Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00383-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00383-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00383-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
26 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00383-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00383-00
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho: reconocimiento de asignación de retiro a miembro del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional. Causal de retiro: destitución. Defecto
sustantivo por supuesta indebida aplicación del artículo 3 de la Ley
923 de 2004 en lugar del Decreto 754 de 2019.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de enero de 2026, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por
intermedio de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Meta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se declare que la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META–SALA DE DECISIÓN ORAL No. 1, MAGISTRADA
PONENTE CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ, el día 27 de noviembre de 2025,
notificada el electrónicamente el 09 de diciembre de 2025; dentro de medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 50001-3333-001-001-2021-00140-
01, demandante DEIVY JOHAN CASTAÑEDA RAMOS demandado NACIÓN–
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, violaron el derecho
fundamental a la igualdad y al Debido Proceso de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de
tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia citada, y se
ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META–SALA DE DECISIÓN ORAL No. 1,
dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical
fijado por el H. Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó».
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Situación administrativa que dio origen al medio de control
Deivy Johan Castañeda Ramos estuvo vinculado en la Policía Nacional desde el 1°
de octubre de 2002 hasta el 21 de febrero de 2020, es decir, que prestó sus servicios
a la institución durante 17 años, 7 meses y 17 días.
El 21 de febrero de 2020, mediante Resolución 00404 de 6 de febrero de 2020, siendo
miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el señor Castañeda Ramos fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional, con ocasión de una sanción
disciplinaria de destitución. Al momento del retiro contaba con 17 años, 7 meses y 17
días.
Luego de su retiro, el 8 de septiembre de 2020, el actor solicitó a la Policía Nacional
el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta por el cumplimiento de los requisitos
y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) el reconocimiento de
la asignación de retiro.
Dichas peticiones fueron negadas, respectivamente, por la Policía Nacional por medio
del oficio S-2020-047911 / DIPON-DITAH-1.10 del 3 de noviembre de 2020, y, por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) por medio del oficio No.
202121000028781 Id: 636329 del 3 de marzo de 2021.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Castañeda Ramos radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con la finalidad de que se dejara sin efectos los referidos oficios y, en consecuencia,
se ordenara (i) a la Policía Nacional, que le reconociera y pagara al actor los tres
meses de alta, y (ii) a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR),
que le reconociera y pagara la asignación de retiro, de conformidad con lo establecido
en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 1213 de 1990.
Por reparto el asunto le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio, bajo el radicado número 50001-33-33-001-2021-00140-00/01 que, en
sentencia del 10 de marzo de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que según el Decreto 754 de 2019, norma que se encontraba vigente al
momento del retiro del actor y que regula la asignación de retiro para el personal del
nivel ejecutivo incorporado antes del 31 de diciembre de 2004, establece que, para
acceder a la asignación de retiro, se debe acreditar un término de 20 años de servicios
cuando el retiro se ocasione por destitución. Como el accionante acreditó 17 años, 7
meses y 21 días y fue retirado por destitución, no cumplió con los requisitos exigidos.
El señor Castañeda Ramos interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con fundamento en que el a quo desconoció el principio de
favorabilidad por cuanto aplicó el Decreto 754 de 2019, norma que resultaba menos
favorable, porque establecía como requisito cinco años más de servicio para obtener
el reconocimiento de la asignación de retiro. En su lugar, debió aplicar el artículo 104
del Decreto 1212 de 1990 en atención al régimen de transición establecido en el inciso
segundo del numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, el cual dispone que
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«(…) a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier
otra causal», disposición que, en criterio del tutelante, exige 15 años de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro, independientemente del motivo que hubiera
ocasionado el retiro del servicio.
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 27 de noviembre de
2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó la nulidad de los
actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho, ordenó:
(i) a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) que reconociera y
pagara la asignación de retiro prevista en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
desde el 22 de mayo de 2020 (finalización de los 3 meses de alta), y (ii) la Policía
Nacional efectuar el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta, de conformidad
con los artículos 144 y 175 del Decreto 1212 de 1990, correspondientes al período
comprendido entre el 22 de febrero y 21 de mayo de 2020.
