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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00004-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00004-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: retiro del servicio. Subtema 1: llamamiento a calificar servicios. Subtema 2:
desviación de poder, falsa motivación, expedición irregular, falta de competencia e
infracción de las normas en las que debería fundarse el acto administrativo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, el 20 de agosto de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La parte demandante solicitó la nulidad parcial de la Resolución 272 del 23 de
diciembre de 2019, en cuanto no incluyó al coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre
dentro del grupo de oficiales llamados a adelantar el Curso de Altos Estudios Militares
—CAEM— 2020, así como la nulidad del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020,
mediante el cual fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional, en forma
temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios. Afirmó que
dichos actos fueron expedidos con falsa motivación, desviación de poder y
desconocimiento del debido proceso, pues, en su criterio, estuvieron determinados
por un móvil retaliatorio derivado de las actuaciones de inteligencia y
contrainteligencia que adelantó durante su gestión como comandante del CACIM.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó que la no selección

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

del demandante para adelantar el CAEM o su posterior retiro hubieran obedecido a
una retaliación o a motivos ajenos al servicio. Asimismo, concluyó que el retiro por
llamamiento a calificar servicios cumplió los presupuestos legales, esto es, el concepto
previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares y el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro.

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, porque no se desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos acusados ni se acreditaron los vicios de nulidad
alegados por la parte demandante.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Martín Antonio Arrauth Aguirre, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 12 de enero de 2021 contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con las siguientes pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 272 del 23 de diciembre de
2019, expedida por el Comando General del Ejército Nacional, en cuanto no incluyó
al demandante dentro del grupo de coroneles llamados a adelantar el Curso de Altos
Estudios Militares —CAEM—, con miras al ascenso al grado de brigadier general.

3. Que se declare la nulidad parcial del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020,
expedido por la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y el
Ejército Nacional, mediante el cual fue retirado del servicio activo, en forma temporal
y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro a
un cargo de igual o superior categoría al que venía desempeñando en la carrera
militar, previo llamamiento al Curso de Altos Estudios Militares, y que se le considerara
en actividad para todos los efectos legales, sin solución de continuidad. En
consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir.

5. Finalmente, pretendió que se condenara a la entidad demandada al pago de
500 SMLMV por concepto de perjuicios morales, así como al pago de las costas del
proceso, incluidas las agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

1 Samai, índice 3 (de primera instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 1 a 44. Pretensiones
visibles, pp. 2.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

5. El demandante ingresó al Ejército Nacional en 1989 y desarrolló su carrera
militar hasta alcanzar el grado de coronel. Señaló que, durante su trayectoria, ocupó
distintos cargos operativos, de inteligencia y contrainteligencia, sin registrar
sanciones, suspensiones o investigaciones disciplinarias.

6. Manifestó que, desde diciembre de 2015, ejerció como comandante del
Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia del Ejército —CACIM—, cargo
que fue formalizado mediante la Resolución 5122 del 13 de junio de 2016.

7. Sostuvo que, en ejercicio de dicho cargo, dirigió y puso en conocimiento de sus
superiores varias misiones de trabajo relacionadas con presuntas irregularidades,
actos de corrupción, vínculos ilegales y otras conductas atribuidas a oficiales de alto
rango del Ejército Nacional.

8. Afirmó que algunos de los oficiales mencionados en esas misiones participaron,
directa o indirectamente, en el proceso de evaluación y votación para el llamamiento
al Curso de Altos Estudios Militares (en adelante CAEM), por lo que, a su juicio,
carecían de imparcialidad y debieron declararse impedidos.

9. Expuso que, el 24 de octubre de 2019, antes de la votación para el llamamiento
del CAEM, fue informado de que debía presentar una prueba de polígrafo como parte
de un trámite de rutina para ascenso. Sin embargo, señaló que, durante la diligencia,
se le formularon preguntas relacionadas con presuntas filtraciones de información a
la revista Semana, lo cual, en su criterio, evidenciaba que la prueba no era rutinaria,
sino que estaba dirigida a indagar por tales hechos. Por esa razón, suspendió la
diligencia e informó al comandante del Ejército Nacional sobre lo ocurrido mediante
petición del 28 de octubre de 2019.

10. Señaló que el 1° de noviembre de 2019 se reunió la Junta de Generales para
votar el llamamiento al CAEM y que no fue seleccionado, por no haber obtenido los
votos necesarios. Agregó que, según la entidad, no contó con el concepto favorable
requerido para integrar dicho curso.

11. Indicó que, como consecuencia de lo anterior, se expidió la Resolución 272 del
23 de diciembre de 2019, mediante la cual se seleccionó a los coroneles llamados a
adelantar el CAEM, sin incluirlo dentro de ese grupo. Afirmó que dicho acto no le fue
notificado y que solo conoció su contenido el 21 de septiembre de 2020.

12. Posteriormente, mediante el Decreto 170 del 7 de febrero de 2020, fue retirado
del servicio activo en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a
calificar servicios.

13. Finalmente, adujo que su exclusión del CAEM y su posterior retiro del servicio
no obedecieron al mejoramiento del servicio, sino a una retaliación por las misiones
de contrainteligencia que dirigió y por los hallazgos que puso en conocimiento de la
cúpula militar. Por ello, afirmó que los actos demandados fueron expedidos con

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del debido proceso, y que
tales actuaciones le ocasionaron perjuicios morales por la afectación de su buen
nombre, honor militar y tranquilidad personal y familiar.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

14. Como normas violadas, la parte demandante invocó el artículo 29 de la
Constitución Política, relativo al debido proceso y al derecho de defensa; los artículos
3 y 67 del CPACA, sobre los principios que orientan la actuación administrativa y el
deber de notificación personal de los actos administrativos; el artículo 38 del Decreto
0989 de 1992 y el artículo 64 del Decreto 1211 de 1990, relacionados con los
requisitos para el llamamiento al CAEM.

15. Al explicar el concepto de violación, sostuvo que la Resolución 272 del 23 de
diciembre de 2019 desconoció el debido proceso y el derecho de defensa, porque no
le fue notificada, pese a que mediante dicho acto se seleccionó a los coroneles
llamados a adelantar el CAEM y se omitió incluirlo dentro de ese grupo. En su criterio,
esa omisión le impidió conocer oportunamente las razones de la decisión y ejercer los
medios de contradicción correspondientes.

16. Adujo que, aunque la administración cuenta con un margen de discrecionalidad
para seleccionar a los oficiales llamados al CAEM y para disponer el llamamiento a
calificar servicios, esa facultad no podía ejercerse de manera arbitraria ni por motivos
ajenos al mejoramiento del servicio. En ese sentido, afirmó que los actos demandados
carecieron de motivación suficiente, pues no explicaron las razones objetivas por las
cuales no fue llamado al curso ni aquellas que justificaron su posterior retiro del
servicio.

17. También argumentó que su hoja de vida, trayectoria militar, formación
académica, condecoraciones y felicitaciones evidenciaban que cumplía las
condiciones para ser considerado dentro del grupo de oficiales llamados al CAEM, por
lo que resultaba incongruente que la administración lo excluyera sin exponer una
razón objetiva relacionada con la utilidad o el interés general.

18. Finalmente, afirmó que los actos acusados fueron expedidos con desviación de
poder, pues, en su criterio, su exclusión del CAEM y su posterior retiro del servicio
obedecieron a una retaliación por las misiones de contrainteligencia que dirigió como
comandante del CACIM y por los hallazgos de presuntas irregularidades que puso en
conocimiento de sus superiores y de las autoridades competentes. Agregó que
algunos de los oficiales relacionados con esas misiones participaron o influyeron en
la votación para el llamamiento al curso, circunstancia que, a su juicio, afectó la
imparcialidad de la decisión.

