República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2019-00041-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y otra
Tema: reconocimiento de asignación de retiro. Subtema 1: transición de la Ley 923
de 2004. Subtema 2: personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (en adelante Casur) contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, el 16 de abril de 2021, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga solicitó la nulidad del acto administrativo por
el cual Casur le negó la asignación de retiro de conformidad con la Ley 923 de 2004
y el Decreto 1212 de 1990, pese a haber laborado al servicio de la Policía Nacional
durante 17 años, 8 meses y 24 días. El tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones, al considerar que el demandante era beneficiario del régimen de
transición previsto el numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, por cuanto a
la entrada en vigor de esta norma se encontraba en servicio activo y fue retirado por
causa distinta a la voluntad propia, pues esta situación se suscitó por disminución de
la capacidad psicofísica; por lo tanto, le resultaba aplicable el Decreto 1212 de 1990,
que en su artículo 144 exigía quince años de servicios, para efectos de dicha
prestación.
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Leonardo Antonio Pérez Úsuga, mediante apoderada, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de
noviembre de 20181, en contra de Casur y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga solicitó la nulidad del oficio 291817 del
28 de diciembre de 2017 (reiterado con oficio 342031 del 17 de julio de 2018), a través
del cual se le negó el reconocimiento de la asignación de retiro, en condición de
intendente de la Policía Nacional, a pesar de haber laborado 17 años, 8 meses y «26»
días.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió el pago de la aludida prestación
social en el porcentaje que le corresponde de conformidad con los emolumentos por
él devengados y el tiempo de servicio prestado a la institución, desde cuando fue
retirado (6 de septiembre de 2017), de conformidad con la Ley 923 de 2004 y los
artículos 140 al 144 del Decreto 1212 de 1990; lo anterior con los respectivos intereses
y las costas procesales.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) El señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga ingresó como alumno del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional desde el 6 de marzo de 2000, prestó sus servicios
durante 17 años, 5 meses y 24 días y su último grado fue el de intendente.
ii) Mediante la Resolución 4104 del 30 de agosto de 2017, fue retirado del servicio
activo de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, de
conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55, numeral 3, del Decreto Ley
1791 de 2000.
iii) Por medio del oficio 291817 del 28 de diciembre de 2017 (reiterado con oficio
342031 del 17 de julio de 2018), Casur le negó el reconocimiento de la asignación de
retiro, porque el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 1858 de 2012,
exigía para el personal retirado por disminución de la capacidad psicofísica acreditar
veinte años de servicio.
1 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO , pp. 2 a 8.
2
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Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 2, 6, 11, 13, 23, 29, 31, 90 y 230.
Las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972.
Los decretos 1212 de 1990 y 1157 de 2014.
6. Al explicar el concepto de violación, Leonardo Antonio Pérez Úsuga adujo que
le asistía el derecho a la asignación de retiro reclamada, toda vez que prestó más de
15 años de servicios a la Policía Nacional, como lo establecía el Decreto 1212 de 1990
en su artículo 144, por lo que le debió ser reconocida esa prestación en proporción al
tiempo de servicio. Así mismo, invocó el fallo del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, proferido dentro del proceso 11001-03-25-000-2013-00543-
00, con el cual se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, que sirvió
de fundamento al acto acusado; por ende, con esa providencia se revivieron los
efectos de los decretos 1212 y 1213 de 1990.
2.2. Contestación de la demanda
7. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a través de apoderado, se
opuso a las pretensiones de la demanda, al estimar que no estaba involucrada en la
controversia por tratarse del reconocimiento de una asignación de retiro, que
concierne a Casur, y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, falta de
legitimación en la causa por pasiva y la genérica e innominada2. Por su parte, Casur
no contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo del Chocó, en la sentencia del 16 de abril de 20213,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a Casur,
en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio ID Control No. 291817 del 28-12-2017,
proferido por el subdirector general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, por el cual le fue negado al señor Leonardo Antonio Pérez Usuga [sic] el
derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro, conforme a las
consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ordena a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR,
RECONOCER Y PAGAR a favor del señor Leonardo Antonio Pérez Usuga [sic], […]
la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 07 de diciembre del 2017, es decir, el valor
2 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO, pp. 105 a 109.
