Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07597-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07597-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07597-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07597-01
Demandante: OTAÍN RODRÍGUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca parcialmente
sentencia de primera instancia. Declara improcedente por falta
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 22 de enero de 2026, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A declaró improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad y negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Otaín Rodríguez, actuando en nombre propio inició acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad. Asimismo, para que se apliquen los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad.
En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con las providencias dictadas el 26 de septiembre de 2025 y 27 de enero
de 2025 por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, en las que se
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 11001-33-36-036-2024-00275-00/01.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radiada el 28 de noviembre de 2025 a la que se le asignó la secuencia
interna número 12266.
1
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Demandante: Otaín Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07597-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA. Como consecuencia de los amparos constitucionales decretados.
Se ordene dejar sin efecto; el auto de segunda instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B. calendado 26
de septiembre de 2025; y los autos del 27 de enero y 20 de octubre de 2025
emitidos por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo Sección Tercera del
Círculo de Bogotá D.C., dentro del medio de control de reparación directa
radicado bajo el numero 11001–3336–036–2024–00275–01, que tuvo al
suscrito como parte demandante, y a la Defensoría del Pueblo, como parte
demandada.
TERCERA. A causa de lo anterior, se ordene a la autoridad judicial accionada
competente, para que, admita y le imprima el debido proceso que corresponde,
al medio de control de reparación directa por el suscrito presentada.
CUARTA. Se amparen los derechos fundamentales constitucionales, que, en
virtud a la aplicación del principio iura novit curia, por favorabilidad, e igualdad;
el respetado Magistrado de conocimiento, encuentre y estime pertinentes
proteger2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 21 de agosto de 2024 el señor Otaín Rodríguez, actuando a nombre propio,
promovió el medio de control de reparación directa contra la Nación, Defensoría del
Pueblo, con el fin de que se declarara responsable por los perjuicios ocasionados
al «incurrir en una operación administrativa ilegal, por la ejecución irregular de la
Resolución 839 del 16 de julio de 20203 que ratifico la decisión adoptada mediante
resolución 454 de 2019»4. Expedidas en el marco del proceso de selección de
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Índice 008 de Samai. A través de esta resolvió: «Primero: Ratificar de manera definitiva la decisión
adoptada por la Entidad mediante resolución 454 de 2019, a través de la cual se introdujo una
modificación a las condiciones aplicables al proceso de selección de defensores públicos 2019, y en
ese sentido mantener el carácter de clasificatorio derivado del cumplimiento de la orden judicial».
Por lo que dispuso que la vinculación a la entidad seguiría efectuándose en orden descendente de
calificaciones a los profesionales que integran la lista de elegibles del concurso.
4 Índice 008 de Samai. «Por la cual se da cumplimiento al auto del 28 de marzo de 2019, emanado
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado». En ese proveído
se decretó la suspensión provisional parcial de las Resoluciones 052 de 2019 y 084 de 2019, a
solicitud de la ciudadana Angie Yiset Flórez, quién promovió el proceso de nulidad simple identificado
con el radicado: 11001032500020190006300, pretendiendo la nulidad de los referidos actos
administrativos. No obstante, la medida cautelar se revocó en el proveído del 29 de noviembre de
2019, a través del cual se resolvió un recurso de súplica interpuesto por la Defensoría del Pueblo,
contra el proveído del 28 de marzo de 2019. Por lo anterior, la entidad profirió la Resolución 1618 de
2
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Demandante: Otaín Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
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defensores públicos, convocado mediante la Resolución 052 del 14 de enero de
20195. Lo anterior dado que, con ocasión del concurso no fue renovado su contrato
de prestación de servicios.
El proceso se asignó al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá con el radicado número 11001-33-36-036-2024-00275-00, que mediante
providencia del 27 de enero de 2025 rechazó por caducidad la demanda.
Como fundamento, consideró que, la inconformidad del demandante es que la
entidad demandada no hubiera prorrogado el contrato DP- 1096-2019, cuya
decisión se plasmó en el oficio 20213040014302031 del 19 de noviembre de 2021,
acto administrativo que podía cuestionar a través del medio de control de
controversias contractuales, por haberse dictado en el marco de una relación
contractual. En ese sentido, consideró que, el término para demandar empezó a
correr el 20 de noviembre de 2021 y culminó el 20 de noviembre de 2023, por lo
que, para el 2 de abril de 2024, cuando el actor solicitó la conciliación prejudicial, o
para el 21 de agosto de 2024, cuando radicó la demanda ya había caducado.
