Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03068-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03068-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ CARO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El señor Carlos Andrés Rodríguez Caro, actuando a través de apoderado judicial3,
inició acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, y el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, en la que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de las providencias del 14 de julio de 2025 y 13 de febrero de 2026 en las
que se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-020-2024-00327-00/01, que
promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – en adelante
Casur-.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 21 de abril de 2026 a la que se le asignó la
secuencia interna número 4805.
3 Poder conferido al abogado Hans Alexander Villalobos Díaz, autenticado en la Notaría Cuarta del
Círculo de Bogotá D.C.
Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03068-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca dictar nueva
sentencia al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
identificado con número de radicado 11001333502020240032700 teniendo en
cuenta la protección constitucional predicada en la presente acción.4
1.3. Hechos
El señor Carlos Andrés Rodríguez Caro promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare ilegal el acto
administrativo 864268 del 4 de abril de 20245 proferido por Casur, mediante el cual
negó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro, por el tiempo que laboró
al servicio de la Policía Nacional.
Como consecuencia de lo anterior, pidió que se le reconozca la aludida prestación
por la causal de «solicitud propia», en un porcentaje del 70% de lo que devenga
un intendente de la Policía Nacional, desde el 1° de noviembre de 2023 -fecha en
que culminó su vinculación-.
En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda que, mediante sentencia del 14 de
julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento explicó que, al actor no le es aplicable el régimen de transición
contemplado en la Ley 923 de 2004, pues aquel cobijó solamente a los miembros
de la Policía Nacional que se encontraban en servicio activo al 31 de diciembre de
2004, y comoquiera que para ese entonces el demandante «estaba en calidad de
alumno en escuela de formación» pues solo se vinculó a la institución el 8 de marzo
de 2005, no era beneficiario de la norma referida.
En ese sentido, señaló que, el señor Rodríguez Caro debía acreditar 25 años de
servicio, al ser retirado por solicitud propia; sin embargo, probó un tiempo de
actividad de 20 años, 10 meses y 09 días, por lo que concluyó que no le asistía
derecho a la prestación reclamada.
4Transcripción literal que puede contener errores.
5
CASUR negó el reconocimiento de la asignación de retiro porque el demandante no
acreditó los requisitos del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, esto es, haber cumplido
25 años de servicio, en aquellos casos en los que el retiro sea por voluntad propia. Ello
debido a que en la certificación de tiempos constató que estuvo vinculado a la Policía
Nacional por 20 años, 6 meses y 26 días.
2
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Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
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El actor interpuso recurso de apelación contra el anterior proveído, que se resolvió
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E6, mediante providencia del 13 de febrero de 2026 que confirmó la decisión.
Lo anterior, dado que, a su juicio, durante el proceso de formación de los alumnos
de la institución policial, estos tienen una mera expectativa de ingresar a la Fuerza
Pública, por ello, el régimen aplicable a los uniformados es el vigente al momento
de su vinculación como servidores públicos, tal como lo explicó «la Corte
Constitucional en la sentencia C-1214 de 2001». En consecuencia, como el
demandante ingresó a la Policía Nacional el 8 de marzo de 2005, esto es, con
posterioridad a la Ley 923 de 2004, no le resulta aplicable el régimen de transición
que allí se estableció, sino que el reconocimiento de su asignación de retiro se rige
por el artículo 25 del Decreto 4433 de 20047. Por tanto, concluyó:
Así las cosas, como el demandante se escalafonó en el nivel ejecutivo después de
la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 y su retiro del servicio se originó por
la causal “solicitud propia”, para ser acreedor a la asignación de retiro que reclama
debió haber acreditado 25 años de servicio, sin embargo, como quedó probado,
solo prestó sus servicios por espacio de 20 años, 10 meses y 9 días por lo que no
cumplió con los requerimientos establecidos en la norma.
El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 12 de febrero de 20268.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los
siguientes yerros:
6 La sentencia fue suscrita por los magistrados, Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, Jaime Alberto
Galeano Garzón y Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
7 ARTÍCULO 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los Oficiales y el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte
(20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por
voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
se les pague una asignación mensual de retiro, así:
25.1 El setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo
23 del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio.
25.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento (4%) por
cada año que exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta
y cinco por ciento (85%).
25.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará
en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas computables.”
8 Índice 014 de Samai del proceso 11001333502020240032701.
