Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01950-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01950-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01950-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 05001233300020160195001 (2879-2020)
Demandante: ENALDO MIGUEL A NAYA MARTÍNEZ
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL 1
Temas: Reconocimiento de asignación de retiro . Decreto
1213 de 1990 . Ley Transición Ley 923 de 2004.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante en contra la sentencia del 17 de febrero de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antio quia , que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
El señor Enaldo Miguel A naya Martínez , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló en síntesis las
siguientes:
1 En adelante CASUR
2 Folios 1 a 9.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: ENALDO MIGUEL ANAYA MARTÍNEZ
1.1. Pretensiones
La nulidad del Oficio 1956 de 5 de octubre de 2013, mediante el
cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le negó el
reconocimiento de la asignación de retiro.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a CASUR (a) decla rar que cumplió
con el requisito establecido para acceder a la media asignación de
retiro; (b ) incluirlo en la nómina de pensionados; ( c) pagarle las
mesadas desde que se hizo efectivo el derecho , esto es, el 2 de
agosto de 2011, debidamente indexada s y con los intereses legales
y (d) sufragar cost as y agencias en derecho.
1.2. Fundamentos fácticos relevante s.
El demandante relató que (i) ingresó a la Policía Nacion al desde el
7 de febrero de 1996 ; (ii) fue desvinculado del servicio por voluntad
discrecional de la Dirección General de la Policía Nacional,
mediante la Resolución 000461 de l 1 de agosto de 2011, con
efectos a partir de l 2 de agosto de 2011 ; (iii) en total laboró 15
años, 5 meses y 25 días y (iv) el 25 de julio de 2013, solicitó a
CASUR el reconocimiento y pago de la asignación retiro, petición
que fue negada a través del Oficio 1956 GAG- SPD de 5 de octubre
de 2013.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
El actor invocó co mo disposiciones vulneradas las sig uientes: l os
artículo s 48 de la Constitución Política ; 100 y 104 del Decreto 1213
de 1990 y 3 de la Ley 923 de 2004.
Al desarrollar el concepto de violación , afirmó que al momento de
su desvinculación le era aplicable el artículo 104 del Decreto 1213
de 1990, toda vez que , mediante el artículo 25 del Decreto 4433 de
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2004, se aumentaron los tiem pos para acceder a la asignación de
retiro. Precisó que la última normativa invocada fue declarada nula
mediante sentencia de 12 de abril de 2012, por lo que su aplicación
resulta improcedente en este caso .
Aseveró que , si bien la Ley 923 de 2004 aumentó el tiempo de
servicios para acceder a la asignación de retiro, el inciso segundo
del numeral 3.1 del artículo 3 , estableció un régimen de transición
que aplica para todos los miembros de la fuerza pública y opera
desde el momento en que la misma entró en vigencia, por lo que
deben respetarse sus derechos adquiridos.
Por lo anterior, los ú nicos requisitos que debe acreditar son: ser
miembro activo y contar con más de 15 años de servicio al momento
del retiro; encontrarse en servicio activo al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 923 de 2004 y; que l a desvinculación se
produzca por voluntad discrecional de la institución . Precisó que,
en su caso, (i) fue retirado del servicio activo el 2 de agosto de
2011, por voluntad de la Dirección General, (ii) contaba con 15
años, 8 meses y 11 días de servicio y (iii) se encontraba e n servicio
activo, al momento de la entrada en vig or de la Ley 924 de 2004,
por lo que le es aplicable el régimen de transición de esa normativa
y el tiempo exigid o para la media asignación de retiro , en los
términos del artículo 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional , se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por carecer de
sustento fáctico y jurídico.
Evidenció que el accionante (a) ingre só a la Policía Nacional como
alumno el 7 de febrero de 1995 , (b); accedió al escalafón del Nivel
3 Folios 106 a 135.
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Ejecutivo en el gra do de patrullero, el 2 de febrero de 1996; (c) fue
retirado del servicio activo por destitución, cuando acreditaba 15
años, 5 meses y 25 días de labor; (f) desde el momento del ingreso
y hasta la fecha de la desvinculación, estuvieron vig entes los
Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004 , normas de carácter
especial, a través de las cuales se fija el «Ré gimen de
Asignaciones y prestaciones para el personal del Nive l Ejecutivo
de la Policía Nacional ».
Adujo que e l oficio enjuiciado se profirió en cumplim iento de la ley,
atendiendo la misionalidad y la buena fe . Aseveró que el
demandante en ningún momento se encontró cobijado por el
Decreto 1212 de 1990 «Estatuto de Carre ra de los Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional », así como tampoco le fueron
modificadas las expectativas relativas a l tiempo para acceder al
derecho que reclama.
3. AUDIENCI A INI CIAL 4
El 9 de agosto de 2017, se llevó a cabo la audiencia inicial por
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, instancia que (i)
evidenció que no existe ninguna irreg ularidad que deba subsanarse
o que genere nulidad; (ii) determinó que no hay excepciones
previas pendientes de resolver y (iii) delimitó el litigio en los
siguientes términos:
«Q ue se declar e la nuli dad del act o adm inist r at ivo cont eni do en el
of icio 1956 de l 5 d e oct ubr e de 2013 que negó la as igna ción de
r et ir o al dem andant e.
Q ue se decla r e que el dem andant e cum plió con l os r equisit o s
est ablecid os par a acceder a la asignac i ón de r et ir o.
Q ue se or dene a la dem andada q u e inscr iba e n nóm ina de
pensiona dos al señor Am aya ( sic) M ar tí nez y pague las mesadas
desde que se hizo efect ivo el der echo, est o es , desde el 2 de agost o
4 Folios 118 a 120. CD a folio 120 A.
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de 2011 con su r espect iva indexac ión e i nt er eses legales.
Q ue se condene en cost as y agencias en der echo. »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5
El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del 17 de
febrero de 2020, negó las pretensiones .
Como fundamento de su decisión , manifestó que de acuerdo con la
vinculación del a ccionante no hace parte de los uniformados
homologados , toda vez que ingresó en el mes de febrero de 1995
directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, p or lo tanto ,
no le son aplicables los Decretos 1212 o 1213 de 1990 , en
concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 180 de
1995
Manifestó que , al momento del retiro -2 de agosto de 2011 –, se
encontraba vigente el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, ya que
el fallo de anulación de esa norma fue proferid o el 12 de abril de
2012.
Que, de acuerdo con la Ley 923 de 2004 , al actor le era exigible
para efectos de la asignación de retiro un tiempo de 20 o 25 años
según la modalidad, en la medida en que se dio validez al artículo
51 del Decreto 1091 de 1995 para el personal con incorporación
directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, con lo que se
excluyó la aplicación de los Decretos 1212 o 1213 de 1990.
Precisó que, en todo caso, tampoco es posible la aplicación
retrospectiva del Decr eto 754 de 2019, en la medida en que esta
norma posibilita el retiro con 15 años de servicio a quienes sean
desvinculados por llamamiento a calificar se rvicios, vo luntad del
Director General de la Policía y disminución de la capacidad
psicofísica, presupue stos en los que no encaja el accionante.
5 Folios 267 a 271 y Vto.
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Condenó en costas al demandante en aplicación de los numerales
1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
El demandante re currió la decisión con el fin de que se revoque y ,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto insistió en los mismos argumentos esbozados en la
demanda y enfatizó que el a quo se fundó en dos conceptos «[…]
el primero “HOMOLOGACIÓN” y otro “POR VOLUNTAD DEL
DIRECTO R GENERAL DE LA POLICÍA” [los cuales pueden dar
lugar a una] aplica ción e interpretación errada da la no rmatividad
que rige el régimen militar y de policía , con relación a la asignación
de retiro.»
