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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03549-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03549-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: retiro del servicio. Subtema 1: llamamiento a calificar servicios. Subtema 2:
desviación de poder, falsa motivación, expedición irregular, falta de competencia e
infracción de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, el 24 de marzo de 2026, que declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Policía Nacional y negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La parte demandante solicitó la nulidad del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016,
mediante el cual el Gobierno nacional retiró del servicio activo al brigadier general Luis
Eduardo Martínez Guzmán, por llamamiento a calificar servicios. Afirmó que dicho
acto fue expedido con falsa motivación, desviación de poder y desconocimiento del
debido proceso, pues, en su criterio, no respondió a razones de renovación
institucional o mejoramiento del servicio, sino a señalamientos anónimos,
publicaciones periodísticas e información atribuida a autoridades extranjeras, que
incidieron en el trámite de aprobación de su ascenso al grado de mayor general ante
el Senado de la República.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el retiro por llamamiento a calificar servicios cumplió los presupuestos
legales, toda vez que el demandante contaba con el tiempo requerido para acceder a
la asignación de retiro y, por ostentar el grado de brigadier general, no requería
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía

Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Nacional. Asimismo, concluyó que no se acreditó que el acto acusado hubiera sido
expedido con una finalidad desviada o por motivos ajenos al servicio.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará el ordinal
primero de la sentencia, para declarar no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Policía Nacional, y la confirmará en lo demás, al concluir
que no se desvirtuó la presunción de legalidad del Decreto 252 del 15 de febrero de
2016 ni se acreditaron los vicios de nulidad alegados por la parte demandante.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Luis Eduardo Martínez Guzmán, Esperanza Cabra Polanía, Luisa Fernanda
Martínez Cabra y Luis Eduardo Martínez Cabra, mediante apoderado, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 1º de agosto de 2016 contra la Nación, Presidencia de la República, Ministerio de
Defensa Nacional y Policía Nacional, con las siguientes pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016, expedido
por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual
se retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Luis Eduardo Martínez
Guzmán, en el grado de brigadier general, por llamamiento a calificar servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho, que se ordenara el reintegro de Luis
Eduardo Martínez Guzmán al servicio activo de la Policía Nacional y su ascenso al
grado de mayor general, de conformidad con el trámite iniciado mediante el Decreto
2155 del 5 de noviembre de 2015, por el cual había sido propuesto para dicho ascenso
ante la Comisión Segunda del Congreso de la República.

4. Como consecuencia de lo anterior, se declarara, para todos los efectos legales
y patrimoniales, que no existió solución de continuidad en los servicios prestados entre
la fecha de retiro y la de su reintegro efectivo y que, por tanto, se condenara a la
entidad demandada al reconocimiento y pago de los salarios, primas, prestaciones,
reajustes, vacaciones, emolumentos y demás derechos laborales dejados de percibir.

5. Finalmente, que se condenara a las entidades demandadas al pago de los
perjuicios morales y de los «perjuicios ocasionados por la vulneración de derechos
fundamentales», estimados en 100 SMLMV a favor del demandante y de cada uno de
los integrantes de su núcleo familiar, así como al pago de intereses y costas
procesales.

1 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 190-224 – pretensiones visibles, pp. 193 a
195.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Luis Eduardo Martínez Guzmán informó que prestó sus servicios a la Policía
Nacional durante más de 33 años, periodo en el que, según afirmó, desarrolló una
trayectoria institucional destacada, ocupó distintos cargos operativos y administrativos
y recibió varias condecoraciones.

6. Indicó que, durante los años previos a su retiro, fue objeto de señalamientos
anónimos y publicaciones en medios de comunicación que pretendieron vincularlo con
organizaciones delincuenciales y con otros hechos irregulares, pese a que, a su juicio,
tales afirmaciones carecían de soporte probatorio.

7. Sostuvo que acudió ante distintas autoridades para que se investigaran esos
señalamientos y se certificara la inexistencia de actuaciones penales o disciplinarias
en su contra relacionadas con tales hechos.

8. Manifestó que, mediante el Decreto 2155 del 5 de noviembre de 2015, fue
postulado para ascender al grado de mayor general; sin embargo, el trámite ante la
Comisión Segunda del Senado fue aplazado debido a la información anónima y a los
documentos que fueron puestos en conocimiento de esa comisión legislativa.

9. Afirmó que, con posterioridad a ese aplazamiento, fue presionado para solicitar
voluntariamente su retiro de la institución, bajo la advertencia de que, de no hacerlo,
se adoptarían decisiones que afectarían su permanencia en la Policía Nacional y su
situación personal.

10. Señaló que, pese a que solicitó que no se adoptara ninguna decisión con
fundamento en rumores o documentos no comprobados, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 252 del 15 de febrero de 2016, mediante el cual dispuso su retiro del
servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios.

11. Indicó que, después de su retiro, se hicieron declaraciones públicas en las que
se sostuvo que la decisión había estado precedida de información remitida por
agencias extranjeras; no obstante, afirmó que tales documentos no constituían prueba
suficiente en su contra ni acreditaban la existencia de investigaciones concluyentes.

12. Finalmente, refirió que el acto acusado no obedeció al mejoramiento del
servicio, sino a una decisión fundada en señalamientos anónimos, publicaciones
periodísticas y documentos carentes de verificación, por lo que, a su juicio, fue
expedido con falsa motivación, desviación de poder y desconocimiento del debido
proceso, y le ocasionó perjuicios morales y afectaciones a sus derechos
fundamentales y a los de su núcleo familiar.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

13. Como normas violadas, la parte demandante invocó, entre otras, los artículos
1, 2, 13, 21, 25, 29, 90, 125, 173, 209, 217 y 218 de la Constitución Política; la Ley 62
de 1993; la Ley 857 de 2003; los artículos 26 y 27 del Decreto Ley 1791 de 2000,
relativos al ascenso de oficiales generales; los artículos 100, 102 y 103 del Decreto
1790 de 2000, y el artículo 44 del CPACA, sobre el ejercicio de facultades
discrecionales.

14. Al explicar el concepto de violación, expresó que el Decreto 252 del 15 de
febrero de 2016 fue expedido con falsa motivación, porque el retiro del demandante
no obedeció al mejoramiento del servicio ni a razones propias de la estructura
piramidal de la Policía Nacional, sino a señalamientos anónimos, publicaciones
periodísticas y documentos cuya veracidad, según afirmó, no había sido comprobada
por las autoridades competentes.

15. Adujo que, aunque el llamamiento a calificar servicios constituye una facultad
discrecional, esta no podía ejercerse de manera arbitraria ni con fundamento en
motivos ajenos a los fines de la función pública. En ese sentido, la administración
debía adoptar una decisión adecuada, proporcional y fundada en razones objetivas
relacionadas con el servicio, lo cual, a su juicio, no ocurrió en el presente caso.

16. Argumentó que la hoja de vida, trayectoria institucional, condecoraciones y
desempeño profesional de Luis Eduardo Martínez Guzmán demostraban que no
existían razones de servicio que justificaran su retiro, máxime cuando, pocos meses
antes, había sido propuesto para ascender al grado de mayor general mediante el
Decreto 2155 del 5 de noviembre de 2015.

17. Afirmó la parte demandante que el acto acusado incurrió en desviación de
poder, pues la decisión de retirar del servicio al brigadier general Martínez Guzmán,
habría estado precedida por presiones, rumores y cuestionamientos no verificados,
los cuales incidieron tanto en el aplazamiento del trámite de ascenso como en la
posterior expedición del decreto demandado.

18. Por último, refirió que se desconoció el debido proceso, toda vez que la decisión
se apoyó en información que no fue debidamente contrastada ni sometida a
contradicción, pese a que el demandante había solicitado que se esperaran los
resultados de las investigaciones promovidas por él mismo para esclarecer los
señalamientos formulados en su contra.

2.2. Contestación de la demanda

19. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el Decreto 252 del 15 de febrero de
2016 se encuentra amparado por la presunción de legalidad y fue expedido conforme
a las normas que regulan el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Nacional por llamamiento a calificar servicios2.

