República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-33-33-000-2019-00305-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
Tema: retiro del servicio. Subtema 1: retiro por llamamiento a calificar servicios.
Subtema 2: falsa motivación y desviación de poder
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Felipe Montoya Roldán contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Oralidad, el 21 de marzo de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Andrés Felipe Montoya Roldán solicitó la nulidad de la Resolución 7624 del
24 de octubre de 2018, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su
retiro del servicio activo de la Armada Nacional por llamamiento a calificar servicios.
En síntesis, sostuvo que dicha decisión era irregular, por cuanto fue expedida con
falsa motivación y desviación de poder, debido a que fue vinculado indebidamente con
grupos subversivos.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, negó las pretensiones
al considerar que el acto administrativo cumplió los requisitos establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Señaló que el actor
acreditó el tiempo de servicio exigido por el Decreto 1790 de 2000 para acceder a la
asignación de retiro y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
Militares emitió concepto previo para recomendar su retiro. En consecuencia, concluyó
que no se demostró que la decisión tuviera carácter sancionatorio, pues pese a que
el actor estuvo vinculado a una investigación, no existieron pruebas que generaran
certeza de que tales hechos motivaron el retiro.
El Consejo de Estado confirmará la sentencia de primera instancia, porque en efecto,
en esta oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el Decreto Ley
1790 de 2000 para disponer el llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo
mínimo de servicio que habilita el acceso a la asignación de retiro y el concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Andrés Felipe Montoya Roldán, mediante apoderada, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 5 de abril
de 20191, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Andrés Felipe Montoya Roldán solicitó que se declarara la nulidad de
la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, a través de la cual el Ministerio de
Defensa Nacional lo retiró del servicio activo de la Armada Nacional, por llamamiento
a calificar servicios, en su calidad de teniente coronel.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Andrés Felipe Montoya
Roldán pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso
al grado que le corresponda; el pago de todos los emolumentos laborales
correspondientes a cada grado, una vez se realicen los ascensos; sufragarle los
perjuicios patrimoniales y morales; lo anterior con los respectivos intereses e
indexación.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) El señor Andrés Felipe Montoya Roldán obtuvo su último ascenso al grado de
teniente coronel de infantería de marina mediante el Decreto 1956 del 30 de
noviembre de 2017, con efectos fiscales a partir del 8 de diciembre de 2017.
ii) En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución ARC 1430, el 16 de diciembre
1 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, p. 272
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Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
de 2017 se presentó en el Batallón de Infantería de Marina en Bahía Solano, Chocó,
donde asumió el comando.
iii) Mediante Acta 009 del 27 de agosto de 2018, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional resolvió recomendarlo para retiro del servicio, bajo la causal de
llamamiento a calificar servicios.
iv) Con fundamento en dicho concepto, el Ministerio de Defensa Nacional expidió
la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, mediante la cual fue retirado del
servicio activo.
v) El 9 de enero de 2019 radicó ante el comandante de la Armada Nacional
solicitud de revocatoria directa de la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, de
la cual recibió comunicado el 31 de enero de 2019 en el que se le informó que daría
traslado al Ministerio de Defensa.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículo 209.
La Ley 1437 de 2011, artículo 44.
El Decreto 1790 de 2000, artículo 103.
6. Al explicar el concepto de violación, luego de hacer referencia al fallo SU-091
de la Corte Constitucional y los artículos 59 y 60 del Decreto 1799 del 2000, el señor
Andrés Felipe Montoya Roldán cuestionó la justificación del llamamiento a calificar
servicios. Señaló que fue ascendido ocho meses antes a teniente coronel y designado
como jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina 2 en Buenaventura,
en reconocimiento a su gestión. En consecuencia, sostuvo que no podían invocarse
razones de conveniencia institucional ni necesidades del servicio.
7. Afirmó que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han coincidido en
que el llamamiento a calificar servicios de un militar no constituye una sanción ni un
acto deshonroso. No obstante, indicó que en su caso le atribuyeron presuntas alianzas
con grupos subversivos y que, 50 días después, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa recomendó su retiro bajo dicha figura. En consecuencia, sostuvo que la
medida no respondió a la facultad discrecional de las Fuerzas Militares para renovar
la estructura jerárquica del personal, sino que encubrió una sanción infundada.
