Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
20 de enero de 2022
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Radicado: 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021)
Demandante: Paulo Andrés Arango Caro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021)
Demandante: PAULO ANDRÉS ARANGO CARO
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL1
Tema: Reconocimiento asignación de retiro, régimen de
transición contemplado en el artículo 3.°, numeral 3.1 de
la Ley 923 de 2004. Nivel ejecutivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-004-2022
ASUNTO
Decide esta Subsección el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia del 23 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que accedió
a las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Paulo Andrés Arango Caro, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 2)
1. Declarar la nulidad del Oficio 24083/GAG SDP del 23 de diciembre de
2015 expedido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reconocimiento de
la asignación de retiro al demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la asignación mensual de
retiro, a favor del señor Paulo Andrés Arango Caro, desde el momento
en que se produjo la desvinculación de la Policía Nacional en el grado
de subintendente.
1En adelante CASUR.
2«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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Demandante: Paulo Andrés Arango Caro
3. Reconocer la totalidad de los sueldos, mesadas y demás prestaciones
de índole laboral que hubiere dejado de percibir, sumas que deben
indexarse hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.
4. Ordenar el reconocimiento y pago de todos los daños y perjuicios
causados al libelista «con la expedición del acto administrativo
demandado».
5. Dar cumplimiento a la sentencia a la luz de lo regulado en los artículos
«176 a 178 del Código Contencioso Administrativo».
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 2 a 3)
1. El señor Paulo Andrés Arango Caro ingresó a la Policía Nacional,
como alumno del nivel ejecutivo el 11 de agosto de 1997 y fue retirado
del servicio activo por destitución a través de Resolución 02346 del 28
de junio de 2012, la cual fue notificada el 30 de julio de la mentada
anualidad, para un tiempo total de servicio de 16 años, 2 meses y 1
día.
2. En el acto administrativo que desvinculó del servicio al señor Arango
Caro «se omitió señalar las normas que le daban derecho a la
asignación de retiro», toda vez que ya contaba con más de 15 años en
la institución policial, por lo que le eran aplicables los Decretos 1212 y
1213 de 1990, disposiciones que han sido validadas por el Consejo de
Estado en reiterada jurisprudencia.
3. Por lo anterior, solicitó ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional el reconocimiento de la asignación de retiro, empero, le fue
denegada por medio de Oficio 24083/GAG SDP del 23 de diciembre
de 2015.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 28 de septiembre de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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«Se advierte que no formuló por la demandada –CASUR ninguna excepción en
tanto dicha entidad no presentó contestación a la demanda. De otro lado, el
Despacho no advierte la configuración de excepciones que deban ser
declaradas de oficio en esta etapa procesal.». (Folio 116 y cd visible a folio
139 del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Corresponde a la Sala determinar la legalidad del oficio No. 24083/GAG
SDP del 23 de diciembre de 2015, en virtud del cual la entidad demandada
le negó al demandante el reconocimiento y pago de la asignación mensual de
retiro. Por tanto solicita a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL – CASUR, le reconozca la asignación de retiro a la cual considera
tener derecho, y demás prestaciones y emolumentos de índole laboral;
igualmente pretende que le sean canceladas todas las mesadas dejadas de
percibir desde el momento en que se produjo la desvinculación del servicio
activo.
Para ello, se efectuará un estudio en cuanto a las normas aplicables al caso
concreto a fin de establecer si el actor tiene derecho a lo solicitado, puesto que
argumenta que la entidad demandada se encuentra incurriendo en una
flagrante violación de la Constitución Política y los tratados internacionales
sobre los derechos humanos ratificados por Colombia para la protección de
personas y su patrimonio, pues no existe causa justa para que hasta la fecha se
le esté negando al actor la Asignación Mensual de Retiro a que considera tener
derecho, así como todas las mesadas que se han causado hasta la fecha,
vulnerando de dicha forma los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
salud, a la educación, entre otros.
Por su parte, la entidad demandada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL – CASUR, no allegó contestación de la demanda.».
(Folios 116 anverso y reverso y CD que reposa a folio 139 del plenario).
Se notificó en estrados a las partes y manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
(Folios 182 a 192)
El a quo profirió sentencia escrita el 23 de octubre de 2020, mediante la cual
accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia analizó el marco normativo que rige para el
personal del nivel ejecutivo, y concluyó que los miembros de la Policía
Nacional que se encontraban activos al 31 de diciembre de 2004, no se les
puede exigir un tiempo de servicio superior al previsto en los Decretos 1212 y
1213 de 1990, esto es, 15 años cuando la desvinculación se produzca por
causal diferente a la solicitud propia.
Subsiguientemente señaló que en virtud de la nulidad decretada por el
Consejo de Estado del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, así como del artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012, al libelista no se le
podía exigir un tiempo de servicio de 25 años para efectos de la prestación
deprecada, toda vez que ello iba en contravía de lo regulado en la Ley 923
de 2004.
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Al respecto precisó que el demandante al 31 de diciembre de 2004 se
encontraba vinculado a la institución policial, motivo por el cual, de
conformidad con las precisiones realizadas por el Consejo de Estado la
normativa que regía su situación pensional eran los Decretos 1212 y 1213 de
1990, y al evidenciarse que tenía un tiempo de servicio de 16 años, 2 meses
y 5 días, y ser retirado por destitución, cumplía con los requisitos necesarios
para hacerse acreedor a dicha prestación.
Ahora, en cuanto a la forma de liquidar las prestaciones, y teniendo en
cuenta que en la sentencia del 3 de septiembre de 2018, el Consejo de
Estado no lo indicó, aquella debía atender los lineamientos previstos en el
artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012, habida cuenta de que no se efectuó
distinción alguna entre el personal homologado y el que se incorporó
directamente.
Bajo esta intelección, adujo que lo anterior no contrariaba el principio de
inescindibilidad de las normas, habida cuenta de que en el presente asunto
«no se realizaba una aplicación estricta de los Decretos 1212 y 1213 de
1990, y en todo caso, el artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012, también
consagraba un tiempo de servicio de 15 años para tener derecho a la
asignación de retiro a favor de dicho personal».