20. Destacó que el retiro del demandante no correspondió a una sanción ni a una
medida disciplinaria, sino al ejercicio de una causal legal de desvinculación que
procede cuando el oficial cumple el tiempo requerido para acceder a la asignación de
retiro y media la recomendación correspondiente, razón por la cual no era necesario
exponer una motivación adicional ni efectuar un análisis detallado de su hoja de vida.

21. Explicó que el buen desempeño, la idoneidad profesional, las condecoraciones
o la ausencia de sanciones no generan, por sí solos, un fuero de estabilidad ni limitan
la facultad discrecional de la administración para disponer el retiro por llamamiento a
calificar servicios, pues lo ordinario es que los miembros de la Fuerza Pública cumplan
adecuadamente sus funciones.

22. Frente a las pretensiones de reintegro y ascenso, advirtió que resultaban
improcedentes, toda vez que el ascenso de los oficiales al grado de mayor general
corresponde a una potestad discrecional del Gobierno nacional, sometida al régimen
especial de carrera de la Policía Nacional, por lo que no puede ser ordenado
judicialmente como si se tratara de un derecho automático.

23. Agregó que no se configuraron los vicios de falsa motivación, desviación de
poder ni violación del debido proceso alegados por la parte actora, pues el acto
acusado fue expedido por la autoridad competente, con observancia de los
presupuestos legales aplicables y en desarrollo de una forma normal de culminación
de la carrera policial.

24. También señaló que el demandante se encontraba disfrutando de asignación
de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por lo
que no había lugar al reconocimiento de salarios, prestaciones, emolumentos ni
demás sumas reclamadas con ocasión del retiro.

25. Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, acto administrativo ajustado a la Constitución y a la ley, inexistencia del
derecho reclamado y de la obligación, cobro de lo no debido y la excepción genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 24 de marzo de 2026, declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Policía Nacional, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas3, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa

2 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“111_Expedientedigi_20163549PARTE2_0_20250409111800497”, pp. 45 a 69.
3 Samai, índice 109 (de primera instancia).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

por pasiva propuesta por la POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en
precedencia y, en consecuencia, desvincularla del presente proceso.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Notificada la presente sentencia, devuélvase el expediente al Despacho de
origen, previo registro en el sistema SAMAI.

27. Como problema jurídico, el Tribunal se propuso establecer si el Decreto 252 del
15 de febrero de 2016, mediante el cual se dispuso el retiro del demandante del
servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios, se ajustaba
al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, si procedía ordenar su reintegro,
ascenso, reconocimiento de salarios, prestaciones y perjuicios.

28. En primer lugar, precisó que el llamamiento a calificar servicios constituye una
causal legal de retiro del servicio, propia del régimen especial de la Fuerza Pública,
que comporta el ejercicio de una facultad discrecional orientada a la renovación de los
cuadros de mando y al adecuado funcionamiento de la institución. Agregó que dicha
figura no tiene carácter sancionatorio ni exige una motivación adicional a la prevista
en la ley, siempre que se acrediten los presupuestos necesarios para acceder a la
asignación de retiro.

29. Al estudiar el caso concreto, el fallador de primera instancia precisó que el
demandante ostentaba el grado de brigadier general, razón por la cual no era exigible
el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional. Asimismo, encontró acreditado que ingresó a la institución el 7 de
febrero de 1983 y permaneció en servicio activo hasta el 15 de febrero de 2016, de
modo que superaba ampliamente el tiempo mínimo requerido para acceder a la
asignación mensual de retiro.

30. Con base en lo anterior, concluyó que la administración se encontraba
habilitada para aplicar la causal de llamamiento a calificar servicios, pues el
demandante cumplía los requisitos legales para ello. En ese sentido, descartó la
configuración de falsa motivación, al establecer que el acto acusado no requería una
exposición fáctica adicional y que dicho vicio solo se habría configurado si el retiro se
hubiera dispuesto sin que el oficial cumpliera el tiempo mínimo exigido para acceder
a la asignación de retiro.

31. Frente a la hoja de vida, trayectoria institucional, condecoraciones y
desempeño profesional del demandante, precisó que tales circunstancias no
generaban un fuero de estabilidad ni impedían el ejercicio de la facultad discrecional,
pues el buen desempeño constituye una exigencia propia del servicio público y no una
garantía de permanencia en el cargo.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

32. En cuanto a la desviación de poder, el Tribunal consideró que la parte actora
no acreditó que el retiro hubiera obedecido a una finalidad distinta a la prevista por el
ordenamiento jurídico. Indicó que no existían pruebas idóneas que demostraran un
nexo causal entre los señalamientos anónimos, publicaciones o cuestionamientos
referidos por el demandante y la expedición del Decreto 252 de 2016. Además, señaló
que la postulación para ascenso al grado de mayor general no constituía un derecho
adquirido, pues dicho trámite estaba sujeto a la aprobación del Senado de la
República.

33. Respecto de la violación del debido proceso, explicó que el retiro por
llamamiento a calificar servicios no exige la apertura de una actuación administrativa
previa ni un procedimiento contradictorio, en tanto no se trata de una sanción ni de
una medida disciplinaria, sino de una forma legal de retiro derivada de la organización
y administración del servicio.

34. Finalmente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Policía Nacional, al considerar que el retiro de los oficiales
generales debe efectuarse mediante decreto expedido por el Gobierno nacional, esto
es, por el Presidente de la República con la firma del ministro de Defensa Nacional,
por lo que la Policía Nacional no fue la autoridad que expidió el acto acusado. En
consecuencia, desvinculó a dicha entidad, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.

2.4. Recurso de apelación

35. La parte demandante4 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.

36. Como fundamento del recurso, adujo que la sentencia desconoció el debido
proceso probatorio, el deber de motivación de las providencias judiciales, las reglas
sobre valoración conjunta de los indicios y la causal de nulidad por desviación de
poder.

37. En primer lugar, afirmó que el Tribunal aplicó un estándar probatorio
equivocado, porque exigió una prueba directa del móvil interno de la administración,
pese a que la desviación de poder, por su naturaleza, suele acreditarse mediante
indicios graves, concordantes y convergentes, así como a partir de la reconstrucción
del contexto fáctico que rodeó la expedición del acto.

38. Señaló que el Tribunal redujo el análisis a verificar si el demandante cumplía el
tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro, lo cual podía ser suficiente para
estudiar otras causales de nulidad, pero no para descartar la desviación de poder,
pues lo relevante era determinar si la facultad discrecional fue ejercida con una
finalidad distinta a la prevista por la ley.

4 Samai, índice 112 (de primera instancia).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

39. En segundo lugar, sostuvo que la sentencia omitió valorar integralmente el
acervo probatorio, en especial los documentos que, a su juicio, demostraban que el
retiro no obedeció a la renovación institucional, sino a los señalamientos anónimos y
cuestionamientos surgidos durante el trámite de ascenso. Agregó que los testimonios
no fueron solicitados para acreditar la desviación de poder, sino los perjuicios morales,
por lo que el Tribunal no podía descartar el cargo con fundamento en que esas
declaraciones no demostraban el móvil desviado.

40. Argumentó que el Tribunal no analizó pruebas documentales relevantes, entre
ellas las declaraciones públicas efectuadas después del retiro, la comunicación
enviada al Senado para suspender la votación del ascenso, la sesión de la Comisión
Segunda en la que se abordó ese trámite y la secuencia temporal entre el decreto de
ascenso, el aplazamiento de su aprobación y la posterior expedición del acto de retiro.

41. En tercer lugar, manifestó que la sentencia omitió pronunciarse sobre hechos
objetivamente acreditados que, en su criterio, evidenciaban que el retiro pudo estar
determinado por una finalidad distinta al mejoramiento del servicio, tales como la
expedición del decreto de ascenso del 5 de noviembre de 2015, el inicio del trámite
de aprobación ante el Senado, la aparición de documentos anónimos, la solicitud de
suspensión de la votación y el llamamiento a calificar servicios antes de que el Senado
retomara el estudio del ascenso.

