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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00931-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00931-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida 18 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. En su lugar, se dispone no condenar en costas de primera instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022) Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que negó las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Alberto Garzón Garzón contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto: – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251- 2024) Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA YHSB CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-00931-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Temas: Retiro por llamamiento a calificar servicios

Sentencia de segunda instancia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. Carlos Alberto Garzón Garzón presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Resolución 6209 del 22 de julio de 2015 proferida por el ministro de defensa
y mediante la cual se dispuso su retiro del servicio del Ejército Nacional por
llamamiento a calificar servicios;

(ii) Acta 10 dictada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa el 26 de
diciembre de 2014 en la que se recomendó el retiro;

1
Folios 1 a 60 del expediente físico.
2
En adelante CPACA.

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Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

(iii) Acta 4382 del 10 de octubre de 2014 expedida por el Comité de Evaluación
del Ministerio de Defensa.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) su reincorporación «al grado militar que le correspondía en concordancia
con la que ostenten sus compañeros», sin solución de continuidad; ii) el pago de los
salarios dejados de percibir de manera indexada desde el retiro del servicio y
hasta su reintegro; y iii) el pago de los daños morales a título de reparación
integral en la suma de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Carlos Alberto Garzón Garzón señaló como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Se vinculó a las Fuerzas Militares desde el 18 de abril de 1986 como soldado
bachiller y luego como alumno de la Escuela Militar de Cadetes el 3 de marzo de
1987. A lo largo de su trayectoria ocupó los cargos de alférez, subteniente,
teniente, capitán, mayor y, por último, teniente coronel.

3.2. En el desempeño de su actividad profesional recibió un total de 180
felicitaciones por parte de sus superiores y recibió múltiples condecoraciones de
las autoridades civiles y militares. Dentro de estas se encuentran la Orden de
Mérito Militar «José María Córdoba categoría oficial», las medallas «Batalla de
Ayacucho», «Miguel Antonio Caro», «al mérito Policía Militar», «Escuela Militar de
Cadetes Servicios Distinguidos», «Marco Fidel Suárez», «Servicios distinguidos», entre
otras. Asimismo, entre los años 2009 a 2014 estuvo siempre en los puestos 1 a
11 del escalafón militar que le hacía merecedor al ascenso y nunca fue objeto de
investigaciones administrativas, disciplinarias o penales que comprometieran su
responsabilidad.

3.3. A través de la Resolución 6209 del 22 de julio de 2015 notificada el 28 del
mismo mes y año el Ministerio de Defensa dispuso su retiro del servicio activo de
las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 15, 25, 53, 122, 123, 125,
209, 217 y 253 de la Constitución Política; los decretos 1790 y 1799 de 2000; y
los artículos 1, 3, 5, 6, 68, 67, 138, 152, 156, 230, 231, 232, 233 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que la entidad al expedir los actos
administrativos demandados desconoció las normas constitucionales que
protegen el derecho al trabajo, puesto que para declarar el retiro del servicio
debió realizar el procedimiento establecido en la ley que incluye la posibilidad de
presentar descargos y exige el concepto de la comisión de personal. Al no hacerlo
los actos enjuiciados incurrieron en las siguientes causales de nulidad:

5.1. «Expedición irregular» y «[f]alta de notificación del acta de la junta asesora». Se
generó porque al demandante no se le notificó el concepto proferido por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa y el concepto dictado por el Comité de

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Evaluación previo a disponer el retiro. Ello en contravía de lo ordenado por el
artículo 99 del Decreto 1790 de 2000.

5.2. «Desviación de poder». Por ser los miembros del Ejército Nacional beneficiarios
de la carrea especial su permanencia y ascenso dependen del excelente
desempeño, tal como lo prescriben los decretos 1790 y 1799 del 2000. Por ende,
no se sujeta al capricho del comandante. En el presente caso, en la calificación
hecha al demandante no se tuvo en cuenta su desempeño y se prescindió de su
trabajo. No se buscó el mejoramiento del servicio, pues se tuvieron como razones
las anotaciones negativas que habían sido aclaradas previamente, se ascendió
a militares que tenían calificaciones inferiores y, además, no se examinaron las
anotaciones en su hoja de vida, las calificaciones de servicio, que no había sido
objeto de sanción alguna y tampoco las recomendaciones positivas que hicieron
sus superiores.

5.3. «Falta motivación». Todo oficial tiene derecho a «conocer previamente el nivel
mínimo de rendimiento» para permanecer en el servicio y ascender y la evaluación
que se haga debe ser motivada y notificada. El no hacerlo vulnera el debido
proceso del uniformado, pues se le impide ejercer su derecho de defensa.

5.4. «Falta de competencia de quien firmó la resolución que se demanda». Por mandato
del artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, el competente para proferir el acto de
retiro de un oficial era el presidente de la República y no el ministro de defensa.

5.5. «Falsa motivación». Se configuró la causal porque en el acto administrativo de
retiro el ministro de defensa afirmó que la decisión no contradecía el debido
proceso y no constituía una sanción, sino la búsqueda del bienestar general. Tal
aseveración se apartó de los mandatos establecidos en los artículos 4, 6, 11, 12,
13, 145, 21, 25, 29 constitucionales y vulneró la garantía de presunción de
inocencia, pues era una manipulación del ordenamiento jurídico para desconocer
la estabilidad laboral del demandante. Ello, puesto que al no existir en su contra
investigaciones o sanciones vigentes que disminuyeran su confiabilidad lo
expresado en el acto «se erige sin lugar a duda como falsa motivación».

1.2. Contestación de la demanda3

6. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
7. El buen desempeño durante la prestación del servicio no otorga fuero de
estabilidad a los miembros de las fuerzas militares, puesto que esta es una
obligación de todo servidor público para desempeñar el empleo.

