Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07501-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07501-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07501-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de marzo de 2026
Demandante: Jimmy Rodríguez Bedoya
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco [5] de marzo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-01
Demandante: JIMMY RODRÍGUEZ BEDOYA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional. Revoca decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Jimmy Rodríguez Bedoya
contra la sentencia de 15 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 26 de noviembre de 2025, el señor Jimmy Rodríguez
Bedoya, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital, a la dignidad humana y del principio de favorabilidad.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de las sentencias de 30 de septiembre de 2022 y 22 de octubre de 2025 proferidas
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y el
Tribunal Administrativo del Caquetá, respectivamente, mediante las cuales se
negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho ejercido por el señor Jimmy Rodríguez Bedoya contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional [CASUR].
La referida causa se identificó con el radicado 18001-33-33-002-2021-00346-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1 PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de octubre de 2025 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA DESPACHO CUARTO, en el proceso
de Nulidad y Restablecimiento de Derechos, Rad 18001-33-33-002-2021-00346-01,
confirmatoria de la providencia dictada por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA el 30 de septiembre de 2022, la cual negó mi
solicitud de nulidad del acto administrativo S-2020-054797 de fecha 19 de diciembre
de 2020, por medio del cual se negó mi asignación de retiro.
SEGUNDO: Se REVOQUE igualmente la sentencia del 30 de septiembre de 2022
emitida por el juzgado SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA, y que en su
lugar, se sustituya y me sea CONCEDIDO en su totalidad, cada una de las
pretensiones descritas dentro del escrito de NULIDAD dirigido ante el Juez de lo
Contencionso Administrativo, e igualmente solicitadas ante la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional.
[...]1.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Jimmy Rodríguez Bedoya indicó que se vinculó a la Policía Nacional el 16
de abril de 2003, institución en la que desempeñó varios cargos, hasta que fue
destituido mediante resolución 02601 de octubre de 2020, con retiro efectivo el 1. °
de noviembre de la misma anualidad.
Informó que, ante la negativa de la entidad de reconocerle y pagarle la asignación
de retiro y los tres meses de alta, instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual le correspondió en primera instancia al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, autoridad que
en sentencia de 30 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el demandante no cumplía con el requisito de 20 años de servicio
que estipula el Decreto 754 de 2019 en los eventos en que la causal de
1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
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desvinculación sea: (i) por solicitud propia; (ii) por retiro o separación en forma
absoluta; y (iii) por destitución.
Lo anterior, al considerar que: (i) el demandante, aunque se encontraba vinculado
a la Policía Nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, fue
retirado del servicio activo el 1. ° de noviembre de 2020, por la causal de otras
inhabilidades [art. 38 de la Ley 734 de 2002], luego de 17 años, 2 meses y 23 días
de servicio; (ii) conforme al Decreto 754 de 2019, aplicable al personal del nivel
ejecutivo incorporado antes del 31 de diciembre de 2004, los uniformados retirados
por destitución, separación absoluta o inhabilidad solo adquieren el derecho a la
asignación de retiro al cumplir 20 años de servicio; y (iii) al no contar con dicho
tiempo mínimo, no cumplió los presupuestos normativos exigidos para el
reconocimiento de esa prestación.
Adujo que el recurso de apelación giró en torno a controvertir la negativa del
reconocimiento de la asignación de retiro, en ese orden, el sustento se planteó en
los siguientes términos:
(i) El señor Rodríguez Bedoya ingresó a la Policía Nacional el 16 de abril de 2003,
esto es, antes del 31 de diciembre de 2004, por lo que le eran aplicables los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, así como la Ley 923 de 2004, normas que fijaban
el tiempo mínimo de 15 años de servicio para acceder a la asignación de retiro,
sin distinguir la causal de desvinculación.
(ii) El Decreto 754 de 2019 fue expedido con desatención de los parámetros
fijados por la citada ley marco 923 de 2004 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, que ha declarado la nulidad de disposiciones similares [Decretos 1091
de 1995, 1858 de 2012 y 4433 de 2004] por exceder la potestad reglamentaria
del ejecutivo.
