Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00499-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela: fallo de primera instancia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00499-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00499-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
5 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Accionantes: Alexander Cárdenas Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el señor Alexander Cárdenas
Díaz, a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Meta y el
Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
El señor Alexander Cárdenas Díaz, en ejercicio de la acción de tutela, actuando
a través de apoderado, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, que estimó lesionados por
el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir la sentencia de 19 de octubre de
2023, que confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2022 proferida por el
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 2020-
00006-01.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“(…) TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de mi mandante, ordenando
a la autoridad accionada dictar la decisión que en derecho corresponda - dentro del
proceso 50001-33-33-008-2020-00006-01, fundamentales y la Ley Marco 923 de
2004 (…)”. (Sic)
2. Los hechos y las consideraciones
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación1:
Expuso que ingresó al servicio de la Policía Nacional, desde el 28 de septiembre
del 2000, por lo que el 31 de octubre de 2019, solicitó a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional2 (en adelante Casur), el reconocimiento de su
asignación de retiro, a la cual manifestó que tiene derecho por ser beneficiario
del régimen de transición de la Ley 923 de 2004.
Informó que Casur, le negó el reconocimiento de la asignación de retiro,
mediante el oficio No. 201921000360181 del 11 de diciembre de 2019,
indicándole al demandante que su casual de retiro se asemeja con la de retiro
por «Destitución», por ello, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2018, en concordancia con el Decreto 754 de 2019, no
cuenta con el tiempo de servicio prestado para el reconocimiento pretendido.
1
Escrito de demanda de tutela visible en el Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI allegado en medio magnético
2
En adelante Casur.
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Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
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Afirmó que instauró demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Casur, pretendiendo la nulidad del acto que
le negó la asignación de retiro solicitada, que fue conocida en primera instancia
por el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio.
Sostuvo que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2022, la autoridad
judicial negó las pretensiones de la demanda, por lo que recurrió dicha decisión
ante el Tribunal Administrativo del Meta que, con sentencia de 19 de octubre de
2023, resolvió el recurso de apelación confirmando el fallo censurado.
3. Consideraciones de la parte actora
El accionante sostuvo que el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta, al proferir las sentencias de 30 de septiembre
de 2022 y 19 de octubre de 2023, respectivamente, incurrieron en vía de hecho
por desconocimiento del precedente judicial en que debería fundarse, en lo
relativo al régimen de transición, que es aplicable a todos los miembros de la
Fuerza Pública y, a la declaratoria de inexequibilidad de los decretos 041 de 1994
y 2070 de 2003, como las declaratorias de nulidad de los decretos 1091 de 1995,
art. 51 y 4433 de 2004 art. 24 y 25.
Explicó que en sentencias de 8 de septiembre de 20173 y de 28 de septiembre
de 20174, proferidas por el Consejo de Estado, se señaló lo referente al derecho
a percibir la asignación de retiro con un tiempo no inferior a 15 años, ni superior
a 20 años de servicio.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 8 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez, número interno: 3473 – 2014, demandante: Wilson Javier Chaparro Ladino.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 28 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez, número interno: 4302 – 2015, demandante: Ricardo Escamilla Calderón.
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Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
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Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa, pues, a su juicio, no debieron basar la decisión en el
Decreto 754 de 2019.
3.1 Trámite procesal
Mediante auto de 6 de febrero de 2024, se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a las autoridades judiciales accionadas, es decir, al Tribunal
Administrativo del Meta y al Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, para
los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y se vinculó a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, por tener interés en
las resultas del proceso.
4. Intervenciones
4.1 El Tribunal Administrativo del Meta, se opuso a las pretensiones de la
parte actora argumentando que al demandante se le aplica el Decreto 754 de
2019, por razón a que fue incorporado de manera directa al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004 y pese a que ese decreto no
estaba vigente al momento de su retiro, lo cierto es que el mismo tiene efectos
retrospectivos.
Explicó que, en la sentencia recurrida, advirtió que la salida del demandante de
la institución se produjo como consecuencia de su destitución por una sanción
disciplinaria. Esta causa de retiro exige 20 años de servicio para ser elegible para
el reconocimiento de la asignación de retiro, de acuerdo con el Decreto 754 de
2009; razón por la cual, al encontrarse acreditado que el demandante
únicamente tuvo como tiempo de servicio 19 años, siete meses y seis días, no
cumplía con el tiempo de servicios del Decreto 754 de 2019.
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Por su parte, respecto de la excepción de inconstitucionalidad, aseveró que no
se aplicó al caso del demandante, debido a que no se encuentra acreditada la
incompatibilidad del Decreto 754 de 2009 con la Constitución Política, aunado a
que el Consejo de Estado ha señalado que este decreto se encuentra dentro de
los parámetros establecidos en el artículo 3.º, ordinal 3.1., inciso 2.º, de la Ley
923 de 2004, que es la ley marco por medio de la cual se estableció el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Alegó que el accionante no acreditó la existencia de una vulneración de los
derechos fundamentales incoados, sino que se limitó a señalar las razones por
las que no está de acuerdo con la decisión cuestionada.
Concluyó que el amparo solicitado no está llamado a prosperar, dado que el
Tribunal Administrativo del Meta definió un asunto que le fue puesto a su
consideración a partir de la valoración de la situación fáctica y jurídica
correspondiente y con sujeción a los principios y garantías que orientan el
ejercicio de la función jurisdiccional.
4.2 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, manifestó que
comparte el criterio del Tribunal Administrativo Del Meta, Sala de Decisión Oral
Cuatro, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Villavicencio,
en segunda instancia, por encontrarse en derecho, teniendo en cuenta que, al
accionante le es aplicable la normativa del Decreto 754 de 2019, dada su
retroactividad.
Agregó que, en todo caso, el señor Alexander Cárdenas no cumple con los
requisitos de tiempo de actividad, teniendo en cuenta que se demostró que tuvo
como tiempo de servicios 19 años, siete meses y seis días, no cumpliendo los
20 años de servicio, para el reconocimiento de la asignación de retiro, conforme
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con lo dispuesto en el Decreto 754 de 2009.
Por último, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y se le
desvincule, pues no es la llamada a responder por los reparos planteados por el
actor, pues su función se limita a reconocer y pagar las asignaciones de retiro al
personal de oficiales, suboficiales, agentes y demás estamentos de la policía
nacional que adquieran el derecho, explicó.
4.3 El Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, se limitó a enviar el
expediente de la referencia sin pronunciarse sobre los hechos y consideraciones
de la demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1°
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021.