Al respecto , aclaró que fue desvinculado el 2 de agosto de 2011
por voluntad discrecional de la Dirección General de la Policía
Nacional, tal como consta en el extracto de hoja de vida.
Allegó apartes de la sentencia de 3 de septiembre de 2018 ,
proferida por el Consejo de Estado , a través de los cuales afirma
que el Decreto Reglamentario 1029 de 1994 no hizo distinción entre
el personal incorporado directamente y el homologado para efectos
de acceder a la asignación de retiro .
Por último, precisó que se debe interpretar el artículo 3 de la Ley
923 de 2004 , toda vez que para el 31 de diciembre de 2004 se
encontraba vinculado a la institución y , por tanto, era b eneficiario
del régimen de transición y , en ese sentido, resultaba procedente
acceder a las pretensiones de la demanda.
6 Folios 213 a 217.
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Afirmó que al expedirse el Decreto 1858 de 2012, se desconoció la
Ley Marco -923 de 2004 -, pues sin justificación alg una se aumentó
el tiempo de servicios mínimo para acceder a la asignación de retiro
(pasó de 15 a 20 años) cuando la causal de retiro fuera diferente a
la voluntad propia, desconociendo así el principio de prog resividad
de los derechos laborales.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio según se constata en el
aplicativo SAMAI.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
De conformidad con el artículo 150 d el Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso A dministrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso –CGP–, la com petencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante.
2. Problema jurídico.
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala determinar:
7 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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➢ ¿si el señor Enaldo Miguel Anaya Martínez, en su calidad
de intendente tiene derecho a que se le reconozca
asignación de retiro de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1213 de 1990, por haber prestado sus servicios
por un tiempo superior a 15 años ?
Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodoló gico: (i) El régimen jurídico de la asignación de retiro en
el nivel ejecutivo d e la Policía Nacional y (ii) caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial.
3.1 El régimen jurídico de la asignación de retiro en el nivel
ejecutivo de la Policía Nacional
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica
que surge de la relación laboral administrativa existente entre el
Estado y los miembros de la Fuerza Pública –Fuerzas Militares y
Policía Nacional –, quienes al cese definitivo de la prestación de
sus servicios se hacen acreedores al reconocimiento y pago de una
determinada suma de dinero en forma mensual y vitalicia con el fin
de garantizar las n ecesidades básicas del trabajador ret irado y las
de su familia, siempre y cuando cumplan con los requisitos
determinados en la ley, y por lo tanto se constituye un derecho
fundamental irrenunciable de conformidad con los artículos 48 y 53
de la Constitución Política .
El 8 de junio de 1990 fueron expedidos los Decretos 1212 y 1213,
por medio de l os cual es se reformó el Estatuto del Personal de
Agentes, Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. En ese
entonces la estructura de jerarquías y escalafones al interior de la
entidad se encontraba integrada por tres niveles que eran el de
oficiales, el de agentes y el de suboficiales. Dichos decretos
consagraron en sus artículos 104 y 144 respectivamente, lo
relacionado con la asignación de retiro de aquellos integrantes de
la institución policial.
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Así el Decreto 121 3 de 1990 « Por el cual se reforma el estatuto del
personal de agentes de la Policía Nacional », respe cto a los
requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro en su
artículo 1 04, dispuso:
«ARTÍ CU LO 104. ASI G NACI O N DE RETIRO . Dur ant e la vigenci a
del pr esent e Est at ut o, los Agent es de l a Pol icí a Nacio nal que
sean r et ir ados del s er vicio act ivo des pu és de quince ( 15) añ os,
por dispos ición d e l a Dir ecci ón G ener al , o por sobr epasar la
edad m áxim a cor r espondient e a s u c at egor í a, o por mala
conduct a com p r obada, o por dism inu ción de l a capaci dad
sicof í sica, o por inasist encia al ser vici o y los que se r et ir en a
solic it ud pr opi a des pués de l os vei nt e ( 20) años de ser vic io,
t endr án der echo a par t ir de la f echa en que t er m inen los t r es ( 3)
m eses de alt a, a q ue por la Caj a de Sueldos de R et ir o d e la
Pol icí a Naci onal se l es pague un a asig n ación m ensua l de r e t ir o
equiva lent e a un ci ncuent a por cie nt o ( 50%) del m ont o de las
par t idas de que t r ata el ar t í culo 100 de est e Est at ut o, por los
quince ( 15) pr im er os años de ser vicio y un cuatr o por cient o
( 4%) m ás por cada año que exceda de los quinc e ( 15) sin que
el t ot al sobr ep ase d el ochent a y c inco p or cient o ( 85%) de l os
haber es de act ivida d.
PARAG RA FO 1. La asignación de r et i r o de los Agent es que
dur ant e la vigencia de est e Est at ut o se r et ir en con t r eint a (30)
o m ás años de ser vicio, ser á equivalent e al novent a y cinco por
cient o ( 95%) de las par t idas f ij adas en el ar tí culo 100,
liqu idad as en la f or m a pr evist a en est e m ism o Decr et o.
PARAG RA FO 2. Los Agent es r et ir ados ant es del 17 de
diciem br e de 1968 con t r eint a ( 30) o m ás años de ser vicio,
cont inuar án per cib i endo la asignac ión de r et ir o r eaj ust ada al
novent a y cinco por cient o ( 95%) de las p ar t idas que se
incluy er on en cada caso par a la r espect iva asignac ión. »
( Subr ayas f uer a de text o) .
En el año 1993, se dio el primer intento de creación de un nuevo
nivel al interior de la estructura de la Policía Nacional cuando a
través del artículo 35 de la Ley 62 8 de dicha anualidad se otorgaron
facultades extraordinarias al Gobiern o Nacional para “modificar las
normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes”
de esta institución. En desarrollo de estas atribuciones, se expidió
el Decreto 41 de 1994 9 a través del cual se dispuso la creación de
8 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía
Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
9“Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacio nal, cuyos
miembros gozarían de un régimen especial en materia de
asignaciones y prestaciones.
Para tal fin, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades que le
fueron conferidas en la Ley Marco 4.ª de 1992 10, expidió el Decreto
Reglamentario 1029 de 1994 11, que en su artículo 53 contempló el
derecho a la asignación de retiro para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional.
Ahora bien, mediante el artículo 1.º de la Ley 180 de 13 de enero
de 1995 12 se modificó el artículo 6.º de la Ley 62 de 1993 13,
consagrándose, por primera vez de manera ajustada al
ordenamiento jurídico, el nivel ejecutivo de la Policía Nacional
como parte de la estructura de dicha Institución 14.
10“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fi jación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”.
11“Por el cual se emite el Régimen de Asign aciones y Prestaciones para el
personal de Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.
12“Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía
Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República
para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar
normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y
evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas,
Suboficiales y Agentes.” Publicada en el Diario Oficia No. 41676 de 13 de
enero de 1995.
13 La norma en comento consagró: “ La Policía Nacional está integrada por
Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes , Alumnos y por
quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por
los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros
sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo
establezca la ley.”.