En relación con la prescripción, puntualizó que transcurrieron más de 3 años
entre el retiro del servicio (30 de julio de 2012) y la solicitud de
reconocimiento de la prestación, por lo que se tomaría la fecha del oficio
demandado (23 de diciembre de 2015), toda vez que no obraba en el
plenario la petición. De esta forma, las mesadas causadas con anterioridad al
23 de diciembre de 2012 se encontraban prescritas.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la
nulidad del Oficio 24083/GAG SDP del 23 de diciembre de 2015; ii) a título
de restablecimiento del derecho ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, reconocer y pagar al señor Paulo Andrés Arango Caro,
asignación mensual de retiro, en los términos previstos en el artículo 1.° del
Decreto 1858 de 2012, efectiva a partir del 23 de diciembre de 2012, por
prescripción trienal; iii) conminó a la demandada a realizar los ajustes de
valor sobre las sumas reconocidas; y; iv) se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 194 a 197 vuelto)
La entidad demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que sea revocada, al aseverar que el
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro es el previsto en los
Decretos 091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012, que rigen para el
personal perteneciente al nivel ejecutivo, y no lo regulado en los Decretos
1212 y 1213 de 1990, como lo señaló el a quo.
Al respecto, afirmó que el demandante se vinculó directamente a la Policía
Nacional, por lo tanto nunca tuvo la expectativa de ser beneficiario de la
asignación de retiro con base en los mencionados Decretos 1212 y 1213 de
1990, como sí ocurrió para quienes pertenecieron al régimen de suboficiales
o agentes y luego se homologaron al nivel ejecutivo.
De otro lado, manifestó que la normativa que debe regir para reconocer la
prestación solicitada por el libelista, es el Decreto 1858 de 2012, y si bien, su
artículo 2.° fue declarado nulo por el Consejo de Estado, su demás normativa
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se encuentra vigente, y al no reunir los requisitos en cuanto a la causal de
retiro, es claro que no tiene derecho a la asignación de retiro deprecada.
Agregó que la decisión recurrida desconoce totalmente el Decreto 754 de
2019, que fue expedido ante el vacío normativo que existía en su momento.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de esta
etapa procesal, conforme la constancia secretarial que reposa a folio 209.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En el presente
caso solo presentó apelación, la demandada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:
1. ¿Le asiste derecho al señor Paulo Andrés Arango Caro a obtener el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro bajo los preceptos y
exigencias del Decreto 1212 de 1990?
A respecto la Subsección sostendrá la tesis de que al demandante le asiste
derecho a la prestación deprecada, de conformidad con el Decreto 1212 de
1990 aplicable a este, por ser beneficiario del régimen de transición previsto
en la Ley 923 de 2004, conforme pasa a explicarse.
El régimen jurídico de la asignación de retiro en el nivel ejecutivo
de la Policía Nacional
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que
surge de la relación laboral administrativa existente entre el Estado y los
miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional),
quienes al cese definitivo de la prestación de sus servicios se hacen
acreedores, en tanto cumplan con los requisitos legalmente determinados, al
reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una determinada
suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al menos, la satisfacción
de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de su familia.
En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de un
sistema pensional especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una de las
formas en que se materializa el derecho a la seguridad social en este sector,
lo que determina que constituya un derecho fundamental irrenunciable de
conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
En el año 1993, se dio el primer intento de creación de un nuevo nivel al
interior de la estructura de la Policía Nacional cuando el artículo 35 de la Ley
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624 de dicho año otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para
«modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes»
de esta institución. En desarrollo de estas atribuciones, se expidió el Decreto
Ley 041 de 19945 en el que se previó la creación de la carrera del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, cuyos miembros gozarían de un régimen
especial en materia de asignaciones y prestaciones.
Con tal fin, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades que le fueron
conferidas en la Ley Marco 4.ª de 19926, expidió el Decreto Reglamentario
1029 de 19947, que en su artículo 538 contempló el derecho a la asignación
de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
No obstante lo anterior, por medio de la sentencia C-417 del 22 de
septiembre de 1994, la expresión «personal de nivel ejecutivo» contenida en
los artículos del Decreto 041 de 1994 fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, «por exceder el límite material fijado en la ley de facultades
extraordinarias (62 de 1993)».
La Subsección destaca que el artículo 53 de dicho decreto que reguló la
asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo recientemente fue
declarado nulo por esta Corporación mediante sentencia del 16 de abril de
20209 por haber sido expedido con extralimitación de la facultad
reglamentaria, toda vez que su contenido debía atender los parámetros
previamente fijados en una ley marco y el ejecutivo no podía apropiarse de
esta facultad. Además, porque agravó la exigencia del tiempo de servicio
prevista en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para acceder a la asignación
de retiro.10
Luego de desaparecer a raíz de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto
Ley 041 de 1994, el nivel ejecutivo de la Policía Nacional sería creado
nuevamente por el Congreso de la República a través de la Ley 180 de 1995,
4 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de
la República».
5 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de
la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones».
6 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
7 «Por el cual se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal de Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional».
8 Norma que fue declarada nula mediante sentencia de la Sección Segunda, Subsección A
de fecha 16 de abril de 2020. Radicación número: 11001-03-25-000-2014-01107-00(3494-
14).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 11001-03-25-000-2014-01107-00(3494-14). demandante: Manuel Ignacio
Rodríguez Manosalva. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público. Referencia: demanda del artículo 53 del Decreto 1029 de 1994 sobre
asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
10 «Lo anterior se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con el
Decreto Ley 41 de 1994, al nivel ejecutivo podían ingresar suboficiales (art. 18) y los agentes
(art. 19) de la Policía Nacional, personal para el cual los Decretos 1212 y 1213 de 1990, en
los artículos 144 y 104, respectivamente, tenían unas exigencias para la asignación de retiro
de entre 15 y 20 años, como ya se puso de presente y que con el Decreto 1029 de 1994 se
vieron modificadas y aumentadas, sin siquiera prever un régimen de transición, con la
finalidad de reservar aquellas situaciones que bien podrían estar próximas a consolidarse
frente al derecho a la prestación bajo estudio, situación que no es admisible según los
pronunciamientos que esta Corporación ha emitido sobre el tema…» ibidem.
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cuyo artículo 7.°, numeral 1.°, le confirió facultades extraordinarias al
Gobierno Nacional para desarrollar esa nueva categoría al interior de la
institución policial. Con tal propósito se expidió el Decreto Ley 132 de 199511
En efecto, la Ley 180 de 1995, permitió el ingreso a este nuevo nivel del
personal de oficiales, suboficiales y agentes al servicio de la Policía Nacional
y por medio del Decreto 1091 de 1995 de junio 17 de 1995, se expidió su
régimen de asignaciones y prestaciones en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.
