Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00489-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00489-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00489-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintidós (22) de mayo de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 76001-23-33-000-2021-00489-01 (0408-2026)1
Demandante : Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Asignación de retiro
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)2, por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones3
1. El señor Yoalbeth Gustavo León Restrepo, por intermedio de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del oficio No
201921000323191 ID 511532 del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
por medio del cual, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, negó
el reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad
demandada, reconocer y pagarle la asignación mensual de retiro, equivalente al
Cincuenta y Ocho (58%) del monto de las partidas computables, efectiva a partir del
Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018); conforme lo establecen los artículos
100 y 104 del Decreto 1213 de 1.990 y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
1 Expediente electrónico – sistema Samai
2 Sistema Samai – gestión otros despachos, índice 040
3 Sistema Samai índice 02, folio 1.
2
Número interno: 0408-2026
Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
de Estado, en sentencia del Tres (3) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), radicado
interno 1060-2013.
3. De igual manera, pretende: i) Que se condene a la accionada al reconocimiento y
pago de las sumas dinerarias dejadas de percibir a partir del Treinta (30) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), por concepto de mesadas pensionales, primas de servicios,
reajustes salariales, y demás prestaciones, derechos legales reglamentarios, estatutarias
y extralegales que en todo tiempo se devengue hasta la ejecutoria de la sentencia que
se profiera. ii) Que las sumas adeudadas sean actualizada e indexadas de acuerdo a la
variación del índice de precios al consumidor, certificados por el DANE, con fundamento
en el artículo 192 del C.P.A.C.A. y, iii) se le condene en costas y agencias en derecho de
conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A, en concordancia con el artículo 365 del
C.G.P.
4. Los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son
los siguientes4.
5. Afirma que, el señor Yoalbeth Gustavo León Restrepo, el Ocho (8) de abril de Dos
Mil Dos (2002), ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
6. Mediante la Resolución No. 04332 del Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por destitución.
7. Al momento de su retiro, laboraba en el grupo de gestión documental de la MECAL
y permaneció en la Policía Nacional por un espacio de 17 años, 4 meses y 16 días.
8. El Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), solicitó a la Caja de
Retiro de la Policía Nacional, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
9. El director general de la Caja de Retiro de la Policía Nacional, a través del oficio
511532 emitió respuesta en el sentido de no acceder al reconocimiento de la asignación
de retiro, al considerar que, de conformidad con los Decretos 4433 de 2004, 1858 de
2012 en concordancia con el Decreto 754 de 2019, el demandante no cumplía con los
requisitos para ser beneficiario del derecho reclamado.
4 Sistema Samai – índice 02, folio 2.
3
Número interno: 0408-2026
Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
1.2. Normas violadas y concepto de violación5
10. Como normas violadas se citan: Los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 42 y 48 de la
Constitución Política. Artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1.990; y lineamientos
jurisprudenciales de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en
Sentencia del 3 de septiembre de 2.018, radicado interno 1060-2013.
11. El demandante considera que, al permanecer en el servicio activo en la Policía
Nacional durante 17 años, 4 meses y 16 días, cumple con los requisitos exigidos en el
artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, para acceder a la asignación mensual de retiro
en concordancia con la sentencia antes mencionada por medio de la cual, se declaró la
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012.
1.3. Contestación de la demanda6
12. Actuando por medio de apoderado judicial, CASUR presentó contestación de la
demanda en el sentido de oponerse a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto
considera que, al demandante no le asiste el derecho pretendido.
13. Sostiene que, por medio del acto administrativo objeto de control de legalidad, la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, le negó el reconocimiento de la
asignación mensual de retiro por carecer de los requisitos legales que le permitieran
acceder al derecho.
14. Aduce que en dicho acto, se estableció que el demandante laboró al servicio de la
Policía Nacional por el espacio de «Diecisiete (17) años, siete (7) meses y trece (13)
días», incluido el tiempo de servicio militar; y retirado por la causal de destitución, razón
por la cual, no cumplió con los requisitos exigidos frente a la causal de retiro con el tiempo
de servicio, para acceder a la asignación mensual bajo lo establecido en los Decretos
1091 de 1995, «Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional”, el Decreto 4433 de 2004, «Por medio del cual se fija el
Régimen Pensional y de Asignación de Retiro de los miembros de la Fuerza Pública », y
el Decreto 1858 de 2012, “Por medio del cual se fija el Régimen Pensional y de
Asignación de Retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional».
15. Lo anterior, por cuanto resalta que desde el ingreso del demandante a la Policía
Nacional lo hizo voluntariamente, luego para hacer parte del escalafón de los Oficiales,
5 Ibidem
6 Sistema Samai índice 29.
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Número interno: 0408-2026
Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
Suboficiales y Nivel Ejecutivo, se debía atender el Decreto 1212 de 1990, el cual, estaba
vigente al momento de la incorporación a la institución policial, establecía en su Artículo
144, los tiempos y las causales de retiro para poder tener el derecho a que se le
reconociera la asignación mensual de retiro, causales y tiempos que en este caso no se
cumplen.
