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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00615-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2024-00615-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00615-01 (2542-2025)
Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 – servidores de
la Fiscalía General de la Nación. Subtema: Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El demandante, fiscal delegado vinculado a la FGN desde el 2 de junio de 1994,
demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad le
negó el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como emolumento adicional a su salario, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales que se vieron afectadas al considerar que
dicha prima, sin factor salarial, hacía parte de la remuneración básica.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
acusados, ordenó el pago de la prima especial desde el 17 de enero de 2015 hasta
el 31 de diciembre de 2020 —luego de declarar probada la excepción de
prescripción de forma parcial— y dispuso la reliquidación de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones desde la fecha de vinculación del
demandante, al considerar que dichos aportes son imprescriptibles.

La entidad demandada apeló exclusivamente el reconocimiento de los aportes
pensionales desde 1994, por estimar que ese reconocimiento desconoce la
prescripción trienal, que fue ratificada en casos similares por la Sección Segunda
del Consejo de Estado. La Sala confirmará que los aportes pensionales son

Radicación: 76001-23-33-000-2024-00615-01 (2542-2025)
Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

imprescriptibles, pero modifica la base de cotización ordenada por el Tribunal,
precisando que antes de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los aportes
debieron calcularse sobre el 100 % de la remuneración, y a partir del 9 de
septiembre de 1998 sobre el 100 % de la remuneración mensual más el 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios. Lo anterior, teniendo en cuenta
las particularidades de la anterior prestación para los servidores de la Fiscalía
General de la Nación.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor William Cabezas Arias, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 12 de octubre de 20181, con las
siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(a) Declarar la nulidad del Oficio SRAP-31000-090 del 25 de enero de
2017 (sic2) y de la Resolución 2-1012 del 9 de abril de 2018, mediante los
cuales la entidad accionada le negó a la parte actora la prima especial de
servicios como un emolumento adicional al salario, y la reliquidación de sus
prestaciones sociales teniendo en cuenta como base el porcentaje
correspondiente a dicha prestación.

(b) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
Nación, Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN), reconocer y pagar
la prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario básico legal,
como incremento, adición o componente de la remuneración mensual básica.

1 Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua 3», pág. 60. El

contenido de la demanda se sintetizará teniendo en cuenta únicamente los hechos, pretensiones y el concepto
de violación relacionados con la situación particular del demandante. Esto en consideración a que en el escrito
inicial el peticionario pretendió la nulidad de varios decretos del Gobierno nacional que fijaron el régimen salarial
de los fiscales generales de la Nación, así como de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento
de la prima especial de servicios y la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión del porcentaje
que afirma le fue sustraído a título de la anterior prima.
Frente a la demanda presentada, en los anterior términos, esta Sección, en providencia del 3 de marzo de 2020,
decidió escindir la controversia, para lo cual consideró que la petición de nulidad de los mencionados decretos
debía tramitarse por la cuerda procesal del medio de control de simple nulidad, mientras que la solicitud de
nulidad de los actos administrativos que se pronunciaron sobre la situación del actor debía analizarse bajo la
perspectiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que este último asunto se
remitió a los tribunales administrativos, correspondiéndole su conocimiento al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que admitió la demanda mediante providencia del 6 de noviembre de 2024, precisando que la
controversia se circunscribía a la situación laboral del demandante. Las anteriores providencias pueden
consultarse en: Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua
3», págs. 89-95. Samai Tribunal, índice 5, documento «6AutoAdmiteDem_20240061500WILLIAMCA(.pdf)
NroActua 5».
2 Este oficio, aunque relaciona como año de emisión 2017, en realidad corresponde al 2018, teniendo en cuenta

que la petición respecto de la cual se pronunció, que relaciona expresamente, es del 17 de enero de 2018.
Dicho yerro también fue destacado por la resolución demandada, que resolvió el recurso de apelación contra el
referido oficio.
2

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Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Asimismo, que se ordene el pago de las diferencias en las prestaciones
sociales a que haya lugar, tomando como base el porcentaje correspondiente
a dicha prestación.

(c) Solicitó que se ordene a la entidad accionada que indexe las sumas
reconocidas con los correspondientes intereses; y que se hagan las
declaraciones pertinentes, extra y ultra petita,

(d) Que en caso de que se nieguen las pretensiones de la demanda, se
declare competente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.