14 E nrelación con la filosofía de profesionalización que inspiró la creación del
referido nivel, en la Sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, de 1º de noviembre de 2005, C.P. doctor Tarsicio Cáceres Toro,
radicado 2001-6432-01, expresó: “Se considera que el Legislador bien podía
proceder, como lo hizo, otorgando una protección especial al personal en
servicio activo de la Policía nacional que ingresara al nuevo nivel ejecutivo,
ya que de no hacerlo sería difícil t al movimiento de personal. La protección
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Adicionalmente la norma en cita, en su artículo 7.º, le confirió
facultades extraordinarias al presid ente de la República con el
objeto de regular aspectos como la asignación salarial, primas y
prestaciones sociales del nivel e jecutiv o, disponiendo en el
parágrafo que «[l]a creación del Nive l Ejecutivo no podrá
discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de
quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel
Ejecutivo».
Con posterioridad, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, mediante el
Decreto 1091 de 1995 15, se expidió el régimen de asignaciones y
prestaciones del nuevo nivel de la Policía Nacional; concretamente
tratándose de la asignación de retiro en su artículo 51, previ ó:
«ARTÍ CU LO 51. El per sonal d el Nive l Ej ecut ivo de la P olicí a
Nacion al, t endr á der echo a par t ir de la f echa en que t er m inen los
t r es ( 3) m eses de alt a, a que por la Caja de Sueldos de r et i r o de
la Pol icí a Naciona l, se le pague una asignación m ensual de r et ir o
equiva lent e a un setent a y cinco por cient o ( 75%) del m ont o de las
par t idas de que t r at a el ar t í culo 49 de est e Decr et o, por los
pr im er os veint e ( 20) años de ser vicio y un dos por cient o ( 2%)
m ás, por cada año que exceda de l os veint e ( 20 ) , sin qu e en
ningún caso sobr e pase el cient o por cient o ( 100%) de t ales
par t idas, en las sigu ient es condic iones:
a) Al cum plir veint e ( 20) años de servicio y ser r et ir ado por
cualqu ier a de las si guient es causas:
1. Llam am ient o a calif icar ser vic io.
2. Volunt ad de la Dir ección G ener al de l a Policí a Nac iona l.
3. Por dism inución de la capacid ad sic of í sica par a la act ividad
polic ia l.
4. Por haber cum plido sesent a y cinco ( 65) años de edad los
hom br es y sesent a (60) años de edad la s m uj er es.
b) Al cum plir ve int i cinco ( 25) años de ser vicio y ser r et ir ado o
separ ado por cualqu ier a de las sigu ient e s causas:
1. Por solicit ud pr op ia.
2. Por incapacidad p r of esional.
señala que no puede discriminarse ni desmejorarse, en ningún aspecto, la
situación actual de dicho personal se entiende que en lo compatible.”.
15Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto
132 de 1995.
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3. Por inasist enc ia a l ser vici o por m ás de cinco ( 5) dí as sin causa
j ust if icada.
4. Por conduct a de f icient e.
5. Por dest it ución.
6. Por det ención pr event iva que exc ed a de cient o och ent a ( 180)
dí as.
7. Por separ ación absolut a en las condiciones est ableci das en el
ar t í culo 68 del Decr et o 132 de 1995.
PARÁG RA FO . También t endr á der echo al pago de asignación
m ensual de r et ir o el per sonal del nive l ej ecut ivo de que t r at a el
lit er al b) de est e ar t í culo, cuando cum p la los sig uient es r equ i sit os:
1. Veint e ( 20) años de ser vicio a la Po li cí a Nacional, y
2. Haber cum pli do cincuent a y c inco ( 55) años de ed a d l os
hom br es y cincuent a ( 50) años de edad las m uj er es. [ …] ».
Esta Corporación 16, en sentencia de 14 de febrero de 2007 declaró
nulo el citado artículo al considerar que el Gobierno Nacional no
podía variar ni modificar el régimen prestacional de los mi embros
de la Fuerza Pública al tratarse de una materia que se hallaba
reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección
especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel
ejecutivo .
Posteriormente, en ejercicio de las facultade s constitucionales
otorgadas al Congreso de la República en el artículo 150, numeral
19) literal e) de la Carta Política, se profirió la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004 en la cual se señalaron las normas, objetivos y
criterios que debía observar el Gobie rno Nacional para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública de conformidad con el artículo 150, ordinal 19,
literal e) de la Con stitución Política, en los siguientes términos:
«Ar t í culo 2°. O bj et ivos y cr it er ios. Par a la f ij ación del r égim en
pensiona l y de as ig nación de r et ir o d e los m iem br os de la Fuer za
Públ ica, el G obier n o Naciona l t endr á en cuent a adem ás de los
pr incip ios de ef icienci a, univer sali dad, igualdad, e quidad,
r esponsabi lid ad f inanci er a, int angi bi lida d y solidar id ad los
sigui ent es obj et ivos y cr it er ios:
16
Consejo de Estado, Secc ión Segunda, Consejero Ponente Alberto Arango
Mantilla, acción de nulidad 11001 -03-25-000- 2004-00109-01(1240-04)
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2. 1. El r espet o de los der echos adq uir idos. Se conser v ar án y
r espet ar án t odos los der echos, gar ant í as, pr er r ogat ivas, ser vicios y
benef icios a dquir id os conf or m e a disposici ones ant er io r es a la
f echa de ent r ada de las nor m as que se expidan e n desar r ol l o de la
m ism a.
[ …]
2. 8. No podr á en ni ngún caso descono cer se el r econocim i ent o y
pago de la as ignac ió n de r et ir o al m iem br o de la Fuer za Púb li ca que
hubier e ad quir i do el der echo a su d isf r ut e por llam am i ent o a
calif ic ar ser vicios, por r et ir o por solicit ud pr opia, o por haber sido
r et ir ado del ser vicio por cualquier causa l .
[ …]
Ar t í culo 3°. Elem ent os m í nim os. El r égim en de asignac ión d e r et ir o,
la pensi ón de inv alid ez y sus sust it uciones, la pens i ón de
sobr evivie nt es, y los r eaj ust es de est as, corr espondient es a los
m iem br os de la Fuer za Pública, que sea f ij ado por el G obier no
Nacion al, t endr á en cuent a com o m í nim o los sigui ent es elem ent os:
3. 1. El der echo a la asignac ión de r et ir o par a los m iem br o s de la
Fuer za Púb lica se f ij ar á exclusivam ent e t eniendo en cue nt a el
t iem po de f or m ación, el de ser vicio y/ o el apor t ado. El t ie m po de
ser vicio par a acce der al der e cho de asignació n de r et ir o ser á
m í nim o de 18 años de ser vicio y en nin gún caso se exigir á como
r equisit o par a r econ ocer el der echo un t iem po super ior a 25 años.
A l os mi embros de la Fuerza Públ i ca en servi ci o act i vo a l a f echa
de ent rada en vi genci a de l a present e Ley, no se l es exi gi rá
como requi si t o para el reconoci mi ento del derecho un t i empo
de servi ci o superi or al regi do por l as di sposi ci ones vi gent es al
moment o de l a expedi ci ón de est a Ley cuando el reti ro se
produzca por sol i ci t ud propi a, ni i nf eri or a 15 años cuando el
ret i ro se produzca por cual qui er ot ra causal .
