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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00827-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00827-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, se concedieron las pretensiones de la demanda al señor Jorge Isaac Cadena Mafla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, previa realización de las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial. 14 Número Interno: 0759-2025 Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla Demandado: CASUR La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00827-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 76001-23-33-000-2019-00827-01(0759-2025)
Demandante : Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandada : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento asignación de retiro, régimen de
transición contemplado en el artículo 3, numeral 3.1 de
la Ley 923 de 2004. Nivel ejecutivo
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Se desata el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia
proferida el Once (11) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), mediante la cual, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral
N°4, accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Jorge Isaac Cadena Mafla, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, para solicitar la nulidad de los actos administrativos identificados con los
radicados N° E-00003-201825191 de 27 de noviembre de 2018, N° E-00003-201902668 de
12 de febrero de 2019 y 201921000197791 de 31 de julio de 2019, por medio de los cuales,
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, negó el reconocimiento de la asignación
mensual de retiro.

1
En adelante CPACA.

2

Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad demandada,
reconocerle y pagarle la asignación mensual de retiro, en su condición de Subintendente
retirado de la Policía Nacional, aplicando el régimen jurídico contenido en el Decreto 1212
de 1990, artículos 140 y 144, en concordancia con la Ley 923 de 2004, al considerar que
es beneficiario del régimen de transición allí previsto, por haber ingresado a la institución y
encontrarse en servicio activo antes del 31 de diciembre de 2004. En ese sentido, solicita
que la asignación mensual de retiro se liquide en el porcentaje equivalente al cincuenta y
ocho por ciento (58%), correspondiente al tiempo total de servicios acreditado, esto es,
diecisiete (17) años, seis (6) meses y veintiocho (28) días.

De igual manera, pretende que el reconocimiento y pago de la asignación mensual de
retiro, tenga efectos retroactivos desde la fecha en que se produjo su retiro del servicio
activo de la Policía Nacional, ocurrido el 20 de mayo de 2015, y que se ordene el pago de
todas las mesadas causadas y no canceladas desde esa fecha, asi mismo, solicita que,
para efectos de la liquidación de dicha prestación, se incluyan todos los factores salariales
y prestacionales que legalmente correspondan a su grado y nivel jerárquico, tales como
primas semestrales y de navidad, prima de antigüedad, prima de actividad, subsidio familiar
y demás emolumentos reconocidos por la normativa vigente, junto con los incrementos que
se hubieren decretado con posterioridad, conforme a las bases de liquidación establecidas
en el Decreto 1212 de 1990.

El demandante, también solicita que se declare la excepción de inconstitucionalidad del
Decreto 754 del 30 de abril de 2019, para que no produzca efectos, en su caso concreto, al
considerar que dicho decreto fue expedido con desconocimiento de las normas, objetivos y
criterios fijados por la Ley 923 de 2004.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

Se indicó en la demanda, que el actor prestó el servicio militar obligatorio, desde el 14 de
julio de 1994 hasta el 14 de julio de 1995; y posteriormente el 18 de enero de 1999, ingresó
a la escuela de formación policial como alumno del nivel ejecutivo, egresando como
patrullero el 13 de enero de 2000.

Agregó que, el señor Jorge Isaac Cadena Mafla, era miembro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en el grado de subintendente, hasta que fue notificado de su retiro el 20
de mayo de 2015, cuando se ejecutó una sanción disciplinaria de destitución, completando
un tiempo total de servicios de 17 años, 6 meses y 28 días de servicios.

3

Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

Finalmente, sostuvo que la entidad demandada, negó el reconocimiento de la asignación
de retiro pese a que el Consejo de Estado en sentencia del 3 de septiembre de 2018,
declaró la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 del año 2012, que impuso un mayor
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Constitución Política de Colombia, en su Preámbulo y en los artículos 2, 4, 13, 29, 48, 53,
58, 150 numeral 19 literal e), 209, 218, 220, 228 y 229, por cuanto la administración
desconoció la supremacía constitucional, los fines esenciales del Estado, el principio de
igualdad, el debido proceso administrativo, el derecho fundamental e irrenunciable a la
seguridad social, los principios mínimos del trabajo y la protección constitucional de las
pensiones, así como los principios que rigen la función administrativa, en especial la
legalidad, la motivación, la buena fe y la obligatoriedad del precedente judicial.