2.1.2. Hechos

2. El señor William Cabezas Arias prestó sus servicios como fiscal delegado
así:

➢ Fiscal ante los jueces municipales y promiscuos, del 2 de junio de 1994 hasta
el 1 de septiembre de 2005.
➢ Fiscal ante los jueces de circuito, del 1 de septiembre de 2005 hasta el 18 de
abril de 2006.
➢ Fiscal ante los jueces municipales y promiscuos, del 18 de abril de 2006
hasta el 23 de febrero de 2010.
➢ Fiscal ante los jueces de circuito, desde el 23 de febrero de 2010 a la
actualidad (presentación de la demanda).

3. Precisó que el Gobierno nacional durante los años 1993 a 2002 expidió una
serie de decretos que reglamentaron el régimen salarial de la FGN, que
descontaban una parte del salario y le daban la connotación de prima especial,
disminuyendo así en un 30 % la asignación básica mensual para todos los
destinatarios de la prima.

4. Resaltó que, con posterioridad, desde el año 2003, el Gobierno nacional en
lugar de considerar que la prima especial hace parte de la remuneración de los
beneficiarios de la FGN, dejó de reconocer esta en los decretos anuales que fijan el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la anterior entidad.

5. Indicó que durante el tiempo en que se ha desempeñado como fiscal delegado
no se le ha cancelado la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 (modificado por la Ley 332 de 1996 y aclarado por el artículo 1 de la Ley 476
de 1998), como un incremento al salario, lo que a su vez ha impactado la liquidación
de las demás prestaciones sociales.

6. Relató que le solicitó a la parte accionada el reconocimiento y pago, de un
lado, de la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % de su
3

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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

remuneración mensual, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un
incremento o adición al salario, y de otro, de todas las sumas de dinero que deben
calcularse teniendo en cuenta dicha prestación.

7. Señaló que las anteriores peticiones fueron negadas a través de los actos
acusados.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. En la demanda se invocaron como desconocidas las siguientes normas:

➢ De la Constitución Política, el preámbulo, los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53,
89, 93, 95, 122, 123, 150 (numeral 19, literales e y f), 189, 209, 228 y 253.
➢ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8.
➢ Convenio 95 de la OIT sobre la Protección del Salario, artículo 14.
➢ Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 4.
➢ Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7.
➢ Código Sustantivo del Trabajo, artículos 11, 13, 21, 127 y 128.
➢ Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 3, 4, 10 y 14.

9. En el concepto de violación sostuvo que la FGN vulneró las garantías
constitucionales relacionadas con la protección de los trabajadores y el régimen
salarial fijado por la Ley 4 de 1992 (modificado por la Ley 332 de 1996 y aclarado
por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998), al desconocer, durante los años 1993 a
2002, que la prima especial de servicios constituye un emolumento adicional al
salario, más no parte de él.

10. Argumentó que el salario básico se redujo al 70 %, como consecuencia de
considerar el 30 % restante como prima especial, lo que tuvo incidencia en la
liquidación de las demás prestaciones sociales.

11. Asimismo, reprochó que del año 2003 en adelante, teniendo en cuenta los
decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía,
se dejó de reconocer la prima especial de servicios, lo que resulta contrario a las
normas invocadas y a los principios de progresividad y no regresividad.

12. En ese orden de ideas, consideró que las decisiones acusadas deben
anularse, pues con la negativa de la petición elevada persisten los anteriores errores
en cuanto al debido reconocimiento y pago de la prima especial, como una
remuneración adicional al salario, en lugar de considerarla parte de él o dejar de
otorgarla, en perjuicio de sus derechos laborales.

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2.2. Contestación de la demanda

13. La FGN, por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda3 mediante
escrito en el que se opuso a las pretensiones. Para ello, realizó algunas
consideraciones sobre las decisiones que se han dictado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sede de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho4, las cuales han concluido que se incurrió en un error al considerar que
la prima especial de servicio del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hace parte del
salario, aunque constituye una acreencia adicional a él; con la precisión de que solo
constituye factor salarial para efectos de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensión.

14. A partir de lo anterior, precisó que no es procedente acceder a la reliquidación
de las prestaciones sociales del demandante con fundamento en la prima especial
de servicio, pues esta solo es factor salarial para efectos pensionales. Asimismo,
aclaró que los únicos funcionarios que tendrían derecho a reclamar la liquidación de
sus prestaciones sociales con la inclusión del porcentaje del 30 % del salario que le
fue excluido, en virtud del incorrecto entendimiento del alcance de la prima especial,
serían los que estuvieron cobijados por los decretos del Gobierno nacional que
reprodujeron el referido error, pero siempre y cuando respecto de las acreencias
reclamadas no haya operado el fenómeno de la prescripción.

