Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01022-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 18 de septiembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01022-01
Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Nulidad y restablecimiento
del derecho | Defecto sustantivo| Desconocimiento del precedente | Ampara.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias por medio de las cuales las
autoridades judiciales demandadas negaron el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro.
De conformidad con el Auto de 18 de julio de 20231 y la competencia
asignada2, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la Sentencia de 18 de mayo de 2023, mediante la cual
la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado3.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 24 de febrero de 2023, Héctor Fredy Pérez Bolívar, por intermedio
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 22
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y seguridad
social, así como de los principios a la seguridad jurídica y prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, con ocasión de las Sentencias de 31 de
mayo de 2019 y 24 de octubre de 2022 que, respectivamente, profirieron
1 Por medio del cual, el Magistrado Fredy Ibarra Martínez ordenó enviar el expediente de la referencia a este
despacho, “en la medida que el proyecto de fallo presentado (…) fue derrotado por la posición mayoritaria en
Sala del 11 de julio de 2023”. Es preciso señalar que el mismo ingresó a este despacho el 26 de julio de 2023, tal
como consta en el Sistema Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
3 Puntalmente resolvió (se trascribe): “1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01022-01
Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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las autoridades judiciales demandadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-022-2018-00480-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Que se le TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad16 , en concordancia
con los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, así a
los principios a la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal17 , al ciudadano HÉCTOR FREDY PÉREZ BOLÍVAR, el cual
considera vulnerado por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, providencia Nro. 104 de fecha 24 de octubre de 2022,
Magistrado Ponente: ALVARO CRUZ RIAÑO y del Juzgado Veintidós (22)
Administrativo Oral de Medellín, Doctor GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO por
la sentencia Nro. 041 de fecha 31 de mayo del año 2019, los cuales
desconociendo el precedente jurisprudencial le niegan la asignación mensual
de retiro no obstante haber laborado en la Policía Nacional por más de 16
años, siendo evidente que el señor Magistrado y el Juez de primera instancia
(…) no consultaron los más recientes pronunciamientos del Honorable Consejo
de Estado al respecto sin causa justificada y desconociendo el derecho de un
grupo minoritario de uniformados que tienen derechos consolidados.
SEGUNDO: Que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia proferida
por el Juez Veintidós Administrativo Oral de Medellín, Doctor GERARDO
HERNÁNDEZ QUINTERO el día 31 de mayo de 2019, al igual que la Sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, donde figuró como Magistrado Ponente el Doctor
ALVARO CRUZ RIAÑO dentro del proceso Radicado No. 05001 33 33 022 2018
00480 00 impetrado por HÉCTOR FREDY PÉREZ BOLÍVAR y donde fue
demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.
TERCERO: Que se profiera decisión sustitutiva o se ordene a dichas autoridades
judiciales realizarlo, revocando las decisiones emitidas por el Doctor GERARDO
HERNÁNDEZ QUINTERO, Juez Veintidós Administrativo Oral de Medellín el día 31
de mayo de 2019, y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Oralidad, conformada por los señores Magistrados ALVARO CRUZ RIAÑO,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ y JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ el día 24 de
octubre de 2022, proferidas dentro del proceso medio de Control Nulidad y
restablecimiento del Derecho Radicado No. 05001 33 33 022 2018 00480 00.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) El 17 de febrero de 1997, Héctor Fredy Pérez Bolívar ingresó a la
Policía Nacional y, el 6 de noviembre de 20134, fue retirado del servicio
activo como patrullero por la causal de destitución. En total trabajó 16
años, 7 meses y 7 días.
5. 2) El 29 de agosto de 2018, el señor Pérez Bolívar solicitó el
reconocimiento de la asignación de retiro. Solicitud que fue negada por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR a través del
4 Mediante la Resolución No. 4305, notificada el 14 de noviembre de 2013.
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Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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Oficio No. E-00003-201800427-CASUR de 18 de enero de 2018, confirmado
mediante el Oficio No. E-00003-201820970 de 9 de octubre de 2018, (se
trascribe) “por no cumplir los requisitos del Decreto 1858 de 2012 y por
haber sido retirado por la causal de destitución”.
6. 3) Por lo anterior, el señor Pérez Bolívar presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para obtener la nulidad de los aludidos actos administrativos y, en
consecuencia, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
7. 4) Mediante Sentencia de 31 de mayo de 2019, el Juzgado 22
Administrativo de Medellín negó las pretensiones, al determinar que el
demandante, al momento de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de
2004, no contaba con el término de 15 años de servicio como requisito del
régimen de transición allí establecido, en concordancia con la Ley 923 de
2004. De manera que, no alcanzó el tiempo de 20 años previsto en el
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004.