42. Agregó que el Tribunal erró al considerar que no existía nexo causal entre los
señalamientos formulados desde años anteriores y el retiro de 2016, pues, según el
apelante, la conexión relevante no se encontraba entre las acusaciones iniciales y el
acto demandado, sino entre los hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y febrero
de 2016, periodo en el cual se aplazó la aprobación del ascenso y luego se dispuso
el retiro del oficial.

43. En cuarto lugar, argumentó que el Tribunal interpretó de manera reduccionista
la figura del llamamiento a calificar servicios, al tratar la discrecionalidad administrativa
como si estuviera exenta de control judicial. A su juicio, aun cuando el acto no requería
motivación expresa, debía ser adecuado a los fines de la norma que autorizaba la
decisión y proporcional a los hechos que le servían de causa, conforme al artículo 44
del CPACA.

44. En esa línea, afirmó que resultaba contradictorio que el Gobierno nacional
hubiera promovido el ascenso del demandante al grado de mayor general y, pocas
semanas después, lo retirara por una causal cuya finalidad es permitir la renovación
jerárquica y facilitar el ascenso de otros oficiales, sin explicar por qué cambió la
valoración institucional sobre su permanencia en el servicio.

45. Finalmente, cuestionó que se hubiera declarado probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional, pues, aunque el acto
acusado fue suscrito por el Presidente de la República y el ministro de Defensa

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Nacional, dicha institución era la beneficiaria del servicio, la empleadora natural del
demandante y la entidad que podría verse afectada por los efectos presupuestales de
un eventual restablecimiento del derecho.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

46. Mediante auto del 25 de mayo de 2026 5 , el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

47. La parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron frente al recurso
de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

48. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

49. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:

50. ¿La entidad demandada carece de legitimación en la causa por pasiva o, por
el contrario, en atención a la relación funcional del demandante con dicha institución
y a los eventuales efectos de un restablecimiento del derecho, debe permanecer
vinculada al proceso?

51. ¿El fallador de la primera instancia incurrió en un error en la valoración
probatoria al exigir prueba directa de la desviación de poder, sin considerar que dicho
vicio puede acreditarse mediante indicios graves, concordantes y convergentes, así
como a partir del contexto fáctico que rodeó la expedición del acto?

5 Samai, índice 4.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

52. ¿El acto administrativo, mediante el cual se dispuso el retiro del demandante
por llamamiento a calificar servicios, fue expedido con una finalidad distinta a la
prevista por el ordenamiento jurídico, esto es, con desviación de poder, habida cuenta
de la secuencia de hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el
marco del trámite de ascenso ante el Senado de la República?

53. ¿La facultad discrecional de llamamiento a calificar servicios fue ejercida de
conformidad con los fines que la autorizan y de manera proporcional a los hechos que
le servían de causa, en los términos del artículo 44 del CPACA?

54. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para
la procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de
poder. A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos
probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

55. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003,
disposiciones que introducen la figura del «llamamiento a calificar servicios» como
una modalidad de desvinculación basada en razones institucionales y de servicio.

56. En efecto, el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el
artículo 2 de la Ley 857 de 2003, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios. Además, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 dispone
que para los miembros de la Fuerza Pública «El tiempo de servicio para acceder al
derecho de asignación de retiro será mínimo de 15 años de servicio y en ningún caso
se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años».

57. Por su parte, la Ley 857 de 2003, en su artículo 1, prevé que el retiro de los
oficiales debe someterse al «concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional», salvo en los casos de oficiales generales
o cuando concurran otras causales específicas. Asimismo, el artículo 3 de dicha ley
reitera que el retiro por llamamiento a calificar servicios «solo procederá cuando se
cumplan los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».

58. Al respecto, el artículo 5 del decreto Ley 1791 de 2000, por el cual se modifican
las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional, dispone, que son oficiales generales: i) el general; ii)
el teniente general; iii) el mayor general; y iv) el brigadier general.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

59. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige, en
términos generales, el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio que da lugar a la
asignación de retiro y, cuando sea legalmente exigible, el concepto previo de la Junta
Asesora. No obstante, tratándose de oficiales generales de la Policía Nacional, dicho
concepto no constituye presupuesto formal del retiro, de conformidad con el artículo
1.º de la Ley 857 de 2003.

60. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, lo que ha dado lugar a limitaciones, dentro del marco constitucional y
legal, al ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en la naturaleza
constitucional de la Fuerza Pública como garante de la integridad, la convivencia y la
seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento institucional que
permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, para facilitar el
ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a la manera ordinaria de
culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura. Por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:

a) No establece el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica el
ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las funciones
del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.

b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo cual no
es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos armados y la
manera corriente de culminar una carrera en la misma.

c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales deben
contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz, conforme a las
necesidades y conveniencias del servicio, los mandos superiores y medios de la
institución, con fundamento en apreciaciones y evaluaciones de carácter institucional.

62. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derecho contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de

7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

63. Respecto al tiempo mínimo previsto por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que, una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

64. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro derecho
fundamental. En ese sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por
la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

65. De la misma manera, la sentencia destacó que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

66. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y la
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

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Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

67. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado 9 , no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumpla con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

68. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, concluyó lo que sigue:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su cargo la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.

69. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien
están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la dispuesta en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

70. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro; y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto en las hipótesis
expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto constituye un presupuesto
habilitante para la expedición del acto definitivo.

71. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.

72. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la junta asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

73. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 reiteró que la junta asesora
no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo de servicio
y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

74. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento.

75. En este punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la
junta asesora constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo
hasta que culmine la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el
documento físico, el cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una
vez concurran al desarrollo de una nueva junta12.

3.3.3. La falsa motivación

76. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).

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administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición13. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

77. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad»14.
En ese orden, los actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.

78. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión15. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad16. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos17:

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.

79. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)18.

80. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-

03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de

2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,

proceso con radicado 2006-00348.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de

septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia

se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».

15

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servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional, lo cual es aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el
artículo 1º de la Ley 857 de 2003 que modificó el Decreto 1791 de 2000.

81. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no se cumplieron los requisitos
descritos en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003, para la
procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello,
o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio
de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa
a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por ende, se
vulneraría su derecho al debido proceso.

3.3.4. La desviación de poder

82. Uno de los elementos del acto administrativo es el teleológico, referido a los
fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de aquel no lo fija
la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido
para cumplir los fines previstos en los artículos 2 constitucional y 1 del CPACA, esto
es, el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el interés
general19.

83. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo20. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina21 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»22.

84. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en

19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
21 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».

16

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especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.

85. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»24.

86. Ahora bien, la Sala no desconoce que la acreditación de la desviación de poder
puede resultar especialmente compleja, en la medida en que exige demostrar que la
administración ejerció una competencia formalmente válida con una finalidad distinta
a la prevista por el ordenamiento jurídico. Por ello, su configuración no
necesariamente debe probarse mediante una prueba directa del móvil que orientó la
decisión, sino que puede inferirse a partir de indicios serios, concordantes y
convergentes, siempre que estos permitan concluir que el acto fue expedido con un
propósito ajeno al interés general o al buen servicio25.

3.4. Hechos probados

87. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

88. El Ministerio de Defensa Nacional ascendió, mediante Decreto 4424 del 23 de
noviembre de 2011, al señor Luis Eduardo Martínez Guzmán al grado de brigadier
general26.

89. En una fecha indeterminada, un ciudadano remitió una comunicación a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fiscalía General
de la Nación, al director general de la Policía Nacional y a distintos medios de
comunicación, en la que formuló señalamientos contra el brigadier general Luis

23 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02 (44009).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2026, radicado: 47001-23-

33-000-2016-00395-01 (2491-2021).
26
Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“111_Expedientedigi_20163549PARTE2_0_20250409111800497”, pp. 326.

17

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Eduardo Martínez Guzmán, relacionados con presuntos vínculos con grupos al
margen de la ley y con el supuesto uso indebido de información reservada,
afirmaciones que fueron presentadas como razones para solicitar su retiro de la
institución27.

90. El brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán remitió, el 20 de agosto de
2014, una comunicación al director de un medio de comunicación, en la que
controvirtió una nota periodística que, según afirmó, afectaba su reputación y buen
nombre. El oficial negó vínculos personales o ilícitos con grupos al margen de la ley,
explicó que las relaciones institucionales referidas en la publicación obedecían a
contrataciones oficiales para transporte aéreo y solicitó que no se realizaran
señalamientos contra él y su núcleo familiar sin soporte probatorio28.

