Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02184-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02184-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02184-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de junio de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02184-00
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., seis (6) de junio dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-00
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. Presunta violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad. Ausencia de los defectos
invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Manuel Henry Monsalve Henao
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y El Juzgado Veintitrés Administrativo
del Circuito de Medellín.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Manuel Henry Monsalve Henao, quien actúa por intermedio de apoderado,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, y a los principios de
la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos las sentencias del
18 de marzo de 2022 y 26 de febrero de 2024, proferidas por el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 05001 33 33 023 2021 00044 00 [01] y, en su lugar, que se ordene proferir
una nueva providencia.
1.1.2. Los hechos
La parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Laboró por más de 15 años al servicio de la Policía Nacional y a través de la
Resolución 01581 de fecha 12 de junio de 2020, fue retirado del servicio en el grado
de patrullero, por separación absoluta, razón por la cual el día 16 de julio 2020, elevó
derecho de petición a la Caja de Retiro de la Policía Nacional1, para el reconocimiento
de la asignación mensual de retiro, dicha petición no fue respondida y se constituyó en
un acto ficto negativo.
ii) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho encaminada a que se
declarara la nulidad del acto ficto negativo y se reconociera la asignación mensual de
retiro, proceso que fue de conocimiento en primera instancia del Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín, el cual profirió sentencia el 18 de marzo de
2022, en la que negó las pretensiones de la demanda.
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En adelante, Casur
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
iii) El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones
de la demanda con fundamento en que para el momento del retiro del señor Manuel
Henry Monsalve Henao, la norma vigente y aplicable para el caso es el Decreto 754
de 2019.
iv) El 26 de febrero de 2024, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de primera instancia, dado que el Decreto 754 de 2019 era el
vigente para la fecha de retiro y, además, porque no acreditó los requisitos exigidos
por dicha norma para poder percibir la asignación de retiro, pues debía haber laborado
durante 20 años y solo acreditó 16 años, 11 meses y 2 días.
v) Las dos autoridades judiciales, profirieron sus decisiones amparadas en la sentencia
del 21 de enero de 2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
bajo el radicado 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019), con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de la accionante, los fallos del 18 de marzo de 2022 y 26 de febrero de 2024,
proferidas por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, incurrieron en defecto material o
sustantivo y en desconocimiento del precedente jurisprudencial, en atención a las
siguientes circunstancias:
i) Existe una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión adoptada por
el juez, toda vez que acepta lo establecido en el artículo 3, numeral 3.1 de la Ley 923
de 2004, el cual señala que al personal que se encontrara activo al entrar en vigencia,
no se le podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de su expedición, pero asegura que conforme a lo manifestado
por el Consejo de Estado, el Decreto 754 de 2019 tiene efectos retrospectivos y es la
norma que debe aplicarse en el caso concreto.
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
ii) Se desconoce el precedente jurisprudencial emitido por el Consejo de Estado, (i) en
la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección
A, bajo el radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01 y con ponencia del magistrado
William Hernández Gómez, en la cual, al fallar un caso parecido, manifestó que la
norma aplicable era el artículo 144 del Decreto 1213 de 1990, y (ii) en la sentencia de
tutela del 18 de septiembre del 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-01022-01.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 10 de mayo de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó (i) notificar como demandados
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, y
al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín; (ii) notificar como tercero con
interés en las resultas de este proceso a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, quien fungió como demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; (iii) requerir al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de
Medellín, para que envíe, con destino a este despacho, copia digital del expediente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 05001 3333 023 2021 00044 00 [01], que dio origen al presente trámite
constitucional; (iv) reconocer personería jurídica para actuar al abogado, señor José
Wilmer Yusti Acosta; y (v) remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada
y al tercero interesado, para que procedan a ejercer su derecho de defensa, si a bien
lo tienen, y rindan el respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente providencia.
1.2.2. El 20 de mayo de 2024, el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín
remitió de forma digital el expediente requerido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
El juez Juan David Gonzales Giraldo, solicitó que se declare improcedente el presente
medio de amparo constitucional, por no cumplir con las causales genéricas de
procedencia, en atención a que no se configura el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues la sentencia que se alega como desconocida es proferida en sede
de tutela, por lo tanto, produce efectos inter partes y no puede ser considerada un
pronunciamiento judicial de obligatorio cumplimiento, además, señaló que la acción de
tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revaluar aspectos debatidos
en un proceso declarativo.