8. El
demandante debió desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados. Con la demanda no se aportó prueba que
demostrara que se expidieron de manera ilegal.

9. De conformidad con los artículos 99 y 100, literal (a), numeral 8, y 104 del
Decreto 1790 de 2000, para que procediera el retiro del servicio de un militar solo

3
Folios 513 a 540 del expediente.

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

era necesario que cumpliera con el tiempo de servicio para obtener la asignación
de retiro. Tales normas no exigían como requisito que se evaluaran las
calificaciones de los uniformados ni que se expresaran los motivos que
sustentaban el retiro o las razones expresadas por la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa o por el Comité de Evaluación al definir los ascensos. Se presumía
que la medida era para mejorar el servicio.

10. Para el ejercicio de la facultad discrecional no era necesario agotar un trámite
administrativo previo en el que se juzgara la conducta del militar. Ello, por cuanto
la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicio buscaba la mejora del
servicio y no la penalización de faltas. En ese sentido, no era posible señalar que
se vulneró el derecho de defensa.

11. El demandante fue retirado del servicio después de verificar que completó los
requisitos para recibir la asignación de retiro. En la resolución que así lo dispuso
no se faltó a la verdad, pues se fundamentó en las normas que regían el retiro
por llamamiento a calificar servicios. Además, debía considerarse que no todos
los miembros de las Fuerzas Militares podían ser ascendidos por razones
administrativas y por ello el legislador previó la forma de determinar su retiro.

1.3. Sentencia de primera instancia4

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 18 de febrero de 2021.
Asimismo, condenó en costas al demandante por agencias en derecho por un
monto equivalente al 1% de la tasación de las pretensiones de la demanda. La
decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

12.1. Según lo regulado en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000
el retiro por llamamiento a calificar servicios procedía cuando el oficial cumplía
con los requisitos para obtener la asignación de retiro y existía concepto favorable
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y sus razones debían obedecer al
mejoramiento del servicio.

12.2. En el presente caso, para la fecha del retiro, el demandante había
completado un total de 26 años, 8 meses y 9 días de servicio activo. Es decir,
que había cumplido con los requisitos para el reconocimiento de la prestación
social aludida previstos en el Decreto 991 de 2015 que exige 15 años. Por tal
razón, el acto administrativo demandado no fue arbitrario.

12.3. Dentro del proceso no se probó que la desvinculación del Carlos Alberto
Garzón Garzón hubiese sido la apertura de una investigación disciplinaria por
posible acoso laboral. Por el contrario, se demostró que la investigación aludida
fue archivada el 12 de diciembre de 2014 antes de que se profiriera el acto de
retiro que data del 22 de julio de 2015.

12.4. Las anotaciones negativas existentes en su hoja de vida fueron tenidas en
cuenta por el Comité Evaluador para no recomendar el ascenso del demandante.
Específicamente las realizadas el 15 de agosto y 14 y 20 de septiembre de 1999,

4
Folios 677 a 684.

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Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

el 8 de noviembre de 2002 y del 26 de diciembre de 2016. Aunque Carlos Alberto
Garzón Garzón denunció al ministro de defesa y a los miembros del comité
mencionado por injuria y calumnia por estas anotaciones, lo cierto era que dentro
del proceso no se acreditó alguna condena penal por ello. En tal sentido, no se
probó la existencia de una desviación de poder en ejercicio de la facultad
discrecional.

12.5. El hecho de haber prestado el servicio con excelente desempeño no le
otorgaba el derecho a ascender dentro de las Fuerzas Militares debido a su
estructura piramidal. Por consiguiente, la decisión de retirar del servicio al
demandante por llamamiento a calificar servicios no podía ser considerada como
una sanción. Además, dentro del proceso no existía prueba que permitiera
determinar que el acto de retiro hubiese sido expedido con desviación de poder,
falsa motivación y violación del principio de legalidad.

12.6. El acto administrativo que debió ser notificado era la resolución que dispuso
el retiro del servicio y tal actuación se hizo en debida forma. El acta de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa al ser un acto de trámite del anterior no debía
ser notificado. Por lo anterior, no se vulneró el debido proceso del uniformado.

12.7. El acto administrativo de retiro fue proferido por el ministro de defensa porque
el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000 establecía que el retiro de los oficiales se
disponía a través de una resolución ministerial. Por lo tanto, no se configuró la
falta de competencia.

12.8. La condena en costas era procedente por la expresa remisión que hacía el
artículo 188 del CPACA al artículo 365 del CGP que disponía su imposición a la
parte vencida dentro del proceso. Su tasación en el equivalente al 1% del valor
de las pretensiones, correspondía a lo previsto en el artículo 361 del CGP y el
Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.

1.4. Recurso de apelación5

13. Carlos Alberto Garzón Garzón interpuso el recurso de apelación y expuso las
siguientes razones como argumentos para la revocatoria de la sentencia:

13.1. El fallo desconoció el contenido del Decreto 1799 de 2000 que desarrolló el
artículo 125 Constitucional, puesto que no tuvo en cuenta su excelente
desempeño, su hoja de vida, la calificación sobresaliente y de «muy confiable»
que le otorgó el Comité Evaluador y que lo ubicó en el puesto 11 entre 146
oficiales, tampoco las recomendaciones de idoneidad hechas en su favor por 6
generales y 8 coroneles. Tal actuación vulneró su derecho a ser ascendido, por
cuanto el resultado de tal evaluación no se tuvo en cuenta ni la posición que
ocupó que le otorgó una posición privilegiada «para mantenerse en servicio y ser
seleccionado para ascender al grado superior».

