Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04374-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04374-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04374-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04374-00
Demandante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-
INPEC-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA-SALA
MIXTA DE DECISIÓN-
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, INPEC), actuando
mediante apoderado judicial3, inició acción de tutela4 contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca Sala Mixta de Decisión5, en la que solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva.
Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la sentencia
proferida el 27 de mayo de 2026, que modificó los numerales 3º, 4º y 5º del fallo
dictado el 29 de octubre de 2025, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 5 de junio de 2026 a la que se le asignó la
secuencia interna número 3911385.
3 Poder otorgado a la abogada Jenny Marcela Getial Meneses, por el director Regional de occidente
del INPEC, a través de mensaje de datos - índice 02 de Samai
4 En el mismo escrito pidió como medida provisional lo siguiente “[…] Con fundamento en el artículo
7 del Decreto 2591 de 1991, solicito suspender provisionalmente los efectos de la sentencia
cuestionada mientras se decide de fondo la presente acción constitucional, con el fin de evitar la
ejecución de una condena patrimonial estructurada con fundamento en defectos constitucionales
manifiestos […]”.
5 Integrada por los magistrados Andrés González Franco y Víctor Adolfo Hernández Díaz.
Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Sala Mixta de
Decisión-
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Circuito Judicial de Cali, al interior del medio de control de reparación directa con
radicado 76001-33-33-006-2024-00035-00/01, para en su lugar, declarar probada
la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva de la Rama
Judicial; y como consecuencia, atribuyó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y al INPEC, la responsabilidad patrimonial que les fue endilgada por los
demandantes.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 27 de mayo de 2026
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Mixta de Decisión dentro
del proceso radicado No. 76001-33-33-006-2024-00035-01, únicamente en lo
relacionado con la declaratoria de responsabilidad administrativa atribuida al
INPEC.
TERCERO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada proferir una nueva
decisión respetando el precedente constitucional y contencioso administrativo
aplicable, así como las garantías fundamentales del debido proceso.6
1.3. Hechos
El señor Antonio Cortés Segura se encontraba recluido en la estación de Policía
de la Nueva Floresta de Cali – Valle, con ocasión de la presunta comisión del delito
de porte y fabricación de armas de fuego, por el cual no había sido condenado.
El 21 de junio de 2023, el señor Cortés Segura falleció mientras se encontraba
recluido en la referida estación por causa de un linchamiento del fue objeto por
parte de sus propios compañeros de celda.
Con ocasión a lo dicho, los señores Anny Graciel Penagos Astudillo y otros7
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el INPEC y la Rama
6 Transcripción literal que puede contener errores.
7 Integrada por las siguientes personas: Anny Graciel Penagos Astudillo en nombre propio y en
representación de la menor Saraby Antonella Penagos Astudillo; Yudy Cabezas Segura, Antonio
Hermógenes Cortés, la menor Anny Michelle Cortés Montaño, representada legalmente por su
madre la señora Brenda Montaño Rojas, la menor Cataleya Cortés Tavera, representada
legalmente por su madre la señora Andra Milena Tavera Triviño, el menor Anthony Samir Quintero
Caicedo, representado legalmente por su madre la señora Sindy Pamela Quintero Caicedo;
además, los señores Fernando Stiven Ulloa Segura, Yoselin Ulloa Segura, Holmes Cabezas
Segura, Merielen Segura, Sory Mondragón Cabezas y María Camila Mondragón Cabezas.
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Judicial, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la
muerte del señor Cortés Segura.
Durante el proceso, el INPEC se opuso a las pretensiones argumentando que el
detenido nunca estuvo en un establecimiento bajo su administración, carecía de
orden judicial de traslado y se encontraba bajo custodia exclusiva de la Policía
Nacional.
En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, que, mediante sentencia del 29 de octubre de 2025,
accedió a las pretensiones de la demanda, declarando únicamente responsable a
la Policía Nacional.