2.2. Trámite procesal en primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda mediante auto

4

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

del 25 de octubre de 20212.

20. Vencidos los términos de ejecutoria y traslado de la demanda, el expediente
ingresó al despacho sin que las partes hubieran efectuado manifestación alguna3.

21. Mediante auto del 13 de septiembre de 2024, el tribunal tuvo por no contestada
la demanda por parte de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional4.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 20 de agosto de 2025, negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas5, en los siguientes términos:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Coronel (R) Martín
Antonio Arrauth Aguirre contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta sentencia, por la Secretaría de la Subsección liquídense los
gastos procesales, devuélvase a la parte demandante los remanentes si lo hubiere y
procédase al archivo del expediente, previas las anotaciones y constancias que
correspondan.

23. Como problema jurídico, el tribunal se propuso establecer si la Resolución 272
del 23 de diciembre de 2019 y el Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 estaban
afectados de nulidad y si, como consecuencia de ello, procedía ordenar el reintegro
del demandante al Ejército Nacional, previo llamamiento al CAEM, sin solución de
continuidad y con el reconocimiento de los salarios, prestaciones y perjuicios
reclamados.

24. Para resolver, señaló que el ascenso al grado de brigadier general y el
llamamiento al CAEM comportan un componente discrecional, sujeto a las
necesidades y conveniencias institucionales. En ese sentido, precisó que la existencia
de una hoja de vida destacada, con reconocimientos, condecoraciones y calificaciones
favorables, no imponía por sí sola la selección del demandante ni restringía la facultad
de valoración de la administración.

25. Frente a la Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, el tribunal consideró
que no se acreditó que la exclusión del demandante del grupo de oficiales llamados
al CAEM hubiera obedecido a una retaliación por las misiones de contrainteligencia
que dirigió como comandante del CACIM. Al respecto, indicó que no se probó que los
2 Samai, índice 6 (de primera instancia).
3 Samai, índice 13 (de primera instancia).
4 Samai, índice 22 (de primera instancia).
5 Samai, índice 68 (de primera instancia).

5

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

oficiales destinatarios de aquellas misiones hubieran tenido conocimiento de estas, ni
que esa circunstancia hubiera influido en la votación.

26. Agregó que, aunque algunos oficiales vinculados a las investigaciones
adelantadas por el CACIM participaron en la Junta que recomendó el llamamiento al
CAEM, ello no resultaba suficiente para demostrar la desviación de poder alegada,
máxime cuando la decisión fue adoptada por un cuerpo colegiado integrado por un
número amplio de oficiales.

27. También señaló que la decisión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
no constituía un acto administrativo definitivo, pues la determinación se concretaba en
el acto expedido por el comandante General de las Fuerzas Militares. Por ello,
descartó que la falta de contradicción directa frente a la votación configurara, por sí
misma, una vulneración del debido proceso.

28. En cuanto al Decreto 170 del 7 de febrero de 2020, el tribunal sostuvo que el
retiro por llamamiento a calificar servicios no constituye una sanción ni una medida
deshonrosa, sino una forma normal de retiro orientada al relevo dentro de la estructura
jerárquica de las Fuerzas Militares. Además, indicó que esta causal no exigía una
motivación adicional a la prevista en la ley.

29. Sobre el caso concreto, encontró acreditado que, para la fecha del retiro, el
demandante contaba con más de 30 años de servicio, cumplía los requisitos para
acceder a la asignación de retiro y su desvinculación estuvo precedida del concepto
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional. En consecuencia, concluyó
que el acto de retiro cumplió las exigencias legales y jurisprudenciales aplicables.

30. Finalmente, el Tribunal concluyó que la parte demandante no demostró, ni
siquiera de manera indiciaria, que la no selección al CAEM o el posterior retiro del
servicio hubieran tenido origen en las misiones desarrolladas por el demandante como
comandante del CACIM. Por ello, sostuvo que no se configuró la desviación de poder
alegada y que los actos demandados conservaban su presunción de legalidad.

2.4. Recurso de apelación

31. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda.

32. Como argumento preliminar, sostuvo que el tribunal centró el análisis en
verificar si el demandante cumplía los requisitos para ser retirado por llamamiento a
calificar servicios, pese a que, en su criterio, ese no era el objeto principal de la
controversia. Al respecto, precisó que lo discutido era si la Resolución 272 del 23 de
diciembre de 2019 y el Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 fueron expedidos con
desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del debido proceso.

6 Samai, índice 77 (de primera instancia).

6

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

33. A su juicio, el fallador de primera instancia analizó de manera superficial la
causal de desviación de poder, pues no valoró integralmente las pruebas que, a su
juicio, demostraban que la exclusión del demandante del CAEM y su posterior retiro
del servicio obedecieron a una retaliación por las misiones de contrainteligencia que
dirigió como comandante del CACIM.

34. Cuestionó que el tribunal hubiera considerado relevante el tiempo transcurrido
entre la finalización de sus funciones como comandante del CACIM y la votación para
el llamamiento al CAEM. En su criterio, ese lapso no desvirtuaba el móvil retaliatorio
de los actos demandados, pues las investigaciones, hallazgos y misiones de trabajo
que dirigió involucraron a oficiales de alto rango que, posteriormente, participaron o
influyeron en la decisión de no llamarlo al curso.

35. Manifestó que la sentencia incurrió en error de valoración probatoria al concluir
que no se demostró que los oficiales destinatarios de las misiones de trabajo hubieran
tenido conocimiento de estas o que tal circunstancia influyera en la votación. Sobre el
particular, sostuvo que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la institución
militar, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación,
por lo que, según las reglas de la sana crítica, debía inferirse que los oficiales
vinculados conocían las investigaciones adelantadas en su contra.

36. También reprochó que el tribunal hubiera indicado que solo tres generales
relacionados con misiones del CACIM participaron en la Junta Asesora. A juicio del
apelante, la demanda identificó varios oficiales que participaron en la votación y que,
a su vez, fueron objeto de misiones de trabajo o investigaciones derivadas de estas.
En todo caso, sostuvo que la intervención de un solo integrante impedido era suficiente
para afectar la imparcialidad del procedimiento, en especial porque la votación era
secreta y el resultado dependía de la mayoría requerida.

37. Agregó que el proceso de evaluación debía observar los principios de
objetividad, imparcialidad, debido proceso y legalidad previstos en el Decreto 1799 de
2000. Por ello, consideró que los oficiales que habían sido objeto de las misiones de
contrainteligencia debieron declararse impedidos para evaluar y votar el llamamiento
al CAEM, pues tenían un interés directo en la decisión y sentimientos de
animadversión frente al demandante.

38. De igual forma, sostuvo que el tribunal omitió valorar los hechos de
persecución, asedio y amenazas que, según afirmó, padeció el demandante antes y
después de la votación del 1.º de noviembre de 2019. En ese sentido, destacó el
testimonio del sargento segundo Luis Alejandro Calderón Castellanos, integrante de
su esquema de seguridad, quien se refirió a seguimientos, intimidaciones y
afectaciones a la tranquilidad personal y familiar del actor.