Concretamente tratándose de la asignación de retiro esta norma la reguló en
el artículo 51, en el que se previó:
«ARTÍCULO 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una
asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%)
del monto de las partidas de que trata el artículo 49 de este Decreto, por los
primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada
año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento
por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:
a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las
siguientes causas:
1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y
sesenta (60) años de edad las mujeres.
b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por
cualquiera de las siguientes causas:
1. Por solicitud propia.
2. Por incapacidad profesional.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68
del Decreto 132 de 1995.
PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de
retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo,
cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y
2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y
cincuenta (50) años de edad las mujeres. […]»
Ahora bien, es necesario señalar que el artículo citado fue declarado nulo
mediante la sentencia del 14 de febrero del 2007 proferida por esta
Corporación12, al considerar que:
«[…] En tales casos, cuando se trate de regular prestaciones sociales que
pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social,
como en este caso la asignación de retiro, deberá tener en cuenta la ley
marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el monto,
el ingreso base de liquidación (factores), régimen de transición y demás
11 «Por la cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional».
12 Número interno 1240 – 2004.
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condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto
que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.
En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede
ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al
Gobierno Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte
Constitucional, y menos podría desarrollarse mediante decretos administrativos
expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de 1992)
que no podía habilitarlo para tal efecto.
Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia
prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo
desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con
posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la
Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían
desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y
legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley 180 de 1995), que amparan y protegen de
manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales,
los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la
confianza legítima […]». (Resaltado intencional).
Con posterioridad, se expidió el Decreto 1791 del 14 de septiembre de
200013, norma que derogó el Decreto 41 de 1994, pero dejó vigente lo
regulado en su artículo 115 al señalar en el artículo 95 lo siguiente:
«Artículo 95. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga los Decretos 041 de 1994, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 115, relacionado con los Títulos IV, VI y IX y los
artículos 204, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 215, 220, 221 y 227 del Decreto
1212 de 1990; 262 de 1994 con excepción de lo dispuesto en el artículo 47,
relacionado con los Títulos III, IV y VII y los artículos 162, 163, 164, 168, 169,
171, 172, 173 y 174 del Decreto 1213 de 1990; 132 , 573 y 574 de 1995 y
demás normas que le sean contrarias». (Negritas fuera de texto).
De esta manera, las normas sobre prestaciones sociales contempladas en el
título «iv» del Decreto 1212 de 1990, dentro de las que se encuentran las
relacionadas con la asignación de retiro (artículos 144), no fueron derogadas
por los Decretos 41 de 1994 ni, 1791 de 2000. En consecuencia, para dicha
época continuaba vigente para definir la asignación de retiro de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional.
Se advierte que al momento de declararse la nulidad del artículo 51 del
Decreto 1091 de 1995, ya se había proferido el Decreto Ley 2070 de 200314,
a través del cual el Gobierno Nacional pretendió concretar sus aspiraciones
de unificar un sistema pensional para todos los miembros de las Fuerzas
Militares.
No obstante, esta última norma fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-432 de 2003 en la cual estimó que en lo
relativo al régimen prestacional especial de dichas personas existía reserva
de ley marco por mandato del artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política y que la misma había sido desconocida por el ejecutivo
al dictar un decreto con fuerza de ley que se encargase de regular esta
materia.
Cabe resaltar que en esta oportunidad el máximo juez constitucional aclaró
que «[…] la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez
13 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».
14 «Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares».
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constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico
de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la
integridad y supremacía de la Carta […]».
Con base en ello, sostuvo que las normas que el Decreto 2070 de 2003
hubiere derogado o modificado, recobrarían automáticamente su vigencia
pues en modo alguno podría entenderse que su declaratoria de
inexequibilidad crearía un limbo respecto de los derechos pensionales de los
miembros de la Fuerza Pública, solución que se impuso a efectos de
garantizar derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital y el
trabajo15.
Como consecuencia de tal pronunciamiento, el Congreso de la República
expidió la Ley Marco 923 del 30 de diciembre de 2004, por la cual se
señalaron los objetivos y criterios que se deberían observar para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública. La mencionada ley señaló para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, lo siguiente:
«Artículo 2°. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional
tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad,
igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los
siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos
conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se
expidan en desarrollo de la misma.
[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el
derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud
propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
[…]
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por
el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de
servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de
asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se
exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
15 Esta teoría corresponde a lo que se conoce como “reviviscencia”, que en su acepción
tradicional, que fue la inicialmente asumida por la Corte Constitucional, abogaba por la
reincorporación automática al ordenamiento jurídico cuando la norma derogatoria fuese
declarada inexequible. Esta postura sería abandonada por la Corte para establecer una en la
que la procedencia de la reviviscencia no fuera automática sino que estuviese condicionada al
cumplimiento de dos hipótesis: «(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste
a los principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto; y (ii) la garantía de la
supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite a la obligatoriedad de la
reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría sin ella involucraría la afectación o
puesta en riesgo de los mismos.», así lo señaló la sentencia C-402 de 2010. Sobre el particular
pueden verse también la sentencia C-251 de 2011 y el Concepto proferido el 28 de enero de
2015 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado 11001-03-06-000-
2015-00002-00(2243).
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A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de
asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad,
es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. […]»
(Subrayado intencional).
A partir de lo anterior, se colige que la norma transcrita fijó los siguientes
aspectos:
Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de
retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25 años de servicios.
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
servidores de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional indicó que a los
miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a
20 años de servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni
inferior a los 15 años de servicios cuando la desvinculación se
produzca por cualquier otra causal.
Por tanto, el único condicionamiento que la Ley 923 de 2004 consagró para
ser beneficiario de la transición señalada en su artículo 3.º, es que al
momento de la entrada en vigencia la persona se encuentre en servicio
activo en las Fuerzas Militares y Policía Nacional, toda vez, que respecto a la
exigencia del término señalado a los miembros activos, únicamente se limitó
a respetar los mínimos y máximos previstos en los Decretos 1212 y 1213 de
1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro.