La demanda, señala como violados los artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990,
normas que regulan la asignación mensual de retiro para el personal de la Policía Nacional,
las cuales, según el accionante, debían ser aplicadas a su caso por cumplir el tiempo de
servicios exigido y por su grado jerárquico, y que fueron indebidamente inaplicadas por la
entidad demandada.

Así mismo, se alega la violación de la Ley 923 de 2004, especialmente del régimen de
transición previsto en su artículo 3 numeral 3.1 inciso segundo, al considerar que la
administración, desconoció que el actor era beneficiario de dicho régimen por encontrarse
en servicio activo antes del 31 de diciembre de 2004, e introdujo requisitos adicionales no
previstos por el legislador, excediendo la potestad reglamentaria.

2. Contestación de la demanda2

2.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR –

La entidad demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que el actor
laboró para la Policía Nacional por un tiempo de 17 años, 6 meses y 28 días de modo que
no cumplió los requisitos señalados en los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858

2
archivos 18 y 19 del expediente digital.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

de 2012, normas especiales que rigen las prestaciones a que tienen derecho los miembros
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral N°
4, mediante sentencia proferida el once (11) de diciembre de 2024, resolvió acceder a las
pretensiones de la demanda, instaurada por el señor Jorge Isaac Cadena Mafla, contra la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y en consecuencia declaró la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales, se negó el reconocimiento de la asignación mensual
de retiro.

Indicó que, con las pruebas relacionadas en el expediente, se encontraba plenamente
acreditado que el demandante, ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, con
anterioridad al 31 de diciembre de 2004, permaneció en servicio activo hasta el año 2015 y
fue retirado por sanción disciplinaria de destitución, acumulando un tiempo superior a
diecisiete años de servicios. Precisó que el verdadero punto de debate no era el tiempo
servido, el cual no fue controvertido por la entidad, sino la determinación del régimen jurídico
aplicable para definir su derecho a la asignación de retiro.

En ese contexto, el Tribunal efectuó un amplio recuento normativo y jurisprudencial,
destacando, que varias de las disposiciones utilizadas por la entidad demandada, para negar
la prestación, habían sido expulsadas del ordenamiento jurídico por desconocer la Ley Marco
923 de 2004, al imponer requisitos más gravosos, que los previstos en el régimen anterior. En
particular, acogió la línea jurisprudencial del Consejo de Estado conforme a la cual, el régimen
de transición protege a los miembros del Nivel Ejecutivo, que se encontraban en servicio activo
a la entrada en vigor de la citada ley, sin que sea admisible exigirles un mayor tiempo de
servicios.

Así mismo, al analizar la causal de retiro por destitución, el Tribunal señaló que, aunque esta
no se encuentra expresamente prevista en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, la
jurisprudencia, ha sido insistente, en considerar que puede subsumirse, dentro de la causal
de mala conducta, lo cual habilita la aplicación del umbral mínimo, de quince años de servicios.

Finalmente, la Corporación advirtió que no era posible aplicar el Decreto 754 de 2019, al caso
concreto, en la medida en que dicha norma fue expedida con posterioridad a la fecha de retiro
del demandante. Así las cosas, concluyó que los actos administrativos cuestionados carecían

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

de sustento jurídico válido y se encontraban viciados de nulidad, razón por la cual ordenó el
restablecimiento del derecho pensional del actor, disponiendo el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro desde la fecha correspondiente, debidamente indexada, asimismo, se
abstuvo de condenar en costas.

4. Fundamento del recurso de apelación

La parte demandada, el día 20 de enero de 2025, presentó sus argumentos de
inconformidad, contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de
2024, al considerar que el Tribunal incurrió en errores de interpretación normativa y
jurisprudencial que condujeron a un reconocimiento indebido de la asignación de retiro a
favor del demandante. En criterio del recurrente, el fallo desconoció el régimen jurídico
especial, aplicable al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y aplicó de manera
equivocada disposiciones que no regulan dicho escalafón.

En primer lugar, sostuvo que el análisis del derecho a la asignación de retiro del señor,
Jorge Isaac Cadena Mafla debió realizarse conforme al Decreto 754 de 2019 y no con
fundamento en el Decreto 1212 de 1990, como lo hizo el a quo.