39. Finalmente, insistió en que la facultad discrecional de la administración no es
absoluta y no puede utilizarse como instrumento de persecución, discriminación o

7

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

abuso de poder. Por ello, afirmó que los actos demandados no estuvieron inspirados
en el mejoramiento del servicio, sino en motivos ocultos y particulares, derivados de
las investigaciones y hallazgos de presunta corrupción que el demandante puso en
conocimiento de sus superiores y de las autoridades competentes.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

40. Mediante auto del 27 de enero de 2026, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

41. La parte demandada8 se pronunció sobre el recurso de apelación, para solicitar
que se confirme la sentencia de primera instancia. Para ello, refirió que los
documentos de inteligencia y contrainteligencia allegados con la demanda no podían
ser valorados como prueba, de conformidad con la Ley 1621 de 2013, pues tienen
carácter reservado y, además, no fueron aportados por orden judicial ni remitidos
oficialmente por la entidad. En ese sentido, afirmó que no existía prueba suficiente de
que los generales que participaron en la Junta Asesora hubieran conocido las
misiones de trabajo ni de que estas hubieran incidido en la decisión de no llamar al
demandante al CAEM o de retirarlo del servicio.

42. Asimismo, indicó que no se acreditó la desviación de poder alegada, ni la
supuesta retaliación contra el demandante. Señaló que las publicaciones periodísticas
y el testimonio citado por la parte actora no demostraban un nexo causal con los actos
demandados. Finalmente, reiteró que el llamamiento a calificar servicios no constituye
una sanción ni un retiro deshonroso, sino una forma legal de renovación de los
cuadros de mando, y que la buena hoja de vida del oficial no genera, por sí sola, un
fuero de estabilidad ni obliga a su selección para el CAEM.

43. El Ministerio Público guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

45. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la

7
Samai, índice 4.
8 Samai, índice 8.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
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competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3289 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico:

46. ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución 272 del 23 de
diciembre de 2019 y del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020, al acreditarse que la
no selección del demandante para adelantar el CAEM y su posterior retiro por
llamamiento a calificar servicios obedecieron a una desviación de poder, originada en
una presunta retaliación por las labores de contrainteligencia que dirigió en su
condición de comandante del CACIM?

47. En caso afirmativo, ¿procede ordenar el reintegro del demandante al servicio
activo, previo llamamiento al CAEM, sin solución de continuidad, así como el
reconocimiento de los salarios, prestaciones, demás emolumentos y perjuicios
reclamados?

48. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para
la procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de
poder. A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos
probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

49. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).

50. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.

51. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución

9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».

52. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en el caso de los oficiales.

53. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional11, dando lugar a limitaciones, dentro del marco constitucional y legal, al
ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en la naturaleza
constitucional de la Fuerza Pública como garante de la integridad, la convivencia y la
seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento institucional que
permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, para facilitar el
ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a la manera ordinaria de
culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

54. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura. Por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:

a) No establece el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica el
ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las funciones
del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.

b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo cual no
es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos armados y la
manera corriente de culminar una carrera en la misma.

c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales deben
contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz, conforme a las
necesidades y conveniencias del servicio, los mandos superiores y medios de la
institución, con fundamento en apreciaciones y evaluaciones de carácter institucional.

55. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos

10 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derecho contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

56. Respecto al tiempo mínimo previsto por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que, una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

57. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por
la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

58. De la misma manera, la sentencia destacó que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

59. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y la

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

60. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado12, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumpla con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

61. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, concluyó lo que sigue:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su cargo la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la
exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten13.

62. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la dispuesta en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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militar o policial.

3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

63. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro; y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, excepto en las hipótesis
expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto constituye un presupuesto
habilitante para la expedición del acto definitivo.

64. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal14.

65. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la junta asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

66. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 reiteró que la junta asesora
no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo de servicio
y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

67. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento.

68. En este punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la
junta asesora constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo
hasta que culmine la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el
documento físico, el cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una
vez concurran al desarrollo de una nueva junta15.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).

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3.3.3. La falsa motivación

69. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición16. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

70. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad»17.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.

71. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión18. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad19. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos20:

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.

72. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)21.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-

03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de

2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,

proceso con radicado 2006-00348.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de

septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
21
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia

14

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
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73. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional, lo cual es aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el
artículo 1º de la Ley 857 2003 que modificó el Decreto 1791 de 2000.

74. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos descritos en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003,
para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se
indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable
el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar
sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por
ende, se vulneraría su derecho al debido proceso.

3.3.4. La desviación de poder

75. Uno de los elementos del acto administrativo es el teleológico, referido a los
fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de aquel no lo fija
la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido
para cumplir los fines previstos en los artículos 2 constitucional y 1 del CPACA, esto
es, el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el interés
general22.

76. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo23. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina24 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»25.

77. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es

se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
23 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
24 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
25 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».

15

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
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necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»26.

78. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»27.

79. Ahora bien, la Sala no desconoce que la acreditación de la desviación de poder
puede resultar especialmente compleja, en la medida en que exige demostrar que la
administración ejerció una competencia formalmente válida con una finalidad distinta
a la prevista por el ordenamiento jurídico. Por ello, su configuración no necesariamente
debe probarse mediante una prueba directa del móvil que orientó la decisión, sino que
puede inferirse a partir de indicios serios, concordantes y convergentes, siempre que
estos permitan concluir que el acto fue expedido con un propósito ajeno al interés
general o al buen servicio28.

3.4. Hechos probados

80. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

81. Mediante Resolución 003 del 8 de enero de 2019, el comandante general de
las Fuerzas Militares destinó en comisión colectiva permanente de estudios a varios
oficiales superiores del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para
adelantar el CAEM correspondiente a la vigencia 2019, en la Escuela Superior de
Guerra, entre el 7 de enero y el 29 de noviembre de 2019. En el listado de oficiales

26 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02 (44009).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2026, radicado: 47001-23-
33-000-2016-00395-01 (2491-2021).

16

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

seleccionados no fue incluido el coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre29.

82. El 28 de octubre de 2019, el coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre radicó
petición ante el comandante del Ejército Nacional, mediante la cual puso en
conocimiento que, en su criterio, venía siendo objeto de señalamientos injustos,
persecución laboral, seguimientos e intimidaciones, situación que relacionó con las
funciones que desempeñó como comandante del Comando de Apoyo de Combate de
Contrainteligencia Militar —CACIM— y con las misiones de trabajo adelantadas
durante su gestión. En la misma petición solicitó información sobre las medidas de
protección a su favor y de su núcleo familiar, la presunta modificación de su hoja de
vida y las circunstancias relacionadas con la prueba de polígrafo a la que fue citado30.

83. En el Acta 13 del 1º de noviembre de 2019 consta que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares se reunió en sesión
ordinaria, con la asistencia de 94 generales y oficiales de insignia, para considerar y
recomendar la propuesta de llamamiento al Curso de Altos Estudios Militares —
CAEM— para el año 2020 de 100 coroneles del Ejército Nacional. En la relación de
oficiales postulados figuró el coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre31.

84. En el Acta 16 del 18 de diciembre de 2019 consta que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares se reunió en sesión
ordinaria, presidida por el ministro de Defensa Nacional, con la asistencia de 46
generales y oficiales de insignia. En dicha sesión se trataron, entre otros asuntos,
propuestas de retiro del servicio activo de personal del Ejército Nacional32.