Por otro lado, señaló que, aún si se examinara el caso bajo la óptica del medio de
control de reparación directa el resultado sería el mismo, dado que, el hecho dañoso
devino del desarrollo del proceso de selección de personeros de 2019, el cual
estuvo vigente hasta el 24 de abril de 2022, por lo que, al día siguiente, es decir, el
25 de abril de 2022 empezaba a correr el plazo de 2 años para ejercer el derecho
de acción que finalizó el 25 de abril de 2024. No obstante, pese a que la conciliación
suspendió los términos entre el 2 de abril de 2024 y el 27 de junio de 2024, la
demanda podía presentarse hasta el 22 de julio de 2024, sin embargo, esta se
radicó el 21 de agosto de 2024, por tanto, fuera del término legal.
La parte actora presentó el recurso de alzada y, en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B6 mediante auto
del 26 de septiembre de 2025 confirmó la decisión del a quo.
Explicó que, en su facultad oficiosa para determinar el medio de control procedente,
consideró aplicable el de nulidad y restablecimiento del derecho para el caso del
actor, comoquiera que los argumentos del demandante se dirigen a cuestionar el
oficio 20213040014302031 del 19 de noviembre de 2021 porque negó la prórroga
del contrato DP 1096 de 2019, y solicitó como restablecimiento del derecho, el pago
de remuneración o contraprestaciones dinerarias dejadas de percibir por no haber
sido vinculado a la entidad.
2020, en el que declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones demandadas.
Posteriormente, la referida autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda en la sentencia
del 21 de septiembre de 2023.
5 Índice 008 de Samai. «Por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos
de la Defensoría del Pueblo».
6 Providencia suscrita por los Magistrados, Henry Aldemar Barreto Mogollón, Franklin Pérez
Camargo y Clara Cecilia Suárez.
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De conformidad con lo anterior, concluyó que, como la conciliación prejudicial se
presentó el 2 de abril de 2024 y la demanda el 21 de agosto de 2024, ya se había
superado el término de 4 meses establecido en el artículo 1387 del CPACA para el
examen de legalidad del oficio 20213040014302031 del 19 de noviembre de 2021.
Finalmente refirió que, si se estudiara el término para demandar de 2 años, propio
del medio de control de reparación directa, aún se encontraría caducada la acción,
dado que, el actor conoció el daño cuando se le comunicó el oficio
20213040014302031 del 19 de noviembre de 2021, por lo que el plazo legal iniciaba
el 20 de noviembre de 2021 y finalizaba el 20 de noviembre de 2023, sin que la
presentación de conciliación prejudicial del 2 de abril de 2024 tuviera efectos
suspensivos.
El proveído anterior se notificó por estado el 2 de octubre de 20258.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que las providencias cuestionadas incurren en los
siguientes defectos:
(i) Sustantivo: alegó que, con la declaratoria de caducidad se aplicó erróneamente
el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA dado que, el plazo de 2 años para
ejercer el medio de control de reparación directa debe contabilizarse desde la
ocurrencia del daño. En su caso explicó que, el perjuicio que pretende reclamar se
«consolidó en su integridad» cuando el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B profirió la sentencia del 21 de septiembre de 2023, en la que resolvió
de fondo sobre la legalidad de las Resoluciones No. 052 y 084 de 2019 emitidas por
la Defensoría del Pueblo, y no desde la fecha señalada por la autoridad judicial
accionada.
Lo anterior, debido a que, a su juicio, solo hasta el momento en que el juez
contencioso declaró que los referidos actos administrativos estaban ajustados a
derecho fue que pudo identificar que se le había causado un daño que podía serle
indemnizado a través del ejercicio del medio de control de reparación directa.
(ii) Desconocimiento del precedente: consideró desatendida la sentencia del 13
de julio de 2016 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado
7 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
8 Índice 008 de Samai del proceso 11001333603620240027501.
