Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04337-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04337-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04337-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: ALBERTO REYES JIMÉNEZ LÓPEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se confirma el fallo
impugnado. Se tutelan los derechos fundamentales a la seguridad social y
al debido proceso.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Alberto Reyes Jiménez López, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de mayo de
2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 11001-33-42-
046-2017-00070-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que estuvo vinculado en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional hasta
cuando fue retirado como consecuencia de la ejecutoria de la sentencia
condenatoria proferida por el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá. Más
adelante, indicó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR
expidió el Oficio 4406 de 6 de abril de 2015, mediante el cual negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro correspondiente al tiempo de
servicio prestado en la Policía Nacional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
2.2. Expuso que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el número de radicación 11001-33-42-046-2017-00070-
00/01, con el propósito de obtener la nulidad de dicho acto administrativo y, a título
de restablecimiento, solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación, junto con
el correspondiente retroactivo desde la fecha de su retiro efectuado por la causal
de separación absoluta.
2.3. Señaló que el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia de
10 de mayo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.4. Adujo que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso
de apelación y que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante providencia de 26 de mayo de 2026, revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales
incoados supra por haber incurrido, presuntamente, en un desconocimiento del
precedente judicial.
2.6. Indicó que se desconoció el precedente judicial, por cuanto la autoridad accionada
sustentó su decisión, principalmente, en una sentencia de 2021 en la que el Consejo
de Estado atribuyó efectos retroactivos al Decreto 754 de 30 de abril de 20191, pese
a que, según afirmó, dicha postura había sido posteriormente superada por las dos
subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación.
2.7. Precisó que la providencia cuestionada omitió aplicar las reglas jurisprudenciales
fijadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional relacionadas con los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresaron al servicio antes
del 31 de diciembre de 2004, permanecieron activos y fueron retirados antes del 30
de abril de 2019, fecha de expedición del Decreto 754 de 2019.
2.8. Entre las decisiones que, a su juicio, fueron desconocidas, destacó la sentencia de
28 de abril de 20262, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se precisó que
el Consejo de Estado ha reiterado que a los miembros del nivel ejecutivo incorporados
antes de la entrada en vigor de la Ley 923 de 30 de diciembre de 20043 no pueden
exigírseles requisitos más gravosos que aquellos previstos en el régimen anterior.
1
“[…] Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó
al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004. […]”.
2
Corte Constitucional, sentencia T-104 de 28 de abril de 2026 con expediente núm. T-10.813.318.
3
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política. […]”.
3
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
2.9. Asimismo, señaló que el Consejo de Estado sostuvo en las sentencias de 30 de
mayo de 20244, 30 de octubre de 20245, 7 de noviembre de 20246, 28 de noviembre
de 20247, 12 de febrero de 20268 y 14 de mayo de 20269 que no se le podían atribuir
efectos retroactivos al Decreto 754 de 2019 y que, en consecuencia, resultaba
aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 8 de junio de 199010, conforme al cual
se exige acreditar un mínimo de quince años de servicio cuando el retiro obedece,
entre otras causas, a mala conducta. Agregó que, según dicha línea jurisprudencial,
la destitución y la separación absoluta del servicio pueden comprenderse dentro de
esa causal.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 5° PETICIÓN: Establecido el desconocimiento injustificado del
precedente jurisprudencial, con lo cual se vulnera el debido proceso, derecho
a la seguridad social e igualdad del accionante ALBERTO REYES JIMÉNEZ
LÓPEZ, solicito respetuosamente ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
laboral No. 11001334204620170007001, demandante ALBERTO REYES
JIMÉNEZ LÓPEZ, demandada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), proferir sentencia de reemplazo en donde acate los siguientes fallos
del Consejo de Estado sobre la aplicación del art. 144 del Decreto 1212 de
1990 para miembros del nivel ejecutivo que acrediten más de 15 años de
servicio, activos al 31 de diciembre de 2004, retirados antes del 30 de abril de
2019:
• Sentencia del 30 de mayo de 2024, demandante Tex Marty Zabala Girón,
demandada CASUR, C.P. Dr. José Edison Portocarrero Banguera.