91. El brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán presentó, el 8 de
septiembre de 2014, denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un
periodista de un noticiero nacional, con ocasión de una nota publicada el 19 de agosto
de 2014, en la que, según afirmó, se realizaron señalamientos que afectaban su
dignidad, honra y buen nombre. El oficial negó haber tenido vínculos con grupos al
margen de la ley, sostuvo que durante su trayectoria institucional adelantó actuaciones
contra dichas organizaciones y manifestó que no registraba sanciones penales ni
disciplinarias. En consecuencia, solicitó que se investigara la conducta denunciada,
se le reconociera como víctima y se reparara su buen nombre y honor policial29.

92. El brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán solicitó, el 23 de
septiembre de 2014, a la Fiscalía General de la Nación, que iniciara investigación
penal en su contra, con ocasión de los señalamientos anónimos que, según afirmó,
se venían realizando desde el año 2012 y que lo vinculaban con grupos al margen de
la ley. El oficial manifestó que tales acusaciones afectaban su nombre y trayectoria
institucional, negó la existencia de vínculos con dichas organizaciones y pidió que se
investigara, además, su patrimonio y el de su familia, con el fin de esclarecer la
veracidad de los señalamientos formulados30.

93. El señor Luis Eduardo Martínez Guzmán solicitó, el 9 de octubre de 2014, al
director de un canal nacional la rectificación de una información emitida el 8 de octubre
de 2014, en la que, según afirmó, se formularon señalamientos relacionados con
presuntos vínculos con grupos al margen de la ley y con otros hechos que no
correspondían a la realidad. El oficial manifestó que no registraba investigaciones
penales ni disciplinarias en su contra, negó haber tenido vínculos con personas o
grupos al margen de la ley y solicitó que se informara el sustento de la publicación y

27 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 59 a 60.
28 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 63 a 65.
29 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 66 a 74.
30
Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 76 a 77.

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las actividades de verificación adelantadas antes de su divulgación31.

94. El brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán solicitó, el 9 de octubre de
2014, a la Procuraduría General de la Nación que iniciara investigación disciplinaria
en su contra, con ocasión de los señalamientos anónimos que, según afirmó, se
venían realizando desde el año 2012 y que lo vinculaban con grupos al margen de la
ley. El oficial negó tales acusaciones, indicó que estas afectaban su nombre y
trayectoria institucional, puso de presente que había promovido denuncias penales y
solicitudes de rectificación frente a publicaciones similares, y pidió que se investigara
su patrimonio y el de su familia, con el fin de esclarecer la veracidad de los
señalamientos formulados32.

95. La Procuraduría General de la Nación ordenó, mediante providencia del 10 de
noviembre de 2015, la apertura de investigación disciplinaria dentro del radicado IUS
2014-362999 contra el brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán, por
presuntos vínculos con grupos al margen de la ley33.

96. La Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 27 de
noviembre de 2014, dio inicio a la indagación preliminar dentro del radicado IUS 2014-
362999 contra el brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán, en atención a la
solicitud que este presentó para que se investigaran los señalamientos relacionados
con presuntos vínculos con grupos al margen de la ley34.

97. El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 2155 del 5 de noviembre de
2015, el ascenso, al grado de Mayor General en el Cuerpo Profesional de la Policía
nacional señor Brigadier General Luis Eduardo Martínez Guzmán, por haber reunido
los requisitos establecidos en los artículos 20, 21 y 23 del Decreto Ley 1791 de 2000.
En el mismo acto se precisó que dicho ascenso debía someterse a la aprobación del
Senado de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173, numeral 2°
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 27 del Decreto Ley 1791
de 200035.

98. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional remitió,
el 10 de diciembre de 2015, un informe al director general de la Policía Nacional sobre
las actividades de verificación adelantadas frente a la información relacionada con el
brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán. En el documento se indicó que
funcionarios de la DEA manifestaron que los documentos publicados en medios de
comunicación correspondían a declaraciones recibidas por agentes de esa agencia,

31 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 79 a 83.
32 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 85 a 86.
33 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 104 a 113.
34 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 92 a 103.
35
Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 115.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

pero que no habían sido verificados por la DEA ni constituían documentos oficiales;
que no existía proceso judicial abierto contra el oficial; que no había recomendaciones
dirigidas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia frente a la eventual
cancelación de su visa, y que, de surgir nueva información suficiente, esta sería
comunicada a las autoridades colombianas competentes36.

99. El brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán remitió, el 4 de febrero de
2016, una comunicación al ministro de Defensa Nacional, en la que puso de presente
que continuaba adelantando actuaciones para defender su buen nombre frente a
señalamientos que consideraba infundados. El oficial indicó que existían
investigaciones en curso orientadas a esclarecer tales hechos, manifestó que su
patrimonio familia podían ser verificados, y solicitó que el Gobierno esperara el
resultado de esas actuaciones antes de adoptar decisiones que afectaran su carrera,
su honra y su núcleo familiar37.

100. Mediante el Decreto 252 de 15 de febrero de 2016, el presidente de la
República y el ministro de Defensa Nacional retiraron del servicio activo de la Policía
Nacional, por llamamiento a calificar servicios, al señor Luis Eduardo Martínez
Guzmán, en su condición de brigadier general, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1º, 2º numeral 4º y 3º de la Ley 857 de 2003 y el artículo 1º del Decreto 1157
de 2014, a partir de la comunicación del acto administrativo. En el mismo acto se
dispuso que el oficial continuaría figurando de alta por el lapso de tres meses,
contados desde la fecha de retiro, en la respectiva tesorería de la Policía Nacional, en
los términos del artículo 145 del Decreto Ley 1212 de 199038.

101. El Decreto 252 del 15 de febrero de 2016 fue notificado por aviso del 24 de
febrero de 201639.

102. La Gaceta del Congreso 906 del 9 de noviembre de 2015 incorporó una
presentación sobre la trayectoria institucional del señor Luis Eduardo Martínez
Guzmán, en la que se hizo referencia a su formación académica, cursos de
capacitación, cargos desempeñados en la Policía Nacional, reconocimientos,
condecoraciones y felicitaciones, así como a la ausencia de antecedentes
disciplinarios, administrativos, penales o fiscales. De dicho documento se extrae que
su carrera en la institución inició en 1983, tras realizar el curso de vigilancia en la
Escuela Nacional de Policía General Santander, y que para noviembre de 2015
contaba con 31 años de servicio continuo.

103. Del mismo se extrae, que a lo largo de su carrera ocupó cargos de dirección y

36 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 120 a 122.
37 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 124 a 125.
38 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 19 a 24.
39
Samai, índice 91 (de primera instancia, expediente digital, archivo
“111_Expedientedigi_20163549PARTE2_0_20250409111800497”, pp. 1 a 12.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

mando en distintos niveles jerárquicos: como capitán (1992-1996), se desempeñó
como jefe de la División de Comunicaciones y Electrónica en la DIRAF; como mayor
(1997-2001), ejerció como director del Fondo Rotatorio y subcomandante del Grupo
GAULA; como teniente coronel (2002-2006), lideró la Subdirección de la DIPOL y el
Grupo de Operaciones Especiales; y como coronel (2006-2011), estuvo al mando de
los departamentos de Policía de Antioquia y Valle de Aburrá y de la Policía
Metropolitana de Medellín. Para la fecha de la Gaceta, acumulaba cuatro años en el
grado de brigadier general, al que había sido ascendido en 2011, y el Gobierno
nacional había decretado su ascenso al grado de mayor general apenas unos días
antes, mediante el Decreto 2155 del 5 de noviembre de 201540.

104. La Gaceta del Congreso 219 del 3 de mayo de 2016 publicó el acta de la sesión
ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República celebrada el 3 de
diciembre de 2015, en la que se abordó el trámite de ascenso del brigadier general
Luis Eduardo Martínez Guzmán al grado de mayor general. En dicha sesión se leyó
una comunicación del ministro de Defensa Nacional, mediante la cual solicitó que no
se surtiera el trámite previsto en el artículo 27 del Decreto 1791 de 2000, hasta tanto
existiera claridad sobre los hechos conocidos a través de anónimos y medios de
comunicación, los cuales habían dado lugar a solicitudes de investigación ante la
Fiscalía General de la Nación.

