Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07125-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2021-07125-011
Actor : Nelson Enrique García Quintero
Accionados : Magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra la
sentencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado
(sección primera), que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Nelson Enrique García Quintero, quien
actúa por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que
se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e
igualdad, presuntamente quebrantados por los señores magistrados del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 5 de
agosto de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander revocó el de 22 de junio de 2018, con el que el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Cúcuta accedió parcialmente a las pretensiones formuladas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(expediente 54001-33-33-001-2017-00222-00), para negarlas; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se
acceda a dichas súplicas.
1.2 Hechos. Relata el accionante que (i) «[…] ingresó a la Policía Nacional,
como alumno del Nivel Ejecutivo el día 05 de agosto de 1996 […]», (ii)
mediante Resolución 2285 de 1° de agosto de 1997 fue dado de alta como
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
patrullero, y (iii) a través de Resolución 547 de 21 de febrero de 2017, se le
retiró del servicio activo en el grado de intendente por destitución, luego de
haber laborado durante 19 años, 4 meses y 14 días en esa institución.
Que el 27 de febrero de 2017 deprecó el reconocimiento de la asignación de
retiro ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, lo que le fue
despachado de manera desfavorable, con oficio E-00003-201711016-
CASURID-233960 de 30 de mayo siguiente, «[…] por no cumplir […] los
requisitos [del Decreto 1858 de 2012] para [su adquisición] y por haber sido
retirado por la causal de destitución».
Dice que acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente
54001-33-33-001-2017-00222-00), encaminado a que se anulara el precitado
acto administrativo y se le concediera lo reclamado de la Administración, cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Cúcuta que, con sentencia de 22 de junio de 2018, accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas2, por haber prestado sus servicios a la Policía
Nacional durante más de 15 años, conforme a las previsiones del artículo 144
del Decreto 1212 de 1990.
Que inconforme con la aludida decisión judicial, la allí demandada interpuso
recurso de apelación en su contra, desatado el 5 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de revocarla,
para negar las súplicas ordinarias, al considerar que, de acuerdo con el fallo de
21 de enero de 2021 del Consejo de Estado3, «[…] para el reconocimiento de
la asignación de retiro del demandante la norma aplicable
[…] es […] la Ley 923 de 2004 y su reglamentación que es el Decreto 754 de
2019, que tiene aplicación retrospectiva […]» y prevé que «[…] cuando la
causal de retiro [sea] la destitución, se deben acreditar 20 años de servicios»,
lo que no satisface aquel, toda vez que acumuló «[…] 19 años, 4 meses y 19
días […]».
Sostiene que el fallo reprochado adolece de desconocimiento del precedente,
porque desatiende la jurisprudencia actual de la sección segunda (subsección
2
Puesto que negó la condena en costas solicitada.
3
Sección segunda, subsección A, expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-19), C. P. Gabriel
Valbuena Hernández.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
A) de esta Corporación, en particular, la sentencia de 6 de mayo de 20214,
según la cual para que los miembros que se incorporaron de manera directa al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004 y que
fueron destituidos, puedan acceder a la asignación de retiro, deben acreditar al
menos 15 años de servicios, de conformidad con la Ley 923 de 2004.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por conducto del ponente de la sentencia acusada, piden negar el
amparo deprecado, habida cuenta de que se fundamentó en una providencia
reciente del Consejo de Estado5, con identidad fáctica a la que aquí se
cuestiona, en la cual se determinó que «[…] a los miembros de la Policía
Nacional que ingresaron al nivel ejecutivo por incorporación directa antes del
31 de diciembre de 2004 y su causal de retiro fue la destitución, se les exige 20
años de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro, conforme
al Decreto 754 de 2019 […]», y comoquiera que el actor solo «[…] acreditó
19 años, 4 meses y 19 días, se consideró que no reúne todos los supuestos de
hecho que exige la norma en comento».