• Sentencia del 30 de octubre de 2024, demandante Jackson Jair Moreno
Quejada, demandada CASUR, C.P. Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
• Sentencia del 7 de noviembre de 2024, demandante Nelly Parra Castañeda,
demandada CASUR, C.P. Dr. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ.
• Sentencia del 28 de noviembre de 2024, demandante ALDEMAR
JARAMILLO CAMACHO, DEMANDADA CASUR, C.P. Dr. JORGE IVÁN
DUQUE GUTIÉRREZ:
• Sentencia del 12 de febrero de 2026, demandante JORGE ISAAC CADENA
MAFLA, demandada CASUR, C.P. DR. JORGE EDISON PORTOCARRERO
BANGUERA:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de mayo de
2024, radicación núm. 88001-23-33-000-2021-00018-01, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 23 de octubre
de 2024, radicación núm. 08001-23-33-000-2022-00084-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de noviembre
de 2024, radicación núm. 15001-23-33-000-2019-00383-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 28 de noviembre
de 2024, radicación núm. 52001-23-33-000-2021-00060-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 12 de febrero
de 2026, radicación núm. 76001-23-33-000-2019-00827-01, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 14 de mayo de
2026, radicación núm. 76001-23-33-000-2019-00994-01, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
10
“[…] Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
• Sentencia del 14 de mayo de 2026 (es decir, antes del fallo accionado que
fue del 26 de mayo), DEMANDANTE JOHN FREDI CARABALÍ SALDAÑA,
DEMANDADO CASUR, C.P. Dra. ELIZABETH BECERRA CORNEJO.
• De la Corte Constitucional Sentencia T-104 del 28 de abril de 2026,
Accionante: Jorge Eliécer Hernández Suárez. […]” [negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 16 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegó el siguiente informe:
5.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional adujo que se pretende
reabrir un debate que ya se surtió y hacer de la acción de tutela una tercera
instancia. Además, señaló que el debido proceso se garantizó en todo el trámite
del proceso ordinario y que no se encuentra demostrada ninguna vulneración de
derechos fundamentales. Por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva solicitó su desvinculación de la presente acción.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediantesentencia de tutela de 9 de julio de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Casur,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social del señor Alberto Reyes Jiménez López. En consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 11-001-33-42-046-2017-00070-00/01, por lo ya expuesto.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de este fallo, dicte una sentencia de reemplazo dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11-001-33-42-046-
2017-00070-00/01, en la que observe los lineamientos expuestos en la parte
motiva de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. […]” [negrilla del
texto].
7. Como fundamento de la anterior decisión, señaló el desconocimiento del
precedente judicial por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo cual estudió las providencias que
aportó el accionante y precisó que de ellas se desprenden las siguientes cinco
reglas jurisprudenciales:
7.1. En primer lugar, declarada la nulidad de las disposiciones que regulaban de
manera específica la asignación de retiro del nivel ejecutivo, entre las cuales se
encontraba el artículo 51 del Decreto 1091 de 27 de junio de 199511 y el parágrafo
2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 200412, por lo que la
situación pensional de estos servidores debe analizarse con fundamento en el
régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990.
7.2. En segundo lugar, para ser beneficiario de dicho régimen, el miembro del nivel
ejecutivo debía encontrarse en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, fecha de
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004.
7.3. En tercer lugar, de acuerdo con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, se
exige un mínimo de quince años de servicio cuando el retiro obedece a una causa
ajena a la voluntad del uniformado y veinte años cuando se produce por solicitud
propia.
7.4. En cuarto lugar, las causales de destitución o separación absoluta del servicio
se han equiparado, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, a las
de mala conducta o conducta deficiente al ser causales ajenas a la voluntad del
funcionario.
7.5. Y, finalmente, que el Decreto 754 de 2019, el cual incrementó a veinte años el
tiempo de servicio exigido al personal retirado por destitución, no resulta aplicable
a quienes consolidaron su retiro antes de su entrada en vigor, esto es, antes del 30
de abril de 2019.
8. Agregó que, en este caso particular, se evidenció que el actor ingresó al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional el 12 de junio de 1996 y fue retirado de manera
absoluta del servicio mediante Resolución 0371 de 30 de septiembre de 2013.