105. Posteriormente, en la sesión del 9 de diciembre de 2015, el viceministro de
Defensa para Políticas y Asuntos Internacionales reiteró ante la comisión esa solicitud,
señalando que el Gobierno buscaba claridad absoluta sobre las informaciones
recibidas antes de que el Congreso adoptara una decisión definitiva. El Senado entró
en receso legislativo sin haber votado el ascenso41.

3.5. Caso concreto

106. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si el retiro
del señor Luis Eduardo Martínez Guzmán del servicio activo de la Policía Nacional,
dispuesto mediante el Decreto 252 del 15 de febrero de 2016 por llamamiento a
calificar servicios, se ajustó al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, fue expedido
con desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del debido proceso, en
atención a que, según la parte demandante, la decisión no habría obedecido al
mejoramiento del servicio ni a la renovación institucional, sino a los señalamientos
anónimos y cuestionamientos surgidos en el marco del trámite de ascenso al grado
de mayor general ante el Senado de la República.

107. El Tribunal consideró que la parte demandante no acreditó que el retiro por
llamamiento a calificar servicios hubiera tenido origen en los señalamientos
formulados contra el demandante ni en la información difundida en medios de

40 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 35 a 56.
41 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 281 a 298,
“111_Expedientedigi_20163549PARTE2_0_20250409111800497”, pp. 1 a 12.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
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comunicación. En particular, señaló que el acto acusado cumplió los presupuestos
legales, pues el demandante ostentaba el grado de brigadier general, razón por la cual
no era exigible el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional, y contaba con más de 33 años de servicio, de modo
que superaba ampliamente el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro.
Asimismo, concluyó que la postulación previa al grado de mayor general no constituía
un derecho adquirido al ascenso y que la hoja de vida, las condecoraciones y el buen
desempeño no generaban, por sí solos, un fuero de estabilidad ni impedían el ejercicio
de la facultad discrecional.

108. Por su parte, el recurrente adujo que el Tribunal realizó una indebida valoración
del material probatorio y centró el análisis en los requisitos formales del llamamiento
a calificar servicios, pese a que el debate principal era la desviación de poder.

109. Insistió en que dicho vicio no exige prueba directa del móvil interno de la
administración, sino que puede acreditarse mediante indicios graves, concordantes y
convergentes, por lo que debían valorarse de manera conjunta la expedición del
Decreto 2155 del 5 de noviembre de 2015, mediante el cual fue propuesto para
ascender al grado de mayor general, la solicitud del ministro de Defensa Nacional de
suspender el trámite ante la Comisión Segunda del Senado, las sesiones en las que
se discutió dicha postulación, las declaraciones públicas posteriores al retiro y la
expedición del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016 antes de que el Senado
resolviera sobre el ascenso. En ese sentido, afirmó que la facultad discrecional fue
utilizada con una finalidad distinta a la renovación institucional y al mejoramiento del
servicio, y cuestionó, además, la decisión de declarar probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Policía Nacional.

110. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero, se
pronunciará sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Policía Nacional. Segundo, precisará el estándar probatorio aplicable para examinar
la desviación de poder en el llamamiento a calificar servicios. Tercero, con fundamento
en ese estándar, valorará el material probatorio relevante y determinará si el Decreto
252 del 15 de febrero de 2016 fue expedido con una finalidad distinta a la prevista por
el ordenamiento jurídico. Cuarto, verificará si el acto acusado cumplió los
presupuestos legales que habilitan la aplicación de la causal de retiro. Finalmente,
solo en caso de encontrar acreditado algún vicio de nulidad, estudiará la procedencia
del restablecimiento del derecho y de los perjuicios reclamados.

3.5.1. Legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional

111. Como primera medida, es oportuno considerar que la legitimación en la causa
consiste en la «calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso»42, esto es, la capacidad para formular las
pretensiones (por activa) o para oponerse a estas (por pasiva) en atención a los

42 Corte Constitucional, sentencia C- 965 de 21 de octubre de 2003.

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Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
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potenciales efectos jurídicos de la sentencia43.

112. En ese sentido, la legitimación en la causa se configura cuando quien acude al
proceso tiene relación con los intereses debatidos y guarda una conexión con los
hechos que motivaron el litigio. Para el caso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se determina, en principio, a partir de la intervención de
la parte en la expedición del acto administrativo que se cuestiona.

113. No obstante, dicho criterio no es absoluto. En aquellos casos en que la
expedición del acto administrativo corresponde por mandato legal a una autoridad
distinta de la entidad a la que el servidor está vinculado, la legitimación en la causa
por pasiva no puede determinarse únicamente a partir de quién suscribió el acto, sino
que debe atenderse también a quién está llamado a responder por sus efectos
jurídicos y a ejecutar las órdenes que se impartan en la sentencia. En el caso concreto,
aunque el Decreto 252 de 2016 fue expedido por el Gobierno nacional, la Policía
Nacional es la entidad a la que el demandante prestaba sus servicios y la que estaría
llamada a ejecutar las órdenes de reintegro y reconocimiento de derechos en caso de
que las pretensiones prosperen. En esa medida, se encuentra legitimada en la causa
por pasiva y la excepción propuesta no está llamada a prosperar.

3.5.2. El estándar probatorio aplicable para examinar la desviación de poder en
el contexto del llamamiento a calificar servicios

114. En el recurso de apelación se sostiene que el Tribunal no valoró integralmente
los elementos indiciarios que, a su juicio, permitían acreditar que el Decreto 252 del
15 de febrero de 2016 fue expedido con una finalidad distinta a la renovación
institucional y al mejoramiento del servicio.

115. En particular, afirmó que la sentencia de primera instancia omitió considerar: i)
las declaraciones públicas atribuidas al entonces presidente de la República el 22 de
febrero de 2016, en las que, según el apelante, se habría relacionado su retiro con
información proveniente de autoridades de los Estados Unidos; ii) la rueda de prensa
del entonces ministro de Defensa Nacional del 29 de febrero de 2016, en la que, a
juicio del recurrente, se habría anunciado que la decisión obedeció a documentos
provenientes de agencias estadounidenses; iii) la comunicación remitida por el
ministro de Defensa Nacional al Senado de la República el 3 de diciembre de 2015,
mediante la cual solicitó suspender el trámite de aprobación del ascenso del
demandante; y iv) la secuencia temporal entre el Decreto 2155 del 5 de noviembre de
2015, la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República del 9 de
diciembre de 2015 y el Decreto 252 del 15 de febrero de 2016.

116. Con fundamento en esos elementos, el apelante afirmó que el retiro del servicio
no respondió al ejercicio ordinario de la facultad discrecional de llamamiento a calificar
servicios, sino a los señalamientos formulados contra el demandante en el marco del

43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2026, radicado: 76001-23-
33-000-2019-00994-01 (6402-2024).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

trámite de ascenso al grado de mayor general. Además, atribuyó a las
manifestaciones públicas del presidente de la República y del ministro de Defensa
Nacional el carácter de confesiones extrajudiciales sobre la finalidad real del acto
demandado.

117. Bajo esa premisa, la Sala determinará el alcance probatorio de los elementos
invocados por la parte apelante y establecerá si, apreciados en conjunto, permiten
desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado.

118. La desviación de poder se configura cuando la administración ejerce una
competencia atribuida por la ley con un propósito distinto de aquel para el cual fue
conferida, de manera que el acto administrativo, aunque formalmente se ajuste a las
reglas de competencia y procedimiento, se aparta del fin que justifica el ejercicio de la
función pública.

119. Para su acreditación debe demostrarse que la autoridad competente expidió el
acto con observancia de las formalidades aplicables, pero orientada por una finalidad
diferente a la prevista por el ordenamiento jurídico para el caso concreto. En esa
medida, la carga de probar el vicio recae sobre quien lo alega44.