13.2. La aplicación que se dio al Decreto 1790 de 2000 violó la Constitución
Política, específicamente los derechos al trabajo (artículo 25), a elegir profesión
(artículo 26), al debido proceso (artículo 29) y al mérito (artículo 125). Ello, pues

5
Folios 695 a 725 y 734 a 742.

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la profesión de militar gozaba de estabilidad laboral por virtud del artículo 220
Constitucional y porque el mérito era la razón para ocupar y mantenerse en los
empleos públicos. Por lo tanto, debía «[…] darse plena aplicación al decreto ley 1799
de 2000, relacionado con la evaluación y clasificación del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares […]».

13.3. La aseveración que hizo el tribunal relacionada con que el retiro por
llamamiento a calificar servicios exigía solo el cumplimiento de los requisitos para
obtener la asignación de retiro y que en el presente caso no era necesario el
concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa contradijo lo reglado en
el Decreto 1799 de 2000 y desconoció el debido proceso porque la evaluación
debe ser tenida en cuenta y de ello «[…] solo se excluye al personal de generales y
oficiales de insignia […]».

13.4. Los cargos que ocupó durante su carrera militar como capitán de
contrainteligencia, mayor con oficios de oficial de inteligencia y como teniente
coronel en la central de inteligencia de la Brigada 13 demostraban que era un
uniformado de «extrema confianza» y ello fue la razón de la calificación otorgada
por el Comité de Estudios que le concedió el derecho a ser ascendido. En tal
sentido, la concepción del llamamiento a calificar servicios como una salida
decorosa y de terminación de la carrera militar no se acompasaba con la
dedicación de los uniformados al servicio militar y reñía contra su honor y orgullo.
Por ende, la providencia debía ser revocada y darse plena aplicación al mérito
previsto en el artículo 125 Constitucional y al Decreto 1799 de 2000 que
determina el esfuerzo individual.

13.5. En el presente asunto debía darse aplicación a la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 7 de abril de 20226 que «[…] fijó las reglas
jurisprudenciales para retirar del servicio por voluntad del gobierno, en ejercicio de la
facultad discrecional, al personal uniformado de la Policía Nacional y de la Fuerza
Pública […]». En ese sentido, la recomendación para el retiro del servicio de la
Junta Asesora y del Comité de Evaluación debió ser fundada en razones
objetivas. Además, tales actas debieron ser notificadas al uniformado y la medida
debía ser proporcional y razonable.

13.6. La condena en costas atentó contra el derecho de acceso a la administración
de justicia, máxime cuando no existió actuación temeraria o de mala fe y no se
probó su causación ni la de las agencias en derecho.

14. Porlo demás, el recurso de apelación reprodujo de manera textual el
contenido de la demanda, específicamente el concepto de violación sin agregar
argumentos adicionales.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

15. Las partes no se pronunciaron dentro del término otorgado por el numeral 4
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

1.6. El Ministerio Público

6
Radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).

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Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

16. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
se pronunciaron.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Problemas jurídicos

17. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿El Ministerio de Defensa aplicó en debida forma el retiro por llamamiento
a calificar servicios regulado en el Decreto 1790 de 2000, en relación con el
demandante o debió tener en cuenta los resultados de la evaluación que
regla el Decreto 1799 de 2000?

(ii) ¿procedía la condena en costas en primera instancia?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Regulación del retiro de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar
servicios y su diferencia con el retiro del servicio por voluntad del gobierno o
discrecional

18. El Decreto 1790 de 20007, en su artículo 99, reguló el concepto de retiro de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares como la situación en la que estos
«sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la
obligación de prestar servicios en actividad».

19. Asimismo, prescribió que la autoridad competente para determinar el retiro del
servicio, cuando se trate de oficiales con grado de general y de insignia, coronel
o capitán de navío, es el gobierno nacional mediante decreto. En el caso de los
demás grados, incluidos los suboficiales, lo es el ministerio del ramo o su
delegado, el comandante general o de fuerza a través de resolución. La norma
también reglamentó que el retiro de los oficiales, salvo aquellos con grado de
general y de insignia, requiere un concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa.

20. A su vez, el decreto aludido, en su artículo 100, definió las causales de retiro
agrupándolas en «[r]etiro temporal con pase a la reserva» y «[r]etiro absoluto». Dentro
de las primeras incluyó el retiro por llamamiento a calificar servicios y el
discrecional.

21. La causal por llamamiento a calificar servicios fue regulada en el artículo 103
ibidem, norma que indicó que «[l]os Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido
los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro», con lo cual se estableció
este requisito como condición necesaria y obligatoria para que proceda la
medida.

7
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares».

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

22. A su vez, la jurisprudencia ha señalado que dicha causal conlleva el ejercicio
de una facultad discrecional dispuesta por el gobierno nacional. Aquella busca y
permite el relevo jerárquico dentro de las Fuerzas Militares, puesto que da lugar
al ascenso de algunos de sus miembros y, también, define el retiro de otros, de
suerte que se facilita la promoción del personal8. Así, esta medida opera ante la
imposibilidad de ascender a todos los miembros de las Fuerzas Militares dada la
estructura piramidal de la institución. Por ser esta su finalidad, su ejercicio no
constituye una sanción para el uniformado que es retirado. Así lo manifestó la
Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 19959 de la siguiente manera:

«[…] “calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad
discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial
en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o
desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea
jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para
permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye
ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los
cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de
ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente
laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las
inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza
pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir,
en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al
personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en
apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que
les es propio.»

23. En ese orden, el acto administrativo que decide el retiro por llamamiento a
calificar servicios no debe ser motivado, pues es la ley la que de forma expresa
lo motiva. En efecto, la jurisprudencia ha manifestado que la motivación «[…] está
dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos
requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la
asignación de retiro»10. En consecuencia, no son necesarias razones distintas de
las citadas, salvo para los oficiales a los que alude el artículo 99 del Decreto 1790
de 2000, en cuyo caso también se requiere del concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa11.