Mediante auto del 9 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó dispuso «diferir la decisión de las
excepciones a la sentencia», por no tener el carácter de previas (pp. 151 a 154).
3 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 10. Sentencia.
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de las mesadas causadas desde esa data y las que en futuro se sigan causando mes
a mes.
TERCERO: En efecto, para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta
que el monto conforme el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 corresponderá al 50%
de las partidas de que trata el artículo 140 ibidem, por los 15 primeros años de servicio
y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince (15), pero que el
total no sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto y sin que
opere la prescripción cuatrienal, por lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia.
CUARTO: Los valores causados se deben actualizar de conformidad con el artículo
187 de la Ley 1437 del 2011 y se aplicará la formula [sic] indicada en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional efectuará los reajustes
de ley sobre el monto de lo reconocido y dará cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 del 2011.
SEXTO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada y a favor de la parte
demandante en concordancia con los artículos 365 y 366 del C.G.P. Fíjese como
agencias en derecho, el uno por ciento (1%), de las pretensiones reconocidas. En firme
la presente providencia, realícese por Secretaría la liquidación correspondiente,
conforme lo regulado en las normas ya citadas.
9. Consideró que, si bien el oficio acusado se fundamentó en el parágrafo 2.° del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 (normativa vigente al momento del retiro del
actor ocurrido el 6 de septiembre de 2017 y que reglamentó la Ley 923 de 2004), para
negar la asignación de retiro del demandante, lo cierto es que dicha norma fue
declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de abril de 2012,
proferida dentro del proceso con radicado interno 1074-2007, que afectó también la
situación jurídica del accionante, porque esta no se encontraba consolidada a la fecha
en que esa providencia se dictó, por lo que debió aplicarse la Ley 923 de 2004, de
acuerdo con la jurisprudencia de esa corporación.
10. Advirtió que a la entrada en vigor de la Ley 923 del 2004 (30 de diciembre del
2004) el señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga se encontraba en servicio activo en la
Policía Nacional y, por tanto, no se podía exigir un tiempo superior al regido por las
disposiciones anteriores. Conforme al régimen de transición para el reconocimiento
de la asignación de retiro del demandante, le sería aplicable el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, que señaló quince (15) años de servicios para acceder a la mencionada
prestación cuando el retiro se produce por causa distinta a la voluntad propia; requisito
que cumple el actor, ya que alcanzó 17 años, «08» meses y 26 días de labores y su
retiro se generó por disminución de capacidad psicofísica.
11. Sostuvo que tampoco se le podía aplicar al accionante el Decreto 1858 del
2012, para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues de hacerlo se
desconocería que el régimen de transición garantizaba la expectativa para que la
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situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional al 30 de
diciembre de 2004 se rigiera por el Decreto 1212 de 1990. Por consiguiente, el señor
Pérez Úsuga tenía derecho a la asignación de retiro desde la terminación de los tres
meses de alta del cargo que desempeñó en la Policía Nacional y como fue retirado
por disminución de la capacidad psicofísica a partir del 6 de septiembre de 2017, esos
tres meses de alta terminaban el 6 de diciembre de 2017.
12. Por otro lado, aclaró que no operó la prescripción cuatrienal, dado que el
demandante presentó la solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro en el
año 2017, es decir, dentro del término del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990.
13. La citada sentencia fue objeto de solicitud de aclaración formulada por la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la cual fue negada por medio de
proveído del 17 de septiembre de 20214.
2.4. Recurso de apelación
14. Casur, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación5 para que se
revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
15. Expresó que el acto administrativo atacado gozaba de plena presunción de
legalidad, toda vez que se expidió conforme a los «decretos 1091 de 1995 y/o 4433
de 2004 y/o 1858 de 1212», vigentes al momento del retiro del demandante.