120. No obstante, por tratarse de un vicio que recae sobre la finalidad del acto, su
demostración no exige necesariamente una prueba directa del móvil que determinó la
decisión, pues puede inferirse a partir de indicios serios, concordantes y convergentes
que, valorados en conjunto, permitan concluir que la facultad fue ejercida con un
propósito ajeno al interés general, al buen servicio o a los fines que autorizan su
ejercicio45.

121. Ahora bien, previo a efectuar la valoración indiciaria propuesta por el apelante,
la Sala estima necesario precisar el alcance de los documentos relacionados con
misiones, órdenes de operaciones, informes y actividades de inteligencia o
contrainteligencia que fueron allegados con la demanda, relativos a las gestiones
desempeñadas por el actor como subcomandante y comandante de la Policía de
Antioquia entre 2006 y 2009 y como comandante de la Policía Metropolitana del Valle
de Aburrá entre 2009 y 2011.

122. Tales documentos fueron aportados por la parte demandante con el propósito
de demostrar que, durante su gestión institucional, adelantó actuaciones contra
organizaciones al margen de la ley y que, por tanto, los señalamientos que lo
vinculaban con dichas estructuras carecían de sustento. En esa medida, no son
elementos ajenos al debate, pues guardan relación con el contexto fáctico que, según

44 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2026, radicado: 47001-23-

33-000-2016-00395-01 (2491-2021); Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2026, radicado: 25000-23-42-000-
2020-00826-01 (2500-2022).

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el actor, rodeó el trámite de ascenso y su posterior retiro del servicio.

123. En desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 22 de marzo de 202346, el
Tribunal dispuso tener como pruebas los documentos allegados con la demanda; no
obstante, su incorporación al expediente no implica reconocerles, de manera
automática, plena eficacia demostrativa, ni releva al juez del deber de examinar su
naturaleza, contenido, forma de incorporación y límites legales de valoración.

124. Los documentos de inteligencia y contrainteligencia están amparados por
reserva legal, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1621 de 201347. Su acceso,
reproducción y difusión están sujetos a protocolos estrictos de seguridad, custodia y
trazabilidad previstos en el Decreto 857 de 201448, y solo pueden ser suministrados a
receptores autorizados o en virtud de requerimiento de autoridad judicial, disciplinaria
o fiscal competente.

125. En ese orden, cuando este tipo de documentos son aportados directamente por
una de las partes, sin remisión oficial del organismo competente ni requerimiento
judicial previo, no es posible verificar que su incorporación al expediente se hubiera
realizado conforme al régimen especial de reserva, custodia, seguridad y trazabilidad
previsto para este tipo de información.

126. A lo anterior se suma que el artículo 35 de la misma ley dispone expresamente
que los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio dentro
de procesos judiciales o disciplinarios, sin perjuicio de que su contenido pueda
constituir criterio orientador durante la indagación.

127. En consecuencia, los documentos de esta naturaleza que obran en el
expediente serán valorados únicamente con alcance contextual, en cuanto permiten
establecer que el demandante desempeñó funciones operativas relacionadas con la
seguridad pública y la lucha contra organizaciones al margen de la ley durante los
periodos allí referidos, pero no como prueba autónoma ni suficiente de los hechos
alegados ni de la finalidad desviada del acto acusado.

128. De otro lado, en relación con los testimonios practicados en la audiencia de
pruebas celebrada el 19 de abril de 2023, se advierte que, tal como lo indicó el
demandante en el recurso de apelación, estos fueron decretados con el propósito de
acreditar la causación de los perjuicios morales reclamados. En esa medida, solo
serán valorados en caso de que resulte procedente estudiar el restablecimiento del
derecho y los perjuicios solicitados.

129. Esta conclusión se corrobora con la solicitud probatoria formulada en la

46 Samai, índice 68 (de primera instancia).
47 «Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que

llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se
dictan otras disposiciones».
48 «Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, “por medio de la cual se expiden

normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia
y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03549-02 (1190-2026)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

demanda 49 , en la que los testimonios se agruparon según cuatro finalidades: i)
acreditar la labor desempeñada por el demandante como comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá; ii) demostrar las circunstancias en las que ejerció
sus funciones y la inexistencia de reuniones, comunicaciones o favorecimientos a
grupos criminales; iii) dar cuenta del trámite adelantado ante la Comisión Segunda del
Senado de la República; y iv) acreditar los perjuicios morales padecidos por los
demandantes.

130. Sin embargo, en la audiencia inicial celebrada el 22 de marzo de 2023 50 ,
únicamente se decretaron los testimonios de Hediel Saavedra Salcedo, José Gilberto
Martínez Guzmán, Camilo André Cifuentes Urrea, Alba Lucero Osorio Tenjo, Germán
Deshamps Guzmán, Estela Rodríguez Cortés y Yorman Andrés Montoya Cárdenas,
correspondientes al cuarto grupo y dirigidos a demostrar los perjuicios morales. Las
demás declaraciones fueron negadas por inconducentes e impertinentes, al
considerar que no resultaban idóneas para acreditar la desviación de poder.

131. Los testimonios decretados fueron practicados y en ellos el señor Hediel
Saavedra Salcedo declaró sobre las relaciones familiares de los demandantes y las
implicaciones económicas, sociales y familiares que para ellos tuvo el retiro del señor
Luis Eduardo Martínez Guzmán de la institución. En punto a los motivos del retiro
mencionó la existencia de cartas apócrifas y denuncias anónimas.

132. Por su parte Alba Lucero Osorio Tenjo refiere que las denuncias anónimas
afectaron a cada uno de los demandantes en su ánimo máxime cuando le fue negado
el ascenso al señor Martínez Guzmán. Esta testigo refiere las consecuencias a nivel
social y económico que el retiro generó en el núcleo familiar y responde preguntas
relacionadas con los beneficios económicos del general después del retiro del servicio.

133. A su turno José Gilberto Martínez Guzmán, hermano del demandante Luis
Eduardo Martínez Guzmán, mencionó la publicación de noticias desde el año 2010
que lo vinculaban con grupos al margen de la ley. También la existencia de ataques
por parte de un oficial que finalmente generaron el retiro de la institución y causaron
tristeza y dolor en su núcleo familiar. En igual sentido declaró el señor Camilo
Cifuentes quien concretamente refirió la afectación sicológica de la hija y esposa del
demandante Luis Eduardo Martínez, como consecuencia del retiro sin justificación
alguna de este último.

134. Finalmente, el testigo German Deshamps Guzmán refiere que percibió en la
esposa del señor Luis Eduardo Martínez Guzmán y su núcleo familiar afectación
sicológica como consecuencia del retiro del servicio del mencionado señor Martínez
Guzmán.

49 Samai, índice 91 (de primera instancia), expediente digital, archivo
“112_Expedientedigi_20163549PARTE1_1_20250409111801450”, pp. 190-224 – solicitud de pruebas
testimonilaes, pp. 218 a 221.
50 Samai, índice 68 (de primera instancia).

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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

135. Las referencias que se acaban de consignar permiten a la Sala destacar que
cada una de las declaraciones recibidas se circunscribieron al objeto para el cual
fueron decretadas, esto es, demostrar los perjuicios morales y materiales de la
decisión de retiro del servicio. Limitación que guarda total correspondencia con lo
previsto en el artículo 212 del CGP a tal punto que, en varias oportunidades el
magistrado conductor de la audiencia llamó la atención a los testigos para que no
efectuaran juicios de valor ajenos al objeto de la declaración.

136. Precisado lo anterior, de las pruebas allegadas al proceso se encuentra
acreditado que, para noviembre de 2015, el demandante contaba con 31 años de
servicio en la Policía Nacional, registraba una trayectoria institucional desde 1983 y
no tenía antecedentes disciplinarios, administrativos, penales ni fiscales. Asimismo,
se probó que, mediante el Decreto 4424 del 23 de noviembre de 2011, fue ascendido
al grado de brigadier general y que, a través del Decreto 2155 del 5 de noviembre de
2015, el Gobierno nacional dispuso su ascenso al grado de mayor general, decisión
que debía someterse a la aprobación del Senado de la República.

