Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04337-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-00
Demandante: ALBERTO REYES JIMÉNEZ LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara por desconocimiento
del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El señor Alberto Reyes Jiménez López, actuando mediante apoderado judicial 3,
inició acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 26 de mayo de 2026, proferida por la autoridad judicial
accionada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 11-001-33-42-046-2017-00070-00/01, mediante la cual
se revocó el fallo de primera instancia, dictado el 10 de mayo de 2018 por el
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, que promovió contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - en adelante Casur-.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 4 de junio de 2026 a la que se le asignó la
secuencia interna número 3905438.
3 Índice 002 de Samai. Poder conferido al abogado Hubeimar Reyes Salazar, mediante mensaje
de datos.
Demandante: Alberto Reyes Jiménez López
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04337-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho laboral No. 11001334204620170007001,
demandante ALBERTO REYES JIMÉNEZ LÓPEZ, demandada Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), proferir sentencia de reemplazo en
donde acate los siguientes fallos del Consejo de Estado sobre la aplicación del art.
144 del Decreto 1212 de 1990 para miembros del nivel ejecutivo que acrediten más
de 15 años de servicio, activos al 31 de diciembre de 2004, retirados antes del 30
de abril de 2019.4
1.3. Hechos
El señor Alberto Reyes Jiménez López promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de declarar la ilegal el acto administrativo
4406 del 6 de abril de 20155 proferido por Casur, mediante el cual negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por el tiempo que laboró al
servicio de la Policía Nacional. Se precisa que se retiró perteneciendo al nivel
ejecutivo.
Como consecuencia de lo anterior, pidió que se le reconozca la asignación de retiro
y se ordene el retroactivo desde la fecha en que fue retirado de la fuerza hasta
cuando se haga efectivo el pago, por considerar que había superado 15 años de
servicio, tiempo, suficiente para acceder al derecho.
En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que, mediante sentencia del 10 de
mayo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda.
Como fundamento explicó que, el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, el cual exigía tiempos de servicio superiores para el nivel ejecutivo, fue
declarado nulo por el Consejo de Estado. Dado que la situación jurídica del actor
no estaba consolidada al momento de dicha declaratoria por encontrarse bajo
controversia administrativa y judicial, el juzgado determinó que la nulidad tenía
efectos retroactivos (ex tunc), desapareciendo el acto del mundo jurídico desde su
origen y obligando a buscar una normativa aplicable distinta a la anulada.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 CASUR negó el reconocimiento de la asignación de retiro alegando que el régimen especial del
Nivel Ejecutivo exigía un tiempo de servicio de 20 o 25 años para dicha causal, requisito que el
actor no cumplía.
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Demandante: Alberto Reyes Jiménez López
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
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Bajo esa premisa, la autoridad judicial concluyó que el régimen aplicable para el
reconocimiento de la asignación de retiro era el artículo 144 del Decreto 1212 de
1990, aplicado por vía de transición. Esta norma disponía que los miembros de la
fuerza pública tenían derecho a la prestación con un tiempo de servicios de 15
años cuando el retiro se produjera por causas distintas a la voluntad propia, como
fue el caso de la separación absoluta del demandante.
Debido a que el señor Alberto Reyes Jiménez López acreditó un tiempo total de
servicios de 15 años, 4 meses y 29 días, se determinó que superaba el requisito
legal de este estatuto anterior, por lo que se ordenó la nulidad del oficio
demandado y el restablecimiento del derecho mediante el pago de la asignación.
Inconforme, Casur interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia,
argumentando que el fallo incurrió en un error al aplicar el Decreto 1212 de 1990,
un régimen exclusivo para oficiales y suboficiales, a un miembro del nivel ejecutivo
incorporado directamente. En ese sentido, sostuvo que el demandante nunca
ostentó el grado de suboficial y, por ende, no podía ser beneficiario del régimen de
transición, ni de las prerrogativas de ese estatuto anterior. Así, desde el ingreso
del actor en 1996, su situación prestacional estuvo regulada por normas
específicas para su jerarquía, como los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004,
las cuales han mantenido requisitos de tiempo de servicio superiores a los
aplicados en la sentencia de instancia.
Con base en lo anterior, subrayó que, dada la causal de retiro de separación
absoluta por causa de una condena penal, el tiempo de servicio requerido para
acceder a la asignación de retiro es de 20 o 25 años, según la normativa del nivel
ejecutivo que se considere aplicable; tiempo de servicio que no se cumplió, por
cuando el demandante solo acreditó un tiempo total de servicios de 15 años, 4
meses y 29 días, lo cual resulta insuficiente bajo cualquier norma que regule su
categoría laboral específica.