Posteriormente, CASUR negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
bajo el argumento de que, por pertenecer al nivel ejecutivo, debía acreditar veinte
años de servicio para acceder a dicha prestación.
9. Igualmente, adujo que dentro del proceso ordinario se encontraba acreditado que
el accionante estaba en servicio activo el 31 de diciembre de 2004. Por
11
“[…] Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995. […]”.
12
“[…] Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública […]”.
6
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
consiguiente, su situación pensional debía examinarse conforme al régimen
anterior, sin que resultara jurídicamente admisible imponerle condiciones más
gravosas con fundamento en disposiciones posteriores.
10. Agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la aplicación
del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 a los miembros del nivel ejecutivo en
virtud de la protección establecida por la Ley 923 de 2004, de manera que la
imposición de un requisito más gravoso desconoce el régimen de transición y la
protección de las situaciones jurídicas que aún no se habían consolidado.
11. En línea con lo anterior y atendiendo a las reglas jurisprudenciales vigentes sobre
la materia, la situación jurídica del accionante debía ser examinada a la luz de la
norma aplicable a la fecha en que se produjo su retiro del servicio. En particular,
señaló que la causal de retiro aplicada al accionante debía ser equiparada a las
causales de mala conducta o conducta deficiente para efectos del reconocimiento
de la asignación de retiro, la cual establece el requisito de quince años de servicio
en los supuestos de retiro por causas ajenas a la voluntad del funcionario.
12. Indicó que la exigencia de veinte años de servicio impuesta al accionante con
fundamento en el Decreto 754 de 2019 resultaba contraria al precedente judicial
aplicable, toda vez que su retiro se produjo el 30 de septiembre de 2013, esto es,
varios años antes de la entrada en vigor de dicha normativa.
13. Por lo anterior, la Sección Quinta concluyó que la sentencia cuestionada
desconoció el precedente judicial consolidado por el Consejo de Estado en relación
con el régimen aplicable a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
que se encontraban en servicio activo al momento de entrada en vigor de la Ley
923 de 2004. En particular, advirtió que el artículo 3.1. de dicha ley impide exigir
requisitos más gravosos a quienes se encontraban vinculados al servicio para esa
fecha.
14. En consecuencia, concluyó que la decisión cuestionada otorgó efectos
retroactivos a una regulación posterior y desconoció las reglas de transición
previstas en la Ley 923 de 2004, con la consecuente vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del accionante.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
15. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó su revocatoria al estimar que la norma aplicable era el Decreto
1091 de 1995 que establece que el tiempo de servicio requerido para acceder a la
asignación de retiro por la causal de separación por destitución es de veinticinco
años.
7
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
16. Adujo que, en caso de considerar aplicable el Decreto 1212 de 1990, la causal
de retiro es la separación del cargo, que requiere veinte (20) años de servicio,
distinto a si la causal fuera mala conducta, caso en el que serían quince años.
17. Señaló que la controversia no radica propiamente en la aplicación del Decreto
754 de 2019, sino en que el Tribunal habría determinado los requisitos para acceder
a la asignación de retiro a partir de una causal de desvinculación que no
correspondía, por cuanto la condena por un delito no deriva en la causal de mala
conducta, sino en la causal de separación, las cuales son independientes. Agregó
que, sobre este particular, no existe un precedente judicial vinculante que imponga
una determinada interpretación.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
18. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 199113, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 201514, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202115 y el Decreto 799 de 9 de julio de 202516, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202418.
VIII.2. Problemas jurídicos
19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado19, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, al incurrir en un desconocimiento del precedente
judicial.
20. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
13
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
14
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
15
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
16
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
17
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
18
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
19
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201220, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
22. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial21, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución22.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
21
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
22
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”23 que encaje en dichos
parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
28. El señor Alberto Reyes Jiménez López, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de mayo de
2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 11001-33-42-
046-2017-00070-00/01.
VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
29. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional, por cuanto
se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales; ii) se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que la parte accionante no cuenta con ningún
recurso ordinario o extraordinario frente a la decisión cuestionada; iii) la acción de
tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; v) no se alega la existencia de una irregularidad
procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.