16. Expresa que con la entrada en vigencia de la Ley Marco 923 de 2004, mediante la
cual, se indicó las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, se expidió el Decreto 4433 de 2004, reglamentario de la Ley 923 de la
misma anualidad, en cuyo artículo 24 continúa estableciendo el mismo tiempo mínimo de
servicio para la causal de retiro por separación absoluta, que es la causal por la cual el
demandante fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional.
17. En el presente caso como al demandante, nunca le fueron modificadas sus
condiciones para aspirar a una asignación de retiro, toda vez que, ingresó a la Policía
Nacional por incorporación directa al escalafón de Oficiales, Suboficiales y Agentes, por
tanto, debía regirse por la normatividad que regulaba y regula dicho escalafón.
1.4. Sentencia de primera instancia7
18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Veintinueve (29) de septiembre
de Dos Mil Veinticinco (2025)8, profirió sentencia en el sentido de no acceder a las
pretensiones de la demanda, al resolver lo siguiente:
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión “o por mala
conducta” contenida en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y que bajo
sus efectos se entiende que el retiro del servicio con fundamento en una
sanción penal, fiscal o disciplinaria se subsume en los 20 años de servicio,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones de
esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia.»
19. Como sustento de su decisión, señala que el señor Yoalbeth Gustavo León
Restrepo perteneció al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional entre el Dos (2) de diciembre
de Dos Mil Dos (2002) y el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), luego
entonces, no le resulta aplicable los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, en
7 Sistema Samai – gestión otros despachos, índice 15
8 Sistema Samai – gestión otros despachos, índice 040
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Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
razón a que, regulan la carrera profesional de los agentes de la Policía Nacional, al cual
no perteneció el demandante.
20. Sostiene que, la norma aplicable es el Decreto 1212 de 1990, toda vez que,
cumple con los parámetros previstos en la Ley 923 de 2004, pues a la entrada en vigencia
de esta última norma, que tuvo lugar el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004), el demandante se encontraba en servicio activo con motivo de su vinculación en
el Nivel Ejecutivo, desde el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Dos (2002) hasta el Treinta
(30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).
21. En tal sentido, resalta que el artículo 144 ibidem establece el requisito de 15 años
de servicio cuando el retiro se presenta por mala conducta, como el caso del
demandante, pues, encontró acreditado que laboró por Diecisiete (17) años, cuatro (4)
meses y Dieciséis (16) días.
22. Afirma que, en oportunidades anteriores respaldaron el reconocimiento de la
asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional con fundamento
en el Decreto 1212 de 1990, según la causal de mala conducta con ocasión de la
destitución bajo el requisito mínimo de 15 años de servicio –sentencia de reemplazo–, al
igual que ha considerado, en escenario similar, la aplicación del Decreto 1211 de 1990
que reconoce la prestación al personal de las Fuerzas Militares con 15 años de servicios
bajo la causal de separación absoluta, a la cual se equipara la causal de mala conducta
o conducta deficiente, ambos en desarrollo del régimen de transición contemplado en el
artículo 3 de la Ley 923 de 2004.
23. Resalta que, incluso en la sentencia de reemplazo que dictó el Catorce (14) de
febrero de Dos Mil Veinticinco (2025) se dio en cumplimiento al pronunciamiento de tutela
del Consejo de Estado, en el cual, se determinó que el Decreto 1212 de 1990 era la
norma aplicable para determinar el cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de
la asignación de retiro de los oficiales, lo cual, no es materia de discusión en esta
oportunidad, pues esa misma regulación rige el caso del aquí demandante, como ya fue
señalado9.
24. Asimismo, señala que el Trece (13) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
profirió sentencia que ordenó reemplazar el Consejo de Estado, en la que indicaba el
requisito de 20 años de servicios con fundamento en la aplicación del Decreto 754 de
2019, bajo la consideración que correspondía a la norma especial que de manera
expresa y específica desarrollaba la causal de retiro del servicio por destitución.
9 SCA, Sección Segunda, Subsección A. MP: Luis Eduardo Mesa Nieves. Sentencia del 30 de enero de
2025. Radicación 11001-03-15-000-2024-05318-01.
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Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
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25. Sin embargo, precisó que el análisis del presente asunto dista de los argumentos
vertidos en tales procesos, en tanto, advierte en esta oportunidad la existencia de una
discriminación inconstitucional desproporcionada e irracional en términos de la Corte
Constitucional, cuyos argumentos los trajo por primera vez en esta materia.
26. Así, sustentó que el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 establece: 15 años de
servicio, para retiro por mala conducta y 20 años de servicio, para retiro por otras
causales. En el sub lite, el demandante fue retirado por mala conducta, con 17 años, 4
meses y 16 días de servicio.