85. En el acápite relativo al retiro por llamamiento a calificar servicios, la Junta
Asesora estudió la propuesta presentada por el comandante del Ejército Nacional
respecto de 60 oficiales, entre ellos el coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre. En el
acta se indicó que dichos oficiales cumplían los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro y, por unanimidad, se recomendó su retiro del servicio activo por
la causal de llamamiento a calificar servicios, de conformidad con los artículos 99, 100,
literal a), numeral 3, y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000.

86. A través de la Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, acto demandado
en este proceso, el comandante general de las Fuerzas Militares destinó en comisión
colectiva permanente de estudios a un grupo de oficiales superiores del Ejército
Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para adelantar el CAEM

29 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera
instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 58 a 59.
30 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 418 a 432.
31 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 60 a 63.
32 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 113 a 132.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

correspondiente a la vigencia 2020, en la Escuela Superior de Guerra, entre el 7 de
enero y el 25 de noviembre de 2020. En el listado de oficiales seleccionados tampoco
fue incluido el coronel Aguirre33.

87. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante Decreto 170 de 2020 del 7 de
febrero de 2020, retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares —Ejército Nacional
al coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre, en forma temporal y con pase a la reserva,
por llamamiento a calificar servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
100, literal a), numeral 3, y 103 del Decreto 1790 de 200034.

88. La Fuerzas Militares— Ejército Nacional comunicaron al demandante la
decisión adoptada mediante el Decreto 170 de 2020 el 12 de febrero de 202035.

89. En la hoja de servicios 3-9143709, expedida por la Dirección de Personal del
Ejército Nacional el 11 de abril de 2020, consta que el coronel Martín Antonio Arrauth
Aguirre ingresó al Ejército Nacional el 1º de diciembre de 1991, que fue retirado por
llamamiento a calificar servicios mediante Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 y que
su fecha de corte de retiro fue el 12 de febrero de 2020. Asimismo, se registró un
tiempo liquidado para pensión o asignación de retiro de 30 años, 5 meses y 26 días36.

90. En el extracto de hoja de vida expedido por el Ejército Nacional el 30 de julio
de 2020, se registró la siguiente información respecto de la trayectoria militar del
coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre37:

Aspecto Información registrada
Grado Coronel
Arma Inteligencia militar
Especialidad Inteligencia humana
Fecha de ingreso 1.º de diciembre de 1991
Situación Retirado
administrativa
Causal de retiro Llamamiento a calificar servicios
Tiempo de servicio 31 años, 2 meses y 10 días
Último cargo Adjunto militar
Ascensos Subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel

33 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera
instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 56 a 57.
34 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 48 a 51.
35 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 52.
36 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 65 a 67.
37 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 69 a 86.

18

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Cargos Comandante de batallón, comandante de brigada de
desempeñados contrainteligencia militar, jefe del grupo de atención humanitaria al
desmovilizado, oficial de inteligencia, comandante del Comando de
Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar y adjunto militar en
comisión en el exterior
Formación y estímulos Estudios de posgrado, cursos, seminarios, diplomados,
condecoraciones, distintivos militares nacionales y extranjeros,
reconocimientos y 276 felicitaciones
Información jurídica No registró sanciones en los últimos cinco años, suspensiones,
separaciones, investigaciones de procesos ni aspectos jurídicos
registrados

Tabla 1: Extracto de hoja de vida del demandante

En el extracto de hoja de vida se relacionan los siguientes cargos desempeñados
por el coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre:

Grado Cargo Unidad Fecha inicio Fecha Tiempo
terminación registrado
ST Comandante de Batallón de 1º dic. 1991 1.º ene. 1994 02-01-00
pelotón Infantería
Aerotransportado
No. 31 Rifles
ST Comandante de Batallón de 1º ene. 1994 1.º ene. 1995 01-00-00
contraguerrillas Contraguerrillas No.
29 Héroes del Alto
Llano
TE Comandante de Batallón de Policía 1º may. 1995 1.º ene. 1996 00-08-00
pelotón Militar No. 15
Bacatá
TE Analista Comando Especial 1º ene. 1996 21 nov. 1997 01-10-20
Conjunto EJC
TE Alumno Escuela de Armas y 21 nov. 1997 1.º may. 1998 00-05-10
Servicios
TE Comandante de Batallón de 1º may. 1998 1.º dic. 1999 01-07-00
compañía Infantería No. 44
Ramón Nonato
Pérez
CT Comandante de Batallón de 1º dic. 1999 31 oct. 2000 00-11-00
compañía Infantería No. 15
Francisco de Paula
Santander
CT Analista Central de 1º oct. 2000 11 jun. 2004 03-08-10
Contrainteligencia
Militar
CT Alumno teniente a Escuela de Armas y 11 jun. 2004 30 sep. 2004 00-03-19
capitán Servicios
CT Oficial de inteligencia Comando Brigada 10 nov. 2004 15 jun. 2006 01-07-05
“Gaula Atlántico” Fuerzas Especiales

19

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

MY Oficial plana mayor Regional de 15 jun. 2006 21 mar. 2007 00-09-05
Inteligencia Militar
No. 6
MY Jefe del Grupo de Despacho Ministro 22 mar. 2007 4 ene. 2009 01-09-12
Atención Humanitaria de Defensa
al Desmovilizado
MY Alumno Escuela Superior 5 ene. 2009 6 ene. 2010 01-00-01
de Guerra
TC Oficial de inteligencia Comando Cuarta 7 ene. 2010 12 ene. 2012 02-00-05
“Gaula Atlántico” Brigada
TC Comandante Regional de 13 ene. 2012 25 dic. 2013 01-11-12
Inteligencia Militar
No. 1
TC Miembro estado Central de 26 dic. 2013 27 jul. 2015 01-07-01
mayor Inteligencia Militar
Ejército
CR Oficial de inteligencia Comando Sexta 28 jul. 2015 7 feb. 2016 00-06-09
División
CR Comandante Comando de 8 feb. 2016 12 jun. 2016 00-04-04
Contrainteligencia
Militar Ejército
Nacional
CR Comandante Comando de Apoyo 13 jun. 2016 31 jul. 2018 02-01-18
de Combate de
Contrainteligencia
Militar
CR Adjunto militar, Personal en 1.º ago. 2018 29 dic. 2018 00-04-28
misiones comisión en el
permanentes exterior
delegado de
Colombia ante la JID
—OEA—
CR Adjunto militar Personal en 30 dic. 2018 11 feb. 2020 01-01-11
comisión en el
exterior

Tabla 2: Relación de cargos desempeñados por el demandante.

91. Mediante oficio radicado 2020305001356581 del 10 de agosto de 2020, la
Dirección de Personal del Ejército Nacional respondió una petición presentada por el
apoderado del demandante y explicó el trámite previsto para la selección de los
coroneles llamados a adelantar el CAEM. Indicó que el Comando de la Fuerza designa
un comité encargado de organizar y elaborar el estudio que se expone ante la Junta
de Generales, cuyos integrantes votan de manera secreta y seleccionan a los oficiales
que obtengan la mitad más uno de los votos de los asistentes, de acuerdo con los
cupos establecidos por las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de planta38.

38 Samai, índice 1,
4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera
instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 108 a 111.

20

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

92. En la misma respuesta, la Dirección de Personal informó que el coronel Martín
Antonio Arrauth Aguirre no fue considerado para adelantar el CAEM 2020, porque no
obtuvo la votación necesaria para tal efecto ni contó con el concepto favorable de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional. Además, señaló que todos los
coroneles estudiados se encontraban en igualdad de condiciones, que la decisión de
la Junta de Generales no fue caprichosa ni arbitraria, que no requería motivación
adicional por tratarse de una votación secreta y que, una vez concluida la Junta,
debían incinerarse los elementos que sirvieron de base para la votación.