8. 5) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, quien
manifestó que el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 había sido
declarado nulo por el Consejo de Estado, y que, al no existir un régimen
pensional vigente para el momento de su retiro, debía aplicarse el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990.
9. 6) En Sentencia de 24 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia confirmó la decisión apelada, pero por razones diferentes.
Consideró que, como el actor hacía parte del grupo de nivel ejecutivo de
la Policía Nacional, vinculado por incorporación directa con anterioridad a
la Ley 923 de 2004, era beneficiario de la protección contemplada en el
inciso 2 del numeral 3.1 del artículo 3 de esa ley. Sin embargo, destacó que
como la norma mencionada era incompleta, era necesaria una
integración normativa con los Decretos 1212 y 1213 de 19905. Pese a lo
anterior, indicó que el Decreto 754 de 2019 cubría el supuesto de hecho
del demandante, en cuyo artículo 1 exigía mínimo 20 años de servicio,
para el reconocimiento de la asignación de retiro cuando la causa de este
era la destitución derivada de fallos disciplinarios, tiempo con el que no
contaba el accionante.
10. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la
configuración de un defecto sustantivo porque el Juzgado demandado
desconoció que el parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante el Sentencia 1074 de
5 “De acuerdo con tales decretos no puede exigirse un tiempo de servicio superior a 20 años cuando el retiro se
produce por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro deviene de cualquier otra causal.”
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Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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2012, y porque el tribunal demandado aplicó, de manera retrospectiva, el
Decreto 754 de 2019 que entró en rigor después de su retiro.
11. Igualmente, invocó un desconocimiento del precedente del Consejo
de Estado, como las Sentencias de 20 de enero de 2022, Rad. 05001-23-33-
000-2016-02750-01 y 24 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-
07125-01, que establecieron que en los casos de miembros del nivel
ejecutivo incorporados directamente antes de la entrada en vigor de la
Ley 923 de 2004 -31 de diciembre de 2004-, se debía dar aplicación al
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la
asignación de retiro y, por tanto, a ese personal no se les podría exigir para
tener derecho a la asignación mensual de retiro, un tiempo superior a los
20 años ni inferior a 15.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
12. Mediante Sentencia de 18 de mayo de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Evidenció que, en las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, era consistente
la tesis sobre la aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 para
los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporados
directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004,
incluso aquellos retirados por separación absoluta o destitución6.
13. Sin embargo, a partir de la Sentencia de 21 de enero de 20217, la
Subsección A de la Sección Segunda cambió su postura, en el sentido de
que, en los eventos de separación absoluta o destitución, debía aplicarse
el Decreto 754 de 2019 y no el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Así,
quien se encontraba en dicho supuesto debía acreditar 20 años de servicio
para obtener la asignación de retiro.
14. En esa medida, concluyó que no existía un precedente consolidado
y, como el 24 de octubre de 2022, fecha en la cual se profirió la sentencia
de segunda instancia controvertida, existían 2 posturas diferentes sobre la
materia, fue razonable que el tribunal demandado optara por acoger
alguna, a saber, la relativa a la aplicación del Decreto 754 de 2019. De
manera que no incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente.
15. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó
que se revocara la sentencia de primera instancia. Insistió en la vulneración
6 “(…) la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación había entendido que la destitución o la
separación absoluta debía enmarcarse dentro de la causal de mala conducta, bajo la cual el policía tenía
derecho a gozar de la asignación de retiro si acreditaba 15 años de servicio”.
7 Rad. 63001-23-33-000-2017-00469-01. En el mismo sentido, citó la Sentencia de tutela de 27 de octubre de 2022,
Rad. 11001-03-15-000-2022-04688-00.
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Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales
demandadas y en el desconocimiento del precedente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado con la aplicación de una norma - Decreto
754 de 2019 - posterior a su retiro - noviembre de 2013-, para lo cual reiteró
las Sentencias de 20 de enero de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 05001-23-33-000-2016-02750-
01 (0627-2021) y de 24 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-
07125-01 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
sobre la aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 frente al
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
16. Señaló que se le trasgredió su derecho a la igualdad, ya que en otros
casos parecidos se reconoció la asignación de retiro. Además, que el juez
de tutela de primera instancia pasó por alto que cuando existen 2
precedentes sobre el mismo tema, debe acogerse el más favorable.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
derechos. 2.3. Fijación de la controversia.2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia de 24 de octubre de 2022, puesto que, pese a que también se
enjuició la decisión del Juzgado 22 Administrativo de Medellín de 31 de
mayo de 2019, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la
decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no puede
pasarse por alto que, ante una eventual decisión favorable a las súplicas
de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda
instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.2. Identificación de derechos
18. Pese a que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos y principios constitucionales, esta Sala detendrá su
estudio en el derecho al debido proceso, comoquiera que la presunta
vulneración de las garantías constitucionales se produjo en el marco de
una actuación judicial y, en tal sentido, cobra relevancia estudiar si fue
lesionado este derecho durante el desarrollo del trámite judicial ordinario.
