Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07501-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-00
Accionante: Jimmy Rodríguez Bedoya
Accionados: Tribunal Administrativo de Caquetá, Despacho Cuarto y otros
Tema: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, entre otros. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de asignación de retiro de patrullero del
nivel ejecutivo. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jimmy Rodríguez Bedoya,
en nombre propio, en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, el
Tribunal Administrativo del Caquetá, Despacho Cuarto, la Nación- Ministerio de
Defensa y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social; que considera vulnerados por las sentencias del 30 de septiembre
de 2022 y 22 de octubre de 2025, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 18001-33-33-002-2021-00346-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que ingresó a la Policía Nacional el 16 de abril de 2003, permaneció en la entidad
por más de 17 años, desempeñando varios cargos y fue retirado del servicio
mediante Resolución núm. 02601 del 28 de octubre de 2020, por destitución.
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• Archivo Central.
Que presentó solicitud de reconocimiento y pago de asignación de retiro, la cual fue
negada mediante Oficio núm. S-2020-054797 del 19 de diciembre de 2020; motivo
por el cual interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se declarara la
nulidad del acto citado.
Que le correspondió al Juzgado 2º Administrativo de Florencia, quien en sentencia
del 30 de septiembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, decisión que fue
confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Caquetá,
Despacho Cuarto el 22 de octubre de 2025.
Estima que se le transgrede su derecho fundamental a la igualdad, porque a varios
compañeros que ingresaron a la Policía Nacional en la misma fecha que el actor, se
les reconoció asignación de retiro «por la vía ordinaria, a pesar de haber durado
menos tiempo que yo en la institución, y quienes fueron destituidos de la institución
en vigencia del mismo decreto 7591 (sic) de 2019 con el cual la entidad argumentó
y negó mi asignación de retiro».
Trajo a colación las siguientes sentencias: tutela 11001-03-15-000-2023-01022-01
del 18 de septiembre de 2023 de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado; nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-008- 2017-00052-01
del 26 de septiembre de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C y 18001-33-33-001-2020-00258-00 del 19 de agosto de
2022 del Juzgado Primero Administrativo de Florencia Caquetá; al igual que los
casos de los patrulleros: Sandra Viviana Sarmiento León, Miller Santiago
Valderrama Forero y Danis Daniel Senior Vega; los subintendentes: Albeiro Loaiza
Cardona y Víctor Hugo Correa Moreno, Jhon Hamintong Ciceri Anacona y el
intendente Jaime Andrés González Contreras.
Afirma que en los procesos antes referidos se puede evidenciar que los
demandantes fueron retirados del servicio en el año 2019, cuando estaba vigente el
Decreto núm. 754 de 2019 y se les reconoció asignación de retiro.
Que se encuentra en iguales circunstancias fácticas y jurídicas que los señores:
patrullero Nelson Enrique Rodríguez Cala, subintendente Andrés Felipe Bedoya
Pineda, subintendente Jhon Hamintong Ciceri Anacona, intendente Jaime Andrés
González Contreras, subintendente Víctor Hugo Correa Moreno y demás ex policías
anteriormente relacionados.
Que las autoridades accionadas incurrieron en los defectos:
• Sustantivo, porque «no queda duda en que el demandante ingresó al régimen del
nivel ejecutivo el 6 de septiembre de 2004 por incorporación directa, es decir, antes
1 Corresponde al Decreto 754 de 2019.
2
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de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 (sic) de diciembre- de Archivo Central.
2004)»,
razón por la cual se le debe aplicar la interpretación que hizo el Consejo de Estado
en la sentencia del 3 de septiembre de 2018 que declaró la nulidad del artículo 2º
del Decreto 1858 de 2012 con efectos ex tunc y, aplicar los decretos 1212 y 1213
de 1990.
• Desconocimiento del precedente, por inadvertir las sentencias de 20 de enero de
2022, radicado 05001-23-33-000-2016-02750-01 y 24 de febrero de 2022, radicado
11001-03-15-000-2021-07125-01, donde se estableció «que en los casos de
miembros del nivel ejecutivo incorporados directamente antes de la entrada en vigor
de la Ley 923 de 2004 -31 de diciembre de 2004-, se debía dar aplicación al artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro y,
por tanto, a ese personal no se les podría exigir para tener derecho a la asignación
mensual de retiro, un tiempo superior a los 20 años ni inferior a 15».
PRETENSIONES
El accionante pide dejar sin efectos las sentencias del 30 de septiembre de 2022 y
22 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia y el Tribunal Administrativo de Caquetá, Despacho Cuarto,
respectivamente.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 1º de diciembre de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a las
autoridades accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) manifestó que el
actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, con el único
propósito de obtener un fallo favorable frente a las pretensiones que fueron negadas
por el juez natural de la causa.