En desarrollo de la Ley 923 de 2004, se profirió el Decreto 4433 de 2004,
cuyo artículo 25 se encargó de regular lo atinente a la asignación de retiro de
los miembros de la Policía Nacional, para lo cual distinguió entre el personal
del nivel ejecutivo que ingresara a la institución a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la norma y aquel que ya pertenecía al mismo.
El precepto normativo reza lo siguiente:
«Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional.
[…]
Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio
activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado
con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o
por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la
Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que
se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de
que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de
servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte
(20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales
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partidas.»
Empero, en sentencia proferida el 12 de abril de 201216, la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2.° de la norma
ejusdem, al estimar que representaba una violación a la Ley Marco 923 de
2004.
En primer lugar, esta Corporación concluyó que el precepto no respetó los
derechos de los agentes y suboficiales que se habían incorporado al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional debido a que les aumentó el tiempo de
servicio exigido para acceder a la asignación de retiro. Al respecto, sostuvo
que la ley marco previó en el numeral 3.1 del artículo 3 que «[…] A los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia […]».
Para tales efectos, la sentencia se dio a la tarea de identificar la norma
vigente antes del 30 de diciembre de 2004 en materia de asignación de retiro
aplicable a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al
respecto señaló que: «[…] Al haber sido declarado inexequible el Decreto Ley
2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo
atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de
suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213 de 1990 […]».
(Subrayado intencional).
Dado que los Decretos 1212 y 1213 de 1990 contemplaban un tiempo de
servicio de 20 años cuando el retiro tenía lugar por solicitud propia, el fallo
concluye que el parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, al
exigir un tiempo de servicio de 25 años en tales eventos, excedió el régimen
anterior en cinco años, circunstancia que le estaba vedada.
Por tanto, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado17 al ser declarado
nulo el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 que reglamentó el tiempo de
servicios para acceder a la asignación de retiro, se debe acudir para su
reconocimiento a la Ley reglamentada, es decir, la Ley 923 de 2004.
Debe afirmarse también, que ese marco general no impidió que se hicieran
más rígidos los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a
tiempo de servicio se refiere, pero lo que sí hizo fue prohibir que para
quienes se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en
vigencia, se les exigieran mayor tiempo del contemplado en el régimen
anterior18.
De otro lado, la providencia indicó que con el parágrafo en comento el
ejecutivo desconoció abiertamente la ley marco al no prever un régimen de
transición que protegiese las expectativas legítimas de quienes se
encontraban cerca de la consolidación de su derecho a la asignación de
retiro, a pesar de que el numeral 3.9 del artículo 3.° de la Ley 923 así lo
ordenaba.
16 Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación
110010325000200600016 00.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 9 de marzo de 2017. Radicación 27001-23-33-000-2013-00068-01 (4295-
2013).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, Sentencia del 5 de octubre de 2017. Radicación número: 18001-23-33-000-2014-00085-
01(3034-16).
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Con el propósito de suplir el vacío normativo que dejó dicha declaratoria, se
expidió el Decreto Reglamentario 1858 de 2012 que reguló el régimen
pensional y de asignación de retiro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
Se resalta que en esta norma, a diferencia de las anteriores que tenían igual
propósito (Decreto 1091 de 1995, Decreto 4433 de 2003), se diferenció, para
su aplicación, a los uniformados incorporados al nivel ejecutivo por
homologación de aquellos vinculados a dicho nivel por incorporación directa.
El artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012 también fue declarado nulo
mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018,19 puesto que la normativa
desconoció las previsiones contenidas en la Ley marco 923 de 2004 al exigir
al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado
directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004 requisitos más
gravosos para acceder al derecho de la asignación de retiro (tiempos
mínimos y máximos de retiro entre 20 y 25 años) lo que contravenía los
términos señalados en la normativa superior que se restringen a los mínimos
y máximos de 15 y 20 años de servicio.
Al respecto, el Consejo de Estado insistió en lo manifestado cuando declaró
la nulidad del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 en el
sentido de declarar que a los miembros de la Policía Nacional, por así
disponerlo la Ley 923 de 2004, no se les podía exigir requisitos de tiempo de
servicio más gravosos a los previstos en los Decretos 1212 y 1213 de 1990
en sus artículo 144 y 104, respectivamente.
Así entonces, en vista de los reiterados pronunciamientos realizados por
esta Corporación en esa línea, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 754
del 30 de abril de 201920 en el que determinó que el personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional incorporado de manera directa hasta el 31
de diciembre de 2004 tiene derecho a la asignación de retiro si cumple igual
tiempo de servicios al previsto en los decretos aludidos. La norma preceptuó
lo siguiente:
«Artículo 1°. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004. Fíjase el régimen
de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la
institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar
servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución
de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente. […]»
(Subrayas de la Sala).
De todo lo anterior es dable concluir que la totalidad de las normas, con
excepción del artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012 sobre el personal
homologado y el Decreto 754 de 2019 que regulan el régimen de asignación
de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, han sido
o declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional (es el caso
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de
2018. Radicación número: 11001-03-25-000-2013-00543-00.
20 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre
de 2004».
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del Decreto Ley 2070 de 2003) o declaradas nulas por parte del Consejo de
Estado (artículos 53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de
1995, 25, parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 y 2.° del Decreto 1858 de
2012).
Como consecuencia de ello, para los miembros del nivel ejecutivo
incorporados directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de
2004, por así ordenarlo en su artículo 3.° numeral 3.1, los requisitos para
acceder a la asignación de retiro no pueden ser mayores a los regulados en
las normas que regían la situación de estos servidores públicos a su entrada
en vigencia (31 de diciembre de 2004) que, dada la nulidad e inexequibilidad
declarada de los decretos aludidos, no eran otras distintas que los artículos
144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, respectivamente.
En efecto, esta es la conclusión a la que se llegó ante la falta de normativa
aplicable a dichos servidores públicos antes de la entrada en vigor del
Decreto 1858 de 2018, para los del nivel ejecutivo por homologación, y del
Decreto 754 de 2019, para los que tienen esta categoría, pero por
incorporación directa. Al respecto la jurisprudencia21 precisó lo siguiente:
«[…] 68. La consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad del artículo 51
del Decreto 1091 de 1995 y del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del
2004 es que se aplique para el reconocimiento de la asignación de retiro del
demandante la ley reglamentada, es decir, la Ley 923 del 2004 tal como lo ha
señalado en asuntos similares esta Corporación.
