República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00514-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Subtema 3. Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional. Subtema 4. Facultad de los fondos de
pensiones para recaudar aportes del Sistema General de Seguridad Social en
Pensión.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
No. 004, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a través del cual la
entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó
que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al sector público
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que como la
accionante prestaba sus servicios como docente a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. Definió
que, al haber acreditado los requisitos exigidos por dicha normativa, tenía derecho a
que la entidad accionada le reconociera una pensión de jubilación a su favor.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior, al considerar que el
periodo laborado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios debe
tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento pensional ordenado por el Tribunal.
Se adicionará el numeral tercero de la decisión, en cuanto a exhortar a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio para que recaude las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo
en que estuvo vinculada mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, y
que eventualmente no se efectuaron. Además, se revocará el numeral cuarto del fallo,
para en su lugar negar la condena en costas impuesta a la accionada.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 20 de noviembre de 20191, la señora Beatriz Eugenia
Camacho Chico, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —
Fomag—, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 29 de agosto de 2018, reiterada los días 30 de octubre de 2018 y 22 de
enero de 2019, por medio del cual le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación a la señora Beatriz Eugenia Camacho Chico.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, desde la fecha
en que cumplió su estatus pensional —esto es, el 28 de marzo de 2016, cuando reunió
los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios—, liquidada conforme a la Ley 33
de 1985, tomando como base todos los factores salariales percibidos durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus.
4. Solicitó que se condene al pago de todas las mesadas dejadas de percibir desde
la consolidación del estatus, debidamente indexadas; a los intereses moratorios, que
se dé cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y
195 del CPACA; y se condene en costas.
1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 84.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 1 a 14.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Beatriz Eugenia Camacho Chico nació el 5 de abril de 1956, por lo
que cumplió 55 años el 5 de abril de 2011. Laboró como docente oficial en el
Departamento de Bolívar desde el 16 de septiembre de 1977 —inicialmente en
propiedad hasta el 1 de abril de 1981, luego mediante diversos contratos y órdenes de
prestación de servicios entre 1998 y 2003, y finalmente en propiedad desde el 23 de
febrero de 2004 hasta la actualidad—, acumulando así más de 20 años de servicio y
consolidando el estatus pensional el 28 de marzo de 2016.
7. El 29 de agosto de 2018, la accionante solicitó al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio —Secretaría de Educación Departamental de Bolívar—, el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 33 de
1985.
8. La entidad, mediante Oficio GOBOL18-043400 del 17 de octubre de 2018,
requirió a la demandante que aportara al expediente los «certificados de los fondos de
pensión donde la docente realizó sus aportes y formularios CLEBP de las
certificaciones de historia laboral de la docente». En consecuencia, el 30 del mismo
mes y año, se envió un memorial en el que la accionante pidió que se continuara con
el trámite de estudio de la pensión, comoquiera que los certificados que se habían
aportado correspondían a los formatos expedidos por la misma entidad.
9. La accionada requirió nuevamente a la parte demandante a través del Oficio
GOBOL-18-051451 del 10 de diciembre de 2018, reiterando la solicitud anterior. Por
su parte, la accionante en escrito del 22 de enero de 2019, respondió en el sentido de
manifestar que con lo pretendido la entidad desconocía el precedente del Consejo de
Estado en asuntos pensionales.
10. No obstante, a la fecha de presentación de la demanda, la accionada no había
dado respuesta de fondo a la petición de reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
11. La parte demandante citó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25,
29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; el artículo 81
de la Ley 812 de 2003; el Acto Legislativo 01 de 2005 y los artículos 1, 2 y 36 literal f)
del Decreto 2277 de 1979.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
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12. Sostuvo que, como la demandante se vinculó al servicio docente oficial desde
el 16 de septiembre de 1977 —esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, es decir, el 27 de junio de 2003—, quedó excluida del régimen general de prima
media previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que le resulta aplicable el régimen
pensional exceptuado del Magisterio previsto en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 15
de la Ley 91 de 1989.