2. Problema Jurídico
La Sala debe decidir si el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio y
Tribunal Administrativo del Meta, al proferir las sentencias de 30 de septiembre
de 2022 y de 19 de octubre de 2023, respectivamente, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, al incurrir
en de vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial en que debería
fundarse y defecto sustantivo.
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3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional5 y el Consejo de Estado6 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio
Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales,
siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se
cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte
Constitucional, así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles
en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo
de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se
5
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000,
T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de
2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004,
T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066
de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de
2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
6
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de
agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
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discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de
defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el
requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se
expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio; y; (vi) La providencia objeto de la presente acción no
fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes7: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d)
Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida
con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente
judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.
7
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
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3.1 El desconocimiento del precedente
Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en
que una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o
se separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso
al precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia
de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder
se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente
relacionados con el respeto del precedente.
Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló:
[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente
judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser
aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio
decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la
autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.
Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente
horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder
judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que
debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente
horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse
del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los
jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales
con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.
En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la
igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su
actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo
y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas
exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del
derecho.
En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al
cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues
“sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”
(requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del
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ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio
jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en
otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta
válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia).
Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende
protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la
autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”8.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud
del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un
precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es
absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente,
se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a
través de la acción de tutela.
3.2 Defecto sustantivo
La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial
incurre en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en
una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii)
la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es
aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa
desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática (…)”.
8 Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación
del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas,
consideró:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los
funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente
de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su
soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es
absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y
derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto,
para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional,
indicó:
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en
los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada) […]”.
4. Caso concreto
La sala efectuará el análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial de cara a la sentencia del 19 de
octubre de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, como quiera
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que fue esta providencia la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social;
los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los
cuales la parte accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados,
pues esta decisión proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no permite su impugnación y no se configura ninguna de las causales
del recurso extraordinario de revisión.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la
providencia cuestionada, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Meta, esto es, la sentencia de 19 de octubre de 2023, se
notificó el 2 de noviembre de 2023 y la demanda de tutela se presentó el 2 de
febrero de 2024, es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos
por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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4. 2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad
El señor Alexander Cárdenas Díaz, en ejercicio de la acción de tutela, actuando
a través de apoderado, plantea la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, por parte del Tribunal
Administrativo del Meta, por cuanto al proferir la sentencia de 19 de octubre de
2023, que confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2022, emitida por el
Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, incurrió en vía de hecho por
desconocimiento del precedente jurisprudencial; en lo relativo al régimen de
transición, que es aplicable a todos los miembros de la Fuerza Pública.
Explicó que en las sentencias de 8 de septiembre de 20179 y de 28 de septiembre
de 201710, proferidas por el Consejo de Estado, se señaló lo referente al derecho
a percibir la asignación de retiro con un tiempo no inferior a 15 años, ni superior
a 20 años de servicio.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa, pues, a su juicio, no debieron basar la decisión en el
Decreto 754 de 2019.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente
revisar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta en la
decisión de 19 de octubre de 2023, como quiera que esta dio fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en los que consideró:
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 8 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez, número interno: 3473 – 2014, demandante: Wilson Javier Chaparro Ladino.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 28 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez, número interno: 4302 – 2015, demandante: Ricardo Escamilla Calderón.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
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“(…) 2. Marco legal y jurisprudencial
2.1. Asignaciones de retiro en los integrantes del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional
El artículo 144 del Decreto 1212 de 199011 contempla los siguientes requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro:
(…)
Ahora, el artículo 3 de la Ley 923 de 200412 consagra los elementos mínimos para el
reconocimiento de la pensión y de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza
pública en los siguientes términos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio
y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de
retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como
requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal.
(…).
La Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, siendo el artículo 25
de este decreto el que estableció todos los requisitos para la asignación de retiro para el
personal de la Policía Nacional. Pero el parágrafo 2.º de este artículo también fue
declarado nulo por el Consejo de Estado6, en esta oportunidad, porque el Gobierno
Nacional desbordó la potestad reglamentaria, al aumentar la edad para acceder a la
asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal.
Debido a la anterior declaratoria de nulidad, se profiere el Decreto 1858 de 20127, que,
en los artículos 1.º y 2.º, indicó lo correspondiente al régimen de transición para el
personal homologado al nivel ejecutivo, y el régimen común para el personal del nivel
ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa; siendo declarado nulo el
artículo 2.º, también por la sección segunda del Consejo de Estado8, al considerarse que
el Gobierno Nacional desconoció los términos temporales previstos en el artículo 3.1,
inciso 2º, de la Ley 923 de 2004, para acceder a la asignación de retiro, los integrantes
de la Policía Nacional incorporados directamente y ejercicio activo a 31 de diciembre de
2004.
Finalmente, en este marco normativo, se profirió el Decreto 754 de 2019, «Por el cual se
fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
11
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
12
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
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Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de
2004», estableciendo el artículo 1.º, lo siguiente:
(…)
En este contexto, como el a quo negó la asignación de retiro solicitada por el demandante
con fundamento en el Decreto 754 de 2019, debe indicarse que esta corporación, en
sentencia del 27 de agosto de 202013, indicó que el mencionado decreto goza de efectos
retrospectivos, con fundamento en decisiones de tutela proferidas por el Consejo de
Estado, así:
«De esta manera le corresponde a la sala entrar a estudiar si el demandante
cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 754 de 2019 para ser
merecedor de la asignación de retiro. Si bien se señaló que se acataba la regla
consagrada en la sentencia de 03 de septiembre de 2018, la sala no puede
desconocer el surgimiento a la vida jurídica de este último decreto, lo que tuvo
lugar después de que la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo
emitiera la providencia en comento y que entró a regular la situación particular.
Aunado a ello, debe precisarse que, pese a que este Decreto no estaba vigente
para el momento del retiro del demandante, goza de efectos retrospectivos cuya
aplicación ha sido avalada en sede de tutela por el Consejo de Estado, como se
explicó en el acápite anterior. Así pues, la sala observa lo siguiente: (…)»
3. El caso concreto
Para resolver el problema jurídico planteado, la sala parte de los siguientes hechos
probados:
(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, la sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que al demandante se le aplica el
Decreto 754 de 2019, al haberse incorporado de manera directa al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004, y, si bien este decreto no se
encontraba vigente al momento de su retiro, como se indicó en el acápite anterior, este
tribunal ya señaló que el mismo tiene efectos retrospectivos.