69. En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de
diciembre del 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la
Policía Nacional y por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones anteriores.
70. En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es
aplicable la transición señalada en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo de
la Ley 923 del 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 la persona se
encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública, al margen de la causal de
retiro.
71. Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación
de retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de
su retiro, esto es Intendente, que señala para el caso concreto 15 años de
servicios para su reconocimiento, cuando el retiro se produjera por causa
distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja
de servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con
un tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 12 días.
[…]
73. Es de anotar, que debido a que el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional es
jerárquicamente superior al de Suboficiales de la institución, en casos como el
presente se debe dar aplicación directa al Decreto 1212 de 1990 en su
artículo 144, para el reconocimiento de la asignación de retiro. […]»
(Negrilla fuera de texto).
En esa medida, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo que
fueron incorporados de manera directa no se les podía exigir para el
reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a los 20 ni
inferior a los 15 años que contiene el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
21Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Radicación: 25000-23-42-000-2015-01064-
01(4247-17).
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Se precisa que esta es la norma que se les aplica, en la medida que el nivel
ejecutivo es jerárquicamente superior a los suboficiales que regula la norma,
luego no es factible aplicar el Decreto 1213 de 1990 en tanto regula a los
agentes, categoría inferior22.
Tránsito de las disposiciones que regulan la asignación de retiro
de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
En materia pensional, la regla general es que la normativa aplicable sea la
vigente para la fecha en que se reúnan los requisitos que permiten acceder a
la prestación. En otras palabras, el momento de consolidación plena del
derecho es lo que, en principio, determina las disposiciones que han de
gobernar una determinada situación fáctica.
Empero, esa regla general puede verse exceptuada al menos en tres casos:
I) El primero, en los eventos en que se deroga una ley pero la nueva
normativa dispone expresamente la existencia de un régimen de transición a
través del cual se protegen las expectativas legítimas de quienes ya tenían
un camino recorrido en aras de acceder al derecho en los términos de la
legislación anterior.
II) El segundo de ellos sucede cuando, al momento de causarse el derecho,
se está en presencia de dos o más disposiciones jurídicas vigentes que
proveen una solución al mismo caso. En estos eventos, en virtud del principio
de favorabilidad, se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le
represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema
de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente
uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más beneficioso. Lo
anterior en virtud de lo que se conoce como el principio de inescindibilidad o
conglobamento.
III) Finalmente, se encuentra el fenómeno de la retrospectividad de la ley,
que al igual que el primer supuesto aplica en el caso de un tránsito
normativo, suponiendo la posibilidad de que la nueva norma gobierne
situaciones fácticas y jurídicas que han estado reguladas por la disposición
precedente pero que siguen en curso puesto que no se han consolidado para
el momento en que aquella entra en rigor. La finalidad que pretende
satisfacer esta figura es que las personas puedan beneficiarse con la
aplicación de una nueva norma que propende por la garantía de derechos
ligados al concepto de dignidad humana y a la superación de situaciones de
desigualdad y marginación.
Consolidación del estatus pensional del demandante
A efectos de determinar cuál fue la fecha de consolidación del estatus
pensional, es necesario determinar, en primer lugar, la fecha de retiro del
servicio activo en el caso sub examine.
• En el expediente obra la Hoja de Servicios 98631144 del 13 de agosto
de 2012, expedida por la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional, de su contenido se encuentra probado que el señor Paulo
Andrés Arango Caro ingresó a la Policía Nacional al nivel ejecutivo, el
11 de agosto de 1997 hasta el 30 de julio de 2012, para un total de 15
años, 2 meses y 3 días. De igual forma, se consignó que su retiro
obedeció a la causal de destitución. (Folio 20).
22
En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 9 de septiembre del 2021.
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00133-01(1091-20).
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• Luego, la jefe del Área de Archivo de la Policía Nacional adicionó el
anterior tiempo el 10 de junio de 2014, en el sentido de incluir el lapso
prestado en el servicio militar entre el 19 de enero de 1994 y el 26 de
enero de 1995, para un total de 16 años, 2 meses y 1 día. (Folio 19).
• En virtud de lo anterior, el demandante elevó petición ante CASUR
con el fin de que se le otorgara asignación de retiro por haber
laborado más de 15 años en la Policía Nacional, encontrarse en
servicio activo al momento de entrar en vigencia la Ley 923 de 2004 y
haber sido retirado por causal diferente a la solicitud propia. Adujo
además que se retiró del servicio antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1858 de 2012, por tanto dicha disposición no era dable
aplicarla de forma retroactiva. (Folios 11 a 12). Se resalta que dicha
petición tiene fecha del 11 de noviembre de 2015, empero, no tiene
constancia de recibido.
El director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
resolvió de forma negativa la anterior solicitud a través del Oficio 24083/GAG
SDP del 23 de diciembre de 2015, al considerar lo que a continuación se
consigna:
«[…] En atención al escrito del asunto, relacionado con el reconocimiento de la
asignación mensual de retiro a que cree tener derecho, le informo que según su
hoja de servicios No. 98631144, libro 02, folio 180, expedida por la Policía
Nacional, el 13 de agosto de 2012 y adición del 10-06—2014, certifican que
prestó sus servicios en la Policía Nacional por espacio de 16 años, 02 meses y
01 días, siendo desvinculado de la Institución por “Destitución”, a partir del 30-
07-2012.
De conformidad con el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto
1858 del 06-09-2012, normas de carácter especial que regulan la carrera del
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, entre otros
pronunciamientos establecen, que el personal del Nivel Ejecutivo que ingreso
(sic) al escalafón por incorporación directa, que sean retirados o separados en
forma absoluta o destituidos deben acreditar (25) años de servicio, condición
que no cumple el mencionado señor, para efectos del reconocimiento de
asignación mensual de retiro.». (Subrayas y negrillas conforme a la
transcripción). (Folio 13).
En ese orden de ideas, se tiene por acreditado que al momento del retiro del
servicio activo del señor Paulo Andrés Arango Caro, se encontraba vigente el
parágrafo 2.º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004. Sin embargo, como
se advirtió en líneas precedentes, este fue declarado nulo por el Consejo de
Estado en sentencia del 12 de abril de 2012.
