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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02184-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02184-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Modificar la sentencia del 6 de junio de 2024, proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Manuel Henry Monsalve Henao, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02184-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-01
Demandante: MANUEL HENRY MONSALVE HENAO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – El accionante pretende usar la tutela como
instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 6 de junio de 20241, proferida por la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 3 de mayo de 2024, el señor Manuel Henry Monsalve Henao, mediante
apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y el Juzgado 23 Administrativo de Medellín, con el objeto
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad2, que estima vulnerados con ocasión de
las sentencias del 18 de marzo de 2022 y del 26 de febrero de 2024, que le negaron
la asignación de retiro reclamada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001333302320210004400. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual):

1 Se advierte que, el 23 de julio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
2 Asimismo, invoca la protección de los principios a la seguridad jurídica y a la prevalencia del

derecho sustancial.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-01
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO: Que se le TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad17, en concordancia con
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, así como a
los principios a la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal18, al ciudadano MANUEL HENRY MONSALVE HENAO, el cual
considera vulnerado por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, providencia Nro. 038 de fecha 26 de febrero de 2024,
Magistrada Ponente: LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO y del Juzgado
Veintitrés (23) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, Doctor CARLOS
CRÍSTOPHER VIVEROS ECHEVERRI por la sentencia Nro. 013 de 2022 de
fecha 18 de marzo de 2022, los cuales desconociendo el precedente
jurisprudencial le niegan la asignación mensual de retiro no obstante haber
laborado en la Policía Nacional por más de 16 años, siendo evidente que el
señor Magistrado y el Juez de primera instancia (…) no consultaron los más
recientes pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado al respecto sin
causa justificada y desconociendo el derecho de un grupo minoritario de
uniformados que tienen derechos consolidados.

SEGUNDO: Que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia proferida
por el Juez Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín, Doctor
CARLOS CRÍSTOPHER VIVEROS ECHEVERRI el día 18 de marzo de 2022,
al igual que la Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, donde figuró como
Magistrado Ponente la Doctora LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO
dentro del proceso Radicado No. 05001 33 33 023 2021 00044 00 impetrado
por MANUEL HENRY MONSALVE HENAO y donde fue demandada la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

TERCERO: Que se profiera decisión sustitutiva o se ordene a dichas
autoridades judiciales realizarlo, revocando las decisiones emitidas por el
Doctor CARLOS CRÍSTOPHER VIVEROS ECHEVERRI Juez Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito de Medellín el día 18 de marzo de 2022, Juez,
y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera Quinta de Decisión,
conformada por los señores Magistrados LILIANA PATRICIA NAVARRO
GIRALDO, JULIANA NANCLARES MARQUEZ y SANDRA LILIANA PEREZ
HENAO el día 26 de febrero de 2024, proferidas dentro del proceso medio de
Control Nulidad y restablecimiento del Derecho Radicado No. 05001 33 33 023
2021 00044 00.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, el señor Manuel Henry Monsalve Henao
narró que prestó sus servicios a la Policía Nacional por más de 15 años; y, luego de
su retiro, por separación absoluta del grado de patrullero, solicitó a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR el reconocimiento de la
asignación de retiro.

La petición no fue resuelta en el término previsto en la ley. En consecuencia, ejerció
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto.

El Juzgado 23 Administrativo de Medellín conoció el proceso en primera instancia
y, en sentencia del 18 de marzo de 2022, negó las pretensiones, por considerar que

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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

al hacer parte del nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, la norma aplicable es el
Decreto 754 de 2019, que exige 20 años o más de servicios para acceder a la
prestación pretendida, requisito que no satisfizo el actor.

Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 26 de
febrero de 2024, en la que confirmó la negativa.

1.3. Argumentos de la tutela

Tras considerar que la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedencia exigidos para censurar providencias judiciales, el señor Manuel Henry
Monsalve Henao señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los siguientes defectos:

Sustantivo. Porque aplicaron indebidamente el Decreto 754 de 2019. A su juicio,
conforme a la última jurisprudencia del órgano de cierre, la asignación de retiro del
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado de manera directa
antes de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, se rige por lo dispuesto en los
artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, respectivamente. Por
tanto, no se les puede exigir 20 años de servicio para acceder a la prestación.