Expuso que no se configura vulneración actual o inminente de derechos
fundamentales, ya que las decisiones judiciales cuestionadas se adoptaron en
estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, aplicando de manera correcta el
precedente constitucional y garantizando el debido proceso.
Aunado a lo anterior, indicó que la pretensión del accionante de obtener el
reconocimiento de la asignación mensual de retiro bajo los decretos 1212 y 1213 de
1990, alegando aplicación del régimen de transición de la Ley 903 de 2004, carece
de sustento jurídico, pues desconoce el principio de inescindibilidad normativa y
busca revivir disposiciones que no le son aplicables, en atención a que dichas
normativas de 1990 regían los grados de oficiales, sub oficiales y agentes de la
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Policía Nacional, grados que el demandante nunca ostentó. - Archivo Central.
El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Despacho Cuarto y la Nación- Ministerio de Defensa, fueron
debidamente notificados de la acción de tutela, sin embargo, guardaron silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado - Archivo
a Central.
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 - Archivo Central.
de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Jimmy Rodríguez Bedoya considera que el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Despacho
Cuarto, la Nación- Ministerio de Defensa y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), le transgreden sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social, con las sentencias del 30 de septiembre de 2022 y 22 de octubre
de 2025, proferidas, respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
18001-33-33-002-2021-00346-00 [01].
A su juicio, las autoridades accionadas incurrieron en los defectos: sustantivo, por
indebida aplicación del Decreto 754 de 2019 y en el desconocimiento del precedente
por inadvertir las sentencias: de 20 de enero de 2022, radicado 05001-23-33-000-
2016-02750-01 y 24 de febrero de 2022, radicado 11001-03-15-000-2021-07125-
01.
Debe precisar las Sala, que la sentencia que será objeto de estudio por parte del
juez constitucional es la providencia del 22 de octubre de 2025 proferida por el
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
6
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Tribunal Administrativo de Caquetá, Despacho Cuarto, decisión que -puso Archivofin
Central.
al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho referenciado.
Aclarado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela contra la providencia
del 22 de octubre de 2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene
relevancia constitucional en la medida en que se debe examinar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por incurrir en los errores
citados, el demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no
cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con
el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó el 26 de noviembre del año
en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
sentencia, lo cual fue el 22 de octubre de 2025 y cobró ejecutoria el 19 de noviembre
de la misma anualidad y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma
naturaleza.
El Tribunal Administrativo de Caquetá, Despacho Cuarto señaló el marco normativo
y jurisprudencial de la asignación de retiro de los integrantes de la fuerza pública-
Policía Nacional, entre los cuales mencionó: el Decreto 1212 de 1990, para los
oficiales y suboficiales; el Decreto 1213 de 19908, para los agentes y el Decreto
1091 de 1995, para el nivel ejecutivo.
El Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero de 2007 declaró la nulidad del
artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, porque el ejecutivo carecía de competencia
material para regular una materia de naturaleza prestacional. Posteriormente, el
legislador mediante la Ley 923 de 2004 le concedió al Gobierno Nacional la facultad
de fijar el régimen legal de las asignaciones de retiro, la pensión de invalidez y de
sobreviviente, sus sustituciones y reajustes y en su artículo 3 estableció como
requisito temporal para acceder a la asignación de retiro, un mínimo de 18 años y
un máximo de 25 años de servicios.
Adujo la Corporación que el Gobierno Nacional indicó que a los miembros en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se les
exigiría un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores, sin
que pueda ser superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a
solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal. Resaltó que el único condicionamiento de dicha ley para
acceder al beneficio de la transición es que, al momento de la entrada en vigor, la
persona se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Militares. Dicha ley se
reglamentó a través del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.
Los artículos 24 y 25 parágrafo 2º del Decreto 4433 de 2004 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 20138, al concluir que
las disposiciones vulneraban lo establecido en la Ley 923 de 2004 y en el artículo
150, numeral 19, literal e de la Constitución Política, por cuanto desmejoró las
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, radicación número: 11001-03-25-000-2007-00061-
00(1238-07), magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez
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prestaciones sociales de los miembros de la Policía Nacional en servicio- Archivo
activo Central.
que
se encontraban vinculados al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
Indicó que el Consejo de Estado9 en sentencia del 3 de septiembre de 2018 declaró
con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, por medio
del cual el Gobierno Nacional había fijado el régimen pensional y de asignación de
retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al considerar que
dicha disposición desconoció los límites materiales establecidos en el artículo 3 de
la Ley 923 de 2004, al imponer tiempos de servicio más gravosos entre 20 y 25 años
que los previstos en los decretos 1212 y 1213 de 1990, los cuales fijaban rangos
entre 15 y 20 años.