93. Mediante comunicación del 24 de agosto de 2020, el comandante del Comando
de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar respondió una petición presentada
por el apoderado del demandante. En dicha respuesta consignó que, revisada la base
de datos de la sección de personal de esa unidad, para la fecha en que se llevó a cabo
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional de diciembre de 2019, el brigadier
general Gonzalo Ernesto García Luna fungía como comandante del Comando de
Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar39.

94. Mediante auto del 20 de mayo de 2020, proferido dentro del radicado IUS-E-
2020-013169, la Procuraduría General de la Nación evaluó una indagación
disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en actividades de inteligencia
y contrainteligencia del Ejército Nacional y formuló pliego de cargos contra varios
oficiales y suboficiales40.

3.5. Caso concreto

95. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si la no
inclusión del demandante dentro del grupo de oficiales llamados a adelantar el CAEM,
mediante la Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, y su posterior retiro del
servicio activo por llamamiento a calificar servicios, dispuesto en el Decreto 170 del 7
de febrero de 2020, se ajustaron al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, fueron
expedidos con desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del debido
proceso.

96. El Tribunal consideró que la parte demandante no acreditó que la no selección
para adelantar el CAEM o el retiro por llamamiento a calificar servicios hubieran tenido
origen en las misiones adelantadas por el actor como comandante del CACIM. En
particular, refirió que no se demostró que los oficiales destinatarios de aquellas
misiones hubieran tenido conocimiento de estas ni que tal circunstancia hubiera
influido en la votación. Asimismo, concluyó que el retiro del servicio cumplió los
presupuestos legales, pues el demandante contaba con el tiempo requerido para

39 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera
instancia) expediente digital, archivo
“17_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111152629”, pp. 60 a 63.
40 Samai, índice 1, 4REPARTOYRADICACION_02ANEXOS(.PDF), https://www.d Samai, índice 3 (de primera

instancia) expediente digital, archivo
“19_250002342000202100004001EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20211111154522”, pp. 482 a 558.

21

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

acceder a la asignación de retiro y la decisión estuvo precedida del concepto de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.

97. En el recurso de apelación, la parte demandante reiteró que el Tribunal realizó
una indebida valoración del material probatorio y que centró el análisis en los
requisitos formales del llamamiento a calificar servicios, pese a que el debate principal
era la desviación de poder. Insistió en que las misiones de contrainteligencia, las
investigaciones derivadas de estas, las presuntas circunstancias de persecución y la
participación de algunos oficiales en la votación permitían inferir la existencia de un
móvil retaliatorio. De igual forma, expuso que la intervención de oficiales que, según
afirmó, tenían interés directo en la decisión afectó la imparcialidad del procedimiento
y vulneró el debido proceso.

98. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero, identificará
y valorará las pruebas relevantes para resolver los cargos de apelación. Luego,
analizará de manera separada la legalidad de los actos demandados, esto es: i) la
Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, en cuanto no incluyó al demandante
dentro del grupo de oficiales llamados a adelantar el CAEM 2020; y ii) el Decreto 170
del 7 de febrero de 2020, mediante el cual se dispuso su retiro del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios. Finalmente, solo en caso de encontrar acreditado
algún vicio de nulidad, estudiará la procedencia del restablecimiento del derecho
reclamado.

99. De las pruebas allegadas al proceso se encuentra acreditado que el
demandante desarrolló su carrera en el Ejército Nacional hasta alcanzar el grado de
coronel y que, entre el 13 de junio de 2016 y el 31 de julio de 2018, se desempeñó
como comandante del CACIM.

100. También está demostrado que, el 28 de octubre de 2019, antes de la votación
para el llamamiento al CAEM, el demandante radicó petición ante el comandante del
Ejército Nacional, en la que puso en conocimiento las situaciones que, en su criterio,
constituían persecución laboral, seguimientos e intimidaciones relacionadas con su
gestión en el CACIM.

101. Posteriormente, el 1º de noviembre de 2019, la Junta Asesora estudió la
propuesta de llamamiento al CAEM 2020 de 100 coroneles, entre ellos el demandante.
Con fundamento en esa actuación, mediante Resolución 272 del 23 de diciembre de
2019, se seleccionó a los oficiales llamados a adelantar el curso, sin incluir al coronel
Martín Antonio Arrauth Aguirre.

102. Finalmente, mediante Acta 16 del 18 de diciembre de 2019, la Junta Asesora
recomendó el retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios, decisión que
fue adoptada mediante Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 y comunicada el 12 de
febrero siguiente.

103. Además de los documentos arrimados al proceso, obra en el plenario el

22

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

testimonio de Luis Alejandro Calderón Castellanos, recibido en la audiencia de
pruebas celebrada por el Tribunal el 12 de febrero de 202541.

104. El testigo manifestó que conoció al demandante en el ámbito laboral, primero
cuando este se desempeñó como comandante del CACIM y, luego, cuando aquel hizo
parte de su esquema de seguridad.

105. Relató que, con ocasión de las misiones de contrainteligencia adelantadas en
el marco de la denominada «Operación Bastón», se generaron hechos de intimidación
contra quienes participaron en esas actividades. En particular, que fue citado por altos
oficiales, quienes le habrían ofrecido beneficios para que dejara de trabajar con el
demandante, rindiera declaraciones en su contra o interviniera para que cesaran las
investigaciones.

106. En relación con el demandante, narró que, mientras hizo parte de su esquema
de seguridad, advirtió seguimientos, asedios e intimidaciones en su contra y contra su
núcleo familiar. Sobre el particular, relató que vehículos permanecían cerca de su
residencia desde horas de la mañana y lo seguían durante el día, con el propósito,
según su dicho, de intimidarlo o provocar un «error humano».

107. También manifestó que tales situaciones fueron documentadas en informes
dirigidos al comando superior y que, antes del 1º de noviembre de 2019, fecha en que
se estudió la propuesta de llamamiento al CAEM 2020, existían aproximadamente
entre 10 y 15 informes relacionados con seguimientos o hechos de persecución contra
el demandante.

108. Finalmente, refirió otros episodios que, en su criterio, evidenciaban el asedio
denunciado, como seguimientos a integrantes del núcleo familiar del demandante, la
toma de fotografías a uno de sus hijos y amenazas que, según afirmó, afectaron la
tranquilidad y seguridad del oficial y de su familia.

109. El testimonio de Luis Alejandro Calderón Castellanos resulta pertinente, dado
que fue rendido por una persona que laboró con el demandante, primero en el ámbito
de contrainteligencia militar y, posteriormente, como integrante de su esquema de
seguridad. Además, el declarante adujo haber tenido conocimiento directo de algunos
de los hechos que la parte actora invoca como indicativos de la supuesta persecución
y retaliación. Bajo esa premisa, su declaración será valorada como elemento de juicio
para establecer el contexto en el que, según la demanda, se produjeron los
seguimientos, intimidaciones y presiones alegadas.

110. En cuanto a su imparcialidad, se advierte que el testigo manifestó no tener
vínculo de parentesco ni relación personal con el demandante distinto de la derivada
del servicio. En ese sentido, su declaración será apreciada de manera conjunta con el
resto del material probatorio obrante en el expediente, bajo las reglas de la sana
crítica, de conformidad con el artículo 176 del CGP.

