República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00499-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Tema: retiro del servicio. Subtema 1: llamamiento a calificar servicios. Subtema 2:
falsa motivación y desviación de poder.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Enrique Roa Merchán contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta de Decisión,
el 5 de abril de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Luis Enrique Roa Merchán, solicitó la nulidad del Decreto 310 del 18 de
febrero de 2014, mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro
del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios. En
síntesis, sostuvo que dicha decisión es irregular, por cuanto fue expedida con falsa
motivación y desviación de poder, al desconocer su trayectoria profesional y su
desempeño institucional, y obedecer a razones ajenas a las necesidades del servicio.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta de Decisión, negó las pretensiones
de la demanda al considerar que, en el caso concreto, se cumplieron los requisitos
legales para la procedencia del retiro por llamamiento a calificar servicios. En efecto,
verificó que el actor contaba con el tiempo de servicio necesario para acceder a la
asignación de retiro, superior a 25 años, y que existía el concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Luis Enrique Roa Merchán, mediante apoderada, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, en contra de
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Luis Enrique Roa Merchán solicitó la declaratoria de nulidad del
Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, a través del cual el Ministerio de Defensa
Nacional lo retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar
servicios, en su calidad de coronel.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Luis Enrique Roa Merchán
pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso al grado
que le corresponda; asimismo, reclamó el pago de todos los emolumentos laborales
correspondientes a cada grado, una vez se realicen los ascensos, sin descuentos por
parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, junto con la respectiva
indexación.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
• El señor Luis Enrique Roa Merchán ingresó a la Policía Nacional como alumno
en la Escuela Militar de Cadetes General Francisco de Paula Santander el 26
de enero de 1988, y el 28 de noviembre de 2012 obtuvo su último ascenso
como coronel.
• Durante su vinculación, estuvo al servicio de la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol y se desempeñó como comandante de los departamentos
de Policía del Quindío y Boyacá. A lo largo de su trayectoria, recibió numerosas
felicitaciones y condecoraciones por su destacado desempeño laboral.
• Mediante las Actas 006_APROP-GRURE-3-22 del 21 de mayo de 2013 y
015_APROP-GRURE-3-22 del 31 de octubre de 2013, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional resolvió recomendarlo
para retiro del servicio, bajo la causal de llamamiento a calificar servicios.
• Con fundamento en dicho concepto, el Ministerio de Defensa Nacional expidió
el Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, notificado el 24 de febrero del mismo
1 Samai, índice 56, expediente digital 9_ED_150012333000(.PDF), p. 8 a 109.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
año, mediante el cual fue retirado del servicio activo.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 29, 47, 53, 83, 216, 218 y 220.
La Ley 1437 de 2011, artículo 44.
El Decreto 1791 de 2000.
El Decreto 1800 de 2000.
La Ley 857 de 2000, artículo 1.°
6. Al explicar el concepto de violación, el señor Luis Enrique Roa Merchán sostuvo
que el acto administrativo objeto de censura incurrió en los vicios de falsa motivación
y desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, lo que comportó la
vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima.
7. Afirmó que el Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual se
dispuso su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios, sustentado en el
Acta 015_APROP-GRURE-3-22 del 31 de octubre de 2013, expedida por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, contradice los resultados
positivos de su gestión. En consecuencia, sostuvo que disponer su retiro bajo la causal
de mejora del servicio obedece a una decisión arbitraria y caprichosa, por cuanto no
existe prueba alguna de un supuesto mal desempeño.
8. Expresó que la sentencia «C-265 de 2013» [sic] de la Corte Constitucional
estableció que el retiro de los oficiales al servicio de la Policía Nacional debe fundarse
en criterios acordes con el contenido y alcance del artículo 218 de la Constitución
Política de 1991. En ese sentido, indicó que el llamamiento a calificar servicios ha de
sustentarse en razones objetivas y proporcionales al fin perseguido, esto es,
garantizar la eficiencia y eficacia de la institución en función de la prevalencia del
interés general, circunstancia que, en su criterio, no se evidenció.