3
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Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
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(i) Violación de la Constitución Política: porque se trasgredieron sus garantías
fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y a la igualdad.
(ii) Desconocimiento del precedente: señaló que se desatendieron las
siguientes sentencias del Consejo de Estado: (i) del 5 de marzo de 2024, Rad:
11001-03-15-000-2024-00499-00. M.P. César Palomino Cortés; (ii) del 7 de
diciembre de 2022, Rad: 19001-23-33-000-2017-00342-01. M.P. César Palomino
Cortés; (iii) del 28 de abril de 2022, Exp: 19001-23-33-000-2015-00350-01. M.P.
César Palomino Cortés; (iv) del 11 de noviembre de 2021, Exp. 15001-23-33-000-
2016-00885-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Como argumento de este yerro indicó que, en los fallos referidos se «refleja una
postura al unísono respecto de la aplicación del régimen de transición contenido
en la Ley 923 de 2004, artículo 3, se deduce que el señor Intendente (RA) Carlos
Andrés Rodríguez Caro es acreedor legal de una asignación mensual de retiro en
los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 por haber laborado más de
20 años al servicio de la Policía Nacional».
(iii) Sustantivo: explicó que debe aplicársele las disposiciones previstas en la Ley
923 de 2004 porque sí es beneficiario del régimen de transición, toda vez que
ingresó a la Escuela de Formación de la Policía Nacional desde el 8 de febrero de
2004, por tanto, debe entenderse que se encontraba en servicio activo desde que
fue alumno de la institución, pues dentro del contexto global de la norma se
erigieron mandatos claros y precisos para dar a entender que el tiempo de
formación era computable con las asignaciones de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
Además, afirmó que, mientras estuvo en el proceso de formación ejecutó varias
actividades de policía, lo que da cuenta de que no solo era un estudiante, sino que
llevó a cabo las funciones propias de los uniformados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 27 de abril de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como parte accionada, a los
magistrados Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, Jaime Alberto Galeano Garzón y
Patricia Victoria Manjarrés Bravo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E10 y al juez Veinte Administrativo de Oralidad del
9 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesvillalobos@hotmail.com.
10 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a:
scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scs02sb06tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Sección Segunda, Subsección E y otro
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Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda11.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a CASUR12.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda13
La titular del despacho hizo un breve recuento de las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario e indicó que, las providencias se dictaron con las razones de
hecho y derecho plasmadas en aquellas.
Además, aportó el link del expediente electrónico y pidió ser desvinculado del
trámite de tutela.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E14
El magistrado ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se declare
improcedente la acción, o en su defecto, se niegue el amparo dado que, los
planteamientos del accionante se dirigen a insistir en que es beneficiario de la
asignación de retito con el régimen de transición dispuesto en el artículo 3 de la
Ley 923 de 2004.
No obstante, en la sentencia de primer y segundo grado se explicó de manera
extensa los motivos por los que cuales tal régimen no le era aplicable a su caso,
aunado a que no tenía derecho a la reclamación prestacional porque no acreditó
el tiempo de 25 años al servicio de la Policía Nacional.
Al margen de lo anterior, sostuvo que el actor pretende usar este mecanismo como
una tercera instancia, desconociendo que su asunto ya se zanjó por la jurisdicción
contenciosa.
11 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: jadmin20bta@notificacionesrj.gov.co y
jadmin20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: judiciales@casur.gov.co
13 Índice 015 de Samai.
14 Índice 016 de Samai.
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Sección Segunda, Subsección E y otro
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1.6.3. Casur.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se niegue la tutela
porque al accionante no se le han vulnerado los derechos fundamentales
invocados, sino que pretende hacer uso de esta acción para revivir un proceso en
el que le negaron las pretensiones, con el fin de obtener una decisión diferente,
que le sea favorable.
Por otro lado, pidió su desvinculación de este trámite porque carece de
legitimación de la causa por pasiva comoquiera que la presunta trasgresión de las
garantías constitucionales del actor se deriva de las providencias judiciales
dictadas por las autoridades accionadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Carlos Andrés Rodríguez Caro contra el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación15.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda
y Casur solicitaron su desvinculación del presente trámite.
Estas solicitudes serán negadas por cuanto, en lo que respecta al juzgado
accionado, sus acciones y eventual responsabilidad serán materia de estudio en
este proceso, y en cuanto a Casur, lo cierto es que su vinculación se hizo como
tercero en virtud del eventual interés que le puede representar el presente trámite,
en tanto conformó el extremo pasivo del proceso ordinario donde se dictaron las
providencias cuestionadas.