1.3.2 Los señores Juez Primero (1°) Administrativo de Cúcuta6 y director
general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. Mediante fallo de 2 de diciembre de 2021, el
Consejo de Estado (sección primera) negó el amparo deprecado, al estimar que
los magistrados accionados «[…] analiz[aron] todo el régimen jurídico
aplicable a quienes se incorporaron de manera directa al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional llegando a la conclusión de que el tiempo de servicio que se
requiere para acceder a la asignación de retiro en los casos en que el
funcionario es destituido es de mínimo 20 años para acceder a la prestación,
requisito […] [que] no cumplía el actor […]», lo cual tuvo como fundamento
«[…] la posición establecida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN
A- de [esta] Corporación en sentencia de 21 de enero de 2021 […]».
4
Expediente 54001-23-33-000-2017-00388-01 (6394-2019), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
5
Fallo de 21 de enero de 2021, expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-19), C. P. Gabriel
Valbuena Hernández.
6
Vinculado como tercero interesado dentro del presente trámite constitucional, junto con el señor director
general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
Agrega que «[…] al no existir una posición unificada en la Corporación sobre
el tiempo de servicio que se requiere para acceder a la asignación de retiro en
los casos en que los funcionarios que se incorporaron de manera directa al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional fueron destituidos, [las autoridades
accionadas] acogieron en el marco de su independencia judicial, la postura
conforme la cual del análisis de las disposiciones que regulan el tema se podía
válidamente concluir que para acceder a la prestación se requiere acreditar al
menos 20 años de prestación de servicio […]».
1.5 La impugnación. El tutelante, inconforme con la anterior decisión, la
impugnó, para cuyo propósito reiteró los argumentos expuestos en la solicitud
de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918
y 259 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar el eventual quebranto de
derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la
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«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
sentencia de 5 de agosto de 2021, por cuyo conducto el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander decidió, en segunda instancia, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
tutelante contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (expediente
54001-33-33-001-2017-00222-00), en el sentido de revocar la providencia del
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Cúcuta, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, para negarlas; y en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso e igualdad invocadas en la
solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales11, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201212, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos13.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201414, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
11
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
12
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
13
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
14
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad del accionante; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede
recurso alguno, en atención a que fue emitido en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriado; (iii) se identificaron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la decisión atacada quedó ejecutoriada el
17 de agosto de 202115 y la solicitud de amparo se instauró el 20 de octubre
siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 3 días); y (v) la
sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del
precedente invocada por el actor.
2.5.1 Desconocimiento del precedente. Sobre el particular se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
15
Notificada por correo electrónico el 11 de agosto de 2021, según lo verificado en la página electrónica de la
Rama Judicial (http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos).
16
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
8
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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adolece de un defecto sustantivo17 conforme a los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe18.
En el asunto sub judice el tutelante aduce que el fallo objeto de reproche
incurre en desconocimiento del precedente, en razón a que desatendió la
sentencia de 6 de mayo de 2021 de la sección segunda de esta Corporación19,
según la cual para que los miembros que se incorporaron de manera directa al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004 y
fueron destituidos, puedan acceder a la asignación de retiro, deben acreditar al
menos 15 años de prestación de servicio, de conformidad con la Ley 923 de
2004.
Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, cabe anotar que la asignación de retiro es una prestación económica20
especial21 para los miembros de la fuerza pública que se retiran del servicio
activo, por las excepcionales funciones públicas22 que desarrollaron en
cumplimiento de su actividad militar o policial, que tiene como objetivo la
financiación de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido,
acceso a servicios públicos domiciliarios, recreación, atención en salud, entre
otras) y familiares, a la que se accede siempre y cuando se acrediten los
requisitos legales.
Esta prestación fue regulada por el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se
reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Expediente 54001-23-33-000-2017-00388-01 (6394-2019), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
Dijo la Corte Constitucional, en sentencia T-512 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que «[…] la
asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro
del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la
normatividad de las [L]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación
cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal
beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus
condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus
vidas y las de sus familiares».
21
La asignación de retiro está excluida del sistema integral de seguridad social contenido en las Leyes 100 de
1993 (artículo 79) y 797 de 2003.
22
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta Política); (ii)
velar por la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden
constitucional (art. 217 ibidem); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (art. 218 ib.).
9
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
Nacional», que estableció:
ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del
presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que
sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al
servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución
de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta
deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen
los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro […].