Desconocimiento del precedente. No se tuvo en cuenta el análisis efectuado por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 20 de
enero de 2022, expediente: 05001-23-33-000-2016-02750-01 (0627-2021), en la
que se determinó que, de conformidad con lo previsto en la Ley 923 de 2004, «los
requisitos para acceder a la asignación de retiro no pueden ser mayores a los
regulados en las normas que regían la situación de estos servidores públicos a su
entrada en vigencia (31 de diciembre de 2004».

Es decir, que, en su criterio, según esa jurisprudencia, no se puede exigir al
accionante 20 años de servicio o más para reconocer el derecho pretendido, puesto
que el policial ingresó a la institución por incorporación directa, antes de la entrada
en vigor de la Ley 923 de 2004.

Afirmó que en el mismo sentido se refirió la Sección Tercera, Subsección B, de esta
Corporación, en sede de tutela, expediente con radicación 11001-03-15-000-2023-
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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

01022- 013, en la que se indicó que la aplicación del Decreto 1212 de 1990, fue
nuevamente avalada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, luego de que, en el año 2021 (sentencia del 21 de enero, exp. Rad. 63001-
23-33-000-2017-00469-01), había señalado que la norma aplicable en estos casos
era el Decreto 754 de 2019. De lo que concluye que la previsión que ampara al
accionante es la consagrada en el Decreto 1212 de 1990.

En la misma línea, citó las sentencias proferidas el 20 de enero de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el radicado
050012333000-2016-02750-01 (0627-2021)4; el 7 de septiembre de 2018, por la
Sección Segunda, Subsección B de la misma Corporación, en el expediente 25000-
23-42-000-2015- 01064-01(4247-17)5; y el 24 de febrero de 2022, por la misma
autoridad judicial, en el proceso 11001-03-15-000-2021-07125-016.

Todo para insistir en que, el señor Monsalve Henao ingresó al servicio de la Policía
como alumno del Nivel ejecutivo el día 01 de noviembre de 2002, y fue suspendido
en funciones y atribuciones el 10 de julio de 2019, día que, en su entender, debe
tenerse como fecha de retiro, para la cual acreditaba 16 años, 11 meses y 2 días
de servicio, tiempo suficiente para satisfacer los requisitos para acceder a la
asignación de retiro.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de mayo de 2024, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda y dispuso que se notificara a las
autoridades judiciales accionadas, para que se pronunciaran al respecto. Como
terceros con interés notificó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
quien fungió como demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que se tramitó con el radicado 05001 3333 023 2021 00044 00 (01).

2.2. El juez 23 Administrativo de Medellín solicitó que se niegue el amparo, debido
a que las providencias se profirieron con apego a la normativa aplicable.

3 Sentencia del 18 de septiembre de 2023, M.P. Alberto Montaña Plata.
4 M.P. William Hernández Gómez.
5 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-01
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Agregó que la sentencia del 25 de febrero de 2022, invocada como precedente
desconocido, fue proferida en un proceso de tutela y, por ende, tiene efectos inter
partes, que no afectan para nada la decisión acogida en las providencias
censuradas.

De otra parte, sostuvo que el demandante pretende convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que busca revaluar aspectos que ya fueron debatidos ante el juez
natural de la causa. Por esa razón, considera que la tutela es improcedente.

2.3. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional afirmó que la tutela deviene
improcedente porque no satisface la exigencia de subsidiariedad, en la medida en
que el actor cuenta con otro mecanismo para hacer valer sus derechos (no
menciona cuál).

Adujo que el señor Monsalve Henao fue retirado del servicio bajo la modalidad de
separación absoluta, por sentencia penal condenatoria, por lo cual es claro que
requiere acreditar 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro
pretendida, de conformidad con lo indicado en el Decreto 754 de 2019, régimen que
le es aplicable.

Aunado a lo anterior, CASUR invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que no está llamada a satisfacer las pretensiones del accionante, dado
que la tutela se dirige contra providencias judiciales.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia no intervino en esta oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia proferida
el 6 de junio de 2024, negó el amparo solicitado por el señor Manuel Henry
Monsalve Henao.