2.2. Contestación de la demanda
9. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a través de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que la facultad del
Gobierno nacional para disponer el llamamiento a calificar servicios se ejerce dentro
de los parámetros legales y responde a necesidades del servicio, sin que implique una
sanción, siendo suficiente el concepto previo de la junta asesora y el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la ley.
10. Agregó que conforme a la Ley 857 de 2003 y la Ley 923 de 2004, el llamamiento
a calificar servicios solo procede cuando el uniformado reúne las condiciones para
acceder a la asignación de retiro, como el tiempo mínimo de servicio, requisito que
cumplía el señor Luis Enrique Roa Merchán.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
11. Indicó que esta figura permite la renovación en la estructura jerárquica
institucional y, al ser una facultad discrecional, no requiere motivación expresa, por lo
que el acto acusado se encuentra ajustado a derecho2.
2.3. Trámite procesal en primera instancia
12. El demandante inicialmente pretendía, además de la nulidad del acto de retiro
por llamamiento a calificar servicios, Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, la nulidad
del Acta 015_APROP-GRURE-3-22 del 31 de octubre de 2013, a través de la cual la
Junta del Ministerio de Defensa Nacional emitió concepto favorable para retiro por la
causal de llamamiento a calificar servicios.
13. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 22 de enero de 2015,
admitió la demanda3.
14. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional no presentó excepciones
previas al contestar la demanda.
15. El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró, mediante providencia del 29 de
octubre de 2015, probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto del Acta
015_APROP-GRURE-3-22 del 31 de octubre de 2013, por tratarse de un acto de
trámite que contiene una recomendación y no define una situación jurídica en
particular, razón por la cual no es susceptible de control judicial ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo4.
16. El señor Luis Enrique Roa Merchán presentó recurso de apelación, en el que
solicitó revocar la providencia del 29 de octubre del 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por considerar que el Acta 015_APROP-GRURE-3-22 del
31 de octubre de 2013, constituye un acto administrativo complejo que debe ser
demandado junto con el decreto que ordena el retiro del servicio5.
17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, confirmó, mediante auto del 28 de marzo de 20186, la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, al considerar que el
acto administrativo que recomienda el retiro del personal oficial y suboficial de la
Policía Nacional contiene una decisión de naturaleza preparatoria para la expedición
del acto administrativo definitivo de llamamiento a calificar servicios. Por lo anterior,
ordenó devolver el expediente al tribunal para continuar con su trámite.
2 Samai, índice 56, expediente digital 10_ED_150012333000(.PDF), pp. 24 a 47
3 Samai, índice 56, expediente digital 10_ED_150012333000(.PDF), pp. 4 a 6
4 Samai, índice 56, expediente digital 10_ED_150012333000(.PDF), pp. 184 a 199
5 Samai, índice 56, expediente digital 10_ED_150012333000(.PDF), pp. 205 a 209
6 Samai, índice 56, expediente digital 10_ED_150012333000(.PDF), pp. 228 a 231
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
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2.4. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia del 5 de abril de 2022, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas7. Consideró que la entidad demandada actúo conforme al
marco legal y jurisprudencial aplicable, al ejercer la facultad discrecional de retirar al
señor Luis Enrique Roa Merchán por llamamiento a calificar servicios.
19. Precisó que esta causal no constituye sanción, ni trato degradante, sino un
mecanismo que permite a oficiales y suboficiales de la Policía Nacional acceder a la
asignación de retiro sin continuar en el servicio. Asimismo, indicó que el demandante
contaba con más de 25 años de servicio, superando el tiempo mínimo exigido, razón
por la cual, en virtud de la Resolución 2944 del 12 de mayo de 2014, se ordenó el
reconocimiento, liquidación y pago de una asignación de retiro a favor del
demandante, en cuantía equivalente al 87 % del sueldo básico de actividad,
considerando además que existió concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para la Policía Nacional, por lo cual el retiro no fue irregular, sino una
forma válida de terminación del servicio con derecho a prestación económica.
20. Señaló que examinado el contenido del Acta 015_APROP-GRURE-3-22 del 31
de octubre de 2013, expedida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional, advirtió que se hizo referencia a anotaciones negativas del señor
Luis Enrique Roa Merchán. No obstante, no reposa en el expediente prueba que
evidencie, más allá de lo afirmado en la demanda, que el señor Luis Enrique Roa
Merchán realizó todas las actividades necesarias para dar pleno cumplimiento a su
deber.