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Demandante: Otaín Rodríguez
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Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07597-01
25000-23-36-000-2015-01014-01 (56148), la que, en su sentir, señala que en los
procesos de reparación directa deben aplicarse los principio pro actione, pro
damndato, de ponderación y flexibilización de la figura de la caducidad.
Asimismo, señaló que, debieron tenerse en cuenta las siguientes providencias
dictadas por el Consejo de Estado: (i) de la Sección Tercera, Subsección B, la
sentencia del 28 de febrero de 2011, radicado 73001-23-31-000-1999-00098-01; (ii)
y de la Sección Primera, el proveído del 23 de agosto de 2012, radicado: 11001-03-
24-000-2004-00034-00. A su juicio, estas definen «la proyección y efecto, de la
declaración de presunción de legalidad a actos administrativos de ejecución o desarrollo».
Además, citó la sentencia del 14 de agosto de 2019 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, radicado: 54001-23-33-000-2019-00093-01, la que
considera aplicable a su caso porque «pone al medio de control de reparación directa,
como el mecanismo judicial idóneo para tramitar y dirimir asuntos como el que demanda el
suscrito, por daños causados en eventos constitutivos de ejecución irregular de actos
administrativos».
(iii) Violación directa de la Constitución Política: porque las autoridades
judiciales accionadas trasgredieron sus garantías fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia e inaplicaron principios
constitucionales como la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima y la
favorabilidad.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 4 de diciembre de 2025, el Magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la parte accionante9, y como accionados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B10 y al
Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá11.
Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés en el resultado del
proceso a la Nación- Defensoría del Pueblo [extremo pasivo del proceso ordinario]12.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá13
9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: otainrodriguez@hotmail.com.
10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a:
scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: admin36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: juridica@defensoria.gov.co.
13 Índice 008 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07597-01
La secretaría del Despacho remitió el expediente electrónico del proceso 11001-33-
36-036-2024-00275-00.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B14
El magistrado ponente de la decisión enjuiciada, dictada en segunda instancia, pidió
que se niegue el amparo o, en su defecto, se declare improcedente por carecer de
relevancia constitucional, comoquiera que los argumentos del actor no demuestran
la vulneración de las garantías invocadas, sino que reproducen los mismos alegatos
ya analizados y decididos por el juez natural en dos instancias, por lo que consideró
que no resulta admisible convertir al juez constitucional en una tercera instancia
destinada a reabrir debates procesales y jurídicos ya agotados.
1.6.3. Defensoría del Pueblo15
El profesional adscrito a la Oficina Jurídica de la entidad pidió que se niegue el
amparo, o, en su defecto, se declare improcedente, al no advertir ninguna
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el tutelante. Tampoco
evidenció que se trasgrediera alguna garantía constitucional en el marco del
proceso de selección de defensores públicos, porque este contó con los mismos
plazos, condiciones y garantías que los demás participantes.
En ese sentido, explicó que, en el año 2019 adelantó un proceso de selección para
contratar defensores públicos a nivel nacional, al que se le dio apertura a través de
la Resolución 052 de 2019 con sus respectivos anexos, la que tuvo una modificación
a través de la Resolución 084 de 2019 respecto de la vigencia de la lista definitiva
de resultados, la que operaría durante 3 años más. Advirtió que, este no era un
concurso de méritos como tal, sino que, aquellos que superaran el concurso se
vincularían a través de contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto
en el artículo 26 de la Ley 941 de 200516.
1.7. Sentencia de primera instancia17
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dictó sentencia el 22 de
enero de 2026, en la que declaró improcedente por no superar el requisito de
14 Índice 009 de Samai.
15 Índice 013 de Samai.
16 ARTÍCULO 26. DEFINICIÓN. Son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que
administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del
contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la
representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas
en el artículo 2o de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de
Contratación Estatal.
Los contratos de prestación de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con
cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación laboral con la Institución.
17 Índice 013 de Samai.
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Subsección B y otro
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subsidiariedad frente a las alegaciones que no fueron plantadas en el recurso de
alzada del proceso ordinario y en lo demás, negó el amparo.