Señaló que la tutela cumple con los requisitos generales exigidos por la
jurisprudencia para atacar providencias judiciales, en especial, adujo que el asunto
planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la administración de

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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

justicia, al debido proceso y a la igualdad, y a los principios de la seguridad jurídica
y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

En ese orden, abordó de fondo el asunto y analizó los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente invocados por la parte accionante.

Frente al primero, adujo que, de las consideraciones de las providencias
censuradas, se desprende que las autoridades judiciales realizaron un análisis
completo y detallado de la normativa aplicable al accionante, apoyándose en la
sentencia del 21 de enero proferida por esta Corporación7, lo que les permitió
concluir que, teniendo en cuenta la fecha de retiro del señor Monsalve Henao (30
de junio de 2020), el estatuto que lo ampara es el Decreto 754 de 2019, el cual
exige que el servidor acredite 20 años de vinculación para acceder a la asignación
de retiro.

En lo que atañe al desconocimiento del precedente, señaló que las sentencias del
20 de enero de 2022 y del 18 de septiembre de 2023 invocadas para el efecto, no
son decisiones obligatorias, pues no comparten similitud fáctica con el caso bajo
examen. Esto, por cuanto en ambos casos el retiro del servicio se produjo antes de
la entrada en vigor del Decreto 754 de 2019.

En ese orden, el a quo concluyó que las autoridades judiciales accionadas
profirieron las providencias objeto de reproche, en ejercicio de sus facultades de
autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, lo que les permitió acudir a la orientación dada por esta
Corporación en la sentencia del 21 de enero de 2021.

4. Impugnación

La parte accionante insistió en sus inconformidades con lo decidido por las
autoridades judiciales en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
señalando que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en
señalar que «la norma aplicable para los policías del nivel ejecutivo incorporados
directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, incluso aquellos

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández. Sentencia del 21 de enero de 2021, radicación: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-
2019).
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

retirados por condenas penales y sanciones disciplinarias, debe ser el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990».

Por lo anterior, solicitó que en esta instancia se realice un estudio de fondo, en el
que se considere el precedente que establece que al personal vinculado al servicio
de la Policía Nacional antes del 31 de diciembre de 2004 (entrada en vigor de la Ley
923/2004), «no se le [puede] exigir para tener derecho a la asignación mensual de
retiro, un tiempo de servicio superior a los 20 años ni inferior a los 15».

Expresó también su desacuerdo con la respuesta brindada por el juez 23
Administrativo de Medellín, toda vez que, contrario a lo que sostuvo dicha autoridad,
considera que la tutela sí cumple con la totalidad de requisitos generales para la
procedencia contra providencias judiciales. Y afirmó que, con el silencio del Tribunal
accionado, se deben tener por ciertos los hechos afirmados en la demanda.

Agregó que para resolver la controversia planteada, por favorabilidad, debe
aplicarse el Decreto 1212 de 1990; y, además, pidió que se tenga en cuenta que
para la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 el accionante ya tenía una
situación consolidada, con un derecho cierto e indiscutible.

Adujo que las autoridades accionadas apoyaron sus decisiones en la sentencia del
21 de enero de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado8, pero desconocieron el precedente fijado por la misma
Corporación en la sentencia del 3 de septiembre de 20189, según el cual:

(…) por remisión expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía
Nacional, entre los cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo, que se
encontraran activos al momento de la expedición de la Ley, esto es, al 31 de
diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos
de acceder a la asignación de retiro, superior al establecido en los Decretos
1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente
para dicho momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la
de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca
por cualquier otra causal (…).

Resaltó que el señor Monsalve Henao se encuentra amparado por el régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004 y, por ende, no le es aplicable el Decreto
754 de 2019, que, dicho sea de paso, es menos favorable a su situación. Además,

8 Radicado: 63001-23-33-000-2017- 00469-01 (2349-2019); M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
9 Radicado: 11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-2013); M.P. César Palomino Cortés.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

con la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, del artículo
25, parágrafo 2, del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2 del citado Decreto 1858
de 2012, teniendo en cuenta que el patrullero ingresó al servicio antes del 31 de
diciembre de 2024, a su juicio, es claro que no se le pueden exigir más de 15 años
de vinculación para acceder a la asignación de retiro pretendida, en aplicación del
Decreto 1212 de 1990.

