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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01302-02

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
5 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01302-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez y magistrado de la República.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reconocimiento y pago de las diferencias salariales
y prestacionales por la deducción del 30 % del salario básico por concepto de prima
especial sin carácter salarial. Subtema 2: prima especial como factor salarial únicamente
para efectos pensionales. Subtema 3: carácter irrenunciable e imprescriptible de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Subtema 4: prescripción
trienal de obligaciones salariales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra
la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el 31 de mayo de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

1. Síntesis del caso

Julián Alberto Villegas Perea, en calidad de juez y magistrado de la República,
solicitó la reliquidación y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como factor salarial, así como de las prestaciones sociales
y demás emolumentos a los que tiene derecho. El Tribunal accedió parcialmente a
lo pretendido y declaró probada la excepción de prescripción trienal frente a los
derechos relacionados con la prima especial, decisión que se confirmará
parcialmente al verificar que al accionante se le dedujo el 30 % de su asignación
básica por una interpretación errónea de la prima anteriormente citada.

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Julián Alberto Villegas Perea, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el
29 de agosto de 20161, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

1) La nulidad de la Resolución DESAJCLR15 – 2822 del 19 de octubre de
2015, por medio de la cual se le negó al demandante la reliquidación y pago
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el reconocimiento de la naturaleza salarial de dicha acreencia con la
concerniente reliquidación de salarios y prestaciones sociales.

2) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto, configurado por el silencio
administrativo de la Nación, Rama Judicial, frente al recurso de apelación
presentado el 5 de noviembre de 2015 en contra de la resolución citada.

3) Inaplicar por inconstitucionales los decretos 621 del 2007; 661 del 2008; 726
del 2009; 1391 del 2010; 1043 del 2011; 841 del 2012; 1016 del 2013; 186
del 2014, 1105 del 2015, y en adelante, todos los que reiteran los yerros
que dieron lugar a la nulidad de las normas que fueron objeto de estudio en
la sentencia del 29 de abril del año 2014 de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado.

4) A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Nación, Rama
Judicial reliquidar y pagar al demandante la prima especial de servicios,
reconociéndole a dicha prestación su naturaleza salarial, junto con la
correspondiente reliquidación de salarios, prestaciones sociales y cualquier
otro emolumento que haya sido cancelado de manera incompleta, desde el
1.º de enero de 1993 y hasta la fecha en que se efectúe el pago total de las
sumas adeudadas.

5) Disponer la cancelación de las sumas adeudadas, con los efectos
retroactivos previstos en la ley, desde el 1 de enero de 1993, fecha en la
que estaba vinculado a la Rama Judicial como juez de la República, hasta
la actualidad. Se ordenen los descuentos y traslados a Colpensiones o a la
entidad que haga sus veces, para los efectos de la correcta reliquidación de
los derechos solicitados, y con el fin de que la expectativa pensional a la
que tiene derecho sea reliquidada teniendo en cuenta los factores

1
Folio 51 del cuaderno principal.
2

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

establecidos por la ley, así como aquellos que resulten de las pretensiones
aquí formuladas.

6) Condenar a la entidad demandada a pagar el valor del 30 % descontado
sobre el 100 % de lo percibido como juez desde el 1 de enero de 1993 y
hasta la fecha. Asimismo, que se le pague ese porcentaje de las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde la fecha de
vinculación, teniendo en cuenta para su reconocimiento, reliquidación y
pago, todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente
devengados por los jueces y magistrados de la República.

7) Condenar a la entidad accionada a que, en caso de no dar cumplimiento al
fallo dentro del término previsto en la ley, pague a favor del demandante los
intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, según el artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA) y en concordancia con la sentencia C-
188 de 1999 de la Corte Constitucional.

8) Condenar en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, se expuso, en síntesis, lo siguiente2:

a) El señor Julián Alberto Villegas Perea ha prestado sus servicios a la Nación,
Rama Judicial, así:

Cargo Desde Hasta
Juez 7 civil municipal de 1/09/1983 19/03/1990
Buenaventura
Juez 5 civil del circuito de 20/03/1990 31/08/2000
Cali
Magistrado de la Sala Civil 1/09/2000 31/05/2001
del Tribunal Superior de
Cali
Juez 5 civil del circuito de 1/06/2001 12/01/2004
Cali
Magistrado de la Sala Civil 13/01/2004 30/03/2006
del Tribunal Superior de
Buga
Magistrado de la Sala Civil 31/03/2006 Actualmente
del Tribunal Superior de
Cali
Tabla 1. Relación cargos desempeñados como funcionario judicial, según la demanda.

b) Sostuvo que el Gobierno nacional, mediante los decretos anuales, ha
reglamentado la prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14
2
Folios 18 al 50 del cuaderno principal.
3

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de la Ley 4 de 1992, en el monto del 30 % de la remuneración de los
funcionarios judiciales.