15. Seguidamente, subrayó que a partir del año 2003, con ocasión al Decreto
3549 del 10 de diciembre de ese año, el Gobierno nacional, respecto al régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la FGN, dejó de considerar que
la prima especial del 30 % hacía parte del salario, motivo por el cual desde la anterior
anualidad los salarios y prestaciones sociales se han liquidado correctamente sobre
una base del 100 %, motivo por el cual sobre el particular carece de objeto la petición
del accionante.

16. Agregó que, desde el 1 de enero 2021, con el Decreto 272 de 2021 la prima
especial, equivalente al 30 % del salario básico, se reconoce por el Gobierno
nacional como una acreencia adicional a la asignación básica, que solo constituye
factor salarial para efectos del ingreso base de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Pensión y Salud; «de manera que las pretensiones del
demandante no tienen vocación de prosperar, en los términos expuestos en la
demanda».

17. En todo caso, de considerarse lo contrario, también invocó la excepción de
prescripción, en la medida que el accionante dejó transcurrir más de tres años desde
el momento en que surgió el derecho para reclamarlo. Lo anterior, teniendo en
cuenta que presentó la reclamación respectiva el 17 de enero de 2018, por lo que
3 Samai Tribunal, índice 11, expediente digital.
4 Hizo énfasis en la siguiente sentencia: «SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, Sala Plena de

Conjueces de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba,
expediente No. 73001-23-33-000-2017-00568-01 -00, N.I. 5472-2018».
5

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están prescritas las acreencias causadas con anterioridad al 17 de enero de 2015.
Esto de conformidad con artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, cuya aplicación se
ha reiterado por el Consejo de Estado en casos similares5.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el
26 de junio de 2025, resolvió6:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio SRAP-31000-090 del 25 de enero de
2017 (sic) y de la Resolución 2-1012 del 9 de abril de 2018, según los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR: i) la consignación
de la prima especial, desde el 17 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de
2020, como un incremento del 30 % sobre el salario y/o asignación básica, y ii) la
reliquidación de los aportes a pensión con la inclusión de la prima especial de
servicios, a partir del 2 de junio de 1994.

Para la actualización de lo ordenado se aplicará la siguiente fórmula:

R = Rh. índice final
índice inicial

Dicha fórmula, al tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, debe aplicarse mes a
mes y, en cada caso, el IPC inicial es el vigente al momento de causación de cada
uno.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción sobre todas las
acreencias laborales anteriores al 17 de enero de 2015, en los términos abordados
en la parte motiva.

CUARTO: Sin CONDENA en costas.

19. Señaló que, en sentencia del 2 de abril de 20097, el Consejo de Estado
precisó que el concepto de «prima» debe entenderse como una adición al ingreso
del servidor público, noción que se empleó por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de la misma corporación8, al considerar que el ejecutivo nacional había
incluido erróneamente la prima especial, el 30 %, dentro del 100 % del salario, lo
que provocó una merma de este. Por ende, declaró la nulidad parcial de los decretos
expedidos entre los años 1993 y 2007 que reprodujeron dicho error.

20. Seguidamente, indicó que la referida sala de conjueces, en providencia del
15 de diciembre de 2020, fijó algunas pautas interpretativas frente a casos como el
de autos, entre las que destacó las siguientes:

5 Sobre el particular, reiteró el pronunciamiento referido en la anterior nota al pie.
6 Samai Tribunal, expediente digital, índice 26.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-

00.
6

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Demandante: William Cabezas Arias
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• Que la prima especial de servicios es un incremento del salario o asignación básica
y, por ende, los beneficiarios de ella tienen derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. También aclaró que la
prima especial solo constituye factor salarial para la pensión de jubilación.
(…)
• Que, desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos de
la Fiscalía acogidos al Decreto 53 de 1993 o vinculados con posterioridad, tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario o asignación
básica, sin que en ningún caso pueda superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno nacional, de conformidad con el cargo respectivo.
• Que los empleados públicos de la Fiscalía, acogidos al Decreto 53 de 1993 o
vinculados con posterioridad, tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de sus
prestaciones sociales sobre el 100% del salario o asignación básica, esto es, con la
inclusión del 30% excluido a título de prima especial.
• Que el término de prescripción para reclamar la prima especial de servicios iniciará
tres años antes de la fecha en que se presentó la reclamación administrativa, acorde
con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

21. En cuanto al caso concreto, indicó que el demandante se ha desempeñado
como fiscal delegado ante los jueces municipales y de circuito desde el 2 de junio
de 1994, y que la entidad accionada reconoció, en el presente trámite, que a partir
del año 2003 hasta el 1 de enero de 2021 (antes de los efectos del Decreto 272 de
2021), no le reconoció ni pagó la prima especial de servicio, en tanto durante ese
periodo el Gobierno nacional no reguló dicha prestación al fijar anualmente el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN.