24. Lo anterior no significa que el uniformado que esté en desacuerdo con su retiro
este imposibilitado para discutir su legalidad, puesto que si considera que la
motivación del acto administrativo en realidad constituye una sanción y que no
acata los parámetros de legalidad explicados, puede solicitar su nulidad y, en
todo caso, le corresponderá demostrar que su desvinculación obedeció a motivos

8
«[N]o es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por
razones de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior
como medio». Sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda - Subsección A. Radicación: 25000-23-42-000-2013-04452-01 (4451-2017).
Demandante: Justo Eliseo Peña Sánchez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional. CP Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D.C., 16 de julio de 2020.
9
C-072 de 1995, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
10
Sentencia SU-091 del 25 de febrero de 2016.
11
Posición asumida en las sentencias: SU- 217 de 28 de abril de 2016 de la Corte Constitucional
y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01997-01(0631-15) del 31 de octubre de 2018.Referencia:
Llamamiento a calificar servicios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

distintos del natural relevo generacional dentro de las Fuerzas Militares, en razón
a que se presume la legalidad del acto12.

25. La Sala debe precisar que el buen desempeño en el ejercicio de las funciones
por parte de los militares no impide el retiro por llamamiento a calificar servicios,
ya que no les otorga un fuero de estabilidad, toda vez que este es un deber
inherente y natural al ejercicio del empleo, por lo que no puede ser considerado
como una razón de inamovilidad laboral13.

26. En cuanto al retiro discrecional el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000
prescribe que procede «por razones del servicio y en forma discrecional» y, a su vez,
permite el retiro de oficiales y suboficiales «con cualquier tiempo de servicio, previa
recomendación del Comité de Evaluación». De igual manera, la norma exige que
«[c]uando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares».

27. De conformidad con el criterio jurisprudencial, el retiro discrecional es una
atribución de carácter legal otorgada al gobierno nacional para retirar al personal
militar con el fin de mejorar el servicio, por lo que puede ejercerla en cualquier
tiempo y sin esperar que el uniformado objeto de la medida tenga derecho a la
asignación de retiro y solo se requiere, por así ordenarlo el aludido artículo 104,
el concepto del comité o junta mencionados. Lo dicho, en tanto que con ella se
busca garantizar el cumplimiento de la misión encomendada por la ley y la
Constitución14.

28. De esta manera, la autoridad competente para aplicar tal potestad y alcanzar
el fin que persigue, debe contar, como único requisito, con el concepto previo
emitido por el Comité Evaluador o la Junta Asesora. Tal recomendación, de
conformidad con la sentencia de unificación emitida por esta Sección sobre la
materia «[…] deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad
o capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la
sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan entrever su
correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad»15, de suerte que la
decisión no sea arbitraria y sí busque mejorar el servicio.

29. Al igual que el acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, el que dispone el retiro discrecional no requiere motivación. Sin

12
La Corte Constitucional en la sentencia SU-091 de 2016 manifestó que en estos casos:
«[…]quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de llamamiento a
calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y tendrá a su carga la demostración probatoria del uso de la herramienta para
propósitos discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza
Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar
servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá
responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten» (Se resalta).
Esta postura también se encuentra en la sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-
01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Sentencia del 19 de julio de 2019.
14
Sentencia SU-091 de 2016.
15
Primera regla de unificación de la sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022. Consejo de
Estado, Sección segunda. Demandante: Luis Alfredo Burgos Pabón. Demandado: Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Tema. Retiro del servicio por voluntad del gobierno
nacional. Radicado: 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016). Bogotá 7 de abril de 2022.

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embargo, las razones que se indican en la recomendación del comité o junta
referida constituyen su fundamento, por lo que tiene que ser coherente con la
finalidad que persigue el ejercicio de la facultad y debe ser puesta en
conocimiento del militar sobre quien recae para que, si a bien lo considera, debata
su legalidad.

30. Así lo definió la aludida sentencia de unificación, al indicar en la segunda regla
que «[e]n la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al interesado, la
correspondiente institución deberá entregarle copia de la referida recomendación y sus
soportes; y de comportar carácter reservado, de igual modo, se deberá garantizar su
acceso a ellos, con la obligación de preservar tal condición. Lo anterior no habilita al
retirado para recurrir la decisión en sede administrativa»16. Lo anterior, no significa
que la decisión deba estar precedida de un procedimiento administrativo previo
que dé lugar al debate en sede administrativa, pues ello desvirtuaría la
discrecionalidad de tal facultad17.

31. Por último, quien fue desvinculado a través de un acto administrativo proferido
en ejercicio de la facultad de retiro discrecional puede demandarlo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, si considera que con su expedición
se tuvo un fin o motivo diferente del mejoramiento del servicio; en ese caso,
deberá probar la desviación de poder o la falsa motivación para desvirtuar su
presunción de legalidad18.

