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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00994-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00994-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y otra

Tema: asignación de retiro. Subtema 1: régimen de transición de la Ley 923 de 2004.
Subtema 2: tiempo de servicio exigido para acceder a la asignación cuando la causal de retiro
deriva de la sanción de destitución.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 28 de junio de 2024, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Síntesis del caso

John Fredi Carabalí Saldaña pretende la nulidad del acto administrativo por medio del
cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante Casur) le negó
el reconocimiento de la asignación de retiro en condición de subintendente incorporado
al nivel ejecutivo, por no acreditar 25 años de servicio. La Sala confirmará la sentencia
apelada por la entidad demandada, por encontrar acreditado que el demandante es
beneficiario del régimen de transición que le permite acceder al derecho con 15 años
de servicio.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor John Fredi Carabalí Saldaña, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad del Oficio E-01524-
21713044-CASUR-ID 240915 del 22 de junio de 2017, mediante el cual Casur le negó
el reconocimiento de la asignación de retiro con un tiempo de 15 años o más de

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

servicio, con el argumento de que el régimen aplicable a su caso, esto es, el Decreto
4433 de 2004 en concordancia con el Decreto 1858 de 2012, prevé 25 años para
acceder al derecho1.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de conformidad con el tiempo de
servicio laborado en la Policía Nacional y de las demás asignaciones, primas y
emolumentos que dejó de percibir desde la desvinculación. Asimismo, pidió dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) y condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.1. Hechos

3. El actor ingresó como alumno a la escuela de la Policía Nacional en 2001 y obtuvo
el grado de patrullero del nivel ejecutivo el 4 de abril de 2002. Ascendió a
subintendente, grado que ocupó hasta el 7 de octubre de 2016, fecha en la que fue
notificado de la sanción de destitución.

4. El director general de la Policía Nacional, mediante la Resolución 6290 del 30 de
septiembre de 2016, retiró del servicio al subintendente en cumplimiento de la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años impuesta en su
contra por la oficina de control interno disciplinario.

5. Según la hoja de servicios 76044780 del 24 de febrero de 2016, el demandante
prestó servicios durante 15 años, 9 meses y 12 días.

6. El actor solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro el 6 de febrero de 2017.

7. El subdirector de prestaciones sociales de Casur negó el reconocimiento de la
asignación de retiro mediante Oficio E-01524-21713044-CASUR-ID 240915 del 22 de
junio de 2017, con el argumento de que el actor no reunía el tiempo mínimo exigido
para acceder a la prestación.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. El actor consideró que el acto demandado violó los artículos 2, 4, 5, 13, 23, 48, 53
inciso 2, y 58 de la Constitución Política; el artículo 7 numeral 5, parágrafo de la Ley
180 de 1995; artículo 82 de la Ley 132 de 1995; artículo 2 de la Ley 4 de 1992; artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 y el artículo 2 numeral 2.8 de la Ley 923 de 2004.

9. En el concepto de violación afirmó que Casur incurrió en un error de derecho al
desconocer el régimen prestacional que configuraba una situación jurídica consolidada
en su caso, según lo previsto en la Constitución Política.

1 Samai, índice 2.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

10. Asimismo, citó la jurisprudencia de esta corporación según la cual el requisito de
tiempo para acceder a la asignación de retiro establecido en los Decretos 4433 de
2004 y 1858 de 2012 no es aplicable al personal uniformado beneficiario del régimen
de transición.

11. Precisó que los Decretos 1212 y 1213 de 1990 son las normas aplicables al
personal de la Policía Nacional que se encontraba en servicio activo cuando entró en
vigor el Decreto 4433 de 2004 que previó el régimen de transición para dicho personal.

12. Concluyó que el acto administrativo demandado desconoció los principios de
igualdad y favorabilidad e ignoró que la Ley 923 de 2004 prohibió expresamente al
Gobierno nacional desmejorar las condiciones pensionales de quienes formaban parte
de la institución.

2.2. Contestación de la demanda

13. El apoderado de la Policía Nacional propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva porque la entidad encargada del reconocimiento de la
asignación de retiro es Casur.

14. Además, manifestó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro porque ingresó al nivel ejecutivo en vigencia del Decreto 1791 de
2000, por lo que le resulta aplicable el régimen dispuesto en el Decreto 1858 de 2012
que exige un tiempo mínimo de servicio de 25 años cuando la desvinculación deriva
de la sanción de destitución.