13. Argumentó que los periodos laborados por la accionante bajo contratos y
órdenes de prestación de servicios entre 1998 y 2003 deben computarse para efectos
del reconocimiento pensional, de conformidad con los pronunciamientos del Consejo
de Estado relativos al cómputo del tiempo de servicio docente prestado por hora
cátedra o vinculación externa, en los que se concluyó que dichas modalidades no son
imputables al docente y que el tiempo así laborado debe contabilizarse para la pensión,
incluso si las prestaciones económicas derivadas de esa relación hubiesen prescrito,
por ser el derecho pensional imprescriptible.
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se reconociera la pensión de
acuerdo con la Ley 33 de 1985, compatible con la prestación del servicio docente,
liquidada con los factores de asignación básica, bonificación mensual y prima de
vacaciones docentes, junto con el retroactivo correspondiente.
2.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones3.
16. Afirmó que la demandante no es beneficiaria de las normas invocadas, por
cuanto se vinculó al Fomag con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003. En consecuencia, le es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, y no la Ley 33 de 1985.
17. Citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del Consejo de Estado,
de acuerdo con la cual el tiempo laborado mediante contratos de prestación de
servicios solo es computable para el requisito de tiempo de servicio, sin que ello
implique el reconocimiento de una relación laboral legal y reglamentaria.
18. Adujo que, en caso de prosperar el reconocimiento pensional, los factores
salariales a incluir en el ingreso base de liquidación debían ser únicamente aquellos
sobre los cuales se hubiesen efectuado los respectivos aportes, conforme a las reglas
fijadas en la sentencia de unificación antes mencionada, la cual es de aplicación
retrospectiva.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 98 a 107.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
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19. Propuso la improcedencia de la condena en costas, al no existir prueba de su
causación conforme al artículo 365 del Código General del Proceso.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, profirió
sentencia el 27 de septiembre de 2024, a través de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la entidad accionada. La providencia se fundó
en los siguientes argumentos4:
21. Explicó que el régimen pensional aplicable a los docentes vinculados con
anterioridad al 27 de junio de 2003 es el previsto en la Ley 33 de 1985, cuyos factores
salariales de liquidación se determinan conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en
concordancia con los criterios fijados en las sentencias de unificación del 28 de agosto
de 2018 y del 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019).
22. Señaló que, según se acreditó, la demandante nació el 5 de abril de 1956 y
cumplió 55 años de edad el 5 de abril de 2011. En cuanto al tiempo de servicios,
estableció que estuvo vinculada en propiedad por la Secretaría de Educación de
Bolívar desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 1 de abril de 1981; posteriormente,
mediante contratos y órdenes de prestación de servicios entre 1998 y 2003,
computables para efectos pensionales; y finalmente, de nuevo en propiedad desde el
23 de febrero de 2004 hasta el «31 de mayo de 2022», para un total acreditado de 25
años, 6 meses y 13 días, con lo cual concluyó que completó los 20 años de servicio el
18 de noviembre de 2016.
23. Sostuvo que como la accionante se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de
junio de 2003, le es aplicable la Ley 33 de 1985, y que, satisfechos los requisitos de
edad y tiempo de servicio, le asiste el derecho a la pensión a partir del 18 de noviembre
de 2016 —momento en el que consolidó el derecho pensional—. Precisó que, respecto
de los periodos laborados mediante OPS, la demandante debe acreditar las
cotizaciones a su cargo y que, de no haberse efectuado, el Fomag deberá realizar la
retención de forma indexada e iniciar ante el Departamento de Bolívar las gestiones
de cobro de los aportes correspondientes en calidad de empleador.
24. Determinó que la liquidación de la prestación debe hacerse sobre el 75 % del
salario promedio del último año de servicio, incluyendo como factores la asignación
básica y la bonificación mensual.
4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
26Sentencia.
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25. Señaló que no operó la prescripción de las mesadas, al constatar que entre la
exigibilidad del derecho, la petición administrativa y la presentación de la demanda no
transcurrió el término de tres años previsto en el Decreto 3135 de 1968.
26. Declaró la nulidad del acto ficto negativo y ordenó a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocer y pagar la pensión de jubilación a partir del 18 de noviembre de 2016,
debidamente ajustada conforme al artículo 192 del CPACA. A su vez, condenó en
costas a la parte demandada, conforme con los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, por cuanto resultó vencida en el proceso.