Asimismo, la presunta vulneración de los demás derechos invocados fue
presentada como consecuencia misma de la afrenta al derecho al debido
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proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este
derecho, existiría razón suficiente para conceder el amparo.
2.3. Fijación de la controversia
19. Establecer, una vez superados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, como juez de segunda instancia,
incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el Decreto 754 de 2019 y/o en
desconocimiento del precedente, al no observar las Sentencias de 20 de
enero de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2016-02750-01 y 24 de febrero de 2022,
Rad. 11001-03-15-000-2021-07125-01 del Consejo de Estado, sobre la
aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 al accionante, como
miembro de la Policía del nivel ejecutivo incorporado directamente antes
de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 y retirado por destitución,
para el reconocimiento de su asignación de retiro. Como consecuencia
de lo anterior, se procederá a confirmar, revocar o modificar la sentencia
impugnada.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
20. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque: (1) No existe recurso idóneo
y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos que considera
vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de
la providencia enjuiciada (26/10/229) y la de interposición de la presente
acción de tutela (24/2/23). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con una sentencia proferida en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. (4) Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Además, tal y como lo sostuvo el juez de
tutela de primera instancia, (5) la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos
fundamentales con ocasión de una providencia judicial cuyo debate
central gira entorno a la norma aplicable frente a la asignación de retiro.
Aunado a ello, se precisa que no se trata de una reiteración de
argumentos, ya que sólo hasta la sentencia de segunda instancia surgió la
tesis sobre la aplicación del Decreto 754 de 2019.
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
9 Al consultar el proceso No. 05001-33-33-022-2018-00480-01en la página web de la Rama Judicial, se constató
que el mensaje de datos se envió el 24 de octubre de 2022.
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2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales
21. La Sala revocará la sentencia de tutela de primera instancia y, en su
lugar, accederá al amparo solicitado, por las siguientes razones:
22. La parte actora señaló que la providencia atacada incurrió en un
defecto sustantivo por haber negado las pretensiones de reconocimiento y
pago de una asignación de retiro con fundamento en el Decreto 754 de
201910, norma que, según indicó, no le era aplicable porque no había
nacido a la vida jurídica al momento de su retiro por destitución.
23. En esa medida, logra advertirse que la controversia gira en torno a
establecer cuál era la norma aplicable para determinar el requisito de
tiempo de servicios exigible para el reconocimiento de una asignación de
retiro a favor de Héctor Fredy Pérez Bolívar, cuando su retiro del servicio por
destitución se produjo el 6 de noviembre de 2013.
24. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sentencia
de 24 de octubre de 2022 aquí enjuiciada, dispuso que, como para esa
fecha, existía el Decreto 754 de 2019, debía aplicarlo, tal y como lo hizo en
un caso anterior11. Inclusive, hizo alusión a una sentencia de tutela del
Consejo de Estado para referirse a la procedencia de los efectos
retrospectivos del aludido decreto12, para concluir que (se trascribe):
“debe aplicarse el Decreto 754 de 2019 por las siguientes razones: (i) porque
fue expedido con el fin de reglamentar la Ley 923 de 2004, como Ley marco
vigente para la fecha de desvinculación del demandante y que, en tal
sentido, dispuso los elementos mínimos para el reconocimiento de su
asignación de retiro; (ii) porque con el decreto no se desconoce el análisis
realizado por el Consejo de Estado en cuanto al límite material establecido
para acceder al derecho de asignación de retiro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional que se encontraba en servicio activo al 31 de diciembre de
2004; (iii) porque este decreto fue proferido precisamente para suplir el vacío
10 Decreto 754 de 2019, artículo 1 (se trascribe): “Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o
más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en
que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de servicio, un cuatro por
ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19) años, y un nueve
por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%)
por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de
tales partidas”.