Ahora, en lo que corresponde a la causal de retiro del demandante, esta no se dio por
llamamiento a calificar servicios, por voluntad del director general de la Policía Nacional,
o por disminución de la capacidad psicofísica, que son las causales con las cuales se
permite ser beneficiario de la asignación de retiro con 15 años de servicio; su salida de
la institución se presentó por una causa distinta, esto es, destitución por una sanción
disciplinaria, causal de retiro, que como se vio en el acápite anterior, exige 20 años de
servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2009.
Entonces, al estar acreditado que el demandante únicamente tiene como tiempo de
prestación de servicio 19 años, siete meses y seis días, no cumple con el requisito de
13
Sala de Decisión Oral No. 1, Magistrada Ponente: Claudia Patricia Alonso Pérez, radicado No.
50001333300620170010101.
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tiempo de servicios que contempla el Decreto 754 de 2019 y, por lo tanto, no es posible
reconocerle la asignación de retiro que solicita en este trámite judicial.
Finalmente, sobre la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la
Constitución Política, la cual le permite al juez inaplicar una norma de menor jerarquía,
cuando esta resulta contraria a la Constitución; la sala señala que no es posible aplicar
dicha excepción al caso del demandante, debido a que no se encuentra acreditada la
incompatibilidad del Decreto 754 de 2009 con la Constitución Política, aunado a que el
Consejo de Estado10 ha señalado que este decreto se encuentra dentro de los
parámetros establecidos en el artículo 3., ordinal 3. 1. inciso 2. de la Ley 923 de 2004,
que es la ley marco por medio de la cual se estableció el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública (…)”. (sic)
Revisado el contenido de la providencia acusada, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo del Meta, con el fin de determinar si el señor Alexander Cárdenas
Díaz, tiene derecho a que Casur le reconozca una asignación de retiro14, por
haber pertenecido al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al que se incorporó
de manera directa antes de entrada en vigor la Ley 923 de 2004, o si, por el
contrario, en su caso, se debe aplicar el Decreto 754 de 2019; realizó el análisis
fáctico, normativo y jurisprudencial que se expone a continuación.
Precisó que, sobre las asignaciones de retiro de los integrantes del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, el artículo 144 del Decreto 1212 de 199015
contempla los requisitos para su reconocimiento, en tanto que el artículo 3 de la
Ley 923 de 200416 consagra los elementos mínimos para el reconocimiento de
la pensión y de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública.
En ese sentido, explicó que el derecho a la asignación de retiro para los
miembros de la Fuerza Pública se fijó exclusivamente teniendo en cuenta el
tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para
14
Con fundamento en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
15
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
16
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
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acceder al derecho de asignación de retiro sería mínimo de 18 años de servicio
y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años.
Agregó que, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, no se les exigía como requisito
para el reconocimiento del derecho, un tiempo de servicio superior al regido por
las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.
Ahora, informó que la Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el Decreto 4433 de
2004, siendo el artículo 25 de este decreto el que estableció todos los requisitos
para la asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Pero el
parágrafo 2.º de este artículo fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en
dicha oportunidad, porque el Gobierno Nacional desbordó la potestad
reglamentaria, al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro y
vulnerar la cláusula de reserva legal.
Bajo ese contexto, relató que con ocasión de la anterior declaratoria de nulidad,
fue proferido el Decreto 1858 de 2012, que, en los artículos 1.º y 2.º, indicó lo
correspondiente al régimen de transición para el personal homologado al nivel
ejecutivo y el régimen común para el personal del nivel ejecutivo que ingresó al
escalafón por incorporación directa. Posteriormente, fue también declarado nulo
el artículo 2.º, por la sección segunda del Consejo de Estado, al considerarse
que el Gobierno Nacional desconoció los términos temporales previstos en el
artículo 3.1, inciso 2º, de la Ley 923 de 2004, para acceder a la asignación de
retiro, los integrantes de la Policía Nacional incorporados directamente y en
ejercicio activo a 31 de diciembre de 2004.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
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Por lo anterior, se profirió el Decreto 754 de 2019, «Por el cual se fija el régimen
de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,
que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de
2004», cuyo artículo primero establece:
“(…) Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de
2004. Fíjase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución
con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por
voluntad del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica,
y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3° del
Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de servicio, un cuatro por ciento
(4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19)
años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20),
sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas (…)”.
De lo expuesto, el Tribunal accionado determinó que al demandante se le aplica
el Decreto 754 de 2019, al haberse incorporado de manera directa al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004.
Ahora, en lo relativo a la causal de retiro del demandante, el Tribunal accionado
precisó que esta no se dio por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del
director general de la Policía Nacional, o por disminución de la capacidad
psicofísica, que son las causales con las cuales se permite ser beneficiario de la
asignación de retiro con 15 años de servicio; su salida de la institución se
presentó por una causa distinta, esto es, destitución por una sanción
disciplinaria, causal de retiro, que exige 20 años de servicio para el
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
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reconocimiento de la asignación de retiro, conforme con lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2009.
Por lo anterior, concluyó que al estar acreditado que el demandante únicamente
tiene como tiempo de prestación de servicio 19 años, siete meses y seis días, no
cumplió con el requisito de tiempo de servicios que contempla el Decreto 754 de
2019 y, por lo tanto, no es posible reconocerle la asignación de retiro.
Por último manifestó que, sobre la excepción de inconstitucionalidad consagrada
en el artículo 4 de la Constitución Política, la cual le permite al juez inaplicar una
norma de menor jerarquía, cuando esta resulta contraria a la Constitución; la
Sala señala que no es posible aplicar dicha excepción al caso del demandante,
debido a que no se encuentra acreditada la incompatibilidad del Decreto 754 de
2009 con la Constitución Política, aunado a que el Consejo de Estado ha
señalado que este decreto se encuentra dentro de los parámetros establecidos
en el artículo 3., ordinal 3.1. inciso 2. de la Ley 923 de 2004, que es la ley marco
por medio de la cual se estableció el régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública.
Al respecto, es pertinente mencionar que, en cuanto al desconocimiento del
precedente jurisprudencial alegado, las sentencias referidas no fijan reglas
respecto los requisitos exigidos por el Decreto 754 de 2019 para ser merecedor
de la asignación de retiro, o la aplicación del Decreto en mención. Además, no
se trata de providencias donde se unifique la postura de la Sección Segunda del
Consejo de Estado o de la Corporación en pleno; por lo tanto, no se trata de
reglas jurídicas de obligatorio cumplimiento para la autoridad judicial accionada.