Como fundamento, se dio aplicación al régimen de responsabilidad objetiva bajo
el título de daño especial, derivado de la relación especial de sujeción existente
entre el Estado y el recluso. En ese sentido, determinó que, al estar privado de la
libertad, el ciudadano se encontraba en una situación de indefensión y
subordinación total frente a la administración, lo que impone al Estado el deber de
garantizar su vida e integridad física como una obligación de resultado.
De este modo, al acreditarse que la muerte del señor Cortés Segura fue un
homicidio ocurrido mientras estaba bajo custodia estatal, se configuró un daño
antijurídico que el Estado debe reparar, sin que fuera estrictamente necesario
demostrar una falla probada en el servicio.
En cuanto a la atribución de responsabilidad, el juzgado concluyó que esta recaía
única y exclusivamente en la Policía Nacional, por ser la entidad que ejercía la
custodia material y la posición de garante en la estación de policía donde
ocurrieron los hechos. Por tal motivo, declaró fundadas las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva para el INPEC y la Rama Judicial,
argumentando que el detenido nunca estuvo bajo la guarda material del instituto
penitenciario ni se demostró una omisión directa de su parte que fuera la causa
adecuada del daño. Finalmente, la sentencia rechazó el eximente de
responsabilidad de hecho de un tercero, señalando que la obligación de seguridad
del Estado incluye proteger al interno incluso de agresiones cometidas por otros
detenidos.
Contra esa decisión, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación con el fin
de que se declarara también la responsabilidad del INPEC. Como argumento,
expuso que la sentencia de primera instancia omitió considerar la causal eximente
de responsabilidad por el hecho de un tercero, ya que las pruebas y la
investigación penal demostraron que la muerte fue causada por agresiones físicas
directas de otros reclusos y no por una falla del servicio. La entidad sostuvo que
su posición de garante no es absoluta y que, en este caso particular, los
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uniformados no pudieron detectar ni prevenir el ataque, debido a que no se
emplearon armas prohibidas ni se presentaron ruidos o señales de auxilio que
alertaran a la guardia sobre lo que ocurría dentro de la celda.
Asimismo, la institución enfatizó que el hacinamiento crítico de la estación de
policía era una problemática estructural que había sido reportada oficialmente a
diversas autoridades locales y nacionales desde el año 2021, sin que se tomaran
medidas de descongestión. Con base en ello, la Policía solicitó principalmente la
revocatoria de la condena y, de manera subsidiaria, pidió que se declarara la
responsabilidad solidaria del INPEC, argumentando que este instituto también
tenía el deber de gestionar los traslados y asegurar cupos en centros
penitenciarios adecuados para evitar la permanencia prolongada de detenidos en
estaciones de paso.
La referida apelación se resolvió por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Mixta de Decisión, que, mediante providencia del 27 de mayo de 2026
modificó la decisión en el sentido de condenar igualmente al INPEC.
En primer lugar, determinó que la Policía Nacional es responsable bajo un régimen
de responsabilidad objetivo, fundamentado en su posición de garante frente a la
vida e integridad de los detenidos. La Sala argumentó que, aunque las estaciones
de policía son centros de detención transitorios y carecen de la infraestructura o
personal adecuado para reclusiones prolongadas, la víctima permaneció privada
de la libertad en sus instalaciones sometida a las reglas punitivas del Estado. Por
tanto, la entidad no podía exonerarse alegando el hecho de un tercero, ya que la
agresión no fue un evento imprevisible o irresistible dentro del contexto de custodia
estatal.
Respecto al INPEC, el Tribunal declaró su responsabilidad basándose en una falla
en el servicio por omisión, al considerar que la entidad tenía pleno conocimiento
del hacinamiento crítico en la estación Nueva Floresta y no gestionó el traslado de
la víctima a un centro penitenciario adecuado. Según la providencia, esta inacción
permitió que el señor Cortés Segura permaneciera en un lugar que no estaba
destinado para su custodia y que no podía garantizar su seguridad física. En
consecuencia, el Tribunal modificó la sentencia para condenar a ambas
demandadas de manera conjunta, ordenando que cada una asumiera el 50% de
la condena impuesta.