41 Samai, índice 45 (de primera instancia).

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

111. Ahora bien, previo a resolver el fondo del asunto, la Sala estima necesario
pronunciarse sobre los documentos relacionados con misiones, órdenes de
operaciones, informes o actividades de inteligencia y contrainteligencia que fueron
allegados al expediente por la parte demandante.

112. En desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 2 de octubre de 202442, el
Tribunal dispuso tener como pruebas los documentos allegados con la demanda, «con
el valor probatorio que la ley les confiere». Por tanto, su decreto no implicó
reconocerles, de manera automática, plena eficacia demostrativa, ni relevar al juez del
deber de examinar su naturaleza, forma de incorporación y límites legales de
valoración.

113. Sobre el particular, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 33 de
la Ley 1621 de 2013 43 , los documentos, información y elementos técnicos de los
organismos de inteligencia y contrainteligencia están amparados por reserva legal,
dado el carácter sensible de las funciones que cumplen tales organismos. A su vez,
el artículo 34 ibídem prevé que dicha reserva no es oponible a las autoridades
judiciales, disciplinarias o fiscales que soliciten esa información para el debido
ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o
defensa nacional, ni la integridad de los ciudadanos, agentes o fuentes.

114. No obstante, esa regla no autoriza a valorar, sin más, documentos de
inteligencia o contrainteligencia aportados directamente por una de las partes, sin que
hubieran sido remitidos oficialmente por el organismo competente o incorporados al
proceso en virtud de requerimiento judicial.

115. En efecto, el Decreto 857 de 2014 44 establece que los documentos de
inteligencia y contrainteligencia son aquellos originados, procesados o producidos por
los organismos autorizados, los cuales deben permanecer bajo su administración,
custodia, protección y seguridad, o bajo la de los receptores autorizados o entidades
que legalmente deban conocerlos, toda vez que están sometidos a reserva legal.

116. En esa línea, el artículo 12 del mismo decreto dispone que los organismos de
inteligencia y contrainteligencia, para dar acceso interno y externo a la información
reservada y clasificada, deben observar criterios de necesidad, niveles de
clasificación, identificación de receptores autorizados, protocolos de seguridad,
administración, monitoreo y control.

117. A su vez, el artículo 13 ibídem regula la seguridad y las restricciones en la
difusión de productos de inteligencia y contrainteligencia. Dicha disposición prevé que

42 Samai, índice 32 (de primera instancia).
43 «Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que

llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan
otras disposiciones».
44 «Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, “por medio de la cual se expiden

normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia
y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

estos pueden ser entregados a receptores autorizados bajo las modalidades de «solo
conocimiento» o «uso exclusivo», caso en el cual su utilización se limita a servir como
referencia o criterio orientador para la toma de decisiones dentro de la órbita funcional
correspondiente. Además, prohíbe revelar fuentes, métodos, procedimientos,
identidad de quienes desarrollan o desarrollaron actividades de inteligencia y
contrainteligencia, así como emitir copias o duplicados de la información suministrada,
salvo en los estrictos términos allí previstos.

118. Por su parte, el artículo 14 del Decreto 857 de 2014 regula el suministro de
información y exige que el organismo competente verifique, entre otros aspectos, que
la solicitud se ajuste al artículo 34 de la Ley 1621 de 2013, que la respuesta identifique
el nivel de clasificación de la información, que se cumplan los protocolos de seguridad,
acceso y reserva, que no se revelen capacidades, procedimientos, métodos, fuentes,
operaciones o actividades de inteligencia o contrainteligencia, y que la respuesta
quede debidamente registrada para efectos de trazabilidad.

119. De manera que, cuando documentos relacionados con misiones, órdenes de
operaciones o actividades de inteligencia y contrainteligencia son aportados
directamente por una de las partes, sin que obre constancia de remisión oficial por
parte del organismo competente, autorización para su uso judicial o requerimiento
previo de la autoridad judicial, no es posible verificar que su acceso, reproducción,
circulación e incorporación al expediente se hubieran realizado conforme al régimen
especial de reserva, custodia, seguridad y trazabilidad previsto para este tipo de
información.

120. A lo anterior se suma que el artículo 35 de la Ley 1621 de 2013 prevé
expresamente que los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor
probatorio dentro de procesos judiciales o disciplinarios, sin perjuicio de que su
contenido pueda constituir criterio orientador durante la indagación.

121. En consecuencia, pese a que tales documentos fueron incorporados como
prueba al expediente, serán valorados en los términos del artículo 35 de la Ley 1621
de 2013. Esto es, no como prueba autónoma ni suficiente de los hechos alegados por
la parte demandante, sino apenas como criterio orientador o contextual, sin reproducir
información sometida a reserva legal y sin perjuicio de valorar los demás medios de
convicción regular y oportunamente allegados al proceso.

3.5.1. Sobre la legalidad de la Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, en
cuanto no incluyó al demandante dentro del grupo de oficiales llamados a
adelantar el CAEM

122. Para resolver el cargo dirigido contra la Resolución 272 del 23 de diciembre de
2019, resulta necesario precisar, en primer lugar, el marco general que regula el
llamamiento al CAEM, en la medida en que dicho curso constituye uno de los
requisitos previstos para el ascenso al grado de brigadier general.

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Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

123. De conformidad con los artículos 52 y 53 del Decreto 1790 de 2000, el ascenso
de los oficiales de las Fuerzas Militares exige acreditar condiciones de conducta,
profesionales y psicofísicas, así como cumplir los requisitos específicos previstos para
cada grado. Entre estos se encuentran la capacidad profesional, las evaluaciones
reglamentarias, la aprobación de los cursos de ascenso, la aptitud psicofísica, la
clasificación correspondiente y el concepto favorable de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional.

124. A su vez, el artículo 66 ibídem dispone que el Gobierno Nacional escogerá
libremente, para el ascenso al grado de brigadier general o contralmirante, entre los
coroneles o capitanes de navío que hayan cumplido las condiciones generales y
especiales previstas en la ley, posean el título de oficial de Estado Mayor y hayan
adelantado y aprobado el Curso de Altos Estudios Militares en la Escuela Superior de
Guerra.

125. En cuanto al trámite de selección para integrar el CAEM, la prueba documental
da cuenta de que el Comando de la Fuerza designa un comité encargado de dirigir,
organizar y elaborar el estudio que debe ser expuesto ante la Junta de Generales.
Dicho estudio suministra elementos de juicio para que la Junta efectúe la votación y
seleccione a los oficiales que obtengan la mitad más uno de los votos de los generales
asistentes, de acuerdo con los cupos establecidos según las necesidades de las
Fuerzas Militares y la disponibilidad de la planta de personal.

126. Una vez culminada la sesión, se elabora el acta y la agenda con la propuesta
que el Comando de la respectiva Fuerza presenta ante la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para su aprobación. En ese marco, el concepto favorable de la
junta constituye un requisito necesario para integrar el curso, de manera que la sola
existencia de una hoja de vida destacada o el cumplimiento de otros requisitos
objetivos no impone, por sí solo, el llamamiento al CAEM.

127. En el caso concreto, mediante Acta 13 del 1º de noviembre de 2019, la Junta
Asesora estudió la propuesta de llamamiento al CAEM 2020 de 100 coroneles del
Ejército Nacional, entre ellos el demandante. Como resultado de dicho trámite,
mediante Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019, se seleccionó a los oficiales
llamados a adelantar el curso, sin incluir al coronel Martín Antonio Arrauth Aguirre.