Excepcion alm ent e, par a quienes hayan acum ulado un t iempo de
ser vicio en la Fuer za Públ ica por 20 años o m ás y no hayan causado
el der echo de asignación de r et ir o, podr án acceder a est a con el
r equisit o adic iona l de edad, es decir , 50 años par a las m ujer es y
55 años par a los hom br es. [ …] ». ( Negr il la de la Sa la) .
Del aparte en cita se destaca que a los miembros que se
encuentren en servicio activo a la fe cha de entrada en vigencia la
Ley 923 de 2004 : (i) no se les exigirá un tiempo de servicio superior
al establecido en las disposiciones anteriores, sin que pueda ser
superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a
solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el
retiro se produzca por cualquier otra causal y (ii) se respetaron
tiempos los mínimos y máximos previstos en el Decreto 1212 de
1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro.
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Esta ley, fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 4433 de 2 004 17, el cual, en el artículo 25, indicó:
«Ar t í culo 25. Asign a ción de r et ir o par a el per sona l de la P olicí a
Nacion al .
[ …]
Par ágr af o 2 °. El per sonal del N ivel Ej ecut ivo de la Pol icí a Naci onal
en ser vicio act ivo que a la f echa de ent r ada en vigencia del
pr esent e decr et o, sea r et ir ado con veint e ( 20) años o m ás de
ser vicio por llam am i ent o a calif icar ser vicios, o por volunt ad del
M inist r o de Def ensa Nacional o del D ir ect or G ener al de la Policí a
por delegac ión, o por dism inución de la capacidad ps icof í si ca, y
los que se r et ir en a solic it ud pr opia o se an r et ir ados o separ ados
en f or m a absolut a después de veint ic in co ( 25) años de servicio,
t endr án der echo a p ar t ir de la f echa en que t er m inen los t r e s ( 3)
m eses de alt a, a que por la Caj a de Sue ld os de Ret ir o de la P o licí a
Nacion al, se les pague una asig na ción m ensual de r et ir o
equiva lent e a un setent a y cinco por cient o ( 75%) del m ont o de las
par t idas de que t rat a el ar tí culo 23 de est e decr et o, por los
pr im er os veint e ( 20) años de ser vicio y un dos por cient o ( 2%)
m ás, por cada año que exceda de l os veint e ( 20) , sin qu e en
ningún caso sobr e pase el cient o por cient o ( 100%) de t ales
par t idas. »
El citado parágrafo 2.º fue declarado nulo por la Sección Segunda
del Consejo de Est ado mediante sentencia proferida el 12 de abril
del 2012 18, la cual determinó que el Gobierno Nacional desbordó la
potestad reglamentaria al aumentar la edad para acceder a la
asignación de retiro y vulnerar la cláu sula de reserva legal.
En primer lugar, esta Corporación concluyó que el precepto no
respetó los derechos de los agentes y suboficiales que se habían
incorporado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debido a que
les aumentó el tiempo de servicio exigido para acceder a la
asignación de retiro. Al respecto, sostuvo que la ley marco previó
en el numeral 3.1 del artículo 3 que «[…] A los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
17«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública».
18Con ponencia del Dr. Al fonso Vargas Rincón, acción de nulidad 11001 -03-
25-000- 2006-00016-00 (1074-07)
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reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido
por las disposicion es vigentes al momento de la expedición de esta
Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia […]».
Para tales efectos, la sentencia se dio a la tarea de iden tificar la
norma vigente antes del 30 de dicie mbre de 2004 en materia de
asignación de retiro aplicable a los m iembros del nivel e jecutivo de
la Policía Nacional, al respecto señaló que: «[…] Al haber sido
declarado inexequible el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo
51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen
pensional del nivel ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de
suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213
de 1990 […]». (Subrayado intencional).
Dado que los Decretos 1212 y 1213 de 1990 contemplaban un
tiempo de servicio de 20 años cuando el retiro tenía lugar por
solicitud propia, e l fallo concluye qu e el parágrafo 2.° del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004, al exigir un tiempo de servicio de 25
años en tales eventos, excedió el régimen anterior en cinco años,
circunstancia que le estaba vedada.
Por tanto, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado , al ser
declarado nulo el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 que
reglamentó el tiempo de servi cios para acceder a la asignación de
retiro, se debe acudir para su reconocimiento a la Ley
reglamentada, es decir, la Ley 923 de 2004.
Con el propósito de suplir el vacío normativo que dejó dicha
declaratoria, se expidió el Decreto Reglamentario 1858 de 2012 que
reguló el régimen pensional y de asignación de retiro del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional. Se resalta que en esta norma, a
diferencia de las anteriores que tenían igual propósito (Decreto
1091 de 1995, Decreto 4433 de 2003), se diferenció, para su
aplicación, a los u niformados incorporados al nivel e jecutivo por
homologación de aquellos vinculados a dicho nivel por
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incorporación directa.
Asimismo, a través de sentencia de 28 de febrero de 2013 19 también
se declaró la nulidad del artículo 11, parágrafo 2.°, del Decreto
1091 de 1995 y las expresiones acusadas de los artículos 24, 25,
parágrafo 2.°, y 30 del Decreto 4433 de 2004, por desbordar las
facultades otorgadas en la Ley 923 de 2004, en armon ía con el
artículo 150, numeral 19, lite ral e) de la Constitución Política
Nacional.
Luego, mediante sentencia de 23 de octubre de 2014 20 se declaró
la nulidad del artículo 14, el parágrafo del 15; el artículo 24; el
parágrafo 1.° del 25 y el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, por
desconocimiento de los límites que trazó el legislador en la Ley 923
de 2004 al ejecutivo e imponer requisitos más gravosos a los
beneficiarios de la asignación mensual de retiro, co n mayores
exigencias.
Por lo anterior, en desarrollo de las facultades conferidas por la Ley
923 de 2004, se promulgó el Decreto Reglamentario 1858 de 2012
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de
retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional»,
dirigido a los suboficiales y agentes que se homologaron y para los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresaron
por incorporación directa a la inst itución antes del 1.º de enero de
2005.
El artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012 también fue declarado nulo
mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018, puesto que la
normativa desconoció las previsiones contenidas en la Ley marco
19 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, acción de nulidad 11001 -03-25-000-
2007-00061-00 (1238-07) con ponencia de la consejera Bertha Lucía Ramírez
de Páez.
20 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, acción de nulidad 11001 -03-25-000-
2007-00077-01 (1551-07)
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923 de 2004 al exigir al personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional incorpora do directamente y en servicio activo al 31 de
diciembre de 2004 requisitos más gravosos para acceder al derecho
de la asignación de retiro (t iempos mínimos y máximos de retiro
entre 20 y 25 años) lo que contravenía los términos señalados en
la normativa superior que se restringen a lo s mínimos y máximos
de 15 y 20 años de servicio.
Al respecto, el Consejo de Estado insistió en lo manifestado cuando
declaró la nulidad del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433
de 2004 en el sentido de declarar que a los miembros de la Policía
Nacional, por así disponerlo la Ley 923 de 2004, no se les podía
exigir requisitos de tiempo de servicio más gravosos a los previstos
en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 en sus artículo s 144 y 104,
respectivamente.