La referida decisión se notificó a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 2 de junio de 20268.
8 Índice 031 de Samai del proceso 76001-33-33-006-2024-00035-00/01.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes
defectos:
(i)sustantivo: alega que el Tribunal realizó una interpretación extensiva e indebida
de sus funciones legales al atribuirle una responsabilidad que no le corresponde
según el ordenamiento jurídico. Para ello, sostiene que según los artículos 17 y 21
de la Ley 65 de 1993, el sostenimiento y vigilancia de los centros de detención
transitoria para detenidos preventivos, como era el caso de la víctima, es
competencia exclusiva de las entidades territoriales, esto es, los departamentos y
municipios, pero no del INPEC.
Asimismo, expuso no existió una orden judicial de traslado ni una solicitud formal
de cupo que el instituto hubiera incumplido; aunado al hecho que la víctima
siempre estuvo bajo la vigilancia y control directo de la Policía Nacional, por lo que
el INPEC no ejercía una posición de garante efectiva en ese lugar.
(ii) desconocimiento del precedente: Por cuanto la autoridad judicial accionada
aplicó de manera indebida la sentencia SU-122 de 2022 proferida por la Corte
Constitucional, la cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en los centros
transitorios. Argumentó que dicho precedente reconoce que el hacinamiento es un
problema estructural y multicausal que involucra responsabilidades compartidas
entre la USPEC, la Policía, las entidades territoriales y la Rama Judicial; sin
embargo, afirma que la Corte Constitucional no atribuye una responsabilidad
automática ni exclusiva al INPEC por todas las consecuencias del hacinamiento,
sino que distribuye las obligaciones según las competencias operativas de cada
entidad.
(iii) ausencia de motivación: señala que la providencia carece de una carga
argumentativa rigurosa para sustentar la condena. A su juicio, el Tribunal no
demostró cómo la supuesta inacción del INPEC fue la causa determinante del
homicidio cometido por otros internos.
De igual manera, expone que la condena se fundamentó en el conocimiento
general del hacinamiento, pero argumenta que saber de una crisis estructural no
equivale a tener un deber jurídico concreto de protección sobre un recluso que no
está bajo su guarda.
Finalmente, menciona que se le impuso el 50% de la condena basándose
únicamente en una solicitud subsidiaria de la Policía Nacional, sin identificar la
fuente normativa específica del deber omitido.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 19 de junio de 20269, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante10 y, como parte accionada,
a los magistrados que integran la Sala Mixta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca11.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la señora Anny Graciel Penagos Astudillo quien actuó en
nombre propio y en representación de la menor Saraby Antonella Penagos
Astudillo; a los señores, Antonio Hermógenes Cortés, Yudy Cabezas Segura, la
menor Anny Michelle Cortés Montaño, representada legalmente por su madre la
señora Brenda Montaño Rojas, la menor Cataleya Cortés Tavera, representada
legalmente por su madre la señora Andra Milena Tavera Triviño, el menor Anthony
Samir Quintero Caicedo, representado legalmente por su madre la señora Sindy
Pamela Quintero Caicedo; y los señores Fernando Stiven Ulloa Segura, Yoselin
Ulloa Segura, Holmes Cabezas Segura, Merielen Segura, Sory Mondragón
Cabezas y María Camila Mondragón Cabezas [quienes fungieron en calidad de
demandantes al interior del proceso ordinario]12.
Así mismo, se dispuso la vinculación de la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial13, del Ministerio de Defensa14, Policía
Nacional15, [entidades que comparecieron como sujeto pasivo de la Litis en el
proceso ordinario de reparación directa] y del juez Sexto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali16 [a quo en el mismo asunto].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
9 Índice 6 de Samai.