15. A su turno, el apoderado de Casur afirmó que el actor laboró en el nivel ejecutivo
de la Policía Nacional durante 15 años, 9 meses y 12 días, tiempo menor al exigido
para acceder a la asignación de retiro, más aún si se tiene en cuenta que la
desvinculación por destitución exige un periodo de labores superior al previsto para
otras causales de separación del servicio, tal y como lo establecen los Decretos 1212
de 1990, 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012.

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 28 de junio de 2024 y se abstuvo de condenar en
costas2.

17. Consideró que el régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004 también es
aplicable al personal vinculado mediante incorporación directa al nivel ejecutivo,
siempre que se demuestre que para la fecha de entrada en vigor de dicha norma el
uniformado se encontraba en servicio activo (30 de diciembre de 2004). En atención a
lo anterior, ordenó el reconocimiento de la prestación conforme con el régimen
dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, artículo 144, que prevé el derecho a la
asignación de retiro con 15 años de servicio.

2 Samai, índice 2, «36SentenciaPrimera».

3

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

18.Frente a la causal de retiro, puntualizó que la desvinculación por destitución es
equivalente a «mala conducta» o conducta deficiente establecida dentro de las
causales que habilitan el reconocimiento de la prestación con 15 años de servicio,
dado que se trata de un tipo en blanco que permite la subsunción de eventos
sancionables de índole disciplinaria.

19. Concluyó que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de
retiro por contar con más de 15 años de servicio, dado que ingresó a la Policía Nacional
como alumno el 12 de marzo de 2001 y ejerció funciones hasta el 7 de octubre de
2016, fecha en la que fue desvinculado por destitución. Por lo anterior, condenó a
Casur al pago de la prestación a partir del 6 de octubre de 2016, al señalar que no se
configuró el fenómeno de la prescripción, porque la petición de reconocimiento de la
asignación de retiro fue presentada en 2017.

2.4. Recursos de apelación

20. Casur afirmó que el actor no cumple el requisito de tiempo de servicio para acceder
a la asignación de retiro porque, según el régimen dispuesto en el Decreto 754 de 2019
para el personal del nivel ejecutivo, se requieren 20 años de labores para el
reconocimiento de la prestación cuando el retiro se produce por destitución, y el actor
solo acreditó 15 años, 9 meses y 12 días.

21. Al respecto, precisó que cuando la desvinculación deriva de la imposición de la
sanción de destitución, como sucede en este caso, el requisito de tiempo de servicio
para acceder a la asignación de retiro aumenta a 20 años, tal y como lo establece el
Decreto 754 de 2019 aplicable al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

22. A su turno, el apoderado de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación con
el propósito de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha
entidad por carecer de competencia para el reconocimiento de la asignación de retiro
reclamada. Adujo, además, que el actor no tiene derecho a la mencionada prestación
porque no acreditó más de 20 años de servicio, requisito que le resultaba aplicable,
dado que el retiro derivó de la imposición de la sanción de destitución.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. El despacho, mediante auto del 10 de marzo de 2025, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias para decretar3.

24. La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó confirmar la sentencia apelada, al afirmar que el retiro del servicio por la
imposición de la sanción de destitución se subsume en la causal de conducta
deficiente o «mala conducta» prevista en el Decreto 1212 de 1990, que permite

3 Samai, índice 4.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio, según lo ha considerado la
jurisprudencia unificada de esta corporación4.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado tiene competencia para decidir el presente asunto de
conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, que le
asigna el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

26. La Sala procede a resolver los problemas jurídicos de acuerdo con las razones de
inconformidad expuestas por las entidades recurrentes, en el siguiente sentido:

27. ¿La Policía Nacional tiene legitimación en la causa por pasiva para asumir el
reconocimiento de la asignación de retiro que la sentencia de primera instancia ordenó
pagar a Casur?