Sostuvo que el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 20041 estableció: «A los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra
causal».
Refirió que el Consejo de Estado ha anulado diferentes decretos expedidos por el
Gobierno Nacional con el fin de reglamentar la asignación de retiro de los miembros
del personal del nivel ejecutivo de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional. Dichas
decisiones de esa Corporación se fundamentaron en el exceso de la potestad
reglamentaria y la transgresión de la reserva legal, por incrementar el tiempo de
servicio establecido en la Ley para hacerse merecedor de la asignación de retiro.
Por lo anterior, el Tribunal consideró que en virtud del numeral 3.1 del artículo 3° de
la Ley 903 de 2004, se debía aplicar Decreto 1212 de 1990 que, en su criterio, era la
norma vigente al momento de la expedición de la Ley en mención y no el Decreto 754
de 2019, por ser una norma posterior y menos favorable. Por ende, el tiempo de
servicio exigido debía ser 20 años de servicio cuando el retiro se cause por solicitud
propia, y 15 años cuando el retiro sea por cualquier otra causal.
De esta manera, ad quem ordenó en favor del señor Castañeda Ramos el
reconocimiento de una asignación de retiro y el reconocimiento y pago de los 3 meses
de alta, por acreditar más de 15 años de servicio y haber sido retirado con ocasión de
una destitución o mala conducta.
3. Argumentos de la acción de tutela
El Ministerio de Defensa - Policía Nacional argumentó que el Tribunal Administrativo
del Meta incurrió en defecto sustantivo por violación de las normas vigentes y
errónea interpretación de las normas en que se fundó la decisión. Ello en tanto omitió
tener en cuenta que el señor Castañeda Ramos hace parte del nivel ejecutivo que
ingresó a la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de
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«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política»
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2004 y, por lo tanto, a su caso son aplicables el Decreto Ley 1091 de 1995 «Por el cual
se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional» y el Decreto 754 de 2019 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa
hasta el 31 de diciembre de 2004».
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante, al Tribunal Administrativo del Meta como demandado, y al
Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, al Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR como
terceros interesados.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Meta señaló que la parte accionante acudió a este
mecanismo constitucional como una tercera instancia, por inconformidad con lo
decidido por esa Corporación por medio de la sentencia del 27 de noviembre de 2025,
en la cual expuso su fundamentación fáctica, jurídica, normativa y jurisprudencial.
6. Intervenciones de los terceros con interés
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) solicitó que se
concediera el amparo solicitado y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-001-
2021-00140-00/01.
Lo anterior, por cuanto la norma vigente al momento del retiro del señor Castañeda
Ramos era el Decreto 754 de 2019, cuyo artículo 1° establece que «El Régimen de
Asignación de Retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que, ingresó a la Institución
por INCORPORACIÓN DIRECTA, hasta el 31 de diciembre de 2004 y que contempla un tiempo mínimo
de servicio por la causal de DESTITUCIÓN de veinte (20) años, término que no cumple referido
patrullero, quien solamente acreditó un total de diecisiete (17) años, siete (07) meses y veintiún (21)
días».
El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio envió el enlace del expediente
digital correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero
guardó silencio respecto a las pretensiones de la solicitud de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los
derechos fundamentales invocados en la sentencia del 27 de noviembre de 2025, por
incurrir presuntamente en defecto sustantivo, al dejar sin efectos los actos
administrativos que negaron (i) el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta, y (ii)
el reconocimiento de la asignación de retiro.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la demanda, porque la Corporación
accionada no incurrió en defecto sustantivo, por el contrario, la decisión adoptada es
razonable.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, se sustentan con
suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos
derechos, no se trata de un asunto económico o de mera legalidad y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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instancia adicional, porque en primera instancia se había resuelto de manera favorable
a la Policía Nacional y fue con ocasión de la providencia acá cuestionada que se
dejaron sin efectos los actos administrativos demandados.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría resuelto la controversia
a partir de una presunta indebida aplicación de las normas en materia de asignación
de retiro, lo que llevó a que se le reconociera una asignación de retiro a quien fungió
como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues,
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
cuestionada fue proferida el 27 de noviembre de 2025, notificada el 9 de diciembre de
2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 20 de enero de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) identifica de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) se
cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto sustantivo alegado.