32. Así las cosas, las características del retiro por llamamiento a calificar servicios
y el retiro discrecional y sus similitudes y diferencias se pueden resumir en los
siguientes aspectos:

Acta de retiro por llamamiento a Acto de retiro por decisión
calificar servicios discrecional
Se aplica con el fin de facilitar el relevo Procede por razones de mejoramiento del
jerárquico dentro de las Fuerzas Militares. servicio, pues se profiere para garantizar
el cumplimiento de la misión y la función
asignada.
Solo pueden ser retirados los militares Permite el retiro de militares con cualquier
que hayan cumplido con los requisitos tiempo de servicio. El único requisito que
para tener derecho a la asignación de se debe cumplir es el concepto del Comité
retiro. o Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional.
Su ejercicio no es una sanción para el Su ejercicio no constituye por sí solo una
uniformado que es retirado. sanción, pero sí debe estar sustentado en
razones objetivas y de conformidad con la
trayectoria del uniformado.
El acto administrativo no debe ser No requiere motivación, pero su
motivado. La ley contiene la motivación. fundamento son las razones objetivas
dadas por el Comité o Junta Asesora,
según corresponda.
El buen desempeño en el ejercicio de las La conducta del uniformado es la que
funciones no impide el retiro por debe ser tenida en cuenta para
llamamiento a calificar servicios. determinar su retiro.
Para disponer el retiro de los oficiales se Para retirar los oficiales se requiere previo
requiere el concepto previo de la Junta concepto de la Junta Asesora del
Asesora del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares.

16
Segunda regla de unificación, ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem y sentencia SU-091 de 2016.

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Puede ser demandado si se considera Puede ser demandado, si se considera
que su expedición no tuvo como motivo ni que las razones de la decisión no son
fin el relevo generacional. En todo caso, objetivas ni razonables. En todo caso, el
el demandante debe probarlo. demandante debe probarlo.

2.3. Análisis del caso concreto

2.3.1. Lo probado en el proceso

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

33.1. De acuerdo con la hoja de vida, el demandante ingresó a las Fuerzas
Militares desde el 18 de abril de 1986 como saldado bachiller, luego desde el 1
de marzo de 1987 como cadete y se desempeñó como alférez, teniente, capitán,
mayor y teniente coronel, último grado que ocupó, hasta su retiro del servicio
mediante la Resolución 6209 del 22 de julio de 201519. En total 26 años, 8 meses
y 9 días de servicio.

33.2. En tal documento consta también que durante el servicio recibió múltiples
condecoraciones (18), distintivos militares (10), felicitaciones (189).

33.3. En la Certificación 690 del 18 de febrero de 2019 suscrita por la coordinadora
del Grupo Centro Integral de Servicios al Usuario de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares se señaló que el demandante le fue reconocida la asignación
de retiro «a partir del 22 de octubre de 2015»20.

33.4. En Acta 10 del 28 de diciembre de 2014 la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa recomendó el retiro por llamamiento a calificar servicios del
demandante y otros uniformados al encontrar que tales oficiales «[…] tienen
derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en los artículos 100, literal
(a), numeral 3 (modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) y el artículo 103
(modificado por el artículo 25 de las Ley 1104 de 2006) del Decreto ley 1790 de 2000,
recomendado por unanimidad el retiro del servicio activo por Llamamiento a Calificar
servicios […]»21.

33.5. En el acta también se indicó que el Comité de Evaluación designado para
estudiar el ascenso de los uniformados con grado de teniente coronel «[…]
determinó no considerar al teniente coronel GARZÓN GARZÓN CARLOS ALBERTO,
teniendo en cuenta que del estudio de su historia laboral se encontraron diferentes
anotaciones negativas que ha tenido durante su carrera militar, especialmente en el
incumplimiento de órdenes, actividades administrativas y operacionales con resultados
negativos, que le impide contar con la confianza de sus superiores y subalternos para
desempeñar funciones como coronel […]».

El documento fue suscrito por el ministro de defensa, el director de personal del
Ejército Nacional, el general y comandante de la Fuerza Aérea, el comandante
del Ejército Nacional, el comandante de la Armada Nacional, y el comandante
general de las Fuerzas Militares.

19
Folios 86 a 98.
20
Folio 622.
21
Folios 638 a 646.

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33.6. Con la Resolución 6209 del 22 de julio de 2015 el Ministerio de Defensa
Nacional dispuso el retiro del servicio del demandante por la causal de retiro por
llamamiento a calificar servicios. En el acto administrativo se citó el contenido del
Acta 10 del 28 de diciembre de 2014 de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, se hizo alusión a que el demandante no fue seleccionado para el
ascenso y a que la estructura piramidal de las Fuerzas Militares impedía a todo
su personal ascender ya que el buen desempeño de las funciones no otorgaba
«fuero de estabilidad». También se indicó lo siguiente22:

«[…] Que si bien es cierto, el señor teniente coronel Carlos Alberto Garzón Garzón,
tuvo condiciones y capacidades profesionales y militares, que le permitieron
alcanzar el grado actual, estas conforme a la evaluación realizada por el Comité
de Evaluación, según Acta N° 4382 registrada en el Folio 73 de fecha 10 de
octubre de 2014, no permiten sostener la continuidad del señor oficial en la
Institución Castrense, aspecto que sustenta el mejoramiento continuo del servicio
conforme a la Constitución y la Ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 0991 de 2015,
los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, escalafonados con
anterioridad al 31 de diciembre de 2004, tendrán derecho cuando sean retirados
del servicio activo después de 15 años, por llamamiento a calificar servicios, entre
otras causales, a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares les pague una asignación mensual de retiro.

Que según certificación de fecha 20 de enero de 2015, suscrita por el Oficial de
Altas y Bajas de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, el señor Teniente
Coronel Carlos Alberto Garzón Garzón cuenta con un tiempo de servicio superior
a veintisiete (27) años […]» [sic]

33.7. A través del Acta 4382 del 10 de octubre de 2014 el Comité de Evaluación
de los oficiales de grados tenientes coroneles decidió no recomendar para el
ascenso al demandante23.

33.8. El comando de personal y dirección de personal del Ejército Nacional con
oficio radicado 2020305000001761 del 2 de enero de 2020 certificó que a Carlos
Alberto Garzón Garzón se le inició el proceso disciplinario radicado 2012-8198-
419107 por el «presunto acoso laboral contra la señora Lady Mónica Quevedo» y que
fue archivado a través del auto del 12 de septiembre de 201424.

