Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05077-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05077-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05077-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05077-00
Demandante: Luis Guillermo Núñez Arias
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento asignación de retiro. Policía Nacional.
Nivel ejecutivo. Régimen de transición. Ley 923 de 2004. Decreto
754 de 2019. Defecto sustantivo.
Decisión: Niega la solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Luis Guillermo Núñez Arias contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 15 de agosto de 2025, la parte actora, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social los cuales fueron
presuntamente transgredidos por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá.
2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 28 de
febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
No. 11001-33-35-011-2022-00225-01. En consecuencia, que se ordenara dictar una
decisión de remplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
manifestó que, el 8 de abril de 2002, inició su carrera en la Policía Nacional como
alumno del nivel ejecutivo en la Escuela de Policía Antonio Nariño, con sede en la
ciudad de Barranquilla (Atlántico) y fue dado de alta como patrullero el 2 de
diciembre de 2002.
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Demandante: Luís Guillermo Núñez Arias
4. El 11 de octubre de 2019, mediante la Resolución No. 04495, fue retirado
del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de destitución, donde acreditó
un tiempo de servicio de 17 años, 9 meses y 22 días.
5. El 2 de noviembre de 2021, solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento
y pago de los 3 meses de alta y la asignación de retiro por la causal de destitución,
ya que cumplió con el tiempo mínimo de servicio de 15 años previsto en los artículos
144 y 145 del Decreto 1213 de 1990.
6. El 23 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. GS-2021-060491 / DIPON-
DITAH-1.10, la Policía Nacional negó la solicitud pues estableció que para el
reconocimiento y pago de los 3 meses de alta y la asignación de retiro por
destitución debía acreditarse un tiempo mínimo de servicio de 20 años, requisito
que no se cumplía, razón por la cual concluyó que no era jurídicamente viable
acceder a lo pedido.
7. El 3 de junio de 2022, el accionante radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el propósito
de que se declarara la nulidad del mencionado oficio y, en consecuencia, se
ordenara el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta y la asignación de retiro
conforme al inciso 2 del numeral 3.1 del artículo 2 de la Ley 923 de 2004.
8. El 12 de abril de 2023, el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá declaró
probada la excepción de cobro de lo no debido que propuso la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional y negó las pretensiones, tras considerar
que la norma aplicable al caso concreto era el Decreto 754 de 2019, el cual exigía
como requisito para acceder a la asignación de retiro por destitución un tiempo
mínimo de servicio de 20 años, supuesto que no cumplió el hoy accionante.
9. El 24 de abril de 2023, la parte actora interpuso recurso de apelación, donde
señaló que se desconoció el régimen de transición de la Ley 923 de 2004, en la cual
se dispuso que a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de dicha norma no se les exigiría, para el reconocimiento de la
asignación de retiro, un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de su expedición (30 de diciembre de 2004), cuando el retiro
se produjera por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando se tratara de cualquier
otra causal.
10. El 28 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, consideró que la norma aplicable al caso era el Decreto 754 de 2019, toda
vez que el retiro por destitución se produjo el 29 de octubre de 2019, fecha para la
cual ya se encontraba en vigencia dicho decreto; en consecuencia, el accionante
debía acreditar 20 años de servicio, y solo contaba con 17 años, 9 meses y 18 días.
11. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro del proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho incurrieron en un defecto sustantivo, tras considerar
que debía inaplicarse por ilegal el Decreto 754 de 2019 y, en consecuencia, que se
accediera a las pretensiones de la demanda, toda vez que dicho decreto resultaba
contrario a lo previsto en el inciso 2 del numeral 3.1 del artículo 2 de la Ley 923 de
2004, norma que fijó un régimen de transición para quienes se encontraban en
servicio activo a la fecha de su entrada en vigencia.
12. Explicó que si bien en principio el Decreto 754 de 2019 debía aplicarse,
pues cumplía con los requisitos allí previstos, lo cierto era que al tratarse de una
norma reglamentaria, no podía contrariar el régimen de transición establecido en la
Ley 923 de 2004. Sostuvo que lo contrario implicaría imponer al personal activo para
esa época un tiempo de servicio superior al fijado por las disposiciones anteriores,
lo cual constituiría una aplicación ilegal.
13. Señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de tutela del 5 de marzo de 20241, dejó sin efectos una decisión
del Tribunal Administrativo del Meta que había resuelto un caso idéntico donde se
aplicó erróneamente el Decreto 754 de 2019, providencia que respaldaba sus
pretensiones.
14. Finalmente, afirmó que resultaba procedente el reconocimiento de la
asignación de retiro con fundamento en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 1212 de
1990, pues no podían exigírsele más requisitos que los ya establecidos en dichas
disposiciones, de conformidad con el régimen de transición.
Intervenciones2
15. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela,
por cuanto las pretensiones estaban encaminadas a controvertir una providencia
judicial con la que la parte actora no se encontraba de acuerdo, ya que pretendía
que se aplicara la Ley 923 de 2004, la cual fijó el régimen de transición para quienes
se encontraban en servicio activo a la fecha de su entrada en vigencia.
16. Asimismo, sostuvo que el Decreto 754 de 2019 distinguió 2 categorías de
causales de retiro de los miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera
directa antes del 31 de diciembre de 2004. En ese contexto, consideró que el hoy
accionante debía acreditar un tiempo mínimo de 20 años de servicio para acceder
a la asignación de retiro, requisito que no cumplió, pues únicamente reunió 17 años,
9 meses y 18 días.
17. La Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional solicitó que se negara
el amparo, toda vez que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera
instancia destinada a revivir interpretaciones o valoraciones ya efectuadas.
1
Proceso No. 11001-03 15-000-2024-00499-00.
2
Mediante Auto de 20 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, y se vinculó a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en calidad de terceros
con interés en el proceso.
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Adicionalmente, expuso que en el escrito de tutela únicamente se evidenciaba el
desacuerdo de la parte actora frente a las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no
evidenciaba arbitrariedad alguna, pues dichas determinaciones obedecieron a los
principios de la sana crítica y de la autonomía judicial, en atención a las pruebas y
alegatos aportados por las partes.
18. La Policía Nacional solicitó que no se concedieran las pretensiones de la
parte actora, por cuanto no se advertía vulneración alguna de sus derechos
fundamentales. Argumentó que no se configuraba un perjuicio irremediable ni una
amenaza inminente e injustificada que hiciera procedente la acción de tutela como
mecanismo para obtener el reconocimiento de las prestaciones reclamadas por el
accionante, máxime cuando la controversia ya había sido debatida a través de otras
vías jurisdiccionales idóneas para su resolución.
19. El Juzgado 11 Administrativo de Bogotá pese a que fue debidamente
notificado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora al proferir la Sentencia de 28 de febrero
de 2025, mediante la cual confirmó la sentencia de primera instancia.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social, no se trata de una
discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos
planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, el reparo (defecto sustantivo) fue
dirigido concretamente contra la decisión del juez de segunda instancia; (2) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a
que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro, la Subsección B de la Sección
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Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la decisión que se
cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera
que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa
de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 15 de agosto de 2025, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 28 de
febrero de 2025 (11 marzo de 2025); (5) no se cuestionó una irregularidad procesal,
sino el hecho de tomar una decisión judicial con base a una norma que no era
aplicable al caso; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
23. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
24. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, por las razones
que pasan a explicarse:
25. En el presente caso no se advierte que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubiera incurrido en un
defecto sustantivo por haber aplicado el Decreto 754 de 2019. En efecto, las
circunstancias de hecho y de derecho permitieron concluir acertadamente que dicha
normativa era la aplicable al caso concreto, en la medida en que dicho tribunal
precisó que, aunque en asuntos análogos se había accedido al reconocimiento de
asignaciones de retiro con fundamento en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
ello no era procedente frente al señor Núñez Arias, toda vez que su desvinculación
ocurrió el 29 de octubre de 2019, fecha en la que ya se encontraba en vigor el
Decreto 754 de 2019, norma que reguló de manera específica la asignación de retiro
del personal del nivel ejecutivo incorporado de manera directa hasta el 31 de
diciembre de 2004 y que estableció como requisito acreditar 20 años de servicio
cuando el retiro se produjera por la causal de destitución.