(iii) Caso concreto
El Ministerio de Defensa, Policía Nacional promovió la presente acción de tutela con
el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 27 de noviembre de 2025, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Meta revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, anuló los actos administrativos que negaron (i) el reconocimiento y pago
de los 3 meses de alta, y (ii) el reconocimiento de la asignación de retiro.
Como fundamento de la decisión, el Tribunal argumentó que acorde con la Ley 923
de 20045, específicamente el numeral 3.1. del artículo 3, dispuso: «A los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como
requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por
solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal».
En ese sentido, hizo referencia a decisiones del Consejo de Estado que señalan que
el Gobierno Nacional expidió distintos decretos con el fin de reglamentar la asignación
de retiro de los miembros del personal del nivel ejecutivo de la Fuerza Pública y de la
Policía Nacional (artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, artículo 25 parágrafo 2° del
Decreto 4433 de 2004 y artículo 2° del Decreto 1858 de 2012). Sin embargo, señaló
que dichas disposiciones fueron anuladas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con el argumento de que el Gobierno Nacional había excedido la potestad
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«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
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reglamentaria, por aumentar el tiempo de servicio como requisito para hacerse
acreedor de la asignación de retiro.
Por lo anterior, el Tribunal consideró que en virtud del artículo 3°, numeral 3.1. de la
Ley 923 de 2004, para el reconocimiento de la asignación de retiro de un miembro de
la Policía Nacional debe tenerse en cuenta un tiempo de servicio exigido en la norma
vigente al momento de su expedición, es decir, sin que pueda ser mayor a 20 años de
servicios cuando el retiro sea por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
sea por cualquier otra causal.
Por ende, concluyó que se debe atender lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990,
norma vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 923 del 2004 y no lo consagrado
en el Decreto 754 de 2019, por ser una norma posterior y menos favorable. En
consecuencia, el Tribunal ordenó el reconocimiento de la asignación de retiro al señor
Castañeda Ramos, por acreditar más de 15 años de servicio y haber sido retirado con
ocasión de la destitución o mala conducta.
A juicio de la parte tutelante, el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, porque omitió
tener en cuenta la norma aplicable al caso concreto, pues en su criterio debió aplicar
la norma que estaba vigente al momento del retiro del señor Castañeda Ramos, es
decir, el Decreto Ley 1091 de 1995 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y
Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional» y el Decreto 754 de 2019
«Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004»,
normas que exigen 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo
del Meta, en la sentencia del 27 de noviembre de 2025, que, en lo que interesa,
consideró:
«En resumen, tenemos que el miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía, acá demandante,
fue retirado del servicio el 21 de febrero de 2020, por Destitución. Esto debido a la comisión
de diversas conductas. El demandante alcanzó un tiempo de servicios de 17 años, 7
meses y 17 días.
En ese orden de ideas, la Sala considera relevante recordar lo expuesto en el marco
teórico para concluir que conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 322 de
la Ley 923 de 2004, todo el personal del Nivel Ejecutivo que se encontraba en servicio
activo al 30 de diciembre de 2004 (fecha de entrada en vigencia de dicha ley) debe regirse
por el marco normativo vigente en ese momento. Este principio garantiza la protección de
los derechos adquiridos y la aplicación de normas más favorables para quienes ya estaban
vinculados a la institución.