16. Señaló que la sentencia del Consejo de Estado que anuló el artículo 2 del
Decreto 1858 de 1212 creó un vacío jurídico, puesto que las normas vigentes, es decir,
los decretos 1212 y 1213 de 1990, no tenían entre sus destinatarios a los miembros
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y al no pronunciarse en relación con la norma
en su totalidad, sino únicamente al artículo 2, dejó vigente el artículo 4, en el que se
dispuso que se declaraba la derogatoria de las demás normas contrarias al Decreto
1858 de 2012. Además, las disposiciones sobre la asignación de retiro de los
integrantes del nivel ejecutivo establecidas en los decretos 1091 de 1995 y 4433 de
2004 fueron anuladas por el Consejo de Estado, y el Decreto Ley 2070 de 2003 fue
dejado sin efectos por la Corte Constitucional.
17. Arguyó que las decisiones judiciales del Consejo de Estado proferidas hasta el
momento no se han referido ni han declarado nulos los artículos en los cuales se
establecían las partidas computables al reconocer las asignaciones de retiro a los
integrantes del nivel ejecutivo, por lo que actualmente seguían vigentes en la
legislación.
18. Afirmó que el pago de los tres meses de alta le corresponde, por mandato legal
y la jurisprudencia, a la Policía Nacional, ya que este tiempo, además, le contaría como
4 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 24. Corrección-AclaraciónDeSentencia.
5 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 17AgregarMemorial.
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si estuviera en servicio activo.
19. Por último, pidió revocar la condena en costas, porque la entidad siempre ha
estado presta al cabal cumplimiento de las normas legales especiales, aplicables a
las prestaciones de los retirados y sus beneficiarios.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
20. Mediante auto del 23 de junio de 20226, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 3287 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
23. ¿El accionante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro en
los términos de los artículos 140 y 144 del Decreto Ley 1212 de 1990, a partir del
vencimiento de los tres meses de alta, por acreditar quince (15) años de servicio, al
haber sido retirado por disminución de la capacidad psicofísica?
24. ¿Resulta procedente revocar la condena en costas impuesta a la parte vencida
en la sentencia de primera instancia?
25. Para resolver el primer interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
asignación de retiro y transición de la Ley 923 de 2004, (ii) hechos probados y (iii)
caso concreto.
6 Samai, índice 6.
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
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3.3. Asignación de retiro y transición de la Ley 923 de 2004.
26. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1212 de 19908, que en el
artículo 144 reguló el reconocimiento de la asignación de retiro para los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional que fueran retirados del servicio activo después de
quince (15) años, por las siguientes causales:
i) Llamamiento a calificar servicios.
ii) Mala conducta.
iii) Inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa
justificada.
iv) Por voluntad del Gobierno o de la dirección general de la Policía Nacional.
v) Sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado.
vi) Disminución de la capacidad psicofísica;
vii) Incapacidad profesional.
viii) Por conducta deficiente.
27. Si el retiro era por solicitud propia, el tiempo exigido para el reconocimiento de
la asignación de retiro procedía con 20 años de servicios.
28. Así mismo, se dispuso que la efectividad de la asignación surgiría desde la
terminación de los tres (3) meses de alta, y el monto correspondía al 50 % de las
partidas previstas en el artículo 158 del mismo decreto, por los quince (15) primeros
años de servicios y un 4 % por cada año que exceda los referidos quince (15) años,
sin sobrepasar el 85 %.
29. En desarrollo de la Ley 4 de 1992, fue proferido el Decreto 1091 de 19959, que
en su artículo 51 previó que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional —sin
hacer distinción entre el personal incorporado directamente y el homologado— tendría
derecho a la asignación de retiro al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado
por llamamiento a calificar servicio, voluntad de la dirección general de la Policía
Nacional, disminución de la capacidad psicofísica o haber cumplido 65 años de edad
los hombres y 60 las mujeres; y veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o
separado por solicitud propia, incapacidad profesional, inasistencia al servicio por más
de cinco (5) días sin causa justificada, conducta deficiente, destitución, detención
preventiva que exceda de 180 días o por separación absoluta.