En ese sentido, es necesario conservar la vinculación de todos los que se pudieran
ver involucrados en la posible vulneración de las garantías iusfundamentales del
actor.
15
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6
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Sección Segunda, Subsección E y otro
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2.3. Problema jurídico
En este punto, la Sección precisa que, si bien el escrito inicial de este mecanismo
está dirigido contra lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, la Sala se enfocará solo en la
sentencia de segunda instancia, por cuanto fue la que puso fin al proceso.
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E vulneró las garantías invocadas por la parte accionante, al
proferir la sentencia del 13 de febrero de 2026 dentro del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-020-
2024-00327-00/01?
Para desatar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la sentencia del 13 de febrero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la
que confirmó el proveído dictado el 14 de julio de 2025 por el Juzgado Veinte
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que
negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-020-2024-00327-00/01.
Lo anterior, ya que, a su juicio, en la providencia cuestionada se incurrió en los
siguientes defectos: violación de la Constitución Política, desconocimiento del
precedente y sustantivo.
Respecto de lo alegado por el actor la Sala evidencia que los argumentos
desplegados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con el fallo proferido por el juez ordinario en segunda
instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Advierte la Sección que los yerros en los que supuestamente incurre el fallo
enjuiciado carecen de la carga argumentativa necesaria para abordar su estudio
de fondo, ya que los planteamientos tienen como como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso ordinario, para hacer prevalecer el criterio interpretativo
propio con respecto a que sí cumplió con los requisitos del régimen de transición
de la Ley 923 de 2004 y que por tanto, acreditó el tiempo de servicios dentro de la
Policía Nacional para el reconocimiento de la asignación de retiro, de la cual se
retiró por voluntad propia.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.
10
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Se observa que, el planteamiento del tutelante demuestra la discrepancia con la
decisión del tribunal, quién concluyó que, como la vinculación del accionante como
servidor público de la institución policial ocurrió después de la entrada en vigencia
de la Ley 923 de 2004, no le era aplicable el régimen de transición contenida en
aquella, y como su retiro del servicio se originó por la causal «solicitud propia»,
debía acreditar 25 años de servicio, no obstante, quedó probado que prestó sus
servicios por 20 años, 10 meses y 9 días por lo que concluyó que no tenía derecho
a la asignación de retiro.
No obstante, el accionante alegó la configuración del defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución Política porque, en su sentir, debió tenerse en cuenta el
periodo en el que fungió como alumno de la Escuela de Formación de la Policía
Nacional pues de ser así, le sería aplicable el régimen de transición a su caso,
máxime cuando en el proceso de formación para patrullero realizó actividades
propias de un miembro de la institución policial.
Sin embargo, la Sala se percata que los anteriores argumentos fueron expuestos
en el proceso ordinario por el actor, sin embargo, tanto el a quo como el ad quem
le explicaron que, el tiempo de formación como alumno de la Policía Nacional no
determina el régimen aplicable, porque en ese momento solo se tiene una «mera
expectativa» de ingresar a la institución, por lo que, la regulación especial aplicable
es la que se encuentre vigente al momento de vincularse como servidor público de
la entidad.
No obstante, como las pretensiones elevadas en el proceso ordinario le fueron
resueltas de manera desfavorable al señor Rodríguez Caro, quiere usar este
mecanismo constitucional para reabrir el debate ya zanjado por el juez natural de
la causa, por lo que es claro que pretende constituir una tercera instancia a través
de esta acción de tutela.
Ahora bien, en el que respecta al yerro del desconocimiento del precedente
judicial, pese a que el accionante cita varias providencias, lo cierto es que, no
individualizó la regla de derecho vinculante que estimaba aplicable a su situación,
ni expuso la incidencia concreta que esta tendría en la decisión adoptada por el
fallador de segundo grado. En consecuencia, no se satisface la carga
argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un análisis de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección27
ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga
27
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03068-00
mínima de identificar: (i) la providencia que considera desatendida; (ii) la ratio
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en el fallo, lo que no se
cumplió por la parte actora.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por el tutelante busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
decidido por el tribunal y dicte un fallo favorable a sus reclamaciones.
En consecuencia, en el presente caso, se declarará improcedente este mecanismo
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, y Casur,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Carlos Andrés Rodríguez Caro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Segunda, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03068-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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