En virtud de lo anterior, el estudio de legalidad respecto al reconocimiento de la asignación
de retiro del demandante debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1212
de 1990. Esta norma, vigente al momento de su vinculación, establece los requisitos y
causales para acceder a dicha prestación, por lo que resulta inaplicable cualquier
disposición posterior que imponga condiciones más gravosas.
En efecto, el Decreto 754 de 2019, que en su artículo 1, introdujo una modificación
sustancial al régimen de asignación de retiro al establecer como requisito un tiempo
mínimo de 20 años de servicio para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional
que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004
retirados por la causal de destitución, es decir, aumentó el tiempo de servicio para ser
acreedor de la prestación, de ahí que la misma no deba aplicarse, ya que resulta ser más
gravosa a los derechos del demandante.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Esta exigencia resulta contraria a lo dispuesto en el Decreto Ley 1212 de 1990 y a los
principios de la Ley 923 de 2004, en especial al criterio de respeto por los derechos
adquiridos y a la prohibición de imponer condiciones más gravosas a quienes ya se
encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la ley marco.
En consecuencia, la aplicación del Decreto 754 de 2019 a situaciones consolidadas bajo
el régimen anterior desconoce el principio de legalidad, vulnera el derecho a la seguridad
jurídica y contraviene el régimen de transición previsto por el legislador para garantizar la
estabilidad de los derechos prestacionales de los miembros de la Fuerza Pública 6.
De manera que el demandante tiene derecho a que su derecho a la asignación de retiro
sea analizado bajo la égida del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 7 , norma que
expresamente señala que el derecho a la asignación de retiro se adquiere con 15 años de
servicio, cuando el retiro se produzca como consecuencia de la destitución o mala
conducta, tal como sucede en este caso, según ya se explicó.
Así las cosas, la Sala encuentra satisfechos los requisitos previstos en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, esto es, (i) retiro del servicio por destitución o mala conducta y; (ii)
15 años al servicio de la Policía Nacional. Ello le da derecho a acceder a la asignación de
retiro allí descrita.
Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de los tres meses de alta, tenemos que el artículo
145 del Decreto 1212 de 1990, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 145. Tres (3) meses de alta. Los Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y
tengan derecho a asignación de retiro o pensión, continuarán dados de alta
en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que
se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de
prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo
175 de este Decreto continuarán recibiendo la totalidad de los haberes
devengados en actividad correspondientes a su grado. El lapso de los tres (3)
meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para
efectos de prestaciones sociales.
En ese orden de ideas, el derecho a los tres meses de alta se da al cumplir dos requisitos
(i) estar en situación de retiro y (ii) tener derecho a la asignación de retiro.
Así las cosas, como quiera que el demandante tiene derecho a la asignación de retiro por
haber sido retirado con más de 15 años de servicio, tiene derecho al pago de los 3 meses
alta por parte de la pagaduría de la Policía Nacional.
En consecuencia, no queda otra decisión diferente que la de revocar en su integridad la
sentencia del 10 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio, por las razones acá expuestas.»
De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada fundamentó las
razones por las cuales aplicó la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1212 de 1990, en lugar
de aplicar el Decreto 754 del 30 de abril de 2019. Como consecuencia de ese análisis,
el Tribunal concluyó que el demandante cumplía con los requisitos para obtener el
reconocimiento y pago de una asignación de retiro, pues al haber sido retirado por
destitución, debía acreditar un tiempo de servicio de 15 años, el cual efectivamente
fue alcanzado, pues demostró 17 años, 7 meses y 17 días.