30. No obstante, la anterior norma fue anulada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 14 de febrero de 200710, al estimar que violaba la
Constitución Política y la ley, pues «el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar
8 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional».
9 «Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2007, proceso con radicado 11001-03-25-
000-2004-00109-01 (1240-04).
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Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
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el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto […] era una
materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección
especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo».
31. Por medio de la Ley 797 de 2003 se otorgaron nuevamente facultades
extraordinarias al presidente de la República —artículo 17, numeral 3—, entre otras,
para «expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales
propios de las Fuerzas Militares y de Policía», en virtud de las cuales expidió el
Decreto Ley 2070 de 2003, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional,
mediante el fallo C-432 de 2004, puesto que el régimen salarial y prestacional de la
fuerza pública estaba reservado a las leyes marco.
32. Posteriormente, la Ley 923 de 200411, en el artículo 3, reguló los elementos
mínimos del régimen de asignación de retiro e indicó que se fijaría en atención
exclusivamente al «tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de
servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de
servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un
tiempo superior a 25 años» (numeral 3.1).
33. Sin embargo, el numeral 3.1. de ese artículo creó una transición para los
miembros activos vinculados en la fuerza pública a la fecha de entrada en vigor de la
citada Ley 923 de 2004, consistente en que para el reconocimiento de la asignación
de retiro no se les exigiría «un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por
cualquier otra causal».
34. Frente a la interpretación de esta norma, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencias del 8 de septiembre de 201712 y del 14 de septiembre de
201713, consideró que la Ley 923 de 2004 preceptuó que la asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, para quienes estaban en servicio activo al entrar en
vigor, debía respetar los tiempos del régimen anterior, es decir, no exigir más de veinte
(20) años si el retiro es a solicitud propia, ni más de quince (15) años cuando obedezca
a otra causal. En esa transición, el único requisito para beneficiarse era encontrarse
en servicio activo al momento de la entrada en vigor de la ley.
35. El Gobierno reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de 2004.
El artículo 25 (parágrafo 2.°) dispuso que los oficiales y el personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional en servicio activo tendrían derecho a una asignación de retiro
si eran retirados con veinte (20) o más años por determinadas causales14, y con
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2017, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01 (3743-14).
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, proceso con
radicado 2001-23-39-000-2015-00454-01 (2936-16).
14 Por llamamiento a calificar servicios, disminución de la capacidad psicofísica o por voluntad del Gobierno.
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Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
veinticinco (25) o más años en los demás eventos15, por lo que se estableció así un
umbral general de 20/25 años para acceder a la prestación.
36. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 12 de
abril de 201216, declaró la nulidad del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433
de 2004 por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de ley, al
incrementar la edad para acceder a la asignación de retiro.
37. En síntesis, aunque el legislador podía hacer más exigentes los requisitos en
términos generales, quedó expresamente prohibido elevar el tiempo de servicio
exigible a quienes ya estaban activos cuando entró a regir la Ley 923 de 2004. El
exceso de la facultad reglamentaria del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433
de 2004 consistió en desconocer ese régimen de transición y las expectativas
legítimas de los servidores próximos a consolidar su estatus pensional. Por
consiguiente, en casos similares la Subsección concluyó que17:
Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial consignado en
líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de retiro por los
miembros de la fuerza pública deben verificarse a partir de lo establecido en la Ley
marco 923 de 2004, que prevé que la norma reglamentaria no podía contener para
quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los fijados en las
disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y, además, debía incluir un
régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de quienes se
encontraran próximos a consolidar su estatus de retirado.
La única condición, que la citada Ley 923 de 2004 impuso para ser beneficiario de la
transición consignada en su artículo 3, es que al momento de su entrada en vigor el
uniformado se hallara en servicio activo, toda vez que se respetó el período de labores
contemplado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento de la
asignación de retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase de ingreso
al nivel ejecutivo (homologación o incorporación directa).
