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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02104-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02104-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, salvo la condena en costas que se revoca. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02104-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 05001233300020210210401 (2789-2025)1
Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Retiro - llamamiento a calificar servicios
Decisión: Sentencia de Segunda Instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte vencida.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El señor Leandro Raúl Álvarez Mercado, por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA, solicitó la nulidad del Decreto No. 091 del veintisiete (27) de enero
de dos mil veintiuno (2021), expedida por el Ministerio de Defensa Nacional; por medio
de la cual, se le retiró del servicio, por llamamiento a calificar servicios.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a: (i) reintegrarlo al cargo que venía desempeñando u otro de igual o superior
categoría de funciones y requisitos a fines para el ejercicio; (ii) el pago de los salarios,
primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la
fecha de su desvinculación y hasta que se produzca el reintegro, sumas que deberán ser

1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Sama Consejo de Estado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000202100346021100103

Número Interno: 2789-2025
Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

debidamente actualizadas e indexadas y; (iii) al pago de intereses moratorios y
comerciales.

3. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los siguientes:

4. El demandante relató que, en 2013, mientras ostentaba el grado de Mayor, enfrentó
una persecución que estuvo a punto de provocarle el despido. No obstante, en esa
oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a raíz de una intervención
impulsada por la red nacional de Cristianos de la Fuerza Pública, salvaguardó sus
derechos y se facilitó su ascenso, lo que le permitió posicionarse como el oficial con el
mayor número de condecoraciones y sin ninguna sanción.

5. Refirió que, entre marzo y mayo de 2019, empezó a recibir amenazas por rechazar
involucrarse en actos de corrupción2. En ese lapso, también emergieron discrepancias
con su superior jerárquico en materias de logística y temas militares, lo que repercutió en
el trato que se le otorgaba.

6. Añadió que, en enero y febrero de 2020, el señor Vicealmirante Andrés Vásquez
Villegas, quien era comandante de la Fuerza Naval del Caribe y actual Segundo
comandante de la Armada Nacional, le otorgó la calificación máxima de 2 puntos por sus
logros operacionales y el control administrativo como comandante de la Fuerza de Tarea
Conjunta Contra el Narcotráfico #73. El 16 de abril de 2020, recibió la distinción máxima
conferida por la Alcaldía de Turbo.

7. Relata que, acumuló 10 medallas y condecoraciones, junto con 357 anotaciones por
labor destacada, que incluyen 62 felicitaciones y 28 anotaciones positivas en los últimos
3 años (62 felicitaciones y 28 anotaciones positivas no registradas en el sistema de 2017
a 2020, totalizando 90 anotaciones por trabajo excelente en los últimos 3 años), sin haber
recibido llamadas de atención escritas, verbales, disciplinarias, penales o administrativas
en 20 años.

8. En agosto de 2020, Álvarez Mercado fue notificado de la enfermedad cardíaca de su
padre, Luis Rafael Álvarez Jaraba. Sin embargo, el Capitán de Navío Joaquín Urrego
Silva le negó el permiso para cuidar a su padre, argumentando que no era su
responsabilidad y que lo requería en la unidad.

9. A finales de octubre de 2020, ante las complicaciones de salud de su padre, debió
partir de urgencia hacia la UCI de Montería. Para esa misma fecha, el 28 de octubre de
2020, y sin justificación alguna ni oportunidad de defensa, la Junta Asesora del Ministerio

2
Refiriendo en concreto que el 30 de mayo de 2019, se opuso a la compra de antenas inhibidoras de señal antidrones innecesarias,
por un valor de $418.000.000, con fondos provenientes de la Gobernación de Antioquia.

Número Interno: 2789-2025
Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

de Defensa Nacional celebró sesión y decidió por unanimidad su retiro de la institución
mediante llamamiento a calificar servicios, según se acredita en el acta 014 de octubre
de 2020.