11 Sentencia de 18 de marzo de 2021, Rad. 05001-33-33-003-2015-00098-01.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 20 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04658-01. “De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no incurrió en los referidos defectos, puesto que el Decreto 754 de 2019 fijó, de forma retrospectiva, el
régimen de asignación de retiro del personal de nivel ejecutivo de la Policía Nacional que hubiese ingresado
hasta el 31 de diciembre de 2004. En ese sentido, dado que el señor Titistar Rosero ingresó a dicho nivel el 17 de
febrero de 1997 le resulta aplicable el régimen previsto en dicha norma.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01022-01
Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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de regulación ocasionado a partir de la nulidad del artículo 2º del Decreto
1858 de 2012; (iv) porque en él se regula de manera puntual la situación
particular del señor PÉREZ BOLÍVAR, como es el hecho de estar ante un
personal del nivel ejecutivo de la Policía nacional con incorporación directa
anterior al 31 de diciembre de 2004; (v) porque se está ante una situación que
no se ha perfeccionado y que, por el contrario, su discusión sigue en curso; (vi)
porque se trata de una norma vigente a la fecha de la presente sentencia,
que deroga todas las normas anteriores que le sean contrarias; y (vii) porque a
través de su aplicación se da prevalencia al principio constitucional de
igualdad y se garantiza en mejor medida el derecho a la seguridad social.”
25. Estudiados los anteriores argumentos de cara a los reparos
planteados por la parte actora, la Sala constató que el Decreto 754 de
2019 entró a regir a partir de la fecha de su publicación, a saber, el 30 de
abril de 201913.
26. En ese orden, no puede obviarse que, tanto la fecha de destitución
del señor Pérez Bolívar (6/11/2013) como la de la reclamación que
presentó a CASUR para obtener el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro (29/8/2018), fueron anteriores a la entrada en vigencia
del mencionado decreto.
27. Así las cosas, la norma aplicable antes de la nulidad con efectos ex
tunc del artículo 2 del Decreto 1858 de 201214, declarada a través de la
Sentencia de 3 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-25-000-2013-00543-
00, era el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
28. Cabe precisar que, aunque el juez de tutela de primera instancia
encontró justificada la decisión enjuiciada, bajo el argumento de que, a
partir de la Sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 63001-23-33-000-2017-
00469-01, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
modificó su postura y optó por la aplicación del Decreto 754 de 2019, y el
tribunal demandado, por su parte, acogió dicha postura, lo cierto es que,
después de la mencionada fecha y antes de la Sentencia de 24 de
octubre de 2022, dicha subsección decidió aplicar el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 para reconocer la asignación de retiro a miembros
de la Policía Nacional del nivel ejecutivo que fueron incorporados de
manera directa con anterioridad a la Ley 923 de 2004, como el señor Pérez
Bolívar, en virtud de la transición dispuesta en el artículo 3 de dicha ley15.
13 Ver artículo 2 del Decreto 754 de 2019.
14 “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional”.
15 En decisiones como, por ejemplo, las Sentencias de 27 de mayo de 2021, Rad. 18001-23-33-000-2017-00317-01
(2458-19), 20 de enero de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2016-02750-01 (invocada por la parte actora) y 31 de marzo
de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2016-01950-01, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
sostuvo (se trascribe) “el demandante por ser miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha
normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo
de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años por ser retirado por causal
diferente a la voluntad propia), al ser esa la norma que rige su situación pensional y demostrar que cumplió el
tiempo de servicios que lo hace acreedor de la prestación reclamada.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01022-01
Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
______________________________________________________________________________________________________________
29. En esa medida, se evidencia que, la aplicación del Decreto 1212 de
1990 fue nuevamente avalada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, y que, contrario a lo resuelto por el juez de tutela
de primera instancia, la providencia cuestionada no justificó de manera
suficiente las razones para aplicar el Decreto 754 de 2019, máxime cuando
esta se expidió con posterioridad al retiro del servicio del accionante, ni
para apartarse de los antecedentes jurisprudenciales aludidos, lo cual
conlleva a la configuración del defecto sustantivo invocado y a la
vulneración del derecho a la igualdad.
30. Para la Sala bastan las anteriores consideraciones para tener como
probada la existencia del defecto sustantivo en la providencia judicial
cuestionada y constituye razón suficiente para relevarse del estudio del
desconocimiento del precedente, comoquiera que la sola demostración
de uno de ellos es suficiente para predicar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. De manera que, como en
casos anteriores con similares supuestos fácticos a los del presente16, se
accederá a la solicitud de amparo.
2.6. Conclusión
31. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo
de tutela de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar,
amparará el derecho al debido proceso de Héctor Fredy Pérez Bolívar por
encontrar configurado el defecto sustantivo. En consecuencia, se dejará
sin efectos la providencia enjuiciada y ordenará al Tribunal Administrativo
de Antioquia que profiera una decisión de reemplazo, de conformidad
con las consideraciones aquí expuestas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 18 de mayo de 2023 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la presente acción de
tutela y, en su lugar, AMPARAR los derechos al debido proceso e igualdad
de Héctor Fredy Pérez Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-
2022-01872 y Sentencia de 13 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-06199-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01022-01
Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
______________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 24 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 05001-33-33-022-2018-00480-
01, y ORDENAR a dicha autoridad que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera la decisión de remplazo, de
conformidad con las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello17.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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