33.9. Con escrito radicado 20156111263002 del 8 de octubre de 2015 el
demandante denunció al ministro de defensa y a los integrantes del Comité
Evaluación de ascensos por los delitos de injuria y calumnia por negar su ascenso
basado en «[..] conductas que no corresponden a la realidad […]» y que atentaba
contra su buen nombre y sus derechos laborales25.

33.10. Con la demanda se aportaron varios conceptos de «idoneidad»26 en los que
se recomendó el ascenso del demandante por su excelente desempeño militar.
Algunos de ellos tienen fecha y otros no. Aquellos, fueron suscritos por el jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (sin fecha), el subjefe del estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares del 12 de mayo de 2014, el jefe de

22
Folios 83 a 85.
23
Folios 356 a 360.
24
Folios 636 a 637.
25
Folios 412 y 413.
26
Folios 100 a 117.

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inteligencia y contrainteligencia militar conjunta (sin fecha), el comandante del
Comando 3 Conjunto Sur Oriente del 19 de junio de 2014 y el jefe de la Jefatura
de Acción Integral Conjunta de las Fuerzas Militares (sin fecha).

33.11. Las evaluaciones de desempeño del demandante en el grado de teniente
coronel en el área de inteligencia militar por el período comprendido por los años
2012 y 2013 indican que fue calificado en la lista 3 y que obtuvo los siguientes
indicadores27:

Indicador evaluación
Condiciones personales Muy bueno
Ética militar Bueno
Condiciones profesionales Bueno
Ejercicio del mando Bueno
Competencia administrativa Bueno
Desempeño en el cargo Muy bueno
Cultura física Excelente

2.5.1. Análisis de la Sala

34. Carlos Alberto Garzón Garzón manifestó que el fallo (i) vulneró el Decreto
1799 de 2000 al no tener en cuenta al momento de examinar la legalidad de los
actos demandados su hoja de vida, la calificación sobresaliente y de «muy
confiable» que le otorgó el Comité Evaluador y que lo ubicó en el puesto 11 entre
146 oficiales, tampoco las recomendaciones de idoneidad hechas en su favor; (ii)
al aplicar el Decreto 1790 de 2000, obvió que la profesión de militar gozaba de
estabilidad laboral y que el mérito era la razón para ingresar, ascender y
mantenerse en servicio; (iii) desconoció que para decretar el retiro del servicio
era necesario el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa según
el Decreto 1799 de 2000; y finalmente (iv) sostuvo que debía darse aplicación a
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de abril de 202228.

35. Pues bien, la Sala encuentra probado que el Ministerio de Defensa en la
Resolución 6209 del 22 de julio de 2015 se ajustó a lo regulado en los artículos
100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, puesto que ordenó el retiro del servicio del
demandante al encontrar acreditado el tiempo de servicio necesario para obtener
la asignación de retiro al indicar que laboró 27 años y superó los 15 años que
exige el artículo 1 del Decreto 0991 de 2015 para ello. Asimismo, se acreditó que
en la actualidad recibe la prestación social, según se indicó en la Certificación
690 del 18 de febrero de 2019 suscrita por la coordinadora del Grupo Centro
Integral de Servicios al Usuario de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

36. De igual manera, el Ministerio de Defensa cumplió con lo dispuesto en el
artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, puesto que retiró del servicio a Carlos
Alberto Garzón Garzón una vez obtenido el concepto previo de su Junta Asesora
contenido en el Acta 10 del 28 de diciembre de 2014, en el que recomendó no
ascenderlo y por consecuencia retirarlo del servicio por alcanzar las exigencias
para recibir la asignación de retiro, requisito necesario por ser un oficial con rango

27
Folios 260 a 265. Información incluida en el CD visible en folio 648.
28
Radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
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de teniente coronel.

37. Caber precisar que la junta se limita a dar una recomendación discrecional
sobre la permanencia o no en el servicio del uniformado sin que sea necesario
que plasme razones de desempeño laboral. Así lo indicó la Corte Constitucional
en las sentencias SU-091 y SU-217, ambas de 2016. En esta última manifestó
que «[t]al y como lo advirtió la sentencia SU-091 de 2016 los actos administrativos por
los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una
motivación expresa más allá de la extratextual contemplada en la ley y que el buen
desempeño laboral de los oficiales no representa una estabilidad laboral absoluta que
impida la renovación de los cuadros de mando en las Fuerza Pública. Es así, como la
providencia también incurrió en el defecto sustantivo en la medida en que señaló que se
debía motivar la recomendación de la Junta de Asesores cuando la misma es un acto
discrecional que goza de la presunción de legalidad»29 [sic].

38. Por lo anterior, si bien es cierto el demandante durante el desarrollo de su
actividad militar obtuvo múltiples condecoraciones (18), distintivos militares (10)
y felicitaciones (189) y que en la evaluación de desempeño como teniente coronel
en el área de inteligencia militar por el período comprendido por los años 2012 y
2013 fue calificado en la lista 3 y que obtuvo la calificación de «muy bueno» en el
desempeño del cargo, ello no le otorgaba un fuero de estabilidad absoluta que
impidiera su desvinculación. En efecto, el retiro por llamamiento a calificar
servicios procede incluso si el militar ejerció en debida forma sus funciones, ya
que ello es un deber inherente y natural al desempeño del empleo. Además, el
propósito de esta causal de retiro es permitir la renovación jerárquica de las
Fuerzas Militares lo que se logra con la promoción de alguno y el retiro de otros,
en atención a la estructura piramidal del mando de la institución.