10. El 9 de diciembre de 2020, falleció el padre de Álvarez Mercado, sin que el
comandante Capitán de Navío Joaquín Urrego Silva le enviara pésame. En enero de
2021, se le instruyó tomar vacaciones, las cuales se consumaron el 19 de enero de 2021,
pese a no haberlas solicitado. Finalmente, el 27 de enero de 2021, el acto administrativo
de llamamiento a calificar servicio se formalizó con la rúbrica del ministro de Defensa,
originando el Decreto 091.

11. El 18 de febrero de 2021, se reincorporó a la unidad y el comandante Capitán de
Navío Joaquín Urrego Silva, le comunicó su retiro de la Armada Nacional de forma «cruel,
deshonrosa y humillante», indicándole que era su último día y que debía suscribir los
documentos de retiro y entregar la vivienda en los siguientes 60 días. La notificación del
Decreto 091 ocurrió el mismo 18 de febrero de 2021, aunque el acta de comunicación del
acto carecía de fecha y hora de entrega manuscrita o digital.

12. Asevera que solicitó, vía petición, datos sobre quién había pedido su retiro y quién
había presentado la solicitud ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
La contestación del Vicealmirante Segundo comandante de la Armada Nacional, Andrés
Vásquez Villegas, indicó que los documentos aludidos en su Decreto de Retiro no existen,
lo cual contradice lo estipulado en el propio decreto.

13. Esta circunstancia, unida a la supuesta persecución laboral por parte del superior
jerárquico motivada en sus convicciones de fe y labor social con la comunidad, y al
incumplimiento de los criterios de objetividad y proporcionalidad en la evaluación, forman
la base fáctica para pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

14. El demandante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes: Los artículos 1,
2, 4, 6, 13, 18, 19, 25 y 29 de la Constitución Política y, los artículos 1 a 12 y 60 del
Decreto 1799 de 2000.

15. Aduce que, se violaron las normas constitucionales mencionadas, dado que se
ignoraron las obligaciones que ellas establecen para brindar protección al trabajo,
reconocido como derecho fundamental del militar. Indicó que, los empleados públicos
pueden demandar del Estado que tanto los nombramientos como las destituciones se
ajusten a las normas que rigen la función pública, ya que, de no ser así, surgen

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Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

irregularidades y desvíos como los ocurridos en el presente caso, en el cual, la autoridad
no sometió sus competencias a los parámetros supralegales.

16. Dado que el accionante gozaba de inamovilidad relativa por su condición de
empleado incluido en carrera administrativa, la actuación de la administración estaba
inequívocamente regulada, y para separarlo de su cargo público debía ceñirse a las
disposiciones que norman tales escenarios. En otras palabras, la entidad debía adherirse
a los trámites fijados por la ley, y como cierre de estos, emitir el acto adecuadamente
motivado, tras haberle permitido presentar descargos y obtener el parecer de la comisión
asesora y/o comité evaluador, procedimiento que no se cumplió, infringiendo de este
modo la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política.

17. Al dictar el acto acusado, menciona se desatendió el equilibrio justo entre los
derechos del funcionario y los intereses de la administración, al declarar insubsistente el
nombramiento de un empleado perteneciente a carrera administrativa, pasando por alto
esta prerrogativa legal, y el órgano administrativo, en su errónea política de gestión de
personal, desestimó de forma arbitraria las cualidades, habilidades e idoneidad del
demandante, sin observar los procedimientos legales establecidos como fines sociales
para prescindir de su servicio y, por ende, sin respetar la estabilidad en su empleo, a
pesar de que los decretos citados regulan las prohibiciones, los supuestos y los
procedimientos para ellos.

2. La contestación de la demanda

18. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda, al asegurar que, en el caso del actor, se cumplieron los
requisitos necesarios para proceder al llamamiento a calificar servicios. Esta fue una
decisión adoptada en función del cumplimiento de la misión encomendada a la Fuerza
Pública. Como toda institución, por razones de organización y administración, no todos
los miembros que inician la carrera militar pueden llegar a los niveles más altos; por ello,
el legislador ha establecido las herramientas necesarias para que, en determinados
casos prevalezca el interés general.