Ahora bien, a diferencia de las sentencias que profiere la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control (artículo 241 de la
Constitución Política), que por disposición del artículo 45 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia producen efectos hacia el futuro
salvo que se resuelva lo contrario, la declaratoria de nulidad de actos
administrativos de carácter general tiene efectos ex tunc o retroactivos desde
la fecha misma de expedición del acto23.
23 Sobre los efectos retroactivos que por regla general producen las sentencias anulatorias
de actos administrativos, pueden verse las siguientes sentencias proferidas por esta
corporación: Sala Plena del 1.° de junio de 1999. Expediente núm. 5260.; del 10 de
septiembre de 2014, radicación 11001-03-26-000-2008-00040-00(35362); del siete de abril
de dos mil once, radicación 50001-23-31-000-2003-10058-02 (1177-09); del ocho de julio de
dos mil diez, radicación 25000-23-24-000-2002-00956-01; del 5 de julio de 2006, radicación
25000-23-26-000-1999-00482-01(21051). Uno de los supuestos principales en que se
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Así lo ha sostenido de manera unánime la jurisprudencia de esta
Corporación, quien también ha aclarado que las situaciones jurídicas
consolidadas antes de la decisión anulatoria deben mantenerse íntegramente
en virtud del principio de seguridad jurídica, de manera que solo aquellas que
se cataloguen como no definidas pueden resultar afectadas a raíz de la
anulación.
Debe entenderse como una situación no definida aquella que, entre el
momento de expedición del acto administrativo y la sentencia anulatoria, no
se ha alcanzado a consolidar o respecto de la cual existe una controversia en
sede administrativa o judicial.
En línea con lo anterior, la declaratoria de nulidad del parágrafo 2.º del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 cuyos destinatarios eran los miembros
del nivel ejecutivo que habían ingresado antes de su entrada en vigencia,
esto es, el 30 de diciembre de 2004, (sin hacer distinción entre quienes se
homologaron y quienes se incorporaron directamente), que produce efectos
hacia el pasado, específicamente a partir del 31 de diciembre de 2004, fecha
en la cual fue expedido.
Por otro lado, la situación del señor Rubiel Darío Osorio Jaramillo fue
administrativa y judicialmente controvertida, por ende, no se encontraba
definida al momento de proferirse la decisión anulatoria, última cuyos efectos
le resultan aplicables.
Por tal motivo, es plausible concluir que la situación pensional del
demandante no se encuentra regulada por lo dispuesto en el Decreto 4433
de 2004, de manera que se hace necesario definir el régimen a seguir.
Con tal propósito lo primero que se debe hacer es descartar las normas que,
según se explicó, o son inaplicables, como es el caso del Decreto
Reglamentario 1029 de 1994 en lo que respecta al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, o bien fueron expulsadas del ordenamiento jurídico
mediante decisión judicial, como sucedió con el artículo 51 del Decreto
Reglamentario 1091 de 1995 y con el Decreto Ley 2070 de 2003.
Tampoco podría pensarse en el Decreto 1858 de 2012 porque esto
supondría concederle efectos retroactivos sin ningún fundamento,
recuérdese que fue expedido el 6 de septiembre de 2012 después del retiro
del servicio activo del demandante. Además, no habría lugar a su aplicación
ni por vía de retrospectividad ni por vía del principio de favorabilidad puesto
que, al momento de retiro del servicio del demandante, esa disposición no se
había expedido.
En efecto, el Consejo de Estado en la mencionada providencia del 3 de
exceptúa esta regla general es el de las sentencias de anulación electoral. De conformidad
con lo señalado en la sentencia de unificación proferida el 26 de mayo de 2016 por la Sala
Plena de esta Corporación (radicación 11001-03-28-000-2015-00029-00), «[…] corresponde
al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus
decisiones anulatorias […]». En atención a lo señalado en dicha providencia, el Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 7 de junio de 2016 (radicación 11001-03-28-000-
2015-00051-00), fijó la siguiente regla en torno a los efectos de las sentencias de nulidad
electoral por vicios subjetivos: «[…] habrá de entenderse que, al menos en materia electoral, la
regla general sobre los efectos de la declaratoria de nulidades subjetivas, es que aquellos serán hacia
el futuro (ex nunc) en consideración a la teoría del acto jurídico que distingue entre la existencia,
validez y eficacia, como escenarios distintos del acto (administrativo o electoral); y en respeto a la
“verdad material y cierta”, por encima de la mera ficción jurídica. Dicha regla podrá ser variada, caso a
caso, por el juez electoral, dependiendo del vicio que afecte la elección y en atención a las
consecuencias de la decisión en eventos en los que aquellas puedan afectar las instituciones y
estabilidad democrática […]».
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septiembre de 2018 al declarar la nulidad del artículo 2.° del Decreto 1858 de
2012, respecto de sus efectos advirtió:
«[…] no sin antes advertir que los efectos otorgados a esta sentencia serán de
carácter ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que
nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en
que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta
última se tome24. En tal sentido, respecto de las situaciones jurídicas no
consolidadas, las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen
efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo
se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera
inmediata. […]». (Subrayado intencional).
En esta línea de intelección, la declaratoria de nulidad del artículo 2.° del
Decreto 1858 de 2012 produce efectos hacia el pasado, específicamente a
partir del 28 de septiembre de 2012, fecha en la cual fue expedido. Por otro
lado, la situación del señor Paulo Andrés Arango Caro fue administrativa y
judicialmente controvertida, por ende, no se encontraba definida al momento
de proferirse la decisión anulatoria, última cuyos efectos le resultan
aplicables.
Aunado a ello, para su caso no gobierna el Decreto 1858 de 2012 porque se
desconocería que el régimen de transición garantizaba la expectativa para
que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía
Nacional como el demandante, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de
1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio para acceder a la
asignación de retiro. Por tal motivo, es plausible concluir que la situación
pensional del demandante no se encuentra regulada por lo previsto en la
mencionada disposición, de manera que se hace necesario definir el régimen
a seguir.
Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del señor Arango
Caro, 30 de julio de 2012, no existía una norma que regulara la asignación
de retiro que le fuera aplicable y que cumpliera con lo previsto en el artículo
3.° de la Ley 923 de 2004, específicamente con lo señalado en el numeral
3.1 según el cual, los requisitos para acceder a la prestación social no podían
ser mayores a los consagrados en las normas que regían la situación de
estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de diciembre de
2004).