1.3.2. Ministerio de Defensa, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -
Casur
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Claudia Cecilia Chauta Rodríguez, solicitó en
primer lugar, declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados, toda vez que el Juzgado
y el Tribunal, coincidieron al determinar que la causal de retiro fue la separación
absoluta, por una sentencia penal condenatoria, causal que exige 20 años de servicio
para acceder a la asignación y, en el caso objeto de estudio, el accionante solo acreditó
16 años, 11 meses y 2 días de servicio, y en segundo lugar, desvincular a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, toda vez que la tutela fue interpuesta en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, y del Juzgado
23 Administrativo del Circuito de Medellín.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.
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2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir las providencias del 18 de marzo de 2022
y 26 de febrero de 2024, proferidas por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de las referidas
providencias se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la igualdad, y a los principios de la seguridad jurídica
y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales, el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
2.4.1. El señor Manuel Henry Monsalve Henao, ingresó como alumno del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional el 1.° de noviembre de 2002 hasta el 31 de marzo de
2003.
2.4.2. El 1.° de abril de 2003, ingresó de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, posteriormente, el 10 de julio de 2019 fue suspendido del servicio y,
finalmente, el 30 de junio de 2020, fue separado definitivamente de la institución. En
suma, obtuvo como tiempo de servicio 16 años, 11 meses y 2 días.
2.4.3 El 16 de julio de 2020, elevó derecho de petición a la Caja de Retiro de la Policía
Nacional4, para el reconocimiento de la asignación mensual de retiro, pero dicha
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institución no respondió y, en consecuencia, tal silencio se materializó en un acto ficto
negativo.
2.4.4. El 5 de febrero de 2021, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, con el objetivo de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo y se
reconociera la asignación mensual de retiro.
2.4.5. El 18 de marzo de 2022, el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de
Medellín profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que la norma vigente y aplicable para el caso era el Decreto 754 de
2019, decisión que fue recurrida.
2.4.6. El 26 de febrero de 2024, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de primera instancia.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Estudio de procedibilidad de la acción
En el presente caso, i) se agotaron los medios de defensa judicial, como quiera que
contra el fallo objeto de la acción de tutela, no proceden otros medios ordinarios de
defensa, ni el recurso extraordinario de revisión; ii) se presentó con inmediatez, pues
satisface los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el
término de seis meses para su ejercicio; iii) los hechos y los argumentos en que se
fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal; iv) la presente
demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que las
providencias censuradas fueron proferidas al interior de un proceso en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, y v) el asunto tiene relevancia
constitucional en la medida en que el debate gira en torno a la presunta vulneración
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de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia5, al debido
proceso y a la igualdad, y a los principios de la seguridad jurídica y la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal.
Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por el accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.
2.5.2. De los defectos invocados en el caso en concreto
El señor Manuel Henry Monsalve Henao, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, y a los principios de la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
En sentir del accionante, (i) incurrieron en un defecto sustantivo o material, porque
aceptan lo establecido en el artículo 3, numeral 3.1 de la Ley 923 de 20046, pero
aseguran que, conforme a lo manifestado por el Consejo de Estado, el Decreto 754 de
2019 tiene efectos retrospectivos y es la norma que debía aplicarse en el caso
concreto, y (ii) porque desconoce las sentencias del 20 de enero de 2022, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, bajo el radicado 05001-23-33-000-2016-
5
El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
6 Ley 923 de 2004, artículo 3, numeral 3.1: […]A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15
años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.[…]
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02750-01, y la sentencia de tutela del 18 de septiembre del 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B, con el radicado 11001-03-15-000-2023-01022-01.
Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribual accionado confirmó la
decisión de primera instancia de acuerdo a las siguientes consideraciones:
[…]Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial consignado en
líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de retiro por los miembros
de la fuerza pública deben verificarse a partir de lo establecido en la Ley marco 923 de
2004, que prevé que la norma reglamentaria no podía contener para quienes estuvieran
en servicio activo requisitos mayores a los previstos en las disposiciones anteriores en
cuanto al tiempo de servicio; y, además, debían incluir un régimen de transición que
respetara las expectativas legítimas de quienes se encontrarán próximos a consolidar
su estatus de retirado.
En tanto, en armonía a los efectos ex tunc25 de la declaratoria de nulidad del parágrafo
2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2º del Decreto 1858 de
201226, lo que conducía a aplicar la transición señalada en el artículo 3º, ordinal 3.1.
inciso 2º de la Ley 923 de 200427, toda vez que el único condicionamiento es que al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 la persona se encuentre en
servicio activo de la Fuerza Pública.
En tanto, en el asunto bajo estudio la situación fáctica se circunscribe, a que el actor
se vinculó directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, es decir, no es un caso
de homologación y como las normas que regulaban el reconocimiento de la asignación
de retiro para estos miembros de la policía fueron anuladas (artículo 14 y 24 del Decreto
4433 y artículo 2 del Decreto 1858 de 2012), se debe privilegiar el principio de la
autonomía e independencia judicial a fin de que el juez ordinario establezca cuál es el
marco normativo aplicable; pese a ello, al considerar la posible aplicación del Decreto
1212 de 1990, el actor no tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro,
en razón a que no cumplió el tiempo de servicio requerido (20 años) por la
desvinculación de separación absoluta que prevé el artículo 144 de dicha norma, que
podría contemplarse tras el análisis previsto por el Consejo de Estado que afirmó que
con la expedición de la Ley 180 de 1995, se modificó la estructura jerárquica de la
Policía Nacional y que los del nivel ejecutivo se encontraban entre los oficiales y
suboficiales, tras la declaratoria de nulidad de las normas que preveían el régimen
prestacional de dicho personal que obligaba acudir a las normas anteriores.
De lo anterior se puede concluir que, tratándose de los miembros de nivel ejecutivo, no
existía una disposición expresa sobre su regulación, por lo que jurisprudencialmente
se había homologado con la aplicable a la de los suboficiales (Decreto 1212 de 1990)
por ostentar un rango similar a estos28, siempre y cuando se cumpliera los requisitos
allí previstos de acuerdo a la causal de retiro del miembro de la Policía.
Sin embargo, como se señaló en el acápite anterior, el presidente de la República,
profirió el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 “Por el cual se fija el régimen de
asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó
al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004”, en el cual
estableció como requisito para acceder a la asignación de retiro para ese personal29,
el acreditar veinte (20) años de servicio, cuando el retiro se produzca por destitución o
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separación, norma que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el
artículo 3º, ordinal 3.1 inciso 2º de la Ley 923 de 2004.
[…]
En consecuencia, en el presente asunto si bien el señor Manuel Henry Monsalve
Henao, hace parte del personal que ingresó al nivel ejecutivo por incorporación directa
antes del 31 de diciembre de 2004, su causal de retiro fue la separación absoluta por
sentencia penal condenatoria, la cual exige 20 años de servicio; por tanto, como el
señor Patrullero Monsalve Henao solamente acreditó 16 años, 11 meses y 2 días de
servicios32, es evidente que no reúne todos los supuestos de hecho que exige el
Decreto 754 de 2019 para obtener el reconocimiento prestacional reclamado,
comoquiera que su causal de retiro exige un tiempo de servicios superior.[…].
La Sala puede extraer que, al confirmarse la denegatoria del reconocimiento de la
asignación de retiro conforme a lo establecido en el Decreto 754 de 2019, el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia no incurrieron en defecto sustantivo o desconocieron la jurisprudencia traída
como referente, por el contrario, son claros al señalar por qué dicha norma es la
aplicable al señor Manuel Henry Monsalve Henao, cumpliendo con la carga
argumentativa que les correspondía.
Pues bien, conviene precisar que el Decreto 754 de 20197, fue expedido en
cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2018 8 y
del artículo 3.°, numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, y en él se fijó el régimen de
asignación de retiro de personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó
al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004 y señaló lo
siguiente:
ARTÍCULO 1. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta
el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la
institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios,
o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad
psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual
de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que
7
«Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.»