19. La entidad demandada agregó que, al fijar el Gobierno nacional mediante un decreto,
denominado decreto de planta, el número de oficiales y suboficiales que rige en un
periodo, todos los actos administrativos de personal referentes a las promociones y
ascensos deberán llenar las vacantes que se crean en cada uno de los grados sin
sobrepasar las cantidades fijadas por la nación.

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Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
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20. Manifestó que, el demandante al momento de ser llamado a calificar servicios contaba
con un tiempo superior a veinticinco (25) años de servicio en la Armada Nacional, lo que
lo hace merecedor a una asignación de retiro y a los correspondientes servicios médicos.

21. Finalmente, propuso como excepciones las de: “legalidad normativa del acto
impugnado” y la “innominada”.

3. La sentencia de primera instancia.

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el quince (15)
de agosto de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda y e impuso
condena en costas.

23. Para el efecto, expuso que, la causal de “llamamiento a calificar servicios” constituye
un instrumento para promover la necesaria renovación de los cuadros de mando en la
Fuerza Pública, a través del ejercicio de la facultad discrecional, de modo que la decisión
no requiere motivación y se presume adoptada en aras del mejoramiento del servicio. No
obstante, ello no es óbice para que no sea desvirtuado por quien afirme lo contrario, para
lo cual deberá probar de forma fehaciente que el acto administrativo se expidió por otros
motivos, lo cual no se evidenció, pues, la presunta persecución que motivó su salida, no
logró ser acreditada.

24. Al analizar la prueba testimonial solicitada por el extremo activo, señaló que el señor
Bartolo Gulfo, tiene conocimiento indirecto respecto a las situaciones de persecución y
humillaciones alegadas por el demandante, su narrativa se limita a información brindada
por el señor Álvarez ya que, por ser civil, no tenía autorización para ingresar a la
guarnición militar. Agregó que, la declaración estaba orientada a defender la
honorabilidad del demandante y destacar su integridad.

25. A su turno, frente a la declaración del señor José Heredia Torres, indicó que este
manifestó no tener conocimiento de las situaciones de acoso ante el guía espiritual del
demandante y tampoco si estas fueron denunciadas al interior de la Armada Nacional.
Que el declarante desconocía situaciones particulares del demandante, relativas a si
gozaba de pensión o asignación de retiro.

26. Así las cosas, el A-quo consideró que, las declaraciones rendidas por quienes
comparecieron como testigos, carecían de información directa y se limitaban a relatar
conforme a la información narrada a ellos, por parte del demandante, quien los
consideraba confidentes, al ser sus asesores espirituales.

27. Indicó que, las acciones que el señor Álvarez Mercado relató a sus pastores, no

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fueron corroboradas a través de otros elementos probatorios, como pudo ser una
denuncia formal, atendiendo las alegaciones de acoso, persecución en virtud de su fe y
corrupción. En ese sentido, tampoco se demostró la incidencia de estas situaciones, en
la decisión de la entidad, ni que el acto acusado fuera expedido de manera arbitraria o
contraria a la ley.

28. El Tribunal afirmó, además que, en el proceso no está demostrado la existencia de
razones distintas a la mejora del servicio y la renovación del personal, pues más allá de
su excelente hoja de vida, desempeño profesional, no se allegaron elementos de juicio
que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que el acto administrativo enjuiciado
se expidió con fines diferentes a los previstos por el legislador

4. Recurso de apelación.

29. La parte demandante, en la oportunidad procesal, interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, para lo cual solicitó que se revoque y, en su
lugar, se acceda a todas las pretensiones invocadas en la demanda.

30. Aludió que el llamamiento a calificar servicios se fundó en una clara desviación de
poder en el actuar de la demandada, la cual, refiere se materializó y perfeccionó con la
persecución laboral de la que fue víctima, en primer lugar por no admitir presuntos actos
de corrupción refiriendo irregularidades en contratos de transporte aéreo, terrestre y
fluvial, en el suministro de alimentación en diversas etapas del proceso de incorporación
de infantes de marina regulares y bachilleres de la Armada Nacional, entre otras y
también debido a su orientación religiosa.