10 Índice 10 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones@inpec.gov.co
11Índice 9 de Samai. La notificación fue realizada a:
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co,
agonzalar@cendoj.ramajudicial.gov.co y vhernand@cendoj.ramajudicial.gov.co
12 Índice 24 de Samai.
13 Índice 9 de Samai. La notificación fue realizada a: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
14 Índice 9 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co y
contactenos@mindefensa.gov.co
15 Índice 9 de Samai. La notificación fue realizada a: segen.consejo@policia.gov.co,
notificacion.tutelas@policia.gov.co
16 Índice 9 de Samai. La notificación fue realizada a: adm06cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca17
A través de un funcionario de la corporación, aportó el link del expediente
electrónico del proceso ordinario seguido bajo radicado 76001-33-33-006-2024-
00035-00/01, sin efectuar pronunciamiento respecto a los hechos y pretensiones
invocadas por la entidad accionante.
De otro lado, el magistrado ponente de la decisión judicial cuestionada consideró
que la providencia del 29 de octubre de 2025 analizó los argumentos expuestos
en los recursos de apelación y los resolvió de conformidad con el material
probatorio allegado al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.
Por ese motivo, estima que no vulneró derecho fundamental alguno del INPEC.
1.6.2. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali18
Luego de hacer un recuento de todas las actuaciones procesales que tuvo el
proceso ordinario que se cuestiona, refiere que la acción de tutela se dirige es
contra la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
atención a anterior, solicita la desvinculación del presente asunto.
1.6.3. Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-19
Pidió su desvinculación de este trámite porque carece de legitimación de la causa
por pasiva comoquiera que la presunta trasgresión de las garantías
constitucionales del actor se deriva de la providencia judicial dictada por la
autoridad judicial accionada.
1.6.4. Policía Nacional20
La Jefe del Área Jurídica de la Secretaría General expone que la entidad que
representa no ha vulnerado derecho fundamental alguno al INPEC, y que no se
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
presente acción constitucional. Por ese motivo, solicita se niegan las pretensiones
de la accionante.
1.6.5. Las personas mencionadas que integraron la parte demandante en el
proceso bajo radicado 76001-33-33-006-2024-00035-00/01, guardaron silencio a
pesar de haber sido notificados en debida forma de la presente acción
constitucional.
17 Índices 16 y 17de Samai.
18 Índice 16 de Samai.
19 Índice 19 de Samai.
20 Índice 23 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Colegiatura es competente para conocer, en primera instancia, de la acción
de tutela presentada por el INPEC contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Mixta de Decisión, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación21.
2.2. Cuestión previa
Como se expuso en el acápite de intervenciones, tanto la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de la Rama Judicial como el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Cali solicitaron su desvinculación del presente trámite.
Tales solicitudes serán negadas, por cuanto la vinculación de dichas autoridades
se realizó en calidad de terceros, atento al eventual interés que les asiste en este
asunto. La primera integró el extremo pasivo del proceso ordinario en el que se
profirió la providencia cuestionada, y el segundo fue el despacho que resolvió la
primera instancia en dicha actuación.
En ese sentido, es necesario conservar la vinculación de todos los que se pudieran
ver involucrados en la posible transgresión de los derechos fundamentales
invocados.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sección resolver:
¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión
vulneró las garantías invocadas por la parte accionante, al proferir la
sentencia del 27 de mayo de 2026 dentro del medio de reparación directa
con radicado 76001-33-33-006-2024-00035-00/01?
21 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201222
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 23 y declaró su
procedencia.24
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Relevancia constitucional
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
24 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202225 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal26
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
25 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico27; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional28.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal29”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales30”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto31, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal32.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la sentencia del 27 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión, en la que
modificó el proveído dictado el 29 de octubre de 2025 por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que accedió parcialmente a las
pretensiones dentro del medio de reparación directa identificado con el radicado
76001-33-33-006-2024-00035-00/01. Lo anterior, ya que, a juicio de la parte
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-128 de 2021.