En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, fue proferido el Decreto 1091 de 1995,
«Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto
132 de 1995», que dispuso que dicho personal tiene derecho a la asignación de
retiro al cumplir (i) 20 años de servicio y ser retirado por llamamiento a
calificar servicio, voluntad de la dirección general de la Policía Nacional,
disminución de la capacidad sicofísica o haber cumplido 65 años de edad los
hombres y 60 las mujeres; y (ii) 25 años de servicio y ser retirado o separado
por solicitud propia, incapacidad profesional, inasistencia al servicio por más
de 5 días sin causa justificada, conducta deficiente, destitución, detención
preventiva que exceda de 180 días o por separación absoluta.
Empero, la anterior disposición fue anulada por la sección segunda de esta
Corporación, con sentencia de 14 de febrero de 200723, al estimar que
trasgredía la Constitución Política y la ley, pues «[…] el Gobierno Nacional no
podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública en tanto […] era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de
otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido
a la carrera del nivel ejecutivo».
Por otro lado, con la expedición de la Ley 797 de 200324, se otorgaron
nuevamente facultades extraordinarias al presidente de la República (artículo
23
Consejo de Estado, sección segunda, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, acción de nulidad 11001-
03-25-000-2004-00109-01(1240-04).
24
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
10
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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17, numeral 3), entre otras, para «[…] expedir normas con fuerza de ley para
reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de
Policía», en virtud de las cuales se dictó el Decreto ley 2070 de ese año, «por
medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas
Militares», incluidos los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
Esta norma (Decreto ley 2070 de 2003) fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, mediante fallo C-432 de 200425, toda vez que a la luz de los
artículos 150 (numeral 19, letra e), 217 y 218 de la Constitución Política, el
régimen salarial y prestacional de la fuerza pública está reservado a las leyes
marco.
Posteriormente, se dictó la Ley marco 923 de 30 de diciembre de 200426, que
reguló los objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, de conformidad con
el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, que en lo
pertinente al caso, estableció, en su artículo 2, que «A los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca
por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por
cualquier otra causal».
Esta Ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 200427,
que en su artículo 25 determinó, respecto de la asignación de retiro para el
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a su
entrada en vigor, que cuando «[…] sea retirado con veinte (20) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de
Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia
o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
25
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
26
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
27
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro […]».
No obstante, el 12 de abril de 201228 la sección segunda de esta Corporación
anuló el parágrafo segundo del precitado artículo 25, al estimar que el
Gobierno nacional desbordó la potestad reglamentaria al incrementar la edad
para acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal.
Asimismo, el 23 de octubre de 201429 declaró la nulidad de los artículos 14, 15
(parágrafo), 24, 25 (parágrafo 1°) y 30 del aludido Decreto 4433 de 2004, por
quebrantar los límites que trazó el legislador en la Ley 923 de ese año al
ejecutivo y afectar con requisitos más gravosos a los beneficiarios de la
asignación mensual de retiro.
Para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en desarrollo de las facultades
conferidas por la Ley 923 de 2004, se dictó el 6 de septiembre de 2012 el
Decreto 185830, que fijó el régimen pensional y de asignación de retiro para los
suboficiales y agentes que se homologaron y de quienes ingresaron por
incorporación directa, antes del 1º de enero de 2005, que previó:
Artículo 1º. Régimen de transición para el personal homologado del
Nivel Ejecutivo. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro
para el personal que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005, siendo Suboficiales o
Agentes, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la
institución después de quince (15) años de servicio por llamamiento a
calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por
disminución de la capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de los veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro […].
Artículo 2º. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que
ingresó al escalafón por incorporación directa. Fíjase el régimen
pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de
la institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a
calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por
28
Consejo de Estado, sección segunda, C. P. Alfonso Vargas Rincón, acción de nulidad 11001-03-25-000-
2006-00016-00 (1074-07).
29
Consejo de Estado, sección segunda, acción de nulidad 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), C. P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
30
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional».
12
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta,
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una
asignación mensual de retiro […].