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4.2.1. Régimen jurídico de la asignación de retiro
En este punto la Sala considera importante precisar que, la asignación de retiro
es una prestación de naturaleza económica que surge de la relación laboral
administrativa existente entre el Estado y los miembros de la Fuerza Pública, que
es susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la
pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la
normatividad de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Esta prestación tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la
fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus
condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve
un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares17.
Por consiguiente, la asignación de retiro, que se encuentra excluida de la
regulación de la Ley 100 de 1993, se constituye en prestación económica
especial para los integrantes de la fuerza pública, y en particular de la Policía
Nacional, que se retiran del servicio activo por las excepcionales funciones
públicas que realizan18 en cumplimiento de su actividad policial que tiene como
objetivo la financiación de sus necesidades básicas, tales como alimentación,
vivienda, vestido, acceso a los servicios públicos domiciliarios, recreación,
atención en salud, entre otras, y familiares, a la que se accede siempre y cuando
se acrediten los presupuestos normativos para ello.
Esta prestación fue reglamentada por el Decreto 1212 de 1990 «Por el cual se
reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
17
Corte Constitucional. Sentencia T-512 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (art. 216 de la Carta Política); (ii) velar por la defensa
de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217 ibídem); y (iii)
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los
habitantes convivan en paz (art. 218 ib.).
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Nacional», estableció:
“Artículo 144. ASIGNACION DE RETIRO. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por
más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la
Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean
separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el
artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un
cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el
total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad”.
Por su parte el Decreto 1213 de 1990 «Por el cual se reforma el estatuto del
personal de agentes de la Policía Nacional» reiteró en su artículo 104, la
posibilidad para los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del
servicio de acceder al derecho de asignación de retiro siempre y cuando hayan
acreditado 15 años de servicio en la medida en que este no haya ocurrido por
solicitud propia, o 20 años cuando quiera que esta solicitud sea la circunstancia
que motivare su desvinculación.
Con ocasión de la promulgación de la Ley 62 de 12 de agosto de 199319, se
determinó que la Policía Nacional 20 estaría compuesta por oficiales,
suboficiales, agentes, alumnos y por quienes prestaran el servicio militar
obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados
pertenecientes a ella; otorgando además facultades al Ministro de Defensa
19
«Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y
bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al Presidente de la República».
20
Ley 62 de 1993: «Artículo 5. º Definición. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio
público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana».
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Nacional por un término de 6 meses para adoptar su nueva estructura.
En ejercicio de tales facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional emanó el
Decreto Ley 41 de 10 de enero de 199421, «Por el cual se modifican las normas
de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones», y en él se consagró el llamado nivel ejecutivo que
comprende los grados de comisario, subcomisario, intendente, subintendente,
patrullero, carabinero e investigador, según la especialidad.
Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-417 de 1994, con ponencia
del Doctor Carlos Gaviria Díaz, declaró la inexequibilidad por
inconstitucionalidad de las expresiones «nivel ejecutivo», «personal del nivel
ejecutivo» y «miembro del nivel ejecutivo», al igual que lo hizo con varios
artículos que se referían específicamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional
toda vez que consideró que dicha normatividad excedía el limite material fijado
por el legislador en la Ley de facultades extraordinarias, en la medida en que
con ellas se creaba una nueva categoría de cargos en la Institución Policial no
autorizada legalmente.22
Para ese momento histórico, la creación del Nivel Ejecutivo en la Policía
Nacional había obedecido a la necesidad de profesionalizar la función y mejorar
la remuneración de los Agentes y Suboficiales, al establecerles un régimen
salarial y prestacional propio y especial.
21
Dispuso en su artículo 115: «El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto Ley
1212 de 1990 con excepción de los títulos IV, VI, IX y X de éste, y demás normas que le sean contrarias».
22
El pronunciamiento de la Corte se fundamentó en que el ejecutivo se extralimitó al desarrollar las atribuciones otorgadas
en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 62 de 1993, porque al tenor de la ley de investidura no estaba autorizado para
crear una tercera categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada «nivel ejecutivo», tal
como lo hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen
en esa institución, a saber: oficiales, suboficiales y agentes.
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En consonancia con lo señalado y con ocasión de la creación del referido nivel
ejecutivo por el Decreto ley 41 de 1994, se expidió, en desarrollo de la Ley 4ª de
18 de mayo de 199223, el Decreto reglamentario 1029 de 1994, «Por el cual
se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal de Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional».
Fue así como el artículo 5324 del Decreto 1029 de 1994 estableció, sin hacer
distinción entre el personal incorporado directamente y el homologado, como
requisito para acceder a la asignación de retiro, un tiempo de servicio de 20 años
cuando este se produjere por llamamiento a calificar servicios, voluntad de la
dirección general, disminución de la capacidad psicofísica, destitución o haber
23
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
24
Artículo 53.- Asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un 75% del monto de las partidas de
que trata el artículo 51 de este decreto, por los primeros 20 años de servicio y un 2% más, por cada año que exceda de
los 20, sin que en ningún caso sobrepase el 100% de tales partidas, en las siguientes condiciones:
a. Al cumplir 20 años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:
-Llamamiento a calificar servicio.
-Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
-Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad policial.
-Por destitución.
-Por haber sido condenado por la pena principal de arresto o prisión y separado, en las condiciones establecidas en los
artículos 87 y 88 del decreto 41 de 1994.
b. Al cumplir 25 años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:
-Por solicitud propia.
-Por incapacidad profesional.
-Por inasistencia al servicio por más de 10 días sin causa justificada.
-Por haber cumplido 65 años de edad los hombres y 60 años de edad las mujeres.
-Por conducta deficiente.
-Por destitución.
-Por haber sido condenado a la pena principal de arresto o prisión y separado, en las condiciones establecidas en los
artículos 87 y 88 del Decreto 41 de 1994.
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sido condenado con pena principal de arresto; y un tiempo mínimo de 25 años
de servicio cuando quiera que la desvinculación se produjere por solicitud
propia, incapacidad profesional, inasistencia injustificada al servicio por más de
10 días, haber cumplido 65 años los hombres y 60 las mujeres y por conducta
deficiente o destitución.