La referida apelación se resolvió por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B que, mediante providencia del 26 de mayo de
2026 revocó la decisión, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, dado que, a su juicio, el demandante acreditó un total de 15 años, 5
meses y 2 días de servicio. Sin embargo, dado que su retiro se produjo por la
causal de «separación en forma absoluta» derivada de una sentencia penal
condenatoria, la normativa aplicable exige un tiempo mínimo de 20 años para
acceder a la asignación de retiro.
Aclaró que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el Decreto
1212 de 1990 no permitía el retiro con 15 años para la causal de separación
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absoluta; incluso bajo ese estatuto, se requerían 20 años de servicio para dicha
causal específica.
En ese sentido, aplicó la normativa vigente al momento de dictar el fallo, la cual
diferencia las causales de retiro para el personal del nivel ejecutivo. En este
régimen, mientras que para causales como el «llamamiento a calificar servicios»
se requieren 15 años, para la «separación en forma absoluta» derivada de una
sentencia penal condenatoria se mantienen los 20 años de servicio, requisito que
el actor no cumplió.
El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 28 de mayo de 20266.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente. Lo anterior, debido a que el tribunal aplicó de
forma indebida y retroactiva del Decreto 754 de 2019. En efecto, advierte que el
señor Alberto Reyes Jiménez fue retirado de la institución el 30 de septiembre de
2013, casi seis años antes de la expedición de dicho decreto, por lo que su
situación jurídica debía regirse por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
Bajo esta normativa y conforme a lo dicho por la Sección Segunda del Consejo de
Estado7, los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se
incorporaron antes del 31 de diciembre de 2004 y fueron retirados antes de abril
de 2019, por causales como la separación absoluta o la destitución, tienen derecho
a la asignación de retiro con un mínimo de 15 años de servicio; requisito que el
actor cumplió satisfactoriamente al acreditar un tiempo de 15 años, 5 meses y 2
días.
En línea con lo anterior, a juicio del accionante, no cabe duda que se ignoró la
jurisprudencia consolidada y actual del Consejo de Estado, la cual es obligatoria
para los casos de los uniformados en condiciones de transición. Asimismo, expone
6 Índice 025 de Samai del proceso 11001334204620170007001.
7 Para el efecto, trajo a colación las siguientes providencias: i) Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 30 de mayo de 2024 dentro del expediente 88012333000-2021-00018-01 CP Jorge
Edison Portocarrero Banguera; ii) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de octubre
de 2024 dentro del expediente 88012333000-2022-00084-01 CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; iii)
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2024 dentro del expediente
150012333000-2019-00383-01 CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; iv) Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 28 de noviembre de 2024 dentro del expediente 520012333000-2021-00060-01
CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; v) Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12 de febrero
de 2026 dentro del expediente 760012333000-2019-00827-01 CP Jorge Edinson Portocarrero
Banguera; vi) Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 14 de mayo de 2026 dentro del
expediente 760012333000-2019-00994-01 CP Elizabeth Becerra Cornejo.
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que se desatendió la línea establecida por la Corte Constitucional, en la Sentencia
T-104 de 2026, decisión, que indica que no se pueden imponer requisitos
superiores a los previstos en las normas vigentes al momento de la entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 y que la destitución o separación absoluta deben
equipararse a la causal de mala conducta para efectos de acceder a la prestación
social.
En su criterio, el tribunal accionado se apoyó en una postura aislada de 2021 ya
superada del Consejo de Estado, y, por tanto, dicha circunstancia hace que el
tribunal haya vulnerado los derechos cuya protección solicita.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 16 de junio de 20268, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como parte accionada,
a los magistrados que integran la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca10.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a Casur11 [entidad demandada en el proceso ordinario] y al
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá [a quo en
el mismo asunto]12.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B13
A través de un funcionario de la corporación, aportó el link del expediente
electrónico del proceso ordinario seguido bajo radicado 11-001-33-42-046-2017-
00070-00/01, sin efectuar pronunciamiento respecto a los hechos y pretensiones
invocadas por el accionante.
8 Índice 4 de Samai.
9 Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada a: albertreyjim@gmail.com
10 Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada a:
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co. Asimismo, obra notificación a los siguientes
correos: jromeroro@cendoj.ramajudicial.gov.co, lortegoo@cendoj.ramajudicial.gov.co y
aespinob@cendoj.ramajudicial.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada a: judiciales@casur.gov.co
12 Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada a: jadmin46bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
13 Índice 13 de Samai.