Aunado a lo anterior, resaltó que, en la sentencia del 24 de febrero de 2022, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B10, se pronunció en un caso de
contornos similares al aquí debatido y concluyó que el régimen a aplicar es el
previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 6 de junio de 2024, proferido por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante el cual se negó el amparo
solicitado.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúnan esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron
los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 201411, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a

10 Radicado: 11001-03-15-000-2021-07125-01.
11
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente12 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

2. Caso concreto y solución del problema jurídico

A diferencia del juez de tutela de primera instancia, la Sala advierte que la presente
tutela deviene improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el accionante pretende convertir este valioso

12
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
9

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela la referencia, el
señor Manuel Henry Monsalve Henao planteó que, para el reconocimiento de la
asignación de retiro, no se le pueden exigir 20 años de servicio conforme al Decreto
754 de 30 de abril de 2019, puesto que, a su juicio, esa norma no le es aplicable.

Ello, según afirma, dado que en virtud de la transición prevista en la Ley 924 de
2004 tiene derecho a que se le aplique el régimen anterior, el cual, en vista de la
nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 199513, los artículos 24 y 25 parágrafo
2º del Decreto 4433 de 200414 y el artículo 2 del Decreto 1858 de 201215, no es otro
que el contemplado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, según los cuales se
requiere un tiempo de servicio de 15 años para el reconocimiento de la asignación,
cuando el retiro se produce por causa distinta a la voluntad propia.

En el fallo del 18 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado 23 Administrativo de
Medellín, después de realizar un análisis fáctico y jurisprudencial en el que se refirió
puntualmente a los argumentos esgrimidos por el señor Manuel Henry Monsalve
Henao, la autoridad judicial concluyó que no le asiste derecho a percibir la
asignación de retiro reclamada, toda vez que:

De ahí que, si bien en otras oportunidades este Juzgado ha accedido al
reconocimiento de la asignación de retiro, en virtud de la aplicación del
Decreto 1212 de 1990, el cual, en su artículo 144 señalaba un tiempo de
servicio de 15 años para el reconocimiento de la asignación cuando el retiro
se produjera por causa distinta a la voluntad propia, en virtud de los efectos
ex tunc de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995,
del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2º del
Decreto 1858 de 2012, que condujeron a aplicar lo establecido en el artículo
3º, ordinal 3. 1º inciso 2º de la Ley 923 de 2004; lo cierto es que con la entrada
en vigencia del Decreto 754 de 2019 no es posible aplicar en este caso
particular el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 ni el artículo 104 del
Decreto 1213 de 1990, que exigen 15 años de servicios cuando el retiro se
produzca por causa distinta a la voluntad propia, tal como lo solicita la parte
actora, pues al demandante lo rige el Decreto 754 de 2004 que establece
como requisito para acceder a la asignación de retiro para ese personal del
nivel ejecutivo incorporado directamente, el acreditar veinte (20) años de
servicio, cuando el retiro se produzca por destitución o por separación

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2007, expediente No. 1240-

2004, M.P. Alberto Arango Mantilla.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de octubre de 2014, expediente No. 1551-

07, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de septiembre de 2018, expediente No.

1060-13, M.P. César Palomino Cortés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-01
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

absoluta, norma que, según indica el Consejo de Estado en Sentencia del 21
de enero de 2021, con ponencia del Consejero Gabriel Valbuena Hernández
“…se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 3º,
ordinal 3. 1.º inciso 2º de la Ley 923 de 2004.”16

Además, sostuvo que:

De todo lo anteriormente expuesto, se puede apreciar entonces que el
Decreto 754 de 2019, reguló el régimen de asignación de retiro del personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, en cumplimiento de
la sentencia del Consejo de Estado de fecha 3 de septiembre de 2018 y del
artículo 3º, numeral 3.1 inciso 2 de la Ley 923 de 200416, además, valga la
pena mencionar, el Decreto 754 de 2019, estableció tiempos de servicios y
causales que se equipararon a aquellas establecidas para el personal
homologado en el artículo 1 del Decreto 1858 de 2012, las cuales se
encuentran vigentes.