21. Agregó que las buenas calificaciones, reconocimientos y testimonios favorables
sobre la conducta del demandante, no generan un derecho a la estabilidad en el cargo,
por cuanto en el régimen de la Policía Nacional y, en general en el servicio oficial, el
cumplimiento adecuado de funciones es una obligación que no otorga permanencia.
22. Explicó que, pese que en la demanda se sugiere que el acto de retiro por
llamamiento a calificar servicios obedeció a la existencia de falsa motivación y
desviación de poder, consideró que el retiro respondió a fines legítimos, como el relevo
institucional y el reconocimiento de la asignación de retiro.
2.5. Recurso de apelación
23. El señor Luis Enrique Roa Merchán, mediante apoderada, interpuso recurso de
apelación8 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
24. Señaló que el tribunal desconoció los hechos y el acervo probatorio aportado,
7 Samai, índice 77, 36_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf)
8 Samai, índice 88, 39_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_150012333000201400(.pdf)
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
pues la demanda expuso de manera detallada la excelente trayectoria profesional del
señor Luis Enrique Roa Merchán y la existencia de múltiples irregularidades en la
motivación del acto de retiro.
25. Adujo que la motivación consignada tanto en el Acta 015_APROP-GRURE-3-
22 del 31 de octubre de 2013, expedida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional, como en el Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, fue
irregular, carente de sustento objetivo y lesiva de derechos fundamentales. Tales
afirmaciones no solo truncaron la carrera policial del señor Luis Enrique Roa Merchán,
construida con mérito y excelencia, sino que también afectaron el buen nombre, la
buena fe, el derecho al trabajo y el debido proceso, lo cual configuró una evidente
falsa motivación.
26. Expresó que, conforme al artículo 61 del Decreto 1800 de 2000, los
documentos anteriores al ascenso debían ser destruidos. En ese sentido, es
improcedente que la administración haya tenido en cuenta situaciones
correspondientes al grado de teniente coronel cuando ya ostentaba el grado de
coronel.
27. Manifestó que las observaciones consignadas para su retiro no tienen la
entidad suficiente para justificar una decisión de tal magnitud. Su utilización como
fundamento revela no solo una falsa motivación, sino una clara desviación de poder,
al sustentarse la decisión en elementos irrelevantes y desproporcionados frente a la
gravedad de la medida adoptada.
28. Sostuvo que, en cuanto a la carga de la prueba, resulta claro que correspondía
a la entidad demandada demostrar el mal servicio invocado como fundamento del
retiro. No obstante, en el curso del proceso no se aportó prueba alguna que respalde
tal afirmación, mientras que, por su parte, sí acreditó una hoja de vida íntegra, con
evaluaciones sobresalientes y reconocimientos institucionales.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 1.º de diciembre de 20229, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
9 Samai, índice 4.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32810 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala establecer si el Decreto
310 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual Luis Enrique Roa Merchán fue retirado
del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de «llamamiento a calificar
servicios», se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales que gobiernan esta
figura, esto es:
a) ¿Se acreditaron los requisitos para el retiro por llamamiento a calificar servicios
previstos en el Decreto 1791 de 2000, la Ley 857 de 2003 y la Ley 923 de 2004, tales
como el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio y la existencia del concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional?
b) ¿La administración estaba obligada a exponer una motivación expresa
adicional a la prevista en la ley para justificar el retiro?
c) ¿En la expedición del acto acusado se presentó «falsa motivación» y
«desviación de poder», en los términos del artículo 137 del CPACA y del precedente
jurisprudencial aplicable?
32. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para
la procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de
poder. A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos
probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios
33. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003,
disposiciones que introducen la figura del «llamamiento a calificar servicios» como una
modalidad de desvinculación basada en razones institucionales y de servicio.
10 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
34. En efecto, el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el
artículo 2 de la Ley 857 de 2003, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios. Además, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 dispone
que para los miembros de la Fuerza Pública «El tiempo de servicio para acceder al
derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso
se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años».