128. En relación con la presunta influencia indebida en el trámite de selección para
el CAEM 2020, la Sala advierte que la parte demandante sostiene que algunos
oficiales que participaron en la votación habrían tenido interés en impedir su
llamamiento al curso, debido a las misiones de contrainteligencia adelantadas durante
su gestión como comandante del CACIM.

129. Sobre este punto, está acreditado que el demandante se desempeñó como
comandante del CACIM entre el 13 de junio de 2016 y el 31 de julio de 2018 y que, el
28 de octubre de 2019, antes de la votación para el llamamiento al CAEM, puso en
conocimiento del comandante del Ejército Nacional las situaciones que, en su criterio,

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

constituían persecución laboral, seguimientos, intimidaciones y señalamientos
derivados de las actividades desarrolladas en esa unidad.

130. Asimismo, el testigo Luis Alejandro Calderón Castellanos manifestó que
conoció al demandante en el ámbito laboral, primero en actividades de
contrainteligencia y, posteriormente, como integrante de su esquema de seguridad.
En ese contexto, relató la existencia de seguimientos, intimidaciones, presiones y
hechos de asedio contra el demandante y su núcleo familiar, algunos de los cuales,
según afirmó, habrían sido documentados en informes dirigidos al comando superior.

131. Sin embargo, su testimonio no resulta suficiente para acreditar que la no
selección del demandante para adelantar el CAEM hubiera obedecido a una influencia
indebida o a un móvil retaliatorio. Aunque el declarante refirió seguimientos,
intimidaciones y presiones en contra del actor, su dicho no permite establecer el nexo
entre esas circunstancias y la decisión cuestionada. En efecto, el testigo no participó
en la sesión en la que se estudió la propuesta de llamamiento, no identificó a los
integrantes del comité preparatorio ni señaló hechos concretos que demostraran que
tales presiones hubieran incidido en la votación o en la expedición de la Resolución
272 de 2019.

132. Además, aunque el testigo atribuyó esos hechos a las misiones de
contrainteligencia adelantadas durante la gestión del demandante en el CACIM, dicha
afirmación corresponde a su apreciación sobre el origen de las presiones e
intimidaciones referidas. En esa medida, su declaración permite tener como contexto
la existencia de un ambiente de tensión alrededor del actor, pero no demuestra, por
sí sola, que los integrantes de la Junta hubieran actuado con animadversión,
estuvieran impedidos o hubieran determinado su exclusión del CAEM.

133. Ahora bien, al margen de la precisión efectuada sobre el alcance de los
documentos sometidos a reserva legal, lo cierto es que, en los términos del artículo
35 de la Ley 1621 de 2013, estos permiten tener como criterio orientador que, entre el
13 de junio de 2016 y el 31 de julio de 2018, periodo en el que el demandante se
desempeñó como comandante del CACIM, se adelantaron actuaciones de inteligencia
y contrainteligencia que luego fueron objeto de cuestionamientos e investigaciones.

134. En esa línea, obra en el expediente el auto proferido por la Procuraduría
General de la Nación el 20 de mayo de 2020, dentro del radicado IUS-E-2020-013169,
mediante el cual se evaluó una indagación disciplinaria relacionada con presuntas
irregularidades en actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional
y se formuló pliego de cargos contra varios oficiales y suboficiales.

135. A diferencia de los informes de inteligencia y contrainteligencia, dicha
providencia constituye una actuación oficial de carácter disciplinario. Por ello, puede
ser valorada para acreditar la existencia de la actuación adelantada por la
Procuraduría y los sujetos vinculados, sin que ello implique tener por demostrada la
responsabilidad disciplinaria de los investigados ni la veracidad definitiva de los

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00004-01 (3492-2025)
Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

hechos objeto de reproche.

136. Ciertamente, en dicha providencia se resolvió formular pliego de cargos, entre
otros, al mayor general Luis Felipe Montoya Sánchez y al brigadier general Gonzalo
Ernesto García Luna, quienes también aparecen relacionados en el Acta 13 del 1º de
noviembre de 2019, correspondiente a la sesión en la que se estudió la propuesta de
llamamiento al CAEM 2020. Así, el auto disciplinario permite constatar una
coincidencia nominal entre dos oficiales vinculados a esa actuación y dos integrantes
de la Junta que intervino en el trámite previo a la expedición de la Resolución 272 de
2019.

137. Sin embargo, dicha coincidencia no resulta suficiente para acreditar que la no
selección del demandante para adelantar el CAEM hubiera obedecido a una influencia
indebida o a un móvil retaliatorio. El auto de la Procuraduría corresponde a una
formulación de cargos, no a una decisión sancionatoria definitiva, y no demuestra, por
sí solo, que dichos oficiales hubieran conocido las misiones adelantadas bajo la
dirección del actor, que estuvieran incursos en causal de impedimento o que su
participación hubiera determinado el resultado de la votación.

138. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el auto de la Procuraduría fue
proferido el 20 de mayo de 2020, esto es, con posterioridad a la sesión de la Junta del
1º de noviembre de 2019 y a la expedición de la Resolución 272 del 23 de diciembre
de ese mismo año.

139. Si bien dicha actuación disciplinaria se refiere a hechos anteriores, por sí sola
no demuestra que, para la fecha de la votación, los oficiales mencionados conocieran
las misiones adelantadas bajo la dirección del actor o hubieran influido en los demás
integrantes de la Junta. Además, la coincidencia advertida se limita a dos oficiales
dentro de una Junta integrada por 94 generales y oficiales de insignia, sin que obre
prueba de que aquellos hubieran orientado el sentido de la votación o determinado el
resultado final.

140. En suma, aunque el material probatorio permite advertir que el demandante
manifestó sentirse objeto de persecución, seguimientos e intimidaciones, y que existía
un contexto previo relacionado con actuaciones de inteligencia y contrainteligencia
adelantadas durante su gestión en el CACIM, tales elementos no acreditan que la
decisión de no llamarlo al CAEM 2020 hubiera estado determinada por un móvil
retaliatorio.

141. Bajo esas consideraciones, no se demostró que la Junta hubiera actuado con
parcialidad, animadversión o desviación de poder. En consecuencia, no se desvirtuó
la presunción de legalidad de la Resolución 272 del 23 de diciembre de 2019 por los
cargos analizados.

142. De otro lado, en cuanto al reproche por falta de notificación de la Resolución
272 del 23 de diciembre de 2019, la Sala advierte que dicho acto tuvo por objeto

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Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

seleccionar y destinar en comisión colectiva permanente de estudios a los oficiales
llamados a adelantar el CAEM 2020. En esa medida, sus destinatarios directos eran
los oficiales allí incluidos, respecto de quienes se produjo una situación administrativa
concreta, consistente en la comisión de estudios para adelantar el curso.

143. Por el contrario, frente al demandante, la resolución no adoptó una decisión
individual que le impusiera una carga, le negara expresamente una solicitud o pusiera
fin a una actuación administrativa iniciada a su nombre, sino que reflejó su no inclusión
dentro del grupo de oficiales seleccionados. Por ello, no era exigible su notificación
personal en los términos del artículo 67 del CPACA.

144. En consecuencia, la Sala concluye que la Resolución 272 del 23 de diciembre
de 2019 se ajustó al ordenamiento jurídico, pues no se acreditó que la no inclusión del
demandante dentro del grupo de oficiales llamados a adelantar el CAEM 2020 hubiera
obedecido a una influencia indebida, a un móvil retaliatorio o a una afectación de la
imparcialidad de la Junta. Además, la falta de notificación personal alegada no
configura, en este caso, un vicio de nulidad. Por tanto, respecto de este acto
administrativo no prosperan los cargos formulados.