Adujó que, el demandante ingresó al nivel ejecutivo, por incorporación directa antes del 31
de diciembre de 2004, fue retirado del servicio activo por destitución en el año 2015 y
acreditó un tiempo de servicios de 17 años, 6 meses y 28 días. Con base en esos hechos,
afirmó que le resulta plenamente aplicable el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, norma
vigente, que regula el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo
incorporado directamente antes del 31 de diciembre de 2004, la cual exige un mínimo de
veinte años de servicio cuando el retiro se produce por causal de destitución.

En razón a ello, indicó que el demandante no cumplía el requisito temporal exigido por la
norma aplicable y que, por tanto, no tenía derecho al reconocimiento de la prestación.

Así mismo, la entidad recurrente alegó que el Tribunal, aplicó de manera incorrecta el
régimen de transición de la Ley 923 de 2004, a su juicio, dicho régimen no autoriza la
aplicación automática de los Decretos 1212 y 1213 de 1990 al personal del nivel ejecutivo,
dado que este escalafón, fue creado con posterioridad y siempre ha contado con una
regulación especial.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

De otro lado, la parte demandada cuestionó que el A quo, hubiera ordenado reconocer la
asignación de retiro con base en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, al considerar
que dicha disposición es exclusiva del régimen de oficiales y suboficiales y no puede
extenderse al Nivel Ejecutivo.

Finalmente, el recurrente solicitó que, se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se
denieguen las pretensiones de la demanda, al estimar que los actos administrativos
expedidos por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se ajustan al
ordenamiento jurídico vigente, fueron proferidos con fundamento en el Decreto 754 de 2019
y no vulneran derecho alguno del demandante, quien no acreditó el tiempo mínimo de
servicios exigido para acceder a la asignación de retiro por la causal de destitución.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 21 de octubre de 2025, el Despacho sustanciador, admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el artículo 2473 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso4, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

3
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

4 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
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2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, corresponde
a la Sala determinar, si el señor Jorge Isaac Cadena Mafla, quien prestó sus servicios a la
Policía Nacional, por más de diecisiete (17) años, tiene derecho, al reconocimiento de la
asignación mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, al haber sido retirado del servicio activo, por destitución, o si, por el contrario,
las normas aplicables a su situación son las contenidas en el Decreto 1858 de 2012 o en el
Decreto 754 de 2019, como lo sostiene la entidad demandada.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Régimen jurídico de la asignación de retiro en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional

La asignación de retiro es una prestación económica de naturaleza vitalicia que surge de la
relación legal y reglamentaria entre el Estado y los miembros de la Fuerza Pública, cuyo
propósito es garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del servidor retirado y de
su núcleo familiar. En tal sentido, constituye una manifestación del derecho fundamental a la
seguridad social, de carácter irrenunciable, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 53
de la Constitución Política.

Dicha prestación, fue regulada inicialmente para los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional mediante el Decreto 1212 de 1990, el cual, en su artículo 144, estableció que
aquellos retirados del servicio por causales distintas a la solicitud propia tendrían derecho a la
asignación de retiro con un tiempo mínimo de quince (15) años de servicio, entre otras, por la
causal de mala conducta, veamos:

«ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después
de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no
asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno
o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del

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Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15)
primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los
quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes
de actividad. […]». (Resaltado intencional).

Ahora bien, el Presidente de la República expidió el Decreto 1091 de 1995, “por el cual se
expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995”, consagrando en el artículo
51 para el caso que nos ocupa, la asignación de retiro por destitución se causaría con 25
años de servicio. La disposición es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a
partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos
de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente
a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 49
de este Decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%)
más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el
ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:
a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes
causas:
1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta
(60) años de edad las mujeres.

b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por
cualquiera de las siguientes causas:
1. Por solicitud propia.
2. Por incapacidad profesional.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del
Decreto 132 de 1995.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro
el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo, cuando
cumpla los siguientes requisitos: 1. Veinte (20) años de servicio a la Policía
Nacional, y 2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años los hombres y cincuenta
(50) años las mujeres.” (Negrillas de la Sala)

Posteriormente, el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de febrero del 2007 5,
declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, al considerar que la asignación
de retiro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional debía ser regulada, por una ley marco
y no por un decreto expedido por el Ejecutivo, al existir una cláusula de reserva legal para
esa materia a favor del Congreso de la República.

Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley Marco 923 de 2004, mediante la
cual, fijó los objetivos y criterios que debían observarse para la regulación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En el inciso del
artículo 3, numeral 3.1, estableció un régimen de transición, conforme al cual, a los servidores
que se encontraran en servicio activo a la entrada en vigor de la ley no se les podía exigir un
tiempo de servicio superior al vigente para esa fecha, ni inferior a quince años cuando el retiro
se produjera por una causal distinta a la solicitud propia.

En desarrollo de la anterior disposición, se profirió el Decreto 4433 de 2004 6, y en el artículo
25, reguló lo referente a la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional, para
lo cual, distinguió entre el personal del nivel ejecutivo, que ingresara a la institución a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la norma y aquel que ya pertenecía al mismo, no
obstante, mediante sentencia del 12 de abril de 20127, la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró la nulidad del parágrafo 2 de dicha norma, al estimar que representaba una
violación a la ley marco.

En dicho fallo, esta Corporación se dio a la tarea de identificar, la norma vigente antes del
30 de diciembre de 2004, en materia de asignación de retiro aplicable a los miembros del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y señaló: «[…] Al haber sido declarado inexequible el
Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo
atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de
suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213 de 1990. […]». Se

5
Número interno 1240 – 2004.
6
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».
7
Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 110010325000200600016 00

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precisa que, el Decreto 1212 de 1990 es el que se les aplica, en la medida que el nivel
ejecutivo es jerárquicamente superior a los suboficiales que regula la norma, luego, no es
factible atender lo establecido en el Decreto 1213 de 1990 en tanto se refiere a los agentes,
esto es, categoría inferior8.

Con el propósito de suplir el vacío normativo que dejó esa declaratoria, se expidió el Decreto
Reglamentario 1858 de 2012, que reguló el régimen pensional y de asignación de retiro del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, sin embargo, su artículo 2° también fue declarado
nulo mediante sentencia del 3 de septiembre de 20189, puesto que la normativa desconoció
las previsiones contenidas en la Ley marco 923 de 2004, al exigir al personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en servicio activo al 31 de
diciembre de 2004 requisitos más gravosos para acceder al derecho de la asignación de
retiro (tiempos mínimos y máximos de retiro entre 20 y 25 años) lo que contravenía los
términos señalados en la normativa superior que se restringen a los mínimos y máximos de
15 y 20 años de servicio.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 754 del 30 de abril de 2019 en el que determinó
que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado de manera directa
hasta el 31 de diciembre de 2004 tiene derecho a la asignación de retiro si cumple igual
tiempo de servicios al previsto en los decretos aludidos. La norma preceptuó lo siguiente:

«Artículo 1°. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de
2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre
de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15)
años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director
General de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente […]» (Subrayas de la Sala).

8
En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 9 de septiembre del 2021, radicado: 20001-23-33-000-2018-00133-01(1091-
20).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018. Radicación número: 11001-03-25-000-2013-
00543-00.

11

Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

En consecuencia, las condiciones previstas para la asignación de retiro para los miembros
del nivel ejecutivo, incorporados directamente antes de la entrada en vigor de la Ley 923 de
2004 y que fueron retirados del servicio antes del Decreto 754 de 2019, son consignadas
en el Decreto 1212 de 1990

3. Caso concreto

En el expediente, se encuentra acreditado que, el señor Jorge Isaac Cadena Mafla, prestó su
servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, desde el día 14 de julio de 1994, hasta el
14 de julio de 1995, posteriormente, el día 18 de enero de 1999, se vinculó a esa institución,
como alumno del nivel ejecutivo, ingresando directamente a ese escalafón, el 14 de enero
de 2000, nivel al cual perteneció hasta el 20 de mayo de 2015, en el grado de subintendente,
cuando fue retirado del servicio, en virtud, de la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.

De lo anterior, se puede resaltar que el señor Cadena Mafla, ingresó a la Policía Nacional,
antes del 31 de diciembre de 2004, lo que indica, que, se encontraba en servicio activo al
momento de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, así mismo, se encontró probado, que
fue retirado del servicio, por la causal de destitución en el año 2015, acreditando un tiempo
total de servicios, de 17 años, 6 meses y 6 días 10.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría indicar, que cuando el demandante, ingresó a la
institución, se encontraba vigente el Decreto 1212 de 1990, que contempla un tiempo
mínimo de servicio de 15 años, para el reconocimiento de la asignación de retiro, siempre
que la causa del retiro del servicio sea distinta a la voluntad del servidor.