2.2. Contestación de la demanda
8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que, conforme al
artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, para ejercer la facultad de llamamiento a
calificar servicios basta con que el militar haya permanecido en servicio activo por un
3
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Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
período mínimo de quince años, para que le sea reconocida la asignación de retiro.
En consecuencia, sostuvo que el acto administrativo mediante el cual el señor Andrés
Felipe Montoya Roldán fue llamado a calificar servicios se expidió con el cumplimiento
de los requisitos legales, por lo que es una facultad legítima para permitir la renovación
del personal uniformado.
9. Indicó que no se probó que el llamamiento a calificar servicios del señor Andrés
Felipe Montoya Roldán se utilizó como herramienta de persecución por razones de
discriminación o abuso de poder.
10. Expresó que el estatuto de carrera del personal militar permite hacer uso de
figuras como el llamamiento a calificar servicios para darle dinamismo a la planta y
garantizar el relevo generacional en organizaciones piramidales como las Fuerzas
Militares2.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, en la sentencia
del 21 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la demanda y absolvió en costas
a la parte accionante3. Consideró que la entidad demandada cumplió con los requisitos
establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, toda
vez que el señor Andrés Felipe Montoya Roldán acreditó los años de servicio exigidos
por el Decreto 1790 de 2000 para recibir asignación de retiro, y la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa emitió concepto previo en el que recomendó su retiro.
12. Arguyó que el llamamiento a calificar servicios no constituye una forma de
castigo ni una sanción para el uniformado, sino una manera de culminar la carrera
profesional, mediante la cual la Armada Nacional puede fortalecer el mando
institucional y oxigenar la institución.
13. Explicó que el señor Andrés Felipe Montoya Roldán tuvo una buena trayectoria
en la Armada Nacional y que en su folio de vida cuenta con diferentes felicitaciones y
distintivos otorgados por la institución; sin embargo, tales circunstancias no generan
fuero alguno de estabilidad, dado que es un comportamiento que debe destacarse de
un funcionario público.
14. Adujo que no se demostró que el retiro del servicio activo obedeciera a criterios
caprichosos del nominador, ni que constituyera un acto sancionatorio, pues, aunque
el señor Andrés Felipe Montoya Roldán estuvo vinculado a una investigación y fue
relevado de su cargo, no allegó medios de prueba que permitieran concluir que esos
hechos originaron su retiro.
2 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, pp. 291 a 311
3 Samai, índice 2, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
092SENTENCIADEPR_120190030501ANDRESFE.pdf.
4
Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
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15. Destacó que el hecho de que el actor hubiera permanecido durante 8 meses
como comandante del Batallón de Infantería de Marina 23 Bahía Solano, Chocó,
después de haber calificado para ocupar dicho cargo, no le otorgaba estabilidad, ya
que no existe norma que establezca la obligación de cumplir con un periodo
determinado.
2.4. Recurso de apelación
16. El señor Andrés Felipe Montoya Roldán, mediante apoderada, interpuso
recurso de apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
17. A su juicio, el tribunal (i) inaplicó el precedente judicial del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional; (ii) incurrió en falta de valoración probatoria y (iii) desconoció
que las causales de nulidad invocadas fueron probadas.
18. Respecto del primer aspecto, precisó que, de haberse aplicado el precedente
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se habría concluido que los actos
de retiro por llamamiento a calificar servicios tenían que estar motivados o, en su
defecto, se debían poner en conocimiento del militar retirado las causas por las cuales
se tomó la decisión.
19. Señaló que el juez no podía limitarse a analizar si se cumplían los requisitos
formales señalados en la norma y omitir el estudio de los motivos que sustentaban la
decisión. Indicó que el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa debía
contener la motivación de las razones y los hechos que daban lugar al retiro. Añadió
que, si el acto no incluía las razones que soportaban la desvinculación, no era posible
determinar si se fundaba en la discrecionalidad, en las necesidades del servicio o en
la arbitrariedad de la autoridad nominadora. Finalmente, sostuvo que el mejoramiento
del servicio tenía que contar con sustento fáctico y probatorio.
20. Dijo que, con las pruebas aportadas, se acreditó la existencia del nexo de
causalidad entre los hechos relacionados con el supuesto vínculo del señor Andrés
Felipe Montoya Roldán con grupos subversivos y su retiro del servicio.
21. Que el Acta 009 del 27 de agosto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional se encontraba incompleta, por lo que no existía veracidad de que el
documento allegado al proceso correspondía efectivamente al acta que sirvió de
soporte a la expedición de la resolución.