27. Consideró que aun cuando, en decisiones anteriores, había reconocido la
asignación de retiro con 15 años bajo la causal de destitución, incluso equiparando esta
situación con la de las Fuerzas Militares (Decreto 1211 de 1990), en el presente caso al
aplicar un test de razonabilidad y proporcionalidad, concluyó que la norma es
inconstitucional, porque: i) Premia a quien es destituido con menos tiempo de servicio, ii)
Exige más años a quien cumple con la ley, iii) Contraviene el artículo 13 de la Constitución
(igualdad), el Preámbulo y el artículo 1 (dignidad humana y orden justo).
1.5. Recurso de apelación10
28. La parte demandante, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación a través del cual, solicita se revoque, para en su lugar, conceder las
pretensiones de la demanda, toda vez que, en la sentencia recurrida se desconocen los
principios de igualdad, favorabilidad y régimen de transición, así como el precedente
obligatorio del Consejo de Estado sobre la asignación de retiro con 15 años de servicio.
29. Sostiene que la decisión del A-quo, desconoce la jurisprudencia consolidada del
H. Consejo de Estado, por medio de la cual, se ha establecido que los miembros del
Nivel Ejecutivo vinculados antes del Treinta (31) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004)
son beneficiarios del régimen de transición que les permite acceder a la asignación con
15 años, incluso si fueron destituidos.
30. Vulnera el principio de favorabilidad y de confianza legítima, toda vez que, el
demandante ingresó el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Dos (2002), por lo que, estaba
amparado por la Ley 923 de 2004. Aplicar retroactivamente el Decreto 754 de 2019,
desconoce la seguridad jurídica y la confianza legítima derivada del marco legal vigente
durante su servicio.
10 Sistema Samai, gestión otros despacho, índice 44
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31. Incurre en uso indebido de la excepción de inconstitucionalidad, en razón a que,
el Tribunal carecía de competencia para inaplicar la expresión «o por mala conducta»
del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Ninguna autoridad judicial ha declarado su
inexequibilidad; por el contrario, la jurisprudencia administrativa ha ratificado su validez
en casos de destitución.
32. Violación al principio de igualdad, pues, negar la asignación en el caso concreto
del demandante, crea un trato desigual frente a otros servidores en idéntica situación
jurídica que sí la han recibido bajo el mismo régimen transitorio, por tanto, dicho proceder
transgrede el artículo 13 de la Constitución.
33. Desconoce el principio de proporcionalidad, debido a que, la asignación de retiro
no es un incentivo moral, sino una prestación social del régimen especial. Negarla a
quien ya fue sancionado disciplinariamente constituye una doble punición, incompatible
con los fines del sistema prestacional.
34. Precisa que, en aras de la verdad material, si bien las razones antes expuestas
son bajo las cuales, sustenta el desacuerdo con la sentencia, aduce que lo más
pertinente es hablar de hechos y documentos que no se conocieron y tampoco pudo
aportar en la primera instancia, lo cual, cambian radicalmente el rumbo del proceso.
Resalta que, con lo anterior, no buscan reabrir lo ya sancionado, sino aclarar que la
«mala conducta» tomada como axioma nunca existió en sentido jurídico; y que, aun si
se estimara que sí, no era de la entidad que justifique el efecto devastador que ha tenido
hasta hoy.
35. A tono con lo anterior, procedió a esbozar situaciones relacionadas con lo
acaecido en sede disciplinaria, así, expuso el contexto humano y procesal, trayectoria y
méritos, evolución médica, conexión con los hechos (2018) y los fallos disciplinarios,
para luego concluir que la sanción impuesta prescindió de la valoración subjetiva
esencial en materia disciplinaria: la capacidad de comprensión del servidor público al
momento de los hechos. El resultado fue una decisión jurídicamente desproporcionada
y humanamente injusta, que confundió una manifestación de enfermedad con una falta
moral. El expediente de Yoalbeth Gustavo León Restrepo, no es una simple carpeta
procesal: es la historia de un policía condecorado, valiente y leal, que durante casi dos
décadas defendió a su país en condiciones extremas. Su único error no fue moral ni
jurídico, sino clínico y humano.
1.6. Trámite de segunda instancia
36. Por auto del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)11, el despacho
11 Expediente digital – Samai – índice - 005
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sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), además, en dicha
providencia, y conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 213 del CPACA, se
decretó de oficio pruebas documentales, de las cuales, se ordenó correr traslado a las
partes y al Ministerio Público.
37. Finalmente, se autorizó a las partes la presentación de alegatos por escrito,
oportunidad dentro de la cual, las partes presentaron sus escritos, así:
38. La parte demandante12, expone dos líneas argumentativas autónomas y
concurrentes, cada una de las cuales, por sí sola, señala que conduce a la revocatoria
de la sentencia impugnada, estas son: 1. La incorrecta aplicación del régimen normativo
que regula el reconocimiento de la asignación de retiro. 2. La existencia de condiciones
médicas relevantes que inciden directamente en los hechos que dieron lugar a la
desvinculación del actor.
39. Frente a la primera línea, indica que la decisión del A-quo desconoce que el señor
Yoalbeth Gustavo León Restrepo ingresó a la Policía Nacional en el año 2002, lo que lo
ubica inequívocamente dentro del ámbito de aplicación del régimen de transición previsto
en la Ley 923 de 2004, cuya interpretación ha sido reiterada por el Consejo de Estado en
el sentido de reconocer el derecho a la asignación de retiro con 15 años de servicio,
incluso en eventos de retiro por destitución.