c) Indicó que año tras año se ha reproducido la interpretación según la cual el
30 % del salario devengado por los funcionarios judiciales se considera como
prima especial de servicios. Esta descripción normativa ha dado lugar a una
interpretación errónea en el momento de cuantificar el salario básico, ya que
la prima especial debería ser adicional. Sin embargo, en la práctica, se ha
disminuido el salario en un 30 % y las prestaciones sociales en un 60 %.

d) El demandante solicitó, el 9 de octubre de 2015, ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali, a partir del 1 de enero de 1993,
la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales, así como el pago de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como adicional a la remuneración mensual, en un equivalente al 30 %, según
lo establece la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, Sección Segunda, Sala de
Conjueces.

e) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante
la Resolución DESAJCLR15 – 2822 del 19 de octubre de 2015, negó lo
pretendido por el señor Julián Alberto Villegas Perea. En consecuencia,
interpuso recurso de apelación, sin que la entidad emitiera respuesta, dando
lugar al acto presunto demandado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas vulneradas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 90, 123 y 209; el Código Sustantivo del Trabajo
artículos 15 y 21; la Ley 4 de 1992, artículos 2 (literales a y h) y 14; y la Ley 270 de
1996.

4. En el concepto de violación, manifestó que la Ley 4 de 1992 ordenó la
creación de una prima especial de servicios como ingreso adicional al salario,
mientras que los decretos reglamentarios la interpretaron como el 30 % de la
remuneración mensual, sin carácter salarial.

5. Indicó que los actos administrativos acusados, conforme a lo establecido en
la Ley 4 de 1992 y en los precedentes jurisprudenciales, vulneran normas
constitucionales y legales, al transgredir derechos adquiridos, los fines que rigen las
leyes laborales y la función pública. Dichos actos desconocen abiertamente los
principios y reglas aplicables a situaciones similares, vulnerando derechos
fundamentales como la vida, la igualdad y el trabajo, entre otros.

6. Citó apartes de decisiones judiciales sobre el derecho a la igualdad y los
principios mínimos que el legislador debe tener en cuenta al expedir normas
4

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

laborales. Asimismo, transcribió fragmentos de la sentencia del Consejo de Estado
proferida el 29 de abril de 20143, entre otras.

2.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de
la demanda, y solicitó que se absuelva a su representada. En consecuencia, pidió
que se declararan probadas las excepciones de: (a) inexistencia de causa para
demandar; (b) prescripción trienal de los derechos laborales; y (c) innominada.

8. En síntesis, indicó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali ha cancelado al demandante la remuneración y las prestaciones
sociales conforme a lo ordenado por la Ley 4 de 1992 y las normas que regulan el
reconocimiento de dichas acreencias laborales en cada año. Lo anterior se suma al
hecho de que la sentencia de nulidad de los decretos salariales expedidos entre
1993 y 2007 produce efectos hacia el futuro, es decir, a partir de la fecha de
ejecutoria4.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, mediante
sentencia dictada el 31 de mayo de 20225, ordenó lo siguiente:

PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del 29 de abril de 2014, No. Interno
(1686-07) C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz, referida a los decretos proferidos por
el Gobierno Nacional, inaplicados por inconstitucionales y a la SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL del 02 de septiembre de 2019 proferidas por
la Sección Segunda, Sala de Conjueces del Consejo de Estado, por las razones
aquí expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción trienal respecto
de las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 9 de octubre de 2012, y
DECLARAR NO PROBADA la excepción de inexistencia de causa para demandar
formulada por la entidad demandada, conforme lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la
Resolución No. DESAJCLR15 – 2822 del 19 de octubre de 2015, expedida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, y del acto ficto que
constituye la no resolución, del recurso de apelación interpuesto contra esta
resolución.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de
restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ-,

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril
de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2007-00087-00. MP. María Carolina Rodríguez.
4
Folios 120 a 127 del cuaderno principal.
5
Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 53, archivo 22_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf).
5

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

reconocer a favor del Dr. JULIÁN ALBERTO VILLEGAS PEREA, identificado con
cédula de ciudadanía No. (…), la prima especial de servicios, prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como factor salarial para liquidar todas las prestaciones
sociales devengadas a partir del 10 de octubre de 2012 y, hasta que se produzca
el retiro de la entidad, descontando lo que haya percibido por el mismo concepto.
Estas sumas se actualizarán mes a mes de acuerdo con la fórmula consignada en
esta providencia.

QUINTO: INAPLICAR por inconstitucional los decretos 621 del 2 de marzo de 2007;
Dto. 661 del 4 de marzo de 2008; Dto. 726 del 4 de marzo de 2009; Dto. 1391 de
abril 26 de 2010; Dto. 1043 del 4 de abril de 2011; Dto. 841 del 25 de abril de 2012;
Dto. 1016 del 21 de abril de 2013; Dto. 186 del 7 de febrero de 2014 y Dto. 1105 de
2015, y los subsiguientes que se hayan expedido con el mismo criterio y los
contrarios al correcto reajuste salarial y prestacional, de conformidad con los
antecedentes jurisprudenciales que motivan la presente providencia.

