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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-33-33-004-2016-01468-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-33-33-004-2016-01468-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el portal SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-33-33-004-2016-01468-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de septiembre de 2023

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-33-33-004-2016-01468-01 (0010-2021)
Demandante: Ramón Rafael Roa Padilla
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 1

Temas: Reconocimiento asignación de retiro, régimen de transición
contemplado en el artículo 3, numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004.
Nivel ejecutivo. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra
la sentencia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Ramón Rafael Roa Padilla, instauró demanda en contra de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 20080/GAG SDP del 9 de septiembre de 2016,
mediante el cual CASUR negó el reconocimiento de la asignación de retiro. A título
de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento, liquidación y pago de
dicha prestación de conformidad con lo regulado en el «artículo 1° del Decreto 1157

1 En adelante Casur.

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Radicación: 08001-33-33-004-2016-01468-01 (0010-2021)

de 2014» (sic) 2.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Ramón Rafael Roa Padilla estuvo vinculado a la Policía Nacional por
más de 15 años, esto es, entre el 1° de febrero de 1990 y el 24 de marzo de 2006,
cuando fue retirado por la causal de mala conducta al ser declarado responsable
disciplinariamente.

Que tiene derecho a que se le reconozca y pague la prestación solicitada, en la
medida en que el artículo 1° del Decreto 1157 de 2014, prevé que el personal del
nivel ejecutivo que fue homologado, tiene derecho a la asignación de retiro con 15
años de servicio y ser desvinculado por la causal de mala conducta.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 21 de marzo de 2017 y notificada a la
entidad demandada, quien la contestó manifestando que los actos enjuiciados
fueron expedidos con fundamento en la ley, para lo cual citó los artículos 25 del
Decreto 4433 de 2004 y 1° del Decreto 1858 de 2012. Propuso como excepción la
inexistencia del derecho.

Se celebró audiencia inicial el 6 de septiembre de 2017, en la cual se fijó el litigio y
luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 5 de junio de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

2 Si bien esta disposición prevé el régimen de asignación de retiro para los oficiales, suboficiales y agentes de

la Policía Nacional, lo cierto es que no establece dicha prestación para el personal del nivel ejecutivo, solo lo
pertinente a la pensión de invalidez por lo que no es aplicable al caso bajo estudio.

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Que la normativa que regula la situación jurídica del demandante es el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, pues pese a que el nivel ejecutivo no se encontraba
establecido en dicha disposición, acorde con los efectos que se le otorgaron a las
sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado, los Decretos 1091 de
1995 y 4433 de 2004, nunca produjeron efectos respecto de aquel personal.

Que tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, los
conceptos de retiro por separación absoluta y destitución previstos en las
disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional, son equiparables a la causal de
mala conducta contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990.

Que al haberse demostrado que el interesado estuvo vinculado a la Policía Nacional
por un lapso de 15 años, 7 meses y 15 días, incluido el tiempo que prestó con
ocasión del servicio militar obligatorio, tiene derecho a la asignación de retiro de que
trata el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que exige 15 años cuando el retiro
del servicio se da por destitución.

Que en el presente asunto operó la prescripción, por cuanto el derecho a la
prestación era exigible desde el 25 de marzo de 2006, la solicitud ante la
administración se invocó el 18 de julio de 2016, y la demanda fue presentada el 7
de diciembre de 2016, por lo que las mesadas con anterioridad al 18 de julio de
2012 se encuentran prescritas 3.

Conforme con lo anterior: i) declaró la nulidad del acto administrativo demandado;
ii) declaró probada de oficio la excepción de prescripción de mesadas; iii) a título de
restablecimiento del derecho ordenó reconocer y pagar la asignación de retiro con
los respectivos reajustes legales, a partir del 18 de julio de 2012; y iv) se abstuvo de
condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada manifestó su desacuerdo expresando que al señor Ramón
Rafael Roa Padilla no le asiste el derecho, pues fue desvinculado del servicio activo
en el año 2006, momento para el cual se encontraba vigente el artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004 que exige 20 años de servicio y retiro por la causal de mala

3 Al respecto se destaca que, si bien el tribunal de primera instancia aplicó para tales efectos el Decreto 1213

de 1990, lo cierto es que el reconocimiento lo otorgó en atención al Decreto 1212 de la citada anualidad, y en
todo caso, ambas disposiciones prevén la prescripción cuatrienal.

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conducta.

Que no es dable aplicar el Decreto 1212 de 1990 toda vez que se encuentra
derogado, circunstancia que riñe con el principio de seguridad jurídica, pues ante la
inaplicación del Decreto 4433 de 2004, se debe atender lo regulado en el Decreto
1858 de 2012, que fue la norma que entró a regular el tema.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante solicitó se confirme la sentencia recurrida, pues en el acto
demandado se negó la prestación bajo el argumento de que no acreditó los
requisitos previstos en el Decreto 1858 de 2012, norma que para la fecha en que
fue retirado del servicio no había nacido a la vida jurídica, razón por la cual no puede
aplicársele dicha normativa.