35. Por su parte, la Ley 857 de 2003, en su artículo 1, prevé que el retiro de los
oficiales debe someterse al «concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional», salvo en los casos de oficiales generales
o cuando concurran otras causales específicas. Asimismo, el artículo 3 de dicha ley
reitera que el retiro por llamamiento a calificar servicios «solo procederá cuando se
cumplan los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».
36. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales.
37. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado11 y de la Corte
Constitucional12, dando lugar a limitaciones, dentro del marco constitucional y legal, al
ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en la naturaleza
constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la convivencia y la
seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento institucional que
permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el
ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a la manera ordinaria de
culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.
38. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:
a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica el
ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las funciones
del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo cual no
es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos armados y la
manera corriente de culminar una carrera en la misma.
11 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales deben
contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz, conforme a las
necesidades y conveniencias del servicio, los mandos superiores y medios de la
institución, con fundamento en apreciaciones y evaluaciones de carácter institucional.
39. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.
40. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que, una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.
41. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:
Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por
la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.
42. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:
En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
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Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.
43. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:
Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.
44. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado13, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).
45. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la
exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten14.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
10
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
46. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.
3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios
47. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro; y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto en las hipótesis
expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto constituye un presupuesto
habilitante para la expedición del acto definitivo.
48. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal15.
49. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la junta asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».
50. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».
51. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
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52. En este punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la
junta asesora constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo
hasta que culmine la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el
documento físico, el cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una
vez concurran al desarrollo de una nueva junta16.
3.3.3. La falsa motivación
53. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición17. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
54. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad»18.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.
55. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión19. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad20. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos21:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
18 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de
2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
proceso con radicado 2006-00348.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
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por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.
56. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)22.
57. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional, lo cual es aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el
artículo 1º de la Ley 857 2003 que modificó el Decreto 1791 de 2000.
58. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003,
para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se
indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable
el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar
sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por
ende, se vulneraría su derecho al debido proceso.
3.3.4. La desviación de poder
59. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general23.
60. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo24. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
23
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
24 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto
administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
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doctrina25 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»26.
61. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»27.
62. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»28.
3.4. Hechos probados
63. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
64. Según la hoja de vida emitida por la Policía Nacional el 24 de febrero de 201429,
el señor Luis Enrique Roa Merchán prestó sus servicios en la Policía del 26 de junio
de 1998 al 1.° de noviembre de 1990 como cadete y alférez, y del 2 de noviembre de
1990 al 24 de febrero de 2014 como oficial, para un total de tiempo de servicios de 25
años, 3 meses y 23 días. Su último grado fue el de coronel, el cual ejerció desde el 28
de noviembre de 2012, y su último cargo fue el de comandante del departamento de
Policía de Boyacá. Asimismo, se indicó que durante su trayectoria militar obtuvo
calificaciones que en su mayoría oscilaron entre buen desempeño laboral, dominio y
25 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
26 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
27 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02 (44009).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
29 Samai, índice 56, 9_ED_150012333000(.PDF), pp. 139 a 149.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
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conocimiento de su trabajo, además de no haber sido objeto de sanciones en los
últimos 5 años.
65. A través del Acta 015_APROP-GRURE-3-22 del 31 de octubre de 2013, se dejó
registro de la reunión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional, en la que se decidió recomendar el retiro por la causal de
llamamiento a calificar servicios del señor Luis Enrique Roa Merchán30.
66. Mediante el Decreto 310 del 18 de febrero de 2014, el Ministerio de Defensa
Nacional retiró del servicio activo de la Policía Nacional al coronel Luis Enrique Roa
Merchán, por llamamiento a calificar servicios, en atención a que, en sesión del 31 de
octubre de 2013, registrada en Acta 015_APROP-GRURE-3-22, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional así lo recomendó por unanimidad31.
67. En el acto aludido se citaron apartes de la mencionada acta, en la cual se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación y se
hizo referencia a situaciones ocurridas durante el servicio prestado por el señor Luis
Enrique Roa Merchán32, así como la relevancia de las necesidades institucionales. En
el caso del demandante, este contaba con más de 24 años de servicio, razón p olla
cual era beneficiario de una asignación de retiro; en consecuencia, resultaba
procedente aplicar la referida causal de desvinculación.