Sobre el particular, esta Corporación, en fallo de 3 de septiembre de 2018 18, dijo:
En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión
expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los
cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al
momento de la expedición de la Ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se
les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos de acceder a la asignación de
retiro, superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta
la normativa que se encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera que
la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando
la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.
15 Los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, proceso con radicado 11001-03-25-
000-2006-00016-00 (1074-07).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01142-01 (4668-2021).
18 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino
Cortés, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00(1060-13).
9
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
De lo expuesto en precedencia se deduce que no se debe imponer como condición
para el referido reconocimiento un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de la Ley 923 de 2004, en la
medida en que esta estatuyó un régimen de transición que reconoce las expectativas
legítimas de quienes estaban cerca de acceder a la asignación de retiro.
38. En conclusión, los integrantes activos de la fuerza pública, incluidos los del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 923
de 2004 gozan de una protección para que el Gobierno nacional, en ejercicio de la
facultad reglamentaria, no aumente el tiempo de servicio para el reconocimiento de la
asignación de retiro que ya estaba previsto en las disposiciones vigentes para cuando
se expidió esa ley, que para el presente caso corresponde al Decreto 1212 de 1990.
Sobre la aplicación de esta última normativa, en similar sentido, en sentencia del 12
de febrero de 2026, esta Subsección se pronunció en los siguientes términos19:
En dicho fallo [del 12 de abril de 2012], esta Corporación se dio a la tarea de identificar,
la norma vigente antes del 30 de diciembre de 2004, en materia de asignación de retiro
aplicable a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y señaló: «[…] Al
haber sido declarado inexequible el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del
Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel
ejecutivo, quedaron vigentes tratándose de suboficiales, el Decreto 1212 de 1990 y de
Agentes el Decreto 1213 de 1990. […]». Se precisa que el Decreto 1212 de 1990 es
el que se les aplica, en la medida que el nivel ejecutivo es jerárquicamente superior a
los suboficiales que regula la norma, luego, no es factible atender lo establecido en el
Decreto 1213 de 1990 en tanto se refiere a los agentes, esto es, categoría inferior 20.
39. Por otra parte, cabe anotar que el presidente de la República dictó el Decreto
1858 de 2012, en el que reguló la asignación de retiro para los suboficiales y agentes
que se homologaron y el personal que ingresó por incorporación directa al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005, así:
Artículo 1º. Régimen de transición para el personal homologado del Nivel
Ejecutivo. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que
ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional antes del 1º de enero
de 2005, siendo Suboficiales o Agentes, los cuales tendrán derecho cuando sean
retirados de la institución después de quince (15) años de servicio por llamamiento a
calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por disminución de la
capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta o destituidos después de los veinte (20) años de servicio,
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el
artículo 3º del presente decreto, por los quince (15) primeros años de servicio, un
cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir
los diecinueve (19) años y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, proceso con radicado
76001-23-33-000-2019-00827-01 (0759-2025).
20 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 9 de septiembre del 2021, radicado: 20001-23-33-
000-2018-00133-01(1091-20).
10
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que
exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento
(100%) de tales partidas.
Artículo 2º. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al
escalafón por incorporación directa. Fíjase el régimen pensional y de asignación de
retiro para el personal que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho
cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años o más de Servicio por
llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por
delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después
de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y
cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3º del presente
decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más,
por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento
por ciento (100%) de tales partidas.
40. Sin embargo, a través de la sentencia del 3 de septiembre de 201821, el Consejo
de Estado anuló el artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, con efectos ex tunc, «es
decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como
consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban antes de
la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento
de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la
decisión que en esta última se tome».
41. Lo anterior, al estimar que tal norma reglamentaria desconoció las previsiones
de la Ley 923 de 2004, toda vez que impuso al personal vinculado al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre
de 2004, condiciones superiores y más exigentes para acceder al derecho de la
asignación de retiro, esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre veinte (20)
y veinticinco (25) años, cuando estaba restringido a quince (15) y veinte (20).