31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Ibid.
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tutelante, en la providencia cuestionada se incurrió en un defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente y ausencia de motivación.
Respecto de lo alegado por la actora la Sala evidencia que los argumentos
desplegados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez ordinario en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Advierte la Sección que los yerros en los que supuestamente incurre la decisión
enjuiciada carecen de la carga argumentativa necesaria para abordar su estudio
de fondo, ya que los planteamientos tienen como como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso ordinario, para hacer prevalecer el criterio interpretativo
propio con respecto a que al INPEC no le asistía responsabilidad administrativa en
la muerte del señor Antonio Cortés Segura, quién para la fecha de ocurrencia de
los hechos, tenía la calidad de privado de libertad en una estación de Policía Nueva
Floresta de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
Se observa que, el planteamiento de la tutelante demuestra la discrepancia con la
decisión del tribunal, quién concluyó que, la entidad incurrió en una falla en el
servicio por omisión al no gestionar el traslado de la víctima pese a conocer el
hacinamiento crítico de la estación de policía.
En ese sentido, la Sección observa que la accionante pretende es cuestionar la
conclusión jurídica a la que arribó el Tribunal, esto es, que el INPEC no puede ser
ajeno a la crisis de los centros de detención transitoria; máxime, cuando de
acuerdo con la decisión de segunda instancia, dicha entidad fue debidamente
enterada de la situación particular en que se encontraba el centro transitorio en
donde posteriormente falleció el señor Antonio Cortés Segura, sitio en el que de
acuerdo con lo dicho por la autoridad judicial, no tuvo que haber permanecido por
más de 36 horas de conformidad con lo que establecido en el artículo 28A de la
Ley 65 de 1993.
En efecto, en la determinación judicial acusada, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Mixta de Decisión, expuso lo siguiente:
« […] 56. El artículo 28A de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 21 de la ley
1709 de 2014, dice que la privación de la libertad en las Unidades de Reacción
Inmediata o similares como las estaciones de policía no puede ser superior a treinta y
seis horas (…)
57.Sin embargo, el hacinamiento en las cárceles genera que la Unidades de Reacción
Inmediata y las estaciones de policía funcionen como centros transitorios de detención
mientras se encuentra cupo y el Inpec los traslada.
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58.Es tan grave el hacinamiento que en sentencia SU 122 de 2022 la Corte
Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en los centros transitorios
de detención. Abordó las limitaciones de la Policía Nacional para administrar tales
sitios y las responsabilidades compartidas:
“… al interior de los llamados centros de detención transitoria existe una problemática
generalizada, pues la infraestructura de estos lugares es insuficiente para garantizar
las condiciones necesarias para una estadía prolongada…
la infraestructura de las URI, las estaciones y subestaciones de Policía no fue
concebida para la reclusión de personas por periodos prolongados y garantizar el
acceso efectivo a los servicios de agua potable, alimentación, salud o los atinentes al
aseo personal. La situación de hacinamiento que se presenta en estos espacios es
consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones que se encuentran en
cabeza de las entidades del nivel nacional, representadas por el Inpec y la Uspec, en
el caso de los condenados, y los entes territoriales en materia de atención de los
procesados. (…)
La Sala Plena reitera que las estaciones, subestaciones de la Policía Nacional y las
URI de la Fiscalía General de la Nación no pueden ser considerados por ninguna
circunstancia como lugares idóneos para mantener privadas de la libertad a personas
condenadas o procesadas. De conformidad con la ley, la detención en estos espacios
no puede superar las 36 horas y, posteriormente, tanto la detención preventiva en
establecimiento de reclusión, así como la pena privativa de la libertad deben cumplirse
en establecimientos penitenciarios y carcelarios […]» (negrillas fuera del texto de la
providencia en cita).