Mediante sentencia de 3 de septiembre de 201831, el Consejo de Estado anuló
el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, con efectos ex tunc, al concluir que
desconoció las previsiones de la Ley 923 de 2004, pues impuso al personal
vinculado con el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado
directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, condiciones
superiores y más exigentes para acceder al derecho de la asignación de retiro,
esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre 20 y 25 años, cuando
estaba restringido a 15 y 20.
En el sub lite se tiene que los magistrados accionados, en el fallo objeto de
censura, sostuvieron:
Es de resaltar que en [reciente] providencia […] el Consejo de Estado[32]
trató una situación muy similar a la estudiada en el asunto sub examine,
pues el demandante en dicho proceso se incorporó de manera directa al
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional como alumno el 4 de marzo de
2000 hasta el 6 de diciembre de ese mismo año, posteriormente se
incorporó al nivel ejecutivo el 7 de diciembre de 2000 hasta el 6 de junio
de 2015, y a la fecha de su retiro ostentaba la condición de intendente,
quien fue retirado por destitución […], [sin embargo, se negaron las
pretensiones formuladas al aplicar el Decreto 754 de 2019].
Por demás, no resulta señalar que […] los Decretos 1212 y 1213 de 1990,
regula[n] la situación administrativa de los Agentes, Oficiales y
Suboficiales así como los que ingresaron al nivel ejecutivo por
homologación, mientras que el actor […] ingresó de forma directa a dicho
escalafón.
[…] el [accionante] estaba en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, luego […] fue
retirado del servicio por causal de destitución el 27 de febrero de 2017,
fecha esta que determina la normatividad para el reconocimiento de su
asignación de retiro.
31
C. P. César Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00.
32
Sentencia de 21 de enero de 2021, expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019), C. P. Gabriel
Valbuena Hernández.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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Administrativo de Norte de Santander
En la citada fecha, la norma vigente era el artículo 2 del Decreto 1858 de
2012, empero, […] esta norma fue declarada nula en sentencia de 3 de
septiembre de 2018, declaratoria de nulidad que retrotrae sus efectos al
momento de la expedición del decreto, entendiéndose como si este no
hubiese existido, siendo por tanto inaplicable, efecto que recae sobre la
situación de la asignación de retiro, […] porque no estaba consolidada,
toda vez que la debatía ante la administración y ante la Jurisdicción.
Precisamente, para el [accionante], el reconocimiento de la asignación de
retiro no estaba consolidada porque fue retirado del servicio el 27 de
febrero de 2017, solicitó la prestación el 22 de mayo del año 2017, e
interpuso la demanda de la referencia el 9 de junio de 2017, es decir, a la
fecha de declaratoria de nulidad el 3 de septiembre de 2018, él discutía su
derecho a la asignación de retiro en sede judicial.
En este orden de ideas, para el reconocimiento de la asignación de retiro
del demandante la norma aplicable no es el Decreto 1858 de 2012, que fue
declarado nulo, como tampoco las normas anteriores que igualmente
fueron anuladas, lo es entonces, la Ley 923 de 2004 y su reglamentación
que es el Decreto 754 de 2019, que tiene aplicación retrospectiva, esto es,
para el reconocimiento de la asignación de retiro del personal que ingresó
directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, hasta el 31 de
diciembre de 2004, como es [su] caso […].
El citado Decreto, condiciona la causación de la prestación a la causal de
retiro y al tiempo de servicios prestados, que para el caso que interesa a la
Sala, prevé que cuando la causal de retiro es la destitución, se deben
acreditar 20 años de servicios.
[…]
Por tanto, como el [actor] acreditó 19 años, 4 meses y 14 días […], es
evidente que no reúne todos los supuestos de hecho que exige el Decreto
754 de 2019 para obtener el reconocimiento prestacional reclamado,
comoquiera que su causal de retiro exige un tiempo de servicios superior.