De este modo, descendiendo al caso concreto, observa el Despacho que, el
demandante al 31 de diciembre de 2004, se encontraba vinculado por
incorporación directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, puesto que su
ingreso a la Policía Nacional se dio como alumno en el año de 2002 y luego
ingresó al escalafón hasta el 10 de julio de 2019, fecha en la que fue
suspendido en virtud de una medida de aseguramiento privativa de la libertad
impuesta en su contra, para finalmente ser retirado del servicio el 30 de junio
de 2020 por separación absoluta, siendo el último cargo desempeñado el de
patrullero.

Así mismo, se desprende de lo anterior, que el actor fue retirado del servicio
mediante Resolución N° 01581 del 12 de junio de 202017, es decir, cuando
ya había entrado en vigencia el Decreto 754 de 2019, incluso teniendo en
cuenta que el actor se encontraba suspendido del servicio desde el 10 de julio
de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 y este término, según la Resolución N°
01581 del 12 de junio de 2020 no se computa como tiempo de servicio ni tiene
efectos laborales; también encuentra el Despacho, a partir de esta situación,
que para dicho momento, esto es, para el 10 de julio de 2019, igualmente se
encontraba vigente el Decreto 754 de 2019, razón por la cual se concluye que
su situación se rige por lo dispuesto en dicha normativa, pues tanto la
suspensión del servicio como el retiro del mismo, se dieron en vigencia del
Decreto 754 de 2019.

Contra la anterior decisión, el señor Manuel Henry Monsalve Henao interpuso
recurso de apelación, basado en razones que posteriormente reprodujo en el escrito
de tutela, ante la decisión del Tribunal demandado de desestimarlo.

Verbigracia, se advierte que en la alzada básicamente se insistió en que el Decreto
754 de 2019 no gobierna la situación del demandante, dado que, por disposición
del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, para el reconocimiento de
la asignación de retiro del personal uniformado de la Policía Nacional no se le puede

16Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de enero de 2021,
expediente No. 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

exigir un tiempo superior al exigido por las normas vigentes en el momento del
ingreso, que, para su caso, entiende que son las establecidas en los Decretos 1212
y 1213 de 1990, que exigen 15 años de servicios para el reconocimiento de la
asignación de retiro, cuando el retiro se produce por causal distinta a la solicitud
propia.

De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación
y las propuestas en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos
alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya
fue decidido por la autoridad judicial, consistente en que, desde la óptica particular
de la parte accionante, se debió reconocer a su favor la asignación de retiro
reclamada, toda vez que, en su sentir, se acreditaron los requisitos exigidos, en
especial el tiempo de servicio, que es de 15 años, conforme al régimen que invoca
(Decretos 1212 y 1213 de 1990).

Sobre el particular se pronunció el Tribunal demandado, que, en sentencia del 26
de febrero de 2024, expuso:

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor
ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo el 01 de
noviembre de 2002 y una vez superado el curso se incorporó el 01 de abril de
2003 siendo su último grado el de Patrullero; (ii) se le retiró del servicio por
separación absoluta el 30 de junio de 2020 estando suspendido desde el 10
de julio de 2019, acreditando un total de 16 años, 11 meses y 2 días de
servicio; y (iii) habría elevado solicitud de reconocimiento y pago de la
asignación de retiro ante Casur el día 17 de julio de 2020, sin respuesta de la
entidad configurándose el silencio administrativo negativo frente a dicha
solicitud prestacional.

Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial consignado
en líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de retiro por
los miembros de la fuerza pública deben verificarse a partir de lo establecido
en la Ley marco 923 de 2004, que prevé que la norma reglamentaria no podía
contener para quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los
previstos en las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y,
además, debían incluir un régimen de transición que respetara las
expectativas legítimas de quienes se encontrarán próximos a consolidar su
estatus de retirado.