42. Finalmente, el Gobierno nacional emitió el Decreto 754 de 2019, por el cual se
fijó el régimen de asignación de retiro de personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, en
los siguientes términos:
Artículo 1. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa
hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados
de la institución con quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2013-00543-00
(1060-2013).
11
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución de la
capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las
partidas de que trata el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince
(15) años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los
quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19) años, y un nueve por ciento (9%) al
cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por
ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso
sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
Parágrafo. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, que devengue el personal a que se refiere este decreto, diferentes
a las establecidas en el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, serán computables para
efectos de la asignación de retiro.
43. Por lo tanto, el Decreto 754 de 2019 diferenció dos grupos de causales de retiro
frente a la exigencia de tiempos de servicio para el reconocimiento de la asignación
de retiro de los integrantes del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes
del 31 de diciembre de 2004; causales que se equipararon a aquellas previstas para
el personal homologado en el artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012, es decir, (i) para
los retiraros con quince años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios,
voluntad del director general de la Policía o disminución de la capacidad psicofísica; y
(ii) los que se desvinculen a solicitud propia, sean retirados o separados en forma
absoluta o destituidos después de veinte años de labores22.
44. En todo caso, resulta importante precisar que las condiciones aplicables para
efectos del reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los integrantes del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporados directamente antes de la entrada
en vigor de la Ley 923 de 2004 y que fueron retirados del servicio previamente al
Decreto 754 de 2019, son las preceptuadas en el Decreto 1212 de 199023.
3.4. Hechos probados
45. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
46. Según la hoja de servicios, el señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga se vinculó
al nivel ejecutivo de la Policía Nacional desde el 6 de marzo de 2000 hasta el 1.° de
septiembre de 2017, para un total de 17 años, 5 meses y 24 días; y su último grado
fue el de intendente24.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de enero de 2021, proceso con radicado
63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019).
23
A esta misma conclusión arribó esta Subsección B, en la sentencia del 12 de febrero de 2026, proceso con
radicado 76001-23-33-000-2019-00827-01 (0759-2025).
24 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO , pp. 18 a 26.
12
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
47. Mediante la Resolución 4104 del 30 de agosto de 2017, el director general de
la Policía Nacional retiró del servicio activo, por una disminución de la capacidad
psicofísica del 20,85 % al intendente Leonardo Antonio Pérez Úsuga; la cual le fue
notificada el 6 de septiembre de 201725.
48. Casur, por medio del oficio 291817 del 28 de diciembre de 201726, expedido
por su director general, negó el reconocimiento de la asignación de retiro pedido en el
escrito con radicado «283853 de 2017», al indicar que lo siguiente:
En atención al escrito del asunto, relacionado con el reconocimiento de asignación
mensual de retiro a que cree tener derecho el señor Intendente (r) PEREZ USUGA
LEONARDO ANTONIO, […] le informo que según su hoja de servicios No. 71228209,
libro 003, folio 122, expedida por la Policía Nacional el 29 de septiembre 2017, se
certifica que prestó servicios en la Policía Nacional, por espacio de 17 años, 08 meses,
26 días, siendo desvinculado de la Institución por “Disminución de la Capacidad
Psicofísica”, a partir del 06-09-2017.
De conformidad con el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 1858
del 06-09-2012, normas de carácter especial que regulan la carrera del personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, establece, que el personal del Nivel Ejecutivo
que ingresó al escalafón por incorporación directa y que sean retirados por
Disminución de la Capacidad Psicofísica, deben acreditar (20) años de servicio,
condición que no cumple el mencionado señor, para efecto del reconocimiento de
asignación mensual de retiro. (Subrayado Nuestro).