La entidad demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se deberá determinar si el señor Ramón Rafael Roa Padilla quien prestó sus
servicios a la Policía Nacional por más de 15 años, tiene derecho a que se le
reconozca la asignación de retiro de conformidad con lo consagrado en el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 al haber sido separado de la entidad por destitución.

Régimen jurídico de la asignación de retiro en el nivel ejecutivo de la Policía
Nacional

La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge de la
relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la Fuerza
Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), quienes al cese definitivo de la
prestación de sus servicios se hacen acreedores, en tanto cumplan con los
requisitos legalmente determinados, al reconocimiento y pago en forma mensual y
vitalicia de una determinada suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al
menos, la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de
su familia.

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En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de un sistema
pensional especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una de las formas en que
se materializa el derecho a la seguridad social en este sector, lo que determina que
constituya un derecho fundamental irrenunciable de conformidad con los artículos
48 y 53 de la Constitución Política.

Ahora, dicha prestación fue creada para los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional a través del Decreto 1212 de 1190 4, de la siguiente manera:

«ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala
conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada,
o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la
capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los
que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15),
sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de
actividad. […]». (Resaltado intencional).

Luego, el nivel ejecutivo de la Policía Nacional sería creado por el Congreso de la
República a través de la Ley 180 de 1995 5, cuyo artículo 7, numeral 1°, le confirió
facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para desarrollar esa nueva
categoría al interior de la institución policial. Con tal propósito se expidió el Decreto
1091 de 1995 6, que en su artículo 51 reguló la asignación de retiro para este
personal.

Sin embargo, el citado artículo fue declarado nulo mediante la sentencia del 14 de
febrero del 2007 proferida por esta Corporación 7, al considerar que el presidente de
la República no contaba con las facultades legales para modificar el régimen
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, al ser un asunto con reserva de

4 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.».

«Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
y se dictan otras disposiciones».
5 «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la

Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la
República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura
orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional
de Oficiales, Suboficiales y Agentes.».
6 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la

Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995».
7 Número interno 1240 – 2004.

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ley.

Con posterioridad, se expidió el Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000 8, que
derogó el Decreto 41 de 1994, pero dejó vigente, entre otros, lo relacionado con las
normas sobre prestaciones sociales contempladas en el título «iv» 9 del Decreto
1212 de 1990, dentro de las que se encuentran las relacionadas con la asignación
de retiro, por lo que continuó rigiéndose por esta última normativa.

A su turno, el Congreso de la República expidió la Ley Marco 923 del 30 de
diciembre de 2004, mediante la cual se señalaron los objetivos y criterios que se
deberían observar para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública, y estableció en el inciso del artículo 3.1 que:
«[…] A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento
de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a
15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. […]».

En desarrollo de la anterior disposición, se profirió el Decreto 4433 de 2004 10, y en
el artículo 25 reguló lo referente a la asignación de retiro de los miembros de la
Policía Nacional, para lo cual distinguió entre el personal del nivel ejecutivo que
ingresara a la institución a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma y
aquel que ya pertenecía al mismo, no obstante, mediante sentencia del 12 de abril
de 201211, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del
parágrafo 2 de dicha norma, al estimar que representaba una violación a la ley
marco.

En dicho fallo, esta Corporación se dio a la tarea de identificar la norma vigente
antes del 30 de diciembre de 2004 en materia de asignación de retiro aplicable a los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y señaló: «[…] Al haber sido
declarado inexequible el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091
de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, quedaron
vigentes tratándose de suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de Agentes el Decreto 1213
de 1990. […]». Se precisa que el Decreto 1212 de 1990 es el que se les aplica, en la

8 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y

Agentes de la Policía Nacional».
9 Artículo 95.
10 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública».
11 Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 110010325000200600016

00.

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medida que el nivel ejecutivo es jerárquicamente superior a los suboficiales que
regula la norma, luego, no es factible atender lo establecido en el Decreto 1213 de
1990 en tanto se refiere a los agentes, esto es, categoría inferior 12.

En este sentido, al quedar en firme la providencia que declaró la nulidad parcial del
Decreto 4433 de 2004, debe entenderse que los apartes nulos desaparecieron del
ordenamiento jurídico desde el mismo momento en que fueron expedidos. En
consecuencia, las condiciones previstas para la asignación de retiro del personal
que se encontraba en servicio activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004,
son las consignadas en el decreto 1212 de 1990.