Muy a pesar de esta importante reglamentación, la Corte Constitucional
consideró que resultaba ser jurídicamente imposible su aplicación, toda vez que
el sustento que le daba origen adolecía del vicio de la inconstitucionalidad, por
cuanto que esta normativa ostentaba como fundamentos de Derecho el Decreto
Ley 41 de 1994, por lo que el Nivel Ejecutivo, a su decir, había desparecido. Así
lo estableció el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia C-613 de 1996, cuya
ponencia fue del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. 25
El 13 de enero de 1995 se profirió la Ley 18026, que modificó el artículo 6 de
la Ley 62 de 1993, en el sentido de precisar que «La Policía Nacional estaría
integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes,
Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así
como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella […]»,
revistiendo de facultades extraordinarias al presidente de la República para
desarrollar la carrera policial del denominado nivel ejecutivo, al que podía
vincularse personal homologado tales como suboficiales, agentes y personal no
25
Mediante esta Sentencia, la Corte Constitucional decidió la demanda de inconstitucionalidad incoada contra los
artículos 48 y 94 del Decreto ley 3072 de 1968, «Por el cual se reorganiza la Carrera de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional»; 54 y 113 del Decreto ley 613 de 1977, «Por el cual se reorganiza la Carrera de Oficiales y Suboficiales
de la Policía Nacional»; 82, 135 y 152 del Decreto ley 2062 de 1984, «Por el cual se reorganiza la Carrera de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional»; 149 del Decreto ley 96 de 1989, «Por el cual se reforma el Estatuto de Carrera de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional»; 107 del Decreto ley 97 de 1989, «Por el cual se reforma el Estatuto de
Agentes de la Policía Nacional»; 150 del Decreto ley 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional» y 109 del Decreto ley 1213 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto
del Personal de Agentes de la Policía Nacional».
26
«Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para
desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones
específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y
Agentes».
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uniformado que estuviere activo en la institución y de incorporación directa;
igualmente, estableció que no se podía discriminar ni desmejorar la situación
actual de quienes estuvieren activos e ingresaran a dicho nivel27.
En ejercicio de las facultades extraordinarias antes mencionadas, se expidió el
Decreto 132 de 1995 “por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que reglamentó el sistema de carrera del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional”, que en lo concerniente a la jerarquía, ingreso y
régimen salarial y prestacional definió los grados de Comisario, Subcomisario,
Intendente, Subintendente, patrullero, Carabinero e Investigador, según su
especialidad.
Además, esta disposición precisó que el personal que ingresara al Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional se sometería al régimen prestacional y salarial
que determinara el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que los integrantes
de este Nivel no podrán ser discriminados ni desmejorados en ningún aspecto
frente a quienes estén al servicio de esa Institución.
También en desarrollo de la Ley 4ª de 199228 fue proferido el Decreto 1091 de
1995, «Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132
de 1995», que concretamente dispuso para la asignación de retiro, lo siguiente:
“ARTÍCULO 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que
trata el artículo 49 de este Decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un
27
Artículo 7.º (parágrafo) de la Ley 180 de 1995: «La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en
ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo».
28
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
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dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún
caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes
condiciones:
a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes
causas:
1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60)
años de edad las mujeres.
b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera
de las siguientes causas:
1. Por solicitud propia.
2. Por incapacidad profesional.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del
Decreto 132 de 1995.
PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el
personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo, cuando cumpla los
siguientes requisitos:
1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y
2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50)
años de edad las mujeres”.
En tanto el Decreto 132 de 1995 fue derogado por el artículo 95 del Decreto
1791 de 2000 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional», el
Decreto 1091 de 1995 no corrió con mejor suerte, en tanto que fue declarado
nulo por el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, que mediante
Sentencia del 14 de febrero de 2007, cuyo ponente fue el doctor Alberto Arango
Mantilla, consideró que se encontraba en contravía de la Constitución y la Ley,
al haber sido expedida sin sustento de Ley Marco. Sobre el particular señaló la
Corporación:
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“[…] cuando se trate de regular prestaciones sociales que pretendan cubrir un riesgo
o una contingencia propia de la seguridad social, como en este caso la asignación
de retiro, deberá tener en cuenta la ley marco, entre otros presupuestos, la edad,
el tiempo de servicio, el monto, el ingreso base de liquidación (factores), régimen de
transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha
prestación, puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.
En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser
diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al Gobierno
Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte Constitucional, y menos
podría desarrollarse mediante decretos administrativos expedidos por el Ejecutivo
con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de 1992) que no podía habilitarlo para tal
efecto […]”29.
Con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 200330, se otorgaron nuevamente
facultades extraordinarias31 al presidente de la República entre otras, para «[…]
expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales
propios de las Fuerzas Militares y de Policía».
En ejercicio de tales facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional emanó el
Decreto ley 2070 de 2003, «por medio del cual se reforma el régimen pensional
propio de las Fuerzas Militares», incluidos los miembros del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional32, señalando en su artículo 25 que “Los Oficiales y el personal
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, acción de nulidad 11001-03-25-
000-2004-00109-01(1240-04).
30
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
31
En la Gaceta 428 de 2002, se lee que el Gobierno adujo la siguiente exposición de motivos para solicitar las facultades
extraordinarias: «El sistema no es solidario ni equitativo, por la presencia de regímenes especiales y exceptuados que
permiten que una gran minoría disfrute de unos derechos pensiónales diferentes a los que tiene el resto de la población
Colombiana. Mientras que los afiliados provenientes de estos sistemas representan solo el 11% del total de los afiliados
al régimen, los pasivos pensiónales del Fondo de las Fuerzas Militares y Policía y del Magisterio, equivalen al 30% del
déficit pensional de la Nación. (…). Hasta hoy, las pensiones del Presidente de la República, los congresistas, los
Magistrados de las Altas Cortes, los miembros de la Fuerza Pública, los trabajadores de Ecopetrol y los docentes
públicos, han tenido unos parámetros diferentes a los que rigen para la generalidad de los Colombianos, bien sea por
estar exceptuados del régimen general o por estar sujetos a un régimen de transición especial. El Presidente de la
República ha expresado que renunciará a estos beneficios, así mismo los congresistas que apoyaron su candidatura,
están dispuestos a renunciar a los privilegios de su régimen especial de transición, en aras de un Estado más solidario
y equitativo. […] Se solicitan facultades extraordinarias igualmente para modificar el régimen de pensiones de las fuerzas
militares y la policía nacional. En momentos como los que vive la Nación, un principio básico de solidaridad y equidad,
es renunciar a los privilegios pensionales que durante tantos años han tenido y que los diferencian del resto de los
colombianos. […]».
32
«Artículo 1º. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos de las
escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los
términos que se señalan en el presente decreto».
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del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del
servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios,
por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro”.