68. El citado decreto fue notificado el 24 de febrero de 2014 al señor Luis Enrique
Roa Merchán33.
3.5. Caso concreto
69. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará, en primer
lugar, si se cumplen los requisitos objetivos previstos en la normativa vigente para la
procedencia del retiro por llamamiento a calificar servicios, es decir, la acreditación del
tiempo mínimo de servicio que permite acceder a la asignación de retiro y la existencia
del concepto previo emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional.
70. En segundo término, se verificará si el acto administrativo demandado debía
incluir una motivación expresa adicional a la establecida por la ley, conforme al
precedente constitucional y contencioso administrativo aplicable.
71. Finalmente, se estudiarán los cargos de apelación presentados por la parte
actora relacionados con la supuesta falsa motivación y desviación de poder, con el fin
de establecer si el acto de retiro se ajustó a los fines constitucionales de la institución.
30 Samai, índice 56, 9_ED_150012333000(.PDF), pp. 173 a 233.
31 Samai, índice 56, 9_ED_150012333000(.PDF), pp. 128 a 135.
32 «Su desempeño como comandante del Departamento de Policía Quindío fue cuestionado por las autoridades
administrativas de la región, las cuales se mostraron apáticas y poco receptivas frente a la actividad policial de ese
departamento», entre otros aspectos.
33 Samai, índice 56, 9_ED_150012333000(.PDF), p. 127.
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72. Sobre el particular, sea lo primero precisar que obra en el expediente prueba
que el señor Luis Enrique Roa Merchán acumuló 25 años, 3 meses y 23 días de
servicio, superando el requisito de 18 años, exigido por el numeral 3.1 artículo 3 de la
Ley 923 de 2004 para acceder a la asignación de retiro. Asimismo, el demandante
allegó el Acta 015_APROP-GRURE-3-22, mediante la cual la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional emitió concepto previo favorable para
el retiro.
73. En consecuencia, para el caso concreto, la Sala verifica que los dos requisitos
previstos en la ley se encuentran plenamente acreditados, lo que permite el ejercicio
de la facultad discrecional por parte de la autoridad demandada.
74. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios, conforme a lo señalado en la
sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019.
En dichas providencias se precisó que los actos de retiro por esta causal no requieren
una motivación adicional, en tanto su justificación se encuentra «extra textualmente
prevista» en la finalidad institucional de renovación y reorganización del servicio.
75. Ahora bien, el señor Luis Enrique Roa Merchán afirmó que el acto
administrativo incurrió en falsa motivación, al considerar que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, además de verificar el cumplimiento
del tiempo requerido para el reconocimiento de la asignación de retiro, hizo referencia
a situaciones relacionadas con su desempeño en el servicio. No obstante, tales
consideraciones no fueron desvirtuadas por el demandante; y si bien es cierto que
este recibió reconocimientos y felicitaciones, ello no constituye un argumento
suficiente para estructurar la causal de nulidad invocada.
76. Ciertamente, el señor Luis Enrique Roa Merchán afirmó que la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional incluyó en su análisis hechos
relacionados con su desempeño cuando ostentaba el grado de teniente coronel, los
cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6134 del Decreto 1800 de 2000, debían
eliminarse al momento de su ascenso a coronel y, por ende, no podían ser tenidos en
cuenta. No obstante, la Sala, al revisar el acta, advierte que en efecto se consignaron
hechos anteriores al 28 de noviembre de 2012, fecha en la que el demandante
ascendió al grado de coronel, tales como la variación en su desempeño entre el 7 de
marzo y el 22 de octubre de los años 2012 y 2013, periodo en el cual se evidenció una
disminución en su operatividad. Sin embargo, la citada norma establece es que la
evaluación del desempeño policial debe permanecer en la hoja de vida del evaluado
34 «Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional».