Resolución del caso concreto

Se encuentra demostrado dentro del plenario que el señor Ramón Rafael Roa
Padilla prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de 15 años, 7 meses
y 19 días 13, de la siguiente manera:

• servicio militar obligatorio: desde el 1° de febrero de 1990 hasta el 30 de julio
de 1991;
• agente alumno: entre el 20 de abril y el 30 de noviembre de 1992;
• agente: desde el 1° de diciembre de 1992 hasta el 30 de junio de 1994; y
• nivel ejecutivo: del 1° de julio de 1994 al 24 de marzo de 2006.

En virtud de ello, cuando el demandante ingresó a la institución, se encontraba
vigente el Decreto 1212 de 1990, que contempla un tiempo mínimo de servicio de
15 años para el reconocimiento de la asignación de retiro, siempre que la causa del
retiro del servicio sea distinta a la voluntad del servidor.

De igual forma, se observa que al momento del retiro del servicio activo del
demandante por la causal de destitución 14, estaba vigente el parágrafo 2 del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004, sin embargo, como se advirtió en líneas precedentes,
este fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril de
2012.

Ahora, a diferencia de las sentencias que profiere la Corte Constitucional sobre los
actos sujetos a su control (artículo 241 de la Constitución Política), que por
disposición del artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia

12 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 9 de septiembre del 2021, radicado: 20001 -23-

33-000-2018-00133-01(1091-20).
13 Según hoja extracto de hoja de vida, adición a la misma y Oficio del 9 de septiembre de 2016 (folios 17 a 19).
14 Acorde con el Oficio 20080/GAG/SDP del 9 de septiembre de 2016 (folio 18).

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producen efectos hacia el futuro salvo que se resuelva lo contrario, la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos de carácter general, normalmente, tiene
efectos ex tunc o retroactivos desde la fecha misma de expedición del acto 15.
Así lo ha sostenido de manera unánime la jurisprudencia de esta Corporación, quien
también ha aclarado que las situaciones jurídicas consolidadas antes de la decisión
anulatoria deben mantenerse íntegramente en virtud del principio de seguridad
jurídica, de manera que solo aquellas que se cataloguen como no definidas pueden
resultar afectadas a raíz de la anulación.

Al verificar la situación del señor Ramón Rafael Roa Padilla se observa que fue
administrativa y judicialmente controvertida, por ende, no se encontraba definida al
momento de proferirse la decisión anulatoria, última cuyos efectos le resultan
aplicables, por tal motivo, es dable concluir que la situación pensional del
demandante no se encuentra regulada por lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004.

Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del señor Roa Padilla, 24
de marzo de 2006, no existía una norma que regulara la asignación de retiro que le
fuera aplicable y que cumpliera con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 923 de
2004, específicamente con lo señalado en el numeral 3.1 según el cual, los
requisitos para acceder a la prestación social no podían ser mayores a los
consagrados en las normas que regían la situación de estos servidores públicos a
su entrada en vigencia (31 de diciembre de 2004).

Así, la consecuencia lógica es aplicar las normas que sí mantuvieron su vigencia
con ocasión de esta situación, esto es, el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que
regula el rango más cercano a los policías del nivel ejecutivo y que no fue derogada
por el Decreto 1791 de 2000, tal como lo determinó en el artículo 95 que dejó vigente
las disposiciones sobre prestaciones sociales previstas en el título «iv» del mentado
decreto, dentro de las que se encuentran las relacionadas con la asignación de
retiro.

Tampoco podría pensarse en el Decreto 1858 de 2012, como lo afirma la parte
demandada en el recurso de alzada, porque esto supondría concederle efectos

15 Sobre los efectos retroactivos que por regla general producen las sentencias anulatorias de actos
administrativos, pueden verse las siguientes sentencias proferidas por esta corporación: Sala Plena del 1.° de
junio de 1999. Expediente núm. 5260.; del 10 de septiembre de 2014, radicación 11001-03-26-000-2008-00040-
00(35362); del siete de abril de dos mil once, radicación 50001-23-31-000-2003-10058-02 (1177-09); del 8 de
julio de dos mil diez, radicación 25000-23-24-000-2002-00956-01; del 5 de julio de 2006, radicación 25000-23-
26-000-1999-00482-01(21051). Uno de los supuestos principales en que se exceptúa esta regla general es el
de las sentencias de anulación electoral.

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retroactivos sin ningún fundamento, recuérdese que fue expedido el 6 de septiembre
de 2012, es decir, después del retiro del servicio activo del interesado. Además, no
habría lugar a su aplicación ni por vía de retrospectividad ni por vía del principio de
favorabilidad puesto que, al momento de la desvinculación del demandante, esa
disposición no se había expedido.

En ese sentido, las exigencias que debía cumplir el demandante para ser
beneficiario de la asignación de retiro son las contempladas en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 que dispone que el reconocimiento de la asignación de retiro
dependerá de la acreditación de un mínimo de 15 años de servicio cuando el motivo
del retiro del servicio sea: por llamamiento a calificar servicios, por mala conducta,
por no asistir al servicio por más 5 días sin causa justificada, por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, por disminución de la capacidad sicofísica, por
incapacidad profesional o por conducta deficiente.