Sin embargo, este Decreto 2070 de 2003 corrió la misma suerte de sus
predecesores, toda vez que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional, Tribunal que mediante Sentencia C- 432 de 2004 con ponencia
del Doctor Rodrigo Escobar Gil, consideró que la expedición del régimen salarial
y prestacional de la fuerza pública es objeto de reserva de Ley Marco y que por
tanto deviene en inconstitucionalidad cualquier reglamentación que se profiera
por otra tipología legal aunque esta fuere un Decreto con fuerza material de Ley.
La Corte dijo:
“Destaca la Sala que pese a la corta vida jurídica de las disposiciones mencionadas
en párrafos precedentes, en lo que atañe al requisito de tiempo de servicio para
acceder a la asignación de retiro, el artículo 25 del Decreto ley 2070 de 2003, así
como los 53 y 51 de los Decretos 1029 de 1994 y 1091 de 1995, en su orden,
establecieron, sin hacer distinción entre el personal incorporado directamente y el
homologado del nivel ejecutivo, que este sería de 20 años cuando el retiro se
produjere por llamamiento a calificar servicios, voluntad de la dirección general o
disminución de la capacidad psicofísica, y 25 años por solicitud propia o
destitución”33.
En ejercicio de las facultades constitucionales otorgadas al Congreso de la
República en el artículo 150, numeral 19) literal e) de la Carta Política, el 30 de
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 13 de diciembre de 2017. M.P. Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter. Radicado No. 11001-03-15-000-2017-02972-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
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diciembre de 2004 se promulgó la Ley Marco 92334, que reguló los objetivos
y criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, así como determinó los elementos mínimos que
deben contener y orientar la reglamentación del régimen de asignación de retiro,
la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional.
Mediante el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 200435, se reglamentó la Ley
923 de 2004, estableciendo en su artículo 25, respecto de las condiciones para
acceder al derecho de asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional en servicio activo a su entrada en vigencia, que este
derecho se adquiere cuando quiera que el uniformado «[…] sea retirado con veinte
(20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del
Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las
partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años
de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20),
sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas».
No obstante, el 12 de abril de 201236 la sección segunda de esta Colegiatura
anuló el parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, al estimar
34
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
35
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».
36
Consejo de Estado, sección segunda, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, acción de nulidad 11001-03-25-000-
2006-00016-00 (1074-07).
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que el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria al incrementar la
edad para acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva
legal37.
De igual manera, el 11 de octubre de 2012 38 , mediante Providencia de esta
Sección, en otro proceso de nulidad incoado contra el mismo parágrafo segundo
del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, se declaró la cosa juzgada con base
en las consideraciones de la decisión antes citada.
Asimismo, en decisión de 28 de febrero de 2013 39 también se declaró la nulidad
del artículo 11, parágrafo 2° del Decreto 1091 de 1995 y las expresiones
acusadas de los artículos 24, 25, parágrafo 2°, y 30 del Decreto 4433 de 2004,
por desbordar las facultades otorgadas en la Ley 923 de 2004, en armonía con
el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política Nacional.
37
Dijo el referido fallo: «En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo
mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrad a en vigencia de la
norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas
legítimas.
En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, ti empo
que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años.
Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas
anteriores habían establecido entre 15 y 20 años, tiempo de servicio que debía respetarse para quienes, de conformidad
con lo ordenado en la Ley 923 de 2004, se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la
Ley, como ésta misma lo dispuso.
Es cierto que la Ley marco establece en su artículo 3°, numeral 3.1 un tiempo mínimo de servicio de 18 años y un límite
máximo de 25 años para obtener dicha asignación, sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el
requisito del tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite mínimo y
máximo, sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció en favor del personal en servicio activo vinculado a la
Policía Nacional y concretamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la
demanda.
En consecuencia, se declarará la nulidad del parágrafo acusado en consideración a que desconoce las previsiones
contenidas en la Ley 923 de 2004 que debió servirle de marco, careciendo en consecuencia de efecto, como lo señala
el artículo 5º ibídem».
38
Consejo de Estado, sección segunda, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, acción de nulidad 11001-03-25-
000-2007-00041-00 (08328-07).
39
Consejo de Estado, sección segunda, acción de nulidad 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07).
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Luego, el 23 de octubre de 2014 40 se declaró la nulidad de los artículos 14;
parágrafo del 15; 24; parágrafo 1° del 25 y 30 del precitado Decreto 4433 de
2004, por quebrantar los límites que trazó el legislador en la Ley 923 de 2004 al
ejecutivo y afectar con requisitos más gravosos a los beneficiarios de la
asignación mensual de retiro, con nuevas y superiores exigencias.
Ante este panorama sobrecogedor, fue así como para el nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y en desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 923 de
2004 que se promulgó el Decreto 185841 de 2012.
Este Decreto 1858 de 2012, que fijó el régimen pensional y de asignación de
retiro para los suboficiales y agentes que se homologaron y de quienes
ingresaron por incorporación directa, antes del 1º de enero de 2005, mediante
sentencia del 3 de septiembre de 2018 radicación número
11001032500020130054300 con ponencia de este Despacho declaró, con
efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, al considerar
que el Gobierno Nacional “desconoció los términos temporales previstos en el
artículo 3.1 inciso 2 de la Ley 923 de 2004 para acceder al derecho de asignación
de retiro de los integrantes del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporados
directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004.”
El Gobierno Nacional al proferir el Decreto 132 de 1995, reglamentó el sistema
de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en lo concerniente a la
jerarquía, ingreso y régimen salarial y prestacional definió los grados de
Comisario, Subcomisario, Intendente, Subintendente, patrullero, Carabinero e
Investigador, según su especialidad.
40
Consejo de Estado, sección segunda, acción de nulidad 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07).
41
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional».
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Además, el artículo 82 ídem dispuso “El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de
quienes están al servicio de la Policía Nacional”.
De allí que pueda afirmarse también, que a partir del Decreto 132 de 1995
modificado por el Decreto Ley 1791 del 2000 “Por el cual se modifican las normas
de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de
la Policía Nacional.”, se reglamentó la carrera del Nivel Ejecutivo que ha venido
reemplazando el escalafón de suboficiales por el de los grados ejecutivos y, el
escalafón de Agentes por el de patrulleros, en todo caso son equivalentes, según
el mando, de acuerdo a la antigüedad entre los grados de una y otra carrera.
