciones sociales de los accionantes que se señalan en el siguiente cuadro,
teniendo en cuenta una base de liquidación del 100 % de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30 % descontado a título de prima especial, a partir de las fechas
señaladas a continuación, por prescripción trienal, y hasta su permanencia en los cargos
que le otorguen el reconocimiento a la prima especial:
Demandante Fecha a partir de la cual se debe
reconocer el derecho
Adriana del Pilar Miranda Martínez 08/02/2013
Carlos Oswaldo González Insuasti 13/01/2013
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 10/02/2012
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 10/12/2012
María Cristina Rosas Valencia 13/01/2013
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 27/01/2013
Rosalba Pascuaza Rodríguez 18/01/2013
(b) La entidad deberá reliquidar y pagar los salarios y las prestaciones sociales del señor
Luis Gerardo López, teniendo en cuenta una base de liquidación del 100 % de la
remuneración básica mensual, incluyendo el 30 % descontado a título de prima especial,
a partir del 11 de febrero de 2013, por prescripción trienal, y hasta el 28 de octubre de
2013, fecha en la que se retiró del servicio.
(c) La entidad accionada también deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, así:
• A favor de los señores Carlos Oswaldo González Insuasti; Gabriel Guillermo Ortiz
Narváez; José Antonio Lombana Burgos; Luis Gerardo López; María Cristina Rosas
Valencia; y Roberto Ortiz Jurado, del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la
Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100 % de remuneración básica mensual; y
desde la entrada en vigor de la anterior norma a la permanencia de los demandantes en
los cargos que le otorguen el reconocimiento a la prima, con base en la anterior
asignación más el 30 % correspondiente a la prima especial, siempre que la entidad no
los haya hecho.
• A favor de los señores Adriana del Pilar Miranda Martínez; Jhon Jairo Rodríguez
Salazar; Mercedes Victoria Ortiz Narváez y Rosalba Pascuaza Rodríguez, desde la
vinculación al servicio de juez de la República, debe tenerse en cuenta como base el
100 % de remuneración básica mensual, más el 30 % correspondiente a la prima
especial, siempre que la entidad no los haya realizado. Esto durante la permanencia de
los demandantes en los cargos que le otorguen el reconocimiento a la prima, y siempre
que la entidad no haya efectuado los respectivos aportes en debida forma.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
El cumplimiento de la presente sentencia está condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos y, sin perjuicio de que verifique los pagos realizados con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
(d) Negar las pretensiones concernientes a la reliquidación de los salarios y prestaciones
sociales reclamadas por los señores José Antonio Lombana Burgos y Roberto Ortiz
Jurado, dada la configuración de la prescripción extintiva del derecho.
Quinto: Modificar el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual
quedará así:
Cuarto: (a) Declarar probada de oficio la excepción de prescripción trienal de la
reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales causadas por los accionantes
que se señalan a continuación, con anterioridad a las fechas que se indican en el
siguiente cuadro:
Demandante Fecha
Adriana del Pilar Miranda Martínez 08/02/2013
Carlos Oswaldo González Insuasti 13/01/2013
Gabriel Guillermo Ortiz Narváez 10/02/2012
Jhon Jairo Rodríguez Salazar 10/12/2012
María Cristina Rosas Valencia 13/01/2013
Mercedes Victoria Ortiz Narváez 27/01/2013
Rosalba Pascuaza Rodríguez 18/01/2013
Luis Gerardo López 11/02/2013
(b) Declarar de oficio la excepción de prescripción extintiva de los derechos reclamados,
salvo lo concernientes a los aportes a seguridad social en pensión, por los señores José
Antonio Lombana Burgos y Roberto Ortiz Jurado.
Sexto: Revocar el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
por medio del cual se condenó en costas a la entidad accionada, de conformidad con
las razones expuestas en precedencia.
Séptimo: Sin condena en costas en las dos instancias.
Octavo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019)
Demandante: Jhon Jairo Rodríguez Salazar y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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