ARTÍCULO 61. ARCHIVO DOCUMENTOS. El formulario No. 1 de "Evaluación del Desempeño Policial", debe
permanecer en la hoja de vida del evaluado durante su permanencia en la institución. Los documentos soporte
Formulario Números 2 y 3 se deben destruir cada vez se produzca la disposición que confiere el nuevo ascenso.
Para el personal de que trata el artículo 59 del presente decreto, una vez surtida la reclasificación, se procede a
la destrucción de los soportes respectivos.
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Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
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durante su permanencia en la institución, y que únicamente los soportes deben
destruirse cada vez que se expida el acto que confiere el nuevo ascenso. Por lo
anterior, la fundamentación del acta, en cuanto hace referencia al desempeño del
señor Roa Merchán durante su permanencia en la institución policial, no vulnera la
obligación prevista en la norma invocada.
77. Como argumento adicional, el buen o mal desempeño del señor Luis Enrique
en la institución no resulta relevante ni determinante cuando se dispone el retiro por
las razones objetivas que establece la norma. Y si bien, para el caso concreto se hizo
referencia a que la conducta del señor Roa Merchán no estaba acorde con los fines
institucionales, lo cierto es que el acta de retiro obedeció a la acreditación del tiempo
mínimo de servicio.
78. La Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir una
motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza la
figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»35.
79. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización para el mejoramiento y excelencia institucional. Por ende,
tampoco es exigible la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la junta asesora, al ser un instrumento indispensable
para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por
razones de conveniencia institucional. Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado de la institución puede
volver a ser reincorporado.
80. Conforme lo anterior, si bien el señor Luis Enrique Roa Merchán durante su
trayectoria de servicio obtuvo varias condecoraciones, distintivos militares y
felicitaciones, estas circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta
que impidiera su desvinculación.
81. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles36.
82. Así las cosas, como lo ha precisado esta Subsección, i) «aunque hubiese
logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma referida [Decreto 1799
35 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
36 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,
proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
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de 2000], no era obligatorio para el Gobierno nacional decretar su promoción; y ii) el
retiro por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa»37. Por lo tanto, el acto administrativo censurado
se encuentra ajustado a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que se
evidencie una falsa motivación.
83. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio.
84. Lo anterior, porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.
85. En este punto, la Sala reitera que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la fuerza
pública para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. De
manera tal que las circunstancias atinentes a las felicitaciones, condecoraciones,
buenas calificaciones y ausencia de sanciones en el ejercicio del cargo, como esta
corporación lo ha sostenido, no generan por sí solas fuero de estabilidad en el
empleo38. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las
funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia, pues lo
normal es el cumplimiento de los deberes por parte del funcionario.
86. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por el señor Luis Enrique Roa Merchan; por el contrario, se concluye que el acto
administrativo demandado fue expedido con apego a las condiciones exigidas en el
Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 923 de 2004, para el ejercicio de la facultad
discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.
4. Costas
87. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario39 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-
23-31-000-2002-00428-01 (0871-11).
39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
88. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el señor Luis Enrique Roa Merchán haya incurrido en las
anteriores conductas.
5. Conclusiones
69. El retiro del entonces coronel Luis Enrique Roa Merchán por la causal de
llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto Ley 1791 de 2000, Ley 857 de
2003 y la Ley 923 de 2004, por cuanto se acreditó que el oficial contaba con el tiempo
mínimo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro y medió concepto
previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional,
presupuestos habilitantes para la expedición del acto.
70. La administración no estaba obligada a incorporar una motivación adicional o
particularizada sobre la trayectoria o desempeño del actor, en la medida en que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la justificación de esta modalidad de
retiro se encuentra «extra textualmente prevista» en la finalidad institucional de
reorganización y renovación del servicio.
71. De igual manera, no se acreditó la configuración de los vicios de «falsa
motivación» o «desviación de poder», pues no obra en el expediente prueba que
permita inferir que la decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los
fines previstos por la ley. Por el contrario, el cumplimiento de los requisitos objetivos
demuestra que la autoridad ejerció legítimamente la facultad discrecional atribuida por
el ordenamiento.
6. Decision
72. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00499-02 (3893-2022)
Demandante: Luis Enrique Roa Merchán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala Cuarta de Decisión, del 5 de abril de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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