SEXTO: La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo.

SÉPTIMO: Sin condena en costas a la demandada.

SÉPTIMO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

[…]

10. Agregó que de las pruebas allegadas al plenario se logró establecer que el
señor Julián Alberto Villegas Perea se vinculó a la Nación, Rama Judicial desde el
1 de septiembre de 1983 y ha ejercido varios cargos entre ellos, juez y magistrado
de la República.

11. Sostuvo que en el presente caso se discuten los mismos supuestos jurídicos
y fácticos que dieron origen a la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019. Por esta razón y según múltiples pronunciamientos
jurisprudenciales, se ha establecido que a los servidores públicos adscritos a la
Rama Judicial se les ha desmejorado su asignación básica mensual en un 30 %, al
otorgársele a dicho porcentaje el carácter de prima especial, considerándola salario,
pero no como parte integrante de él. Esta situación vulnera principios de rango
constitucional y legal que rigen el derecho laboral, tal como fue manifestado en la
sentencia mencionada.

12. Señaló, respecto a la prescripción, que la sentencia citada con antelación
estableció los criterios para contabilizar este fenómeno. En dicha providencia se
hizo referencia a decisiones previas que reconocían el derecho, indicando que la
exigibilidad del derecho no se deriva de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
declaró nulos decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años 1993 y
2007, sino que se predica desde la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y la
expedición del Decreto 57 de 1993.
6

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

13. Aunado a lo anterior, indicó que operó el fenómeno de la prescripción toda
vez que la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 se dio el 18 de mayo de 1992 y la
reclamación administrativa fue radicada el 9 de octubre de 2015, es decir, que las
sumas adeudadas con anterioridad al 9 de octubre de 2012 se encuentran
prescritas.

14. Por último, la Sala consideró que no había lugar a condenar en costas a la
parte vencida.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La parte demandada

15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca, interpuso recurso de apelación contra la sentencia que accedió parcialmente
a las pretensiones bajo los siguientes argumentos6:

16. Señaló que es inviable que la administración pueda acceder a las
pretensiones formuladas, toda vez que su actuación se ha ajustado al mandato
expreso de la legislación aplicable y conforme a los decretos expedidos por el
Gobierno nacional en cada vigencia, de manera tal que cumplir el fallo de primera
instancia derivaría en dos situaciones de suma trascendencia en desconocimiento
del ordenamiento legal vigente: la primera, que se estaría modificando el régimen
salarial claramente definido y establecido en la ley, y la segunda, que el porcentaje
máximo de ingresos fijados por para el cargo ejercido por el demandante, en
relación a la remuneración de los magistrados de las altas cortes, sería
notoriamente sobrepasado y como consecuencia dejaría de ser el previsto
normativamente (Decreto 1251 de 2009).

2.4.2. La parte demandante

17. Interpuso recurso de apelación contra la sentencia que accedió parcialmente
a las pretensiones bajo los siguientes argumentos7:

18. Señaló que en el fallo se decretó la prescripción, con base en la sentencia
SUJ-016-CE S2 del 2 de septiembre de 2019. Sin embargo, considera que dicha
decisión resulta errónea, ya que el juez debía interpretar la demanda y los actos
allegados a la luz del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia del 2
de octubre de 2008, radicado 2002-06050, proferida por el Consejo de Estado, que
trata sobre la imprescriptibilidad de los derechos laborales.

6
Samai, índice 32, archivo 23RECIBEMEMORIAL_65892022MEMORIALRESP(.pdf), págs. 7 a 10.
7
Samai, índice 32, archivo 23RECIBEMEMORIAL_65892022MEMORIALRESP(.pdf), págs. 11 a 38.
7

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

19. Indicó que los derechos laborales como salarios, cesantías, primas,
bonificaciones, prestaciones y jubilaciones son derechos subjetivos fundamentales
que hacen parte del patrimonio del trabajador. Por tanto, deben ser protegidos como
derechos de propiedad, conforme al artículo 58 de la Constitución Política. Esta
protección se refuerza con el tránsito constitucional de 1886 a 1991, que introdujo
una visión más amplia y garantista de los derechos fundamentales.

20. Adujo que la jurisprudencia, en especial la proveniente de órganos de cierre
como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tiene un carácter vinculante
para los jueces, según la interpretación moderna del artículo 230 de la Constitución
Política. Sin embargo, no todas las sentencias tienen el mismo peso normativo. En
este caso, el precedente aplicado no tiene el mismo grado de obligatoriedad que
una sentencia de unificación jurisprudencial, lo que debió ser considerado por el
juez.

21. Sostuvo que el juez debió aplicar el precedente más garantista, interpretar
los hechos y proteger los derechos laborales como fundamentales e
imprescriptibles, en lugar de aplicar mecánicamente la prescripción.