31. El demandante estima que se efectuó un indebido análisis de la prueba testimonial
recaudada, pues, el señor Bartolo Gulfo es un pastor de la iglesia cristiana, además de
ser un adulto mayor y pensionado de la rama judicial, por lo tanto, estima que es un
testigo creíble por su personalidad, por lo que, no es dable indicar que rinde su
declaración como muestra de solidaridad. Añade que, este testigo goza de credibilidad,
pues estaba en constante comunicación con el señor Álvarez, al ser su guía y líder
espiritual, para mitigar la carga impuesta por su superior. En igual sentido, refiere que, el
pastor José Heredia además de ser pastor de la iglesia cristiana, se desempeña como
maestro de obra y fue el encargado de hacer reparaciones locativas en la vivienda fiscal
del actor, por lo que tenía conocimiento de las persecuciones y humillaciones hacia él.

32. Alegó un error en la valoración de la prueba documental, refiriendo a las
circunstancias que conllevaron a la presentación de una acción constitucional en el año

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2013, en la que se protegió su derecho a la libertad de culto3, en el sentido de no
exigírsele la asistencia los días sábados y domingos al rito católico. Decisión que fue
impugnada por el comandante de la fuerza naval y que denota la intención de no permitir
la participación en otro culto diferente al católico.

5. Trámite de segunda instancia.

33. En auto del catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación. Posteriormente, en providencia del cuatro
(4) de marzo de dos mil veintiséis (2026), se negó la solicitud probatoria 4 presentada por
la parte demandante y, vencido el término correspondiente, sin que se presentara
pronunciamiento de las partes, el Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, el expediente ingresó a despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. De igual forma, se precisa
que, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, en esta instancia se
emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala establecer lo siguiente:

35.1 ¿Se encuentran acreditadas la desviación de poder y la ausencia de motivación
alegada por Leandro Raul Álvarez Mercado, en la expedición del Decreto 091 del 27 de
enero de 2021, por medio del cual, fue retirado del servicio activo en su condición de
coronel de la Armada Nacional, por llamamiento a calificar servicios?

3
Sentencia del 12 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección 1ra A Subsección A, expediente
con radicad No. 250000234100000201300805-00.
4
Como fundamento de la decisión, se indicó que la petición no satisface los criterios preceptuados en el artículo 212 del CPACA.
5
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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35.2 ¿Se incurrió en una indebida valoración probatoria al no analizarse el contenido de
la prueba documental, que conllevó a la presentación de una acción constitucional en el
año 2013, en la que se protegió su derecho a la libertad de culto y, testimonial practicada
por el A-quo?

35.3 En caso afirmativo ¿ello afecta la legalidad del acto acusado para sustentar los
señalamientos alegados por el demandante?

36. Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1 Del retiro
por llamamiento a calificar servicios, y 2.2 caso concreto.

2.1 Retiro por llamamiento a calificar servicios

37. De acuerdo con el artículo 99 del Decreto 1790 de 20006, el retiro del personal de las
Fuerzas militares se produce de la siguiente manera:

ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales
y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en
la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de
oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del
Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial,
facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales
generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo
previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial
al servicio o movilización, previstos en este Decreto

38. Ahora bien, de conformidad con el artículo 100 de la misma normativa, se clasificaron
las causales de retiro, de la siguiente manera: i) retiro temporal con pase a la reserva, en
este grupo señaló que los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solamente
podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los
requisitos para obtener la asignación de retiro, y ii) retiro absoluto.

39. De otra parte, el artículo 103 del Decreto 1700 de 2000 dispuso que, el llamamiento
a calificar servicios de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán
ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos
para tener derecho a la asignación de retiro.

6
Por medio del cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera de personal de oficiales y sub oficiales de las Fuerzas
Militares y suboficiales de las Fuerzas Militares

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40. De lo que precede, se infiere que, una de las causales para disponer el retiro del
personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento a calificar
servicios, siempre que, el servidor público cumpla con los requisitos necesarios para
obtener la asignación de retiro; además, en tratándose de oficiales, para el retiro se
requiere un concepto previo emitido por la junta Asesora del Ministerio de Defensa.