22. En ese contexto, concluyó que a pesar de no estar reglamentada, desde el
2003, la prima especial para los anteriores servidores, sí procedía su pago hasta el
31 de diciembre de 2020 (es decir, antes de los efectos fiscales del Decreto 272 de
2021, que volvió a reconocer la mencionada prima), reconocimiento que en todo
caso estaría enmarcado en la prescripción trienal que, acorde con las reglas de la
«sentencia de unificación», afectaría todas las acreencias laborales anteriores al 17
de enero de 2015, porque el demandante presentó la reclamación administrativa el
17 de enero de 2018.

23. En virtud de lo anterior, determinó que el peticionario tenía derecho al pago
de la prima especial desde el 17 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.

24. En cuanto a la reliquidación de las prestaciones sociales reclamadas, precisó
que «la prima especial solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación y, como se mencionó con antelación, el
100 % de lo que se pagó al demandante, entre el 17 de enero de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2020, era por concepto de salario, por lo que no se presentó la
exclusión del 30 % de ese ingreso que tornaría procedente la reliquidación de las
prestaciones sociales».

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25. Seguidamente, también precisó que el fenómeno de la prescripción no podría
predicarse respecto de los aportes pensionales derivados del reconocimiento de la
prima especial, debido al carácter imprescriptible de estos, de manera tal que
procede su reconocimiento «desde el 2 de junio de 1994, utilizando como ingreso
base de cotización el 100 % de la remuneración con un incremento adicional del
30% a título de prima especial».

26. En cuanto a la condena en costas afirmó que no es procedente, en la medida
en que no se advertía actuación temeraria o de mala fe de la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

27. La entidad demandada presentó recurso de apelación9, en el que únicamente
controvirtió que se hubiere ordenado la reliquidación de los aportes a pensión, con
inclusión de la prima especial, a partir del 2 de junio de 1994, en la medida que dicha
orden, a su juicio, no está en consonancia con el criterio establecido por la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de
diciembre de 2020, que indicó lo siguiente:

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

28. En ese orden de ideas, argumentó, en los siguientes términos, que el fallo
impugnado desconoció la anterior regla:

El literal II del numeral SEGUNDO al hablar de imprescriptibilidad de la reliquidación de
las cotizaciones pensionales indicando que la reliquidación de los aportes a pensión
con la inclusión de la prima especial de servicios, a partir del 2 de junio de 1994,
no está en consonancia con la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020,
es decir, con la prescripción de derechos laborales, lo que a todas luces no se ajusta
a la norma, jurisprudencia y realidad jurídica, pues el fenómeno de la prescripción,
contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, si es evidente en el presente
asunto, pues se configura la prescripción trienal de que trata el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, al haber presentado reclamación administrativa el 17 de agosto de 2022
(sic), por lo cual, están prescritos los derechos que considera tener, del 17 enero
de 2015 hacia atrás y no es posible reliquidar los aportes a pensión desde la
vinculación como lo ordena el despacho, sino únicamente a partir del 15 de enero de
2015 y hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que a partir del 1 de enero de 2021, se
le viene pagando la prima especial del 30 % conforme al Decreto 272 de 2021 “Por el
cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992” y
por tanto, no habría lugar a reconocimiento y pago de la mencionada prima desde que
entró en vigencia el decreto 272 de 2021, esto es, 1° de enero de 2021.

9 Samai Tribunal, índice 29, expediente digital.

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Demandante: William Cabezas Arias
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2.5. Trámite procesal

29. Mediante auto del 26 de agosto de 202510, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca concedió el recurso de apelación de la parte demandada contra el fallo
de primera instancia, medio de impugnación que fue admitido por esta Subsección
mediante providencia del 29 de octubre de la misma anualidad11. Con posterioridad,
las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

31. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación12
interpuesto por la FGN, la Sala procede a resolver el siguiente problema jurídico:

32. ¿Resultaba procedente ordenar, en favor del demandante, la reliquidación y
pago de los aportes a seguridad en pensión, desde el 2 de junio de 1994 (fecha de
vinculación a la entidad accionada), teniendo como base el 100 % remuneración
como fiscal delegado, más el 30 % a título de prima especial, bajo la consideración
que frente a aquellos no operó el fenómeno de la prescripción?