Señaló que mediante el artículo 1º del Decreto 754 de 2019 se fijó el régimen de
asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que
ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, se
estableció que tienen derecho a la asignación mensual de retiro al cumplir: 1) 15
años o más de servicio, cuando la desvinculación se produzca por llamamiento a
calificar servicios, por voluntad del director general de la Policía o por disminución
de la capacidad psicofísica y 2) 20 años de servicio, para quienes se retiren a
solicitud propia, o sean retirados, separados en forma absoluta o destituidos.
Descendiendo al caso concreto, en la sentencia cuestionada el Tribunal expuso que
el señor Rodríguez ingresó a la Policía Nacional el 10 de abril de 2003 en calidad
de patrullero perteneciente al nivel ejecutivo; su vinculación se produjo antes del 30
de diciembre de 2004, momento para el cual estaba vigente el régimen consagrado
en los decretos 1212 y 1213 de 1990 que fijaban como requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro, un mínimo de 15 años de servicio cuando
el retiro obedecía a causales como llamamiento a calificar servicios o disminución
de la capacidad psicofísica y 20 años cuando se trataba de retiro voluntario; al igual
que el Decreto 1091 de 1995 que elevó los requisitos a 20 y 25 años de servicio,
según la causal de retiro.
De igual forma, indicó que el señor Rodríguez es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, ya que se vinculó antes del 30 de
diciembre de 2004, por lo que le eran aplicables las disposiciones que regían con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.
El Tribunal explicó que el Decreto 1212 de 1990 regula el régimen aplicable al
personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, mientras que el Decreto
1213 de 1990 corresponde al régimen de los agentes. En ese sentido, dichas
disposiciones no se aplicaban de manera directa al caso del demandante, dado que
éste ostentaba el grado de patrullero, perteneciente al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del consejero César
Palomino Cortés
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Conforme a lo expuesto, el Tribunal concluyó que en el presente- Archivo asuntoCentral.
no
resultaban aplicables los decretos 1212 y 1213 de 1990, dado que el grado y la
jerarquía que ostentaba el señor Rodríguez dentro de la institución era de patrullero
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, cargo que no se encontraba comprendido
dentro del ámbito de aplicación de los decretos citados, normas que regulaban
exclusivamente el régimen de oficiales, suboficiales y agentes.
De ahí concluyó dicha autoridad que la situación jurídica del demandante debía
examinarse a la luz del régimen especial establecido para el nivel ejecutivo,
desarrollado posteriormente bajo los parámetros fijados por la Ley 923 de 2004, que
estableció el marco legal para la fijación del régimen prestacional y de asignación
de retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública.
El Tribunal precisó que el cumplimiento de los 15 años de servicio no consolida por
sí mismo el derecho a la asignación de retiro, sino que este se perfeccionaba con el
retiro efectivo y que en el caso concreto el actor fue desvinculado el 28 de octubre
de 2020 bajo la vigencia del Decreto 754 de 2019, norma que exige 20 años de
servicio para acceder a dicha prestación; por lo que «no es procedente aplicar los
Decretos (sic) 1212 y 1213 de 1990 ni invocar el efecto ex tunc de la nulidad del
Decreto 1858 de 2012, pues su situación jurídica no estaba consolidada antes del
retiro. En consecuencia, la Ley 923 de 2004 y el Decreto 754 de 2019 son las
normas aplicables al caso».
Que el señor Rodríguez fue retirado del servicio por inhabilidad prevista en el
artículo 38, numeral 2 de la Ley 734 de 200210, la cual puede ser equiparada a «los
que sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos» la cual exige 20
años de servicio.
El Tribunal sostiene que el señor Jimmy Rodríguez Bedoya solamente acreditó 17
años de servicio, por lo que no se reúnen los supuestos de hecho que exige el
Decreto 754 de 2019 que «continúa siendo la norma vigente y aplicable al personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, toda vez que no ha sido declarado nulo11»;
razón por la cual, confirmó la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por
el Juzgado 2º Administrativo de Florencia que negó pretensiones.
Al respecto, la Sala encuentra que si bien el actor refiere como accionada a CASUR
lo cierto es que los hechos que considera le transgreden sus derechos
fundamentales invocados son consecuencia del fallo que profirió el Tribunal el 22
de octubre de 2025, razón por la cual se declarará la falta de legitimación en la
10 «2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por
faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción».