Ahora bien, de la revisión del fallo de 6 de mayo de 202133, que el tutelante
alega fue inobservado, se advierte que se estudió un caso similar al suyo, cuya
decisión resultó favorable al allí demandante, en atención a la Ley 923 de
2004, al determinar que «[…] los requisitos para acceder a la asignación de
retiro no pueden ser mayores a los establecidos en las normas que regían la
situación de estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 2004) que, dada la nulidad e inexequibilidad declarada de los
decretos [2070 de 2003, 1029 de 1994 (artículos 53), 1091 de 1995), 4433 de
33
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 54001-23-33-000-2017-00388-01 (6394-
2019), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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2004 (parágrafo 2 del artículo 25) y 1858 de 2012 (artículo 2)], no eran otras
distintas que los artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990,
respectivamente», en virtud de los cuales se exigían 15 años de servicios,
cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia; criterio
que corresponde al que ha adoptado tanto la subsección A34 como la
subsección B35 de la sección segunda de esta Corporación.
Por otra parte, cabe anotar que contra la sentencia de 21 de enero de 202136
proferida por la subsección A de esta sección, la cual acogieron los
magistrados accionados para fundamentar su determinación de negar las
súplicas, se instauró acción de tutela, a cuyo amparo se accedió con
providencia de 28 de mayo de ese año37, por lo que fue dejada sin efectos; y
aunque el 16 de septiembre siguiente38 se revocó dicha decisión, en sede de
impugnación, en reciente pronunciamiento de 20 de enero del presente año39,
la misma subsección, en un asunto idéntico al que es objeto de estudio,
concedió las pretensiones formuladas, al considerar que la norma aplicable es
la Ley 923 de 2004, cuya única condición para ser beneficiario de la transición
señalada en su artículo 3, es que al momento de su entrada en vigor la persona
se encontrara en servicio activo en la fuerza pública (Policía Nacional o
fuerzas militares), toda vez que respecto de la exigencia del término se limitó a
respetar los mínimos y máximos, que no son otros que los señalados en los
Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de
retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase de ingreso al
nivel ejecutivo (homologación o incorporación directa).
En ese orden de ideas, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial
realizado en líneas anteriores y comoquiera que de las pruebas allegadas a
estas diligencias se desprende que el accionante (i) el 1° de agosto de 1997 se
34
Ver sentencias de 13 de agosto, expediente 05001-23-33-000-2014-00855-01 (3424-17), C. P. William
Hernández Gómez y 22 de octubre de 2020, expediente 76001-23-33-000-2015-00263-01 (4613-2018), C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas; y 27 de mayo, expediente 18001-23-33-000-2017-00317-01 (2458-19), C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, 10 de junio, expedientes 25000-23-42-000-2013-05174-01 (0959-18), C. P.
Gabriel Valbuena Hernández, y 66001-23-33-000-2016-00151-01 (5478-18), C. P. William Hernández
Gómez; 9 de septiembre, expediente 20001-23-33-000-2018-00133-01 (1091-2020), C. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, y 11 de noviembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2016-00885-01 (3287-2020), C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
35
Ver fallos de 29 de mayo, expediente 05001-23-33-000-2016-02457-01 (1014-2018), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter, y 18 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2017-04882-01 (4276-2019), C. P.
Carmelo Perdomo Cuéter; y 27 de mayo de 2021, expediente 05001-23-33-000-2014-00284-01 (3896-15), C.
P. César Palomino Cortés.
36
Expediente 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
37
Expediente 11001-03-15-000-2021-02241-00, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
38
Expediente 11001-03-15-000-2021-02241-01, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
39
Expediente 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021), C. P. William Hernández Gómez.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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incorporó de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, donde
prestó sus servicios durante 19 años, 4 meses y 14 días40, y (ii) el 21 de febrero
de 2017 fue retirado del servicio activo por destitución, en razón a una sanción
disciplinaria que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos41, las condiciones
para obtener la asignación de su retiro debe verificarse bajo lo dispuesto en la
Ley 923 de 2004, que estipula que la norma reglamentaria no podía contener
para quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los previstos
en las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y además,
debían incluir un régimen de transición42 que respetara las expectativas
legítimas de quienes se encontraran próximos a consolidar su estatus de
retirado.
Por consiguiente, como para el 31 de diciembre de 2004 (entrada en vigor de la
Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba activo en la Policía Nacional,
estaba amparado por el mencionado régimen de transición y, en esa medida, le
era aplicable el Decreto 1212 de 199043, pues según los artículos 12 del Decreto
ley 132 de 1995 y 9 del Decreto ley 1791 de 200044, el grado de intendente,
que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente al de sargento segundo
dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la Policía Nacional.