33. Para resolver el interrogante planteado, la Sala realizará algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, en el caso de los fiscales de la FGN.

3.3. Marco normativo

3.3.1. Prima especial de servicios –reiteración jurisprudencial–

34. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una
prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial,
para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces,

10 Samai Tribunal, índice 5, expediente digital.
11 Samai, índice 4.
12 Artículo 320 del CGP.
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00615-01 (2542-2025)
Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra
y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

35. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la
competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la FGN, por medio del cual previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el
régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía
con anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de
salarios de la Fiscalía General».

36. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar
que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la FGN, con la excepción allí
establecida, solo constituye factor salarial para calcular el ingreso base de las
cotizaciones para pensión de jubilación.

37. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 6.° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o
lo adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario
base de liquidación de la pensión de jubilación».

38. El Gobierno nacional, al dictar los decretos anuales para fijar las normas del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN, reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los
directores nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división
y de Unidad de Policía Judicial.

39. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la FGN, esta
Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del
artículo 7 del Decreto 38 de 1999, por «su discordancia con las disposiciones
legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de
los servidores públicos a que se contrae la Ley 4 de 1992, más exactamente por
desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30 % del salario básico
el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo siguiente 13:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-

0031-00(197-99).
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Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional
está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores
que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de
salarios establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1.º
de enero de 1993 (…)

No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario
fijado en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la
posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más
exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo
mensual de los empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se
advirtiera que parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la
de remuneración por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de
prima de servicios.

Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó
al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial
de servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste,
se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la
connotación de prima especial de servicios.

40. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 septiembre de 2007,
«unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que fijaban
el régimen salarial de los servidores de la FGN, en el sentido de señalar que la
declaración de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto
2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad, enlistados en las
normas citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1.º) de enero de 1993,
para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran
los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial, y que no se les
reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían
establecido un “sobresueldo”»14.

41. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores de la Fiscalía enlistados en los decretos

Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de
2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de
la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al
decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en
que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el
mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1.992
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-

0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las
providencias del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005
(exp. No. 11001-03-25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los
servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de
las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» (sic).
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demandados «no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» prevista en la Ley 4 de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un
contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas
que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la
remuneración mensual de los servidores públicos. Es consecuencia evidente de lo
considerado concluir, que el artículo 7.° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a
los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico»15.

42. De acuerdo con este marco jurisprudencial, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda, mediante sentencia del 15 de diciembre de 202016, fijó las reglas
frente al reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial
del Decreto 53 de 1993, y a quienes se vincularon con posterioridad, en los
siguientes términos17:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.

43. La sentencia citada, que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico,

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

01 (1831-01).
16 Expediente SUJ-023-CE-S2.
17 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Se transcribe incluso con los errores del texto.

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sustentó las reglas señaladas, en las siguientes razones:

La Ley 4.ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al Gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30 %;

La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30 % del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo
las leyes 4.ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue
previsto por el Gobierno nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad
resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

44. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21
de septiembre de 202218, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN, dictados
en los años 2003 a 2017, con el argumento de que el 30 % del salario básico
mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como prima
especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser
imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así
se precisó:

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán
(sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la
ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una
parte del mismo, como se anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias

18 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,

52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004,
943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores
del texto.
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citadas, en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores
en el tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica
de manera sobreviniente.

3.4. Hechos probados

45. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:

46. Según el formato de la hoja de vida y situaciones administrativas, del 16 de
febrero de 201819, aportado con la demanda, el señor William Cabezas Arias se ha
desempeñado como fiscal delegado desde el 2 de junio de 1994, sin reportar
novedad de retiro para la fecha de expedición del documento.

47. Según este, el accionante ha desempeñado los siguientes cargos, respecto
de los cuales se relaciona la fecha de posesión o traslado:

➢ Fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, posesión del 2 de
junio de 1994.
➢ Fiscal delegado ante los jueces de circuito, posesión del 1 de septiembre de
2005.
➢ Fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, posesión del 18
de abril de 2006.
➢ Fiscal delegado ante los jueces de circuito, posesión del 23 de febrero de
2010.
➢ Fiscal delegado ante los jueces de la Subdirección Seccional de Fiscalías -
Cali, posesión 1 enero de 2014.
➢ Fiscal delegado ante los jueces de la Dirección Seccional – Cali, traslado 1
de julio de 2017.