11 El Tribunal señaló que actualmente se encuentra en curso ante el Consejo de Estado una acción
de simple nulidad dirigida contra el artículo 1° del Decreto 754 de 2019. Procesos acumulados
11001032500020190039400 (2750-2019), 11001032500020210040000 (1962-2021) y
11001032500020210040300 (1966-2021), instaurados por José Fernando Hoyos García contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros, en ejercicio del medio de control de nulidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
causa por pasiva de esa entidad. - Archivo Central.
Por otro lado, la Sala advierte que el argumento del actor según el cual, se generó
la violación de su derecho fundamental a la igualdad por no fallar su caso de forma
similar a la de sus compañeros no fue expuesto en el recurso de apelación; sin
embargo, no se observa que se configure dicha transgresión.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, por un lado, los procesos de los señores:
Andrés Felipe Bedoya Pineda, Jhon Hamintong Ciceri Anacona, Jaime Andrés
González Contreras, Albeiro Loaiza Cardona y Víctor Hugo Correa Moreno no
guardan similitud fáctica con el caso concreto, pues ellos tuvieron el cargo de
subintendente e intendente de la Policía Nacional, mientras que el actor estuvo
vinculado en el cargo de patrullero.
Por otro lado, el accionante mencionó los casos de los patrulleros: Sandra Viviana
Sarmiento León, Miller Santiago Valderrama Forero y Danis Daniel Senior Vega; no
obstante, no citó número de radicado de los procesos ni aportó copia de las
decisiones citadas como inadvertidas, situación que impide realizar un estudio
comparativo frente al caso.
El actor alega que el Tribunal desconoció las siguientes decisiones:
• Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sentencia del 20 de enero
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2016-02750-0112, el problema jurídico a
resolver fue establecer sí al señor Paulo Andrés Arango Caro le asistía derecho a
obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro bajo los preceptos y
exigencias del Decreto 1212 de 1990, el juez concluyó que para el «momento de
la desvinculación del señor Arango Caro, 30 de julio de 2012, no existía una
norma que regulara la asignación de retiro que le fuera aplicable y que
cumpliera con lo previsto en el artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, (…) Así, la
consecuencia lógica es aplicar las normas que sí mantuvieron su vigencia con
ocasión de esta situación, esto es, el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que
regula el rango más cercano a los policías del nivel ejecutivo y que no fue
derogada por el Decreto 1791 de 2000» (negrilla fuera de texto original).
• Acción de tutela del 24 de febrero de 2022, radicado 11001-03-15-000-2021-
07125-0113, donde la autoridad judicial coligió que la sentencia objeto de
cuestionamiento adolecía de desconocimiento del precedente, bajo el entendido
que «como para el 31 de diciembre de 2004 (entrada en vigor de la Ley 923 de
2004) el demandante se encontraba activo en la Policía Nacional, estaba amparado
por el mencionado régimen de transición y, en esa medida, le era aplicable el
Decreto 1212 de 1990 , pues según los artículos 12 del Decreto ley (sic) 132 de
1995 y 9 del Decreto ley 1791 de 2000, el grado de intendente, que tenía el actor al
momento del retiro, era equivalente al de sargento segundo dentro de la
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
desaparecida jerarquía de suboficiales de la Policía Nacional». - Archivo Central.
La Sala advierte que las sentencias citadas no son precedentes obligatorios para el
caso, en la medida que no son sentencias de unificación, tal y como lo describe el
artículo 270 del CPACA y tampoco hay relación con la situación fáctica del asunto
particular, dado que: 1) los cargos que tuvieron los demandantes en aquellos
procesos son diferentes al de patrullero en el nivel ejecutivo y 2) las fechas de retiro
de los demandantes no coinciden con las del actor y se llevan años de diferencia,
dato indispensable para determinar la norma que regula la asignación de retiro.
Tampoco se configura el defecto sustantivo por el hecho de aplicar el Decreto 754
de 2019 para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues como bien lo explicó
el Tribunal: 1) los decretos 1212 y 1213 de 1990 no son aplicables ya que los
mismos regulaban exclusivamente el régimen de oficiales, suboficiales y agentes y
no los del nivel ejecutivo; 2) para el momento de la desvinculación del señor
Rodríguez, 28 de octubre de 2020, estaba vigente el Decreto 754 de 2019 14 norma
que regulaba la asignación de retiro y que cumplía con lo previsto en el artículo 3
de la Ley 923 de 2004 y 3) no se podían aplicar los efectos ex tunc de la nulidad del
Decreto 1858 de 2012, bajo el entendido que su situación jurídica no estaba
consolidada antes del retiro por destitución.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, puesto que no se configuraron los
defectos: sustantivo y desconocimiento del precedente, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Jimmy Rodríguez
Bedoya, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
14 «ARTÍCULO 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las demás normas que le sean contrarias», se publicó el 30 de abril de ese año.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12
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