22. Argumentó que hubo una indebida valoración de los testimonios, en especial
del rendido por el señor Edwin Pinzón, quien afirmó que «la institución puede disponer
del personal cuando lo crea conveniente, pero en una situación normal, lo normal que
dura un comandante del batallón son dos años en la unidad», y que no se tuvieron en
4 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
093_MemorialWeb_Recurso.pdf
5
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Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
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cuenta los alegatos de conclusión presentados.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
23. Mediante auto del 13 de agosto de 20245, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
26. ¿Se encuentran acreditadas la falsa motivación y la desviación de poder
alegadas por el demandante, que desvirtúan la presunción de legalidad de la
Resolución del 7624 del 24 de octubre de 2018, a través de la cual se le retiró del
servicio activo de la Armada Nacional, por llamamiento a calificar servicios, en su
condición de teniente coronel?
27. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de poder.
A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.
5 Samai, índice 5.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios
28. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).
29. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.
30. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».
31. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales, excepto para los del grado de general o de insignia.
32. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.
33. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:
a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
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cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica
el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las
funciones del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo
cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos
armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales
deben contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz,
conforme a las necesidades y conveniencias del servicio, los mandos
superiores y medios de la institución, con fundamento en apreciaciones y
evaluaciones de carácter institucional.
34. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.
35. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.
36. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:
Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.
37. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:
8
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En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.
38. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:
Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.
39. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado9, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).
40. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
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prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.
41. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.
3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios
42. El retiro por llamamiento a calificar servicios exige el cumplimiento estricto de
dos requisitos objetivos, cuya verificación condiciona la legalidad del acto
administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para acceder a la asignación de retiro
y (ii) el concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia.
Dicho concepto constituye un presupuesto habilitante para la expedición del acto
definitivo.
43. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.
44. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».
45. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».
46. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento. En este punto, debe precisarse que
la aprobación posterior de las actas de la junta asesora constituye una formalidad, lo
que se explica en el hecho de que solo hasta que culmine la sesión de la junta es
posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico, el cual se suscribe por
quienes intervinieron en su expedición, una vez concurran al desarrollo de una nueva
junta12.
3.3.3. La falsa motivación
47. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición13. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
48. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 14.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.
49. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión15. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad16. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de
2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
proceso con radicado 2006-00348.
11
Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
los siguientes elementos17:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.
50. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)18.
51. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares, lo cual es aplicable para los oficiales, excepto para los del
grado de general o de insignia, por así ordenarlo el artículo 99 del Decreto 1790 de
2000.
52. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1790 de 2000, para la procedencia del llamamiento
a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello, o en el evento en que se citan
otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio de la causal de nulidad de falsa
motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa a quien pretende desvirtuar la
legalidad del acto por estas razones y, por ende, se vulneraría su derecho al debido
proceso.
3.3.4. La desviación de poder
53. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general19.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
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54. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 20. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina21 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público» 22.
55. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.
56. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»24.
3.4. Hechos probados
57. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto
administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
21 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
23 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
muestra a continuación:
58. Mediante Resolución 1956 del 30 de noviembre de 2017, el ministro de defensa
nacional ascendió al señor Andrés Felipe Montoya Roldán, por haber cumplido los
requisitos establecidos en los artículos 51, 52, 53, 55, 67, 68, 69 y 70 del Decreto 1790
de 2000, con efectos a partir del 8 de diciembre de 201725.
59. Noticia del 2 de julio de 2018 en la que se informó «asesinan a hermano de una
líder social en el Chocó»26.
60. El 27 de agosto de 2018, conforme al acta 009, se reunió la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional con el fin de realizar la evaluación sobre el retiro por
llamamiento a calificar servicios de Andrés Felipe Montoya Roldán, en la que se
advirtió que las disposiciones normativas y jurisprudencia constitucional aplicables al
caso permitían que el Gobierno nacional adoptara este tipo de decisiones cuando el
personal cumplía con el tiempo necesario para obtener asignación de retiro, al ser un
instrumento que permitía reestructurar el poder jerárquico de mando y conducción de
la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los mandos de diferentes niveles
con celeridad, cuando así las necesidades y conveniencias lo recomendaban27.
61. Noticia del 22 de septiembre de 2018 en la que se informó la captura, por
homicidio y narcotráfico, de miembros de grupos subversivos en Bahía Solano,
Chocó28.