Así entonces, en vista de los reiterados pronunciamientos
realizados por esta Corporación en esa línea, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 754 del 30 de abril de 2019 21, en el que determinó
que el personal del nivel ejecu tivo de la Policí a Nacional
incorporado de manera directa hasta el 31 de diciembre de 2004
tiene derecho a la asignación de retiro si cumple igual tiempo de
servicios al previst o en los decretos aludidos. La norma preceptuó
lo siguiente:
«Ar t í culo 1°. Régim en de asignación de r et ir o del per sonal del Nive l
Ej ecut ivo de la Pol icí a Naciona l, que ingr esó al escal af ón por
incor por ació n dir ect a hast a el 31 de d i ciem br e de 2004. Fí j ase el
r égim en de asig naci ón de r et ir o par a el per sonal de l N ivel Ej ecut ivo
de la Policí a Nac io nal que ingr esó al escalaf ón por incor por ación
dir ect a hast a el 31 de diciem br e de 2004, los cual es t endr án
der echo cuando se an r et ir ados de la i nst it ución con qu in ce ( 15)
años o m ás de ser vicio por llam am ient o a calif icar ser vic ios, o por
volunt ad de l D ir ect or G ener al de la Pol ic í a, o por dism inuci ó n de la
capacidad psic of í sica, y los que se r et ir en a solicit ud pr opia o sean
21 « P o r
el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación
directa hasta el 31 de d iciembre de 2004»
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r et ir ados o separ ados en f or m a absolut a o dest it uidos desp ués de
veint e ( 20) años de ser vicio, t endr án der echo a par t ir de la f echa
en que t erm inen los t r es ( 3) m eses de alt a, a que por la Caj a de
Sueldos d e Ret ir o de la Pol icí a N a ciona l, se les pag ue una
asignac ión m ensual de r et ir o equivale nt e. […] » ( Subr ayas de la
Sala) .
De todo lo anterior , se concluye que la totalidad de las normas,
con excepción del artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012 sobre el
personal homologado , y el De creto 754 de 2019 que regulan el
régimen de asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, han sido o declaradas inexequibles por parte
de la Corte Const itucional (es el caso del Decreto Ley 2070 de
2003) o declaradas nula s por parte del Consejo de Estado (artículos
53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de 1995, 25,
parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 y 2.° del Decreto 1858 de
2012).
Como consecuencia de ello, para los miembros del nivel ejecutivo
incorporado s directamente antes de la entrada en vigencia de la
Ley 923 de 2004, por así ordenarlo en su artículo 3.° numeral 3.1,
los requisitos para acceder a la asignación de retiro no pueden ser
mayores a los reg ulados en las normas que regían la situación de
estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de diciembre
de 2004) que, dada la nulidad e inexequibilidad declarada de los
decretos aludidos, no eran otras distintas que los artículos 144 y
104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, respectivamente.
En esa medida, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel
Ejecutivo que fueron incorporados de manera directa no se les
podía exigir para el reconocimiento de la asignación de retiro un
tiempo superior a los 20 ni inferior a los 15 años que contiene e l
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
Así, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo que
fueron incorporados de manera direct a no se les podía exigir para
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el reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a
los 20 ni infer ior a los 15 años que contiene el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990.
Se precisa que esta es la norma que se les aplica, en la medida que
el nivel ejecutivo e s jerárquicamente superior a los suboficiales que
regula la norma, luego no es factible aplica r e l Decre to 1213 de
1990 en tanto regula a los agentes, categoría inferior 22
4. Caso concreto
4.1 En el caso del señor Enaldo Miguel Anaya Martínez, se
encuentra acreditado lo siguiente:
i) De conformidad con la Ho ja de Servicios 78027917 del 3 de
octubre de 2011 23, se tiene que ingresó como alumno del nivel
ejecutivo el 7 de febrero de 1995 al 2 de febrero de 1996 y,
posteriormente , se incorporó al nivel ejecutivo el 26 de enero de
1996 hasta el 2 de agosto de 2011, es decir, acumuló un tiempo de
servicios de 1 5 años, 8 meses y 15 días.
ii) Mediante Resolución 000461 de 1 de agosto de 2011 24, fue
retirado del servicio de la Policía Nacional «por voluntad de la
Dirección General de la Policía Nacional».
22 E n i g u a l s e n t i d o s e p r o n u n c i ó e s t a S e c c i ó n e n s e n t e n c i a d e l 9 d e s e p t i e m b r e
del 2021. Radicación: 20001-23-33-000-2018-00133-01(1091-20).
23 F o l i o 2 del expediente administrativo en CD a folio 99.
24 F o l i o s 27 a 30.
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iii) Mediante derecho de petición radicado el 25 de julio de 2013 25,
solicitó «el pago de la media asignación de retiro de manera
retroactiva e indexada, además del reconocimiento de interese s
moratorios a que haya lugar, desde la fecha en que se adquirió el
derecho», el 2 de agosto de 2011 .
iv) Por medio del oficio 195 6 GAG-SPD de 5 de octubre de 2013 26,
la demandada informó que de acuerdo con el Decreto 4433 de 2004,
norma vigente a la fecha del retiro, debe acreditar 20 años de
servicio cuando la desvinculación del servicio activo se produce
por Voluntad de la Direcci ón General, condición que no cumple para
efectos del reconocimiento reclamado.
Agregó que, «[…] con base en la sentencia del 12/04/2012, el
Gobierno Nacional expidió el Decret o 1858 del 06 de agosto de
2012, que aplica solamente para el personal homologado al Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional.» , y por tratarse de una condición
diferente dado que su vinculación fue por incorporación directa, no
le es aplicable.
4.2 Análisis sustancial
4.2 ¿El señor Enaldo Miguel Anaya Martínez, en su calidad de
intendente tiene derecho a que se le reconozca asignación de
retiro de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1213 de 1990,
por haber prestado sus servicios por un tiempo superior a 15
años?
De acuerdo con la información de la hoja de servicios relacionada ,
se tiene por acreditado que al momento del retiro por voluntad de
la Dirección General de la Policía Na cional, se encontraba vigente
el parágrafo 2.º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004. Sin
embargo, como se advirtió en lín eas precedentes, este fue
declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 12 de
abril de 2012.
25 F o l i o 15 a 26.
26 F o l i o 226 y Vto.
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A diferencia de las sentencias que profiere la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control (artículo 241 de la Constitución
Política), que por disposición del artículo 45 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia producen efectos ha cia el futuro
salvo que se resuelva lo contrario, la declaratoria de nulidad de
actos administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o
retroactivos desde la fecha misma de expedición del acto 27, y así
se ha sostenido en la jurisprudencia de esta Corporación, y se ha
aclarado que las situaciones jurídicas consolidadas antes de la
decisión anulatoria deben mantenerse íntegramente en virtud del
principio de seguridad jurídica, por lo que solo aquellas que se
cataloguen como no definidas pueden resul tar afectadas a raíz de
la anulación y debe entenderse como “una situación n o definida ”
aquella que, entre el momento de expedición del acto
administrativo y la sentencia anulatoria, no se ha alcanzado a
consolidar o respecto de la cual existe una controve rsia en sede
administrativa o judicial.
27 S o b r e l o s e f e c t o s r e t r o a c t i v o s q u e p o r r e g l a g e n e r a l p r o d u c e n l a s s e n t e n c i a s
anulatorias de actos administrativos, pueden verse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: Sala Plena del 1.° de junio de 1999.