40. Así, indica que el demandante prestó sus servicios por más de 17 años, se
encuentra cobijado por el régimen de transición, cumple con el requisito temporal exigido
por la norma aplicable, en consecuencia, la negativa del derecho no encuentra sustento
en el ordenamiento jurídico, pues la causal de retiro —en este caso, la destitución— no
elimina el derecho cuando se cumplen los requisitos objetivos establecidos por la ley.
41. En lo que corresponde a la segunda línea argumentativa del extremo activo de la
litis, la sustenta bajo el entendido que en el marco del recurso de apelación se contó con
elementos probatorios que permiten comprender de manera más completa las
circunstancias personales del actor al momento de los hechos que dieron lugar a su
retiro. Con ello se evidencia la existencia de afectaciones de carácter cognitivo y
psicológico, tales como: Deterioro cognitivo, trastornos de tipo ansioso-depresivo,
afectación en la capacidad de comprensión y autodeterminación, circunstancias que no
fueron conocidas en su integridad al momento de proferirse la sentencia de primera
instancia, razón por la cual, su incorporación en esta etapa no tiene por objeto reprochar
12 Expediente digital – Samai – índice 009
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Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
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la decisión adoptada, sino aportar una comprensión más amplia del caso.
42. De cara a lo antes expuesto, señala que bajo la primera tesis el actor tiene derecho
a la asignación de retiro, por cumplir los requisitos establecidos en el régimen de
transición aplicable.
43. Bajo la segunda teoría, señala que las condiciones médicas acreditadas configuran
un escenario que activa la protección del sistema de seguridad social, en atención a la
disminución de su capacidad laboral.
44. Colige que, la sentencia apelada debe ser revocada porque: 1. Desconoció el
régimen jurídico aplicable al caso concreto. 2. Otorgó a la causal de retiro un efecto que
la ley no prevé. 3. No conduce a una solución compatible con los principios de protección
del derecho a la seguridad social.
45. A su turno, la parte demandada13 también presentó escrito de alegatos, por medio
del cual, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
1.6.1. Concepto Ministerio Público14.
46. La Procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, emitió concepto de
fondo, en el sentido de solicitar se revoque la sentencia de primera instancia.
47. Lo anterior, en razón a que, del análisis probatorio quedó acreditado que el actor
fue retirado mediante la Resolución 4232 del Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), por destitución por mala conducta, con inhabilidad para ejercer
funciones públicas por 10 años y prestó servicios como patrullero por Diecisiete (17)
años, Cuatro (4) meses y Dieciséis (16) días.
48. En tal razón, señala que al momento de su vinculación regía el Decreto 1212 de
1990, cuyo artículo 144 exige mínimo 15 años de servicio para acceder a la asignación
de retiro en casos de desvinculación por causas distintas a la voluntad del servidor
(incluida la mala conducta). El Decreto 1858 de 2012, que imponía requisitos más
gravosos, fue declarado nulo con efectos retroactivos (ex tunc), por lo que no puede
aplicarse. La Ley 923 de 2004 establece que los requisitos no pueden ser superiores a
los vigentes al Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y el Decreto 754
de 2019 no aplica porque es posterior al retiro del actor.
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49. Resalta que la destitución por mala conducta se considera equiparable a las
causales de separación absoluta del servicio, bajo el mismo umbral de 15 años.
50. Colige que no se configura una incompatibilidad constitucional en la expresión
«mala conducta» del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, pues: No vulnera el principio
de igualdad, no introduce sanciones adicionales ni requisitos más gravosos, no afecta el
derecho a la seguridad social.
51. Luego entonces, considera que la exigencia de 20 años de servicio carece de
sustento normativo y constituye una indebida agravación de requisitos. El actor cumplió
con el tiempo mínimo de servicio (más de 15 años) y su causal de retiro es válida para
acceder a la prestación, razón por la cual solicita revocar la decisión de primera instancia
y reconocer la asignación de retiro conforme al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
52. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo15, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso16, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
53. ¿Debe revocarse la sentencia proferida el Veintinueve (29) de septiembre de Dos
Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda.?
Con tal fin, se verificará lo siguiente:
15 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
16 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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i) ¿El señor Yoalbeth Gustavo León Restrepo, quien prestó sus servicios a la
Policía Nacional, por más de diecisiete (17) años, tiene derecho o no, al
reconocimiento de la asignación mensual de retiro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, al haber sido retirado
del servicio activo, por destitución?
ii) En el evento de resultar positiva la respuesta del anterior interrogante, la
Sala determinará ¿Es procedente conceder las súplicas de restablecimiento
del derecho bajo los términos deprecados en la demanda?
54. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la asignación de retiro en el Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional. 2.2.2. Hechos probados y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.