23
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
30. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del presunto desconocimiento del
precedente judicial.
VIII.4.2.1 Solución del caso concreto
31. En primera instancia, el juez de tutela amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social, al considerar que la autoridad judicial
accionada: (i) no reconoció que la causal de retiro aplicada, esto es, la separación
absoluta del cargo, podía asimilarse a las causales de mala conducta o conducta
deficiente para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro; (ii) exigió de
forma arbitraria e inconstitucional un tiempo de servicio de veinte años con
fundamento en el Decreto 754 de 2019, pese a que dicha norma no se encontraba
vigente al momento del retiro del accionante; y (iii) desconoció la línea
jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido pacífica
en señalar que el régimen de transición que permite la aplicación del Decreto 1212
de 1990 cobija a quienes se encontraban en servicio activo a la entrada en vigor de
la Ley 923 de 2004.
32. La parte accionada impugnó la anterior decisión y solicitó que fuera revocada
para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela. Sostuvo que al
caso resultaba aplicable el Decreto 1091 de 1995 o, en su defecto, de acudir al
Decreto 1212 de 1990, la causal de separación absoluta del cargo exigía acreditar
veinte años de servicio para acceder a la asignación de retiro. Agregó que dicha
causal no podía equipararse a la de mala conducta y que no existía un precedente
judicial vinculante que impusiera determinada interpretación sobre ese asunto.
32.1. En el caso concreto, la Sala advierte que para sustentar su decisión, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:
“[…] En tratándose de la causal “separación en forma absoluta” se fijó en todos los
casos un tiempo de servicio superior al establecido para las otras causales de retiro.
Como se observa en el anterior recuento, en ninguna de las normas se fijó el
término de 15 años para cuando la causal es la de “separación en forma absoluta”.
En efecto:
• En el Decreto 754 de 2019 [aplicable en la fecha en que se resuelve esta
controversial, se exigen veinte (20) años de servicio.
• Enel Decreto 1852 de 2012 se exigen veinte (20) años de servicio.
• Enel Decreto 4433 de 2004 [aplicable en la fecha en que el actor fue retirado del
servicio], se exigen veinticinco (25) años de servicio.
• Enel Decreto 2070 de 2003 se exigen veinticinco (25) años de servicio.
• Enel Decreto 1091 de 1995 “por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y
Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,”, [aplicable,
11
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
pues estaba vigente en la fecha en que el actor se vinculó al nivel ejecutivo de la
policía, se exigen veinticinco (25) años de servicio.
• En el Decreto 1212 de 1990 [aplicable antes de que se creara el nivel ejecutivo en
la policía nacional], se exigen veinte (20) años de servicio.
En la providencia impugnada, no obstante, se sostuvo que en el Decreto 1212 de
1990 se había fijado el término de quince años, lo que no corresponde con lo
claramente señalado en el texto de la respectiva norma.
Como quiera que el actor ingresó al nivel ejecutivo el 12 de julio de 1996, estando
vigente el Decreto 1091 de 1995, y al haber sido retirado por la causal “separación
en forma absoluta”, para adquirir el derecho a la asignación de retiro requiere
acreditar al menos 20 años de servicio.
[…]
Sobre el tiempo requerido para adquirir el derecho a la asignación de retiro de los
miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes del 31 de
diciembre de 2004, atendiendo las causales de retiro, el H. Consejo de Estado al
estudiar un caso similar, en el que la norma aplicable es sustancialmente idéntica a
las de los Decretos 1091 de 1995 y 1212 de 1990, señaló24:
[…]
De acuerdo con la Hoja de servicios No. 7166770 de 28 de abril de 2008 y el oficio de
24 de junio de 2015 mediante el cual se “adiciona tiempo laborado”, el señor Jiménez
López prestó sus servicios a la Policía Nacional durante quince años, 5 meses y 2 días
y su retiro se produjo por la causal de “separación de forma absoluta del cargo”25.
Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia y la normatividad en la que se regula la
materia, no puede ser beneficiario de la asignación de retiro contemplada en el
Decreto 1212 de 1990.