Expediente núm. 5260.; del 10 d e septiembre de 2014, radicación 11001 -03-
26-000-2008-00040-00(35362); del siete de abril de dos mil once, radicación
50001-23-31-000-2003-10058-02 (1177-09); del ocho de julio de dos mil diez,
radicación 25000-23-24-000-2002-00956-01; del 5 de julio de 2006, radicación
25000-23-26-000-1999-00482-01(21051). Uno de los supuestos principales en
que se exceptúa esta regla general es el de las sentencias de anulación
electoral. De conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación
proferida el 26 de may o de 2016 por la Sala Plena de esta Corporación
(radicación 11001-03-28-000-2015-00029-00), «[…] corresponde al juez
electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de
sus decisiones anulatorias […]». En atención a lo señalado en dicha
providencia, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 7 de junio
de 2016 (radicación 11001-03-28-000- 2015-00051-00), fijó la siguiente regla
en torno a los efectos de las sentencias de nulidad electoral por vicios
subjetivos: «[…] habr á de entenderse que, al menos en materia electoral, la
regla general sobre los efectos de la declaratoria de nulidades subjetivas, es
que aquellos serán hacia el futuro (ex nunc) en consideración a la teoría del
acto jurídico que distingue entre la existen cia, validez y eficacia, como
escenarios distintos del acto (administrativo o electoral); y en respeto a la
“verdad material y cierta”, por encima de la mera ficción jurídica. Dicha regla
podrá ser variada, caso a caso, por el juez electoral, dependiendo d el vicio
que afecte la elección y en atención a las consecuencias de la decisión en
eventos en los que aquellas puedan afectar las instituciones y estabilidad
democrática […]».
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Demandante: ENALDO MIGUEL ANAYA MARTÍNEZ
Cabe aclarar que la situación del señor Anaya Ma rtínez fue
administrativa y judicialmente controvertida, por ende, no se
encontraba definida al momento de proferirse la decisión
anulatoria, última cuyos efectos le resultan aplicables.
Con la expedición del Decreto 4433 de 2004, según lo dispuesto en
su artículo 24, se extendió el requisit o de tiempo de prestación de
servicios a 18 años para poder acceder a la asignación de retiro,
creándose una contradic ción frente a lo reglado bajo la Ley 923 de
2004, en cuanto esta última garantizó el derecho a la asignación
de retiro con 15 años de servicio, para aquel personal que estaba
activo para la fecha de su entrada en vigencia; de tal manera, la
previsión del d ecreto mencionado desmejoró las condiciones para
aquellos oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional que
venían desempeñándose en servicio activo para el mes de
noviembre de 2004.
Ahora bien, mediante la sentencia del 28 de febrero de 2013 28, esta
Corporación declaró la nulidad (en la parte acusada) de la
expresión, «sean retirados después de dieciocho (18) años de
servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de
la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o, de l a
Dirección General de la Policía Nacio nal según corresponda y, los
que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta
con más de veinte (20) años de servicio», establecida en el artículo
24 del Decreto 4433 de 2004, por cuanto el decreto r eglamentario
excedió la ley marco y al respecto adujo:
«[ …]
Com o puede obs er var se, en la nor m a a caba de t r anscr ib ir se hace
la dist inc ión ent r e m iem br os de ser vicio de la Fuer za Pública en
ser vicio act ivo a la f echa de ent r ada en vigenc ia de la Ley 9 23 de
30 de di ci embre de 2004, y quienes par a ent onces no se
encont r ar an en ser vicio act ivo. ( se r esalt a)
28Sentencia 28 de febrero de 2013, radicado interno número1238 -2007,
Sección Segunda, Magistrada Ponente Bertha Lucia Ramírez de Páez
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Respect o de quien es se encont r aban en ser vicio act ivo a la
inic iaci ón de la vige ncia de la ley acaba da de m encionar dispuso el
legis lador qu e “ n o s e les ex ig ir á com o r equisit o par a el
r econocim ient o del d er echo un t iem po de ser vicio super ior al r egido
por las disp osic ione s vigent es al m om e nt o de expedic ión d e est a
ley cuando el r et ir o se pr oduzca por soli cit ud pr opia, ni inf er i or a 15
años cuando el r et ir o se pr oduzca por cualqu ier ot r a causal” .
Es decir , el ám bit o de com pet encia del Pr esident e de la Repúbl ica
en cuant o al cont enido de los Decr et os que expida par a desar r ollar
est a Ley M ar co quedó así expr esam ent e delim it ado por el
legis lador . Ello sig nif ica, ent onces, que si no obr a el Ej ecut ivo
dent r o de t ales lind er os com pet enciale s, el decr et o que se dict e
f uer a de ellos ser á violat or i o no sólo de l a Ley M ar co, sino t am bién
del ar t í culo 150 num er al 19 lit er al e) de l a Const it ución Po lí t i ca.
En vir t ud de lo dicho si el ar t í culo 24 del Decr et o 4 433 de 2004,
est ablece que e l pe r sonal de l a Po licí a en ser vicio act ivo q ue a la
f echa de entr ada en vigor de ese Decr eto sea r et ir ado “ después de
dieci ocho ( 18) años de ser vicio, por llam am ient o a calif ic ar
ser vicios, por dism inución de la capacida d sicof í sica o por volunt ad
del G obier no o de la Dir ecció n G ener al d e la Pol icí a Nac iona l según
cor r esponda y los que se r et ir en o sean r et ir ados o sean separ ados
en f or m a absolut a con m ás de veint e ( 20) años de ser vicio” t endr án
der echo al pag o de la asign ación m en sual de r et ir o com o allí se
det er m ina, es evident e que se est á exigi endo par a poder ser
asignat ar io de la m i sm a el cum plim ient o com o m í nim o de die ciocho
( 18) años de ser vici o en unos casos y veint e ( 20) años de ser vicio
en ot r os, lo cual r esult a super io r a lo es t ablecido par a e l per sonal
de O f iciales y Subo f icial es de la Po licí a Naciona l, por el ar t í culo
115 del Decr et o 121 2 de 8 de j unio de 1990, cuando sean l l am ados
a calif icar ser vici os, o por volunt ad del G obier no, o de la Dir ección
G ener al de la Pol icí a y, de la m ism a m aner a ocur r e con r espect o a
la asi gnaci ón de r e t ir o a que t endr í an der echo con 15 a ños de
ser vicio en las hipót esis cont em pladas en el ar t í culo 144 del m ism o
Decr et o m encionado .
I gual sucede con el r et ir o por disposici ón de la Dir ecc ión G ener al
de la Pol icí a Naci on al en los casos seña lados por el ar t í culo 78 del
Decr et o 1213 de 1990, en ar m oní a con el ar t í culo 104 del m ism o
Decr et o.
Sur ge com o consecuencia del aná lis i s en pr ecedencia que las
nor m as acusadas y que ahor a son obj et o de anál is is quebr a nt ar on
ent onces lo dispuest o en la Ley 923 de 2004, dent r o de cuyo m ar co
deber í an haber sido expedidas, lo cua l a car r ea com o consecuencia
que t am bién se que br ant ó el ar t í culo 150 num er al 19 lit er a l e) de la
Const it ución Po lí t ica y, por consi guient e se encuent r an vicia das de
nuli dad.
[ …]
En est e cont ext o y de conf or m idad con lo expuest o pr osper a la
nuli dad de los ar t í culos 24 y 25 en lo acusado.