48. El 17 de enero de 201820, el accionante le solicitó a la FGN que se le
reconozca «la prima especial de servicios equivalente al treinta por ciento (30 %)
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como incremento a su salario desde
su vinculación y, posteriormente, mientras se encuentre vinculado con la entidad.
Así mismo, (…) que se le reliquiden las prestaciones sociales y salarios teniendo en
cuenta como factor salarial la “prima especial sin carácter salarial”, a partir del [año]
1998 hasta la fecha y en adelante, y mientras esté vinculado con la entidad, con su
respectiva indexación»21.

49. La anterior solicitud fue negada a través del Oficio SRAP-31000-091 del 25

19 Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua 3», pp. 16-18.
20 Según lo indica el Oficio SRAP-31000-091 del 25 de enero de 2018 de la subdirectora Regional de Apoyo del

Pacífico de la FGN, que resolvió la petición. Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento
«2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua 3», pp. 13-15.
21 El contenido de la petición se resume en la Resolución 2-1012 del 9 de abril de 2018 de la subdirectora de

Talento Humano de la FGN. Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf)
NroActua 3», pp. 5-11.
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de enero de 201822 de la subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico de la FGN23,
con el argumento de que el pago de la asignación salarial y prestacional de los
servidores de la Fiscalía se ha realizado en estricto apego de los decretos que para
cada vigencia ha expedido el Gobierno nacional. Además, si bien es cierto el
Consejo de Estado se pronunció sobre el reconocimiento de la prima especial de
servicio en providencia del 29 de abril (no indicó el año), tal pronunciamiento se
circunscribe a los decretos que regulan la situación de los servidores de la Rama
Judicial, más no a los de la FGN

50. Contra la anterior decisión el peticionario interpuso recurso de apelación, que
fue negado por la subdirectora de Talento Humano de la FGN, mediante la
Resolución 2-1012 del 9 de abril de 201824, que, en síntesis, reiteró algunos de los
argumentos del oficio controvertido y agregó que si bien se declaró la nulidad de los
decretos que consideraban que el 30 % del salario correspondía a la prima especial
de servicios sin carácter salarial, las decisiones que se dictaron al amparo de los
mismos gozaron de plena validez, así como los pagos efectuados en virtud de ellas.
Finalmente, destacó que la petición de las acreencias reclamadas se realizó por
fuera del término la prescripción trienal, que ha sido aplicada por el Consejo de
Estado en casos similares.

3.5. Caso concreto

51. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.

52. Antes de proceder a la resolución del problema jurídico planteado, conviene
precisar que el fallo de primera instancia estableció, con sustento en las pruebas
obrantes en el expediente y en el marco jurisprudencial aplicable, cuatro hechos
que no fueron objeto de impugnación por las partes y que, por tanto, no es pertinente
volver sobre ellos en esta instancia:

(1) Que desde la vinculación del demandante, el 2 de junio de 1994, y hasta el
31 de diciembre de 2002, la FGN fraccionó indebidamente su remuneración al
imputar el 30 % del salario básico como prima especial sin carácter salarial,
con lo que la base de liquidación de las prestaciones sociales quedó reducida
al 70 % de la asignación mensual;

(2) Que a partir del 1 de enero de 2003, como consecuencia de la declaratoria
de nulidad de los decretos que regulaban dicha prima, el Gobierno nacional

22 Este oficio, aunque relaciona como año de emisión 2017, en realidad corresponde al 2018, teniendo en cuenta

que la petición respecto de la cual se pronunció, que relaciona expresamente, es del 17 de enero de 2018.
Dicho yerro también fue destacado por la resolución demandada, que resolvió el recurso de apelación contra el
referido oficio.
23 Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua 3», pp. 13-15.
24 Samai Tribunal, índice 3, expediente digital, documento «2ED_01Demandapdf(.pdf) NroActua 3», pp. 5-11.