28. ¿El demandante tiene derecho a la asignación de retiro con 15 años de servicio,
en aplicación del régimen de transición previsto a favor del personal que se encontraba
vinculado a la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, aun cuando la
desvinculación derivó de la imposición de la sanción de destitución?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

29. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1212 de 1990, por medio del
cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro, como una prestación
económica asimilable a la pensión de vejez5, para los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares que fueran retirados del servicio activo después de quince (15) años,
por las siguientes causales (art. 144):

i) llamamiento a calificar servicios;
ii) voluntad del Gobierno o de los Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad sicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;
vii) conducta deficiente.

30. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el tiempo
exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro sería de 20 años de servicio.

4 Samai, índice 9.
5 Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

31. En lo atinente a la efectividad y el monto de la prestación, el Decreto 1212 de 1990
establece que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta y en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 140, por los primeros 15
años de servicio, y un 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.

32. Con posterioridad, la Ley 923 de 20046, por medio de la cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza
Pública, estableció que el tiempo válido para acceder a la prestación es el laborado
durante la «formación, el de servicio y/o el aportado», por lo menos durante 18 años,
sin que en ningún caso se exija «como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años» (art. 3.1.).

33. Ante la transición normativa citada, el inciso 2 del artículo 3 de dicha ley previó que
los miembros de la fuerza pública que se encontraban activos a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 accederían a la asignación de retiro en los términos
descritos en el régimen anterior, esto es, con un mínimo de 15 años de servicio en los
casos dispuestos en el Decreto 1212 de 1990, o 20 años en el evento de solicitud
propia7.

34. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de
2004, que previó el derecho a la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales
cuando contaran con 18 años o más de servicio, por las causales determinadas en
dicha normativa o con 20 años en los casos de solicitud propia o separación absoluta.

35. Frente al régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 12 de abril de 20128, declaró la nulidad del artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004, por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de
ley, bajo la consideración de que el Gobierno nacional no podía exigir al personal que
se encontraba en servicio activo al entrar en vigor la Ley 923 de 2004 un tiempo
superior al previsto en el régimen anterior.

36. En consecuencia, concluyó que la exigencia de 18 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación de retiro, que el régimen anterior
preveía con 15 años a favor de los uniformados en ejercicio, quebrantó la Ley 923 de
2004 y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

37. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, pero la Ley 923 de 2004
dispuso, de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba exigible a quienes
se encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha norma.

38. Por tanto, el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que extendió el cambio

6 « Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
7 Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2006-00016-00 (0290-06).

6

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

normativo al personal en actividad, incurrió en exceso de la facultad reglamentaria al
inobservar el régimen de transición con desconocimiento de las expectativas legítimas
de los servidores en servicio activo.

39.En aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia de nulidad, la
Subsección consideró lo siguiente9:

En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión expresa
de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan
los que integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al momento de la expedición
de la Ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio,
para efectos de acceder a la asignación de retiro, superior al establecido en los Decretos
1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho
momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni
inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.

40. Así, con ocasión de la declaración de nulidad del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, esta corporación ha señalado que se debe acudir al principio de reviviscencia
para llenar el vacío normativo generado con motivo del pronunciamiento judicial y dar
aplicación al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que prevé el derecho a la
asignación de retiro con 15 años, en cuantía mínima equivalente al 50 % del monto de
las partidas descritas en el artículo 140 de dicha normativa10.

41. Por otra parte, cabe anotar que el presidente de la República dictó el Decreto 1858
de 2012, en el que reguló la asignación de retiro para los suboficiales y agentes que
se homologaron y el personal que ingresó por incorporación directa al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005 «con veinte (20) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la
Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de veinticinco (25) años de servicio» (art.2).

42. El Consejo de Estado anuló el artículo 2 de la normativa mencionada, con efectos
ex tunc, «es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y
como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban
antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el
momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas
por la decisión que en esta última se tome».

43. Lo anterior, al estimar que tal norma reglamentaria desconoció las previsiones de
la Ley 923 de 2004, toda vez que impuso al personal vinculado al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de
2004, condiciones superiores y más exigentes para acceder al derecho de la
asignación de retiro, esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre veinte (20)
y veinticinco (25) años, cuando estaba restringido a quince (15) y veinte (20).

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 10001-03-25-000-2013-00543-00

(1060-13).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, proceso con radicado

25000-23-42-000-2013-05972-01 (0094-17), M.P. César Palomino Cortés.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

44. Finalmente, el Gobierno nacional emitió el Decreto 754 de 2019, por el cual se fijó
el régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, «con
quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad
del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta».