Así, la consecuencia lógica es aplicar las normas que sí mantuvieron su
vigencia con ocasión de esta situación, esto es, el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990 que regula el rango más cercano a los policías del nivel
ejecutivo y que no fue derogada por el Decreto 1791 de 2000, tal como lo
determinó en el artículo 95 que dejó vigente las disposiciones sobre
prestaciones sociales previstas en el título «iv» del mentado decreto, dentro
de las que se encuentran las relacionadas con la asignación de retiro
(artículo 144).
A esta conclusión llegó recientemente esta Subsección25 al señalar:
24 Sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No. 25000232700020080012501 (18828).
M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).
25 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2020. Radicación
número: 76001-23-33-000-2015-00263-01(4613-18).
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«[…] En esa medida, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo
que fueron incorporados de manera directa no se les podía exigir para el
reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a los 20 ni inferior
a los 15 años que contiene el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Se precisa
que esta es la norma que se les aplica, en la medida que el nivel ejecutivo es
jerárquicamente superior a los suboficiales que regula la norma, luego no es
factible aplicar el Decreto 1213 de 1990 en tanto regula a los agentes, categoría
inferior. […]».
En ese sentido, las exigencias que debía cumplir el demandante para ser
beneficiario de la asignación de retiro son las contemplados en el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 que respecto a los requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro preceptuó:
«ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco
(5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección
General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean
separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de
la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual
de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de
que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince
(15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los
haberes de actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de
servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva
asignación.» (Subrayas fuera de texto).
Sobre el punto se observa que la Sección Segunda26 en un caso con
similares fundamentos fácticos y jurídicos al que es objeto de la presente
Litis, en reciente sentencia sostuvo:
«[…] En el presente caso, la accionada alega que en atención a que el
demandante hace parte del personal incorporado directamente al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, le son aplicables las previsiones contenidas en
el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, norma vigente que exige de ese
personal un tiempo mínimo de servicio de 20 años para acceder a la asignación
de retiro, lo que no colma el actor, dado que solo acreditó 18 años y 5 días.
Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial consignado
en líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de retiro por
los miembros de la fuerza pública deben verificarse bajo lo dispuesto en la Ley
marco 923 de 2004, que dispuso que la norma reglamentaria no podía contener
para quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los previstos en
26 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de septiembre de 2020. Radicación
número: 52001-23-33-000-2016-00514-01(1241-19)
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las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y, además, debían
incluir un régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de
quienes se encontraran próximos a consolidar su estatus de retirado.
La única condición que la citada Ley 923 de 2004 impuso para ser beneficiario
de la transición señalada en su artículo 3, es que al momento de su entrada en
vigor la persona se encontrara en servicio activo en la fuerza pública (Policía
Nacional o fuerzas militares), toda vez que respecto de la exigencia del término
se limitó a respetar los mínimos y máximos, que no son otros que los
señalados en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento de la
asignación de retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase de
ingreso al nivel ejecutivo (homologación o incorporación directa).
[…]
En el asunto sub judice, se observa que para el 31 de diciembre de 2004
(entrada en vigor de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba activo
en la Policía Nacional, por lo que estaba amparado por el mencionado régimen
de transición y, en esa medida, resta por verificar (i) cuál es el régimen
prestacional que le aplica y (ii) si colma los requisitos para obtener la
asignación de retiro.
Para dilucidar el primer aspecto, cabe precisar que según los artículos 12 del
Decreto ley 132 de 1995 y 9 del Decreto ley 1791 de 2000, el grado de
intendente, que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente al de
sargento segundo dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la
Policía Nacional. Por lo anotado, se tiene que la norma que corresponde
analizar es el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto del
Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional» (se destaca).»
(negrillas del texto, subrayas de la Sala).
Al respecto, se tiene que el demandante al momento de ingresar al servicio
de la Policía Nacional en el nivel ejecutivo (11 de agosto de 1997, según
consta a folio 20), se encontraba vigente el Decreto 1212 de 1990, el cual,
preveía un tiempo de servicio de 15 años para el reconocimiento de la
asignación cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad
propia.
En el sub lite la hoja de servicios aportada da cuenta de que:
El señor Paulo Andrés Arango Caro fue desvinculado por destitución, causal
que, si bien no es de aquellas descritas expresamente en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, ese vacío no es óbice para negar el derecho, puesto
que el Consejo de Estado27 ha precisado que la destitución o la separación
absoluta pueden ser enmarcadas dentro de la causal de mala conducta.
Acerca de este aspecto, esta Sección, en sentencia de 14 de septiembre de
201728, concluyó:
«[…] Para la Subsección es claro que la causal de retiro «separación absoluta»
que se configuró en este caso, e incluso la de «destitución» consagrada en la
anterior hoja de servicios del 16 de septiembre de 2003, se ajustan a la causal
de «mala conducta comprobada» que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de
1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro. En efecto, tal como lo
advierte el recurrente, lo que determina que el motivo de retiro del demandante
no se ajuste en apariencia a ninguna de las causales que prevé el artículo 104
27
Ver, entre otros, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado: 76001-23-31-000-
2006-02942-01 (2201-2007); del 11 de abril de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2015-
01949-01 (5126-2016); del 7 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-04425-01
(4314-2017); y del 19 de julio de 2019, radicado: 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007).
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del Decreto 1213 de 1990 ha sido la constante evolución del régimen
disciplinario de la Policía Nacional que ha aparejado modificaciones en la
terminología y las figuras contempladas en el mismo.
[…]
Por su parte, la evolución de la figura de la separación absoluta en el régimen
de la Policía Nacional estaría dada por lo dispuesto en el artículo 87 del
Decreto 41 de 199429, posteriormente derogado por el Decreto 1791 de 2000
que en su artículo 66 dispuso: «El personal que sea condenado por sentencia
ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la Justicia Penal Militar
o por la Ordinaria, por delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la
Policía Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma».