39. A lo anterior se suma que el Comité Evaluador a través del Acta 4382 del 10
de octubre de 2014 decidió no recomendar para el ascenso al demandante. Por
tal razón, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa no procedió a ello y dispuso
su desvinculación por llamamiento a calificar servicios amparada en que
completó los requisitos para recibir la asignación de retiro.

40. En este punto cabe precisar que a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
le corresponde, por disposición del numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de
200030, la función de emitir dos tipos de recomendaciones al gobierno nacional.
Así, le compete sugerir i) los nombres de los oficiales que, a su juicio, deben ser
ascendidos; y ii) cuáles de ellos deberían ser retirados por llamamiento a calificar
servicios o por otra causal. Ambas recomendaciones, aunque las profiere la
misma junta, obedecen a causas distintas.

41. En efecto, el ascenso de los oficiales se rige por lo reglado en los artículos 51,
53 y 55 del Decreto 1790 de 2000, normas que fijan los requisitos que se deben

29
La sentencia citada indicó ello al declarar que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en
un defecto sustantivo al exigir en una sentencia que la recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa estuviera motivada.
30
«3. Aprobar o modificar las clasificaciones de los Oficiales y recomendar al Gobierno, por
intermedio del Ministro de Defensa Nacional los ascensos, llamamientos al servicio y retiros
de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como recomendar los
nombres de los Oficiales Superiores que deban asistir a los cursos reglamentarios, de acuerdo
con las normas legales sobre la materia». (Se resalta).

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acreditar para obtenerlo. Entre tanto, el llamamiento a calificar servicios, regulado
en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, tiene como causa el
cumplimiento de la asignación de retiro del oficial, según se explicó en esta
providencia.

42. En el presente caso, la Junta Asesora emitió las dos recomendaciones
respecto de Carlos Alberto Garzón Garzón. Así, su ascenso lo descartó basada
en la recomendación dada por el Comité Evaluador en el Acta 4382 del 10 de
octubre de 2014 en el que desaconsejó su ascenso por contar con anotaciones
negativas, mientras que su llamamiento a calificar servicios lo sustentó en que
alcanzó los requisitos para obtener la prestación aludida, tal como quedó
probado.

43. Respecto de la primera recomendación, cabe precisar que constituye un
requisito que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Militares para lograr su
ascenso, según lo ordenado por el literal f) del artículo 53 del Decreto 1790 de
200031. En igual sentido, el artículo 51 ibidem dispone que los ascensos de los
militares dependen del cumplimiento de los requisitos legales, las vacantes
existentes y, además, que deben sujetarse «[…] a las precedencias resultantes de
la clasificación en la forma establecida en el Reglamento de Evaluación y Clasificación
para el personal de las Fuerzas Militares», de ahí que, la junta citara el informe del
Comité Evaluador.

44. Esto último tiene como fundamento el artículo 59 del Decreto 1799 de 200032,
norma que regula la clasificación para el ascenso como el resultado derivado de
la evaluación del desempeño profesional del uniformado. Dicha clasificación
sirve para recomendar o no el ascenso de un oficial, pues debe ser presentada a
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para tales efectos33. Para el caso de
Carlos Alberto Garzón Garzón, el resultado de esta fue aconsejar su no ascenso,
ya que su conducta profesional había estado alejada de la disciplina militar.

45. Además, debe precisarse que el hecho de que el militar complete todos los
requisitos para obtener un ascenso no significa que sea obligatorio para el
gobierno nacional otorgarlo porque es una facultad discrecional en los términos
de los artículos 47, 65, 66 y 67 del Decreto 1790 de 200034 y se encuentra sujeta
a la existencia de vacantes, a la necesidad de las Fuerzas Militares (artículo 51
ibidem) y al nivel de confianza que exista. En ese orden, que un uniformado
cumpla con todos los requisitos legales para ser ascendido no es garantía de que

31
«Artículo 53. Requisitos mínimos para ascenso de oficiales. Los oficiales de las Fuerzas
Militares podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente superior cuando cumplan los
siguientes requisitos mínimos: (…) f. Concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa […]».
32
«Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones». El artículo citado
señala: «Artículo 59. Definición. Clasificación para ascenso, es el resultado del estudio que
realiza la junta clasificadora con base en las evaluaciones y clasificaciones obtenidas en el grado,
para definir el ordenamiento dentro de un grupo determinado, según su calidad y desempeño
profesional expresado numéricamente».
33
Así lo dispone el literal f) del artículo 61 del Decreto 1799 de 2000.
34
«Artículo 67. Ascenso a coronel o capitán de navío. Para ascender al grado de Coronel o
Capitán de Navío, el Gobierno Nacional escogerá libremente entre los Tenientes Coroneles o
Capitanes de Fragata que hayan cumplido las condiciones generales y especiales que este
Decreto determina».

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16

Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

ello ocurra, puesto que en todo caso es una decisión discrecional del gobierno
nacional en atención a los criterios antedichos35.

46. Así las cosas, la Sala no encuentra probado que con el retiro de Carlos Alberto
Garzón Garzón se hubiese vulnerado lo dispuesto en los artículos 59 y siguientes
del Decreto 1799 de 2000 que regula la clasificación para el ascenso, y 100 y 103
del Decreto 1790 de 2000, por cuanto (i) el ascenso no fue recomendado por el
Comité Evaluador ni por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa como lo
exigen los artículos del artículo 53 (literal f) del Decreto 1790 de 2000. Además,
aunque hubiese logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma
referida, no era obligatorio para el gobierno nacional decretar su promoción; y (ii)
el retiro por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo
concepto de la junta Asesora del Ministerio de Defensa.