A la anterior conclusión se arriba, teniendo de presente el artículo 12 del Decreto
132 de 1995 que estableció:
“Ingreso de suboficiales al Nivel Ejecutivo. Podrán ingresar a la escala jerárquica
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los suboficiales en servicio activo que lo
soliciten, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
“1. Cabo segundo y Cabo Primero, al grado de Subintendente.
2. Sargento Segundo y Sargento Viceprimero, al grado de Intendente.
3. Sargento Primero, al grado de Subcomisario;
4. Sargento mayor, al grado de Comisario.”
Posteriormente esta norma fue modificada por el artículo 9° del Decreto 1791 de
2000 “por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales,
Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.” al señalar:
“ARTICULO 9. INGRESO DE SUBOFICIALES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán
ingresar a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo los suboficiales en servicio activo
que lo soliciten, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
1. Cabo Segundo y Cabo Primero, al grado de Subintendente;
2. Sargento Segundo, al grado de Intendente;
3. Sargento Viceprimero, al grado de Intendente Jefe;
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4. Sargento Primero, al grado de Subcomisario;
5. Sargento Mayor, al grado de Comisario.
PARÁGRAFO. El ingreso de los Suboficiales a este nivel se hará en estricto orden
de antigüedad en el grado, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto
presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de
la Policía Nacional.” (negritas fuera de texto)
En efecto, la Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos
y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política”. prescribió42:
“ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea
fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se
fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o
el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro
será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para
reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento
del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes
al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.”
(negritas fuera de texto)
Resulta evidente que el inciso 2° del numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley 923
de 2004, extendió la garantía de prohibición de aumentar el tiempo de servicio o
cambio de régimen pensional a aquellos miembros que se encontraban en
42
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior
al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
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servicio activo a la fecha de entrada en vigencia, sin importar que fueran o no
homologados como quiera que el único condicionamiento era que los
uniformados estuvieran en servicio activo con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de dicho régimen.
De acuerdo con el recuento normativo y jurisprudencial efectuado, el Gobierno
expidió distintos decretos mediante los cuales pretendió reglamentar, entre otros
asuntos, el de la asignación de retiro de los miembros del personal del Nivel
Ejecutivo de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional así: el artículo 51 del
Decreto 1091 de 199543, el artículo 25 parágrafo 2° del Decreto 4433 de 2004 44
y en el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012 45, disposiciones normativas que
fueron declaradas nulas por esta misma Sección mediante sentencias del 12 de
abril de 2012, del 28 de septiembre de 2017 y del 3 de septiembre de 2018,
respectivamente, con el argumento de que el Gobierno Nacional había excedido
la facultad reglamentaria y por ende la reserva legal, al aumentar el tiempo de
servicios para acceder a la asignación de retiro.
Ha sido por demás pacífica la postura jurisprudencial de esta Sección en sus dos
subsecciones, en reconocer que, para el otorgamiento del derecho prestacional
a la asignación de retiro de un uniformado de la Policía Nacional, debe tenerse
presente el tiempo de servicio prestado a la institución y la fecha de su
vinculación laboral, en virtud del artículo 3°, numeral 3.1. de la Ley 903 de 2004,
por lo que se le debía reconocer la legislación vigente al momento de su
expedición, que en todo caso no podía sobrepasar los 15 años de servicio.
43
por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.
44
por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
45
por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
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Entre otros varios precedentes se pueden consultar las sentencias del 18 de
febrero de 201046, 7 de septiembre de 201847; 18 de septiembre de 202048, 10
de junio de 2021 49 , 11 de noviembre de 2021 50 , 27 de mayo de 2021 51 y
sentencia del 28 de julio de 202252, providencias judiciales en las que de manera
reiterada se analizó el tema de la improcedencia de aumentar el tiempo de
servicio de 15 años para el reconocimiento de la asignación de retiro a un
miembro de la Fuerza Pública, en virtud del imperativo normativo del artículo 3°
de la Ley 923 de 2004. Igualmente, en los fallos se analizó el tema de la causal
de retiro del servicio para el otorgamiento de la prestación deprecada.
4.2.2. Solución al caso concreto
Ahora, en lo relativo a la causal de retiro del demandante, el Tribunal accionado
precisó que esta no se dio por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del
director general de la Policía Nacional, o por disminución de la capacidad
psicofísica, que son las causales con las cuales se permite ser beneficiario de la
asignación de retiro con 15 años de servicio; su salida de la institución se
presentó por una causa distinta, esto es, destitución por una sanción
disciplinaria, causal de retiro, que exige 20 años de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro, conforme con lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2019.
En este punto se reitera que, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923
del 2004, lo cual ocurrió el 30 de diciembre de ese año, el señor Alexander
Cárdenas ya se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, época para
46
Radicación número: 19001-23-31-000-2004-0066-01 (0910-09) M-P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
47
Radicación número: 25000-23-42-000-2015-01064-01 (4247-17) M.P: Sandra Lisset Ibarra
48
Radicación número: 25000-23-42-000-2017-04882-01 (4276-19) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
49
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05174-01 (0959-18) M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
50
Radicación número: 05001-23-33-000-2016-00885-01 (5478-18) M.P. William Hernández Gómez;
51
Radicación número: 18001-23-33-000-2017-00317-01 (2458-2019) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
52
Radicación número: 25000-23-42-000-2019-01142-01 (4668-21) M.P: Carmelo Perdomo Cuéter
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
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la cual ya contaba con poco menos de 4 años en la institución, razón por la que,
para dilucidar su derecho, era necesario acudir al régimen de transición descrito.
Así las cosas, el inciso segundo del artículo 3.1 de la Ley 923 del 2004, según el
cual «a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal».
En el caso sub examine, afirmó el Tribunal Administrativo del Meta, aquí
accionado, que al demandante se le aplica el Decreto 754 de 2019, al haberse
incorporado de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional antes del
31 de diciembre de 2004.
Al respecto, la Sala no comparte este argumento por cuanto que la decisión
sobre la asignación de retiro del señor Alexander Cárdenas Díaz, debe atender
lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, norma vigente antes de la entrada en
vigor de la Ley 923 del 2004 y no lo consagrado en el Decreto 754 de 2019.