Con base en lo expuesto, el tribunal accionado estimó que el INPEC había omitido
el cumplimiento cabal de sus funciones; pues, a pesar de conocer la reclusión y
las condiciones del centro transitorio, no adoptó las medidas administrativas
necesarias para evitar el lamentable desenlace que finalmente ocurrió:
« […] 54. El Inpec conocía el estado de hacinamiento de la estación de policía y
no tomó acciones para solucionar la problemática, lo que constituye una falla en el
servicio por omisión, toda vez que su actuación permitió que la víctima
permaneciera privada de la libertad en una estación de policía que no estaba
destinada para ello y que no podía garantizar su seguridad.
(…)
74.También quedó demostrado que la muerte se presentó en el contexto de
hacinamiento de la estación de policía Nueva Floresta de la ciudad de Cali y de
que dicha situación fue debidamente informada a las autoridades locales, Ministerio
Público y al Director Regional Occidente del Inpec (…)
75.Entonces, el Inpec conocía el estado de hacinamiento de la estación de policía
y no tomó acciones para solucionar la problemática, lo que constituye una falla en
el servicio por omisión, toda vez que su actuación permitió que la víctima
permaneciera privada de la libertad en una estación de policía que no estaba
destinada para ello y que no podía garantizar su seguridad.
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76. Así las cosas, la muerte de Antonio Cortés mientras se encontraba privado de
la libertad resulta imputable también al Inpec por no gestionar el traslado a un
centro de reclusión […]» (negrilla fuera del texto original).
Este panorama, revela el propósito de reabrir el debate propio de la jurisdicción
ordinaria y de promover un nuevo examen respecto al análisis de responsabilidad
administrativa; en particular, lo relativo a la omisión que el juez natural de la causa
le endilgó al INPEC frente a una persona que sin haber sido condenada se
encontraba privada de la libertad en un centro transitorio, con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, finalidad que resulta ajena al ámbito
propio de la acción de tutela.
De otro lado, se tiene que el accionante alegó la configuración del desconocimiento
del precedente porque, en su sentir, se dio una aplicación indebida a la sentencia
SU-122 de 2022, la cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en los
centros transitorios; sin embargo, lo cierto es que, no individualizó la regla de
derecho vinculante que estimaba aplicable a su situación, la identidad de aquellos
pronunciamientos respecto al suyo, ni expuso la incidencia concreta que esta
tendría en la decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En
consecuencia, no se satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría a la
Sala a efectuar un análisis de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección33
ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga
mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por el tutelante busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
decidido por el tribunal y dicte un fallo favorable a sus reclamaciones.
Finalmente, aunque el accionante considera que la providencia carece de
motivación, es preciso mencionar que, de acuerdo con la jurisprudencia
33 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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constitucional34, la ausencia de motivación no se configura ante cualquier
discrepancia con el razonamiento del juzgador, sino, únicamente, cuando su
argumentación resulte: (i) decididamente defectuosa, (ii) abiertamente insuficiente
o (iii) inexistente. En criterio del Alto Tribunal, lo anterior se debe a que el respeto
al principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela intervenga en meras
controversias interpretativas.
Por tal motivo, la Corporación sostiene que la intervención del juez de tutela «se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir,
en una arbitrariedad».
Así las cosas, al examinar un cargo por ausencia de motivación en una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que la exposición fundada de las
razones fácticas y jurídicas de un fallo constituye un principio rector de la función
jurisdiccional y, por ende, su transgresión vulnera de forma directa el debido
proceso. Sin embargo, en el sub lite tal presupuesto no se configura. Como se
evidenció, la pretensión del INPEC se reduce a reabrir el debate legal e imponer
su propia interpretación normativa sobre la custodia de las personas privadas de
la libertad, cuestionando así la responsabilidad administrativa que le fue atribuida
en la acción de reparación directa.
En consecuencia, en el presente caso, se declarará improcedente este mecanismo
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC- contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión, por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
34 Ver, sentencias T-233 de 2007, SU-424 de 2012, T-041 de 2018.
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Decisión-
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04374-00
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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