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1.6.2. Casur14.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se niegue la tutela
porque al accionante no se le han vulnerado los derechos fundamentales
invocados, sino que pretende hacer uso de esta acción para revivir un proceso en
el que le negaron las pretensiones, con el fin de obtener una decisión diferente,
que le sea favorable.
Por otro lado, pidió su desvinculación de este trámite porque carece de
legitimación de la causa por pasiva comoquiera que la presunta trasgresión de las
garantías constitucionales del actor se deriva de la providencia judicial dictada por
la autoridad judicial accionada.
1.6.3. El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, guardó silencio a pesar de haber sido notificado en debida forma de la
presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Alberto Reyes Jiménez López contra el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación15.
2.2. Cuestión previa
Como ya se expuso en el acápite de intervenciones, Casur solicitó su
desvinculación del presente trámite.
Esta solicitud será negada por cuanto la vinculación de la referida entidad se hizo
como tercero en virtud del eventual interés que le puede representar el presente
trámite, en tanto conformó el extremo pasivo del proceso ordinario donde se dictó
la providencia cuestionada.
14 Índice 16 de Samai.
15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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En ese sentido, es necesario conservar la vinculación de todos los que se pudieran
ver involucrados en la posible transgresión de los derechos fundamentales
invocados.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sección resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B vulneró las garantías invocadas por la parte accionante, al
proferir la sentencia del 26 de mayo de 2026 dentro del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11-001-33-42-046-
2017-00070-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)
2.4.1.1.Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente frente a los defectos planteados, pues, conforme con los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de
varios derechos fundamentales, en particular de la garantía al debido proceso,
igualdad y a la seguridad social, ante la posible desconocimiento de la normativa
y del precedente jurisprudencial que sobre asignaciones de retiro que respecto del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional tienen ambas Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Además, es pertinente advertir que los argumentos expuestos no apuntan a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que
trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales» porque, a su juicio inobserva una serie de sentencias que sobre
la materia ya existe al interior de la misma Sección Segunda de esta Corporación,
que apoya su tesis.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las
razones por las cuales considera que la Subsección B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en un vicio judicial, al no estudiar el caso a luz de la
pacífica y reiterada jurisprudencia que se citó en la solicitud de amparo, lo que a
su juicio tiene la virtualidad de modificar la providencia controvertida.
En este orden de ideas, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia Constitucional frente a los cargos planteados en el escrito de tutela,
en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías
constitucionales del tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate de
orden legal, ni económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre las
garantías constitucionales invocadas y la decisión judicial objeto de reproche, por
lo que la Sala superará esta causal referente al yerro en mención.
En ese sentido, es pertinente advertir que los argumentos expuestos apuntan a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que no
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.
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trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales», en tanto discrepa de las conclusiones probatorias y de la
acreditación de los elementos que se tuvieron en cuenta al momento de resolver
la procedencia en cuanto al reconocimiento de la asignación de retiro, pedida y
posteriormente negada en sede administrativa como miembro del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional.
2.4.1.3 Abordado el estudio del requisito de relevancia constitucional y
determinarse que este se encuentra superado con relación con el desconocimiento
del precedente respecto a varias decisiones de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, es necesario continuar con los demás presupuestos generales de
procedibilidad.
2.4.2 Subsidiariedad
La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
Esto, debido a que, una sentencia de según grado, solo, puede cuestionarse por
vía extraordinaria; sin embargo, ninguno de los argumentos dados encaja en las
causales de revisión, ni de unificación de jurisprudencia.
2.4.3. Inmediatez
En el presente asunto, se cumple con este presupuesto, toda vez que la sentencia
de segunda instancia cuestionada fue proferida por la Subsección B, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de mayo de 2026 y
fue notificada el 28 de ese mismo mes y año.
La acción de tutela fue radicada el 4 de junio de 2026, esto es, dentro de los seis
meses que estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005,
como plazo razonable para ejercer la acción constitucional.
2.4.4. Tutela contra tutela
La presente acción no se promueve contra una providencia de la misma
naturaleza. En efecto, se reitera que lo que la parte actora cuestiona es la
sentencia del 26 de mayo de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11-001-33-42-046-2017-00070-00/01, mediante la cual se revocó el fallo
de primera instancia, dictado el 10 de mayo de 2018 por el Juzgado Cuarenta y
Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y en su lugar negó las
pretensiones de la demanda.