41. La Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 19957, en la que sostuvo lo
siguiente:

«(…)“calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si
bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa
sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional
de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos
para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de
una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la
manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con
formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución.

Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y
conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes
para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al
personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones
y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio.»

42. El acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, no requiere
motivación, sin embargo, «las razones que se indican en la recomendación del comité o
junta referida constituyen su fundamento, por lo que tiene que ser coherente con la
finalidad que persigue el ejercicio de la facultad y debe ser puesta en conocimiento del
militar sobre quien recae para que, si a bien lo considera, debata su legalidad». 8

43. La Corte Constitucional en sentencia SU 091 del veinticinco (25) de febrero de dos
mil dieciséis (2016) precisó que, la motivación: «(…) está dada expresamente por la ley
y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un
tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro9».

2.2. Caso concreto

44. El señor Leandro Raúl Álvarez Mercado controvierte la legalidad del Decreto 091 del
27 de enero de 2021, a través del cual, fue retirado del servicio activo por llamamiento a
calificar servicios. En síntesis, refiere que el acto mencionado fue expedido con
desviación y/o abuso de poder, en razón(,) a una persecución laboral que se originó por
no admitir presuntos actos de corrupción y en especial por su orientación religiosa.

7
Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo.
8
Sentencia del 6 de febrero de 2025, expediente: 25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022) magistrado ponente: Juan Enrique
Bedoya escobar
9
Magistrado ponente Jorge Pretelt Chaljub.

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45. Frente a ello, es importante precisar que, en principio, si bien, las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares10 y certificaciones expedidas
en el curso del procedimiento administrativo comportan actos preparatorios, al ser estas
fundamento del acto administrativo de retiro del servicio pueden valorarse por parte del
juez para establecer la legalidad de la decisión11, si fuere necesario.

46. Así las cosas, del dossier probatorio se evidencia que, mediante el Acta N° 014 del
veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional recomendó al Gobierno nacional el retiro del servicio activo del Coronel
Leandro Raúl Álvarez Mercado, por llamamiento a calificar servicios, donde se
destacaron las disposiciones normativas aplicables, en particular las del Decreto 1790 de
2000, que autorizan al Gobierno nacional adoptar este tipo de decisiones cuando el
personal cumpla con el tiempo necesario para obtener una asignación de retiro, al ser un
instrumento que permite reestructurar el poder jerárquico de mando y conducción de la
fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los mandos de diferentes niveles con
celeridad, cuando así las necesidades y conveniencias lo recomendaban, como lo ha
precisado la Corte Constitucional en el fallo SU -091 de 2016.

47. Por lo tanto, en el acta mencionada se anotó que, al contar el coronel Álvarez
Mercado con más de 15 años de servicios, lo hacía acreedor de la asignación de retiro, y
luego de estudiar la propuesta de retiro, se decidió por unanimidad que era procedente
por la aludida causal.

48. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines de
la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de 2016,
pues, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103 del Decreto Ley
1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del derecho a la asignación de
retiro, por lo que, no se advierte falsa motivación del acto administrativo acusado.

49. Igualmente, cabe precisar que la recomendación de dicha junta tiene carácter
discrecional en relación con la determinación sobre la permanencia o no en el servicio
del uniformado, sin que sea necesario que dejen anotadas las razones de desempeño
laboral, en armonía con lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-091
y SU-217 de 2016, reiteradas en la SU-237 de 2019.

10
Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Véase, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sentencia del 13 de agosto de 2020. Rad. 250002342-000-2014-00109-00
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. 0967-2024

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Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

50. En igual sentido, se probó que, el Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las
facultades conferidas en los artículos 99 y 100 literal a), numeral 3 del Decreto 1790 de
2000, expidió el Decreto 091 del veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021), por
el cual retiró del servicio activo al demandante.