22. Finalmente, citó apartes de su memorial radicado ante la Sala Plena del
Consejo de Estado mediante el cual impugnó la sentencia SUJ–016–CE S2 del 2
de septiembre de 2019, en el que se solicitó su corrección y sustitución por otra que
respete el ordenamiento jurídico vigente, toda vez que, a su juicio, lo vulnera al
aplicar una «caducidad trienal» a las reclamaciones de prestaciones periódicas,
cuando dicha figura fue derogada hace más de cincuenta años por el Decreto Ley
1 de 1984.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 31 de julio de 20258, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia de
primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones al
procurador delegado y a las partes, ingrese el expediente para fallo, salvo que
alguna de estas solicite la práctica de pruebas.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

24. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

8
Samai, índice 36.
8

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3.2. Problemas jurídicos

25. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

1) ¿El demandante en su condición de juez y posteriormente magistrado tiene
derecho a la reliquidación del salario y las prestaciones sociales devengadas con
la inclusión del 30 % que presuntamente se descontaba de la asignación básica
por concepto de prima especial de servicios, a pesar de que la Rama Judicial
adujo que actuó de conformidad con los decretos salariales anuales expedidos
por el Gobierno nacional?

2) ¿El Tribunal al ordenar el pago de la prima especial de servicios desconoció
los topes establecidos por el Gobierno nacional, concretamente, el previsto en el
Decreto 1251 de 2009?

3) ¿El juez de primera instancia incurrió en error al declarar probada la excepción
de prescripción frente a lo causado antes del 9 de octubre de 2012?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

26. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

27. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de
1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse
al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto
referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores

9
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar».
9

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar

28. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo
14 de dicha ley (a) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la
pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes; y (b) se
aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

29. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30 %) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo
orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992
y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes
ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes,
entre otros, equivale al treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».

30. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama
Judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar
la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4.ª de 1992 al
cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos
acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos
salariales, y reflexionó que, como toda asignación básica per se comporta efectos
salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de
controversias jurídicas»11.

31. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de
abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar
que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno
nacional para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de
la Rama Judicial, de la Justicia Penal Militar y de la Procuraduría, «no puede de
manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de
normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley
10
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp.
11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03).
10

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente
ser de contenido»12.

32. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7.° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar
un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a
los contenidos y valores establecidos en la Ley 4.ª de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de
la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración
mensual se descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la
norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de
tales servidores».

33. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la
prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples
decretos dictados por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo
dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún
caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales
de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4.ª de 1992 al haber mermado el
salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que
son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»13. La
nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del
2 de abril de 200914.

34. Por otra parte, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias
que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
técnica, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-
03-25-000-2007-00098-00(1831-07).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp.
11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993;
9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995;
7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º
del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del
Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999;
9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000;
7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de
2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673
de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del
Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004;
6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005;
9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007;
6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
14
«(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial
equivalente al 30 % de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el
Decreto, sea del 70 % de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30 %,
que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
11

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos»,
el gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el
30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella,
quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario
básico y/ o asignación básica»15. En este escenario, fijó las reglas de interpretación
del artículo 14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al
reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su
favor. La prima especial solo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General
de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80 % es un piso y un
techo.

35. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación
profirió sentencia el 9 de abril de 202416, en la que declaró la nulidad de los artículos
6 del Decreto 658 de 2008, 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp.
41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 9 de abril
de 2024, exp. 11001032500020190060900 (4735-2019).
12

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del Decreto 657 de 2008 y 4 de
los decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013,
204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018, en tanto
establecieron que «la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992,
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30 % del
salario». Debido a lo anterior, consideró que estos decretos replicaron el contenido
de las disposiciones anuladas mediante la sentencia del 29 de abril de 2014,
proferidas entre los años 1997 a 2007.

36. Por su parte, en esta providencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó un argumento específico
para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.

3.4. Hechos probados

37. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:

38. El señor Julián Alberto Villegas Perea está vinculado a la Rama Judicial
desde el 1 de septiembre de 1983 hasta la fecha, sometido al régimen salarial de
acogidos. Ha desempeñado los cargos de juez de la República y magistrado,
conforme al certificado laboral expedido el 16 de diciembre de 2025 por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales17. Sus extremos laborales
son los siguientes:

Cargo Desde Hasta
Juez 7 civil municipal de 1/09/1983 19/03/1990
Buenaventura
Juez 5 civil del circuito de Cali 20/03/1990 31/08/2000
Magistrado de la Sala Civil del 1/09/2000 31/05/2001
Tribunal Superior de Cali
Juez 5 civil del circuito de Cali 1/06/2001 12/01/2004
Magistrado de la Sala Civil del 13/01/2004 30/03/2006
Tribunal Superior de Buga
Magistrado de la Sala Civil del 31/03/2006 Actualmente
Tribunal Superior de Cali
Tabla 2. Relación cargos desempeñados como funcionario judicial.