2.4. Recurso de apelación
27. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
28. Manifestó que la demandante se vinculó al servicio docente el «13 de enero de
2006», esto es, según lo indicó, «antes» de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Por tal razón, afirmó, el régimen aplicable al caso es el previsto en el artículo 2 y el
literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que remite a la Ley 33 de
1985.
29. Indicó que, conforme a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
dictada el 25 de abril de 2019 por esta corporación, los factores que debían tenerse en
cuenta para el ingreso base de liquidación eran únicamente aquellos sobre los que se
hubiese efectuado aportes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
30. Señaló que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ratificado por el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que los docentes vinculados a
partir de la entrada en vigor de dicha ley serían afiliados al Fomag bajo el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
31. Alegó que los tiempos cotizados bajo la modalidad de contratos de prestación
de servicios no pueden tenerse en cuenta, por no conocerse quién era responsable de
los aportes a pensión durante esos periodos. Por ende, solicitó que se precise dónde
reposan los recursos correspondientes, antes de adoptar una decisión, en la medida
en que la entidad no podría cancelar una prestación con aportes que no se realizaron
o no le fueron trasladados.
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
28RecursoApelancion.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Mediante auto del 10 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se ordenó el ingreso al despacho del expediente
para pronunciarse sobre las pruebas aportadas6.
33. A través de auto del 18 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia7 y se ordenó que una vez quedara ejecutoriada la decisión, el
proceso ingresara al despacho para proferir sentencia8.
2.6. Ministerio Público
34. La Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado al rendir concepto solicitó que se confirme la sentencia impugnada9.
35. Indicó que la señora Beatriz Camacho Chico se vinculó por primera vez al
servicio educativo oficial el 16 de septiembre de 1977, en propiedad, esto es, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que le resulta aplicable
el régimen de la Ley 33 de 1985. Así, comoquiera que, para el 29 de agosto de 2018,
fecha en que solicitó el reconocimiento pensional, ya había superado los 55 años de
edad, exigidos por la ley, y acreditaba un total de 25 años, 6 meses y 13 días de
servicio, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación que reclama.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
36. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
6 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 6Autoqueadmite_13462025R(.pdf).
7 La entidad accionada aportó con el recurso de apelación un certificado de afiliación del demandante al Fomag.
En el auto de la referencia se negó la prueba, al considerar que la recurrente no expuso cuál era el objeto de la
prueba, así como tampoco su pertinencia, necesidad, utilidad y conducencia.
8 Samai, índice 10, expediente digital, archivo 12Autoqueniega_13462025Autoniegapru(.pdf).
9 Samai, índice 08, expediente digital, archivo Memorial_CHL_9Concepto(.pdf).
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Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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38. ¿Los periodos laborados por la accionante como docente vinculada mediante
contratos y órdenes de prestación de servicios pueden tenerse en cuenta para efectos
del reconocimiento de la pensión de jubilación ordenada por el Tribunal?
39. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los maestros
oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019 y (3) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional.
40. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico propuesto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
41. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
42. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198910, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
43. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
44. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
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Sociales del Magisterio
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
45. Sin embargo, la Ley 812 de 200311 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».
46. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201912
47. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
48. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
49. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
11 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
12 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
50. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
51. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)13.
52. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
13 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
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ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
53. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %14, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
54. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
55. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
14 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección15, tales como:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
56. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
57. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
58. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
59. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
15 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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de unificación del 25 de agosto de 201616 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
60. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual17»18 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
61. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
17 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.
62. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
63. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
64. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199419, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
65. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
19 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
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3.4. Hechos probados relevantes
66. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
67. La señora Beatriz Eugenia Camacho Chico nació el 5 de abril de 1956, según
copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía20.
68. La demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación del
Departamento de Bolívar del 16 de septiembre de 1977 al 1 de abril de 1981 —para
un total de 3 años, 6 meses y 19 días—, en el cargo de docente en propiedad,
conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido
por la misma entidad el 14 de marzo de 201821.
69. Mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, la accionante prestó
servicios en cargos administrativos y como docente a la Secretaría de Educación
Departamental de Bolívar, durante los años 1998 y 2003, por un tiempo total de 3 años,
9 meses y 11 días, conforme se advierte en la copia que de estos reposa en el plenario
y la certificación emitida el 4 de abril de 2018 por el ente territorial. Esto, según se
muestra a continuación22:
Desde Hasta Tiempo
01/01/1998 28/02/1998 1 mes, 29 días
17/06/1998 17/12/1998 6 meses, 4 días
18/05/1999 18/08/1999 3 meses, 3 días
26/08/1999 26/11/1999 3 meses, 3 días
14/02/2000 01/03/2000 17 días
01/03/2000 30/05/2000 3 meses
09/06/2000 09/09/2000 3 meses, 3 días
02/10/2000 30/11/2000 2 meses
20/03/2001 17/06/2001 3 meses
05/07/2001 02/10/2001 3 meses
06/03/2002 03/06/2002 3 meses
16/07/2002 29/11/2002 4 meses, 17 días
03/02/2003 03/06/2003 4 meses, 1 día
10/07/2003 30/11/2003 4 meses, 24 días
Tabla 1: relación de las OPS que acreditan la prestación del servicio de la accionante a la Secretaría de
Educación del Departamento de Bolívar.
20 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 31, 33.
21 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 34 a 35.
22 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 36 a 74.
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70. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificados de
historia laboral, que obran en el expediente, expedidos por la Secretaría de Educación
del Departamento de Bolívar el 14 de marzo de 2018 y 11 de mayo de 2022, la
accionante prestó sus servicios a la entidad en calidad de docente en propiedad, del
23 de febrero de 2004 al 11 de mayo de 2022, por un lapso de 18 años 2 meses y 23
días23.
71. El 29 de agosto de 2018 la demandante solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio —Secretaría de Educación del Departamento de
Bolívar— el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con fundamento en la
Ley 33 de 198524.
72. El 30 de octubre de 2018, la demandante en respuesta al Oficio GOBOL-18-
043400, en el que se le requirió allegar los certificados de los fondos en los que efectuó
aportes a pensión, radicó memorial ante la accionada, en el que aclaró que «como
prueba de las correspondientes cotizaciones fueron aportadas en debida forma al
escrito de la solicitud prestacional los certificados de historia laboral expedidos
directamente por la entidad que usted hoy representa»25.
73. El 22 de enero de 2019, la accionante en atención al Oficio GOBOL-18-051451,
solicitó a la entidad demandada que en la respuesta a su solicitud pensional, se tuviera
en cuenta que el Consejo de Estado en sentencia del 24 de agosto de 200026 definió
que la prestación del servicio docente «así sea externo y aún por horas cátedra, ha de
contabilizarse (…) para efectos pensionales».
74. Según lo manifestado en la demanda, la petición prestacional no fue resuelta
de fondo27. Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
75. La parte demandante solicita que se reconozca a favor de la señora Beatriz
Eugenia Camacho Chico una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985,
toda vez que se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 y acredita más de 55 años de edad y 20 de servicios públicos.
23 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documentos
01ExpedienteDigitalizado, págs. 75 a 76 y 08RptaRequerimientoPrueba, págs. 12 a 15.
24 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 15 a 21.
25 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 23 a 25.
26 Citó: «Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente No. 1053-00, M.P.
Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado».
27 Hecho 10 del escrito de la demanda, visto en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
5ED_EXPEDIENTE_00020190051400BEATRI(.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado, pág. 4.
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76. El Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia de primera instancia
accedió al reconocimiento y pago de la prestación pretendida, al encontrar probado
que la demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003. Para
el efecto, tuvo en cuenta los tiempos en los que laboró a través de contratos y órdenes
de prestación de servicios.
77. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación
en el que alegó que los tiempos prestados a través de contratos de prestación de
servicios no podían tenerse en cuenta para efectos del cómputo pensional, toda vez
que no consta en el plenario que se hubiesen efectuado los aportes a pensión
correspondientes a esa época.
78. Así, corresponde definir si los periodos laborados por la accionante como
docente vinculada mediante contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos
en cuenta para efectos del reconocimiento pensional.
79. Al respecto, se precisa que la Sala solo se pronunciará respecto del único cargo
de la apelación, que concierne a los tiempos laborados por la demandante a través de
contratos y órdenes de prestación de servicios, dada la competencia del juez de
segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP.