51. El acto administrativo precisó que, según certificación expedida el diez (10) de
noviembre de dos mil veinte (2020) por la Dirección de Personal de la Armada Nacional,
el demandante contaba con un tiempo de servicios superior a veintiocho (28) años.
Aunado a lo anterior, mediante Resolución No. 6773 del veintisiete (27) de abril de dos
mil veintiuno (2021), se ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
señor Coronel (RA) de la Armada Leandro Raúl Álvarez Mercado, a partir del diecinueve
(19) de mayo de esa misma anualidad.

52. Con fundamento en lo expuesto en líneas precedentes y, contrario a lo expresado por
el actor, el acto administrativo por medio del cual, fue llamado a calificar servicios, se
profirió con el cumplimiento de los requisitos legales para retirarlo de la institución.

53. La Sala estima necesario precisar que, el acto enjuiciado, se expidió con fundamento
en la hoja de vida del demandante, en la que consta que, laboró al servicio de las fuerzas
militares por más de 29 años, tiempo superior a los 15 años que exige el artículo 1° del
Decreto 1157 de 2014, o, en su defecto, para el reconocimiento de la asignación de retiro,
entre otros; para los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales y
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de Policía Nacional, en servicio
activo, adicionalmente, se efectuó el respectivo concepto de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa.

54. Así las cosas, se advierte que, el acto objeto de censura, se ciñó a lo dispuesto en el
artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, que prevé el llamamiento a calificar servicios, y se
destaca que, con fundamento en dicha normativa, el nominador está habilitado para
retirar del servicio, al oficial que cumpla los requisitos para ser beneficiario de la
asignación de retiro, y con ello, la entidad puede cumplir el relevo del personal de la
institución dentro de la línea jerárquica, para la renovación de los cuerpos armados.

55. Ahora bien, en los argumentos presentados en el recurso de alzada, el demandante
afirmó que el acto enjuiciado se expidió sin motivación. Sobre el particular, La Sala
recuerda que, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, la motivación en
estos casos está incorporada expresamente en la ley, y se concreta en los siguientes
aspectos, a saber: i) la existencia del concepto de la junta asesora del Ministerio de
Defensa Nacional; y ii) que estén dados los requisitos para acceder a la asignación de

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Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

retiro. Exigencias que, como ya se expresó en párrafos anteriores se encuentran
probadas en el sub-lite.

56. De otra parte, el demandante alegó una indebida valoración probatoria, indicando
frente a este aspecto que, la decisión de primera instancia evaluó de manera incorrecta
las pruebas recaudadas en el proceso, especialmente, las testimoniales, con las que, a
su juicio, dan cuenta de los actos de persecución, corrupción y acoso (como
consecuencia de su orientación religiosa), que motivaron su desvinculación.

57. Al respecto, se tiene que en el trámite de primera instancia se escucharon en
audiencia los siguientes testimonios:

• Bartolo Gulfo: Refirió ser guía espiritual del señor Leandro Raúl Álvarez Mercado,
razón por la cual, éste le manifestó respecto de (presuntas) persecuciones por
profesar y promulgar una religión diferente a la de los altos mandos militares. El
declarante narró que, el señor Leandro es un hombre serio, responsable y
temeroso de Dios, razón por la cual, no estaba de acuerdo con supuestos actos
de corrupción dentro de la Armada, generando diferencias con sus superiores y
que esto conllevó a su retiro. Señaló que, tenía conocimiento de estas
circunstancias porque se las comentaba el actor, por ello, no recuerda cargos ni
nombres de los superiores involucrados. Recalcó que, la persecución al
demandante era «porque él era un hombre de Dios diferente a ellos […] Otro
problema ya no tuvo […] lo que él me comentaba de la persecución, porque era
cristiano.». No tiene conocimiento que el señor Álvarez formulara denuncia,
demanda o alguna otra acción contra sus superiores.