En tanto, en armonía a los efectos ex tunc25 de la declaratoria de nulidad del
parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2º del
Decreto 1858 de 2012, lo que conducía a aplicar la transición señalada en el
artículo 3º, ordinal 3.1. inciso 2º de la Ley 923 de 2004, toda vez que el único
condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923
de 2004 la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública.

En tanto, en el asunto bajo estudio la situación fáctica se circunscribe, a que
el actor se vinculó directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, es
decir, no es un caso de homologación y como las normas que regulaban el
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

reconocimiento de la asignación de retiro para estos miembros de la policía
fueron anuladas (artículo 14 y 24 del Decreto 4433 y artículo 2 del Decreto
1858 de 2012), se debe privilegiar el principio de la autonomía e
independencia judicial a fin de que el juez ordinario establezca cuál es el
marco normativo aplicable; pese a ello, al considerar la posible aplicación del
Decreto 1212 de 1990, el actor no tenía derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro, en razón a que no cumplió el tiempo de servicio requerido
(20 años) por la desvinculación de separación absoluta que prevé el artículo
144 de dicha norma, que podría contemplarse tras el análisis previsto por el
Consejo de Estado que afirmó que con la expedición de la Ley 180 de 1995,
se modificó la estructura jerárquica de la Policía Nacional y que los del nivel
ejecutivo se encontraban entre los oficiales y suboficiales, tras la declaratoria
de nulidad de las normas que preveían el régimen prestacional de dicho
personal que obligaba acudir a las normas anteriores.

De lo anterior se puede concluir que, tratándose de los miembros de nivel
ejecutivo, no existía una disposición expresa sobre su regulación, por lo que
jurisprudencialmente se había homologado con la aplicable a la de los
suboficiales (Decreto 1212 de 1990) por ostentar un rango similar a estos,
siempre y cuando se cumpliera los requisitos allí previstos de acuerdo a la
causal de retiro del miembro de la Policía.

Sin embargo, como se señaló en el acápite anterior, el presidente de la
República, profirió el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 “Por el cual se fija el
régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004”, en el cual estableció como requisito para acceder a la
asignación de retiro para ese personal, el acreditar veinte (20) años de
servicio, cuando el retiro se produzca por destitución o separación, norma que
se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 3º, ordinal
3.1 inciso 2º de la Ley 923 de 2004.

Al respecto el Consejo de Estado en providencia del 21 de enero de 2021
postura reiterada posteriormente en decisiones de tutela, indicó: (…)

En consecuencia, en el presente asunto si bien el señor Manuel Henry
Monsalve Henao, hace parte del personal que ingresó al nivel ejecutivo por
incorporación directa antes del 31 de diciembre de 2004, su causal de retiro
fue la separación absoluta por sentencia penal condenatoria, la cual exige 20
años de servicio; por tanto, como el señor Patrullero Monsalve Henao
solamente acreditó 16 años, 11 meses y 2 días de servicios, es evidente que
no reúne todos los supuestos de hecho que exige el Decreto 754 de 2019
para obtener el reconocimiento prestacional reclamado, comoquiera que su
causal de retiro exige un tiempo de servicios superior.

De conformidad con todo lo anterior, no están llamadas a prosperar las
pretensiones de la demanda, al verificarse que en este caso no se cumplen
los requisitos establecidos por el Decreto 754 de 2019 vigente para el
momento del retiro del servicio del actor ni tampoco los previstos en el Decreto
1212 de 1990 atendiendo a la causal de separación absoluta del servicio, se
impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de
la demanda.

Visto lo anterior, para la Sala es claro que la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso 05001
333302320210004400/011, en torno al régimen que se debe aplicar para determinar
si el señor Manuel Henry Monsalve Henao cumple o no los presupuestos para

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

reconocer a su favor la asignación de retiro, en especial el tiempo de servicio, toda
vez que CASUR le exigió 20 años, de conformidad con lo previsto en el Decreto 754
de 2019, y él sostiene que sólo debe acreditar 15, porque está amparado por el
régimen establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

A esto se suma que, para respaldar la tesis acogida, en las providencias censuradas
se citaron algunos pronunciamientos emanados del Consejo de Estado en sede de
tutela, los cuales coinciden con la tesis expuesta por esta corporación en sede
ordinaria.