137. También se acreditó que, desde 2012, circularon señalamientos anónimos que
vinculaban al demandante con grupos al margen de la ley, frente a los cuales presentó
denuncias penales, solicitó investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación
y pidió rectificaciones a distintos medios de comunicación. En ese contexto, el
procurador general de la Nación ordenó indagación preliminar el 27 de noviembre de
2014 y, posteriormente, la viceprocuradora general de la Nación, con funciones de
procuradora general, ordenó la apertura de investigación disciplinaria el 10 de
noviembre de 2015. A su vez, la DIJIN, mediante informe del 10 de diciembre de 2015,
indicó que no existía proceso judicial iniciado contra el demandante y que los
documentos publicados en medios de comunicación no constituían documentos
oficiales de la DEA ni habían sido verificados por esa agencia.

138. De igual manera, está demostrado que, en la sesión de la Comisión Segunda
del Senado de la República del 3 de diciembre de 2015, el ministro de Defensa
Nacional solicitó suspender el trámite de aprobación del ascenso hasta tanto existiera
claridad sobre los hechos conocidos a través de anónimos y medios de comunicación,
solicitud que fue reiterada por el viceministro de Defensa para Políticas y Asuntos
Internacionales en la sesión del 9 de diciembre de 2015.

139. Asimismo, se probó que el Senado entró en receso legislativo sin votar el
ascenso; que el 4 de febrero de 2016 el demandante dirigió una comunicación al
ministro de Defensa Nacional, en la que pidió que el Gobierno esperara el resultado
de las investigaciones en curso antes de adoptar decisiones que afectaran su carrera,
y que, mediante el Decreto 252 del 15 de febrero de 2016, el presidente de la
República y el ministro de Defensa Nacional dispusieron su retiro del servicio activo
por llamamiento a calificar servicios, sin que el Senado hubiera retomado el trámite de
aprobación.

140. La anterior secuencia fáctica resulta relevante para el análisis del cargo, pues

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evidencia que el retiro del demandante se produjo en un contexto cercano al trámite
de aprobación de su ascenso y a la existencia de señalamientos anónimos que fueron
puestos en conocimiento del Senado de la República. Sin embargo, esa sola
circunstancia no permite concluir, de manera automática, que el llamamiento a calificar
servicios hubiera sido utilizado con una finalidad distinta a la prevista por el
ordenamiento jurídico, por lo que corresponde determinar el alcance probatorio de los
elementos invocados por el apelante.

141. El demandante aduce que las declaraciones públicas atribuidas al entonces
presidente de la República y al entonces ministro de Defensa Nacional, hacen las
veces de confesión extrajudicial, toda vez que, a su juicio, de ellas se desprende que
el retiro del servicio estuvo relacionado con información proveniente de autoridades
de los Estados Unidos y con señalamientos formulados contra el actor, y no con
razones propias de renovación institucional o mejoramiento del servicio.

142. La jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que las publicaciones
periodísticas tienen un alcance probatorio distinto cuando reproducen declaraciones
o comunicaciones de servidores públicos, evento en el cual pueden ser apreciadas
como documentos demostrativos del contenido de la manifestación pública allí
registrada, sin perjuicio de su contradicción51.

143. No obstante, dicho alcance no equivale al de una confesión extrajudicial ni
permite tener por acreditada, de manera automática, la finalidad desviada del acto
acusado. Los artículos 217 del CPACA y 195 del CGP establecen que no valdrá la
confesión de los representantes de entidades públicas, cualquiera que sea el orden al
que pertenezcan. Por tanto, las declaraciones invocadas por el recurrente pueden ser
apreciadas como pruebas relevantes dentro del análisis indiciario, pero no sustituyen
la carga que le corresponde a la parte actora de demostrar que el llamamiento a
calificar servicios fue utilizado con un propósito ajeno al previsto por el ordenamiento
jurídico.

144. Diferente alcance tienen las notas de prensa allegadas al plenario, relativas a
la existencia de acusaciones anónimas y publicaciones que vinculaban al demandante
con grupos al margen de la ley. Estas piezas permiten acreditar que tales
señalamientos circularon públicamente y que hicieron parte del contexto en el que se
desarrolló el trámite de ascenso ante el Senado de la República, máxime cuando su
existencia también aparece referida en la comunicación del ministro de Defensa
Nacional del 3 de diciembre de 2015 y en las actuaciones adelantadas por el propio
demandante ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la
Nación. Sin embargo, no constituyen prueba de la veracidad de los señalamientos allí
divulgados ni permiten acreditar, por sí mismas, que la administración hubiera
expedido el acto acusado con fundamento en hechos ciertos o falsos allí narrados.

51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, radicado:

11001-03-15-000-2014-00105-00; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017,
radicado: 68001-23-31-000-2004-02448-01 (41161); Sección Quinta, sentencia del 17 de marzo de 2016, radicado:
76001-23-33-000-2015-01577-01.

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145. Con mayor razón, las columnas de opinión y publicaciones de carácter
valorativo solo pueden apreciarse como manifestaciones del debate público suscitado
alrededor del caso, pero no como prueba de los hechos que allí se comentan ni de la
finalidad que orientó la expedición del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016.

146. Ahora bien, en cuanto al trámite surtido ante el Senado de la República, la
solicitud de suspensión elevada por el ministro de Defensa Nacional constituye un
elemento relevante dentro del análisis indiciario, en la medida en que permite
establecer que los señalamientos anónimos y las publicaciones difundidas en medios
de comunicación incidieron en la decisión de no continuar, en ese momento, con la
votación del ascenso. No obstante, de esa circunstancia no se deriva, por sí sola, que
el posterior llamamiento a calificar servicios hubiera tenido una finalidad desviada,
pues la suspensión fue solicitada dentro del procedimiento previsto para la aprobación
de ascensos de oficiales generales, precisamente con el fin de que existiera claridad
sobre los hechos puestos en conocimiento del Gobierno nacional y del Senado.

147. En esas condiciones, las referidas manifestaciones permiten inferir que existía
un contexto de cuestionamientos y verificaciones institucionales frente al actor, pero
no acreditan, por sí solas, que la causal de llamamiento a calificar servicios hubiera
sido empleada como sanción encubierta o con un propósito contrario al buen servicio.

148. En esa misma línea, el informe de la DIJIN del 10 de diciembre de 2015 no
permite tener por demostrada la veracidad de los señalamientos formulados contra el
actor. Sin embargo, tampoco acredita que todas las verificaciones institucionales
hubieran concluido ni que las autoridades competentes hubieran descartado
definitivamente tales cuestionamientos antes de la expedición del acto acusado. En
efecto, se probó que la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una
investigación disciplinaria el 10 de noviembre de 2015, sin que obre prueba del
resultado de esa actuación.

149. En otras palabras, el material probatorio permite advertir la existencia de un
escenario de duda institucional alrededor del trámite de ascenso, pero no acredita que
el Gobierno nacional hubiera ejercido la facultad discrecional de llamamiento a calificar
servicios con animadversión, retaliación o propósito distinto al previsto por el
ordenamiento jurídico. En todo caso, conviene precisar que, aun si los indicios
examinados permitieran concluir que los señalamientos anónimos incidieron en la
decisión de suspender el trámite de ascenso ante el Senado de la República, ello no
equivale a demostrar que esa misma circunstancia determinó el retiro del servicio. Se
trata de dos decisiones distintas, adoptadas por autoridades diferentes y en momentos
diferentes, por lo que la influencia de los señalamientos en una de ellas no implica,
necesariamente, que hubiera determinado la otra.

150. En ese contexto, la inferencia que el apelante deriva de la proximidad temporal
entre la suspensión del trámite de ascenso y la expedición del decreto de retiro,
invocada por el apelante como indicio de la finalidad desviada, no pasa de ser una

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inferencia que, por sí sola, no tiene la entidad suficiente para acreditar que el
llamamiento a calificar servicios hubiera sido utilizado con un propósito ajeno al
previsto por el ordenamiento jurídico, máxime cuando dicha facultad puede ejercerse
en cualquier momento en que se cumplan los requisitos legales para ello.