En efecto, en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 se prevé que los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional que “se retiren o sean separados” del servicio activo
después de (20) veinte años, obtienen el derecho a la asignación de retiro y en el
presente asunto el actor cuenta con 15 años de servicio y fue retirado “por separación
en forma absoluta”. En consecuencia, no es jurídicamente procedente ordenar el
reconocimiento de dicha asignación.
Al no desvirtuarse la presunción de legalidad que cobija al acto acusado, no hay
lugar a declarar la nulidad del acto mediante el cual se le negó el reconocimiento
de la asignación de retiro al señor Alberto Reyes Jiménez López […]”.
33. De conformidad con lo expuesto, resulta necesario precisar, en orden
cronológico, el marco normativo que regula el reconocimiento de la asignación de
retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
33.1. En primer lugar, se hace referencia al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
disposición que regulaba los requisitos para acceder a dicha prestación.
33.2. Posteriormente, el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 previó que, para la
causal de retiro de separación absoluta derivada de una condena por la justicia
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado No. 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019). Fecha 21 de enero
de 2021.
25
Resolución No. 03791 de 30 de septiembre de 2013 “por la cual se considera separado en forma absoluta a un
Subintendente Retirado de la Policía Nacional”.
12
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
penal u ordinaria, se requerían veinticinco (25) años de servicio. No obstante, el
Consejo de Estado, mediante sentencia de 14 de febrero de 200726, declaró la
nulidad de dicha disposición al considerar que la modificación del régimen
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública era una materia reservada a la
ley y que, además, existía una protección especial respecto de quienes se habían
incorporado a la carrera del nivel ejecutivo.
33.3. Más adelante, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004, cuyo
artículo 25 estableció directrices en la misma materia. Sin embargo, a través de la
sentencia de 12 de abril de 201227, el Consejo de Estado declaró la nulidad del
parágrafo 2° del artículo 25 de dicha disposición debido a que desconocía las
previsiones de la Ley 923 de 2004, norma que debía constituir el marco legal para
la regulación de esta materia y que había entrado en vigor el 31 de diciembre de
2004.
33.4. El Decreto 754 de 2019 estableció el régimen de asignación de retiro aplicable
a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que hubieren ingresado al
escalafón por incorporación directa antes del 31 de diciembre de 2004.
34. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el numeral 1 del artículo 3 de
la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de transición conforme al cual a los
miembros que se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en vigor
no se les podía exigir un tiempo de servicio superior al previsto en las disposiciones
vigentes para entonces, ni un tiempo inferior a quince años cuando el retiro se
produjera por una causal distinta de la solicitud propia. La disposición establece:
“[…] Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el
Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. […] A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por
cualquier otra causal. […]” [negrilla fuera de texto].
35. En ese orden de ideas, la disposición aplicable para quienes reunían los requisitos
para acogerse al régimen de transición mencionado supra era el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, cuyo contenido resulta pertinente para determinar el
cumplimiento del requisito temporal para acceder a la asignación de retiro. Esta norma
establece:
“[…] ARTÍCULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 14 de febrero de 2007,
radicación núm. 11001-03-25-000-2004-00109-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 12 de abril de 2012, radicación
núm. 11001-03-25-000-2006-00016-00, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de
la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince
(15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) de los haberes de actividad. […]” [negrilla fuera de texto].
36. De esta disposición se desprende que el derecho a la asignación de retiro se
causaba con un mínimo de quince (15) años de servicio cuando el retiro obedecía a
alguna de las causales allí expresamente previstas, entre ellas la mala conducta,
mientras que para quienes se retiraran o fueran separados del servicio por otras
causales se exigía un tiempo superior a veinte (20) años.
37. Ahora bien, al respecto, como lo advirtió el accionante existe una postura uniforme
entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado28 que
permite concluir que en el caso concreto el Tribunal se apartó sin justificación alguna
de dicha tesis, según la cual:
37.1. Para ser beneficiario del régimen de transición mencionado anteriormente, el
uniformado debió estar en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada
en vigencia de la Ley 923 de 2004.
37.2. Tras la declaratoria de nulidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433
de 2004 y del artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, la situación pensional debe
regularse por el Decreto 1212 de 1990.