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dejó de reconocerla en los decretos salariales anuales de la FGN, de modo
que desde ese momento el 100 % de lo pagado al demandante tuvo la
connotación de salario y sobre esa base se liquidaron las prestaciones
sociales, sin que se le pagara la prima como un emolumento adicional;

(3) Que a partir del 1 de enero de 2021, mediante el Decreto 272 de ese año,
el Gobierno nacional restableció el reconocimiento de la prima especial como
suma adicional a la asignación básica, por lo que desde esa fecha se habría
pagado regularmente;

(4) Que el Tribunal, con fundamento en la prescripción trienal y en aplicación
de la fecha de reclamación administrativa del 17 de enero de 2018, reconoció
el pago de la prima especial como sobresueldo equivalente al 30 % de la
asignación básica desde el 17 de enero de 2015 (3 años antes de la petición)
hasta el 31 de diciembre de 2020 (antes de los efectos fiscales del Decreto
272 de 2021).

53. Sobre ninguno de estos aspectos recayó la inconformidad en el recurso de
apelación, por lo que no es procedente pronunciarse sobre ellos. El único punto
sometido al conocimiento de esta Sala es el relativo a la orden de reliquidar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones con inclusión de la
prima especial de servicios como factor salarial pensional desde el 2 de junio de
1994, en la medida que la FGN sostuvo que esa orden desconoce la sentencia SUJ-
023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo Estado, según la cual la contabilización de la
prescripción se realiza desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa hacia atrás, por un período de tres años, nunca más atrás.

54. Hecha la anterior precisión, en lo que respecta a la prescripción, es necesario
aclarar que aunque es cierto que la anterior providencia fijó la regla según la cual el
reconocimiento de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios se
contabiliza desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa hacia
atrás, por un período de tres años, «nunca más atrás», también lo es que dicha
sentencia no ahondó en el régimen específico de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, que requieren tratamiento especial, dada su
naturaleza irrenunciable25 e imprescriptible26, aspecto que ha sido precisado en

25 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
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decisiones posteriores de esta Subsección27.

55. En efecto, en sentencia del 19 de febrero de 2026 de esta Sala28, se precisó
que los aportes pensionales constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, así como con los principios
laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no
regresividad. En ese orden, se consideró inadmisible que el paso del tiempo o la
superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.

56. Asimismo, en la anterior providencia, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-
005-16 de esta Sección29, se reiteró que «no aplica el fenómeno prescriptivo frente
a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales», dado que los aportes
pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del empleador de cumplir
con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

57. En consecuencia, se estima que resulta acertado que el Tribunal haya
considerado que la prescripción trienal declarada respecto de las acreencias
laborales causadas con anterioridad al 17 de enero de 2015, no se extiende a los
aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, los
cuales son exigibles desde el momento en que se causó la obligación de cotizar.

58. Pese al mencionado acierto, se advierte que el juez de primera instancia
incurrió en un error al fijar de manera uniforme, desde la vinculación del demandante
el 2 de junio de 1994, que los aportes debían realizarse teniendo como base el 100
% de la remuneración más el 30 % de la prima especial de servicios.

59. Efectivamente, la base de cotización no puede ser uniforme desde el 2 de
junio de 1994, en la medida en que como se aclaró en las reglas 3 y 4 de la sentencia
SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo Estado —que también citó el a quo—, la prima
especial para los servidores de la FGN se predica desde la entrada en vigor de la
Ley 476 de 1998, es decir, a partir del 9 de septiembre de 1998. Esto quiere decir,

27 Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024),

M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01
(5203-2019), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 76001-23-33-000-
2016-01302-02 (6589-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp.
52001-23-33-000-2017-00609-03 (4094-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio
de 2025, exp. 05001-23-33-000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-

00402-02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
29 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00615-01 (2542-2025)
Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

que antes de esa fecha, el derecho a la prima como sobresueldo no existía para los
fiscales acogidos al Decreto 53 de 1993 o vinculados con posterioridad; lo que se
presentó fue el fraccionamiento indebido del salario.

60. En ese orden, la base de cotización para la reliquidación de los aportes a
pensión debe determinarse atendiendo dos períodos diferenciados:

(a) Durante el primer período, comprendido entre el 2 de junio de 1994 y el 8 de
septiembre de 1998, esto es, hasta el día anterior a la entrada en vigor de la
Ley 476 de 1998, los aportes a pensión debieron calcularse sobre el 100 %
de la remuneración mensual del demandante. En ese lapso, el
fraccionamiento (que se dio probado por el Tribunal y respecto del cual no se
presentó discusión alguna en esta instancia) indebido redujo la base de
cotización al 70 % de la asignación básica, error que debe corregirse
reconociendo que la totalidad de lo pagado tenía naturaleza salarial. No
procede, en cambio, incluir el 30 % adicional a título de prima especial como
sobresueldo, porque ese derecho no había nacido para los fiscales de la
FGN.