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2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la sentencia del 26 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la
que revocó el proveído dictado el 10 de mayo de 2018 por el Juzgado Cuarenta y
Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11-001-33-42-046-2017-00070-00/01. Lo anterior, ya que, a juicio
de la parte tutelante, en la providencia cuestionada se incurrió en desconocimiento
del precedente.
Para resolver el cargo propuesto, resulta necesario reseñar los pronunciamientos
descritos por el accionante, los cuales sirven de fundamento para examinar la
situación particular.
Al respecto, se constata la existencia de seis sentencias dictadas por ambas
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a saber: : i) Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de mayo de 2024 dentro del expediente
880012333000-2021-00018-01 (1694-2023) CP Jorge Edison Portocarrero
Banguera; ii) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de octubre de
2024 dentro del expediente 080012333000-2022-00084-01 (7053-2023) CP Jorge
Iván Duque Gutiérrez; iii) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de
noviembre de 2024 dentro del expediente 150012333000-2019-00383-01 CP
Jorge Iván Duque Gutiérrez; iv) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28
de noviembre de 2024 dentro del expediente 520012333000-2021-00060-01 CP
Jorge Iván Duque Gutiérrez; v) Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12
de febrero de 2026 dentro del expediente 760012333000-2019-00827-01 CP
Jorge Edison Portocarrero Banguera; vi) Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 14 de mayo de 2026 dentro del expediente 760012333000-2019-
00994-01 CP Elizabeth Becerra Cornejo.
En los mencionados fallos resolvieron demandas de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuestas por exmiembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
cuyo eje central consistió en el reconocimiento de la asignación de retiro tras
ser desvinculados de la institución bajo la causal de «destitución».
A través de dichas providencias, las referidas Subsecciones A y B de la Sección
Segunda, han decantado una postura uniforme en torno a los siguientes ejes
temáticos:
(i) Régimen de transición: Para ser beneficiario, el uniformado debió estar
en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en
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vigencia de la Ley 923 de 2004. Por mandato legal, a estos servidores
no se les pueden exigir requisitos de tiempo superiores a los previstos
en la regulación vigente al momento de expedirse dicha ley.
(ii) Normativa aplicable ante vacíos legales: Tras la declaratoria de
nulidad de las normas específicas del nivel ejecutivo, como el parágrafo
2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 2º del Decreto
1858 de 2012, la situación pensional debe regularse por el Decreto 1212
de 1990.
La Sección Segunda aplica esta norma por analogía, al ser la regulación
de rango más cercano (oficiales y suboficiales) y debido a que el nivel
ejecutivo es jerárquicamente superior a las categorías previstas en el
Decreto 1213 de 1990.
(iii) Tiempo de servicio en retiros no voluntarios: Bajo el amparo del
régimen de transición y la aplicación del Decreto 1212 de 1990, el tiempo
mínimo para acceder a la asignación de retiro es de 15 años cuando la
desvinculación se produce por cualquier causal ajena a la voluntad del
uniformado.
De esta manera, el requisito de 20 años se mantiene exclusivamente
cuando el retiro ocurre por solicitud propia.
(iv) Asimilación de la destitución: La Corporación ha precisado que la
desvinculación por destitución o separación absoluta debe equipararse
legal y jurisprudencialmente a las causales de "mala conducta" o
"conducta deficiente", consagradas en el artículo 144 del Decreto 1212
de 1990.
Esta asimilación permite que el personal destituido o separado de forma
absoluta acceda al derecho pensional con 15 años de servicio, al
tratarse formalmente de un retiro no voluntario.
(v) Irretroactividad normativa: Finalmente, la jurisprudencia de la Sección
Segunda sostiene que el Decreto 754 de 2019, el cual elevó a 20 años
el tiempo exigido para el personal destituido, no es aplicable a los
uniformados cuyo retiro se consolidó antes de su entrada en vigencia;
esto es, al 30 de abril de 2019.
Aplicarlo a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad vulnera
el principio de irretroactividad de la ley y las garantías del régimen de
transición de la Ley 923 de 2004.
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Respecto de los argumentos del actor, la Sala evidencia que la sentencia proferida
por el tribunal acusado aludió a una providencia de la Sección Segunda del 21 de
enero de 2021 dictada dentro del proceso 630012-23-33-000-2017-00469-01
[2349-2019]. En dicha decisión se expuso que, aun cuando el demandante se
vinculó directamente al nivel ejecutivo, al ser retirado por la causal de «destitución»
debía acreditar 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro.