(iii) El demandante cumplió los 15 años de servicio el 10 de octubre de 2017 y
que, para septiembre de 2018, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, ya había superado el tiempo mínimo
exigido para acceder a la asignación de retiro. Argumentó que al tener dicha
sentencia efectos retroactivos (ex tunc), la norma aplicable debía ser la vigente
antes del decreto anulado, esto es, los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que
reconocen el derecho con 15 años de servicio.
(iV) Si en gracia de discusión se aceptara la aplicación del Decreto 754 de 2019,
lo cierto es que la nulidad del artículo 2. ° del Decreto 1858 de 2012 quedó
ejecutoriada con anterioridad, por lo que el actor consolidó su derecho en un
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período de vacío normativo, siendo aplicables las disposiciones de 1990 que
regían el régimen prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
(v) El retiro por inhabilidad sobreviviente debe equipararse al retiro por
disposición del director general de la Policía Nacional.
Refirió que la alzada la resolvió el Tribunal Administrativo del Caquetá en proveído
de 22 de octubre de 2025, en el sentido de confirmar la negativa luego de señalar
lo siguiente:
(i) No resultan aplicables los decretos que regían con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004, toda vez que el grado y la jerarquía que ostentaba el
señor Jimmy Rodríguez Bedoya dentro de la institución, esto es, el de patrullero del
nivel ejecutivo, no enlistaba en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, normas que
regulaban exclusivamente el régimen de oficiales, suboficiales y agentes. En
consecuencia, la situación jurídica del demandante se debía examinar a la luz del
régimen especial establecido para el nivel ejecutivo, lo cual fue desarrollado con
posterioridad en atención a los parámetros fijados en la Ley 923 de 2004 que
estableció el marco legal para la fijación del régimen prestacional y de asignación
de retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública.
(ii) No le asiste razón al extremo actor al señalar que su situación jurídica se
consolidó con ocasión de los efectos ex tunc derivados de la sentencia que declaró
la nulidad del artículo 2. ° del Decreto 1858 de 2012, toda vez que el cumplimiento
de los 15 años de servicio no otorga por sí mismo el derecho a la asignación de
retiro, puesto que lo reclamado solo se perfecciona con el retiro efectivo del servicio
y la verificación de la causal que lo origina. En este evento, el demandante fue
desvinculado en octubre de 2020, durante la vigencia del Decreto 754 de 2019,
norma que exige 20 años de servicio para acceder a la prestación objeto de debate.
Por tanto, no era procedente aplicar los Decretos 1212 y 1213 de 1990 ni invocar el
efecto ex tunc de la nulidad del Decreto 1858 de 2012, pues su situación no estaba
asegurada antes del retiro. En consecuencia, la Ley 923 de 2004 y el Decreto 754
de 2019 son las normas aplicables al caso.
(iii) Si bien el señor Jimmy Rodríguez Bedoya pertenecía al personal del nivel
ejecutivo incorporado antes del 31 de diciembre de 2004, su retiro del servicio
activo, efectuado en el año 2020, se produjo cuando ya se encontraba vigente el
Decreto 754 de 2019, norma que resulta plenamente aplicable al caso. Dicha
disposición exige la acreditación de 20 años de servicio para acceder a la asignación
de retiro cuando la desvinculación obedece a causales equiparables a la separación
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absoluta o destitución, como lo es la inhabilidad prevista en el artículo 38, numeral
2. °, de la Ley 734 de 2002. En ese sentido, al haber acreditado el actor únicamente
17 años de servicio, no cumplió con los presupuestos legales exigidos para el
reconocimiento de la prestación reclamada.
(iv) El Decreto 754 de 2019 se ajusta a la Ley 923 de 2004, pues esta fijó un rango
entre 15 y 20 años de servicio y permitió al legislador definir los requisitos según la
causal de retiro. En consecuencia, el decreto no excedió la potestad reglamentaria,
continúa vigente y aplicable al personal del Nivel Ejecutivo, por ende, no procede
reconocer la prestación bajo un régimen diferente.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Jimmy Rodríguez Bedoya aseguró que la sentencia de 22 de octubre de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en los siguientes
yerros:
1.4.1. Defecto sustantivo, en síntesis, por cuanto aplicó indebidamente el Decreto
754 de 2019 en la resolución de su caso, norma que exigía 20 años de servicio para
el personal del nivel ejecutivo que fueran retiradas por voluntad propia, retiro
absoluto o destitución. Ello, pese a que el marco normativo que regulaba su
situación era el contenido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 que exigían un
mínimo de 15 años.