3.5.2. Sobre la legalidad del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020, mediante el
cual se dispuso el retiro del demandante del servicio activo por llamamiento a
calificar servicios

145. Sobre el particular, sea lo primero precisar que si bien las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares comportan actos
preparatorios45, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión46.

146. En este caso, el Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 tuvo como antecedente
la recomendación contenida en el Acta 16 del 18 de diciembre de 2019, en la cual la
Junta Asesora estudió la propuesta de retiro de varios oficiales del Ejército Nacional,
entre ellos el demandante, por la causal de llamamiento a calificar servicios.

147. En dicha Acta, se dejó constancia de que los oficiales propuestos cumplían los
requisitos para acceder a la asignación de retiro, de conformidad con los artículos 99,
100, literal a), numeral 3, y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000. Por esa razón, la Junta
recomendó por unanimidad su retiro del servicio activo y, con fundamento en ello, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 170 de 2020, mediante el cual retiró al actor en
forma temporal y con pase a la reserva.

148. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los
fines de la figura del llamamiento a calificar servicios, conforme a lo señalado en la

45 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado

76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).

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Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019,
en la que se argumentó que:

Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite,
con el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera
cuando se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la
dignidad propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la
institución disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los
miembros de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la
recomendación de la Junta Asesora que corresponda.

149. En consecuencia, se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 99 y
103 del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte infracción de la norma en
que se debía fundar ni falsa motivación del acto administrativo acusado. Igualmente,
cabe precisar que la recomendación de dicha junta tiene carácter discrecional en
relación con la determinación sobre la permanencia o no en el servicio del uniformado
sin que sea necesario dejar anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía
con lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de
2016, reiteradas en la SU-237 de 2019.

150. La Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir una
motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza la
figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»47.

151. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad renovar el personal, garantizar la dinámica de
la carrera de los uniformados y servir como herramienta de relevo y permeabilización
para el mejoramiento y la excelencia institucional.

152. Conforme a lo anterior, si bien el señor Martín Antonio Arrauth Aguirre durante
su trayectoria de servicio obtuvo diferentes títulos de posgrado patrocinados por el
Ejército Nacional, condecoraciones, distintivos militares y felicitaciones, estas
circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta que impidiera su
desvinculación48.

153. Lo anterior se explica en la estructura jerárquica y piramidal de la Fuerza
Pública, en la que la permanencia en determinados niveles de mando está

47 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-

23-31-000-2002-00428-01 (0871-11).

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condicionada por las necesidades del servicio, la renovación institucional y la
disponibilidad de cupos. Por ello, una hoja de vida favorable no impone, por sí sola, la
permanencia indefinida en el servicio activo49.

154. En el caso concreto, está demostrado que, para la fecha del retiro, el coronel
Martín Antonio Arrauth Aguirre contaba con más de 30 años de servicio, pues en su
hoja de servicios se registró un tiempo liquidado para pensión o asignación de retiro
de 30 años, 5 meses y 26 días. Además, como se indicó, la recomendación previa de
retiro por llamamiento a calificar servicios fue emitida por unanimidad por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, según consta
en el Acta 16 del 18 de diciembre de 2019.

155. Por lo anterior, se acreditaron los presupuestos objetivos exigidos para el retiro
por llamamiento a calificar servicios, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora
y el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro. En esa medida, el Decreto
170 del 7 de febrero de 2020 se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales
que regulan dicha causal, sin que, por este aspecto, se configure falsa motivación o
infracción de las normas en que debía fundarse.

156. En este punto, conviene agregar que, pese a que la parte demandante reprochó
que el Tribunal hubiera centrado el análisis en el cumplimiento de los requisitos
formales del llamamiento a calificar servicios, dicha verificación no resulta ajena al
control de legalidad del Decreto 170 de 2020. Por el contrario, era necesario
establecer si el retiro estuvo precedido del concepto de la Junta Asesora y si el
demandante contaba con el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro.
Sin embargo, ello no impide examinar si, pese al cumplimiento de tales presupuestos,
el acto estuvo determinado por una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento
jurídico.

157. Bajo esa premisa, en cuanto a la desviación de poder, la Sala advierte que en
el expediente no existe prueba directa ni indiciaria que permita concluir que la
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares respondió a motivos ajenos a los fines propios del servicio.

158. Aunque la parte demandante sostuvo que su retiro también estuvo
determinado por un móvil retaliatorio derivado de las actuaciones de inteligencia y
contrainteligencia adelantadas durante su gestión en el CACIM, dicha afirmación no
encuentra respaldo suficiente en el material probatorio. Si bien el mayor general Luis
Felipe Montoya Sánchez y el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna,
mencionados en el auto de la Procuraduría, también aparecen relacionados en la
sesión en la que se recomendó el retiro del actor, esa coincidencia nominal no
acredita, por sí sola, que hubieran actuado con animadversión, que estuvieran
impedidos o que hubieran determinado la decisión adoptada por la Junta.

49 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,

proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).

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159. De igual manera, no se demostró que el Decreto 170 del 7 de febrero de 2020
hubiera sido ajeno a la finalidad propia del llamamiento a calificar servicios, esto es,
permitir la renovación de los cuadros de mando y la reestructuración del poder
jerárquico de la Fuerza Pública, una vez acreditados los presupuestos objetivos para
acudir a dicha causal.

160. Lo anterior, porque si bien la desviación de poder puede acreditarse incluso
mediante prueba indiciaria, esta debe permitir construir una inferencia seria,
concordante y suficiente acerca de la existencia de un móvil distinto del previsto por
el ordenamiento jurídico. En este caso, esa carga no fue satisfecha, razón por la cual
no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto de retiro50.

161. Bajo ese marco, de las pruebas recaudadas no se encuentra acreditado que la
expedición del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020 hubiera obedecido a razones
distintas a las propias del llamamiento a calificar servicios. En consecuencia, tampoco
se demostraron los vicios de infracción de las normas en que debía fundarse, falsa
motivación o desviación de poder alegados por la parte demandante. Por el contrario,
se concluye que el acto administrativo fue expedido con apego a los presupuestos
previstos en el Decreto Ley 1790 de 2000 para el ejercicio de la facultad de retiro por
llamamiento a calificar servicios.

4. Conclusión

162. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la parte demandante no
logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 272 del 23 de diciembre
de 2019 ni del Decreto 170 del 7 de febrero de 2020.

163. Frente a la Resolución 272 de 2019, no se acreditó que la no inclusión del
demandante dentro del grupo de oficiales llamados a adelantar el CAEM 2020 hubiera
obedecido a una influencia indebida, a un móvil retaliatorio o a una afectación de la
imparcialidad de la Junta. Tampoco prospera el reproche por falta de notificación
personal, pues, en este caso, dicha circunstancia no configura un vicio de nulidad.

164. En cuanto al Decreto 170 de 2020, se demostró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios estuvo precedido del concepto de la Junta Asesora y que el actor
contaba con el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro, sin que se
hubiera probado una finalidad distinta a la renovación institucional y al relevo propio
de la estructura jerárquica de la Fuerza Pública. En consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

5. Costas

165. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge

50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2026, radicado: 47001-23-
33-000-2016-00395-01 (2491-2021).

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el criterio de interpretación mayoritario51 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

166. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, del 20 de agosto de 2025, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Martín Antonio Arrauth Aguirre
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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