47. Cabe precisar que el demandante en el recurso de apelación reiteró los
argumentos expuestos en el concepto de violación de la demanda. Pese a que
en esta instancia no sería del caso analizarlos por no tratarse de reparos directos
en contra de la motivación de la sentencia impugnada conforme lo ordena el
artículo 320 del CGP y, por ende, que la parte demandante incumplió con la carga
procesal de sustentar el recurso en este aspecto36, la Sala advierte que las
razones expuestas en esta providencia permiten despachar de manera
desfavorable tales argumentos.

48. Ciertamente, de la actuación adelantada por la entidad se ajustó a los
parámetros legales antedichos y no se advierte que hubiese incurrido en el vicio
de desviación de poder al negar la permanencia del demandante sin tener en
cuenta su desempeño laboral. Asimismo, porque no se configuraron los vicios
de falta y falsa motivación del acto de retiro del servicio, por cuanto, tal como se
señaló, la motivación la otorga la ley y consiste en que se acrediten los requisitos

35
Sobre el particular en la sentencia C-819 de 2005 se indicó «[…] esta Corporación concluye y
reitera que la libre escogencia de los altos cargos en la escala militar es una manifestación de la
potestad discrecional del Presidente de la República en ejercicio de la autoridad que le reporta el
cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas y en de desarrollo de sus funciones de
dirección de la fuerza pública (Art. 189-3 C.P). No obstante, como se advierte, dicha conclusión
se predica de la escogencia de los más altos grados de la escala militar por parte del Gobierno
Nacional, pues, como lo ha dicho la propia Corte, en esos casos la Constitución Política tiene en
cuenta la conservación del orden público -asunto cuya dirección ha sido atribuida directamente
al Presidente de la República-, la trascendencia de las funciones asignadas a los oficiales que
están en las líneas superiores de mando, la “especialísima” relación de confianza que debe existir
entre Gobierno y los encargados de dirigir las tropas en defensa de la integridad de la Nación y
el sometimiento del ejercicio de esa potestad discrecional al control político del Senado de la
República (Art. 173 C.P.)[…]».
También se puede consultar la siguiente providencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado del 3de jupio de 2015, radicado 11001-03-06-000-2015-00042 (2247).
36
Al respecto esta sección ha manifestado que «[e]l artículo 320 del Código General del Proceso
señala que «[t]iene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión». En ese sentido, su finalidad es que se revise la providencia recurrida por
otro funcionario ante el cual se amplía la deliberación del asunto y sirve, además, para evitar la
ocurrencia de errores judiciales (…) la sustentación de la impugnación se convierte en una carga
procesal ineludible para quien la presenta, pues son las razones que en ella se plasman las que
permiten al juez de segunda instancia examinar la decisión del de primera. Esta carga
argumentativa es la que da lugar a delimitar el problema jurídico a resolver, por lo que en ella se
debe señalar de manera clara y precisa los errores en que incurrió la providencia del a quo […]».
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2023, radicado 25000-23-
42-000-2017-06004-01 (0731-2022).

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 00931 01 (5780-2022)
Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

para acceder la asignación de retiro y que exista concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa, como ocurrió en el presente caso. Tampoco
se presentó la falta de competencia para suscribir el acto demandado, ya que el
acto de retiro lo suscribió el ministro de defensa, autoridad facultada por el
artículo 99 del Decreto 1790 de 2000 para hacerlo cuando se trata de oficiales
superiores, como el de teniente coronel (artículo 6 ibidem).

49. Finalmente, el demandante alegó en el recurso que en su caso debió aplicarse
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de abril de 202237. Al
respecto, debe precisarse que esta providencia unificó el criterio en torno a la
aplicación del retiro en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo
104 del Decreto 1790 de 2000 que, según se expuso en esta providencia, difiere
del retiro por llamamiento a calificar servicios al permitir el retiro con el fin de
mejorar el servicio, en cualquier tiempo y sin esperar que el uniformado objeto de
la medida tenga derecho a la asignación de retiro. Por lo tanto, no es un criterio
jurisprudencial que deba ser aplicado en el caso estudiado.

50. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia.

2.5.2. La condena en costas de la primera instancia

51. La parte demandante manifestó que la condena en costas atenta contra el
derecho de acceso a la administración de justicia, máxime cuando no existió
actuación temeraria o de mala fe y no se probó su causación ni el de las agencias
en derecho.

52. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.

53. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de
diciembre de 201638, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en
torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por
la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha
de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté

37
Radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).
38
Subsección B, expediente 1908-2014.

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Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por
acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).»

54. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso; sin
embargo, este no fue el ejercicio de ponderación que realizó el a quo y, al revisar
el expediente, tampoco se encuentra alguna de esas acciones que merezca la
imposición de la condena por este concepto; en consecuencia, se revocará la
decisión de primera instancia por este concepto.

2.7.2. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el Ministerio de Defensa
aplicó en debida forma el retiro por llamamiento a calificar servicios regulado en
el Decreto 1790 de 2000, en relación con el teniente coronel Carlos Alberto
Garzón Garzón, puesto que fundamentó su decisión en que cumplió con los
requisitos para acceder a la asignación de retiro y existió el concepto previo de
la junta Asesora del Ministerio de Defensa, tal como lo ordenan los artículos 99,
100 y 103 del Decreto 1790 de 2000 sin que le hubiese sido exigible evaluar los
resultados de la evaluación que regla el Decreto 1799 de 2000 para el ascenso
de los militares.

56. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el
18 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D que negó las pretensiones de la demanda.

3. Costas de la segunda instancia

57. En esta instancia, la Sala no evidencia que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en
costas, de acuerdo con los parámetros expuestos en precedencia para definir la
condena en costas de primera instancia.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida 18 de febrero de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D. En su lugar, se dispone no condenar en costas de primera
instancia.

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Demandante: Carlos Alberto Garzón Garzón

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D que negó las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Alberto
Garzón Garzón contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto: – Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

YHSB
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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