1.4.2. Desconocimiento del derecho a la igualdad debido a que en las
sentencias: (i) de 20 de enero de 2022 expedida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-23-33-000-2016-
02750-012; (ii) de 24 de febrero de 2022 dictada en el marco de la acción de tutela
11001-03-15-000-2021-07125-013; (iii) de 18 de septiembre de 2023 proferida en la
2 El problema jurídico consistió en establecer si al señor Paulo Andrés Arango Caro le asistía derecho
a obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro según los preceptos y exigencias del
Decreto 1212 de 1990, el juez concluyó que para el «momento de la desvinculación del señor Arango
Caro, 30 de julio de 2012, no existía una norma que regulara la asignación de retiro que le fuera
aplicable y que cumpliera con lo previsto en el artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, (…) Así, la
consecuencia lógica es aplicar las normas que sí mantuvieron su vigencia con ocasión de esta
situación, esto es, el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que regula el rango más cercano a los
policías del nivel ejecutivo y que no fue derogada por el Decreto 1791 de 2000».
3 En este evento se determinó que la sentencia objeto de cuestionamiento adolecía de
desconocimiento del precedente en el entendido que, «como para el 31 de diciembre de 2004
(entrada en vigor de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba activo en la Policía Nacional,
estaba amparado por el mencionado régimen de transición y, en esa medida, le era aplicable el
Decreto 1212 de 1990 , pues según los artículos 12 del Decreto ley (sic) 132 de 1995 y 9 del Decreto
ley 1791 de 2000, el grado de intendente, que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente
al de sargento segundo dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la Policía Nacional».
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acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01022-01 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; (iv) de 26 de septiembre de 2018 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en un asunto de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-008- 2017-00052-01; y (v) de
19 de agosto de 2011 en la causa 18001-33-33-001-2020-00258-00, del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, se abordaron similares
contornos fácticos y jurídicos y se concedieron las pretensiones de la demanda al
ordenar a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Adicionalmente, la parte actora reprochó que en los casos de los señores: Andrés
Felipe Bedoya Pineda4, Jhon Hamintong Ciceri Anacona5, Jaime Andrés González
Contreras6, Albeiro Loaiza Cardona7 y Víctor Hugo Correa Moreno8; Sandra Viviana
Sarmiento León9, Miller Santiago Valderrama Forero10, Nelson Enrique Rodríguez
Navas11 y Danis Daniel Senior Vega12 se les accedió al reconocimiento y pago de
la prestación económica pese a que fueron retirados del servicio en el año 2019,
cuando se encontraba vigente el Decreto 754 de 2019.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 1. ° de diciembre de 2025, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar como demandados al
Tribunal Administrativo del Caquetá, al Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia, a la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional [CASUR].
1.6. Contestación
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional [CASUR] indicó que la acción
de tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional
en atención a con este mecanismo se pretende ejercer una tercera instancia del
proceso ordinario con el fin de obtener una decisión favorable a sus intereses.
4 Intendente.
5 Subintendente.
6 Subintendente.
7 Subintendente.
8 Subintendente.
9 Patrullera. Sentencia de 08 de marzo de 2024 emitida por el Juzgado Once Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Ibagué, expediente 73001-33-33-011-2021-00034-00.
10 Patrullero. Sentencia del 17 de mayo de 2024 emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá, expediente 11001-33-35-018-2022-00329-00.
11 Patrullero.
12 Patrullero. sentencia del 20 de febrero de 2024 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Valledupar, expediente 20001-33-33-002-2023-00153-00.
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Agregó que tampoco se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte accionante comoquiera que las providencias demandadas se encuentran
conforme a derecho y a la jurisprudencia aplicable al caso.