151. Adicionalmente, incluso si se aceptara que la finalidad del retiro hubiera sido
impedir el ascenso del demandante, lo cierto es que el propio Decreto 2155 del 5 de
noviembre de 2015 condicionó expresamente dicha promoción a la aprobación del
Senado de la República, de conformidad con el artículo 173, numeral 2º, de la
Constitución Política. En esa medida, la postulación al grado de mayor general no
consolidaba un derecho adquirido, sino una expectativa sujeta al trámite constitucional
correspondiente, por lo que no es posible afirmar que, de no haberse producido el
retiro, el ascenso necesariamente habría sido aprobado por dicha corporación.

152. En consecuencia, aunque los indicios examinados resultan relevantes y deben
ser valorados de manera conjunta, no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016, pues no permiten
establecer, con el grado de convicción exigido, que el retiro del demandante hubiera
estado determinado por una finalidad espuria o ajena a la renovación institucional, al
buen servicio o a la preservación de la confianza propia del alto mando policial.

3.5.3. Cumplimiento de los presupuestos legales para expedir el Decreto 252 del
15 de febrero de 2016

153. Sobre el particular, sea lo primero precisar que, en el presente caso, no era
exigible concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
la Policía Nacional como antecedente del acto de retiro. En efecto, el artículo 1º de la
Ley 857 de 2003 prevé que el retiro de los oficiales de la Policía Nacional se efectuará
mediante decreto expedido por el Gobierno nacional y que, si bien la decisión debe
someterse, por regla general, al concepto previo de dicha Junta, esa exigencia no
aplica cuando se trata de oficiales generales.

154. En esa línea, el artículo 5º del Decreto Ley 1791 de 2000 clasifica como oficiales
generales de la Policía Nacional, entre otros, a quienes ostentan el grado de brigadier
general. Por tanto, como para la fecha de expedición del Decreto 252 del 15 de febrero
de 2016 el demandante tenía dicho grado, su retiro por llamamiento a calificar
servicios no requería concepto previo de la Junta Asesora ni acta de recomendación
que sirviera de antecedente formal de la decisión.

155. De esta manera, el control de legalidad del Decreto 252 del 15 de febrero de
2016 debe partir de verificar si el Gobierno nacional contaba con competencia para
expedirlo y si el demandante cumplía los presupuestos legales que habilitaban la
causal de retiro aplicada. Al respecto, está acreditado que el acto fue expedido por el
presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional y que el señor Luis
Eduardo Martínez Guzmán, para ese momento, contaba con más de 31 años de
servicio en la Policía Nacional, razón por la cual cumplía el requisito temporal exigido

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para ser retirado por llamamiento a calificar servicios, en tanto ya reunía las
condiciones para acceder a la asignación de retiro.

156. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los
fines de la figura del llamamiento a calificar servicios, conforme a lo señalado en la
sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, reiterada por la SU-237 de
2019, en la que se argumentó que:

Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite,
con el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera
cuando se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la
dignidad propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la
institución disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los
miembros de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la
recomendación de la Junta Asesora que corresponda.

157. En consecuencia, se cumplieron los presupuestos previstos en los artículos 1º
y 3º de la Ley 857 de 2003 y 57 del Decreto Ley 1791 de 2000, esto es, que el retiro
de los oficiales de la Policía Nacional se disponga mediante decreto expedido por el
Gobierno nacional, que el llamamiento a calificar servicios proceda cuando el
uniformado cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro y
que, tratándose de oficiales, suboficiales y agentes, dicha causal solo pueda aplicarse
después de 15 años de servicio, por lo que no se advierte infracción de la norma en
que se debía fundar ni falsa motivación del acto administrativo acusado. Igualmente,
cabe precisar que la recomendación de dicha junta tiene carácter discrecional en
relación con la determinación sobre la permanencia o no en el servicio del uniformado
sin que sea necesario dejar anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía
con lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de
2016, reiteradas en la SU-237 de 2019.

158. La Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir una
motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza la
figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»52.

159. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad renovar el personal, garantizar la dinámica de
la carrera de los uniformados y servir como herramienta de relevo y permeabilización
para el mejoramiento y la excelencia institucional.

52 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.

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160. Conforme a lo hasta aquí consignado, si bien el señor Luis Eduardo Martínez
Guzmán durante su trayectoria de servicio obtuvo diferentes títulos de posgrado
patrocinados por la Policía Nacional, condecoraciones, distintivos y felicitaciones,
estas circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta que impidiera
su desvinculación53.

161. Lo anterior se explica en la estructura jerárquica y piramidal de la Policía
Nacional, en la que la permanencia en determinados niveles de mando está
condicionada por las necesidades del servicio, la renovación institucional y la
disponibilidad de cupos. Por ello, una hoja de vida favorable no impone, por sí sola, la
permanencia indefinida en el servicio activo54.

162. De este modo, se encuentran acreditados los presupuestos objetivos del retiro
por llamamiento a calificar servicios, esto es, que el acto fuera expedido por el
Gobierno nacional y que el demandante cumpliera el tiempo requerido para acceder
a la asignación de retiro. En consecuencia, el Decreto 252 del 15 de febrero de 2016
se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales que regulan dicha causal, sin
que, en relación con este aspecto, se configure falsa motivación o infracción de las
normas en que debía fundarse.

163. En ese estado de cosas, y en línea con lo resuelto en el capítulo anterior, la
Sala no advierte que el acto administrativo demandado se hubiera apartado de la
finalidad propia del llamamiento a calificar servicios, esto es, permitir la renovación de
los cuadros de mando y la reestructuración del poder jerárquico de la Policía Nacional,
una vez acreditados los presupuestos objetivos para acudir a dicha causal.

164. Como se explicó, aunque la desviación de poder puede acreditarse mediante
prueba indiciaria, los elementos allegados al proceso deben permitir construir una
inferencia seria, concordante y suficiente acerca de la existencia de un móvil distinto
del previsto por el ordenamiento jurídico. En este caso, esa carga no fue satisfecha,
pues el material probatorio permite reconstruir un contexto de cuestionamientos y
verificaciones alrededor del trámite de ascenso, pero no demuestra que el retiro
hubiera sido dispuesto como sanción encubierta, represalia o mecanismo ajeno al
buen servicio55.

165. Bajo ese marco, de las pruebas recaudadas no se desprende que el Gobierno
nacional hubiera ejercido la facultad de llamamiento a calificar servicios con una
finalidad espuria o contraria a la renovación institucional. Por tanto, no se desvirtuó la
presunción de legalidad del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016, razón por la cual
no prosperan los cargos de falsa motivación, infracción de las normas en que debía
fundarse y desviación de poder.

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2012, expediente 05001-23-

31-000-2002-00428-01 (0871-11).
54 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,

proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2026, radicado: 47001-23-
33-000-2016-00395-01 (2491-2021).

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3.6. Conclusión

166. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la parte demandante no
logró desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto 252 del 15 de febrero de 2016,
mediante el cual el Gobierno nacional dispuso el retiro del servicio activo del brigadier
general Luis Eduardo Martínez Guzmán por llamamiento a calificar servicios.

167. En efecto, se acreditó que el acto fue expedido por la autoridad competente,
que el demandante contaba con el tiempo requerido para acceder a la asignación de
retiro y que, por ostentar el grado de brigadier general, no era exigible concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional.
Asimismo, si bien el material probatorio permite reconstruir un contexto de
señalamientos anónimos, publicaciones de prensa, solicitudes de verificación y
suspensión del trámite de ascenso ante el Senado de la República, tales elementos
no demuestran que el retiro hubiera sido dispuesto con una finalidad sancionatoria,
retaliatoria o ajena al buen servicio.

168. En consecuencia, no prosperan los cargos de falsa motivación, infracción de
las normas en que debía fundarse el acto y desviación de poder formulados contra el
Decreto 252 del 15 de febrero de 2016. Así, aunque se revocará el ordinal primero de
la sentencia apelada, para declarar no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la Policía Nacional, se confirmará en lo demás
la decisión de primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

3.7. Costas

169. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario56 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas, debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

170. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

56 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Luis Eduardo Martínez Guzmán y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 24 de marzo de
2026, y, en su lugar, declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Policía Nacional.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 24 de marzo de 2026,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión
Judicial Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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