Tales motivos hacen preciso entender que cuando el artículo 104 del Decreto
1213 de 1990 prevé la «mala conducta comprobada» como una de las
causales de la asignación de retiro, el verdadero supuesto que contempla la
norma para hacerse a dicha prestación económica es la verificación de una
falta disciplinaria sancionable con el retiro del servicio, como lo es la sanción de
destitución prevista en el actual régimen disciplinario de la Policía Nacional o la
de separación absoluta en los casos en que dicha falta disciplinaria constituye
también un delito judicialmente sancionado con la imposición de una pena
principal de prisión o arresto.
En conclusión, los conceptos de retiro por «separación absoluta» y
«destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía
Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada»
contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la
evolución normativa que ha tenido tal régimen.». (Destaca la Sala).
En la misma dirección, en fallo de 19 de julio de 2019 30, esta Colegiatura
sostuvo:
«[…] 51. En tal sentido, debe precisar la Sala que, como el demandante estuvo
vinculado durante toda su vida laboral al Ejército Nacional, hasta que se
produjo su retiro por separación absoluta, que como se indicó no se encuentra
prevista dentro del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, lo cierto es que
dicha situación puede enmarcarse dentro de la causal de «mala conducta»,
razón por la cual, al hacer una interpretación amplia de la norma, debe
entenderse tal causal como un tipo en blanco en donde se encuentran
incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden culminar en
una sanción bien sea de carácter penal, fiscal o disciplinario, y que al ser
llevadas al caso concreto, evidencian que la separación de la actividad
militar se fundamentó en la existencia de mala conducta sin que ello
implique la negativa al reconocimiento de la asignación de retiro una vez
se verifique el complimiento de los requisitos legales del interesado.
Así las cosas, y como quiera que la figura de la separación absoluta es
equiparable a la causal de retiro del servicio por mala conducta comprobada, lo
cual resulta procedente en el caso bajo análisis, en la medida en que de
acuerdo con la hoja de servicios del demandante, su separación de la actividad
militar se produjo en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 1790 de 2000,
dicha circunstancia constituye un hecho indicador de que su dimisión se dio por
mala conducta, por lo que será ésta la causal bajo la cual se verificará el
29
«Articulo 87. Separación absoluta. El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de
prisión o arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, salvo el caso de condena por
delitos culposos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional.
El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo que sea separado en forma absoluta, no
podrá volver a pertenecer a la Policía Nacional.»
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, radicado: 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
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cumplimiento del tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro31.».
(Resaltado intencional).
Sobre el particular, la Sala aclara que si bien tal criterio fue expuesto
respecto de los artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de 1990,
dicho análisis también resulta atendible en el caso del personal regido por el
artículo 144 del Decreto 1212 de ese año, habida cuenta de que este
comparte el mismo vacío normativo que aquellos (en cuanto no previeron la
mentada causal de retiro), y que el concepto de destitución consagrado en el
artículo 61 del Decreto 1791 de 2000 resulta aplicable a todo el personal
uniformado de la Policía Nacional, sin excepción.
Al respecto se advierte que, a la fecha de terminación de la relación legal y
reglamentaria por destitución del señor Arango Caro con la Policía Nacional,
este contaba con 16 años, 2 meses y 1 día de servicio en aquella institución,
tal como consta en la Hoja de Servicios 98631144 del 13 de agosto de 2012
y en su complementación realizada por la jefe del Área de Archivo de la
Policía Nacional (folios 19 a 20), por lo que cumple los requisitos
consagrados tanto en la Ley 923 de 2004 como en el Decreto 1212 de 1990
para tener derecho a la prestación social en litigio.
Por consiguiente, como al 31 de diciembre de 2004 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba en servicio
activo en la Policía Nacional, institución en la que laboró por más de 15
años, hasta cuando fue desvinculado, se colige que cumple los requisitos
consagrados tanto en la Ley 923 de 2004 como en el Decreto 1212 de 1990
para ser beneficiario de la asignación de retiro.
Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo incurrió en
un desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y dar
aplicación al Decreto 1858 de 2012 para efectos del reconocimiento de la
prestación, y de esta forma, vulneró el principio de inescindibilidad de la
norma, toda vez que reconoció la asignación de retiro al considerar que el
libelista cumplió con los lineamientos regulados en el Decreto 1212 de 1990,
pero para su liquidación tuvo en cuenta lo previsto en el artículo 1.° del
Decreto 1858 de 2012.
Por tal motivo habrá de modificarse la sentencia recurrida y se ordenará la
liquidación de la prestación en cuantía equivalente al 50% de las partidas
computables de que trata el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, por los
15 primeros años de servicio, y un 4% más por cada año que exceda a los
15, sin que el total sobrepase del 85% de los haberes de actividad.
En conclusión: el demandante por ser miembro activo de la Policía Nacional
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario
del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha normativa y,
en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le
puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 (15 años por ser retirado por causal diferente a la
voluntad propia), al ser esa la norma que rige su situación pensional y
demostrar que cumplió el tiempo de servicios que lo hace acreedor de la
prestación reclamada.
31 Al respecto debe señalarse que la Subsección A de esta sección mediante sentencia del 14
de septiembre de 2017 dentro del proceso 760012331000200602942-01consideró que «los
conceptos de retiro por «separación absoluta» y «destitución» previstos en las disposiciones
disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta
comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la
evolución normativa que ha tenido tal régimen».
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Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden se modificará el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia proferida el 23 de octubre de 2020, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, y se
confirmará en lo demás la providencia recurrida, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -
CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 32.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada a pesar de haber resultado vencida, pues
si bien no prosperaron los argumentos del recurso de alzada, la parte
32
Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021)
Demandante: Paulo Andrés Arango Caro
demandante no presentó alegatos de conclusión en esta instancia, según
constancia secretarial visible a folio 209 del expediente.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 23 de octubre de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL-CASUR, que reconozca, liquide y pague al señor PAULO ANDRÉS
ARANGO CARO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.631.144, su
asignación mensual de retiro, en cuantía equivalente al 50% del monto de las
partidas de que trata el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, por los 15
primeros años de servicio, y un 4% más por cada año que exceda a los 15, sin
que el total sobrepase del 85% de los haberes de actividad, a partir del 23 de
diciembre de 2012 por virtud de la prescripción declarada. Deberán realizarse los
ajustes pertinentes y la indexación de las sumas reconocidas conforme a fórmula
señalada en la presente sentencia.».
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada, en el proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Paulo Andrés Arango Caro contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, CASUR.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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