Finalmente, en cuanto al fondo, resaltó que no es posible obtener el reconocimiento
de la asignación mensual de retiro según lo estipulado en los Decretos 1212 y 1213
de 1990, con fundamento en que se le debe aplicar el régimen de transición de la
Ley 903 de 2004, pues tal alegato desconoce el principio de inescindibilidad
normativa y pretende revivir disposiciones que no le son aplicables por cuanto los
referidos decretos regulaban lo concerniente a los grados de oficiales, sub oficiales
y agentes de la Policía Nacional.
1.7. Fallo impugnado13
Mediante providencia de 15 de enero de 2026 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado delimitó el estudio del caso a la sentencia de 22 de
octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá por ser aquella
con la cual se definió la situación jurídica del demandante.
Luego, superó todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, estudió de fondo y negó el amparo deprecado al de
concluir lo siguiente:
(i) no se configuró el desconocimiento del precedente por cuanto en los procesos
de «Andrés Felipe Bedoya Pineda, Jhon Hamintong Ciceri Anacona, Jaime Andrés
González Contreras, Albeiro Loaiza Cardona y Víctor Hugo Correa Moreno no
guardan similitud fáctica con el caso concreto, pues ellos tuvieron el cargo de
subintendente e intendente de la Policía Nacional, mientras que el actor estuvo
vinculado en el cargo de patrullero».
En los casos de «Sandra Viviana Sarmiento León, Miller Santiago Valderrama
Forero y Danis Daniel Senior Vega; no obstante, no citó número de radicado de los
procesos ni aportó copia de las decisiones citadas como inadvertidas, situación que
impide realizar un estudio comparativo frente al caso».
Además, resaltó que las sentencias de 20 de enero de 2022, dictada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-
23-33-000-2016-02750-01; y 24 de febrero de 2022, proferida dentro de la acción
13 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 21 de enero de 2026.
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de tutela 11001-03-15-000-2021-07125-01, no construyen precedente obligatorio en
la medida en que no son pronunciamientos de unificación.
(ii) De otro lado, aseguró que no se acreditó el defecto sustantivo «por el hecho de
aplicar el Decreto 754 de 2019 para el reconocimiento de la asignación de retiro,
pues como bien lo explicó el Tribunal: 1) los decretos 1212 y 1213 de 1990 no son
aplicables ya que los mismos regulaban exclusivamente el régimen de oficiales,
suboficiales y agentes y no los del nivel ejecutivo; 2) para el momento de la
desvinculación del señor Rodríguez, 28 de octubre de 2020, estaba vigente el
Decreto 754 de 201914 norma que regulaba la asignación de retiro y que cumplía
con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y 3) no se podían aplicar los
efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 1858 de 2012, bajo el entendido que su
situación jurídica no estaba consolidada antes del retiro por destitución».
En cuanto a CASUR, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva en
atención a que los reproches fueron dirigidos contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá.
1.8. Impugnación14
Con escrito radicado oportunamente el 27 de enero de 2025, el señor Jimmy
Rodríguez Bedoya impugnó la decisión del a quo al manifestar su inconformidad
con la resolutiva en el sentido de iterar el cargo de violación a su derecho a la
igualdad.
Al respecto, recalcó que las diferentes autoridades judiciales han accedido a la
pretensión del reconocimiento de la asignación de retiro a personal que también
ingresó al régimen del nivel ejecutivo, ha desempeñado el cargo de patrullero, se
ha vinculado antes de la vigencia de la Ley 923 de 2004 [31 de diciembre de 2004],
y fueron retirados cuando se encontraba en vigor el Decreto 754 de 2019.
Adujo que el quebrantamiento de su garantía también se configura con el hecho de
que la autoridad judicial accionada haya negado sus pretensiones en el proceso
ordinario con sustento en que se desempeñó como patrullero, puesto que, a su
juicio, la Ley 923 de 2004 no estableció diferencias en el requisito del tiempo de
servicio por razón del cargo.
14 Las citas incluidas en este numeral fueron extraídas del texto original y pueden contener errores.
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Advirtió que sí aportó con la demanda de tutela las sentencias que favorecieron a
los expolicías que citó en aras de demostrar la transgresión a su derecho a la
igualdad, en todo caso, iteró los siguientes casos:
(i) «Patrullera Sandra Viviana Sarmiento León, quien ingresó a la Policía Nacional
el 6 de septiembre de 2004 y fue retirada de la institución el 15 de agosto de 2019.