37.3. Encontrándose el uniformado en el régimen de transición y siéndole aplicable el
Decreto 1212 de 1990, el tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro es de
15 años cuando la desvinculación se produce por cualquier causal ajena a su
voluntad.
37.4. La desvinculación por destitución o separación absoluta debe equipararse legal y
jurisprudencialmente a las causales de "[…] mala conducta […]" o "[…] conducta
deficiente […]", consagradas en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
28
Al respecto, se constata la existencia de seis sentencias dictadas por ambas Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, a saber: i) Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de mayo de 2024 dentro del expediente 880012333000-
2021-00018-01 (1694-2023) CP Jorge Edison Portocarrero Banguera; ii) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de
octubre de 2024 dentro del expediente 080012333000-2022-00084-01 (7053-2023) CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; iii) Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2024 dentro del expediente 150012333000-2019-00383-01 CP Jorge
Iván Duque Gutiérrez; iv) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2024 dentro del expediente
520012333000-2021-00060-01 CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; v) Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12 de febrero
de 2026 dentro del expediente 760012333000-2019-00827-01 CP Jorge Edison Portocarrero Banguera; vi) Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 14 de mayo de 2026 dentro del expediente 760012333000-2019-00994-01 CP Elizabeth Becerra
Cornejo.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
38. Conviene precisar que en relación con la separación absoluta del servicio, la
Sección Segunda del Consejo de Estado29, de forma reiterada y pacífica, ha
sostenido:
“[…] debe precisarse que si bien el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, no
señala expresamente la posibilidad de obtener asignación de retiro para
aquellos funcionarios que hayan sido retirados del cargo bajo la causal de
separación absoluta del servicio activo, sí indica la eventualidad de obtener
dicha prestación para aquellos empleados que han sido retirados del servicio
después de 15 años, bajo la causal de mala conducta, razón por la cual al hacer
una interpretación amplia de la norma, debe entenderse tal causal como un tipo en
blanco en donde se encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados
pueden devenir en una sanción bien sea de carácter penal, fiscal, o disciplinario y
que al ser llevadas al caso concreto evidencian que la separación del servicio se
realizó con fundamento en la existencia de una mala conducta y que en nada
excluyen al peticionario para que luego de verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, le reconozcan la asignación de retiro que solicita.
Aunado a lo anterior, el artículo 175 del Decreto 1212 de 1990 establece que quien
es separado del cargo tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones que se
originaron con ocasión de la prestación del servicio […] tiene derecho a que se le
reconozca la asignación de retiro que solicita, pues ésta (sic) es una de aquellas
prestaciones de las que trata el artículo en mención.
Y si bien el artículo 66 del decreto 1791 de 2000, dispone que el personal que es
retirado por separación absoluta del servicio activo no puede volver a pertenecer
a la Policía Nacional y pierde el derecho a ser dado de alta por tres meses para la
formación del expediente de prestaciones, no pierde con ello la posibilidad que
tiene de que le sean reconocidas las prestaciones sociales que se generaron
con ocasión a la prestación de su servicio, a saber las reguladas en el Titulo
(sic) VI, artículos 131 a 180 del Decreto 1212 de 1990, entre las que se encuentra
la asignación de retiro, prevista en el artículo 144 ibídem». […]” [negrilla fuera de
texto].
39. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la providencia de 26 de
mayo de 2026 incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en materia de asignación de retiro de los
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional al exigir el cumplimiento de un
tiempo de servicio de veinte (20) años para acceder a dicha prestación.
40. Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la
parte accionante, razón por la cual resulta procedente confirmar el amparo
solicitado.
41. Por
los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala confirmará el fallo
impugnado teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
29
Ver, entre otras, sentencias de 30 de mayo de 2024, expediente 880012333000-2021-00018-01 (1694-2023) (Subsección B),
18 de febrero de 2010, expediente 19001-23-31-000-2004-00666-01 (Subsección A), 28 de abril de 2021, expediente 25000-
23-42-000-2017-01913-01 (Subsección A) y 27 de mayo de 2021, expediente 18001-23-33-000-2017-00317-01.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04337-01
Accionante: Alberto Reyes Jiménez López
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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