Por ejemplo, en la sentencia del 21 de enero de 2021, con ponencia del magistrado
Gabriel Valbuena Hernández 17 , al resolver el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con supuestos similares al del aquí accionante, se
concluyó que el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 diferenció dos categorías de
causales de retiro, frente a la exigencia de tiempos de servicio para el
reconocimiento de la asignación a los miembros del nivel ejecutivo incorporados de
manera directa antes del 31 de diciembre de 2004, entre las que se encuentra el
evento en que el policial es retirado en forma absoluta o con fundamento en la
causal de destitución, caso en el cual se requiere acreditar 20 años de servicio para
acceder a la prestación.

De otra parte, la Sala no pasa por alto que el accionante invocó la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado18, para señalar que las autoridades judiciales demandadas
desconocieron el precedente allí establecido, sin embargo, dicha providencia se
emitió en sede de tutela y, por consiguiente, tiene efectos inter partes y no
constituye un precedente de obligatorio seguimiento. Lo mismo sucede con la
sentencia del 24 de febrero de 2022, proferida por la misma Corporación, en el
proceso 11001-03-15-000-2021-07125-0119, dado que también se emitió en el
marco de una acción de tutela.

En cuanto a la sentencia del 20 de enero de 2022, emitida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A20; la Subsección advierte que, en dicho caso, el
accionante fue desvinculado del servicio por destitución el 30 de julio de 2012, esto

17 Radicado: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019).
18 Radicado: 11001-03-15-000-2023-01022- 01.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Radicado: 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021); M.P. William Hernández Gómez.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

es, antes de la entrada en vigor del Decreto 754 de 201921, por lo que no es válido
afirmar que se trata de un asunto con similares contornos. Lo propio ocurre con el
caso resuelto en la sentencia del 7 de septiembre de 2018, dictada por la Sección
Segunda, Subsección B de la misma Corporación22, dado que allí el accionante
también fue retirado del servicio antes del 30 de abril de 2019 (entrada en vigor del
Decreto 754 de 2019)23.

Por consiguiente, es preciso aclarar que los casos analizados por esta Corporación
en esas oportunidades no son fáctica ni jurídicamente idénticos al resuelto en las
providencias censuradas, en la medida en que en las sentencias invocadas como
precedente la desvinculación del servidor por destitución y/o retiro absoluto tuvo
lugar antes de la expedición y entrada en vigor del Decreto 754 de 2019, razón por
la cual, en esos eventos, se aplicó el régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990.

En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a las
decisiones censuradas resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta,
no significa que por ese motivo las autoridades judiciales accionadas hubieran
incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional para reabrir el
debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.

En suma, la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia
constitucional, porque busca revivir la discusión planteada, que ya fue
razonablemente decidida en las providencias censuradas, con el claro propósito de
crear una instancia adicional.

Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada, para declarar
improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

21 Así se lee en la providencia: «Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del señor

Arango Caro, 30 de julio de 2012, no existía una norma que regulara la asignación de retiro que le
fuera aplicable y que cumpliera con lo previsto en el artículo 3.° de la Ley 923 de 2004,
específicamente con lo señalado en el numeral 3.1 según el cual, los requisitos para acceder a la
prestación social no podían ser mayores a los consagrados en las normas que regían la situación de
estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 2004)».
22 Expediente 25000-23-42-000-2015- 01064-01(4247-17); M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Así se lee en la providencia: «60. Conforme a la hoja de servicios 88198763 del 10 de octubre del

2013, que obra a folio 16, se encuentra probado que el señor José Gabriel Ángel Ojeda Villamizar
ingresó por incorporación directa como alumno del Nivel Ejecutivo la Policía Nacional el 17 de
octubre de 1995 y se desempeñó hasta el 30 de septiembre del 2013, fecha en que fue retirado de
la institución por destitución; es decir que acreditó un tiempo de servicios de 18 años, 2 meses y 12
días».
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02184-01
Demandante: Manuel Henry Monsalve Henao
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Modificar la sentencia del 6 de junio de 2024, proferido por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Manuel Henry Monsalve Henao, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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