2.2.1.1. Régimen jurídico de la asignación de retiro en el Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional17.
55. La asignación de retiro es una prestación económica de naturaleza vitalicia que
surge de la relación legal y reglamentaria entre el Estado y los miembros de la Fuerza
Pública, cuyo propósito es garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del
servidor retirado y de su núcleo familiar. En tal sentido, constituye una manifestación del
derecho fundamental a la seguridad social, de carácter irrenunciable, conforme a lo
dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
56. Dicha prestación, fue regulada inicialmente para los oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional mediante el Decreto 1212 de 1990, el cual, en su artículo 144,
estableció que aquellos retirados del servicio por causales distintas a la solicitud propia
tendrían derecho a la asignación de retiro con un tiempo mínimo de quince (15) años de
servicio, entre otras, por la causal de mala conducta, veamos:
«ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto,
los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio
activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por
mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa
justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía
Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20)
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), radicado 76001-23-33-000-2019-00827-01(0759-2025), demandante Jorge Isaac Cadena Mafla,
demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, medio de control: nulidad y
restablecimiento del derecho Tema: Reconocimiento asignación de retiro, régimen de transición
contemplado en el artículo 3, numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004. Nivel ejecutivo-
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años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los
quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada
año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco
por ciento (85%) de los haberes de actividad. […]». (Resaltado intencional).
57. Ahora bien, el presidente de la República expidió el Decreto 1091 de 1995, “por
el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995”, consagrando
en el artículo 51 para el caso que nos ocupa, la asignación de retiro por destitución se
causaría con 25 años de servicio. La disposición es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por
la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación
mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de
las partidas de que trata el artículo 49 de este Decreto, por los primeros veinte (20)
años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los
veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales
partidas, en las siguientes condiciones: a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y
ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:
1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta
(60) años de edad las mujeres.
b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por
cualquiera de las siguientes causas:
1. Por solicitud propia.
2. Por incapacidad profesional.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del
Decreto 132 de 1995.
PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de
retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo,
cuando cumpla los siguientes requisitos: 1. Veinte (20) años de servicio a la
Policía Nacional, y 2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años los hombres
y cincuenta (50) años las mujeres.» (Negrillas de la Sala)
58. Posteriormente, el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de febrero del
200718, declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, al considerar que la
18 Número interno 1240 – 2004.
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asignación de retiro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional debía ser regulada, por
una ley marco y no por un decreto expedido por el Ejecutivo, al existir una cláusula de
reserva legal para esa materia a favor del Congreso de la República.
59. Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley Marco 923 de 2004,
mediante la cual, fijó los objetivos y criterios que debían observarse para la regulación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
En el inciso del artículo 3, numeral 3.1, estableció un régimen de transición, conforme al
cual, a los servidores que se encontraran en servicio activo a la entrada en vigor de la
ley no se les podía exigir un tiempo de servicio superior al vigente para esa fecha, ni
inferior a quince años cuando el retiro se produjera por una causal distinta a la solicitud
propia.
60. En desarrollo de la anterior disposición, se profirió el Decreto 4433 de 2004 19, y
en el artículo 25, reguló lo referente a la asignación de retiro de los miembros de la
Policía Nacional, para lo cual, distinguió entre el personal del nivel ejecutivo, que
ingresara a la institución a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma y aquel
que ya pertenecía al mismo, no obstante, mediante sentencia del 12 de abril de 2012 20,
la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2 de dicha
norma, al estimar que representaba una violación a la ley marco.
61. En dicho fallo, esta Corporación se dio a la tarea de identificar, la norma vigente
antes del 30 de diciembre de 2004, en materia de asignación de retiro aplicable a los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y señaló: «[…] Al haber sido
declarado inexequible el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto
1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo,
quedaron vigentes tratándose de suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el
Decreto 1213 de 1990. […]». Se precisa que, el Decreto 1212 de 1990 es el que se les
aplica, en la medida que el nivel ejecutivo es jerárquicamente superior a los suboficiales
que regula la norma, luego, no es factible atender lo establecido en el Decreto 1213 de
1990 en tanto se refiere a los agentes, esto es, categoría inferior21.
62. Con el propósito de suplir el vacío normativo que dejó esa declaratoria, se expidió
el Decreto Reglamentario 1858 de 2012, que reguló el régimen pensional y de
asignación de retiro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, sin embargo, su artículo
19 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
20 Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado:
110010325000200600016 00
21 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 9 de septiembre del 2021, radicado: 20001-
23-33-000-2018-00133-01(1091 20).
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2° también fue declarado nulo mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018 22, puesto
que la normativa desconoció las previsiones contenidas en la Ley marco 923 de 2004,
al exigir al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente
y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004 requisitos más gravosos para acceder al
derecho de la asignación de retiro (tiempos mínimos y máximos de retiro entre 20 y 25
años) lo que contravenía los términos señalados en la normativa superior que se
restringen a los mínimos y máximos de 15 y 20 años de servicio.
63. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 754 del 30 de abril de 2019 en el que
determinó que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado de
manera directa hasta el 31 de diciembre de 2004 tiene derecho a la asignación de retiro
si cumple igual tiempo de servicios al previsto en los decretos aludidos. La norma
preceptuó lo siguiente:
«Artículo 1°. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación
directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean
retirados de la institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento
a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o
sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se
les pague una asignación mensual de retiro equivalente […]» (Subrayas de la Sala).
64. En consecuencia, las condiciones previstas para la asignación de retiro para los
miembros del nivel ejecutivo, incorporados directamente antes de la entrada en vigor de
la Ley 923 de 2004 y que fueron retirados del servicio antes del Decreto 754 de 2019,
son consignadas en el Decreto 1212 de 1990.
2.4 . Análisis y resolución del caso concreto
65. Pasa la Sala a dilucidar la alzada, acorde con la valoración crítica del material
probatorio relevante que se realizará a continuación, en aras de establecer si le asiste o
no vocación de prosperidad, veamos:
66. En el expediente, se encuentra acreditado que, el señor Yoalbeth Gustavo León
Restrepo, prestó su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, desde el Cinco (5)
de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), hasta el Treinta (30) de
noviembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), posteriormente, el Ocho (8) de
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018. Radicación
número: 11001-03-25-000-2013 00543-00.
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abril de Dos Mil Dos (2002), se vinculó a la institución policial, como alumno del nivel
ejecutivo, ingresando directamente a ese escalafón, el Dos (2) de diciembre de Dos Mil
Dos (2002), nivel al cual perteneció hasta el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), adscrito al grupo gestión documental en el cargo de radicador cuando fue
retirado del servicio, en virtud, de la sanción disciplinaria de destitución23.
67. De lo anterior, se puede resaltar que el señor León Restrepo, ingresó a la Policía
Nacional, antes del Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), lo que
indica, que, se encontraba en servicio activo al momento de entrada en vigor de la Ley
923 de 2004. Además, se encontró probado, que fue retirado del servicio, por la causal
de destitución en el año 2018, acreditando un tiempo total de servicios, de Diecisiete
(17) años, Cuatro (4) meses y Dieciséis (16) días24.
68. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría indicar, que cuando el demandante,
ingresó a la institución, se encontraba vigente el Decreto 1212 de 1990, que contempla
un tiempo mínimo de servicio de 15 años, para el reconocimiento de la asignación de
retiro, siempre que la causa del retiro del servicio sea distinta a la voluntad del servidor.
69. De igual forma, se observa que, al momento del retiro del servicio por destitución,
estaba vigente, el art 2º del Decreto 1858 de 2012, no obstante, como se advirtió en la
parte considerativa, este fue declarado nulo, por el Consejo de Estado, en sentencia del
Tres (3) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), puesto que la normativa desconoció
las previsiones contenidas en la Ley marco 923 de 2004, al exigir al personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en servicio activo al Treinta
y uno (31) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), requisitos más gravosos para acceder
al derecho de la asignación de retiro (tiempos mínimos y máximos de retiro entre 20 y
25 años) lo que contravenía los términos señalados en la normativa superior, que se
restringen a los mínimos y máximos de 15 y 20 años de servicio.
70. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha aclarado, que, las situaciones
jurídicas consolidadas, antes de la decisión anulatoria, deben mantenerse íntegramente
en virtud del principio de seguridad jurídica, de manera que solo aquellas, que se
cataloguen, como no definidas pueden resultar afectadas a raíz de la anulación25.
71. Al verificar, la situación disciplinaria del señor León Restrepo, se observa que, esta,
no fue administrativa y judicialmente controvertida, antes de la decisión anulatoria del
23 Expediente digital – Samai – índice 03, folios 13-18 / índice 28, contestación de la demanda, folio 9.
24 Ibidem
25 Expediente núm. 0010-2021; sentencia del 14 de septiembre de 2023 radicación 08001-33-33-004-2016-
01468-01
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Art. 2º del Decreto 1858 de 2012, por ende, su situación, no se encontraba definida y los
efectos de dicha anulación, le resultan aplicables.
72. Ahora bien, para el caso en estudio, tampoco podría pensarse, en la aplicación del
Decreto 754 de 2019, lo anterior, supondría concederle efectos retroactivos, sin ningún
fundamento, asimismo, no habría lugar a su aplicación, por vía de retrospectividad, ni
por principio de favorabilidad, pues, dicha norma fue expedida el Treinta (30) de abril de
Dos Mil Diecinueve (2019), es decir, que su vigencia se produjo después del retiro del
servicio activo del demandante, el cual, sucedió el día Treinta (30) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018).