62. Mediante la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, el ministro de defensa
nacional retiró del servicio activo de la Armada Nacional al teniente coronel de
infantería de marina Andrés Felipe Montoya Roldán, por llamamiento a calificar
servicios, en atención a que, en sesión del 27 de agosto de 2018, registrada en acta
009, la junta asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerza Militares así lo
recomendó por unanimidad29.
63. En el aludido acto se citaron apartes de la mencionada acta, en la que se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación, para
señalar que la permanencia del personal uniformado no dependía solamente de una
hoja de vida en la que no se advirtiera la existencia de antecedentes penales o
disciplinarios en su contra, sino cobraba especial relevancia las necesidades de la
fuerza; y que en el caso del teniente coronel, este contaba con más de quince (15)
años de servicios, para ser beneficiario de una asignación de retiro, por lo que podía
25 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, pp. 35 a 37
26 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, p. 115
27 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
099ED_EXPEDIENTEDIGITALCUA.pdf, pp. 71 a 77
28 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, pp. 110
29 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, pp. 77 a 79
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Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
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procederse con la mencionada causal de desvinculación.
64. La citada resolución fue notificada el 26 de octubre de 2018 al señor Andrés
Felipe Montoya Roldán30.
65. El señor Andrés Felipe presentó, el 10 de enero de 2019, solicitud de
revocatoria directa de la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018 ante el
vicealmirante comandante Armada Nacional 31.
66. La Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, mediante
oficio 19-36817 MDN-SGDAL-GNG del 29 de abril de 2019, dio respuesta a la solicitud
de revocatoria directa, en la cual no accedió a esta, al considerar que el señor Andrés
Felipe Montoya Roldán no fue objeto de sanción, pues el llamamiento a calificar
servicios por cumplimiento de los requisitos no pone en tela de juicio el buen trabajo
que realizó32.
3.5. Caso concreto
67. El señor Andrés Felipe Montoya Roldán controvierte la legalidad de la
Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, que lo retiró del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, en resumen, al estimar que se desconoció la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acerca de la obligación
del juez de verificar si el acto fue emitido con falsa motivación y con abuso de poder,
máxime cuando demostró el nexo causal entre los hechos relacionados con su
supuesto vínculo con grupos subversivos y su retiro del servicio, por lo que no fue
expedido con fundamento en el buen servicio, sino como una sanción.
68. Sobre el particular, sea lo primero precisar que si bien las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares comportan actos
preparatorios33, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión34.
69. Ahora bien, la Resolución 7624 del 24 de octubre de 2018, objeto de demanda,
tuvo como sustento la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares acerca del retiro del servicio activo del teniente coronel
Andrés Felipe Montoya Roldán por llamamiento a calificar servicios.
70. La sesión de dicha junta se realizó el 27 de agosto de 2018 (acta 009), en la que
30 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, p. 80
31 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal,
14_EXPEDIENTEDIGITAL_2020018748.PDF, pp. 85 a 91
32 Samai, índice 2, 5ED_EXP DIGITA_76001233300020190030(.zip), cuaderno principal, 062Contrato 104 DE
2020 – SASI-2020-09(.pdf),pdf
33 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).
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se advirtió que las disposiciones normativas aplicables, en particular las del Decreto
1790 de 2000, autorizaban que el Gobierno nacional adoptara este tipo de decisiones
cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener una asignación de
retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder jerárquico de mando y
conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los mandos de
diferentes niveles con celeridad, cuando así las necesidades y conveniencias lo
recomendaban, como lo ha precisado la Corte Constitucional en los fallos SU -091 y T-
107 de 2016.
71. Por ende, en tal acta se anotó que, al contar el teniente coronel Andrés Felipe
Montoya Roldán con más de 15 años de servicio, tiempo que lo hacía acreedor de la
asignación de retiro, y luego de estudiar la propuesta de retiro, se decidía por
unanimidad que era procedente por la aludida causal.
72. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019, en la que se
argumentó que:
Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite,
con el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera
cuando se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la
dignidad propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la
institución disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los
miembros de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la
recomendación de la Junta Asesora que corresponda.
73. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103
del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte falsa motivación del acto
administrativo acusado. Igualmente, cabe precisar que la recomendación de dicha
junta tiene carácter discrecional, en relación con la determinación sobre la
permanencia o no en el servicio del uniformado, sin que sea necesario que dejen
anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de 2016, reiteradas en la SU-237
de 2019.