45. Al respecto, resulta importante precisar que las condiciones aplicables para
efectos del reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los integrantes del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, incorporados directamente antes de la entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004, que fueron retirados del servicio antes de la entrada en
vigor del Decreto 754 de 2019, son las previstas en el Decreto 1212 de 199011.

46. En conclusión, el personal en actividad de la Fuerza Pública vinculado antes de la
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le
confiere el beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en
el artículo 144 del Decreto 1212 de 199012.

3.4. Caso concreto

47. En el caso en concreto, la sentencia apelada consideró que el actor es beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, porque se encontraba
vinculado a la Policía Nacional antes de la entrada en vigor de dicha normativa, por lo
que reconoció la asignación de retiro al encontrar acreditado que reunía el requisito de
tiempo de servicio previsto en el Decreto 1212 de 1990, que exige 15 años o más de
servicio.

48. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación para insistir en la falta de
legitimación por pasiva. Además, adujo que el régimen aplicable para el
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante es el dispuesto en el Decreto
1858 de 2012 que prevé un mínimo de 20 años de servicio para acceder a la
prestación.

49. Por su parte, Casur sustentó la inconformidad con la sentencia bajo la
consideración de que el actor es beneficiario de la transición normativa prevista en la
Ley 923 de 2004 porque la causal de retiro por destitución no se encuentra prevista en
dicho régimen para el reconocimiento de la asignación de retiro.

50. En relación con el primer reparo presentado por la Policía Nacional es oportuno
considerar que la legitimación en la causa consiste en la «calidad subjetiva reconocida
a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso»13, esto

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, expediente 63001-

23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019).
12 En este mismo sentido, ver los fallos de la Sección Segunda del 12 de agosto de 2021, expediente 15001-23-33-

000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de octubre de 2021, expediente 52001-23-
33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández Gómez; 25 de agosto de 2022, expediente 19001-23-
33-000-2018-00222-01 (0353-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Corte Constitucional, sentencia C- 965 de 21 de octubre de 2003.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00994-01 (6402-2024)
Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

es, la capacidad para formular las pretensiones (por activa) o para oponerse a estas
(por pasiva) en atención a los potenciales efectos jurídicos de la sentencia.

51. En ese sentido, la legitimación en la causa se configura cuando quien acude al
proceso tiene relación con los intereses debatidos y guarda una conexión con los
hechos que motivaron el litigio, que para el caso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se determina a partir de la intervención de la parte en la
expedición del acto administrativo que se cuestiona.

52. Sobre el particular, se observa que en el presente asunto la pretensión de nulidad
se circunscribió al Oficio E-01524-21713044-CASUR-ID 240915 del 22 de junio de
2017, por medio del cual Casur negó el reconocimiento de la asignación de retiro al
considerar que el personal retirado, separado en forma absoluta o destituido debe
«acreditar 25 años de servicio, condición que no cumple el señor Subintendente (r)
John Fredi Carabalí Saldaña».

53. Con fundamento en lo anterior, la Policía Nacional propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues sostuvo que Casur es la única entidad
encargada del reconocimiento de las asignaciones de retiro, alegación respecto de la
cual el tribunal guardó silencio.

54. En este contexto, resulta imperativo considerar que el objeto principal de Casur,
como entidad con personería jurídica y patrimonio propio, es reconocer y pagar las
asignaciones de retiro al personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional que consoliden el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional
a sus beneficiarios (Decretos 417 de 1955 y 2003 de 1984).

55. Por lo expuesto, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Policía Nacional, conforme lo previsto en el artículo 182A del
CPACA, que habilita al juez para declarar dicho medio exceptivo cuando sea
manifiesto. En consecuencia, la Sala se releva del estudio de la inconformidad
expuesta por dicha entidad respecto del régimen aplicable para el reconocimiento de
la asignación de retiro, debido a su evidente falta de interés.

56. Respecto de los reparos presentados por Casur, se encuentra demostrado frente
al tiempo de servicio, que consta en la hoja de servicios 76044780 del 24 de febrero
de 201614, que el actor laboró 15 años, 9 meses (sic) y 12 días (sic), de la siguiente
manera:

(i) desde el 12 de marzo de 2001 hasta el 4 de abril de 2002, como alumno del
nivel ejecutivo.