49. El anterior acto fue reiterado por oficio 342031 del 17 de julio de 2018 del
subdirector de prestaciones sociales de Casur27, así:
En atención al escrito del asunto [ID control 340778 del 12/07/2018], me permito que
revisado el expediente prestacional del señor Intendente (r) PEREZ USUGA
LEONARDO ANTONIO, […] se constató que con oficio ID Control No. 291817 del 28-
12-2017, esta Entidad le resolvió de fondo la solicitud de Reconocimiento de la
asignación mensual de retiro, con base en la hoja de servicios policiales, expedida por
la Policía Nacional y la norma vigencia a la fecha de retiro, del cual anexo copia, la
información contenida en el citado oficio de reitera de conformidad con el artículo 19
de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la ley 1755 de 2015, que reza: “(…) Respecto
de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores (…)”. Por tratarse de una información contra este oficio no procede recurso
alguno.
3.5. Caso concreto.
50. Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por Casur, la
Subsección destaca que en el proceso se encuentra probado que el señor Leonardo
Antonio Pérez Úsuga prestó sus servicios en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional
desde el 6 de marzo de 2000 hasta el 1.° de septiembre de 2017, para un total de 17
25
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO , pp. 14 a 16.
26 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO , p. 13.
27 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE201900041(.zip), 01 INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO , p. 12.
13
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
años, 5 meses y 24 días, según la hoja de servicios emitida por esa institución; fue
desvinculado por disminución de la capacidad psicofísica, a través de la Resolución
4104 del 30 de agosto de 2017, notificada el día 6 de septiembre siguiente; y solicitó
el reconocimiento de la asignación de retiro, pero le fue negado por Casur por medio
del oficio 291817 del 28 de diciembre de 2017, al no contar con veinte (20) años de
servicios, como lo prevén los decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012.
51. En relación con los argumentos de la apelación, atinentes a que el acto
administrativo acusado fue expedido conforme a los decretos 4433 de 2004 y 1858 de
2012, que se encontraban vigentes para ese momento y que, en todo caso, la
sentencia del Consejo de Estado que anuló el artículo 2 del Decreto 1858 de 1212
creó un vacío jurídico, porque dentro de los destinatarios de los decretos 1212 y 1213
de 1990 no se hallaban los integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, la
Sala reitera que, de acuerdo con lo anotado anteriormente, el personal que se
encontraba vinculado al 30 de diciembre de 2004 —entrada en vigor de la Ley 923 de
2004—, como es el caso del demandante, estaba amparado por el régimen de
transición previsto en esta norma.
52. En efecto, el legislador protegió las expectativas legítimas de los integrantes de
la fuerza pública vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, como
el señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga, quien estaba vinculado al nivel ejecutivo de
la Policía Nacional desde el 6 de marzo de 2000. Para ellos, la citada ley dispuso que,
para el reconocimiento de la asignación de retiro, no se les podía exigir un tiempo de
servicio superior al previsto en las normas anteriores «cuando el retiro se produzca
por solicitud propia, ni inferior a quince (15) años cuando el retiro se produzca por
cualquier otra causal» (numeral 3.1. del artículo 3). En tal sentido, el propio legislador
señaló que, si el retiro se producía por una causal diferente a la solicitud propia, el
tiempo de servicios exigido era de quince (15) años.
53. En armonía con la anterior previsión legal, en lo atinente a los integrantes
incorporados en forma directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el Consejo de
Estado, en las sentencias referidas en precedencia del 12 de abril de 2012 y del 3 de
septiembre de 2018, por las cuales se decretó la nulidad del parágrafo 2.° del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012,
respectivamente, concluyó que el Gobierno nacional excedió la potestad
reglamentaria, al modificar el régimen pensional de dicho personal vinculado antes de
que entrara a regir la Ley 923 de 2004.
54. Ahora bien, aunque al retiro del demandante y a la fecha del oficio censurado
se encontraba vigente el artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, en la sentencia del 3
de septiembre de 2018, el Consejo de Estado fue claro en precisar los efectos de la
nulidad de dicha norma, en el sentido de que estos serían a partir de su emisión, «por
lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y
la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se
tome»; por lo tanto, no es dable acoger el reparo de apelación de Casur en contravía
de lo establecido por esta corporación y por el mismo legislador en la Ley 923 de 2004.