[ …] »
De igual forma, frente al tema que nos ocupa, en sentencia del 12
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de noviembre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
con radicado 05001233100020100013901 (2283 -2012), Magistrado
Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren manifestó:
«[ …]
El ant er ior panor am a j ur ispr udencial l lev a a colegir que act ualm ent e
sobr e el ar tí culo 24 del Decr et o 4433 de 2004 pesan dos sentencias
de nuli dad pr of er ida s por est a Cor por ación, com o son la ya i ndicada
dent r o del pr oceso 1238 - 07 29 que sacó del or denam ient o j urí dico el
apar t e en m ención y la sent encia de 21 de m ayo de 2014, prof er ida
dent r o del pr oceso r adicado con el núm er o int er no 1979 -12, con
ponencia d e quien se ocupa de est a pr ovidenci a y en la que se
declar ó la nu lida d del par ágr af o 1º .
I gualm ent e, en t or no al t em a de la nulid ad dispuso:
«Ahor a bien, est a C or por ación en r eit er adas ocasiones ha s eñalad o
que la inst it uc ión de la nu lid ad, com o m áxim a sanci ón a la valid ez
o legal idad de det er m inadas act uaciones, t iene ef ect os
r et r oact ivos, hacia el pasado o ex t unc, lo que lleva a ent end er que
el act o desapar ece del m undo j ur í dico desde su or igen. La t esis
ant er ior ar m oniza c on la pos ici ón que l a Sala Ple na t iene s obr e el
par t icular , ya que par a la m ism a “ …la declar ación de nul idad obli ga
a r est ablecer las cosas al est ado en que se encont r aban cuando se
r ealizó el act o nulo , es decir , se t iene com o si ést e no hubier a
exist ido ” . 30
Lo ant er ior im pl ica que por r egla ge ner al las co nsecue ncias
j ur í dicas del t ipo de ef ect o que pr oduce la decl ar at or ia de n ulid ad
de un act o adm inist r at ivo son las de volver la sit uaci ón al est ado
en que se encont r aba ant es de haber se pr of er ido el act o anulado 31.
De est a m aner a, la declar at or ia de nu li dad del act o adm in i st r at ivo
r et r ot r ae la sit uación j ur í dica a la que exi st í a ant es de la expedició n
del act o anu lado, r e gla que par a nuest r o caso l leva a co leg i r que la
declar at or ia de nulid ad ef ect uada sobr e el apar t e m encionado 32 y el
par ágr af o 1º del ar t ículo 24 del Decr et o 4433 de 2004, incid e sobr e
29 S e n t e n c i a
de 28 de febrero de 2013, con ponencia de la Consejera Doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, dentro del proceso radicado con el N.I. 1238 -
07.
Plena de lo Contencioso Administrativo – Sala Especial Transitoria de
30 S a l a
Decisión 2B. Sentencia del 14 de marzo de 2006. Expediente:
110010315000200007704-01 (S-704). Actor: Guillermo Guerrero Gutiérrez.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá.
31Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sent encia de 16 de
marzo de 2006, referencia 76001-23-31-000-2001-01858-013985-05 (C.P.
Tarsicio Cáceres Toro).
32« s e a n
retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento
a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o p or
voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según
corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma
absoluta con más de veinte (20) años de servicio».
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la r esoluc ión del cas o.
[ …] »
Al respecto se con cluye que la Ley 923 de 2004, estableció como
regla general que la asignación de retiro para los miembros de la
Fuerza Pública se reconocería mínimo a partir de los 18 años de
servicio, sin que se pudiese exigir más de 25; no ocurre lo mismo
para aquellos suboficiales o agentes de la institución que se
encontraban act ivos a la fecha de entrar en vigencia la norma 33,
puesto que para estos últimos se determinó que en caso de que el
retiro se diera po r solicitud propia, la asignación de retiro se
reconocería con el tiempo de servicios previsto en las
disposiciones vige nte s, mientras que si el retiro se daba por
cualquiera otra causal, se podía fijar como requisito un mínimo de
15 años.
Por tal motivo, es plausible concluir que la situación pensional del
demandante no se encuentra regulada por lo dispuesto en el
Decreto 4433 de 2004, de manera que se hace necesario definir el
régimen a seguir.
Lo primero, será descartar las normas inapli cables, como lo son el
Decreto Reglamentario 1029 de 1994 en lo que respecta al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional ; las que fueron expulsadas del
ordenamiento jurídico mediante decisión judicial, como sucedió con
el artículo 51 del Decreto Reglamentari o 1091 de 1995 y con el
Decreto Ley 2070 de 2003; tampoco es posible aplicar el Decreto
1858 de 2012 , pues supondría conceder efectos retroactivos sin
fundamento, y este fue expedido el 6 de septiembre de 2012, es
decir, después del retiro del servicio act ivo del demandante, es
decir, esa disposición no se había expedido y, adicionalmente en
caso de aplicar este último, se desconocería que el régimen de
transición garantizaba la expectativa para que la sit uación de
33 L a
Ley 923 entró en vigencia el 30 de diciembr e de 2004 por la publicación
hecha en el Diario Oficial No.45.777 de esa misma fecha.
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quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional
como el demandante, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de
1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio p ara acceder
a la asignación de retiro .
Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del
accionante el 2 de agosto de 2011, no existía una norma que
regulara la asignación de retiro que le fuera aplicable y que
cumpliera con lo previsto en el artículo 3.° de la Ley 923 de 2004,
específicamente con lo señalado en el numeral 3.1 según el cual,
los requisitos para acceder a la prestación social no podían ser
mayores a los consagrados en las normas que regían la situación
de estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 2004).
Así, la consecuencia lógica es a plicar las normas que sí
mantuvieron su vigencia con ocasión de esta situación, esto es, el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que regula el rango más
cercano a los policías del nivel ejecutivo y que no fue derogada por
el Decreto 1791 de 2000, tal como lo determinó en el artículo 95
que dejó vigente las disposiciones sobre prestaciones sociales
previstas en el títu lo «iv» del mentado decreto, dentro de las que
se encuentran las relacionadas con la asignación de retiro .
Se aclara que, según los artículos 12 del Decreto ley 132 de 1995
y 9 del Decreto ley 1791 de 2000, el grado de intendente, que tenía
el actor al momento del retiro, era equivalente al de sargento
segundo dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la
Policía Nacional. Por lo anotado, se tiene que la norma que
corresponde analizar es el Decreto 1 212 de 1990, «Por el cual se
reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional»
De acuerdo a la hoja de servicios rela cionada ut supra , durante su
permanencia en la Policía Nacional e l demandante se desempeñó
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como alumno y posteriormente como intendente –IT–, y fue retirado
a partir del 2 de agosto de 2011 por lo que es posible colegir que
el demandante se encontraba activo a la fecha de entrar en
vigencia la Ley 9 23 de 2004, en tanto estaba amparado por el
mencionado régimen de transición , por lo tanto, no se le podía
exigir un tiempo superior a los 15 años para poder acceder al
reconocimiento de la asignación de retiro siendo así beneficiario
de esta.
Cabe aclarar que, el señor Anaya Martínez fue ret irado por
destitución, causal que si bien no es de aquellas descritas
expresamente en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ese
vacío no es óbice pa ra negar el derecho, puesto que el Consejo de
Estado ha precisado que la destitución o la separación absoluta
pueden ser enmarcadas dentro de la causal de mala conducta.