De igual forma, se observa que, al momento del retiro del servicio, por destitución, estaba
vigente, el art 2º del Decreto 1858 de 2012, no obstante, como se advirtió en la parte
considerativa, este fue declarado nulo, por el Consejo de Estado, en sentencia del 3 de
septiembre de 2018, puesto que la normativa desconoció las previsiones contenidas en la
Ley marco 923 de 2004, al exigir al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más
gravosos para acceder al derecho de la asignación de retiro (tiempos mínimos y máximos
de retiro entre 20 y 25 años) lo que contravenía los términos señalados en la normativa
superior, que se restringen a los mínimos y máximos de 15 y 20 años de servicio.

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Hoja de servicios obrante a folio 73.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha aclarado, que, las situaciones jurídicas
consolidadas, antes de la decisión anulatoria, deben mantenerse íntegramente en virtud del
principio de seguridad jurídica, de manera que solo aquellas, que se cataloguen, como no
definidas pueden resultar afectadas a raíz de la anulación11.

Al verificar, la situación disciplinaria del señor Jorge Cadena Mafla, se observa que, esta,
no fue administrativa y judicialmente controvertida, antes de la decisión anulatoria del Art. 2º
del Decreto 1858 de 2012, por ende, su situación, no se encontraba definida y los efectos de
dicha anulación, le resultan aplicables.

Ahora bien, para el caso en estudio, tampoco podría pensarse, en la aplicación del Decreto
754 de 2019, lo anterior, supondría concederle efectos retroactivos, sin ningún fundamento,
así mismo, no habría lugar a su aplicación, por vía de retrospectividad, ni por principio de
favorabilidad, pues, dicha norma fue expedida el 30 de abril de 2019, es decir, que su
vigencia se produjo después del retiro del servicio activo del demandante, el cual, sucedió
el día 20 de mayo de 2015.

De otro lado, las pruebas aportadas dan cuenta, que el demandante, fue desvinculado de
la entidad por destitución, causal que si bien, no es de aquellas descritas expresamente en
el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ese vacío, no es razón para negar el derecho,
toda vez que, el Consejo de Estado12 ha precisado que la destitución o la separación
absoluta, pueden ser enmarcadas dentro de la causal de mala conducta. Así, en sentencia
del 14 de septiembre de 201713 se indicó:

«[…] Es claro que la causal de retiro «separación absoluta» que se configuró en este caso,
e incluso la de «destitución» consagrada en la anterior hoja de servicios del 16 de
septiembre de 2003, se ajustan a la causal de «mala conducta comprobada» que prevé el
artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro. En
efecto, tal como lo advierte el recurrente, lo que determina que el motivo de retiro del
demandante no se ajuste en apariencia a ninguna de las causales que prevé el artículo 104
del Decreto 1213 de 1990, ha sido la constante evolución del régimen disciplinario de la

11 Expediente núm. 0010-2021; sentencia del 14 de septiembre de 2023 radicación 08001-33-33-004-2016-01468-01
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Ver, entre otros, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007); del 11 de abril de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); del 7 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-2017); y
del 19 de julio de 2019, radicado: 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01
(2201-2007). Posición que fue reiterada en sentencias de 8 de abril de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017- 01913-01 (2684-2019) y del
20 de enero de 2022, radicado: 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021).

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

Policía Nacional que ha aparejado modificaciones en la terminología y las figuras
contempladas en el mismo. […] »

En conclusión, el señor Jorge Isaac Cadena Mafla, sí tiene derecho a que la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, le reconozca la asignación de retiro en los términos
descritos por la norma, teniendo en cuenta que: i) se encontraba activo a la entrada en vigor
de la Ley 923 de 2004; ii) cumplió 15 años de servicio y fue retirado por la causal descrita
en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el Once (11) de Diciembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Fija
Jurisdiccional de Decisión Oral N°4, que accedió a las pretensiones de la demanda.

3.1 Condena en costas

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad o
mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, se
concedieron las pretensiones de la demanda al señor Jorge Isaac Cadena Mafla, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, previa realización de las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial.

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Número Interno: 0759-2025
Demandante: Jorge Isaac Cadena Mafla
Demandado: CASUR

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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