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Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2024. CP: César Palomino Cortés. Rad: 11001-03-15-000-2024-
00499-00. En ese sentido ver también la sentencia del 30 de octubre de 2024. CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez. Rad: 05001-23-
33-000- 2016-00757-01 (1146-2024) Igualmente, ver sentencia del 13 de marzo de 2025. Rad: 50001-33-33-008-2023-00220-
01. MP: Teresa Herrera Andrade.
7 En ese mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección A. providencia del 31 de marzo
de 2022. MP: Gabriel Valbuena Hernández. Rad: 05001233300020160195001 (2879-2020). Igualmente, este Tribunal en
sentencia del 13 de marzo de 2025. Rad: 0001-33-33-008-2023-00220-01. MP: Teresa Herrera Andrade.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00383-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Precisamente, ese ha sido el criterio de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, pues en fallo de tutela del 5 de marzo de 20248, estableció:
«Resulta evidente que el inciso 2° del numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley 923 de 2004,
extendió la garantía de prohibición de aumentar el tiempo de servicio o cambio de régimen
pensional a aquellos miembros que se encontraban en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia, sin importar que fueran o no homologados como quiera que el único
condicionamiento era que los uniformados estuvieran en servicio activo con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen.
De acuerdo con el recuento normativo y jurisprudencial efectuado, el Gobierno expidió
distintos decretos mediante los cuales pretendió reglamentar, entre otros asuntos, el de la
asignación de retiro de los miembros del personal del Nivel Ejecutivo de la Fuerza Pública
y de la Policía Nacional así: el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 9 , el artículo 25
parágrafo 2° del Decreto 4433 de 200410 y en el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012 11,
disposiciones normativas que fueron declaradas nulas por esta misma Sección mediante
sentencias del 12 de abril de 2012, del 28 de septiembre de 2017 y del 3 de septiembre
de 2018, respectivamente, con el argumento de que el Gobierno Nacional había excedido
la facultad reglamentaria y por ende la reserva legal, al aumentar el tiempo de servicios
para acceder a la asignación de retiro.
Ha sido por demás pacífica la postura jurisprudencial de esta Sección en sus dos
subsecciones, en reconocer que, para el otorgamiento del derecho prestacional a la
asignación de retiro de un uniformado de la Policía Nacional, debe tenerse presente el
tiempo de servicio prestado a la institución y la fecha de su vinculación laboral, en virtud
del artículo 3°, numeral 3.1. de la Ley 903 de 2004, por lo que se le debía reconocer la
legislación vigente al momento de su expedición, que en todo caso no podía sobrepasar
los 15 años de servicio».
Sin embargo, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 21 de enero
de 202112, proferido en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contempló un criterio distinto y, en consecuencia, aplicó lo dispuesto en el Decreto
754 del 30 de abril de 2019, con el siguiente argumento:
«Como se aprecia, la citada normativa diferenció dos categorías de causales de retiro
frente a la exigencia de tiempos de servicio para el reconocimiento de la asignación a los
miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes del 31 de diciembre
de 2004, a saber:
1. Para quienes sean retirados de la institución con quince (15) años o más de servicio
por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) por voluntad del Director General de la Policía,
o (iii) por disminución de la capacidad psicofísica.
2. Los que se retiren (i) a solicitud propia o (ii) destituidos después de veinte (20) años
de servicio».
Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente omitió aplicar el
Decreto 754 del 30 de abril de 2019, la Sala advierte que no existe una posición
unificada por parte del máximo órgano en la materia, así que le era dado a las
autoridades judiciales demandadas adoptar uno de los criterios acuñados por alguna
8 Sentencia del 5 de marzo de 2024. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Magistrado ponente: César Palomino
Cortés.
9
por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,
creado mediante Decreto 132 de 1995.
10
por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
11
por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional.
12 Sentencia del 21 de enero de 2021. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Magistrado ponente: Gabriel
Valbuena Hernández. 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019)
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como en efecto
ocurrió.
El marco de la autonomía que caracteriza la actividad judicial permitía a las
autoridades judiciales demandadas basar sus decisiones en la interpretación
razonada de las normas vigentes y la jurisprudencia existente, aunque en sentidos
paralelos, con la debida carga argumentativa para acoger uno u otro criterio.
En ese sentido, en el presente caso no se advierten vulnerados los derechos
fundamentales de la parte actora y, por lo tanto, se impone negar las pretensiones de
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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