39. Según la certificación de salarios emitidas por la jefe de talento humano de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y el informe de histórico de
acumulados conceptos/empleado18, se advierte que, desde el inicio de la
vinculación del peticionario, la entidad accionada le redujo el salario básico en un
30 % para darle la denominación de prima especial. Lo anterior se evidencia, a
manera de ejemplo, en el siguiente cuadro comparativo:

17
Samai, índice 50, archivo 48RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL65892022REQU(.pdf) NroActua 50, pág. 108. Índice 47,
archivo 43RECIBEMEMORIAL_Reporte_Tiempo_Servi(.pdf).
18
Certificación de salarios expedidas el 16 de noviembre de 1999 e informe de acumulados del 16 de diciembre de 2025,
Samai, índice 50, archivo «48RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL65892022REQU(.pdf) NroActua 50», págs. 4 a 107.
13

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Juez de circuito y magistrado
Remuneración
Asignación
Año Prima especial Total pagado19 mensual fijada por el
básica
Gobierno nacional
1995 $1.740.132
$1.338.563 $401.569 $1.740.132
Juez del circuito Decreto 43 de 1995
1997 $2.161.245
$1.662.496 $498.750 $2.161.246
Juez del circuito Decreto 76 de 1997

1999 $3,031,711
$2.332.085 $699.626 $3.031.711
Juez del circuito Decreto 44 de 1999

2005 $5.847.106
4.497.774 $1.349.332 $5.847.106
Magistrado Decreto 936 de 2005

2007 $6.415.738
$4.935.183 $1.480.555 $6.415.738
Magistrado Decreto 618 de 2007
2010 $7.446.899
$5.728.384 $1.718.515 $7.446.899
Magistrado Decreto 1388 de 2010

2013 $8.344.624
$6.418.942 $1.925.682 $8.344.624
Magistrado Decreto 1024 de 2013

2014 $8.589.956
$6.607.658 $1.982.298 $8.589.956
Magistrado Decreto 194 de 2014

(Salario 2014 + 4.66 %
2015 de aumento)
$6.915.575 $2.074.673 $8.990.248
Magistrado $8.990.248
Decreto 1257 de 2015
(Salario 2017
$10.342.783 + 5.09 %
2018
$8.360.947 $2.508.285 $10.869.232 de aumento)
Magistrado
$10.869.232
Decreto 337 de 2018
(Salario 2019
$11.358.347 + 5.12 %
2020
$9.184.534 $2.755.361 $11.939.895 de aumento)
Magistrado
$11.939.895
Decreto 299 de 2020
Tabla 3. Cuadro comparativo - fraccionamiento.

40. Mediante petición radicada el 9 de octubre de 2015, el señor Julián Alberto
Villegas Perea le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación
y pago de las diferencias salariales y las prestaciones sociales con la inclusión del

19
La Sala obtuvo este resultado al realizar la suma de los factores relacionados, devengados por el demandante en cada
periodo.
14

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

30 % extraído de la asignación básica por concepto de dicho emolumento20.

41. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante
la Resolución DESAJCLR15 – 2822 del 19 de octubre de 2015, negó lo pretendido
por el demandante21.

42. Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de apelación22. No
obstante, no se evidencia respuesta alguna.

3.5. Análisis del caso concreto

3.5.1. Del derecho a la reliquidación salarial y de las prestaciones sociales

43. En el recurso de apelación, la entidad demandada no controvierte que haya
liquidado la remuneración mensual del peticionario considerando el 70 % como
salario básico y el 30 % restante como prima especial de servicios. Sin embargo, se
opuso a reconocer dicha actuación como errónea o a aceptar la procedencia del
restablecimiento del derecho, en tanto estima que canceló las acreencias laborales
del demandante en observancia de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional y que este tiene la potestad de determinar que el 30 % de la
remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial.

44. Frente a lo anterior, las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que,
durante su vinculación como juez y magistrado de la República, el señor Julián
Alberto Villegas Perea recibió una remuneración mensual inferior a la que
legalmente le correspondía, en atención a que el 30 % de esta fue descontada a
título de prima especial.

45. Al respecto, la Sala destaca que tal situación es fáctica y jurídicamente
análoga a la que dio origen a la sentencia SUJ-016-S2-19, proferida el 2 de
septiembre de 2019 por esta corporación. En aquella decisión se precisó que la
prima especial es un incremento del salario básico, y que los beneficiarios de dicho
concepto «tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sobre el 100 % de
[la asignación básica], es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a
título de prima especial»23.

46. Asimismo, en la referida decisión se hizo referencia a la sentencia del 29 de
abril de 201424, que declaró la nulidad parcial de los decretos emitidos por el
Gobierno nacional entre 1993 y 2007 que establecían que el 30 % correspondiente
a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hacía parte del
salario.