(b) Durante el segundo período, del 9 de septiembre de 1998 —fecha de
publicación de la Ley 476 de 1998 en el Diario Oficial 43.382— en adelante,
mientras el accionante desempeñe el cargo que le permite percibir la prima
especial, los aportes a pensión deben calcularse sobre el 100 % de la
remuneración mensual más el 30 % correspondiente a la prima especial de
servicios como factor salarial pensional, en los términos de la Ley 476 de
1998 y de las reglas 2 y 3 de la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020.

61. En ambos períodos, en especial el segundo, la obligación de reliquidar y
consignar los aportes adeudados procede siempre que la FGN no los hubiere
efectuado, aspecto que deberá verificar la entidad al momento de dar cumplimiento
a la sentencia.

62. Lo anterior, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2021, en virtud
del Decreto 272 de ese año, la FGN debió restablecer el pago de la prima especial
como suma adicional a la asignación básica, por lo que, desde esa fecha, también
debió realizar los aportes correspondientes por concepto de seguridad social en
pensión.

63. En mérito de lo expuesto, la Sala modificará el numeral segundo del fallo
apelado en el sentido de precisar la base de cotización aplicable a cada uno de los
dos períodos señalados, manteniendo en lo demás la decisión del Tribunal en
cuanto reconoció el carácter imprescriptible de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones y ordenó el pago de la prima especial de servicios
del 17 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.

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Demandante: William Cabezas Arias
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

64. Asimismo, se modificará dicho numeral en el sentido de aclarar que el
reconocimiento de las sumas respectivas es procedente siempre y cuando no se
hayan pagado con anterioridad, lo que requiere la verificación respectiva. Además,
que la entidad accionada deberá atender los topes establecidos por el Gobierno
nacional, como lo ha precisado esta Subsección en casos similares.

Conclusión

65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que le asiste razón al
Tribunal en cuanto reconoció el carácter imprescriptible de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones derivados del reconocimiento de la
prima especial de servicios como factor salarial pensional, en la medida en que tales
cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que no puede
verse extinguido por el simple transcurso del tiempo. Sin embargo, se corregirá el
fallo apelado para precisar que la base de cotización no puede ser uniforme desde
la fecha de vinculación del demandante, pues el derecho a que la prima especial
constituyera factor salarial pensional, para los servidores de la FGN destinatarios
de esta prestación, solo se predica con la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998,
es decir, el 9 de septiembre de 1998.

66. Por lo tanto, antes de esa fecha, los aportes debieron calcularse sobre el 100
% de la remuneración mensual. A partir del 9 de septiembre de 1998 y en adelante,
mientras el accionante desempeñe el cargo que le otorga el derecho a percibir la
prima, sobre el 100 % de la remuneración mensual, más el 30 % correspondiente a
la prima especial de servicios. En ambos casos, la obligación de reliquidar y
consignar procede siempre que la FGN no hubiere efectuado los aportes
correspondientes.

3.6. De la condena en costas

67. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda

Segundo. Modificar el numeral segundo del fallo apelado, que quedará así:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la parte accionada lo
siguiente:

1. La consignación de la prima especial, desde el 17 de enero de 2015 y hasta
el 31 de diciembre de 2020, como un incremento del 30 % sobre el salario y/o
asignación básica.
2. La reliquidación y consignación de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones así: (a) sobre el 100 % de la remuneración mensual,
desde el 2 de junio de 1994 hasta el 8 de septiembre de 1998; y (b) sobre el 100 %
de la remuneración mensual más el 30 % correspondiente a la prima especial de
servicios, desde el 9 de septiembre de 1998 y en adelante, mientras el demandante
desempeñe el cargo que le otorga el derecho a percibir dicha prima.

Para la actualización de lo ordenado se aplicará la siguiente fórmula:

R = Rh. índice final/índice inicial

Dicha fórmula, al tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, debe aplicarse mes a
mes y, en cada caso, el IPC inicial es el vigente al momento de causación de cada
uno.

Para el cumplimiento de la presente condena, la entidad solo deberá reconocer las
diferencias entre lo pagado y lo que en derecho correspondía, siempre y cuando no
haya realizado desembolso alguno por los conceptos aquí ordenados, por ejemplo,
con ocasión del Decreto 272 de 2021. Además, deberá atender los topes establecidos
por el Gobierno nacional.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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