74. Al respecto, la Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir
una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza
la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
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Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»35.
75. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización en pro del mejoramiento y excelencia institucional. Por ende,
tampoco es exigible la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la junta asesora, al ser un instrumento indispensable
para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por
razones de conveniencia institucional. Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado de la institución puede
volver a ser reincorporado.
76. Ahora bien, el señor Andrés Felipe Montoya Roldán reprocha que el Acta 009
del 27 de agosto de 2018, contiene algunos espacios en blanco. No obstante, la Sala
considera que dicha circunstancia no afecta la validez del documento, en la medida
en que de su contenido se desprende de manera clara la recomendación de su
llamamiento a calificar servicios. Asimismo, el acta está suscrita por las autoridades
competentes, esto es, los comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea Colombiana, así como por el comandante general de las Fuerzas
Militares y el ministro de defensa nacional, lo que acredita el cumplimiento de los
requisitos formales.
77. La eventual existencia de espacios en blanco en el Acta 009 del 27 de agosto
de 2018 constituye una irregularidad de carácter formal que no desvirtúa la validez del
acto. Tampoco existe prueba dentro del proceso que demuestre la alteración de su
contenido. Por el contrario, el documento conserva su autenticidad y permite
establecer que la decisión adoptada por la autoridad competente en la Resolución
7624 del 24 de octubre de 2018 es legal.
78. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende, se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles36.
79. En el expediente está demostrado que, al amparo del Decreto 1790 de 2000,
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa sustentó la recomendación la
desvinculación del teniente coronel Andrés Felipe Montoya Roldán por llamamiento a
calificar servicios, en que alcanzó los requisitos para obtener la asignación de retiro y
la necesidad de reestructurar el poder jerárquico de mando.
80. Así las cosas, el retiro por llamamiento a calificar servicios ocurrió al
comprobarse el cumplimiento de los requisitos para acceder a la asignación de retiro y
35 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
36 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,
proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el acto
administrativo censurado se encuentra ajustado a los parámetros legales y
jurisprudenciales, sin que se evidencie una falsa motivación.
81. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio. Esto es especialmente relevante dado que se aportaron
noticias relacionadas con la captura de miembros de grupos subversivos en Bahía
Solano, Chocó, de las cuales no se emana que hayan constituido la causa del
llamamiento a calificar servicios del señor Andrés Felipe Montoya Roldán.
82. Asimismo, del testimonio del señor Edwim Pinzón Mora tampoco se logra
demostrar que el llamamiento estuviera vinculado a dichos hechos, pues de este se
desprende que se adelantó una investigación y que indicó que «en cualquier momento
lo pueden llamar a calificar servicios»37, sin que de ello se infiera que el llamamiento a
calificar servicios del señor Andrés Felipe Montoya Roldán obedeciera a los
señalamientos realizados por grupos subversivos.
83. En conclusión, la Sala considera que, en este caso, la existencia del tiempo de
servicio requerido y del concepto previo emitido por la junta impiden inferir un propósito
distinto al previsto por la ley.
84. Lo anterior, porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.
85. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por el señor Andrés Felipe Montoya Roldán; por el contrario, se concluye que fue
expedido con apego a las condiciones exigidas en el Decreto Ley 1790 de 2000 para
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.
3.6. Costas
86. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario38 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
37 Samai, índice 49, 16_ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS (.mp4)
38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas, debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
87. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el señor Andrés Felipe Montoya Roldán haya incurrido en las
anteriores conductas.
3.7. Conclusión
88. La Subsección concluye que el retiro del entonces teniente coronel Andrés
Felipe Montoya Roldán por la causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó al
Decreto Ley 1790 de 2000, por cuanto se desprende del Acta 009 del 27 de agosto
de 2018 que el oficial contaba con el tiempo mínimo de servicio requerido para acceder
a la asignación de retiro y medió concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para las Fuerzas Militares, presupuestos habilitantes para la expedición
del acto; además de que no se comprobó que esa decisión obedeció a hechos
inexistentes, erróneos o ajenos a los fines previstos por la ley.
89. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala de Oralidad, del 21 de marzo de 2024, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-33-33-000-2019-00305-01 (3376-2024)
Demandante: Andrés Felipe Montoya Roldán
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase,
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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