20
Folios 4 a 9 del cuaderno principal.
21
Folios 10 a 11 del cuaderno principal.
22
Folios 12 a 16 del cuaderno principal.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp.
41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp.
11001-03-25-000-2007-00087-00.

15

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

47. Sobre el particular, se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una
interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por
cuanto consideraron que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 %
restante a la asignación básica. En ese orden, indicó que la forma de liquidación
que se ajustaba a los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y
no regresividad era reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario,
es decir, como una adición de la asignación básica mensual.

48. Por ende, aunque la Rama Judicial considerara que procedió conforme a
derecho al actuar en cumplimiento de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional, lo cierto es que lo hizo bajo una interpretación errónea, contraria
a las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, la cual debe ser
corregida para garantizar los principios mencionados, particularmente, en
escenarios en los que está demostrado que se fraccionó la remuneración mensual,
se pagó el 30 % de esta a título de prima especial y se liquidaron las prestaciones
sociales sobre el 70 % restante.

49. Por lo tanto, al actor le asiste el derecho al pago de sus ingresos mensuales,
calculados sobre el 100 % de su salario básico. De igual manera, a la reliquidación
de sus prestaciones sociales calculadas sobre el 100 % de su remuneración
mensual.

50. Dicho de otro modo, se debe indicar que el monto del 30 % del salario que
incorrectamente fue descontado para calcular las prestaciones debe tenerse en
cuenta; aunado a que dicha prima es un emolumento adicional, sin carácter salarial,
que únicamente se tiene en cuenta para efectuar las cotizaciones respectivas al
Sistema de Seguridad Social en Pensión.

51. No obstante, la Sala advierte que en el ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia se reconoce a favor del demandante «la prima
especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como factor
salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas a partir del 10 de
octubre de 2012 y, hasta que se produzca el retiro de la entidad»; por lo tanto, es
necesario modificar la sentencia de primera instancia para precisar que la prima
especial solo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación y que
el actor tiene derecho a la reliquidación y pago de las diferencias salariales y de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es
decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

52. Esto en consideración a que artículo 14 de la Ley 4 de 1992 de manera
inequívoca señala que la referida prima se reconoce «sin carácter salarial»,
expresión que fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996, que la declaró exequible al considerar que no existía
«ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia […]
que impida al legislador disponer que determinada prestación social o
indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del
16

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
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trabajador»25

53. Lo anterior, en la medida en que «el legislador conserva una cierta libertad
para establecer, qué componentes constituyen, o no salario, así como la de definir
y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la
Constitución»26.

54. Asimismo, se recuerda que posteriormente, la Ley 4 de 1992 fue modificada
por la Ley 332 de 1996, en el sentido de determinar que la prima especial para los
servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley formaría parte del ingreso
base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las
cotizaciones correspondientes. La reforma también fue objeto de revisión27 en la
sentencia C-444 de 1997, en la que la Corte Constitucional reafirmó la potestad del
legislador para «establecer [las] sumas de dinero que habitualmente puede percibir
el empleado, pero que no se tendrán en cuenta para efectos de liquidar
determinadas prestaciones sociales, o que no se tendrán como salario»28.

55. Por consiguiente, en aras de que la prima especial de servicios solo sea
considerada como factor salarial para efectos pensionales, se corregirá la
imprecisión en que incurrió el juez de primera instancia en la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, dejando a salvo la decisión de ordenar que dicha prestación
es adicional al salario, por lo que así debe reconocerse, al igual que la reliquidación
de las prestaciones sociales que fueron calculadas incorrectamente con el 70 % de
este.

3.5.2. Del tope establecido en el Decreto 1251 de 2009

56. La entidad recurrente alegó que acceder al pago de la prima especial de
manera adicional al salario implicaría reconocer una retribución mensual que
excedería el tope dispuesto en el Decreto 1251 de 2009.

57. Sobre el particular, es preciso señalar lo siguiente: 1) el reconocimiento de la
prima especial de servicios efectuado por el Tribunal se realizó a partir del 10 de
octubre de 2012, fecha para la cual el demandante ostentaba la calidad de
magistrado; 2) el decreto citado por la parte demandada hace referencia a los
jueces, por lo que no resulta aplicable a la situación reconocida en la sentencia de
primera instancia; y 3) en todo caso, como lo ha precisado esta Sala en caso
similares, el reconocimiento realizado no puede superar el tope salarial fijado por el
Gobierno nacional para cada anualidad, límite que debe observarse de manera
estricta, por lo que se modificará el fallo de primera instancia a fin de efectuar esta
precisión.