73. De otro lado, las pruebas aportadas dan cuenta, que el demandante, fue
desvinculado de la entidad por destitución, causal que si bien, no es de aquellas
descritas expresamente en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ese vacío, no es
razón para negar el derecho, toda vez que, el Consejo de Estado26 ha precisado que la
destitución o la separación absoluta, pueden ser enmarcadas dentro de la causal de
mala conducta. Así, en sentencia del Catorce (14) de septiembre de Dos Mil Diecisiete
(2017)27 se indicó:
«[…] Es claro que la causal de retiro «separación absoluta» que se configuró en
este caso, e incluso la de «destitución» consagrada en la anterior hoja de servicios
del 16 de septiembre de 2003, se ajustan a la causal de «mala conducta
comprobada» que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 para el
reconocimiento de la asignación de retiro. En efecto, tal como lo advierte el
recurrente, lo que determina que el motivo de retiro del demandante no se ajuste
en apariencia a ninguna de las causales que prevé el artículo 104 del Decreto 1213
de 1990, ha sido la constante evolución del régimen disciplinario de la Policía
Nacional que ha aparejado modificaciones en la terminología y las figuras
contempladas en el mismo. […] »
74. En conclusión, el señor Yoalbeth Gustavo León Restrepo, sí tiene derecho a que la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, le reconozca la asignación de retiro en
los términos descritos por la norma, teniendo en cuenta que: i) se encontraba activo a la
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004; ii) cumplió 15 años de servicio y fue retirado por
la causal descrita en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
26 Ver, entre otros, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01
(2201-2007); del 11 de abril de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); del 7 de
marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-2017); y del 19 de julio de 2019,
radicado: 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado:
76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007). Posición que fue reiterada en sentencias de 8 de abril de
2021, radicado: 25000-23-42-000-2017- 01913-01 (2684-2019) y del 20 de enero de 2022, radicado:
050012333000-2016-02750-01 (0627-2021).
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75. Bajo lo antes expuesto, esta sección del Consejo de Estado ha esbozado de manera
pacífica el precedente bajo el cual, se debe dar solución a litis de similares contornos
fácticos y jurídicos que hoy ocupa la atención de la Sala.
76. No obstante, se observa que la Sala mayoritaria del tribunal, aun cuando en la
sentencia recurrida aduce conocer y aplicar con suficiencia en casos de similitud fáctica
al sub examine, tanto la jurisprudencia como el marco normativo que le permitía acceder
al reconocimiento de la asignación de retiro, decidió apartarse del precedente vertical y
horizontal, pues, disiente de la expresión “o por mala conducta” contenida en el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990, porque bajo su entender es inconstitucional, en tanto: i)
Premia a quien es destituido con menos tiempo de servicio, ii) Exige más años a quien
cumple con la ley, iii) Contraviene el artículo 13 de la Constitución (igualdad), el
Preámbulo y el artículo 1 (dignidad humana y orden justo), razón por la cual, consideró
que el retiro del servicio con fundamento en una sanción penal, fiscal o disciplinaria se
subsume en los 20 años de servicio.
77. De cara a lo anterior, se observa que, la postura minoritaria del tribunal resaltó la
necesidad de aplicar al caso concreto “el precedente obligatorio fijado por el Consejo de
Estado en sede de tutela para estos mismos casos, específicamente, el ordenado al
despacho que presido en sentencia del 30 de enero de la presente anualidad, radicado
11001-03-15-000-2024-05318-01, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente:
Luís Eduardo Mesa Nieves, en el que se ordenó dictar sentencia de reemplazo para que
se ordenara el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), que fueran beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 923 de 2004, esto es, que se hubieran vinculado a la respectiva
fuerza previo a su entrada en vigencia (31/12/2004) y a quienes solo se les exigiría un
tiempo de servicios de 15 años. incluso con la causal de retiro del servicio identificada
como "destitución".”
78. A tono con lo anterior, la parte demandante sustenta que el A-quo, incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, con lo que, vulnera el principio
de favorabilidad y de confianza legítima.
79. Tesis que, para la Sala tiene vocación de prosperidad, por cuanto se recuerda como
primera medida que, la asignación de retiro de conformidad con la jurisprudencia pacífica
de esta corporación, tiene como propósito garantizar la satisfacción de las necesidades
básicas del servidor retirado y de su núcleo familiar. Por ello, constituye una
manifestación del derecho fundamental a la seguridad social, de carácter irrenunciable,
conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
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80. Además, se encuentra debidamente reglada, por tanto, se debe aplicar en cada caso
en concreto el marco normativo y jurisprudencial que permita en grado de certeza
verificar el cumplimiento de requisitos para acceder o no al reconocimiento de la
asignación de retiro.
81. Ahora, en la sentencia citada por la posición minoritaria del tribunal, se expuso
apartes jurisprudenciales con los cuales, resaltó las circunstancias que pueden
desconocer un precedente judicial, así:28
«Respecto del precedente vertical, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado
en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las
autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos
iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma
consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los
destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe
existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede
desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación
armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4)
los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un
grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas
legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema
jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico
sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón
central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos
fácticos relevantes de cada caso8. De esta forma, la Corte Constitucional recordó
que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso
concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con
los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los
casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar
la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que
ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
28 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección A, Consejero
Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05318-01, accionante Nelson Ricardo Cañón
Aramendez accionado Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales
en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual. De igual manera, puede
un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias
diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones judiciales
previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.»