Por un lado, explicó que, aunque el actor argumentó que el término de caducidad
del proceso ordinario debió computarse desde que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B emitió la sentencia del 21 de septiembre de 2023, en el
entendido en que en dicha providencia decidió sobre la legalidad de las resoluciones
052 del 14 de enero de 2019 y 084 de 2019. Lo cierto es que consideró que como
ese planteamiento no se expuso en el escrito de apelación, debía declararse
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Por otro lado, consideró que, las sentencias que el actor citó como precedente no
tienen tal connotación comoquiera que «no fijaron una regla o subregla de obligatorio
acatamiento para las autoridades judiciales de inferior jerarquía, sumado a que no versan
sobre los mismos supuestos fácticos aquí analizados», máxime porque advirtió que en
el proceso ordinario, la autoridad judicial accionada examinó los términos para
ejercer el medio de control de reparación directa y llegó a la misma conclusión de
que se encontraba caducado. En consecuencia, estimó que no se configuraban los
defectos de violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente, por lo que negó el amparo.
La sentencia de primera instancia se notificó de forma personal a las partes e
intervinientes el 27 de enero de 202618 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación19
En el escrito de impugnación el tutelante pidió que se revoque la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se conceda el amparo.
Señaló que, en la sentencia del 14 de agosto de 2019 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, con radicado 54001-23-33-000-2019-00093-01 se
estableció que, en asuntos como el suyo, en los que se discuten «daños
ocasionados en sucesos que materializan la ejecución irregular de actos
administrativos» el mecanismo idóneo era el medio de control de reparación directa.
Refirió que, cuando agotó el requisito de conciliación prejudicial, solicitud que radicó
el 2 de abril de 2024, la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos
nada dijo sobre la existencia de caducidad de la acción, sino que llevó a cabo la
respectiva audiencia de conciliación que finalmente se declaró fallida, otorgando así
libertad legal para acudir a la jurisdicción contenciosa.
18 Índice 016 de Samai.
19 Índice 017 de Samai. La sentencia se notificó el 27 de enero de 2026 a través de correo electrónico
y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 30 del mismo mes y año, por lo que fue
oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 9 de febrero de 2026.
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Reiteró que, el daño que alega se consolidó en su integridad cuando el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B profirió la sentencia del 21 de septiembre
de 2023 porque en dicha providencia se ordenó mantener incólume la presunción
de legalidad de las Resoluciones 052 de 2019 y 084 de 2019; los que se
materializaron mediante la Resolución 839 de 2020, cuya ejecución, en su sentir,
irregular, fue la que le ocasionó los perjuicios que pretende le sean indemnizados.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
En escrito del 3 de marzo de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, invocando el numeral
1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que su hijo se
desempeña como profesional universitario del nivel central de la Defensoría del
Pueblo, entidad vinculada como tercero con interés, al interior de la presente acción
de tutela.
Sin embargo, mediante providencia del 5 de marzo de 2026, los demás integrantes
de la Sala Quinta de esta Corporación declararon infundado el impedimento por no
encontrar acreditados los elementos para la configuración de la causal invocada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
En este punto, la Sala precisa que, si bien el escrito inicial de este mecanismo está
dirigido contra lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B y del Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, el estudio de este caso se enfocará en el auto de segunda
instancia, por cuanto fue el que puso fin al proceso.
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 22
de enero de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
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• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al proferir el
proveído del 26 de septiembre de 2025 dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 11001-33-36-036-2024-00275-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 20
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 21 y declaró su
procedencia.22
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1 Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202223 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal24 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional26.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal27”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales28”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto29, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal30.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestiona la providencia del 26 de septiembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
confirmó el auto del 27 de enero de 2025 dictado por el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el que se rechazó por caducidad el
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-36-
036-2024-00275-00/01 promovido por el actor contra la Nación, Defensoría del
Pueblo.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-128 de 2021.
29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Ibid.
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En primera instancia, el a quo constitucional declaró improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad el yerro sustantivo, y negó el amparo frente a los
defectos de violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente,
porque concluyó que no se vulneraban los derechos invocados por el accionante.