80. Aclarado lo anterior, se destaca que conforme se estudió en el acápite del marco
normativo de esta sentencia, los docentes vinculados mediante contratos de
prestación de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual
que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de forma personal
y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es
así que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201628, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.
81. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (a)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia29:
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020, exp.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
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es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»30 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.
82. Así las cosas, la Sala estima que el periodo laborado por la señora Beatriz
Eugenia Camacho Chico a través de contratos y órdenes de prestación de servicios,
entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de noviembre de 2003 (interrumpidamente), que
se detallaron en la tabla 1 de esta sentencia, resulta válido para efectos pensionales,
en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
83. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, en cuanto a
que no puede accederse a lo solicitado porque no consta que se hayan efectuado las
cotizaciones correspondientes al régimen de Seguridad Social o que se hubiesen
trasladado al Fomag; se destaca que esta corporación, en sentencia de unificación del
28 de julio de 202231, definió que el descuento y pago oportuno de aportes no puede
ser obstáculo para el reconocimiento de la pensión, pues las entidades de previsión
deben adelantar las gestiones pertinentes para su cobro. Esto, en los siguientes
términos:
107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
30 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-
42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2019-00514-01 (1346-2025)
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obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199432 (artículo 27).
108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199433 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).
109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.
[…]
111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador34.
112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social35.
[…]
115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
32 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
33 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
34 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,
segunda edición, pp. 23 – 25.
35 Ver sentencia T-064 de 2018.
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reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador».
84. Precisado lo anterior, se estima que el cargo de la apelación no tiene la
virtualidad de revocar la sentencia de primera instancia. No obstante, se observa que
si bien, en la parte considerativa del fallo impugnado se determinó que el Fomag
debería iniciar el proceso administrativo ante el Departamento de Bolívar para el cobro
de los aportes a pensión, en la proporción que les correspondía como empleador, lo
cierto es que nada de ello quedó expresado en la parte resolutiva de la providencia.
85. Así las cosas, se considera necesario adicionar el numeral tercero de la
sentencia apelada con el fin de exhortar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el
Departamento de Bolívar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en
que estuvo contratada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, y
que eventualmente no se realizaron.
86. Por último, la Sala se permite precisar que, de acuerdo con lo descrito en el
acápite de hechos probados de esta providencia, la accionante acreditó los 20 años
de servicio docente y 55 años de edad al momento de la presentación de la
reclamación administrativa (29 de agosto de 2018), que exige la Ley 33 de 1985 —que
le aplica— para el reconocimiento de una pensión de jubilación. De este modo, según
lo definió el Tribunal, el estatus pensional lo adquirió el 18 de noviembre de 2016, sin
que la entidad adujera inconformidad alguna sobre el particular.
87. En punto al término prescriptivo, aun cuando no fue objeto de reproche por el
recurrente, se destaca que como la reclamación administrativa se presentó dentro de
los tres años siguientes a la fecha de consolidación del derecho, no operó el fenómeno
de la prescripción.
3.6. Conclusión de la decisión
88. Se concluye que el periodo laborado por la accionante a través de contratos y
órdenes de prestación de servicios, debe tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional ordenado por el Tribunal, en virtud de los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, contrario a lo alegado por la
entidad accionada en el recurso de apelación.
89. Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, y adicionará el
numeral tercero de la decisión, en cuanto a exhortar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que
recaude ante el Departamento de Bolívar las cotizaciones en favor de la demandante
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en el tiempo en que estuvo contratada mediante contratos y órdenes de prestación de
servicios, y que eventualmente no se efectuaron.
4. Costas
90. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
91. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionada en el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia, para en su lugar negarla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida 27 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Adicionar al numeral tercero de la parte resolutiva de la anterior sentencia
el siguiente inciso:
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Beatriz Eugenia Camacho Chico
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el Departamento de Bolívar
las cotizaciones en favor de la señora Beatriz Eugenia Camacho Chico en el tiempo en
que estuvo contratada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios y que
eventualmente no se efectuaron.
Tercero. Revocar el numeral cuarto de la sentencia impugnada. En su lugar:
CUARTO: Negar la condena en costas en primera instancia.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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