82. En este orden de ideas, considera la Sala que, las razones expuestas en la sentencia
objeto de alzada, para apartarse del precedente aplicado por esta sección, no satisfacen
la carga argumentativa para justificar el cambio de dirección decisional, pues nótese que,
no se advierte por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico
y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica
y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
83. Ello en razón a que, los argumentos a los que apela el A-quo, revisten cierto grado
de subjetividad al calificar como «premio» el reconocimiento de la asignación de retiro
con 15 años de servicio a favor de quien es retirado por la causal identificada como
«destitución» y no con 20 años de servicios como debe cumplir quien es retirado del
servicio por otra causal.
84. Por lo anterior, resalta el A-quo que, «el efecto es que así se convierte la norma, para
los 15 años de servicio en estímulo tácito a la mala conducta, invita a incurrir en una falta
de las que conduzca a la destitución pues así se obtendrá más pronto la asignación de
retiro, a diferencia de quien continúa sirviendo éticamente.» Aspecto que desconoce el
principio de la buena fe, a la luz de lo establecido en el artículo 83 de la Constitución
Política y que requiere de un análisis riguroso del espíritu que se persigue con la
asignación de retiro y cada una de las causales que dan lugar a su reconocimiento, y no
de manera general, llegar a la conclusión con la que se desconoció la norma vigente y
aplicable al caso concreto del demandante, para sacrificar su derecho a la asignación de
retiro que le asiste en igualdad de condiciones de quienes bajo sus supuestos fácticos
cuentan con el reconocimiento a causa del retiro.
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85. Por lo anterior, se exhortará a la Sala mayoritaria, especialmente, al magistrado que
fungió como ponente, para que en lo sucesivo se abstenga de desconocer los
precedentes verticales sin la carga argumentativa suficiente, ya que sobre el particular
se recuerda que, los operadores judiciales estamos llamados a ser garantes de la
seguridad jurídica en aras de satisfacer los postulados del servicio público esencial que
reviste la función de administrar justicia en guarda del ordenamiento jurídico vigente y
aplicable en cada caso concreto.
86. Para la Sala las razones expuestas resultan suficientes para revocar la decisión del
A-quo, sin necesidad de entrar a efectuar valoración sobre aspectos propios y acaecidos
en sede del proceso disciplinario y que fueron expuestos en segunda instancia con su
respectivo material probatorio, toda vez que, precisamente en guarda de la seguridad
jurídica, no es dable entrar a establecer las particularidades bajo las cuales fue enjuiciada
la conducta que llevó a la destitución del demandante.
87. Siendo, así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida el Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)29, por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
88. Como consecuencia de lo anterior, se accederá a declarar la nulidad del acto
administrativo objeto de control de legalidad y a título de restablecimiento del derecho se
ordenará el reconociendo y pago de la asignación de retiro en los términos que quedará
expuesto en la parte resolutiva de la presente providencia.
89. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se describe
a continuación:
R= Rh Índice final
___________
Índice inicial
90. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo
192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, para cada mesada prestacional.
29 Sistema Samai – gestión otros despachos, índice 040
21
Número interno: 0408-2026
Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
2.5. De la prescripción.
91. Establecido el derecho pensional, procede la Sala a verificar si se configura o no el
fenómeno de la prescripción trienal, veamos.
92. De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, la
prescripción de las mesadas pensionales es de tres (3) años, contados desde que la
obligación se hace exigible, y se interrumpe por una sola vez con la reclamación
administrativa.
93. En el presente caso, se observa que el demandante, el Treinta (30) de agosto de Dos
Mil Dieciocho (2018), fue retirado del servicio, en virtud, de la sanción disciplinaria de
destitución, el Trece (13) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), solicitó a la entidad
accionada el reconocimiento y pago de la asignación de retiro30 y la demanda fue
radicada el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021) según consta en el acta
de reparto31 luego entonces, no operó el fenómeno jurídico procesal de la prescripción.
2.5. Condena en costas
94. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)32, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 201921000323191 ID 511532 del Trece
(13) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio del cual, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, negó el reconocimiento y pago de la
asignación mensual de retiro.
30 Sistema Samai – índice, folio 10.
31 sistema Samai - índice 8.
32 Sistema Samai – gestión otros despachos, índice 040
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Número interno: 0408-2026
Demandante: Yoalbeth Gustavo León Restrepo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -CASUR-, a reconocer y pagar a
favor del señor Yoalbeth Gustavo León Restrepo la asignación de retiro en los términos
del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del Treinta (30) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018).
CUARTO: ORDENAR a CASUR que dé cumplimiento a esta sentencia de conformidad
con los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el
efecto la siguiente fórmula y los en los términos expuestos en la parte motiva de la
presente providencia:
R= Rh Índice final
Índice inicial
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Exhortar a la Sala mayoritaria del tribunal del Valle del Cauca, especialmente,
al magistrado que fungió como ponente de la sentencia de primera instancia, para que
en lo sucesivo se abstenga de desconocer los precedentes verticales sin el llenó de las
exigencias para tal finalidad, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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