Ahora bien, el artículo 114 del referido estatuto 1212 de 1990 preveía que los
suboficiales de la Policía Nacional que fueran retirados del servicio activo
después de 15 años por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) mala conducta,
(iii) no asistir al servicio por más de 5 días sin causa justificada, (iv) voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, (v) sobrepasar
la edad máxima correspondiente al grado, (vi) disminución de la capacidad
sicofísica, (vii) incapacidad profesional o (viii) conducta deficiente, y los que
se desvinculen o sean separados con más de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta,
a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una
asignación mensual de retiro.
40
Conforme a la hoja de servicio 88208934 de 19 de marzo de 2017.
41
Mediante Resolución 547 de 21 de febrero de 2017.
42
Según el cual, de conformidad con el inciso 2° del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, «[…] A
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de [esa] Ley, no se les
exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal».
43
«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional» (se
destaca).
44
«Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional».
16
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
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En el presente caso, se reitera, las pruebas dan cuenta de que el accionante laboró
para la Policía Nacional 19 años, 4 meses y 14 días, esto es, más de los 15 años
que impone la normativa para ser beneficiario de la asignación de retiro. Sin
embargo, también se advierte que el demandante fue destituido, en atención a
una sanción disciplinaria que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, causal
que, como se vio, no es de aquellas descritas expresamente en el aludido artículo
114 del Decreto 1212 de 1990. No obstante, ese vacío no es óbice para negar el
derecho, puesto que esta Corporación45 ha precisado que la destitución puede ser
enmarcada dentro de la causal de mala conducta.
En consecuencia, como el 31 de diciembre de 2004 el demandante se encontraba
en servicio activo en la Policía Nacional, institución en la que laboró por más de
15 años, hasta cuando fue destituido, se tiene que cumple los requisitos
consagrados tanto en la Ley 923 de 2004 como en el Decreto 1212 de 2010 para
ser beneficiario de la asignación de retiro.
Por consiguiente, los magistrados demandados, al decidir la controversia
planteada por el tutelante en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 54001-33-33-001-2017-00222-00, incurrieron en desconocimiento del
precedente, al no atender el criterio vigente fijado por esta Corporación sobre
el tiempo de servicio que requieren los miembros de la Policía Nacional que se
incorporaron de manera directa al nivel ejecutivo de esta institución antes del
31 de diciembre de 2004 y que fueron destituidos, para acceder a la asignación
de retiro.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
cuestionada adolece de desconocimiento del precedente, se impone revocar la
sentencia impugnada, para en su lugar: (i) amparar los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad del tutelante; (ii)
dejar sin efectos el fallo de 5 de agosto de 2021, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander revocó el de 22 de junio de 2018, con el
que el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Cúcuta accedió parcialmente a
las pretensiones formuladas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (expediente 54001-33-33-001-2017-00222-
45
Ver, entre otros, fallos de (i) 14 de septiembre de 2017, sección segunda, subsección A, expediente 76001-
23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007); (ii) 11 de abril de 2018, sección segunda, subsección B, expediente
25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); y (iii) 7 de marzo de 2019, sección segunda, subsección B,
expediente 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-2017).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
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Administrativo de Norte de Santander
00), para negarlas; y (iii) ordenar a las autoridades accionadas que dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, profieran una nueva
providencia, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. Revócase el fallo de 2 de diciembre de 2021, a través del cual el Consejo de
Estado (sección primera) negó la protección constitucional deprecada, en su
lugar:
1.1 Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
e igualdad del señor Nelson Enrique García Quintero, en armonía con lo
expuesto en la parte motiva.
1.2 Déjase sin efectos la sentencia de 5 de agosto de 2021, por cuyo conducto
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió, en segunda
instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
el demandante contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(expediente 54001-33-33-001-2017-00222-00), conforme a la motivación.
1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que, dentro del término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, dicten un nuevo fallo dentro
del aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en
esta decisión.
2. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
3. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07125-01
Nelson Enrique García Quintero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
4. Comuníquese el presente fallo a la sección primera de esta Corporación y
remítasele copia.
5. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
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