(ii) del 5 de abril de 2002 al 7 de octubre de 2016, como subintendente del nivel
ejecutivo.

57.En lo atinente a la causal de retiro la Resolución 6290 del 30 de septiembre de
2016, incorporada al expediente, da cuenta de la desvinculación por la sanción de

14 Samai, índice 2, documento 04SED_20190099400pdf. Pág. 36.

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Demandante: John Fredi Carabalí Saldaña
Demandado: Casur y Policía Nacional

destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años impuesta en su contra
por la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía del Valle15.

58. Las pruebas documentales referidas acreditan que el actor se encontraba en
servicio activo a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, circunstancia que lo hace
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3.1., según el cual a los
uniformados en actividad «no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley» (30 de diciembre de 2004)16.

59. En este orden, el reconocimiento de la asignación de retiro del señor Carabalí
Saldaña se rige por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que prevé los siguientes
requisitos:

Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de
quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no
asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean
separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de
este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%)
más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta
y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.

60. Lo anterior, porque para la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 el actor se
encontraba en servicio activo como subintendente de la Policía Nacional vinculado
desde el 12 de marzo de 2001, tal y como consta en la hoja de servicios expedida el
24 de febrero de 2016.

61. Ahora, en lo que tiene que ver con la causal de retiro y la incidencia de esta en el
régimen aplicable para el reconocimiento de la asignación, la hoja de servicios
demuestra que fue desvinculado por la sanción de «destitución» e inhabilidad por diez
(10) años.

62. Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Subsección ha considerado que la
modalidad de desvinculación por destitución «debe equipararse a la causal de retiro
del servicio por comportamiento deficiente o mala conducta» prevista en el artículo 144

15 Samai, índice 2, documento 04SED_20190099400pdf. Pág. 26.
16 Ley 923 de 2004, artículo 3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se

fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio
para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá
como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de
la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.

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del Decreto 1212 de 1990, porque «debe comprenderse como un tipo en blanco, en el
cual se incluyen aquellos eventos cuestionados a nivel disciplinario, penal o fiscal que
conllevan la separación de la institución policial»17.

63. Por último, resulta necesario precisar que el Decreto 754 de 2019, citado por Casur
en el recurso de apelación, que fijó el régimen de asignación de retiro con 20 años de
servicio a favor del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional retirado por
solicitud propia o retirados o separados en forma absoluta o destituidos, no resulta
aplicable en este caso en el que la desvinculación por destitución ocurrió antes de la
entrada en vigor de dicha normativa (7 de octubre de 2016).

64. En línea con lo expuesto, la Sala desestima los cargos de la apelación respecto a
la exigencia de un tiempo de servicio superior a 15 años de servicio para acceder a la
asignación de retiro, pues se encuentra demostrado que el demandante es beneficiario
del régimen de transición que le permite acceder a la asignación de retiro en los
términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, aun cuando el retiro del servicio
haya tenido como causa la imposición de la sanción de destitución, pues esta se
equipara a los eventos de conducta deficiente previstos en dicha normativa.

3.5. Conclusión

65. El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923 de
2004 por encontrarse en servicio activo al momento de entrada en vigor de dicha
normativa. Por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con 15
años o más de servicio, en los términos previstos en el artículo 144 del Decreto 1212
de 1990, porque la desvinculación por la sanción disciplinaria de destitución se
entiende incluida en la causal de retiro por conducta deficiente o «mala conducta»
mencionadas en dicha normativa. En este orden, la sentencia apelada que accedió a
las pretensiones será confirmada y se adicionará en el sentido de declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional por las razones expuestas.

3.6. Costas

66.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 18 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 50001-23-33-

000-2016-00347-01 (1300-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, que reitera lo dicho por la Subsección B en
la sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 19001-23-33-000-2018-00222-01 (0353-2021); Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021).
18 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la

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condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe.

67. Así las cosas, como en el presente caso no se demostró que la entidad demandada
haya incurrido en las conductas mencionadas, no se condenará en costas en segunda
instancia.

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativa del Valle del
Cauca el 28 de junio de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo. Adicionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativa del Valle del
Cauca el 28 de junio de 2024, en el sentido de declarar probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).

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