De otro lado, las pruebas aportadas dan cuenta de que el demandante fue
desvinculado por destitución, causal que, si bien no es de aquellas descritas
expresamente en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ese vacío no es razón
para negar el derecho, toda vez que el Consejo de Estado 16 ha precisado que la
destitución o la separación absoluta pueden ser enmarcadas dentro de la causal de
mala conducta. Así, en sentencia del 14 de septiembre de 2017 17 concluyó:

«[…] Para la Subsección es claro que la causal de retiro «separación absoluta» que
se configuró en este caso, e incluso la de «destitución» consagrada en la anterior
hoja de servicios del 16 de septiembre de 2003, se ajustan a la causal de «mala
conducta comprobada» que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 para el
reconocimiento de la asignación de retiro. En efecto, tal como lo advierte el
recurrente, lo que determina que el motivo de retiro del demandante no se ajuste en
apariencia a ninguna de las causales que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de
1990 ha sido la constante evolución del régimen disciplinario de la Policía Nacional
que ha aparejado modificaciones en la terminología y las figuras contempladas en el
mismo.

[…]

Por su parte, la evolución de la figura de la separación absoluta en el régimen de la
Policía Nacional estaría dada por lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 41 de

16 Ver, entre otros, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-

2007); del 11 de abril de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); del 7 de marzo de
2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-2017); y del 19 de julio de 2019, radicado: 25000-23-
25-000-2017-00227-01(5445-18).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 76001-

23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007). Posición que fue reiterada en sentencias de 8 de abril de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2017- 01913-01 (2684-2019) y del 20 de enero de 2022, radicado: 050012333000-
2016-02750-01 (0627-2021).

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199418, posteriormente derogado por el Decreto 1791 de 2000 que en su artículo 66
dispuso: «El personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena
principal de prisión o arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, por delitos
dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a
pertenecer a la misma».

Tales motivos hacen preciso entender que cuando el artículo 104 del Decreto 1213
de 1990 prevé la «mala conducta comprobada» como una de las causales de la
asignación de retiro, el verdadero supuesto que contempla la norma para hacerse a
dicha prestación económica es la verificación de una falta disciplinaria
sancionable con el retiro del servicio, como lo es la sanción de destitución
prevista en el actual régimen disciplinario de la Policía Nacional o la de
separación absoluta en los casos en que dicha falta disciplinaria constituye también
un delito judicialmente sancionado con la imposición de una pena principal de prisión
o arresto.

En conclusión, los conceptos de retiro por «separación absoluta» y
«destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía
Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada»
contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la evolución
normativa que ha tenido tal régimen.». (Destaca la Sala).

Sobre el particular, esta Subsección 19 ha aclarado que si bien tal criterio fue
expuesto respecto de los artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de 1990,
dicho análisis también resulta atendible en el caso del personal regido por el artículo
144 del Decreto 1212 del mismo año, habida cuenta de que este comparte el mismo
vacío normativo que aquellos (en cuanto no previeron la mentada causal de retiro),
y que el concepto de destitución consagrado en el artículo 61 del Decreto 1791 de
2000 resulta aplicable a todo el personal uniformado de la Policía Nacional, sin
excepción.

De acuerdo con los apartes transcritos, a partir de una apreciación amplia y
garantista de la norma, la causal de separación absoluta del servicio y destitución
son equiparables a la de mala conducta descrita en el artículo 144 del Decreto 1212
de 1990, razón por la que, en casos como el presente, el requisito del tiempo de
servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro es de 15 años.

Visto lo anterior, se puede concluir que el señor Ramón Rafael Roa Padilla sí tiene
derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconozca una
asignación de retiro en los términos descritos por la norma, dado que: i) se

18 «Articulo 87. Separación absoluta. El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,

que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la Justicia Penal
Militar o por la Ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, será separado en forma absoluta de la
Policía Nacional.
El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo que sea separado en forma absoluta, no podrá volver a
pertenecer a la Policía Nacional.»
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 10 de junio del 2021, radicado: 66001

23 33 000 2016 00151 01 (5478-18) y del 20 de enero de 2022, radicado: 050012333000-2016-02750-01 (0627-
2021).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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11
Radicación: 08001-33-33-004-2016-01468-01 (0010-2021)

encontraba activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004; ii) cumplió 15
años de servicio y fue retirado por la causal descrita en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990.

En virtud del análisis legal y jurisprudencial expuesto, se confirmará la sentencia
recurrida.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de Estado
venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, según el cual en toda sentencia el Juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2 del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una
carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello,
ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 08001-33-33-004-2016-01468-01 (0010-2021)

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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