Con todo y ello, el tutelante impugnó la decisión anterior y solicitó que se amparen
los derechos invocados. Iteró que la decisión cuestionada incurre en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Respecto de lo alegado por el accionante, la Sección evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Advierte la Sala que, el yerro que el actor refiere como defecto sustantivo realmente
se dirige a cuestionar el auto proferido por el ad quem dado que declaró la caducidad
en el medio de control de reparación directa que promovió contra la Nación,
Defensoría del Pueblo, porque, a su juicio, el tribunal contabilizó la caducidad de
forma errónea, dado que no tuvo en cuenta el momento en que efectivamente se le
causó el agravio.
Para dar sustento a su argumentación, el accionante alegó que el fallador debió
contabilizar el plazo de 2 años dispuesto en literal i), numeral 2 del artículo 164 del
CPACA a partir del 21 de septiembre de 2023, fecha en la que se emitió la sentencia
en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B resolvió sobre la
legalidad de las Resoluciones No. 052 y 084 de 2019, con lo que se «consolidó en
su integridad» el daño por el que pretendía ser indemnizado. Afirmó que, antes de
que se examinara la validez de los referidos actos administrativos le era imposible
la «identificación exacta de los daños objeto de reparación» y en consecuencia, saber
cuál era el medio de control a ejercer.
El anterior argumento se planteó por el actor en la demanda de reparación directa31
y en el escrito de alzada32, no obstante, el tribunal, después de examinar las pruebas
arribadas al plenario concluyó que, «la decisión del Consejo de Estado33 no incide en el
conocimiento del daño, toda vez que, al momento de la referida comunicación34, los actos
administrativos mantenían su presunción de legalidad, circunstancia que fue posteriormente
confirmada. En consecuencia, el conocimiento del daño por parte del actor se configuró el
19 de noviembre de 2021, fecha en que se le informó la negativa de prórroga de su
contrato».
31 Índice 008 de Samai. Págs. 8 y 4 de la demanda.
32 Índice 008 de Samai. Pág. 3 del recurso de apelación.
33 El tribunal se refiere a la sentencia del 21 de septiembre de 2023 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B en el proceso de nulidad simple identificado con el radicado
11001032500020190006300
34 De la parte motiva de la sentencia de advierte que hace referencia a la comunicación del oficio
20213040014302031 del 19 de noviembre de 2021 por el cual la Defensoría del Pueblo negó la
prórroga del contrato DP 1096 de 2019.
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En ese sentido, se advierte que, contrario a lo concluido por el a quo, quien
consideró que los anteriores argumentos no habían sido planteados por el
accionante en el proceso ordinario, se observa que, los alegatos desplegados por
el actor en el escrito de tutela ya habían sido examinados por el juez contencioso,
por lo que, para la Sección la improcedencia de este mecanismo no se configura
porque el actor no haya superado el requisito de subsidiaridad, sino porque la tutela
carece de relevancia constitucional puesto que es claro que el señor Otaín
Rodríguez pretende usar este mecanismo como una instancia adicional y reabrir el
debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.
Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente se
advierte que, en el recurso de alzada, el tutelante sostuvo que el juez de segunda
instancia desatendió lo dispuesto en la sentencia del 14 de agosto de 2019 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con radicado 54001-23-
33-000-2019-00093-01. Argumentó que, a su juicio, en dicha providencia se
estableció que en aquellos casos en que se ocasionen daños por la materialización
irregular de un acto administrativo, como en su caso, el medio de control procedente
es el de reparación directa.
Pese a que el actor individualizó la sentencia que considera desatendida, lo cierto
es que, no señaló cuál es la regla de derecho vinculante que estimaba aplicable a
su situación, ni expuso la incidencia concreta que tal providencia tendría en la
decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En consecuencia, no se
satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un
análisis de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección 35 ha
considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia, lo que no se cumplió por la parte actora por lo que se declarará
improcedente.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo decidido por el ad quem
y dicte una providencia que le resulte favorable a su reclamación.
35Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-
00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado: 11001-03-
15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Conforme lo expuesto, se revocará parcialmente la sentencia del 22 de enero de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
negó el amparo y declaró improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad y, en su lugar, declarará improcedente el mecanismo, pero por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo y
declaró improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, para en su
lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por el señor
Otaín Rodríguez, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, pero por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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