8 Consejo de Estado, 3 de septiembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2013-00543-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02184-00
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
trata el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de
servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15)
hasta cumplir los diecinueve (19) años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte
(20) años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada
año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por
ciento (100%) de tales partidas. (negrilla fuera del texto)
Conforme con lo anterior, es importante señalar que i) el accionante ingresó como
estudiante del nivel ejecutivo el 1.° de noviembre del 2002, esto es, antes de la
expedición de la Ley 923 de 2004, ii) fue suspendido de sus actividades el 10 de julio
de 2019, y iii) separado por completo del servicio el 30 de junio de 2020, es decir, estas
últimas se dieron después de la entrada en vigencia del Decreto 754 de 20199. En
total, tuvo un tiempo de servicio de 16 años, 11 meses y 2 días.
De lo anterior, se colige que la parte accionante no cumplió con lo dispuesto en el
Decreto 754 de 2019, para el reconocimiento de la asignación mensual de retiro,
debido a que esta exige el cumplimiento de 20 años de servicio.
Adicionalmente, las autoridades judiciales cuestionadas dieron aplicación a la
sentencia del 21 de enero de 2021, proferida por esta corporación,10 en la que luego
de hacer un análisis normativo y jurisprudencial de el régimen de asignación de retiro
del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por
incorporación directa, y de los fallos emitidos por el Consejo de Estado que declararon
nulos varios decretos que sobrepasaron los límites temporales establecidos en la Ley
923 de 2004; señaló que «ese marco general no impidió que se hicieran más rigurosos
los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a tiempo de servicio se
refiere, pero lo que sí hizo fue prohibir que para quienes se encontraran en servicio
activo al momento de su entrada en vigencia, se les exigiera mayor tiempo del
contemplado en el régimen anterior», sentencia que es a todas luces aplicable al caso
sub examine.
9 El Decreto 754 de 2019 entró en vigencia el 30 de abril de 2019.
10Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández. Sentencia del 21 de enero de 2021, radicación: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-
2019).
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Por otra parte, el accionante considera que en el caso se desconocieron las sentencias
del 20 de enero de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, bajo el
radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01 y la sentencia de tutela del 18 de
septiembre del 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, bajo el radicado
11001-03-15-000-2023-01022-01, lo cierto es que ninguno de estos pronunciamientos
constituyen precedente judicial aplicable al caso, pues: i) en la sentencia del 20 de
enero de 2022, el demandante se desvinculó de la Policía Nacional el 30 de julio de
2012 y para entonces, no existía una norma que regulara la asignación de retiro que
le fuera aplicable y que cumpliera con lo previsto en la Ley 923 de 2004; y ii) en la
sentencia de tutela del 18 de septiembre del 2023, el accionante se retiró del servicio
antes de la entrada en vigencia del Decreto 754 de 2019, esto es el 6 de noviembre
de 2013.
De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada, el Decreto 754 de 2019 le era aplicable al señor Manuel
Henry Monsalve Henao y que, por tanto, las autoridades judiciales accionadas, en
ejercicio de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política, podían aplicar la sentencia del 21 de
enero del 2021 proferida por el Consejo de Estado, y determinar que en el caso no
había lugar al reconocimiento y pago de la asignación suplicada.
En igual sentido, se repara en que las autoridades accionadas tampoco desconocieron
ningún precepto constitucional, pues para la Sala las providencias aquí discutidas
están debidamente motivadas y justificadas, y por tal razón, no le asiste razón al
accionante cuando afirmó que le era aplicable el régimen de transición de la 923 de
2004 y los artículos 144 y 104, de los Decretos 1212 de 1990 y 1213 de 1990,
respectivamente.
Así, la Sala no encuentra presupuesto que habilite la procedencia del amparo
deprecado, por lo que lo considera infundado y, en consecuencia, no advierte
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora frente a este
cargo.
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3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo invocado, ya que el
defecto sustantivo y el presunto desconocimiento del precedente judicial no prosperó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo invocado por Manuel Henry Monsalve Henao, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente (E)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
En comisión de servicios
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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