• José Marino Heredia: Manifestó conocer al demandante desde el año 2019, pues
fue su guía espiritual a partir de esa anualidad. Aseguró que, en ese año, el señor
Leandro Álvarez presentó solicitud para entrar a predicar el evangelio con su guía
espiritual, en las instalaciones de la Armada Nacional, pero no fue permitido.
Agregó que, el demandante «quería implementar dentro de la institución la
predicación del evangelio, como lo venía haciendo en otros lugares donde él
estuvo, allá se lo prohibieron rotundamente, le negaron ese derecho, lo
maltrataron.», por esta razón, considera que fue víctima de persecución por parte
de sus superiores y fue la razón de su retiro. Indicó que desconocía si el señor
Álvarez Mercado puso en conocimiento de los superiores de la persecución
alegada, solo que había presentado una acción de tutela para profesar su religión,
pero desconoce en qué fecha fue. Narró que su conocimiento frente a los hechos

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surge de las conversaciones con el demandante. Desconoce si al actor le fue
reconocida asignación de retiro.

58. Ahora bien, una detallada valoración de las declaraciones, contraría lo manifestado
por el accionante, al no vislumbrarse de aquellos, que la entidad demandada incurriera
en actos de desviación y/o abuso de poder, que logren desvirtuar la legalidad del acto
acusado, ni se configure una persecución con ocasión de su fe.

59. Aunado a lo anterior, en el recurso de alzada la parte demandante se a referir las
calidades por las que estima se debe impartir credibilidad a sus testigos12, circunstancias
que, en nada inciden con el cumplimiento de los requisitos objetivos para el llamamiento
a calificar servicios y, bajo las cuales se edificó acertadamente la decisión de primera
instancia; pues, como es bien sabido, este vicio se refiere a la intención con la cual la
autoridad profiere una decisión, esto es, que, con ella persiga un fin diferente al previsto
por el legislador, con un propósito particular, personal o arbitrario13.

60. Vistas así las cosas, al demostrarse que la causal de retiro es el llamamiento para
calificar servicios, en los términos ya indicados, el demandante no logró demostrar que,
la decisión del Ministerio de Defensa acogió una intención diferente a la dispuesta por el
legislador.

61. Por otro lado, en cuanto a la alegada desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que, la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares obedeció a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio, máxime, cuando no hay prueba que así lo demuestre. Ello
por cuanto, a pesar de señalar su oposición frente a presuntos actos de corrupción al
interior de la entidad, no hay prueba que demuestre que estos fueron denunciados o
puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes y que, como consecuencia
de ello, se tomara la determinación de retirarlo del servicio.

62. En esa medida, la Sala considera que, en esta oportunidad, la existencia del acto
administrativo de asignación de retiro por cumplimiento de requisitos y del concepto
previo de esa junta, impide inferir un propósito diferente al que la ley contempla, pues, se
reitera que, la desviación de poder debe tener un definido respaldo probatorio que lleve

12 Al considerar que, los declarantes Bartolo Gulfo y José Heredia, son pastores de la Iglesia Cristiana de Colombia, por tanto, son
personas revestidas de “connotación especial, fe y veracidad, quienes no teniendo el deber legal de testimoniar y estar exentos de
hacerlo por su sigilo Profesional y sacramental; acudieron al debate probatorio en búsqueda de la verdad (…)”. No obstante, el
análisis de los testimonios da cuenta que, estos tienen conocimiento de los hechos reprochados, únicamente por el dicho del actor
en el desarrollo de su orientación religiosa, al ser aquellos sus líderes espirituales.
13
Sentencia del Siete (7) de marzo de Dos mil Trece (2013)

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al juzgador a la certeza incontrovertible que los motivos que la administración tuvo para
expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala para tal efecto.

63. Por lo tanto, del dossier probatorio obrante en el expediente, no se encuentra probado
acreditado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese obedecido
a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio, ni se acreditaron los vicios de
falsa motivación y desviación de poder alegados por el actor; por el contrario, se
concluye que fue expedido con apego a las condiciones exigidas en el Decreto Ley
1790 de 2000 para el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a
calificar servicios.

64. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, al no acreditarse los cargos de nulidad
del acto acusado, se confirmará la sentencia de Primera Instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.3. Condena en costas.

65. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por lo
tanto, se revocará la condena atribuida en primera instancia y se abstendrá de imponerlas
en esta.

66. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído, salvo la condena en costas que se revoca.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Leandro Raúl Álvarez Mercado
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa- Armada Nacional

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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