26. Contrario a lo anterior, el señor Núñez Arias alegó que el Decreto 754 de
2019 era contrario a la Constitución y al régimen de transición fijado en la Ley 923
de 2004. Sostuvo que, por encontrarse en servicio activo al 31 de diciembre de 2004
y haber cumplido 15 años de servicio, debía reconocérsele la asignación de retiro,
sin que pudiera exigírsele un tiempo mayor. Adicionalmente, afirmó que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de tutela
del 5 de marzo de 2024, había resuelto un caso idéntico en aplicación de la Ley 923
de 2004.
27. Ahora bien, y bajo todo el contexto de la controversia, resulta necesario
precisar que: (i) el accionante ingresó al nivel ejecutivo el 2 de diciembre de 2002,
es decir, antes de la expedición de la Ley 923 de 2004; y (ii) fue retirado del servicio
el 11 de octubre de 2019 por la causal de destitución, esto es, con posterioridad a
la entrada en vigencia del Decreto 754 de 2019.
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28. Lo anterior significa que, para el momento de la desvinculación del señor
Núñez Arias, existía una norma especial y vigente que regulaba la asignación de
retiro en caso de destitución. Por tanto, no se configura un defecto sustantivo, pues
las autoridades judiciales sustentaron su decisión en la normatividad aplicable y en
la jurisprudencia pertinente, en particular en la Sentencia de 21 de enero de 2021
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado3. En dicha
providencia, luego de un análisis normativo y jurisprudencial sobre la asignación de
retiro del personal del nivel ejecutivo incorporado por vía directa, y de los
pronunciamientos que habían declarado la nulidad de otros decretos que
desbordaron los límites de la Ley 923 de 2004, se precisó que si bien no podía
exigirse a quienes estaban en servicio activo al momento de su expedición un
tiempo superior al previsto en el régimen anterior, ello no impedía que, hacia futuro,
el legislador o el reglamento establecieran requisitos más estrictos en cuanto al
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro frente a la causa de
destitución4.
29. Bajo este escenario, no se evidencia que el Decreto 754 de 2019 haya
desconocido el inciso 2, numeral 3.1, del artículo 2 de la Ley 923 de 2004. En efecto,
la norma señaló que para quienes se retiraran por voluntad propia no podían
imponerse tiempos superiores a los previstos en la legislación vigente, esto es, 20
años de servicio en el nivel ejecutivo. En contraste, respecto de las demás causales
de retiro, únicamente dispuso que no podría accederse a la asignación con un
tiempo inferior a 15 años5. En consecuencia, se contaba con un margen para fijar
un requisito mayor, siempre que no fuera inferior a ese mínimo, como ocurrió al
establecer 20 años para el retiro por destitución.
30. En relación con el argumento relacionado con la Sentencia de tutela del 5
de marzo de 20246, se observa que el accionante se limitó a señalar la existencia
de un precedente idéntico, pero no realizó un análisis comparativo entre los
supuestos de hecho de cada uno. En todo caso, se advierte que en dicha
providencia la desvinculación ocurrió el 26 de febrero de 2019, fecha anterior a la
expedición del Decreto 754 de 2019, razón por la cual el Consejo de Estado
determinó que era aplicable la Ley 923 de 2004 por ser la normativa vigente en ese
momento. Ello permite concluir que no existe identidad fáctica con el presente caso
y, por tanto, no era posible trasladar automáticamente la línea argumentativa de esa
decisión.
31. En ese orden de ideas, se concluye que para el momento en que se profirió
la providencia cuestionada, el Decreto 754 de 2019 era aplicable al caso concreto.
En consecuencia, las autoridades judiciales accionadas, en ejercicio de su
autonomía e independencia judicial, podían aplicar la jurisprudencia del Consejo de
3
Radicado: 63001-23-33-000-2017-00469-01.
4
Ver también la providencia de 6 de junio de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02184-00.
5
«[…] A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les
exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. […]» (Negrilla de la Sala).
6
Radicado: 11001-03 15-000-2024-00499-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05077-00
Demandante: Luís Guillermo Núñez Arias
Estado del 21 de enero de 2021 y determinar que no había lugar al reconocimiento
y pago de la asignación solicitada.
32. Asimismo, se advierte que la providencia objeto de controversia no
desconoció precepto constitucional alguno, por cuanto estuvo debidamente
motivada y fundamentada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo invocada por Luís Guillermo Núñez
Arias, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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