14
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
55. Cabe recordar que la declaratoria de nulidad apareja una «consecuencia
restitutoria», consistente en que «los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean
hacia el pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del
ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las
situaciones particulares que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio,
ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior» 28. Esos
efectos ex tunc o retroactivos solo comprenden situaciones jurídicas particulares que
no están consolidadas, como la sometida a juicio en este proceso.
56. En consecuencia, para el caso concreto resultaba aplicable el artículo 144 del
Decreto Ley 1212 de 1990, norma anterior a la Ley 923 de 2004; así quedó decantado
por esta corporación en los aludidos fallos del 12 de abril de 2012 y del 3 de septiembre
de 2018, en armonía con el artículo 9 del Decreto Ley 1791 de 2000, según el cual el
grado de intendente, que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente al de
sargento segundo dentro de la jerarquía de suboficiales de la Policía Nacional, cuanto
más, si su desvinculación aconteció antes del Decreto 754 de 2019.
57. El Decreto 1212 de 1990, en su artículo 144, establece que quienes fueran
retirados del servicio activo después de quince (15) años por disminución de la
capacidad psicofísica, entre otras causas, tendrán derecho, a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que Casur les pague una asignación mensual
de retiro; supuesto normativo en el que enmarca la situación fáctica del señor
Leonardo Antonio Pérez Úsuga, por cuanto laboró para la Policía Nacional durante 17
años, 5 meses y 24 días, hasta cuando fue retirado por la aludida causal el 7 de
septiembre de 2017.
58. En este orden de ideas, como lo dispuso el Tribunal Administrativo del Chocó,
al señor Leonardo Antonio Pérez Úsuga le asiste el derecho a que le sea reconocida
una asignación de retiro equivalente al 50% del monto de las partidas de que trata el
artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, por los quince (15) primeros años de servicio,
y un 4 % más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase
del 85 % de los haberes de actividad.
59. Por último, aunque la entidad apelante afirmó que los tres meses de alta están
a cargo de la Policía Nacional, la Sala advierte que el tribunal dispuso el
reconocimiento y pago de la aludida asignación de retiro desde el 7 de diciembre de
2017, fecha en la que el demandante adquirió el derecho de conformidad con el
artículo 14529 del Decreto 1212 de 1990, es decir, después de transcurridos los tres
meses de alta desde el retiro del servicio, sin que ordenara pago salarial y prestacional
alguno por el mencionado período, puesto que no fue objeto de pretensión en la
28 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2021, proceso con
radicado 66001-33-33-001-2012-00141-012,
29 «Tres (3) meses de alta. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro
temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión, continuarán dados de alta en la respectiva
pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del
expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 175 de este Decreto
continuarán recibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su grado. El lapso
de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones
sociales».
15
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
demanda y, por ende, tampoco hay lugar a emitir pronunciamiento adicional al
respecto.
3.6. Costas
60. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario30 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
61. Por lo tanto, la Sala revocará la condena en tal sentido impuesta en primera
instancia y se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte
que Casur haya incurrido en las anteriores conductas.
3.7. Conclusión
62. La Subsección concluye que, al estar vinculado el señor Leonardo Antonio
Pérez Úsuga al 30 de diciembre de 2004 como integrante del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, es beneficiario de la transición prevista en la Ley 923 de 2004, que
le permite adquirir el derecho pensional con la normativa anterior, que para su caso
es el Decreto 1212 de 1990, conforme al cual procede el reconocimiento de su
asignación de retiro, por cuanto cumplió más de quince (15) años de servicios y su
retiro se suscitó por disminución de la capacidad psicofísica.
63. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto
accedió en forma parcial a las pretensiones de la demanda, y se revocará la condena
en costas impuesta a la parte vencida.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
30
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
16
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00041-01 (1356-2022)
Demandante: Leonardo Antonio Pérez Úsuga
Demandadas: Caja de Sueldos de la Policía Nacional y otra
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, del 16 de abril de 2021, que accedió en forma parcial a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Revocar el ordinal sexto de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 16 de abril de 2021, que condenó en costas a la parte
demandada.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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