Acerca de este aspecto, esta Sección, en sentencia de 14 de
septiembre de 2017 34, concluyó:
«[ …] Par a la Subsección es clar o que la causa l de r et ir o
«separ ación abso lut a» que se conf igur ó en est e caso, e incluso la
de «dest it ución» con sagr ada en la ant er ior hoj a de ser vicios del 16
de sept iem br e de 2 003, se aj ust an a la causal de «m a la co nduct a
com pr obada» que p r evé el ar t í culo 104 del Decr et o 1213 de 1990
par a el r econocim ie nt o de la asignació n de r et ir o. En ef ect o, t al
com o lo advier t e el r ecur r ent e, lo que det er m ina que el m otivo d e
r et ir o del dem andan t e no se aj ust e en apar ienci a a nin guna de las
causales que pr evé el ar t í culo 104 del Decr et o 1213 de 1 990 ha
sido l a const ant e ev oluci ón de l r égim en discip li nar io d e la P olicí a
Nacion al que ha apar ej ado m odif icacion es en la t erm inologí a y las
f igur as cont em plada s en el m ism o.
[ …]
Por su par t e, la evoluci ón de la f igur a de la sep ar ación a b solut a
en el r égim en de la Pol icí a Naciona l est ar í a dada por lo dispuest o
en el ar t í culo 87 del Decr et o 41 de 199429, post er ior m ent e
der ogado por el D ecr et o 1791 de 2000 que en su ar t í culo 66
34Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, radicado: 76001 -23-31-000-2006-02942-01 (2201-
2007).
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dispuso: «El per s onal que sea condenado por sent encia
ej ecut or iada a la pena pr incipa l de pr isión o ar r est o, por la Just icia
Penal M i lit ar o por l a O r dinar ia, por del i t os dolosos, ser á se par ado
en f or m a absolut a de la Po licí a N acio nal y no podr á vo l ver a
per t enece r a la m ism a».
Tales m ot ivos hace n pr eciso ent ender que cuando e l ar t í culo 104
del Decr et o 1213 d e 1990 pr evé la «m ala conduct a com pr obada »
com o una de las causales de la asigna ción de r et ir o, el verdader o
supuest o que cont em pla la nor m a par a hacer se a d icha pr est ación
económ ica es la ver if icaci ón de una f alt a discip linar ia sanci onable
con el r et ir o del se r vicio, com o lo es l a sanción de d est it ució n
pr evist a en el act ua l r égim en disc ipl inar i o de la P ol icí a Nac i onal o
la de separ ación absolut a en los casos en que dicha f alt a
discip li nar ia co nst it u ye t am bién un de l it o j udicia lm ent e sanci onado
con la im posic ión de una pena pr incipa l de pr isión o ar r est o.
En concl usi ón, l os concept os de ret i ro por «separaci ón
absol ut a» y «dest i t uci ón» previ st os en l as di spos ici ones
di sci pl i nari as de la Pol i cí a Naci onal son equi parabl es a l a
causal de «mal a co nduct a comprobad a» cont enida en e l a r t í culo
104 del Decr et o 1213 de 1990, ello en vir t ud de la evoluci ón
nor m at iva que ha t enido t al r égim en. ». ( Dest aca la Sal a) .
Al respecto, la Sa la aclara que si b ien tal criterio fue expuesto
respecto de los artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de
1990, dicho análisis también resulta atendible en el caso del
personal regido por el artículo 14 4 del Decreto 1212 de ese año,
habida cuenta de que este comparte el mismo vacío normativo que
aquellos (en cuanto no previeron la mentada causal de retiro), y
que el concepto de destitución consagrado en el artículo 61 del
Decreto 1791 de 2000 resulta apli cable a todo el personal
uniformado de la Policía Nacional, sin excepción.
Por lo anterior y en virtud al principio de legalidad, al quedar
verificado que el demandante fue retirado del servicio con
posterioridad a la expedición de la Ley 923 de 2004, pero estando
demostrado que se encontraba activo con anterioridad a la
expedición de esa norma, se debe realizar el reconocimiento,
liquidación y pago de su asignación de retiro de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 1 44 Decreto 121 2 de 1990, reco nociendo
el 50% de la prestación, lo anterior en el entendido que el
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demandante cumple con el requisit o de estar vinculado con la
institución por un término de 15 años.
Por todo lo anteriormente expuesto, las pretensiones de la
demanda están llamadas a pr osperar, pues como se explicó en el
momento en que el señor Enaldo Miguel Anaya Martínez fue
retirado del servicio, contaba con más de 15 años de actividad en
la Policía Nacional y , por lo tanto , tenía el tiempo necesario para
tener derecho a que se le liq uidara su asignación de retiro de
acuerdo a lo establecido en las normas vigentes para la época de
los hechos, esto es, el Decreto 121 2 de 1990 y la Ley 923 de 2004 .
Por lo anterior, se deberá revocar el fallo de primera instancia y,
en su lugar, se anulará el acto administrativo acusado y se
ordenará como restablecimiento del derecho , reconocer la
asignación de retiro de conformidad con el artículo 1 44 d el Decreto
1212 de 1990 .
Teniendo en cuenta que el accionante fue retirado del servicio el 2
de agosto de 2011, presentó reclamación administrativa el 25 de
julio de 2013 –con lo cual interrumpió por una sola vez el término
prescriptivo –, y posteriormente, el 11 de julio de 2016 35 presentó la
demanda ante esta jurisdicción, se observa que no opera el
fenómeno prescriptivo.
Las mesadas causadas, deberá n actualizarse con fundamento el
inciso 4º del artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y deberán
indexarse conforme a la siguiente formula:
R = Rh X Índice fin al
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor
histórico (Rh), qu e corresponde a la suma adeudada, por el
35 F o l i o 78.
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guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor, vigente a la fecha de ejecución de la presente
sentencia certific a do por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DA NE), por el índice inicial vigente para la fecha
en que debió realizarse el pago correspondiente.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula se aplicará
separadamente mes por mes.
5. De la condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 36, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso 37 y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericia l, los honorarios de auxiliares de la justicia
como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en
caso de apelación.
Conforme a las anteriores reglas y de conformidad con lo previsto
en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso,
se condenará en costas a la parte d emandada toda vez que esta
instancia revocar á totalmente la del inferior.
En mérito de lo e xpuesto, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, administrando justicia en no mbre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
36 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
37 A r t í c u l o 171 numeral 4 en concordancia con el artículo 178, ibidem .
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001233300020160195001 (2879-2020)
Demandante: ENALDO MIGUEL ANAYA MARTÍNEZ
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que negó las
pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor
ENALDO MIGUEL AMAYA MARTÍNEZ contra la NACIÓN - CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR–, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del Oficio 1956 GAG - SPD de 5
de octubre de 2013, suscrito por el Director General la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual le fue
negado al actor el derecho al reconocimiento y pago de una
asignación de retiro .
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CAJA DE SUELDOS
DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR–, que reconozca,
liquide y pague al señor ENALDO MIGUEL AMAYA MARTÍNEZ ,
identificado con la cédula de ciudadanía 78.027.917 su asignación
de retiro , en cuantía equivalente al 50% del monto de las partidas
de que trata el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, por los 15
primeros años de servicio, a part ir del 2 de agosto de 2011 , valores
que deberán ser actualizar de conformidad con el artículo 187 de la
Ley 1437 del 2011 , y se aplicará la formula indicada en la parte
motiva de esta providencia , así como los reajustes de ley sobre el
monto de lo r econocido y ordenando, además la correspondiente
inclusión en nómina de pensionados.
CUARTO. Condenar en costas a la parte demandada, por lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001233300020160195001 (2879-2020)
Demandante: ENALDO MIGUEL ANAYA MARTÍNEZ
QUINTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el 31 de marzo de dos mil veintidós (2 022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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