25
Corte Constitucional, sentencia C-279 de 1996
26
Ibidem.
27
Corte Constitucional, sentencia C-444 de 1997.
28
Ibidem.
17

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3.5.3. De la prescripción de acreencias laborales y prestacionales derivadas
de la prima especial

58. Como se indicó líneas atrás, la parte demandante en su escrito de apelación
hizo alusión al fenómeno de la prescripción, señalando que en el fallo se declaró
con fundamento en la sentencia SUJ-016-CE S2 del 2 de septiembre de 2019.
Consideró que esta decisión es errónea, pues el juez debió interpretar la demanda
y los actos allegados a la luz del precedente jurisprudencial establecido en la
sentencia del 2 de octubre de 2008, radicado 2002-06050, que versa sobre la
imprescriptibilidad de los derechos laborales.

59. Al respecto, es preciso señalar que en la providencia del 27 de agosto de
202029, se indicó que la prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción
o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier
clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra
acepción” como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el
transcurso del tiempo»30. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, es
decir, con el derecho mismo, y constituye el término particular para adquirirlo o
extinguirlo, es decir, que es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho
se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las
condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten, bien
sea en materia adquisitiva o extintiva31.

60. Sobre el particular, esta Sección mediante auto del 7 de septiembre de 2015,
precisó lo siguiente:

La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar
sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley, es decir, que los
derechos que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que
deben ser solicitados so pena de perder dicha administración. […] Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: “El fin de la
prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se
puede presumir que el titular lo ha abandonado. [...] Por ello en la prescripción se
tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o
supuesta del titular;”. De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece
para el ejercicio de los derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe
solicitar su ejecución, y si transcurre dicho tiempo y no se solicitó, se traduce en la
pérdida de interés para ejercerlo32.

61. En efecto, la prescripción extintiva del derecho es una sanción a la inactividad
prolongada e injustificada del titular del derecho para efectuar su reclamación. En
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 27 de agosto
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2016-03446-01(1367-20).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre
de 2014, exp. 08001-23-31-000-2012-00339-01 (3404-2013).
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2013, exp. 11001-03-25-000-2012-00301-
00 (1131-12).
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de septiembre de 2015, exp. 27001-23-33-000-2013-
00346-01 (0327-2014); también, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 08001-23-31-
000-2003-02500-01 (1134-2007).
18

Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

materia laboral administrativa, la prescripción de los derechos laborales en el sector
público está regulada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que prevé el
término de tres (3) años, a partir del momento en que la obligación se hace exigible,
así:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

62. La disposición anterior fue reglamentada en el Decreto 1848 del 4 de
noviembre de 1969, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad
Social entre el sector privado y público, de la siguiente manera:

Artículo 102. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben
en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado
ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

63. Bajo estos supuestos, una vez causado el derecho, el titular cuenta con un
lapso de tres años para reclamarlo ante la administración; la petición interrumpe el
referido lapso de tiempo, y se reanuda el término de tres años para acudir ante la
jurisdicción.

64. De conformidad con lo anterior, la normativa aplicable a controversias de
naturaleza laboral como la presente, sí hace alusión al fenómeno de la prescripción,
lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia especializada; de manera tal que la
afirmación, en sentido contrario, efectuada por el demandante no es de recibo.
Además, vale la pena aclarar que la sentencia aludida como precedente del 2008,
se refiere a la imprescriptibilidad del derecho a la pensión, esto es, de un escenario
distinto al que es objeto de análisis en el proceso de la referencia.

65. Por lo anterior, se estima que le asiste razón al Tribunal al declarar la
prescripción teniendo en cuenta la sentencia del 2 de septiembre de 2019 de la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que reiteró la
aplicabilidad del fenómeno de la prescripción frente a la prima especial de servicios,
por lo que debe tenerse en cuenta, en cada caso concreto, la fecha de presentación
de la reclamación administrativa, para a partir de allí reconocer hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.

66. En el caso de autos, la reclamación administrativa se presentó el 9 de octubre
de 2015, por esto se tiene que las sumas causadas con anterioridad al 9 de octubre

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Radicación: 76001-23-33-008-2016-01302-02 (6589-2022)
Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de 2012 se encuentran prescritas. Por tal motivo, debe precisarse el fallo de primera
instancia, que al hacer el cómputo de la prescripción, las reconoció a partir del 10
de octubre de 2012, aunque lo debió hacer desde un día antes, el 9 del mismo mes
y año.

67. En consecuencia, se hace necesario modificar la sentencia, a fin de precisar
que el reconocimiento debe realizarse desde el 9 de octubre de 2012, fecha que
corresponde al límite temporal no afectado por la prescripción.

3.6. Consideraciones adicionales

68. Resulta indispensable precisar que la anterior declaración —de
prescripción— no se extiende al derecho de los aportes adeudados al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, derivados de (a) la prima especial de
que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y (b) la diferencia salarial del 30 % de
la asignación básica, a que tendría derecho el actor, como consecuencia de que se
probó en primera instancia, que dicha prima no fue cancelada y que el salario se
liquidó sobre el 70 % y no sobre el 100 % como correspondía, entre el 7 de enero
de 1993 hasta que ocupe los cargos que le otorgan el derecho.