En sentencia del 08 de marzo de 2024 emitida por el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué RAD 73001-33-33-011-2021-00034-00, se reconoció el
derecho a la asignación de retiro al establecer que la demandante cumplía con los
requisitos de tiempo de servicio y retiro por causal no voluntaria, según lo dispuesto
en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, es decir, antes del 30
diciembre de 2004».
(ii) «Patrullero Miller Santiago Valderrama Forero, quien ingresó a la Policía
Nacional el 6 de septiembre de 2004 y fue retirada de la institución el 23 de octubre
de 2020. En sentencia del 17 de mayo del 2024 emitida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá RAD 11001-33-35-018-2022-00329-00,
se reconoció el derecho a la asignación de retiro al establecer que el demandante
cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y retiro por causal no voluntaria,
según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, es
decir, antes del 31 diciembre de 2004».
(iii) «Patrullero Danis Daniel Senior Vega: Ingresó a la Policía Nacional el 1 de
noviembre de 2002 y fue retirado de la institución el 21 de junio de 2019. En
sentencia del 20 de febrero de 2024 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Valledupar RAD 20001-33-33-002-2023-00153-00, se reconoció
el derecho a la asignación de retiro al establecer que el demandante cumplía con
los requisitos de tiempo de servicio y retiro por causal no voluntaria, según lo
dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, es decir antes
del 31 diciembre de 2004».
En ese orden, expuso que las personas mencionadas se vincularon a la Policía
Nacional al régimen del nivel ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004 por cuanto
ingresaron a la academia el 6 de septiembre de 2004, se graduaron el 31 de agosto
de 2005, se les retiró del servicio en vigencia del Decreto 754 de 2019 con un tiempo
mayor a 15 años y menor de 20 años, y la causal fue destitución y voluntad de la
Dirección General.
Por último, aportó información sobre personal que, si bien ostentó cargos de mayor
jerarquía, lo cierto es que, aparte de ese aspecto, presentaba las mismas
particularidades del actor:
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(i) «Subintendente VICTOR HUGO CORREA MORENO, quien ingresó a la Policía
Nacional el 08 de febrero del 2004 y fue retirado de la institución por la causal de
DESTITUCION a fecha 01 de diciembre de 2022. En sentencia de proceso bajo
radicado 18001-33-33-001-2023-00417-00 emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia Caquetá, se reconoció el derecho a la asignación de
retiro al establecer que el demandante cumplía con los requisitos de tiempo de
servicio y retiro por causal no voluntaria, según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004
y los Decretos 1212 y 1213 de 1990».
(ii) «Subintendente, JHON HAMINTONG CICERI ANACONA, quien ingresó a la
Policía Nacional el 06 de septiembre del 2004 y fue retirado de la institución por la
causal de DESTITUCION a fecha 29 de diciembre de 2023. En sentencia de
proceso bajo radicado 18-001-33-33-002-2024-00081-00 emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Florencia, se reconoció el derecho a la asignación de
retiro al establecer que el demandante cumplía con los requisitos de tiempo de
servicio y retiro por causal no voluntaria, según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004
y los Decretos 1212 y 1213 de 1990».
(iii) «Intendente, JAIME ANDRÉS GONZALEZ CONTRERAS, quien ingresó a la
Policía Nacional el 31 de marzo del 2004 y fue retirado de la institución por la causal
de DESTITUCION a fecha 15 de enero de 2020. En sentencia de proceso bajo
radicado 18-001-33-33-002-2022-00294-00 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia, se reconoció el derecho a la asignación de retiro al
establecer que el demandante cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y
retiro por causal no voluntaria, según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los
Decretos 1212 y 1213 de 1990».
(iv) «Subintendente ALBEIRO LOAIZA CARDONA, quien ingresó a la Policía
Nacional el 6 de septiembre de 2004 y fue retirado de la institución por la causal de
DISCRESIONAL a fecha 29 de abril de 2021. En sentencia de proceso bajo radicado
66001-33-33-004-2022-00095-00 emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira, se reconoció el derecho a la asignación de retiro al establecer que el
demandante cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y retiro por causal no
voluntaria, según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de
1990».