Ahora, al descender a la situación particular del accionante, en el proceso ordinario
se logró acreditar lo siguiente:
(i) De acuerdo con la hoja de servicios, el señor Jiménez López ingresó en
el nivel ejecutivo desde el 12 de junio de 1996.
(ii) Mediante la Resolución 0371 del 30 de septiembre de 2013, fue retirado
«de forma absoluta» del servicio activo de la Policía Nacional en el nivel
ejecutivo, en cumplimiento de una sentencia penal dictada en su contra.
(iii) A través del oficio 4406/GAC SDP del 6 de abril de 2015, Casur negó la
solicitud de reconocimiento y pago de la asignación de retiro, bajo el
argumento de que, al pertenecer al nivel ejecutivo de la institución, debía
acreditar 20 años de servicio para acceder a este beneficio prestacional.
Bajo estas consideraciones, la Sala estima que la sentencia cuestionada
desconoció el amplio, actual y pacífico precedente jurisprudencial que sostienen
ambas subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la
aplicación del régimen de transición, protegido por el artículo 3.1 de la Ley 923 de
2004.
En efecto, dicha norma prohíbe expresamente exigir requisitos más gravosos a
quienes se encontraban en servicio activo al 31 de diciembre de 2004. De esta
manera, al imponer un tiempo de 20 años para una causal de retiro no voluntaria,
como lo es la «separación absoluta», el tribunal ignoró que para estos beneficiarios
el tiempo mínimo exigible no puede ser superior al previsto en el régimen anterior,
el cual es de 15 años.
De esta manera, se considera que las pruebas documentales referidas en el
proceso ordinario acreditan que el actor se encontraba en servicio activo a la
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, circunstancia que lo hacía beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 3.1., según el cual, a los uniformados
en actividad «no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho
un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento
de la expedición de esta Ley» (30 de diciembre de 2004).
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Bajo estas condiciones, la Sección advierte que el tribunal omitió el precedente al
negar la condición de beneficiario del Decreto 1212 de 1990, pues la jurisprudencia
ha establecido que, por jerarquía, el nivel ejecutivo debe asimilarse al régimen de
oficiales y suboficiales allí previsto. Conforme a lo anterior, excluir la aplicación de
esta normativa para exigirle 20 años de servicio al accionante constituye una
barrera injustificada que desconoce la prevalencia del derecho sustancial y la
estabilidad de las situaciones jurídicas no consolidadas.
En línea con lo anterior, la situación jurídica del accionante ha debido analizarse a
la luz del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, norma, que establece lo siguiente:
Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala
conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada,
o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la
capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los
que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una
asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince
(15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) de los haberes de actividad.
Finalmente, la Sección considera que la providencia judicial también soslayó los
derechos fundamentales del accionante al no reconocer que la causal de retiro
aplicada, esto es, la «separación absoluta del cargo», es asimilable a la mala
conducta o conducta deficiente para efectos pensionales. Como se expuso, la
jurisprudencia ha establecido de manera reiterada que estas causales deben
equipararse con el propósito de que el personal destituido o separado del cargo
pueda acceder al beneficio pensional al cumplir 15 años de servicio.
En ese orden, exigir 20 años de servicio con base en el Decreto 754 de 2019
resulta, a criterio de la Sección, arbitrario e inconstitucional, toda vez que el retiro
del accionante ocurrió el 30 de septiembre de 201327; es decir, antes de la entrada
en vigencia de dicha norma (30 de abril de 2019). De ahí, que se puede colegir
que la autoridad judicial accionada le otorgó efectos retroactivos y desconoció el
régimen de transición de la Ley 923 de 2004.
Por tal motivo, la Sala estima procedente amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social del señor Alberto Reyes Jiménez López. En
27 De acuerdo con la resolución 0371 del 30 de septiembre de 2013.
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consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de este fallo, dicte una sentencia de reemplazo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11-001-33-42-046-2017-
00070-00/01, de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en la que tenga
en cuenta la jurisprudencia y normativa aplicable al caso concreto.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Casur, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social del señor Alberto Reyes Jiménez López. En consecuencia, DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia del 26 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 11-001-
33-42-046-2017-00070-00/01, por lo ya expuesto.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de este fallo, dicte una sentencia de reemplazo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11-001-33-42-046-2017-
00070-00/01, en la que observe los lineamientos expuestos en la parte motiva de
esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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