69. En cuanto a los aportes correspondientes al periodo comprendido entre el 7
de enero de 1993 —teniendo en cuenta el Decreto 57 de 1993— y la fecha de
entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, procede su reconocimiento sobre el 100 %
del salario, en la medida en que se debió incluir el 30 % que se canceló a título de
prima especial.

70. Frente a las cotizaciones derivadas de la prima especial, es procedente su
reconocimiento desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en
que, a partir de ella, se consideró que dicha prestación es factor de cotización
únicamente para pensión; hasta la permanencia en el cargo que otorga su
reconocimiento, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable33 e
imprescriptible34; solo en el evento de que no los haya pagado.

71. En cambio, para los aportes derivados de la diferencia salarial, hay lugar a
su reconocimiento durante el tiempo en el que se canceló su asignación en un
porcentaje diferente al 100 %. En este caso, desde el 7 de enero de 1993 hasta que
ocupe el cargo que le otorga el derecho.

72. En suma, para la liquidación de los aportes a seguridad social en pensión,

33
Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales».
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp.
23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable
aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener
el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
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(a) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, debe
efectuarse teniendo como base el 100 % de remuneración básica mensual; y (b)
desde la entrada en vigor de la anterior norma hasta la permanencia en el cargo
que le otorga el derecho, con base en la anterior asignación más el 30 %
correspondiente a la prima especial.

73. Por esta razón, y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca omitió considerar la naturaleza especial de los referidos aportes, la Sala
adicionará la sentencia apelada para ordenar a la parte demandada que, en caso
de no haberlos efectuado, realice el pago de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como ingreso base de
liquidación, el 100 % del salario básico mensual, más el 30 % correspondiente a la
prima especial de servicios35, de acuerdo con los extremos temporales señalados.

3.7. Conclusión de la decisión

74. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que procede el reconocimiento
de la prima especial de servicios y la reliquidación y pago de las diferencias
salariales y de las prestaciones sociales del accionante sobre el 100 % de su
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título
de prima especial, sin superar el tope fijado por el Gobierno nacional. Asimismo, se
reitera que la mencionada prima solo es factor salarial solo para efectos
pensionales.

75. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en cuanto se procederá a: (a) modificar el ordinal cuarto de la parte
resolutiva, con el fin de aclarar que la prima especial únicamente constituye factor
salarial para efectos de la pensión de jubilación; y (b) se adicionará en aras de
disponer el pago de los aportes a seguridad social en pensión, en los términos
expuestos.

76. Asimismo, (c) se precisará que el reconocimiento realizado por el Tribunal
deberá efectuarse a partir del 9 de octubre de 2012, no un día después como se
indicó en el fallo impugnado. También se indicarán (d) los términos en que deben
efectuarse los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, en relación con las prestaciones reconocidas.

77. De otra parte, (e) se estima pertinente adicionar la sentencia de primera
instancia, en el sentido de aclarar que lo reconocido con ocasión del proceso de la
referencia será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de
las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente.
Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente y (f) sin que en
ningún caso supere el tope salarial fijado por el Gobierno nacional para cada

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de
septiembre de 2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp. 05001 23 31 000 2003
01216 01 (0450-2014).
21

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Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
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anualidad, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

78. Lo anterior, por ejemplo, teniendo en cuenta que con ocasión de la entrada
en vigor del Decreto 272 de 2021 el Gobierno nacional reconoce la prima especial
como una prestación adicional a la asignación básica, no como parte de ella.

3.8. Costas

79. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, el cual quedará así:

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación–Rama Judicial–DEAJ–, reconocer
a favor del dr. Julián Alberto Villegas Perea, identificado con cédula de ciudadanía
No. 16.640.350, la prima especial de servicios sin carácter salarial, prevista en el
artículo 14 de la Ley de 1992, y la reliquidación y pago de las diferencias salariales y
las prestaciones sociales con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de
dicho emolumento, a partir del 9 de octubre de 2012 y hasta que ocupe el cargo que

36
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de
costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80
del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
(iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que
en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter
especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de
costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de
su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp.
13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

22

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Demandante: Julián Alberto Villegas Perea
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

le otorga el derecho, descontando lo que haya percibido por el mismo concepto. Estas
sumas se actualizarán mes a mes de acuerdo con la fórmula consignada en esta
providencia.

Asimismo, condenar a la entidad demandada, a reliquidar y pagar las cotizaciones o
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor
Julián Alberto Villegas Perea, así: (a) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor
de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100 % de remuneración básica
mensual; y (b) desde la entrada en vigor de la anterior norma hasta que ocupe el
cargo que le otorga el derecho, con base en la anterior asignación más el 30 %
correspondiente a la prima especial, de conformidad con lo expuesto en esta
sentencia.

Lo anterior será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las
reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo
que corresponde a esta última hacer la verificación correspondiente y sin que en
ningún caso supere el tope salarial fijado por el Gobierno nacional para cada
anualidad.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

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