Entonces, definido el sustento normativo aplicable al presente asunto, debe
acudirse al artículo 144 del aludido Decreto 1212 de 1990 que dispone que el
reconocimiento de la asignación de retiro dependerá de la acreditación de un
mínimo de 15 años de servicio cuando el motivo del retiro del servicio sea: por
llamamiento a calificar servicios, por mala conducta, por no asistir al servicio por
más 5 días sin causa justificada, por voluntad del Gobierno o de la Dirección
General de la Policía Nacional, por sobrepasar la edad máxima correspondiente
al grado, por disminución de la capacidad sicofísica, por incapacidad profesional
o por conducta deficiente.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Por su parte, la norma también dispone que en caso de que el retiro se lleve a
cabo con ocasión de la voluntad del servidor o por separación, el interesado
deberá contar con un mínimo de 20 años laborados a la institución. El anterior
aparte normativo fue el utilizado por el Tribunal Administrativo del Meta para
negar las pretensiones de la demanda, pues consideró que el demandante debía
cumplir con esta exigencia al haber sido destituido por una sanción disciplinaria.
Pues bien, sobre la causal de separación absoluta por destitución, el Consejo de
Estado ha sostenido la tesis de que dicha circunstancia es equiparable a la de
mala conducta descrita en el inciso primero del artículo 144 del Decreto 1212 de
1990. Así se ha pronunciado esta Corporación 53:
“(…) Ahora bien, es necesario señalar que, en el artículo 178 del Decreto 1211 de 1990
se estableció que, en caso de separación absoluta de oficiales y suboficiales, estos
tendrían derecho a las prestaciones sociales que se determinan en el Capítulo III, Título
V, como lo es la asignación de retiro.
Pese a ello, la parte demandada señaló que el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 no
consagró la separación absoluta dentro de las causales que dan lugar al retiro del
servicio, por lo que no tendría derecho a obtener la asignación de retiro.
Contrario a lo expuesto por el apelante, esta Sala considera necesario interpretar de
manera amplia la disposición, ya que, incluso si no se estableció de manera expresa la
causal de «separación absoluta», este evento puede encajar dentro de lo que el
mencionado artículo 163 denominó «conducta deficiente».
(…)
Si bien es cierto que esa norma se refirió específicamente al contenido del artículo 104
del Decreto 1213 de 1990, la lógica de la normativa es exactamente la misma que en el
Decreto 1211 de 1990: esto es, las conductas malas o deficientes, que son sancionables
con la separación absoluta o la destitución, no enervan la posibilidad de acceder a la
asignación de retiro, la cual se reconoce en los términos de la respectiva normativa, que,
para el caso objeto de estudio, se encuentra en el artículo 163 del decreto 1211 de 1990
(…)”.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del ocho (8)
de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación: 25000-23-42-000-2017 01913-01 (2684-2019), Demandante: Gustavo
Adolfo Gutiérrez Barragán, Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Ahora, es cierto que el anterior pronunciamiento no se refiere de forma expresa
al Decreto 1212 de 1990; sin embargo, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado54, ha considerado en otras oportunidades que la
interpretación de la norma en este aspecto debe ser amplia:
“(…) El fin del legislador en dichas normas [Decretos 1211 y 1213 de 1990] y en el
Decreto 1212 de 1990 es concordante, esto es, contemplaron que las conductas malas
o deficientes que son sancionables con la separación absoluta, o en todo caso la
destitución, no enervan la posibilidad de acceder a la asignación de retiro si el
interesado ha cumplido con las exigencias previstas para ello.
Si además se tiene en cuenta que, conforme a la sentencia del 18 de febrero de 2010
citada en precedencia, la Sección Segunda se pronunció en mismo hilo argumentativo
cuando se analizaron las particularidades propias del caso que de manera idéntica se
regía por las disposiciones salariales y prestacionales incluidas en el Decreto 1212 de
1990; en el sentido de equiparar las causas y consecuencias de los conceptos en
discusión, y determinar que el requisito temporal para acceder al derecho pensional
correspondía a un lapso de 15 años de servicios previos a la separación absoluta del
cargo (…)”. Negrilla fuera de texto.
De acuerdo con los apartes transcritos, a partir de una apreciación amplia y
garantista de la norma, la causal de destitución es equiparable a la causal de
mala conducta descrita en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990; razón por
la que, en casos como el de marras, el requisito del tiempo de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro es de 15 años, en tanto el retiro del
señor Alexander Cárdenas Díaz se dio después de 19 años, siete meses y seis
días, siendo, por tanto, acreedor de la asignación de retiro alegada.
Visto lo anterior, resulta claro que en casos como el que nos ocupa, la destitución
es equiparable a la causal de mala conducta desarrollada en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, razón por la que se puede concluir que el señor Alexander
Cárdenas sí tiene derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 10 de junio del 2021. Radicado 66001 23 33 000
2016 00151 01 (5478-18). Demandante Jesús Antonio Cárdenas Marroquín. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Nacional le reconozca una asignación de retiro en los términos descritos por la
norma.
Hechas estas precisiones y en atención al objeto de la solicitud de tutela, la Sala
considera que el Tribunal Administrativo del Meta al proferir la sentencia de 19
de octubre de 2023, incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo al
desconocer las normas vigentes para la época de los hechos y, aplicar
disposiciones que no corresponden55, pues, como se vio, el señor Alexander
Cárdenas, al momento de su retiro, contaba con más de 15 años de actividad en
la Policía Nacional y, por lo tanto, acreditaba el tiempo necesario para tener
derecho a que se le liquidara su asignación de retiro con base en el Decreto 1212
de 1990 en virtud del régimen de transición del numeral 3.1 del artículo 3° de la
Ley 923 de 2004.
III DECISIÓN
Bajo estas consideraciones, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social del señor Alexander
Cárdenas Díaz, pues la sentencia de 19 de octubre de 2023 que puso fin a la
controversia traía por el aquí accionante, incurrió en un defecto sustantivo, al
fundamentarse en una normativa que no le es aplicable al caso del señor
Alexander Cárdenas.
En consecuencia, se (i) dejará sin efectos la sentencia de 19 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado No. 2020-00006-01 y; (ii) se le
ordenará que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de la
55
Como lo es el Decreto 754 de 2019.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo en concordancia
con las consideraciones expuestas en esta providencia, relacionadas con la
aplicación del Decreto 1212 de 1990 en virtud de la transición de la Ley 923 de
2004, en lo atinente al reconocimiento y liquidación de su asignación de retiro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. – AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social del señor Alexander Cárdenas Díaz; y, en
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 19 de octubre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 2020-00006-01.
SEGUNDO. – ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que, en el término
de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo en concordancia con las
consideraciones expuestas en esta providencia, relacionadas con la aplicación
del Decreto 1212 de 1990, en virtud de la transición de la Ley 923 de 2004, en
lo atinente al reconocimiento y liquidación de su asignación de retiro.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00499-00
Demandante: Alexander Cárdenas Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
TERCERO. – NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
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