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Jimmy Rodríguez Bedoya contra la sentencia 22 de octubre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 202115, así como
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 15 de enero de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se negó la
solicitud de amparo constitucional.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales18.
15 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
16 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
18 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201419, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. La Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, el
requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de
la referencia frente a la providencia de 22 de octubre de 2025, marco en el cual los
argumentos expuestos por el señor Jimmy Rodríguez Bedoya no cumplen con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 202220.
En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.
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el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.21
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»23.
21 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
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b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general24.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»25.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso26, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.4.1.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades del señor Jimmy Rodríguez Bedoya
contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una tutela
contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además de
identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones del
por qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.
Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
al derecho a la igualdad con ocasión de la expedición de la sentencia de 22 de
octubre de 2025, lo cierto es que hasta este punto del debate no se advierte, a priori,
que la decisión censurada sea arbitraria, irrazonable o caprichosa, debido a que, en
el marco de su autonomía el tribunal que conoció la segunda instancia del proceso
24 Ibídem.
25 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
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de nulidad y restablecimiento del derecho negó las pretensiones de la demanda
luego de concluir que con el material probatorio aportado no se desvirtuó la legalidad
de los actos demandados.
Ello es así, debido a que, salta a la vista que los casos que citó el extremo actor de
los expatrulleros de la Policía Nacional que, en su criterio se encontraban en
idénticas condiciones fácticas y jurídicas a las suyas, y a quienes según su dicho se
les reconoció la prestación reclamada, fueron fallados en sentencias de primera
instancia por jueces administrativos de Ibagué, Bogotá y Valledupar, lo que denota
diáfanamente que no se trata de decisiones definitivas ni de la misma autoridad
judicial que desató el caso del señor Rodríguez Bedoya, esto es, el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
Adicionalmente, en los eventos de los expolicías que ostentaron un mayor rango,
pero que también fueron retirados en vigencia del Decreto 754 de 2019, incluso
algunos con un menor tiempo de servicio en relación con el señor Rodríguez
Bedoya, también trajo a colación las sentencias de primer grado dictadas por los
jueces Primero y Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, así como
por el juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, esto es, judicaturas
distintas al tribunal demandado en el mecanismo de la referencia.
En ese orden, lo que advierte esta colegiatura es que con sustento en la presunta
violación del derecho a la igualdad del señor Rodríguez Bedoya, se pretende
reactivar un debate abordado y zanjado por los jueces naturales en el marco de su
autonomía e independencia judicial, comoquiera que lo que se plantea en este
escenario es que se analice si la norma a aplicar en el contexto de la causa ordinaria
es el Decreto 754 de 2019 o los Decretos 1212 y 1213 de 1990.
Este planteamiento fue objeto de la demanda ordinaria y fue analizado tanto por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia como por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, los cuales coincidieron en negar las
pretensiones del medio de control al determinar que el señor Jimmy Rodríguez
Bedoya no cumplía con el tiempo de 20 años de servicio para tener derecho a la
asignación de retiro, de conformidad con lo estipulado en el mencionado Decreto
754 de 2019, norma que los jueces ordinarios consideraron que era aplicable al
personal del nivel ejecutivo incorporado antes del 31 de diciembre de 2004, y que
fueran retirados por destitución, separación absoluta o inhabilidad.
Adicionalmente, es necesario resaltar que, además, ninguna de las sentencias
señaladas por el accionante constituye precedente obligatorio en tanto no han sido
dictadas por una alta corte.
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En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de la
garantía que la parte actora alegó como desatendida, que demuestre lo urgente de
la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la
referencia.
No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron determinadas
vías de hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado,
cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una tercera
instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a
esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
215 y 103 de 202227.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión revoque la decisión de primer
grado que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia
de la acción de la referencia.
2.5. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 5 de enero de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción
27 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07501-01
de la referencia promovida por el señor Jimmy Rodríguez Bedoya contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá y otros, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la decisión de 5 de enero de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia del mecanismo constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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